Pedro Solbes, exvicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha fallecido este sábado a los 80 años, según han confirmado fuentes de la dirección del PSOE y recoge Europa Press. Solbes inició su carrera política como secretario general de Economía y Hacienda. Entre 1985 y 1991 fue secretario de Estado para las Relaciones con la Comisión Europea.

En 1991 fue nombrado ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y entre 1993 y 1996 ocupó el puesto de ministro de Economía y Hacienda con el Gobierno de Felipe González. Entre 1999 y 2004 fue comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios.

En 2004, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder, fue nombrado vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda. En abril de 2009 fue relevado en ambos cargos por Elena Salgado.

A principios de abril de 2011, Pedro Solbes fue nombrado miembro del consejo de administración de la eléctrica italiana Enel, propietaria de Endesa, cargo que ocupó hasta 2014. El exvicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía también se incorporó en 2011 a Barclays como asesor del grupo en Europa y como miembro del consejero de administración en España.

En 2013 publicó sus memorias tituladas Recuerdos. 40 años de servicio público.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y el Comité Federal han manifestado su pesar y han destacado su "ejemplar trayectoria al servicio de España y de sus instituciones". "La familia socialista quiere transmitir su cariño y aprecio a su familia y a sus seres queridos", han expresado los socialistas en un comunicado . Así, han agradecido a Solbes por su "trabajo, compromiso y vocación de servicio público a España y Europa". "Gracias por haber contribuido a mejorar la vida de todos y de todas", han apostillado.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha destacado en su cuenta de Twitter que es "un día triste para la familia socialista" porque Solbes era "un hombre de Estado dedicado a servir a su país y defender los valores socialdemócratas" y un "ejemplo de compromiso con España y el proyecto europeo".

La Comisión Europea, por su parte, ha enviado también sus condolencias y ha destacado la labor de Solbes en el proceso de adopción de la moneda única europea durante su desempeño como comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios entre 1999 y 2004. "Tuvo un papel clave en la introducción del euro", ha hecho saber la Comisión en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Borja Prado es presidente de Mediaset España, la filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde abril de 2022, tan sólo el más reciente de los múltiples cargos ejecutivos que le han convertido en uno de los gestores españoles de mayor relumbre en los últimos tres lustros. Los dos años anteriores los empleó como socio de Key Capital Partners, la firma financiera que asesora a Florentino Pérez, de quien es amigo, y al Real Madrid. Un bienio que pasó en barbecho tras su salida de Endesa, propiedad de otra gran compañía italiana, Enel, y donde ejerció como presidente durante toda una década, aunque desde dos años antes ya se sentaba en su consejo de administración.

Esas han sido dos de las constantes de su carrera empresarial: siempre en la cima del poder y explotando un fuerte vínculo con Italia. Ya con 33 años era vicepresidente del banco suizo UBS en España y antes de cumplir los 40 fue nombrado consejero de Rothschild & Company. Su siguiente paso lo dio en el banco de inversión Lazard, donde pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año había saltado a la presidencia de Mediobanca para Iberia y Latinoamérica, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona. Dos años más tarde, Borja Prado se convertía en presidente de Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la dirección para España y América Latina del banco italiano, pese al más que posible conflicto de interés: Mediobanca asesoraba a competidores de la eléctrica en operaciones como el intento de compra de la alemana E.ON. Cuando abandonó Endesa, en 2019, tras deteriorarse sus relaciones con el consejero delegado de Enel, Francesco Starace, se llevó una indemnización de 12,8 millones de euros.

Antes de ese momento, Borja Prado incluso tuvo tiempo y oportunidad para mediar entre ACS, la constructora de Florentino Pérez, y la familia Benetton, que mantuvieron una cruenta guerra por Atlantia, la concesionaria italiana de autopistas. Fue el árbitro que sentó a españoles e italianos para sellar la compra conjunta de Abertis.

Durante los 10 años que permaneció al frente de Endesa –y sólo un año después de abandonar Mediobanca– fundó además su propia gestora de fondos de capital riesgo, Peninsula Capital. Para ello recurrió a Javier de la Rica, que hasta entonces le había acompañado en Mediobanca como vicepresidente y antes trabajó como responsable de JP Morgan Chase en España. Su tercer socio era un financiero italiano, Stefano Marsaglia, quien hasta ese momento se había empleado también en Mediobanca, pero como presidente ejecutivo de banca corporativa en Italia. Peninsula Capital es la gestora de fondos que, como ha publicado EIC, la red de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre, pagó tres millones de euros al presidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría en la operación que le sirvió para ganar 181,5 millones de euros, la compraventa del operador privado del AVE italiano, NTV. El primer gran éxito del fondo.

Con sedes en Luxemburgo, Londres, Milán y Madrid, Peninsula cuenta con una cartera que se calcula entre 1.600 y 3.000 millones de euros e incluye una docena de inversiones. Tiene participaciones en la marca francesa de ropa y complementos de lujo Zadig & Voltaire, el operador privado de alta velocidad italiano NTV, la cadena de clínicas de estética y fertilidad WM (Dorsia) y dos empresas vascas, la aeronáutica Aernnova y HLC, el mayor fabricante europeo de monopatines y tablas de surf, como también clínicas y cadenas de moda en Italia. En 2018 el fondo desinvirtió de la marca italiana de cosméticos Kiko.

En su página web, el equipo de Peninsula ofrece inversiones de entre 30 y 100 millones de euros por operación, pero prometen “cantidades mucho mayores”, de hasta 1.000 millones, mediante acuerdos de coinversión.

En Peninsula Capital, Prado ha puesto en práctica la experiencia de sus muchos años en la banca de inversión gestionando todo tipo de grandes operaciones financieras. Al tiempo, la gestora es también un estupendo reflejo de cómo funcionan las élites económicas. La red de vínculos profesionales y familiares es tan tupida como célebres los apellidos que la componen.

Así, uno de los socios de la gestora es Carlos Cortina Lapique, hijo del expresidente de Repsol Alfonso Cortina y de Myriam Lapique –hermana de la celebrity Cari Lapique–. Antes de llegar a Peninsula, Cortina, con sólo 28 años, había sido asesor de Borja Prado en Endesa y analista en el departamento de inversiones de Mediobanca.

También trabaja en Peninsula, formando parte del equipo de inversiones, uno de los tres hijos de Prado, Javier, mientras que ejerce como director de Operaciones Borja Klingenberg, quien fue jefe de gabinete del presidente de Endesa durante seis años y director general de su fundación. Como Carlos Cortina, también procedía de Mediobanca, donde ejerció de vicepresidente para España y Portugal.

Pero quizá el apellido más notorio de Peninsula es el de Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Según figura en la página web de la gestora de fondos, trabaja como director general desde 2017 y su área de acción es Francia y el Benelux. Su currículo es más bien breve: trabajó en el bufete de abogados Realyze y tuvo un cargo político, vicepresidente del consejo departamental de Hauts-de-Seine, con sólo 21 años. Realyze era, hasta 2019, el bufete Claude & Sarkozy, propiedad de Nicolas Sarkozy y de su socio, Arnaud Claude. Cambió de nombre después de que Claude fuera condenado por complicidad en un fraude fiscal: había yudado al teniente de alcalde de Levallois-Perret , Patrick Balkany, a crear una empresa fantasma para ocultar a la Hacienda francesa la existencia de varios inmuebles. Ahora, el despacho lo lleva el hijo de Claude. Entre sus clientes, algunas de las mayores empresas de Francia.

La familia política de Jean Sarkozy también es muy conocida en Francia. Su esposa es Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard Darty se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993. Jean Sarkozy es uno de los directivos de una sociedad llamada Golda Darty Partners, que en 2017 era propiedad de Bernard Darty y su esposa y que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones de NTV. Al vender NTV al fondo GIP un año después, Golda Darty Partners consiguió una plusvalía de 13,8 millones de euros.

El principal socio de Borja Prado, Javier de la Rica, no sólo le acompañó en Medioabanca. Una de sus hijas, Marta de la Rica Entrecanales, se casó en 2011 con Guillermo Castellanos O’Shea, hijo de Patricia O’Shea –cuñada de Emilio Botín– y de Jaime Castellanos, expresidente de Lazard España y dueño del grupo Recoletos hasta su venta a la editora italiana RCS. Como puede verse por el apellido de su hija, De la Rica estuvo casado con Blanca Entrecanales Domecq, hermana de José Manuel, actual presidente de Acciona y también presidente de Endesa entre 2007 y 2009, por tanto antecesor inmediato de Borja Prado en el cargo –recuérdese que Acciona ayudó a Enel a hacerse con Endesa en 2009–. Se divorciaron en 2011. Han tenido tres hijos: Borja, Marta y Bruno. Ninguno de ellos trabaja en la empresa, pero en 2022 se convirtieron en socios de Peninsula Holding, una de las sociedades luxemburguesas del conglomerado creado por Borja Prado y su padre, Javier de la Rica. A 21 de noviembre de 2022, cada uno poseía un 8,4% del capital, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo. Otro 0,2% es propiedad del ex jefe de gabinete de Prado en Endesa y actual director de Operaciones de Peninsula, Borja Klinenberg.

De forma que el holding se ha convertido casi en una empresa familiar, de la que son dueños Borja Prado en un 49,8% y la familia De la Rica en otro tanto por ciento igual, repartidos entre una sociedad luxemburguesa propiedad del padre (MBB Luxembourg), con un 24,7%, y el 25,2% restante de los tres hijos.

De esta sociedad y de la propia gestora se fue en 2021 el italiano Stefano Marsaglia, según publicó El Confidencial “por diferencias en la gestión y la desconfianza por gastos no justificados de la firma”. Un año después, Marsaglia ha creado otra gestora, llamada Azzurra Capital, junto con Jorge Delclaux, que hizo carrera en Rothschild y fue consejero delegado de Ibersuizas, otra firma de capital riesgo. En su consejo asesor figuran el ex consejero delegado de Banesto Alfredo Sáenz y Flavio Cattaneo, vicepresidente ejecutivo de NTV, cuya venta al fondo estadounidense GIP en 2018 fue tan rentable para Peninsula Capital. En el momento de la venta, Cattaneo era el consejero delegado de la empresa. Azzurra Capital tiene su sede en Dubai.

A esta miscelánea de crónica de la alta sociedad y páginas salmón se le añade un apunte histórico. Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador de la fortuna del rey emérito. Descendiente de Cristóbal Colón por línea materna, Manuel Prado fue condenado dos veces en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, e incluso pasó dos meses en prisión, en 2004, pero fue puesto en libertad debido a su edad, 72 años. Los tribunales establecieron que había recibido del grupo Torras en una cuenta en Suiza un pago de 11,4 millones de euros. Como se recordará, el grupo lo dirigía Javier de la Rosa, paradigma de los financieros-delincuentes surgidos en los años 90, y su principal accionista era KIO, que forma parte del fondo soberano de Kuwait. La condena de 2008 fue por el caso Grand Tibidabo, otra operación de Javier de la Rosa que hizo desaparecer los ahorros de 10.000 accionistas.

No es la de su padre la única conexión de Borja Prado con los Borbones. Él mismo es uno de los socios de la guardería Micos, situada en uno de los barrios más ricos de Madrid, El Viso, y donde la infanta Elena dio clases de inglés. También pusieron dinero en la guardería su madre, Paula Eulate y Aznar, y su esposa, Pilar Benítez Toledano. Y Javier de la Rica, sus tres hijos –Borja, Marta y Bruno, a través de una sociedad llamada Consuralia– y su hermana Nieves, según la información que figura en el Registro Mercantil.

La última –y muy importante– línea de la red de relaciones de Borja Prado se extiende a la política. Durante su mandato, Endesa ha sido una lucrativa puerta giratoria para políticos de todo signo. En 2011 contrató a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica, a cambio de casi 200.000 euros anuales. El mismo año, el exvicepresidente y exministro de Economía socialista Pedro Solbes fue elegido para formar parte del consejo de administración de la matriz italiana, Enel, donde se mantuvo durante tres años. En 2012, fichó a Elena Salgado, también exministra de Economía socialista, como consejera de Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile. Y ya antes, en 2009, había incorporado al exdiputado de CiU Miquel Roca i Junyent, que permaneció 12 años en el consejo de administración de Endesa, y a quien luego fue ministro de Economía de los gobiernos de Mariano Rajoy, Luis de Guindos.

Hábil, pues, en el arte de la influencia política, tanto como en las mesas de negociación de las grandes operaciones financieras, el más italiano de los altos ejecutivos españoles proclamó su “lealtad” a Enel, según publicó Abc, en plena batalla por el control accionarial de Endesa. Fue en 2008, y Borja Prado era sólo consejero independiente de la eléctrica española. En abril de 2019, esa lealtad le costó un disgusto. Prado se despidió entonces de la junta de accionistas de Endesa entre pitos y abucheos. Mientras él hacía gala de sus logros al frente de la compañía, los trabajadores de la eléctrica en huelga le acusaban de “expoliar” Endesa en beneficio de la matriz italiana. “Su único objetivo”, denunciaban, “es generar dividendo para Enel a costa de los salarios” de la plantilla en España. En el Senado, el ministro de Energía del Gobierno del PP, Álvaro Nadal, también había reprochado a Enel que hiciera “política a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles” por el cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). En 2014, Endesa había vendido a Enel todo su lucrativo negocio en Latinoamérica.

El Gobierno aprobará este viernes en el Consejo de Ministros la subida salarial del 2,25% en 2019 para los funcionarios pactada el pasado marzo por el anterior Ejecutivo con los sindicatos. El acuerdo está incluido en los Presupuestos Generales, pero ante la incertidumbre sobre su aprobación, el Gobierno firmará mediante un Real Decreto Ley el alza de los sueldos en las administraciones públicas. La subida del 2,25% para el próximo año podrá ser un 0,25% superior si el PIB alcanza el 2,5% este ejercicio –la previsión del propio Gobierno es que aumente un poco menos, el 2,3%–. E incluso puede aumentar otro 0,25% con el reparto de los fondos adicionales, los que se emplean para corregir desequilibrios –brecha salarial de género y entre los sueldos más altos y más bajos, por ejemplo–. Es decir, la mejora puede alcanzar el 2,75% en 2019.

El acuerdo firmado por el entones ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F es trianual. Para 2018 se pactó un aumento del 1,5%, más un 0,25% adicional por el crecimiento del PIB y otro 0,20% de los fondos adicionales. Finalmente, en 2020 la subida será del 2%, e igualmente si el PIB mejora un 2,5% los salarios podrán elevarse otro 1% más un 0,30% procedente de los fondos adicionales. Un máximo del 3,85%.

En total, por tanto, los funcionarios habrán mejorado sus salarios hasta en un 8,79% en esos tres años si se cumplen los máximos, según los cálculos de UGT y CCOO. CSIF cifra la subida máxima en un 8,55%, que incluye un 0,55% adicional en 2021 si se cumple el objetivo de déficit público en 2020. Pero los sindicatos son unánimes en considerar el alza positiva pero insuficiente. Tan sólo “el comienzo de la recuperación de los derechos arrebatados a los funcionarios”, según lo ha referido CCOO. Porque la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos la cuantifica UGT en un 13,1% desde 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les rebajó los salarios un 5%. CSI-F la eleva hasta el 20%. UGT calcula que las subidas salariales acordadas hasta 2020 permitirán recuperar 5,3 puntos del poder adquisitivo perdido en los últimos ocho años, un 40,4%. CCOO, por su parte, advierte de que los empleados de las empresas públicas aún no han cobrado el 1,75% de aumento salarial pactado en el acuerdo de marzo y que el personal del Servicio Exterior –que lleva dos años protestando por sus bajos salarios– “acumula una deuda de más de 10 años de recuperación del poder adquisitivo”.

Congelaciones y recortes de sueldos

Los funcionarios sufrieron su primera congelación salarial en 1994, que debería haberse compensado con un aumento según el IPC entre 1995 y 1997. Al menos ése fue el pacto firmado por el ministro Pedro Solbes con los sindicatos. Pero en 1997, ya con José María Aznar en el poder, el Ejecutivo dictó una nueva congelación salarial. En ambos casos el motivo había sido el mismo: reducir el déficit público.

Con los años de bonanza económica, los salarios de los funcionarios crecieron como los del resto de los españoles. Hasta que volvió la crisis. En 2010 se les rebajaron los sueldos por primera vez, un 5% de media: el recorte fue proporcional según la cuantía de la nómina –los miembros el Gobierno redujeron sus nóminas un 15%–. Y a partir de 2011 se sucedieron cinco años de congelación, hasta 2015.

Además, en 2012 los empleados públicos se quedaron sin paga extra de Navidad, así como sin el complemento específico ni otras pagas adicionales del mes de diciembre y se aumentó la jornada semanal hasta las 37,5 horas a quienes la tenían de 35. También se les suprimieron tres de los seis días de libre disposición con que contaban hasta entonces –los moscosos– y se les quitaron todos los que disfrutaban según su antigüedad –llamados canosos–. Finalmente, dejaron de cobrar el 50% del salario durante los tres primeros días de baja y el 25% entre el cuarto y el vigésimo día. Sólo con esta última medida, el Gobierno preveía ahorrar 1.023 millones de euros en 2012; por el recorte salarial de 2010, otros 2.400 millones más. De nuevo, el culpable era el déficit público.

A partir de 2015, los funcionarios empezaron a recuperar parte de las retribuciones perdidas. En enero de ese año se les pagó el 25% de la extra navideña de 2012 y en octubre otro 26,23%. También se les devolvieron dos de los tres moscosos suprimidos. Y la tasa de reposición pasó de estar limitada al 10% a elevarse hasta el 50% de los funcionarios que se jubilaran. En abril de 2016 se les ingresó el 50% que les quedaba de la extra de Navidad. Además, se les subieron los sueldos un 1% ese año y otro tanto en 2017. El alza pactada para los tres años siguientes supone, por tanto, “un cambio de tendencia”, explica CSI-F, pero está lejos de compensar aún lo perdido por la acumulación de recortes.

La masa salarial encoge un 12% en la Administración General del Estado

La masa salarial de los funcionarios de la Administración General del Estado es de 3.128,6 millones de euros, según las cifras del Ministerio de Hacienda y Función Pública para 2017. En 2010, ascendía a 3.552,9 millones. Por tanto, se ha recortado en 424,3 millones en siete años, un 12%. A esa cifra hay que añadir las nóminas de los funcionarios de los organismos públicos, de la Seguridad Social, la Administración de Justicia, los investigadores del CSIC y el personal laboral de la Administración. En total, la masa salarial suma 6.673,6 millones de euros.

El descenso de estos años se ha debido no sólo a los recortes, sino también a la reducción del número de funcionarios, consecuencia del progresivo envejecimiento de las plantillas –el 43,6% tiene más de 50 años, mientras que en 2010 eran el 31,6%– y de la tasa de reposición, también congelada durante los años de crisis y sólo recuperada recientemente. Según las últimas cifras oficiales, en España hay 2,55 millones de empleados públicos2,55 millones de empleados públicos, cuando en 2010 la cifra alcanzaba los 2,69 millones. La plantilla se ha reducido en 145.123 personas, un 5,4%.

El acuerdo con los sindicatos incluye la recuperación del 100% del salario durante la baja laboral y de las tasas de reposición del 100% en todas las administraciones que cumplan con el objetivo de déficit y la regla de gasto. Incluso aumentará hasta el 108% en sectores que requieran más personal y en los ayuntamientos si carecen de deuda viva o si deben prestar nuevos servicios porque han aumentado su población. En las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales se elevará hasta el 115%.

Además, el Gobierno se comprometía a reducir la temporalidad en las administraciones públicas en un 8% a lo largo de los tres años del acuerdo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la cuota de personal temporal público alcanza el 24%. La fórmula consistirá en estabilizar todas las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017.

La planta sexta de la sede de la empresa semipública Cesce en la calle de Velázquez de Madrid acogió este pasado lunes una comida en la que participaron un puñado de la élite de los economistas del Estado. Entre otros, asistieron el ex ministro de Economía Luis de Guindos, el gobernador del Banco de España, Luis Linde; el exministro de Industria José Manuel Soria, el actual presidente de Cesce, Álvaro Rengifo, y el primer presidente de la empresa con el PP, Álvaro Bustamante de la Mora.

Todos ellos tienen en común pertenecer al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. De Guindos, Soria y Rengifo, además, pertenecen a la misma promoción, la de 1984. Linde, a la de 1969 y Bustamante, a la de 1974.

Según ha confirmado Cesce a infoLibre, se trató de una “comida particular”, cuyo coste no corrió a cargo de la empresa semipública, sino que pagaron cada uno de los participantes. “Se reúnen de vez en cuando, como amigos, y había más personas”, aseguran fuentes de Cesce en referencia a los técnicos comerciales y economistas del Estado, conocidos coloquialmente como tecos. El motivo de que la comida privada se celebrara en la sede de la empresa semipública no fue otro que “evitar desplazamientos al presidente [Álvaro Rengifo], que tenía una reunión urgente con empresarios extranjeros por la tarde”.

Los tecos, un total de 464 según ATCEE, la asociación que los agrupa, integran uno de los cuerpos de altos funcionarios de la Administración, junto con los abogados, interventores y auditores y estadísticos del Estado, por ejemplo. Conforman una élite administrativa que ha terminado desempeñando también puestos políticos de primera línea. Como ocurre con buena parte de los abogados del Estado, es habitual que muchos tecos pidan excedencias para trabajar en el sector privado o bien pasar a la alta gestión política.

Son tecos los exgobernadores del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Jaime Caruana y Luis Ángel Rojo; el ministro de Energía Álvaro Nadal y su hermano Alberto, secretario de Estado de Presupuestos, o los ex ministros socialistas de Economía Pedro Solbes y de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, y el ex secretario de Estado de Economía con Carlos Solchaga y ahora vicepresidente del Banco Santander, Guillermo de la Dehesa. También pertenecen al mismo cuerpo el presidente de AENA –y anterior presidente de Cesce–, Jaime García-Legaz, el ex presidente de otra empresa pública, Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, el ex secretario de Estado de Economía Íñigo Fernández de Mesa, la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Emma Navarro, el consejero del Banco de España Fernando Eguidazu…

28,8 millones de euros de beneficios

Cesce es la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Se encarga de asegurar el riesgo soberano de España, las operaciones internacionales de las empresas españolas. El Estado posee el 50,25% del capital de la sociedad. El resto se lo reparten el Banco Santander, con un 21,07%; el BBVA, con el 16,3%; otros bancos como el Sabadell suman el 3,9%, y aseguradoras como España SA Compañía Nacional de Seguros tienen el 8,48% restante.

Con una plantilla de 1.400 empleados –sólo 450 de ellos en la matriz española–, la empresa semipública ganó 28,8 millones de euros en 2016, 30,9 millones de euros, de los que repartió como dividendo entre sus accionistas 30,6 millones. En 2014 las ganancias se elevaron a 43,5 millones de euros y repartió dividendos por importe de 10,38 millones. En 2013 tuvo un resultado de 32,7 millones, lo que le permitió repartir unos dividendos de 27 millones de euros.

Además, Cesce es conocida por el sueldo de su presidente que, junto con el de los máximos responsables de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) y la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), es el más alto de las empresas públicas: 210.000 euros al año.

Privatización aparcada

Fue precisamente el ministro Luis de Guindos quien anunció en noviembre de 2012 la privatización de Cesce. “Su regulación es preconstitucional, por lo que es necesario modernizar este ámbito normativo”, argumentó en el Congreso de los Diputados. La Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española prevé reducir la participación actualmente mayoritaria del Estado en Cesce y crear un agente gestor que cubrirá los riesgos de las empresas en los mercados exteriores. Durante los primeros siete años, ese agente gestor será Cesce, pero más adelante podrá serlo una empresa privada.

El proceso privatizador comenzó en cuanto el Gobierno contrató a una tasadora, Gesvalt, un despacho de abogados, Pérez Llorca, y una consultora, Pricewaterhouse Coopers, para gestionar la venta. De hecho, se presentaron una treintena de ofertas por Cesce, entre ellas las de Mutua Madrileña y Mapfre, pero también otras del fondo chino Fosun y Coface, el equivalente francés de la aseguradora pública española, que despertaban todo tipo de suspicacias. El precio, entre los 200 millones de euros de una primera valoración hasta casi los 600 millones de la última, realizada por Patrimonio del Estado.

Finalmente, la privatización quedó aparcada en mayo de 2015. La operación no gustaba ni a las empresas exportadoras ni a los propios bancos y aseguradoras presentes en el accionariado de Cesce. En la última presentación de resultados de la empresa, el pasado mes de mayo, su entonces presidente, Jaime García-Legaz aseguró que el Estado había confirmado su voluntad de no privatizar la compañía y de marcar una nueva orientación estratégica que incremente el valor para sus accionistas.

Repasemos bien el kit de supervivencia, a ver si está todo.

La nevada/cagada

Este maletín contiene varios balones –para echarlos fuera–, reuniones encadenadas para averiguar –a copo pasado– qué se tenía que haber hecho y un CD con el hit que siempre suena en estas situaciones: “Échale la culpa al boogie” ( “a los conductores”, si eres el director de la DGT).

¡Cuánto habrían ganado las declaraciones de Serrano si, antes de terminar, hubiera cantado: ♪ “Precaución amigo conductor, la nieve es peligrosa” ♪, en plan Perlita de Huelva, “perlita de Sevilla”, en el caso de Gregorio.

Zoido ha empezado el año regular, entre los cinco goles que encajó su equipo y la bola de nieve en propia puerta...

La investidura telepática

Este maletín contiene una cabeza cubierta de pelazo, en cuyo interior rebota una idea: “Seré President, cueste lo que –les cueste– a los demás”.

Así como el pobre Johnny Weismuller murió creyendo que era Tarzán –cuentan que emitía en la vida real los gritos característicos del superhéroe sin leotardos–, Carles se ha creído tanto su personaje de princesa por sorpresa, que podría acabar quedándose sin voz de tanto gritar “¡viva mi república!” y estamparse al saltar de su liana, sin tener otra a la que agarrarse...

Aunque también es posible que pase olímpicamente de saltar –que se estampen otros– y desaparezca entre la maleza de la selva belga por la que pasea.

Las despedidas

Carme Forcadell no será presidenta del Parlament, su intención es continuar como diputada, Carles Mundó –sonó como sustituto de Junqueras– abandona la política y Artur Mas se marcha... otra vez.

Los tres adioses tienen su aquel, pero el de Mas es lo más. Artur, al que podríamos gritarle lo de Piqué: “¡con...tigo’mpezó todo!”, ha hecho mutis por el foro y ahí ha dejado el mojón.

Dice Artur que nada tiene que ver con su marcha el hecho de que el lunes vayamos a conocer la sentencia por el caso Palau, se va por el bien de los suyos: “Doy otro paso al lado para no frenar el proyecto JxCat”, en plan héroe sacrificado: "¡Seguid vosotros, yo me quedo aquí con la pierna rota!".

Muchos han interpretado el gesto como una indirecta a Carles para que haga lo propio, en plan Gila: “Alguien está mandando un mensaje a alguien que está en Bruselas y no me gusta señalar”, pero el que “detuvo” Gila se ponía colorao, colorao y Puigdemont tiene la cara impermeable al rubor.

Los “Jordis” y Forn, exconsejero de Interior, se han despedido de la unilateralidad, al menos, ante el Supremo. Ahora defienden que hay que moverse dentro del marco de la Constitución, “el único referéndum válido sería el organizado por el Estado español”, dice Cuixart. Si llegan a estar cinco minutos más ante el juez, acaban cantándose algo de Manolo Escobar.

Es lógico que la estrategia de defensa de un acusado utilice todos los recursos legales a su alcance, sinceros o no, para librarle de la prisión (preventiva en este caso). La privación de libertad debe de ser absolutamente terrible, pero si le añades el hecho de que, mientras tú estás en prisión, otros pasean por Bruselas, el trago debe de ser mucho más difícil de superar.

Hoy he recordado una escena de mi pasado muy remoto. Tendría unos trece años, estaba en un pueblo toledano al que me invitó una amiga para pasar las fiestas. Iban a soltar una vaquilla en la plaza de toros y nosotras bajamos  a la plaza para hacer un poco el tonto –nuestra especialidad–. Un señor muy animoso, reclutó a todos los niños y adolescentes que estábamos por allí y nos colocó como un equipo de fútbol que posa para la foto, así debíamos esperar la salida del animal.

Mi amiga y yo estábamos en la fila de delante, en cuclillas.

De pronto, nos miramos y nos preguntamos mutuamente: "¡¿Qué hacemos aquí?!". Yo recordé la frase que decían en el pueblo: “Las vaquillas van al bulto”. Nos levantamos, de un salto, y abandonamos la alineación. El resto de los niños siguieron nuestro ejemplo y se fueron marchando, hasta que se deshizo el bulto suicida. El señor de la idea brillante, nos riñó decepcionado: "¿Por qué os quitáis?" Mi amiga le dijo: “¡Póngase usted, no te digo!". "¡Que le coja a usted la vaquilla!” añadí yo.

No sería extraño que fueran aumentando, poco a poco, los casos de quienes deciden pasar del que organiza la alineación y luego ve la vaquilla desde la barrera belga.

Reapariciones en el Congreso

No se alarmen, los diputados no vuelven hasta febrero, ellos tienen otro calendario. Los que han reaparecido en el Congreso son los comparecientes en la comisión sobre la crisis financiera. Ha sido muy emocionante, tantos años después, es como cuando se reencontraron los actores de Friends.

Volvieron a nuestras pantallas Pedro Solbes, Elena Salgado y, sobre todo, Rodrigo Rato con esa planta, con esa voz, con esa cara... Insuperable.

Solbes lanzó pullitas a ZP y habló de aquel Gobierno con una distancia sorprendente, como si en aquellos años él hubiera estado viviendo en la estación espacial MIR. Salgado desmintió a De Guindos, dijo que la salida a Bankia no fue una decisión política –dejémoslo en decisión penosa– y Rato tiró contra todo lo que se mueve, los otros y los exsuyos. A Rodrigo solo le faltó reprocharle algo a la madre del niño que desayuna garbanzos.

  La verdad es que Rato nunca defrauda... comunicativamente hablando. Díganme qué guionista puede superar ese momento en el que Rato dice que los accionistas privados han perdido más dinero con las Cajas de ahorro que el erario público y añade con desparpajo:

“¿Y eso un saqueo? ¡No, es el mercado, amigo!”. Qué tío, qué crack el señor del crack de Bankia.

¿Bueno, qué? ¿Qué les parece el kit con el que arrancamos el año? ¿Sobreviviremos?

El ministro de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, Pedro Solbes, ha defendido la existencia de las puertas giratorias en política siempre que se definan "muy bien" las condiciones de entrada y de salida.

"Las puertas giratorias existirán siempre y si no existen es una desgracia que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir", ha espetado el exministro durante su intervención en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorro y el rescate financiero.

Para Solbes, no obstante, las condiciones por las que se entra y se sale de la política deben estar "muy bien definidas", tanto en tiempos como en incompatibilidades, pues, en su opinión, son "la única forma" de conseguir gente "válida".

El exministro, que fue consejero de la eléctrica italiana Enel –dueña de Endesa– entre 2011 y 2014 y de Barclays entre 2011 y 2015, ha indicado que los gestores públicos tienen que estar próximos al sector privado, siempre actuando desde una posición de "independencia".

"Hay veces que (los gestores privados) me han hecho cambiar de opinión con argumentos sólidos y lógicos y otras no, cuando no lo han hecho he aplicado las medidas que creo que tenía que hacer", subrayó.

El que fuera vicepresidente económico de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, Pedro SolbesSolbes, ha manifestado este miércoles que al Gobierno le faltó valentía para acumular superávit antes de la crisis y reformar la gobernanza de las cajas de ahorro antes del estallido de la misma.

"Creo que debimos ser más valientes en términos superávit y más valientes en entrar en la gobernanza de las cajas", ha reconocido durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, recogida por Europa Press.

Durante su intervención, Solbes también ha admitido "claros errores de previsión en términos macroeconómicos" y también a la hora de detectar la llegada de una segunda recesión y su magnitud. "No fuimos capaces de detectar la fuerte recesión", ha dicho, recordando que si bien el Gobierno previó una contracción del PIB del 2% en 2009, la caída alcanzó el 3,6%.

Asimismo, ha señalado que en 2010 el Ejecutivo de Zapatero confiaba en "volver a la normalidad" y recuperar el crecimiento, algo que "tampoco sucedió". "Con la segunda recesión nos equivocamos totalmente", ha aseverado.

"Tardamos más porque teníamos que actuar como europeos"

Solbes ha señalado que la complejidad de la crisis no permitió al Gobierno conocer la "amplitud" de la misma, y ha responsabilizado a la arquitectura económica de la Unión Europea y la debilidad del euro ante las dificultadas de deuda de los países miembros.

"No esperábamos que el euro reaccionara tan mal. Podríamos haberlo pensado, pero en la primera intervención de apoyo a Grecia se debatió si íbamos con el FMI o solos", ha dicho, lamentando el tiempo que se empleó en tomar decisiones a nivel comunitario, lo que hizo que "la crisis acabara tocando a Irlanda, Portugal, España o Grecia". "Tardamos más porque teníamos que actuar conjuntamente como europeos", ha excusado.

No cree que hubiera podido actuar "brutalmente" al estallar la crisis

Solbes ha sido preguntado durante su comparecencia sobre el tiempo que tardó el Gobierno en emplear recursos públicos en el sector financiero, a diferencia de lo realizado por otros países. Muchos de los testimonios durante las sesiones de la comisión lamentaron que, al retrasar la inyección de recursos, el coste del rescate fue mayor y no se pudo recuperar tantas ayudas.

"No tengo tan claro como usted la posibilidad de haber actuado brutalmente, o muy directamente, antes de que empezaran a verse los primeros efectos", ha replicado Solbes, a preguntas del diputado conservador Miguel Ángel Paniagua. "Hubo quien lo hizo y obligó a sus bancos a tomar dinero, quisieran o no. Nosotros no lo hicimos", se ha limitado a contestar.

Cree que sin problemas no habría podido reformar las cajas

Respecto a la reforma de las cajas, Solbes ha puesto en duda que "hubiera sido posible visto el momento político", aludiendo durante su intervención a la minoría parlamentaria en la que se encontraba el PSOE. Según su opinión, "el problema no eran las cajas" sino las características de una "gobernanza inadecuada", y cree que esto también afectaba a las posibilidades del Gobierno para reformarlas.

"El tema de la gestión era clave, pero dada la sensibilidad política y territorial, modificar la legislación no era realista si no existían problemas de solvencia", ha dicho el exvicepresidente, que ha señalado que la reforma tuvo que esperar hasta la intervención de Caja Castilla-La Mancha.

"Las cajas han sido entidades financieras fantásticas"

Solbes, que ha defendido que las cajas de ahorro fueron entidades financieras "fantásticas desde todos los puntos de vista durante muchos años", ha criticado tanto la ampliación de su ámbito de actuación fuera de su territorio, lo que las forzó a competir con otras entidades, como una "falta de rigor" en el nombramiento de sus responsables.

"Lo que hemos visto es que las instituciones con gestores de alto nivel se han mantenido, se han convertido en bancos y han funcionado excelentemente bien y las que no los han tenido han funcionado mal", ha indicado. En este línea, el exministro, que se muestra "favorable" al modelo de las cajas, ha manifestado que considera "imprescindible" que exista la figura del dueño, pues el hecho de no tenerlo favorece su mal funcionamiento.

Corrían los últimos años del siglo XX en España y, tras la crisis de 1993, comenzó el conocido ciclo Solbes-Rato (ministros de economía turnantes), caracterizado por un crecimiento económico constante, una de cuyas principales variables fue la construcción de más de medio millón de viviendas nuevas cada año. Se llegó a alcanzar el millón de compraventas entre vivienda nueva y usada en 2005-2006, cuando ahora apenas se supera las 400.000. Los préstamos hipotecarios funcionaron a las mil maravillas. Llegó entonces la crisis y se acabó el crédito bancario. Amplias capas de la población dejaron de poder elegir entre alquilar o comprar. A consecuencia de ello, la demanda de alquiler aumentó. Intentando responder a este incremento, y a partir del dogma de que mayor flexibilidad traerá mayor oferta, se reformó en 2013 la Ley de arrendamientos urbanos para bajar de cinco a tres años la prórroga mínima a que tiene derecho el inquilino (aún vigente). Soluciones como esta parecían tener sentido durante unos años en los que se pronosticaba que no tardaríamos en volver a tener un mercado de vivienda boyante. Sin embargo, la burbuja no sube como hace diez años, las coordenadas son nuevas, y la legislación precrisis unida a estos parches no acaban de solucionar el problema.

En la sólida pared de la vivienda española, podríamos decir que se ha abierto una grieta inesperada: la burbuja no rebrota, la demanda de alquiler se dispara, la hipoteca está en crisis. Para hacer frente a la misma, debemos cuestionar algunas «verdades oficiales», abriendo una grieta a estas nuevas coordenadas en el pensamiento sobre el tema.

La gente más modesta ya no puede comprar: en 2006 se firmaron 1.200.000 préstamos; en 2016, apenas llegaron a 300.000

Por un lado, la crisis ha hecho que un 20% más de personas dependan de viviendas en alquiler. Un aumento que no es voluntario: la mitad son inquilinos por obligación. Para estas personas, el arrendamiento es inasequible en las zonas céntricas de las grandes ciudades, pues los precios fluctúan mucho, y las rentas son revisables cada poco tiempo (salvo firma de contratos de larga duración, lo cual no suele ocurrir para evitar perder libertad de decisión). Este es el principal motivo por el que, quien puede, compra. Como explica el Profesor Sergio Nasarre, quien desde la Cátedra de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili (reconocida por la UNESCO) ha sido uno de los académicos que más ha estudiado el tema, "hoy alquilar no es una opción viable".

Ello nos lleva al campo de la propiedad, donde hay otro problema: la gente más modesta no puede comprar, pues la principal vía de acceso a la propiedad es el préstamo hipotecario. Un préstamo que escasea: en 2006 se firmaron 1.200.000 préstamos; en 2016, apenas llegaron a 300.000. Pese a estar el tipo de interés en mínimos, la mayoría son de tipo fijo. La cantidad prestada cada vez es menor, por lo cual disminuye la cuota. Se presta menos porcentaje del precio, y a menos gente, de modo que pesa más lo ahorrado previamente. La escasez de préstamo ha propiciado un dato inédito: el 30% de las viviendas se compran al contado. Resultado: caída drástica de los precios en ciertas zonas, incluso en algunos barrios de las grandes ciudades (en el municipio de Madrid se puede comprar, con metro a la puerta, pisos por menos de 60.000 euros).

La dificultad en el acceso al crédito ha propiciado importantes transformaciones: el 87% de los compradores son familias, para uso propio (en 2013, eran solo el 78,1%). Fruto de ello, España construye los pisos más grandes de su historia reciente porque las promotoras no construyen para jóvenes: el minipiso no tiene demanda segura. Se dice que el mercado ha echado a los jóvenes (afectados por la situación laboral, pero también por la falta de alternativas en vivienda), que se ven atrapados entre la falta de crédito y la escalada de precios del alquiler.

El resumen de situación sería pues este: gran stock, precios bajos, la propiedad convertida en un lujo cada vez mayor, el alquiler en un problema de fluctuación de precios imposible. O como dice el eslogan: casas sin gente, gente sin casa.

Y frente a ello, ¿qué hacer? Lo normal, cuando un político ve un problema así es que prometa tomar la iniciativa desde el Estado y construir minipisos, viviendas de protección oficial (VPO), etc. Así se hizo a mediados de la primera década del siglo XXI: la creación del Ministerio de la Vivienda entre 2004 y 2010 o las promesas electorales en materia de vivienda en las municipales de 2007 son un ejemplo. Una respuesta que además permite inauguraciones, concursos masivos de demandantes de vivienda… pero que no resuelve más que una pequeña parte del problema, que lo es para mucha más gente de la que dichas casas baratas pueden acoger: la vivienda protegida apenas absorbe el 10% de la demanda (ver estadística registral). La política de VPO es como pretender solucionar el paro a base de empleados públicos: una noble declaración de intenciones que nunca alcanzará a resolver el problema. La solución, más que por aumentar la respuesta subsidiaria del Estado (que es lo que es la VPO), pasa (como en el empleo) por aumentar el mercado, lo cual requiere dos líneas de actuación: una para la propiedad, y otra para el alquiler.

El modelo hipotecario debe sobrevivir, pues entidades más responsables pueden ocupar el lugar de quienes lo hicieron mal

Para la propiedad, hay que tener en cuenta que si se ha llegado hasta aquí ha sido gracias al buen funcionamiento del préstamo hipotecario. La reciente tendencia al populismo antibancario (convirtiendo todo en impugnable, pretendiendo cambiar las reglas del crédito a mitad de partido a quien prestó el dinero, extremando el celo en qué se considera abusivo), en el que han caído hasta los jueces (se habla ya de populismo judicial), es una tendencia tan seductora como desaconsejable. Ahora bien, lo que sí se puede hacer, como en tantos otros sectores, es ampliar las opciones, es decir, la competencia entre prestadores. Parte de la facilidad del préstamo se debió a la sana competición entre entidades. El que algunas fuesen irresponsables, o el que lo fuesen algunos consumidores, no pone en cuestión el sistema, si no a quienes lo hicieron mal. El modelo hipotecario debe sobrevivir, pues entidades más responsables pueden ocupar el lugar de quienes lo hicieron mal. Por ejemplo, en la siempre adelantada Navarra, el 40% del préstamo lo dan a día de hoy las cooperativas de crédito, y no los bancos (frente a menos del 10% en el conjunto del Estado).

Pero además del préstamo hipotecario, nuestras leyes ofrecen otras vías infrautilizadas como el derecho de censo, el derecho de superficie, el alquiler con opción a compra, o la venta a plazos con condición resolutoria, así como las recientes figuras del Derecho catalán de la propiedad temporal y compartida (sobre las cuales ya he hablado, y puede oírse aquí). Dichas fórmulas alternativas no salen adelante porque todo el régimen fiscal está previsto para el mercado hipotecario. Una reforma fiscal inteligente, como la propone algún think tank incipiente (vease la propuesta del grupo Qveremos), daría alas a una opción intermedia entre el arrendamiento y la propiedad con hipoteca, que permitiría un mercado de la vivienda más inclusivo.

Finalmente, la flexibilidad no termina de ofrecer un alquiler asequible a la mayoría. Tal vez el problema esté precisamente en la falta de estabilidad. Un régimen de arrendamientos más estable en duraciones y precios tal vez resultase más atractivo tanto a arrendadores como a inquilinos. El modelo alemán, en el que se han fijado los expertos, algunas de cuyas propuestas está probando ya Catalunya, podría resultar interesante para España a medio plazo.

Probablemente estemos en uno de los momentos de la historia donde más viviendas disponibles hay. Si no es más sencillo el acceso es por falta de financiación, o por una legislación que no canaliza bien las necesidades sociales. Si se saben hacer las reformas necesarias para las nueva situación derivada de los años de larga crisis, podríamos ver un sueño hecho realidad: un mercado de la vivienda inclusivo, donde acceder al mismo no sea un problema tan grande como ahora. Ello dependerá de que sepamos reparar la grieta que se ha abierto en tiempos de crisis, y de saber abrir nuevos cauces que permitan aprovechar los huecos de nuestro sistema para hacerlo más fácil.

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*Diego Vigil es registrador de la propiedad y mercantil.

Lee este artículo en La Grieta

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. En el patio interior del Colegio de México, una institución cultural de arraigo en este país, nacida como Casa de España que acogió y se nutrió del exilio cultural español del franquismo, varios carteles reflejan la furia y la lucha por que se aclare la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala. Alguno recuerda la dramática llamada en la Argentina de los desaparecidos. Otros son más emotivos, acaso fruto de una íntima necesidad de justificación: “¿No haría cualquier cosa un padre por el regreso de su hijo?”

Hace unos días, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narros, denunciaba en un discurso que su país “está de luto”, y tras afirmar la necesidad de consolidar un “verdadero estado de derecho que destierre la impunidad y la corrupción”, sentenciaba que “el cambio duradero y de fondo se produce a partir de la inteligencia”.

He participado estos días en el XX Foro Eurolatinoamericano de Comunicación, un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación García Márquez, que precede a las cumbres iberoamericanas.

El Foro, celebrado este año en el Colegio de México, reúne a periodistas, escritores, intelectuales y profesores universitarios de los dos lados del Atlántico, para reflexionar juntos sobre periodismo, identidad común, desarrollo o movimientos sociales. Entre los participantes españoles han estado aquí estos días Pedro Solbes, el historiador José Alvarez Junco o el profesor y ex ministro Ángel Gabilondo. Éste último reivindicaba en una de sus intervenciones el valor de la educación : “Nada combate más la miseria en el mundo que la cultura y la educación”, decía tras pedir a los reunidos en Veracruz que esta vez haya más hechos que palabras si deciden, que debieran, entrar en materia educativa.

El valor de la Universidad como punto de encuentro para ese “cambio verdadero” al que aludía el rector Narros y la importancia de una conciencia clara de su compromiso con ese cambio, han sido elementos presentes en estos días de diálogo. Igual que la necesidad de que el periodismo sea el “agua clara” que escasea en tiempos de riada, como lo son éstos en que las redes sociales inundan de informaciones, datos, comunicaciones imprecisas, manipulaciones o mentiras nuestro espacio de conocimiento. El ejercicio el periodismo está vinculado a ese compromiso con la verdad, con la cultura y con la educación … con la “inteligencia para el cambio duradero” del rector de la UNAM.

Los debates e intervenciones en este Foro México, han dejado claro el valor del diálogo cara a cara entre Europa y América Latina, entre España y los países de la riquísima diversidad de este continente, más allá de formalismos institucionales como las cumbres de jefes de Estado, y por encima de los tópicos que contaminan nuestra respectivas miradas al otro lado del Atlántico. Escuchar a periodistas, escritores, profesores o estudiantes salvadoreños, colombianos, guatemaltecos, argentinos, mejicanos y españoles, exponer miradas, confrontar puntos de vista sobre cuestiones de preocupación común, participar en intercambios de ideas comprometidos y creativos de gente que habla el mismo idioma y podría trabajar el presente y el futuro, orientar a los otros con sus propias experiencias de éxitos y fracasos, resulta un interesantísimo y conmovedor ejercicio de enriquecimiento personal y profesional.

Y me quedo en la conmoción porque tiene que ver con el video de esta semana sobre las manifestaciones en México DF. Marchas, como dicen aquí, que cada mediodía convierten en imposible el endemoniado tráfico rodado de una de las capitales más pobladas del mundo.

Cuando escuchas con la atención de quien sabe que se está hablando con criterio y honestidad, cuando tienes la humildad de reconocer que pueden tus puntos de vista recibir matices o hasta sabios revolcones, cuando sientes la cercanía de un mundo que pocas veces está en tu agenda, pero comparte tanto contigo y te ha dado tanto y tanto tiene que ofrecerte, cuando eres capaz de despojarte de tu europea suficiencia y disponerte a aprender y compartir, sufres la conmoción interior de la certeza de tu radical estupidez y la limitación de tus posibilidades por constatable ignorancia.

Bajo sus efectos, espero que perdurables, reclamo una mayor conciencia sobre lo que está sucediendo en Latinoamérica, lo que podemos aportarnos unos a otros de experiencias políticas, tránsitos de crisis o lucha contra la desigualdad o la exclusión.

Y que instituciones como las universidades contribuyan a alentar esa cercanía, empezando, acaso, por romper de una vez el sonoro silencio del mundo universitario español ante el caso que está abriendo en México la herida de años de impunidad, corrupción y pobreza: la desaparición de los estudiantes de Iguala.

No tenga ninguna duda, querido lector, de que llega aquí con precisión el sonoro silencio de la universidad española ante este caso que tiene conmocionado a un país y en difícil situación a un gobierno como el mejicano. ¿Se romperá en algún momento ese silencio? ¿Decidirá el mundo universitario español decir, hacer…movilizar algo más que alguna tímida declaración de condena ante la ignominia de Iguala?

Sería un primer paso, un buen ejemplo para empezar a cambiar algunos tópicos y afrontar unos cuantos compromisos útiles y necesarios.

El lingüista Noam Chomsky defiende que la democracia no puede crecer donde el poder político y el económico se concentran. O sea, lo que ha ocurrido en nuestro país, con una coalición de élites que no trabajan en beneficio de la comunidad, sino en el suyo propio, y que ha acabado con el debate entre izquierda y derecha para dar paso a otro entre ricos y pobres. Entre quienes acumulan cada día más poder y riqueza y quienes han llegado a la convicción de que hoy son más pobres que ayer, que lo serán aún más mañana y que ya no se sienten representados por quienes dicen representarlos. Este es el nuevo bipartidismo que ha sustituido al que desde la transición democrática ha permitido al PSOE y al PP alternarse en el poder. Una idea en la que han abundado intelectuales como José Luis Sampedro, que sostenía que el poder económico ha suplantado la voluntad de las urnas y sometido la política a sus intereses, y José Saramago, para quien si el poder real es económico no tiene sentido hablar de democracia.

Nunca hasta ahora se había hecho tan evidente la simbiosis entre el poder político y el económico, coaligados para mantener su status quo y evitar que nuevas formaciones y formas de hacer política surgidas de la indignación ciudadana irrumpan en el escenario público y pongan en entredicho la alianza de las élites. Sólo así se explica que un fenómeno como Podemos, que defiende nuevas instituciones inclusivas en las que los ciudadanos se vean representados, suscite tanta inquietud que haya llevado a los partidos tradicionales a calificarlo de movimiento antisistema, cuyo objetivo sería subvertir la normalidad con la que ellos han gobernado durante décadas.

El expresidente Felipe González llegó a decir de dicha formación, sin llegar a citarla, que sería una “catástrofe” que sus propuestas prendieran en la población, y no dudó en descalificarla, sin tener en cuenta que su respaldo en las urnas es tan legítimo como el que ha perpetuado al PSOE y al PP en el poder desde el advenimiento de la democracia. “Una alternativa bolivariana para España y para Europa sería una catástrofe sin paliativos”, dijo. Un movimiento de indignación que comparó de manera desdeñosa con las protestas globales del Mayo del 68 francés. La intranquilidad ante la hipótesis de que los resultados de las elecciones europeas se trasladen a las municipales y autonómicas del próximo año y, sobre todo, a las generales, es tal que entre las élites comienza a plantearse la posibilidad de una gran coalición entre el PSOE y el PP, a semejanza de la suscrita en Alemania entre las conservadoras Unión Cristianodemócrata (CDU) de Ángela Merkel, la Unión Socialcristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), la principal fuerza de centro-izquierda. Una opción por la que ya apuesta en público el propio Felipe González, que aboga por ella “si el país lo necesita”.

El miedo, otra vez el miedo, como recurso de los poderosos para aplacar la indignación ciudadana. Lo dijo Sampedro: “Nos gobiernan a través del miedo”. El miedo que ha hecho que durante años amplios sectores de la población hayan decidido pasar de la política, como si el precio de la luz o el pan, de la calidad de los servicios públicos o el recorte de derechos y salarios que afectan a todos no fueran consecuencia de decisiones políticas. El hombre-masa autocomplaciente del que hablaba José Ortega y Gasset, y del que Bertolt Brecht dice: “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos (…) Es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales e internacionales”. Una situación que la movilización de mareas y movimientos como el 15M o Democracia Real Ya, y ahora Podemos, comienza lentamente a revertir, como un sirimiri que empieza a calar.

Pintadas contra la banca. DAVID ROCH

El problema es que los partidos parecen no haber entendido que la corriente de protesta ciudadana, cuya más reciente expresión ha sido la debacle electoral del bipartidismo en las recientes elecciones europeas, exige un cambio de ciclo y no meros retoques para que todo siga igual. Ya nadie cree en la refundación del capitalismo que las élites prometieron para convencer a los gobernados. Si queremos que todo siga como está, pensaron, es necesario que todo cambie.

Contra ese objetivo se rebelan los ciudadanos, convencidos de que el lema Otro mundo es posible no es tan utópico. Los economistas Serge Latouche y Didier Hapagès, especialistas de la teoría del decrecimiento, sostienen que “sin la hipótesis de que otro mundo es posible, sencillamente no hay política, sino sólo la gestión administrativa y tecnocrática de los hombres y de las cosas”. Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas y Sociología, y uno de los fundadores de Podemos, escribe que “un mundo se marcha, aunque no termina de despedirse, y otro se aproxima, aunque sus velas aún están lejos de la costa”, y se pregunta: “¿No son tiempos, pues, de una prudente audacia?”

Carmen Alcaide, expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), constataba lo obvio que las élites se niegan a reconocer en un artículo de opinión (El País, 24 de junio). Decía así: “La desconfianza surgida sobre las instituciones y los políticos actuales, derivada de la mala gestión de muchos y de la corrupción de algunos, unida al descontento de los ciudadanos por la crisis padecida, ha provocado la aparición de organizaciones políticas que claman por cambios institucionales importantes”.

La crisis económica, y sobre todo las medidas adoptadas para combatirla y la corrupción, están en el origen de la revuelta ciudadana, que ya no admite sin rechistar la creciente desigualdad entre las élites y la población. La consultora Capgemini y el Royal Bank of Canada hizo público el pasado junio un informe que revela que el número de ricos en España aumentó un 11,6% en 2013 o, lo que es lo mismo, que los españoles que disponen de más de un millón de dólares (740.000 euros) para invertir creció el año pasado hasta las 161.400 personas. También ha crecido un 27% el número de ciudadanos con grandes patrimonios desde que comenzó la crisis en 2008, y las sicavs, en las que buscan cobijo los grandes patrimonios de nuestro país, ascendían a 3.035 a finales de 2013, que gestionan un patrimonio de cerca de 29.000 millones de euros. Ese mismo año, los cinco grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell) obtuvieron un beneficio de 7.274 millones de euros netos, de los que 4.370 millones correspondieron al Banco de Santander. Una cifra que casi dobla (90%) el beneficio obtenido en 2012. Es obvio que algunos han superado la crisis, si es que alguna vez se vieron afectados por ella.

La desigualdad no deja de crecer

En el otro fiel de la balanza, el resto de ciudadanos, que no han dejado de perder su poder adquisitivo. La brecha de la desigualdad no para de crecer, pese a lo cual son recurrentes los mensajes de las élites políticas y económicas para convencer a los ciudadanos de que ya hemos salido de la crisis y es cuestión de tiempo que los datos macroeconómicos se vean reflejados en las cifras del paro, el problema que más preocupa a los españoles. “A pesar de observar condiciones económicas más favorables que en años anteriores –vuelvo a Carmen Alcaide-, mientras no haya un crecimiento importante del empleo, será lento y difícil de corregir el aumento de la desigualdad provocada durante los años de crisis, las dificultades económicas por las que están pasando muchas familias y, sobre todo, el sentimiento de descontento y discriminación de muchos jóvenes que, una vez terminada su formación, no encuentran trabajo”.

La gran élite internacional que conforman el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la propia Unión Europea (UE), lleva años pregonando la austeridad como única solución para los problemas del mundo y exigen a los demás los sacrificios que ellos no están dispuestos a hacer.

Christine Lagarde, directora del FMI, hizo meses atrás una encendida defensa de lo que llamó esfuerzo reformista, una expresión que han abrazado con fervor políticos y economistas, que concretaba una rebaja salarial para los trabajadores, adicional a las que ya se han adoptado, del 10%, a ejecutar entre 2014-2015. Para dar ejemplo, se subió el sueldo un 11% nada más llegar al cargo en 2011, y en 2013 cobró 352.859 euros, un 1,8% más que el año anterior (la revalorización de su salario se hace en función del IPC de la ciudad de Washington, donde el FMI tiene su sede). Ese es su sueldo neto, sin retenciones como la nómina de cualquier trabajo. Un salario que equivale a 29.404 euros limpios al mes o 980 euros diarios, lo que hoy cobran, y gracias, muchos trabajadores de nuestro país al mes.

Mario Draghi, presidente del BCE, el hombre que con una simple declaración es capaz de que suba o baje la prima de riesgo de los Estados del Sur, goza de unos emolumentos algo superiores a los de Lagarde, exactamente 378.240 euros en 2013, con un incremento del 1,1% respecto a 2012. José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea hasta el próximo septiembre, cobra 25.554 euros mensuales, dietas y ayudas para vivienda aparte, y Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, defensor también a ultranza de la moderación salarial, disfruta de una nómina de 23.000 euros mensuales. Es obvio que, por fuerza, la realidad se vea de otra manera.

La puerta giratoria

Unus pro omnibus, omnes pro uno (todos para uno, uno para todos) es, aunque no oficialmente, el lema nacional de Suiza, y, también, de los tres mosqueteros. Un lema que define el actual pacto entre las élites para acudir al rescate mutuo cuando la situación lo exija. El “hoy por ti mañana por mí” del refranero, cuya manifestación más clara es la puerta giratoria, como se conoce el fenómeno por el que nuestros políticos pasan de lo público a lo privado y de lo privado a lo público sin pudor. Algunos expresidentes del Gobierno y exministros de Economía se mueven con soltura en ella. Hombres y mujeres con excelentes agendas internacionales capaces de engrasar relaciones y facilitar negocios.

La carrera del exministro de Economía Rodrigo Rato es un ir y venir de aquí para allá, siempre con sustanciosos salarios, mientras predica las bondades de las políticas de austeridad. Verán, cuando abandonó la res pública se situó al frente del FMI, pero no se enteró de la crisis que se nos venía encima. Ni siquiera cumplió su periodo de mandato, pese a lo cual tiene garantizado un salario de por vida. A los meses ya tenía trabajo como asalariado de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, para quien ya había trabajado, y de allí dio el salto al banco de inversión Lazard, con una retribución fija al año de un millón de dólares.

El PP lo rescató para hacerlo presidente de Bankia, el mayor escándalo financiero de nuestro país, que le ha costado al Estado, y por extensión a los ciudadanos, que son los que lo sustentan con sus impuestos, 23.000 millones de euros. Dimitió cuando trascendió el agujero contable, pero no se fue al paro. El Banco de Santander y Telefónica salieron en su rescate y lo contrataron como asesor. Tanto él como los 33 consejeros de la entidad están imputados por la Audiencia Nacional por delitos que suman hasta 15 años de prisión. La complejidad de la causa y las artimañas legales de sus letrados tienen la investigación en stand by.

Los retiros de González y Aznar

Su sucesor al frente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, que aceptó un salario de 500.000 euros al año al tratarse de una caja intervenida, se situó al frente de Bankia tras abandonar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y recuperar su fondo de previsión, que en ese momento ascendía a 68 millones de euros. Ahora saca pecho, habla de la solvencia de la entidad y alardea de los 250 millones de euros de beneficio que ha dado la citada entidad en el primer trimestre de este año. Los 23.000 millones de euros públicos que se han ido por el desagüe y los centenares que les han arrebatado a los pequeños ahorradores con las participaciones preferentes y la deuda subordinada han pasado a ser anécdotas del pasado.

Felipe González es asesor de Gas Natural desde diciembre de 2010. El año pasado cobró 127.000 euros anuales, según el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros presentada a la junta general de accionistas del año 2014, en la que consta que en diciembre de 2013 era asesor de la presidencia de Indra (cabe recordar que su accionista de referencia es Bankia), una empresa constituida en 1993, siendo González presidente del Gobierno, al frente de la cual está desde entonces el socialista Javier Monzón.

El mandato de González venció el pasado 14 abril, pero, aunque anunció su intención de dejar el cargo porque se aburría, continuará un año más. En el consejo se sienta con empresarios como Antonio Brufau, presidente de Repsol; Demetrio Carceller, vicepresidente de Sacyr-Vallehermoso y Ebro Puleva; o Juan Rosell, presidente de los empresarios españoles. González justificó su presencia en la gasística con su interés por conocer el tema de la energía, ya que “me hubiera ido mejor asesorando a empresas con domicilio fiscal en las Islas Caimán”. Una broma sin gracia para los tiempos que corren.

José María Aznar tiene o ha tenido tal profusión de cargos que resulta difícil entender de dónde saca el tiempo para atender tantos frentes: asesor externo de Endesa para asuntos internacionales, asesor externo de la minera canadiense Barrick Gold, consejero de News Corporation y asesor también para Latinoamérica de DLA Piper, “despacho global de derecho de los negocios”, según se autodefine en su página web. Y, obviamente, su sueldo vitalicio como ex presidente.

Para Endesa han trabajado o trabajan todos los exministros de Economía. El actual, Luis de Guindos, dejó precisamente su puesto de asesor para ser nombrado ministro, aunque su experiencia en la administración pública se remonta a 2002, cuando Rodrigo Rato le nombró secretario de Estado de Economía a sus órdenes.

La derrota electoral del PP en 2004 lo devolvió al sector privado como presidente ejecutivo del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers para España y Portugal. El escándalo de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que llevó a la quiebra a la entidad, le llevó a Endesa y a los consejos de varias sociedades más, y vuelta a la administración con Rajoy. Su sucesor al frente de las cuentas públicas, Pedro Solbes, fue asesor del FMI tras dejar la cartera, y después se incorporó a Enel, la multinacional italiana a la que el Ministerio de Economía que él dirigía autorizó la venta el 92% de Endesa. El exministro completa su salario como asesor de Barclays Bank en España, sin olvidar que tiene un salario vitalicio como excomisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea entre 1999 y 2004.

La última en subirse al carro ha sido Elena Salgado, la última ministra de Economía de José Luis Rodríguez Zapatero, en su caso como consejera de Chilectra, la distribuidora chilena de Endesa, además de convertirse en asesora de Abertis. También Miquel Roca i Junyent, exportavoz de Convergència i Unió en el Congreso, es vocal externo de la compañía, amén de otros cargos. Por otra parte, su despacho de abogados, Roca Junyent Abogados Asociados, lleva la defensa de la infanta Cristina en el caso Nóos.

1.661 casos de corrupción financiera y política en 2013

La lista es profusa y desalentadora, y en no pocos casos la ausencia de honestidad ha llegado a convertirse en un delito, como demuestran los 1.661 casos de corrupción política y financiera contabilizados en 2013 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algunos de ellos macroprocesos por su enorme complejidad y el elevado número de implicados.

Los medios de comunicación, cuya principal responsabilidad sería denunciar los desmanes del poder, se han convertido en sus aduladores. Cómo no hacerlo si en sus consejos de administración se sientan representantes de todos los grandes bancos. Así las cosas, la Caixa es propietaria del Grupo Godó, editor, entre otros, de La Vanguardia y de El Periódico de Catalunya. Entre los accionistas del Grupo Prisa, editor de El País, está el Banco de Santander. Busquen en la hemeroteca el tratamiento que recibió Emilio Botín cuando Hacienda descubrió que tenía en Suiza una fortuna estimada en 2.000 millones de euros que normalizó tras pagar 200 millones de euros al fisco y evitar de este modo que le abrieran un procedimiento por delito fiscal. Encontrarán muy poco.

Por otra parte, en Vocento, la empresa editora de ABC, se encuentra la familia Ybarra (BBVA); los bancos italianos Mediobanca, Banco Sanpaolo y Unipol están entre los accionistas de El Mundo, y el editor de La Razón es José Manuel Lara, vicepresidente del Banco de Sabadell. 

El periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano afirma que “los medios de comunicación de masas justifican los fines del sistema de poder, que impone sus valores a escala planetaria”. Una visión que completa Noam Chomsky, según el cual, “el cuadro del mundo que le presentan a la gente no tiene la más mínima relación con la realidad, ya que la verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentiras”. Prevalece, por tanto, el espectáculo, el entretenimiento y la propaganda.

Las nuevas formas en que se está organizando la rebelión ciudadana han recibido el calificativo de “populistas”. Si quienes utilizan este adjetivo para desacreditar a quienes amenazan sus privilegios consultaran el diccionario de la Real Academia Española (RAE), descubrirían que populista es un adjetivo con una única acepción, “perteneciente o relativo al pueblo”, y que el sustantivo populismo es la “tendencia a prestar especial atención al pueblo y a cuanto se refiere a él”.

Nada que ver con el sentido peyorativo que le dan las élites para descalificar a quienes ponen en peligro su posición.

Las cercanas elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en mayo pueden suponer un problema para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y no sólo porque las encuestas pronostiquen una notable caída de su partido en cuanto a la intención de voto, sino porque también puede suponer que el mandatario tenga que enfrentarse a su primera crisis de Gobierno, como se ha venido especulando en varios medios. 

Esta situación, no obstante, no es nueva: los diferentes ejecutivos de la democracia han sufrido este tipo de crisis en momentos señalados de sus respectivas legislaturas. Épocas de elecciones, mala imagen ante la opinión pública o la simple necesidad de dar un impulso a la acción del Gobierno han sido algunas de las causas a la hora de cambiar ministros.

Un ejemplo paradigmático es la entrada en el Ejecutivo en el año 1999 del actual presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, como ministro de Agricultura en sustitución de Loyola de Palacio, candidata del PP en las elecciones europeas de ese año. No todos los cambios de cromos han sido esperados o anunciados por los medios de comunicación: de hecho, para sustituir a Palacio al frente de Agricultura, los medios barajaron varios nombres e incluso se llegó a dar por virtualmente confirmada a la entonces secretaria de Estado de Comercio, Elena Pisonero, como nueva ministra.

PRIMERA CRISIS DE GOBIERNO DE AZNAR EN 1999

Más comentada fue la primera remodelación que sufrió el Gobierno de José María Aznar tan sólo unos meses antes, en enero de 1999. Tras declarar el entonces presidente que "a día de hoy el Gobierno no va a cambiar y al día de mañana, tampoco", comenzaron a desatarse los rumores sobre una posible crisis de Gobierno tras la salida de Francisco Álvarez-Cascos como secretario general del PP, su eventual sustitución por alguno de los entonces ministros y los posibles cambios en la cúpula del partido a causa del Congreso de la formación que se celebraría a finales de ese mismo mes.

Las tribulaciones fueron creciendo a lo largo de esa semana hasta que, el 19 de enero, se confirmó que sería el hasta entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, quien ocuparía la secretaría general del PP, lo que provocó que fuese sustituido en el Ejecutivo por Manuel Pimentel, número dos del propio Arenas. Sin embargo, la opción que escogió finalmente Aznar era, para la prensa, poco previsible.

En este sentido, el diario El Mundo, el día 14 de enero –cinco antes de la designación de Arenas– señalaba como el mejor posicionado para el puesto al entonces coordinador general, Ángel Acebes, quien finalmente acabaría ocupando el puesto de ministro de Administraciones Públicas en sustitución de un Mariano Rajoy que pasaba a dirigir el Ministerio de Educación tras haber sonado también para secretario general del partido.

Abc estuvo más acertado en este sentido: si bien no se atrevió a pronosticar el nombre del nuevo secretario general, sí que aseguró el día 16 que "dado que el cambio en el partido parece ligado a la remodelación en el Gobierno, [...] se espera que un ministro con experiencia en la organización pase a la secretaría general y que Acebes sea nombrado ministro". El País, por su parte, acertó al informar dos días antes de que se hiciera oficial que Esperanza Aguirre saldría del Gobierno y pasaría a ser presidenta del Senado.

La gran remodelación de 2002

El 9 de julio de 2002, Aznar llevó a cabo el cambio más amplio de su Ejecutivo en ocho años de Presidencia. Y fue tan profundo como inesperado, ya que la remodelación –por la cual salieron seis ministros, entraron cinco nuevos y tres cambiaron de cartera– no fue anunciada en los días previos por ninguno de los principales diarios españoles. Tan sólo el diario El País, en su edición digital, reseñaba el día 8 una encuesta realizada por la Cadena Ser en la cual se reflejaba que más de la mitad de los ciudadanos veía necesarios cambios en el Gobierno.

En este sentido, el mismo rotativoafirmaba el día 10 que "la crisis de Gobierno ha sorprendido, incluso en las filas del PP y del propio Ejecutivo, porque las previsiones mayoritarias fijaban el reajuste para el otoño, en clave de ajuste gubernamental para dar la salida a los candidatos de las elecciones autonómicas y municipales de la primavera de 2003". Sorprende la falta de filtraciones o previsiones por la magnitud de la crisis de Gobierno, azuzada, entre otros asuntos, por el desgaste del Ejecutivo a causa de una discusión pública muy seguida en los medios de comunicación entre el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, con el antiguo responsable de este cargo, Francisco Álvarez-Cascos, a causa de los métodos del primero para seleccionar a los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales. 

La remodelación fue drástica: salieron del Gobierno Juan Carlos Aparicio (Trabajo), Anna Birulés (Ciencia y Tecnología), Juan José Lucas (Presidencia), Jesús Posada (Administraciones Públicas) y Celia Villalobos (Sanidad); mientras que fueron nombrados nuevos ministros Ana Palacio (Exteriores), Jose María Michavila (Justicia), Eduardo Zaplana (Trabajo), Javier Arenas (Administraciones Públicas) y Ana Pastor (Sanidad). Hubo, además, tres cambios de cartera: Josep Piqué pasó de Exteriores a Ciencia y Tecnología, Ángel Acebes dejó la cartera de Justicia para asumir la de Interior y el hasta entonces ministro de este ramo, Mariano Rajoy, volvió a Presidencia, cargo que había ocupado en 2000 y 2001.

La designación de Rajoy, desencadenante

La última remodelación del Ejecutivo de José María Aznar vino provocada por el nombramiento, en septiembre de 2003, de Mariano Rajoy como su sucesor al frente del PP y candidato a las elecciones generales de 2004. No obstante, a diferencia de la de 2002, esta crisis de Gobierno fue ampliamente cubierta por la prensa en los días previos.

El País ya apuntaba los posibles cambios en el Gobierno el día 1 de septiembre, dos antes de que finalmente estos se produjeran y al día siguiente de hacerse público que Rajoy era el elegido para suceder a Aznar. Bajo el títular "Aznar anunciará la crisis de Gobierno tras la votación de Rajoy como sucesor", el diario descartaba correctamente la vuelta de Jaime Mayor Oreja al Gobierno, y pronosticaba –sin tanto éxito– que Javier Arenas sería ascendido a Portavoz del Gobierno, un puesto que finalmente recaería en Eduardo Zaplana.

Al día siguiente, además, El País fallaba al estimar que el único vicepresidente que quedaría tras la remodelación sería Rodrigo Rato, ya que a la postre el propio Arenas fue nombrado vicepresidente segundo, una posibilidad que también bosquejaron erróneamente los diarios Abc y El Mundo. Este último especulaba además el día 1 con los posibles sustitutos de Piqué al frente de Ciencia y Tecnología: Mercedes de la Merced, José Folgado y Ana Mato, tres nombres a los cuales se uniría el mismo día 3 el de Pedro Morenés, pero que no incluían al finalmente designado ministro, Juan Costa.

La dimisión de Bono provoca la primera remodelación de Zapatero

La primera crisis de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se produjo en abril de 2006, dos años después de que el PSOE volviese a Moncloa. Su causa fue muy clara: la dimisión del hasta ese momento ministro de Defensa, José Bono, por "motivos personales", una renuncia que se rumoreaba desde hacía meses por sus discrepancias con algunas decisiones del Ejecutivo, especialmente en lo relativo al Estatuto de Cataluña. Además de Bono, salió Maria Jesús San Segundo (Educación), a la que sustituyó Mercedes Cabrera. José Antonio Alonso, por su parte, pasó de Interior a Defensa, y su vacante la cubrió Alfredo Pérez Rubalcaba.

No obstante, la prensa no vio ni la dimisión ni los cambios en el Gobierno. El diario El Mundo lo ilustraba en su edición del día 8 de abril –el inmediatamente posterior al anuncio– asegurando que "Zapatero ha resuelto su primera crisis de Gobierno por sorpresa como sus antecesores, con sigilo y en muy pocas horas", mientras El País destacaba que el presidente "sorprendió a todos con una reforma de notable alcance político que pocos conocían antes de que comenzase el Consejo de Ministros". Abc era más preciso en su número del mismo día al contar cómo Zapatero "resolvió la remodelación entre las diez de la noche del jueves [...] y las ocho de la mañana de ayer [por el día 7, cuando se anunciaron los cambios]".

El "cambio de ritmo" de 2009

Zapatero realizó su segunda remodelación en el Gobierno en su segunda legislatura como presidente –el primer cambio había supuesto la sustitución del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo por Francisco Caamaño– en abril de 2009, azuzado por la intensidad de una crisis económica que se mostraba ya en toda su magnitud. Esta crisis de Gobierno –que el propio presidente calificó de "cambio de ritmo"–, sin embargo, fue mucho más comentada que la de 2006, ya que en los días previos al anuncio oficial –que se produjo el 7 de abril– la prensa comenzó a informar sobre los posibles cambios.

El País ya informó de la remodelación un día antes de que se produjese. Y con bastante acierto: en un análisis bajo el titular "Zapatero prepara un cambio de Gobierno", el diario daba varias de las claves de los cambios que se producirían al día siguiente: acertaba, por ejemplo, al dar por hecha la salida del Ejecutivo del ministro de Economía, Pedro Solbes, y su sustitución por la entonces responsable de Administraciones Públicas, Elena Salgado. También Abc abría su portada del día 6 contando con precisión los cambios: la entrada de José Blanco en Fomento sustituyendo a Magdalena Álvarez, así como la salida de Solbes o la designación de Manuel Chaves como vicepresidente encargado de los asuntos territoriales.

No obstante, quien primero especuló con los cambios en el Consejo de Ministros fue el diario El Mundo, a través de la carta que su entonces director, Pedro J. Ramírez, publicó el día 4 de abril. En su texto, Ramírez contaba que Zapatero preparaba un "revival del felipismo", consistente en "nombrar a Alfredo Pérez Rubalcaba vicepresidente primero y a su protegida [de Zapatero] Elena Salgado, vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, con José Blanco como ministro de Fomento y José Enrique Serrano -jefe de gabinete de González- en alguna cartera de relieve". Ramírez acertó a medias, ya que la sustitución en la vicepresidencia de De la Vega se produciría año y medio después y Serrano no fue nombrado ministro.

En lo que ninguno de los grandes diarios reparó en los días previos fue en la profundidad del cambio, ya que, si bien Abc y El País hablaron el día 6 de los posibles relevos en ministerios como Cultura –dirigido entonces por César Antonio Molina–, no acertaron a la hora de pronosticar el cambio de responsable que se produciría al ser sustituido Molina por Ángeles González Sinde. Igualmente, la prensa tampoco habló en los días previos del cambio en el Ministerio de Sanidad, donde Bernat Soria dejó paso a Trinidad Jiménez, así como de la salida de Mercedes Cabrera de Educación para dejar su sillón a Ángel Gabilondo.

Zapatero cambió a medio Gobierno en 2010

El relevo en el Ministerio de Trabajo por la marcha de su titular, Celestino Corbacho, a la política autonómica de Cataluña estaba cantado desde hacía tiempo. Pero el 20 de octubre de 2010, Zapatero aprovechó –en contra de lo que había señalado en las semanas anteriores– para realizar una remodelación de arriba a abajo a su Gobierno que no preveían ninguno de los grandes diarios: hasta cinco ministros fueron sustituidos y dos ministerios (Vivienda e Igualdad) fueron degradados a secretarías de Estado.

El Mundo, que interpretaba que el cambio respondía a un enfoque político más que económico y que, con él, Zapatero buscaba mejorar las expectativas electorales del PSOE, informaba en su edición del día posterior al anuncio de que el presidente había cambiado su idea original de sustituir tan sólo a Corbacho "el domingo a última hora de la tarde", es decir, tres días antes de que la remodelación fuese oficial. No obstante, el rotativo señalaba en su edición del día 18 –correspondiente a ese lunes– que el presidente había reiterado su intención de realizar sólo un cambio en el Ejecutivo.

Pero la crisis de Gobierno supuso un verdadero relevo: entraron al Consejo de Ministros Ramón Jáuregui (Presidencia), Valeriano Gómez (Trabajo), Rosa Aguilar (Medio Ambiente) y Leire Pajín (Sanidad), mientras que entre las bajas se contaron la hasta ese día vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, así como Miguel Ángel Moratinos en Exteriores, Elena Espinosa en Medio Ambiente y el previsto Celestino Corbacho.

El Dilema (Planeta, 2013) de José Luis Rodríguez Zapatero contiene, al menos, tres registros de lectura. El primero y menos controvertido consiste en un examen exhaustivo de la crisis del euro, hecho por alguien que ha vivido dicha crisis en primera línea. Creo no exagerar si digo que desde este punto de vista el libro resulta de excepcional interés: no sólo revela muchos detalles hasta ahora desconocidos, sino que además proporciona un análisis técnico de gran nivel que sirve de complemento a los trabajos académicos y periodísticos que se han publicado hasta el momento. En este sentido, el libro será una referencia inexcusable en los estudios que se hagan en el futuro acerca de la crisis del euro.

El segundo registro tiene que ver con el significado de la decisión en política. No en vano el libro se titula El Dilema: Zapatero tuvo que tomar decisiones de largo alcance en tiempo real, sin apenas margen para la reflexión y con el país al borde del rescate. La lectura llega a producir agobio: los mercados atacando la deuda soberana española, las presiones de Alemania, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Central Europeo (BCE), las críticas internas en España, la falta de colaboración de Mariano Rajoy ante el ajuste de mayo de 2010, la reacción de decepción entre la base electoral del PSOE… En fin, una especie de tormenta política perfecta que el autor describe con detalle y que invita a revisar muchas de las críticas que se han vertido sobre su gestión económica, las cuales parecen situarse en un plano pre-político por no hacerse cargo de la situación en la que se encontraba el Gobierno en aquellos momentos; son críticas que no explican qué otra cosa podía haberse hecho dadas las limitaciones y presiones con las que el presidente tuvo que actuar.

Acaso la mejor muestra de esa aproximación pre-política al problema sea la tesis, defendida sobre todo entre la izquierda, según la cual Zapatero debería haber dimitido antes que dar el giro hacia la austeridad en mayo de 2010. Pero como él mismo explica al principio del libro (pp. 13-14), un político no puede abandonar por el hecho de que las circunstancias se vuelvan difíciles o antipáticas. El liderazgo político se demuestra precisamente cuando todo se tuerce.

El tercer registro, que es el que en mayor medida se presta a la polémica, se refiere a la defensa y justificación que Zapatero hace de las decisiones económicas que tomó durante la crisis, con gran abundancia de datos económicos que el autor aporta para hacer ver al lector que hizo lo correcto dadas las limitaciones con las que se encontró. Voy a centrar mis comentarios en este último aspecto.

2. El ajuste de mayo de 2010

La crisis de la deuda se inicia con las revelaciones sobre el déficit oculto de Grecia en el otoño de 2009. Hasta ese momento, la visión dominante en el G-20 era que para salir de la recesión había que poner en marcha programas de estímulo de la demanda, dejando de lado las preocupaciones ortodoxas sobre el equilibrio fiscal. Aunque Zapatero admite que fue un error por su parte negar o minimizar el alcance de la crisis, demuestra en el libro que no se quedó de brazos cruzados: España fue uno de los países que durante 2008 y 2009 puso en marcha políticas expansivas de mayor alcance y ambición. Hoy sabemos, además, que tuvo que hacerlo a pesar de la resistencia del entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, quien no creía en la efectividad de estas medidas (Recuerdos. 40 años de servicio público, Deusto, 2013, cap . 9).

Todo cambió en la primavera de 2010. El autor lo expresa de forma muy sintética con esta frase: “Hasta mayo de 2010 combatí la crisis económica; a partir de entonces me defendí de la crisis de la deuda” (p. 91). Ante el deterioro de la situación en Grecia, los Estados europeos comenzaron a debatir un plan de rescate de ese país y se propuso la creación de un cortafuegos financiero por valor de 750.000 millones de euros para frenar los ataques a la deuda de los países periféricos. Alemania acabó dando su consentimiento, pero con la condición de imponer un plan de austeridad a los países más endeudados con el exterior, entre los que estaba España.

Objetivamente, la situación de la deuda pública española no era preocupante en aquel momento. Así lo reconoce Zapatero, subrayando que España dedicaba tan sólo el 2% del PIB al pago de su deuda (menos que la mayoría de países europeos) y que la prima de riesgo estaba en torno a los 100 puntos. No había, pues, razones económicas urgentes para asumir un ajuste del 1,5% del PIB: si se hizo fue para desbloquear la oposición de Alemania al rescate griego y al fondo de estabilización. El Gobierno español pensó que actuando así conseguiría evitar el contagio de Grecia, aunque, como luego comprobamos, no funcionó. Estábamos en los prolegómenos de la crisis de la deuda.

En cuanto al contenido del ajuste, por valor de 15.000 millones, Zapatero insiste en el libro en que no se tocaron los pilares básicos del Estado de bienestar: sanidad, educación y pensiones. Se congelaron las pensiones (aunque quedaron exentas las más bajas), se eliminó el cheque bebé, y se recortó la inversión pública, los salarios de los funcionarios y la ayuda al desarrollo. Apelando a estos datos, el expresidente se defiende de la acusación de traicionar los ideales socialdemócratas: diseñó el ajuste tratando de minimizar el coste social. No obstante, si Zapatero hubiera permanecido más tiempo en el poder, no habría tenido margen para no recortar el gasto social. La política de austeridad, que coloca la reducción del déficit como máxima prioridad, conduce inevitablemente a dicho recorte. De ahí que Solbes dijera recientemente en una entrevista que “el PP ha continuado, ampliado y profundizado en una necesaria política de ajuste, la política que ya inició el Gobierno de Zapatero a partir de mayo de 2010” (El País Semanal, 17/11/2013).

Zapatero apenas entra en la composición interna del ajuste (muy escorado hacia el recorte del gasto frente al aumento de ingresos). A este asunto le dedica solamente 8 líneas en la p. 47. Es especialmente extraño que el ajuste se concentrara en el gasto cuando el aumento del déficit público se debió sobre todo a la caída de los ingresos, que cayeron seis puntos de PIB entre 2007 y 2009 (el principal agujero estuvo en el impuesto de sociedades). En ningún otro país de la UE ha ocurrido algo similar.

La principal línea de defensa de los recortes que adopta el expresidente en el libro (“no recortamos el Estado de bienestar”) es un buen ejemplo del problema que tiene la socialdemocracia en Europa: defiende el statu quo, las conquistas realizadas, pero no trata de corregir las injusticias y los privilegios que han quedado al descubierto durante la crisisstatu quo. Zapatero, por ejemplo, nunca hace referencia al drama de los desahucios, ni, más en general, a la asimetría en el reparto de los sacrificios, muy concentrados en los hogares con menores recursos. Tampoco explica, por ejemplo, por qué no se tomaron medidas extraordinarias contra el fraude fiscal (España es, junto con Italia, el país de Europa occidental con menos inspectores fiscales).

Argumentar, pues, que no se tocó la educación y la sanidad en el primer ajuste de la crisis no parece suficiente para calmar el desasosiego de los ciudadanos progresistas. El Gobierno, ciertamente, protegió todo lo que pudo a los parados (de nuevo, una política tradicional, parte del statu quo), pero no ayudó a las familias desahuciadas, no tomó medidas para corregir el fuerte impacto de la crisis sobre los jóvenes y no modificó apenas el statu quo fiscalstatu quo , principal causante del enorme agujero de las cuentas públicas españolas.

3. La contradicción de la crisis del euro y la reforma constitucional

En mi opinión, hay una contradicción larvada en el libro. Por un lado, Zapatero disecciona de forma profunda y a la vez pedagógica el funcionamiento (defectuoso) de la unión monetaria, mostrando con claridad que España estaba a merced de lo que decidiera el BCE. Con su talante habitual, es extremadamente respetuoso con las decisiones de Merkel, Barroso y Trichet, aunque el texto trasluce en varias ocasiones la decepción que esas decisiones le causaron y el enorme coste que tuvieron para nuestro país. Queda claro, en cualquier caso, que la evolución de la prima de riesgo dependía en mayor medida del BCE que de las políticas nacionales del Gobierno español.

Por ejemplo, en Gran Bretaña, con unos datos de deuda y déficit parecidos a los de España, la prima de riesgo no subió porque el Estado contaba con un Tesoro propio dispuesto a apoyar la deuda pública cuanto hiciera falta. En el área euro, sin embargo, el BCE no quiso cortar de raíz los ataques a las deudas periféricas hasta el verano de 2012, cuando parecía que el sistema iba a colapsar: entonces Draghi pronunció las “palabras mágicas” (“El BCE hará todo lo necesario para sostener el euro. Y, créanme, eso será suficiente”) y a partir de ese momento las primas de riesgo de Grecia, Portugal, España e Italia comenzaron a bajar. Si el BCE no quiso resolver antes el problema fue porque quería forzar a estos países a realizar los ajustes y reformas que Alemania exigía.

La mejor prueba de que las políticas nacionales sirvieron de poco es que las primas de riesgo de España e Italia evolucionaron prácticamente al unísono. La comparación con el caso italiano debería bastar para poner en cuestión la tesis de que las reformas que se adoptaron eran necesarias para afianzar la solvencia de España: en Italia se hicieron las cosas de otra manera y los resultados fueron muy parecidos.

Zapatero admite que había un problema “sistémico” en el área euro que no podía resolverse únicamente mediante reformas nacionales y que requería una actuación decidida del BCE, así como la solidaridad de los países acreedores, con Alemania a la cabeza. Pero, al mismo tiempo que reconoce esto, considera que las políticas del final de su mandato fueron acertadas. Tras los recortes de mayo de 2010, vinieron la reforma de las pensiones, la reforma del mercado de trabajo, la reforma financiera y, ya en el verano de 2011, la reforma constitucional. Zapatero las defiende con convicción en el libro. Pero ninguna de esas reformas sirvió para frenar el ascenso de la prima de riesgo, por las razones “sistémicas” que él mismo expone.

Parece haber aquí una contradicción, ya que todas aquellas reformas se aprobaron para generar confianza en la solvencia de España, pero lo único que tranquilizaba a los inversores era lo que hacía el BCE. Desde luego, esa contradicción no era tan fácil de percibir en su momento como lo es ahora.

Quizá el resultado más contradictorio de todos sea el de la reforma constitucional, que fue una decisión autónoma y personal de Zapatero (no figuraba en la famosa carta firmada por Trichet y Miguel Ángel Fernández Ordóñez). La enmienda sanciona el principio de estabilidad presupuestaria, según el cual el déficit estructural tiene que ser (prácticamente) cero. Además, establece la prevalencia de los acreedores sobre los deudores (el pago de la deuda gozará de “prioridad absoluta”, no pudiéndose modificar las obligaciones adquiridas por el Estado). El Pacto Fiscal alcanzado unos meses después, en diciembre de 2011, exige que los Estados del área euro asuman la regla de oro, pero no obliga a que dicha regla se blinde constitucionalmente.

La principal razón que aduce Zapatero para incluir la regla de oro fiscal en la Constitución es que, ante los ataques a la deuda y el riesgo de intervención, había que mandar una señal contundente sobre el compromiso de España con la estabilidad presupuestaria. Con ese propósito, la reforma ata las manos de los Gobiernos futuros (con lo que eso supone de pérdida de soberanía democrática), cegando por ejemplo la posibilidad de que España pueda restructurar su deuda, algo que solo favorece a los acreedores y que no responde a ningún fundamento económico.

La reforma no sirvió para resolver el problema de la solvencia del país, como se puso de manifiesto en el aumento prima de riesgo a las pocas semanas de aprobada la enmienda constitucional. Por otro lado, Italia sufrió en esos meses igual que España, pero no introdujo en su constitución la regla de oro, sin que ello precipitara el rescate. A mi juicio, Zapatero, tuvo, en esta ocasión, un exceso de celo fiscal.

4. Europeísmo incondicional

Un lector imparcial del libro sacará una impresión más bien negativa del funcionamiento de la UE: no hay suficiente cooperación entre los países, la Comisión se ha puesto de parte de las políticas de austeridad y el BCE se ha resistido a atajar los ataques contra la deuda soberana de los países periféricos. Como consecuencia de todo ello, estos países se han visto obligados a realizar costosísimos sacrificios económicos que han retrasado enormemente la salida de la crisis.

En el libro, no obstante, parece haber una desconexión entre el análisis de la crisis del euro y las conclusiones que saca Zapatero, que son un apoyo absoluto e incondicional al euro y al proyecto de integración europea. Hay unas palabras en el epílogo que reflejan muy bien esta desconexión:

"La UE y el euro son proyectos irrenunciablesLa UE y el euro son proyectos irrenunciables, y más aún en la era de la globalización. La fuerza de los valores que inspiran la unidad europea es superior a cualquier circunstancia, por muy adversa que esta sea (p. 377)". Este tipo de afirmaciones categóricas son propias de sistemas ideológicos cerrados. Apostar por un ideal político al margen de sus consecuencias para la sociedad es un dogma. Aunque el texto que acabo de reproducir pueda parecer un tanto extremo, creo que es revelador no solo de las creencias de Zapatero, sino también de las élites económicas y políticas españolas, que están cada vez más distanciadas de la sociedad en su defensa inquebrantable de la UE.

La crisis del euro nos ha dejado un país más pobre, más desigual y más injusto. España, en estos momentos, encabeza el ranking europeo de desigualdad y de paro. ¿Cuál es el nivel de sufrimiento de España que nos obligaría a replantearos nuestros compromisos con la unión monetaria? Suponer, como hace Zapatero, que no hay límite, que por muy adversas que sean las circunstancias hay que seguir apostando por el proyecto del euro, resulta, a mi juicio temerario. Si, dado el conflicto de intereses entre países acreedores y deudores en la UE, no se avanza en la integración política que los países periféricos reclaman, ¿Qué debemos hacer? ¿Continuar esperando indefinidamente a que la UE cambie al margen del coste social que ello supone para el país?

La gran pregunta de la crisis del euro es por qué los países que han sufrido la sinrazón de la austeridad no se han unido y han plantado cara a los centros de poder europeos. Quizá parte de la respuesta tenga que ver con el europeísmo incondicional de las élites políticas del sur de Europa.

Al día siguiente de las elecciones de marzo de 2004, sin esperar a que José Luis Rodríguez Zapatero asumiera su cargo, el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, desató una ofensiva para deponer al CEO de Repsol YPF: “Si no dejáis cambiar a Cortina, sabiendo que nosotros los accionistas queremos, estáis siendo intervencionistas”. Zapatero dedujo que el plan tenía el visto bueno de Argentina. No era prudente forcejear con Néstor Kirchner. Meses después, el 27 de octubre, Antonio Brufau recibió el mando de la petrolera, despidiéndose de La Caixa con una pensión de 22,5 millones de euros. Alfonso Cortina cruzó el puente de plata hasta la dirección de Inmobiliaria Colonial, una rama del banco catalán.

En sus Recuerdos (2013), Pedro Solbes, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda entre abril de 2004 y abril de 2009, recapitula los hechos: “La operación suscitó de inmediato todo tipo de especulaciones. En parte, impulsadas desde el nacionalismo catalán, que no ocultó su entusiasmo ante lo que calificaba como 'puñetazo en la mesa' de La Caixa, que catapultaba a un empresario catalán, Antonio Brufau, a la cúspide de una de las grandes multinacionales españolas, y así a gravitar el poder empresarial un poco más hacia Cataluña”. Y añade que la maniobra “contaba claramente con el aliento del mundo político catalán… empeñado en ganar relevancia en el ámbito empresarial para reequilibrar a favor de Cataluña, lo que, desde la óptica nacionalista, se consideraba el centralismo económico imperante”.

Los canales de comunicación entre Fainé y Argentina se afinaron con la venida del embajador Carlos Bettini, en agosto de 2004. El diplomático, que no lo había sido antes en ningún otro país, era una de las personas que hablaba al oído de Néstor Kirchner. Un analista afirma que, “frente a la complejidad de Argentina, el grupo de Fainé y Brufau abusó de su catalanidad como declaración de intenciones”. Desde este punto de vista, “renunciaron a su soberanía moral, porque los problemas con su antecesor debían de resolverse en casa, en Madrid o en Catalunya, no delante de Kirchner”. El presidente argentino, un animal político antediluviano, caló a sus nuevos socios. Supo desde ese momento que se representaban a sí mismos; cumplían el código peronista: la palabra “pacto” está en la letra A de su diccionario. Al poco tiempo, Brufau no dudó en renunciar a su perfil catalán, adaptándose al estereotipo argentino que ve un gallego en cualquier español. Antoni se convirtió en “don Antonio”.

Néstor Kirchner y su esposa apoyaron a Carlos Menem para privatizar YPF a comienzos de los noventa. Más que por ideología —maldecida en el discurso, avalada en la práctica—, el gobernador y la senadora de Santa Cruz lo secundaron porque Menem fue hábil ahorrándose obstáculos: prometió un desembolso millonario a las provincias que tuvieran petróleo. ¿El concepto? Pago de regalías atrasadas. Kirchner declaró en mayo de 2002 que obtuvo 527 millones de dólares entre bonos y efectivo. “Prefiero preservarlos hasta que se aclare esta tremenda crisis nacional”, dijo, y la suma entró en una zona gris. Se sabe que ese dinero jamás fue “pesificado”, que fue a parar a Suiza y a Luxemburgo, y que fue repatriado a Argentina en cantidades imprecisas hasta 2008. La justicia archivó el caso. Brufau sabía que Kirchner vendió a Alfonso Cortina, en 1999, el 5% de las acciones de Santa Cruz en Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Los Kirchner están ligados al fiasco de Repsol-YPF desde el comienzo.

La época que va de finales de 2004 hasta el invierno austral de 2007 es irresponsablemente apacible para Antonio Brufau. Una semana al mes, atravesaba el Atlántico en —la para él fatigosa y denigrante— clase business, visitaba sus posesiones y se dedicaba a hacer vida social en los círculos de poder. Casi siempre lo acompañaba Roser Penella, su esposa. Compró un piso enorme en La Recoleta, en la avenida más afrancesada de Buenos Aires. Gracias a una agresiva y dispendiosa estrategia de marketing, era aclamado por la prensa; el establishment lo trataba como uno de los suyos. Encarnaba una especie de diplomacia alternativa a la oficial en territorio argentino. Miraba sobre el hombro a embajadores y cónsules españoles, y no se dignaba a mezclarse con los pequeños empresarios emigrados de la Península. (Como si se tratase de una revancha involuntaria del gremio, el día de la expropiación de YPF, el embajador español Román Oyarzun, se encontraba de vacaciones en Nueva York).

Por el peso de YPF en la cuenta de resultados de Repsol, Brufau fijó en Buenos Aires la capital de su patrimonio latinoamericano. Se fiaba más de un político propenso al regateo, como Néstor Kirchner, que de un ex militar impredecible como Hugo Chávez. En Bolivia, donde también goza de recursos energéticos, se acentuaban la ingobernabilidad y la crisis económica. Antes de renunciar en junio de 2005, como su predecesor Gonzalo Sánchez de Lozada, el presidente Carlos Mesa convocó  un referéndum que, al cabo de varios muertos, se pronunció a favor de que el Estado recuperara la propiedad del gas. Una reivindicación popular en la que Caracas iba a aplicarse mediante la Ley de Hidrocarburos de 2001. A lo largo de la década, la Revolución bolivariana obligó a las corporaciones extranjeras a crear sociedades con la participación de Petróleos de Venezuela S.A.

El pacto Kirchner-Brufau-Eskenazi

Antonio Brufau celebró su primer aniversario en Repsol-YPF acumulando querellas. Varios inversionistas lo acusaron de haber mentido acerca de sus reservas bolivianas y venezolanas para “inflar artificialmente” el valor de las acciones, que bajaron en la bolsa un 7,6%. La reducción de su almacenaje fue del 25%, un perjuicio traducible en 1.254 millones de barriles menos. En ese contexto político, Argentina era el elemento que oxigenaba la maquinaria industrial de Brufau y, de paso, confería la influencia de Néstor Kirchner sobre sus pares latinoamericanos. Según recuerda un ex funcionario español, “los Kirchner y Brufau estaban a partir un piñón”. Al idilio no lo interrumpía ninguna nube gris o pájaro de mal agüero. Brufau defendía la línea política argentina. De regreso a Madrid se comportaba como su segundo embajador, un “hombre K” en misión permanente. Ante los mercados, en calidad de CEO de una multinacional asentada en treinta y tres países, intercedió como su “gran valedor”. La Casa Rosada lo agradecía dándole alas. Por ahora, bajaba la cabeza ante las salvajemente asimétricas columnas de dividendos y de inversiones.

Así fue perdiendo la perspectiva. Brufau dejó de pisar la tierra y se elevó por encima de España, de la compañía y de los accionistas que pagaban su salario de potentado. En el límite de su vanidad supuso que le estaba ganando la mano de póquer a Kirchner, un tahúr invicto. Como no había nada más productivo que hacer, Brufau lanzó su segunda OPA; esta vez contra Endesa, en septiembre de 2005, y también fracasó. Fuera del Upstream petrolero, que debería de ser su prioridad, “Brufau estaba tan enfermizamente obsesionado buscando enemigos en España —recuerda el ex funcionario—, que no se esperó el golpe de Argentina”.

El directivo, al que Josep Vilarasau calificó de “fuera de serie", supo lidiar con los impuestos a las exportaciones, y con las “retenciones móviles” si el barril de petróleo superaba los 35 dólares. No lo perturbó la congelación de precios, su descenso o subida según lo apremiara el Gobierno. Brufau consintió la intromisión de Kirchner porque era consciente de que Repsol-YPF se movía por lo vendido en Argentina y por lo exportado desde allá. Diariamente extraían 1,2 millones de barriles. Con esas mismas reglas de juego, inconstantes y perniciosas, Alfonso Cortina multiplicó por tres los beneficios de la compañía y por cinco sus ingresos totales.

El vuelco que inquietó a Brufau fue la jugada maestra de Néstor Kirchner: teniendo derecho a un segundo mandato, y bastante gancho electoral para repetir, “abdicó” a favor de su esposa. Kirchner sabía que si optaba a la reelección inmediata acabaría peor que Menem. “El primer día de mi segunda presidencia tendré menos poder que el último día de la primera”, solía repetir a sus amigos. En consecuencia, Kirchner I delineó una intercalación de períodos con su alter ego y pareja. El plan era tan sagaz que su sucesora transmitía una mezcla de renovación y continuidad; lo mejor: Kirchner II podría renacer socialmente como una Evita. Así que los años que Antonio Brufau permaneciera al frente de Repsol-YPF, no iba a relacionarse con otro poder que no fuera el matrimonio Kirchner.

El 28 de octubre de 2007 se cumplieron los pronósticos. Como su cónyuge arrasó en las urnas, correspondía alejarse de los reflectores. En la sombra, Néstor Kirchner avanzó algunos movimientos en su ajedrez particular. Uno de esos ataques estaba dedicado a Repsol-YPF. Con el arma de la inversión escasa, tenía un negocio que ofrecer a los españoles: concederle el 25% de YPF a un socio argentino. O eso o nacionalizaba. Cierta cláusula no escrita obligó al vendedor a prestarle al comprador la cantidad necesaria para hacerse con las acciones. Este patrocinio —1.269 millones de euros— es el núcleo de una transacción insólita, que incluía una serie de ventajas contractuales.

Con esas prerrogativas, los Eskenazi entraron por la puerta grande, a pesar de que jamás se habían dedicado a la industria del petróleo, ni siquiera en sueños. “Antonio Brufau aceptó —indica una fuente del mercado bursátil argentino—, pero exigió a cambio flujo de caja. Demandó una rentabilidad descomunal para que Enrique Eskenazi y su familia pudieran pagar el préstamo”. Acordaron repartir el 90% de los beneficios anuales. Parados sobre dos centímetros de cristal se echaron sobre los hombros una tonelada de dinero. “No hay empresa, pequeña, mediana o grande, que pueda soportar tal régimen de expolio”, sostiene ese buen conocedor de la operación. El pacto, como dictado por Fausto, traicionó las urgentes y costosas tareas de exploración. “Aquel dineroducto —ironiza la misma fuente— fue la debacle de Respol-YPF y, a la larga, la sentencia de muerte de Brufau”dineroducto.

El banquero de los Kirchner

El socio argentino bendecido por Néstor Kirchner era el ingeniero químico Enrique Eskenazi, nacido en 1925. Antes de su salto a la construcción y a la banca, fue ejecutivo en la emblemática Bunge & Born. A finales de los setenta, su amigo Carlos Alberto Petersen, dueño de Petersen, Thiele & Cruz, tiró la toalla ahogado por las deudas. Eskenazi accedió a reflotar la constructora y se la quedó en 1980. Estableció contactos políticos, lo que puso a su alcance el mundillo de las licitaciones. En 1996, con el favor de Carlos Menem, adquirió el Banco de San Juan. Ese año conoció a Néstor Kirchner, entonces gobernador en Santa Cruz. Gracias a su amistad, compró el banco de esa provincia. El progreso de Eskenazi no registró otro pico hasta que Kirchner ganó la presidencia. En septiembre de 2003, el Grupo Petersen se amplió con el Banco de Santa Fe. Dos años después, fue el turno del Banco de Entre Ríos.

Con Enrique Eskenazi como presidente del Banco de Santa Cruz, la escurridiza cantidad que Néstor Kirchner recibió por las regalías petroleras, dejó de ser una cuenta personal constituyendo un fideicomiso administrado por la entidad santacruceña. Tapadera de la que procede el membrete “banquero de los Kirchner”. ¿Ignoraba estos vínculos Antonio Brufau? ¿O por eso convino que el Grupo Petersen era el colaborador perfecto para seguir rentabilizando YPF?. “A alguien como Brufau —responde un empresario— no se lleva hasta allí si no quiere”.

Enrique Eskenazi prometió supeditar a Antonio Brufau al perfil nestoriano. La misma gente que nunca dejó de susurrarle a Kirchner que Repsol estaba sobreexplotando los yacimientos, y que su ejecutivo estrella era un incompetente que no echaba músculo a la exploración, se sorprendió con el socio elegido. Los ilusos que añoraban el esplendor nacionalista de YPF se quedaron helados. En un negocio donde se juegan miles de millones de dólares al día, nadie entendió que el presidente trajera a un octogenario, lego en hidrocarburos, para reestructurar una petrolera grande y deteriorada. ¿No sabía Kirchner que los Eskenazi eran los últimos de la cola en los que confiar el futuro energético del país? El asombro revirtió en horror cuando el apalancamiento y la apropiación del 90% de las ganancias recalaron en la prensa. ¿Es que Kirchner era un ingenuo? Lo expresa un destacado abogado porteño: “Kirchner sabía lo que hacía: jamás iba a poner en peligro su patrimonio”.

Con la toma de posesión de Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de diciembre de 2007, Antonio Brufau tuvo dos amos a los que obedecer: la presidenta y su marido, el auténtico poder tras el trono. Ese tango no lo iba a saber bailar. Fernández se estrenó con un problema de protagonismo. Para aquellos que necesitaban favores, o no caer en desgracia, valía más el silencio del ex presidente que una palabra de la presidenta. Gente como Enrique y Sebastián Eskenazi, o como Antonio Brufau, menospreciaban la autoridad de Cristina Fernández. Tenían en cuenta sus palabras con obediencia fingida. “No se lo digás a mi mujer”, pedía Kirchner, después de dar instrucciones en asuntos sensibles para Argentina. La presidenta empezó a hartarse de que el petróleo fuera cuestión masculina.

Cuando los Eskenazi empezaron a defraudarlo, Néstor Kirchner presionó a través de la burocracia estatal y asignó tareas de agitación a las juventudes de 'La Cámpora', un grupo de choque fundado y liderado por el primogénito —Máximo— para la propaganda de sus padres. Esta es la definición que da un periodista argentino: “Son una agencia de empleo: han llenado el Gobierno de amigos y de parientes. Pontifican sobre política y economía alrededor de un mate. Pero ojo: están organizados y hacen mucho, mucho ruido”. Las ideas fijas con las que Kirchner los movilizó son llanas, verídicas: "Repsol no produce, no invierte; está llevándose nuestra plata". El otro blanco era la desidia traidora de la familia Eskenazi. Específicamente Sebastián, al que repelían por yuppie. La Cámpora cinceló esa revancha peronista, y la dramatizó todavía más con la muerte del ex presidente en 2010. De ahí vienen los carteles —“¿Dónde está la producción?”— que aparecieron sistemáticamente en las provincias petrolíferas entre 2011 y 2013.

Según cuenta Luis Majul en El dueño (2009), un libro que repasa los negocios de Néstor Kirchner, éste llamó a Sebastián Eskenazi, nuevo CEO de YPF, pocos días después de la navidad de 2007. “Ahora preparate, porque si no empiezan a invertir, los vamos a hacer mierda”. Dicho y hecho. La falta de inversión era un mantra kirchneriano. Se lo dijo a Brufau en Buenos Aires y en Madrid; se lo repitió a José Luis Rodríguez Zapatero en Viena, en mayo de 2006, y lo refrendó delante de su esposa Cristina en Quinta de Olivos, en noviembre de 2007: “Quiero que Repsol se involucre más, que explore, que invierta. Esto no puede seguir así”.

El giro de los acontecimientos no impidió que Brufau inaugurara la nueva sede de Repsol-YPF a finales de 2008. Una torre de 160 metros de hermoso y brillante acero. 134 millones y, de improviso, su despacho en el piso 32 no sería el único en su especie: compartiría las alturas con Sebastián Eskenazi, un advenedizo. Brufau lo tomó con filosofía financiera y vio en el edificio un homenaje a sus seis décadas de vida. Kirchner vio otra cosa: en la cúspide de la construcción, las letras de Repsol se recostaban, hirientes y perezosas, sobre las de YPF.

Brufau explica el pacto

El rostro de Antonio Brufau es el que tienen los prelados que van a recibir el título de cardenal. La calvicie ha indefinido una cabeza algo combada, pulida por las manchas de sol y por los flashes, de los que es veterano. El pelo, que crece sólo en los lados, refuerza su disfraz de clérigo acostumbrado a los inciensos y a que le besen la mano. La nariz aguileña, caída, como un instrumento falible para oler el petróleo. Usa gafas, o ya no. El poder lo ve todo. Su apariencia la enfatiza un tic: mientras habla, la mano izquierda se eleva y se retuerce como una garra.

Con esa actitud altiva y una voz sofocada, Brufau explicó a sus accionistas lo inexplicable. Lo narra un testigo: “Dijo que había una presión potente y que la única manera de mantenerse en Argentina era dejar entrar a una familia recomendada por el Gobierno. Iban a servir como 'abrepuertas' político”. Al Consejo de Administración lo sedujo el razonamiento y el plazo: “Si una cosa conviene, entre tener el 100% y nada, es preferible quedarse con el 75%. Brufau nos aseguró —sigue contando el testigo— que el pacto sólo iba a durar un año, y que estaba garantizado que el Estado no iba a intervenir o nacionalizar YPF”.

Los Eskenazi eran el precio de la paz con los Kirchner.

Dentro de lo grave hubo algo todavía peor: “Jamás se habló de traspasarles el control técnico de la empresa”. La capacidad de los Eskenazi era la adecuada para una red de bancos provincianos; por tanto, no se esperaba que hicieran el trabajo por el que pagan a Antonio Brufau. De la noche a la mañana, los denominados expertos “en mercados regulares” no sólo absorbían su parte del 90% de las utilidades de YPF, sino que dirigían la petrolera. Como gondoleros gobernando un portaviones.

Brufau dejó que YPF fuera un botín para nepotes. Estos eran los cargos que ocupaban los Eskenazi: Sebastián, vicepresidente ejecutivo y CEO; Enrique, vicepresidente; Matías, director adjunto; y Ezequiel, vicepresidente de la Fundación YPF. Del clan, faltaron únicamente Esteban, que no les habla, y Valeria, que vive a su aire. Hasta el abogado de la familia, Mauro Dacomo, fue nombrado director general de Asuntos Legales de YPF. “No es posible conducir un camión con dos volantes”, le dijo el patriarca Eskenazi a Brufau, y éste, dócil, se hizo a un lado, precipitando el desprestigio de la empresa y el pavoroso déficit operativo.

Continúa una fuente económica argentina: “Este abandono español en los mandos de YPF se exacerba con el relevo de Antonio Gomis Sáenz, que fue director general de Operaciones de YPF hasta 2010, cuando Brufau le da su cargo a los Eskenazi. Gomis Sáenz pasa a ser el 'director de España en Argentina', pero no ocupa más que un 'puesto florero'. En la jerarquía sólo se mantuvo otro español: Tomás García Blanco, director general de Exploración y Producción, desde 2009, porque Brufau quería que alguien cuidara el grifo”.

En diciembre de 2007, con la firma de un acuerdo de intenciones, Petersen Energía obligaba a Repsol-YPF a formalizar, en los siguientes dos meses, un contrato de compraventa para la adquisición del 14,9% de su capital. Librándose de la OPA de rigor, los Eskenazi pagaron 2.235 millones de dólares. Para ajustar metieron la mano en el bolsillo del comprador: Repsol-YPF les concedió un préstamo de 785 millones de euros. “Mirá si habrá sido contra natura ese acuerdo —señala un economista argentino— que los Eskenazi, con la primera participación del 14,9%, manejan todo”.

En febrero de 2008, Repsol y Petersen Energía, suscribieron otros dos acuerdos adicionales, por los que, dentro de un periodo máximo de cuatro años, Petersen Energía podía comprar las participaciones restantes del 0,1% y del 10% de YPF. Nueve meses después, los Eskenazi ejercieron la primera de las opciones de compra por el 0,1% a un costo de 13 millones de dólares. La segunda se llevó a cabo en mayo de 2011, con la adquisición de 39.331.279 acciones, que equivalían al 10%. El precio de venta fue de 1.302 millones de dólares, una cantidad cubierta en parte por un segundo préstamo de Repsol-YPF, que transfirió a su comprador 484 millones de euros.

Antonio Brufau, presidente de Repsol, en el despacho del entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, el 13 de diciembre de 2005 | EFE

A la par que suministraba liquidez, el pacto exigía a Brufau servir de fiador ante los bancos. En junio de 2008, el Banco Santander otorgó un crédito de 198 millones de dólares a Petersen Inversora. Curiosamente, las sociedades anónimas que el Grupo Petersen involucró en estas operaciones tenían sede en Madrid y formaban parte de un conglomerado australiano.

Es verdad que el mecanismo de compra utilizado está inscrito en la práctica comercial. Se llama Vendor's Loan o “préstamo del vendedor”, y ha sido mencionado varias veces por los beneficiarios del pacto. El problema que deslegitima la invocación de esta fórmula radica en la marca política del acuerdo, en la magnitud de la suma y en el tipo de industria en el que se aplicó. Si bien un vendedor puede prestar dinero al comprador para que consiga un producto o una propiedad suya, con o sin intereses, incluso regalándoselo, es completamente sui generis que ocurra en un campo donde deben predominar los intereses nacionales.sui generis Por ese motivo, la connivencia y la simulación son los rasgos que sellan la financiación del Grupo Petersen por parte de Repsol-YPF.

“Kirchner nos presionó para que tengamos a alguien suyo en YPF. Era necesario hacerlo, porque de lo contrario nos expropian”. Son las palabras de Brufau que resuenan en los oídos de nuestro testigo. “Dijo que Enrique Eskenazi era amigo”. Con tono de broma, pero muy en serio, los mexicanos y los constructores le recomendaron: “Pues pon 4 ó 5 amigos más, Antonio, porque en Argentina éste es amigo hoy, pero mañana seguro se pelean”. La sugerencia acabó siendo profética: en la escala de cariños, que es paralela a los negocios, Eskenazi e hijos acabaron reemplazados por Cristóbal López, otro empresario K. “El kirchnerismo es un elemento básicamente inestable —escribió Martín Caparrós—: se prende fuego fácil al contacto con el agua o el aire. La lista de sus enemigos es, caso por caso, la lista de sus ex aliados”.

Un CEO que vende perros y compra gatos

A pesar del traspié mayúsculo, el CEO de Repsol-YPF estaba satisfecho, como si los Eskenazi hubieran salido de la sala de máquinas de ExxonMobile; o como si la fortuna que les confió fuera a centuplicarse en un abrir y cerrar de ojos. Para Brufau, es ley del mercado venderle-prestando-al comprador. No será la última vez que haga un lance anómalo como presidente de Repsol. Veamos cómo ilustra un empresario español lo que podríamos designar el “estilo de negocios Brufau”: “Es el hombre que logra vender a su perro por 2 millones de euros, y cuando le preguntas qué hizo con tanto dinero, te contesta, muy orgulloso: 'Pues comprarme una ganga, un gato de 2 millones de euros'. Ese es Brufau”. Entregue perro o gato, Antonio Brufau cuenta con el apoyo total de su Consejo de Administración. Ha sabido sentarse al mismo tiempo en la silla del presidente ejecutivo, en la silla del presidente de la Comisión Delegada y en la silla del presidente de la Fundación Repsol. Este poder le da margen para ser arrogante, equivocarse y mecerse entre los aplausos. Es tan bueno que la compañía le compró en 2009 un jet privado Gulfstream G5. Los magníficos negocios que cierra Brufau valen esos 40 millones de euros.

Fuera de los consejeros dominicales que representan a CaixaBank, Pemex, Sacyr y Temasek, estas son las personas responsables de refrendar las decisiones de Brufau. (Por supuesto, escogidas y promovidas por él):

2 consejeros del PSOE:

Paulina Beato, con 264.891 euros anuales, ex consejera de Mario Conde en Banesto y esposa de Julio Viñuela, presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama —Certasa—, entre 2004 y 2012, gracias a su íntimo amigo Pedro Solbes; y Luis Carlos Croissier, con 220.743 euros anuales, ex ministro de Industria y Energía en el segundo gobierno de Felipe González, y ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre 1988 y 1996.

2 consejeros catalanes: Artur Carulla, con 397.337 euros anuales, presidente del grupo familiar Agrolimen; y la notaria María Isabel Gabarró, con 264.891 euros anuales.

2 consejeros vascos: Javier Echenique Landiribar, con 441.486 euros anuales, ex director general del Grupo BBVA, es vicepresidente del Banco de Sabadell y Consejero de Telefónica México, entre otros cargos; y Mario Fernández Pelaz, con 220.743 euros anuales, ex vicelehendakari del Gobierno Vasco, presidente del BBK y presidente ejecutivo del Kutxabank.

Y 2 consejeros surgidos de la pura amistad: el primero, Ángel Durández, con 264.891 euros anuales, empezó su carrera en Arthur Andersen en 1965; fue nombrado socio director en Barcelona, en 1976. Allí fue jefe de Antonio Brufau. En el epílogo de El legado de Arthur Andersen (2009), de Carmelo Canales y Francisco López, se jacta de que uno de los valores transmitidos por aquella empresa era la meritocracia: “nepotismo cero”, afirma. Dentro de Repsol se hace cargo de su especialidad: la Comisión de Auditoría y Control. El segundo es un francés nacionalizado brasileño, Henri Philippe Reichstul, con un sueldo anual de 353.188. De todos los consejeros independientes, este ex presidente de Petrobrás es el único que tiene experiencia en la industria energética.

No hay ningún consejero que provenga de las filas del Partido Popular. Algo extraño porque a Antonio Brufau, como un tiburón que nada en todas las aguas, le gusta congraciarse con el poder de turno. Sólo un ejemplo: en junio de 2007, Jesús Fernández de la Vega se jubiló como Director General de Recursos Humanos de Repsol-YPF, puesto que ocupó durante más de veinte años. Y lo hizo con una pensión de 10,9 millones de euros. Al año siguiente, Antonio Brufau lo fichó para presidir la Fundación Repsol. “Sin duda lo hizo como un gesto hacia María Teresa Fernández de la Vega”, asegura un funcionario de la época socialista. “Era ella la que preparaba las Cumbres Iberoamericanas”. En verano, mientras la mayoría de sus compañeros de gabinete tomaban vacaciones, la entonces vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, viajaba para afianzar lazos con los presidentes de América Latina. Cuando estalló el escándalo, el equipo de Zapatero presionó para que el hermano de Fernández de la Vega dimitiera.

El Consejo de Administración de Antonio Brufau está hecho a la medida de sus decisiones. Los 2,428 millones de euros que cuesta su unanimidad al año, y el reparto del 1,5% del beneficio neto de la compañía, vigente hasta junio de 2013, lo preservan de críticas y disensos. Esa subordinación revela por qué se aprobó el pacto con Néstor Kirchner y los Esquenazi, y por qué si pretendía conservar el lucro de las reservas argentinas —imprescindibles para la contabilidad general—, permitieron que Brufau pusiera en marcha un plan de desinversión. En teoría, el propósito de esta oferta pública de venta era aligerar la participación de Repsol en YPF y reequilibrar su cartera de activos. Por su propio carácter bursátil, resultó estridente para la hipersensibilidad argentina. Fue el mecanismo escogido por Brufau para no perder raiting, y acabó desafiando a la Casa Rosada. La recaudación de capital no servía para buscar hidrocarburos en territorio argentino, pero sí para amortizar la deuda de la petrolera y mantener los abultados salarios de su directiva.

El aterrizaje de los Hedge Funds

A lo largo de 2010, Repsol-YPF vendió un 0,97% de las acciones de YPF por 105 millones de euros. El 23 de diciembre de 2010, Eton Park Capital Management compró un 1,63%. Capital Guardian Truts Company y Capital International, Inc. adquirieron otro 1,63%. Con los dos intercambios, Repsol-YPF facturó 384 millones de euros. El 14 de marzo de 2011, Repsol traspasó a Lazard Asset Management un 2,9% del capital social de YPF. Otros inversores se quedaron con un 0,93%. La caja registradora siguió sonando: 446 millones de euros. Ese mes, mediante una oferta pública de venta y por un valor de 862 millones de euros, se entregó un 7,67% de la empresa.

Si las acciones de YPF estaban por los suelos y se percibía que la compañía estaba mal gestionada, ¿qué estaban comprando los astutos Hedge Funds? Un experto en bolsa lo explica: “Al quedarse con esos porcentajes de utilidades, estaban sustrayendo flujo de caja, es decir, la parte más jugosa del acuerdo por el 90% de los beneficios. Y lo hacen sabidos [sic] de que el dividendo que paga esa compañía es monumental, mientras dure la fiesta”.

La presencia de los fondos de alto riesgo en el corazón de YPF enrareció el ambiente. La gobernanta argentina fue informada de que Antonio Brufau había iniciado una operación gradual de salida. Estaba troceando la petrolera sin su autorización. El comportamiento del CEO español fue interpretado como una prueba de deslealtad. Estaba en la disposición de invertir 46 millones de euros (junio de 2011) en derechos de promoción en tres parques eólicos en la costa escocesa, pero en Argentina no mostraba el mismo entusiasmo emprendedor. Hubo quienes entendieron este despliegue operativo como una estrategia financiera, de las que Brufau era asiduo, y hubo quienes se limitaron a añadir este gesto a su lista de agravios.

La osadía de Antonio Brufau estaba relacionada con la muerte de Néstor Kirchner, ocurrida, súbitamente, el 27 de octubre de 2010. “Con él, había muerto el único garante del pacto entre Brufau y los Eskenazi”, dice un abogado argentino. Sobraban los motivos para que Brufau estuviera preocupado. O quizá la aflicción no fuera tan desconsolada como pensamos. En algún momento, la mentalidad especulativa de Brufau, inclinada siempre a tiburonear, contempló una ganancia marginal: con la desaparición del actor que más ejercía coacción sobre él, la agonía de su casta era factible. Y mientras llegaba la ruina del kirchnerismo, la viuda sería una figura dolida y desorientada que se prestaba a la manipulación. Si no estaba dispuesta a transigir, no daría la guerra que su difunto esposo. Brufau ya no se sentía obligado a rendir cuentas ante los Kirchner. Era el escenario perfecto en el que prescribían todos los pactos.

Pero Cristina Fernández tenía una cabeza propia y el deseo de tomar las riendas. “Muerto Néstor —vuelve a repasar la misma fuente—, la figura del hijo crece muchísimo en el entorno familiar. La madre, entrada en sus sesentas, encuentra en Máximo su apoyo psicológico más fuerte”. Desde su tumba, y a través de La Cámpora, Néstor Kirchner iba a romper con Brufau y los EskenaziLa Cámpora. Como ninguno cumplió su promesa de invertir con el mismo brío que sacaban tajada, debían de pagaran las consecuencias.

Hasta ese punto de quiebre, Antonio Brufau había corrido con suerte. El primer año de mandato de Fernández de Kirchner fue sacudido por un lockout patronal, en protesta por el aumento de las retenciones a la exportación de soja y de girasol. Entre marzo y julio de 2008, la mirada del Gobierno no abarcaba otra cosa que no fuera el diálogo con el sector agroganadero y la sucesiva reparación de los daños. Al irrumpir la crisis financiera, Brufau se convirtió en un refuerzo esencial para que los argentinos mantuvieran a raya a sus acreedores. Lo mismo ocurrió en España, donde los aportes de Repsol-YPF al Ibex-35 rayaban en el maná bíblico.

Incluso Hugo Chávez respetaba a Brufau. O no. En Madrid le preguntó delante de los periodistas (El País: 12/09/09): “¿Qué vamos a hacer con tanto gas?” “Alguna utilidad le encontraremos”, respondió Brufau. El encuentro destacó porque, a los pocos minutos, el presidente venezolano llevó al CEO de Repsol-YPF de copiloto camino al aeropuerto de Barajas. Sin embargo, hay una parte de la conversación en la que Chávez sacó el tema de Termobarranca, una planta eléctrica y de gas. El activo, ubicado en Barinas (Venezuela), pertenecía a Repsol-YPF desde 2001. Brufau se limitó a referir que la “venta” se trataba de un proyecto hecho “de común acuerdo”. Era una nacionalización de libro y cuajaría en febrero de 2010, cuando la empresa española entregó la licencia de exploración y explotación a PDVSA. El informe de Auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas de 2011, anota en tono críptico: “Como consecuencia de esta venta se dieron de baja 132 millones de euros”. Y Chávez que le había dicho: “¿Te das cuenta? No somos tan diablos”.

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Mañana, capítulo 2: 'La historia no contada del desplante a Lukoil'capítulo 2

Que las compañías eléctricas no puedan fichar a excargos políticos. Más de 10.000 personas han firmado ya esta petición, propuesta por infoLibre en la plataforma Change.org, para que expresientes de Gobierno, ministros y otros altos cargos accedan a un puesto en empresas relacionadas con el sector de la energía cuando dejan la política. 

La ciudadanía responde así a la larga lista exdirigentes –Felipe González en Gas Natural Fenosa, José María Aznar y Narcís Serra en Endesa o Pedro Solbes en Enel– que se sientan en los consejos de administración de grandes compañías eléctricas. Ángel Acebes, Miguel Boyer o José Folgado son otros ejemplos de lo que comúnmente se conoce como puerta giratoria, el paso de la actividad pública a la privada, y viceversa. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción un listado de los expolíticos con relación con las empresas eléctricas, donde figuran hasta 25 nombres.

Según un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, elaborado con los datos disponibles en 2011, en las grandes empresas cotizadas hay un problema de separación entre actividad pública y actividad privada, y las empresas del sector energético son, quizá, el mayor exponente de esta situación. Sobre un buen número de sus consejeros pesa la sospecha de un posible conflicto de intereses, máxime cuando en la mayoría de casos se trata de personas sin una experiencia profesional destacada en el sector. ¿Por qué son entonces los políticos fichajes tan atractivos para las empresas de la energía?

En la actualidad, la Ley de Incompatibilidades únicamente establece un plazo de dos años durante el cual un político no puede ser fichado por aquellas empresas sobre las que haya tomado alguna decisión, una limitación insuficiente. Ante ello, esta iniciativa busca establecer la prohibición de que los políticos que hayan tenido relación con las compañías energéticas en razón de su cargo y/o su función sean contratados por las mismas sin justificación profesional demostrable.

Firma esta petición y pídele a Mariano Rajoy Brey, presidente del Partido Popular; Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE y Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, que las compañías eléctricas no puedan fichar a excargos políticos. 

El exministro de Industria Miguel Sebastián ha cargado este lunes contra el exvicepresidente económico Pedro Solbes, que recientemente ha confesado discrepancias con la política económica de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero de los que formó parte. "Solbes ha sido vicepresidente y es consejero de Enel y de Barclays, no sé muy bien de qué se queja", ha dicho Sebastián.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Sebastián ha dicho que entre 1994 y 2009 España sólo tuvo dos ministros de Economía, Pedro Solbes y Rodrigo Rato, así que "pretender que esa persona, que esas dos personas, no tienen ninguna responsabilidad sobre la situación económica del país no tiene ningún sentido".

También ha rechazado que el vicepresidente económico pudiese sentirse solo, recalcando que fue Solbes quien nombró a "todo el equipo económico" de aquellos años, y en concreto a los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la SEPI o de Red Eléctrica de España (REE), así como al gobernador del Banco de España.

Sebastián y Solbes coincidieron en dos periodos en los Gobiernos de Zapatero. Solbes fue vicepresidente económico desde 2004 hasta abril de 2009; Sebastián fue jefe de la Oficina Económica del presidente desde abril de 2004 hasta octubre de 2006 y volvió al Ejecutivo en el segundo mandato de Zapatero, en 2008, cuando como ministro de Industria hasta el final de la legislatura.

Para Sebastián, Solbes tampoco tiene "credibilidad" cuando dice que a finales de 2008 le presentó a Zapatero un plan de ajuste de gasto, porque en ese momento "todo el mundo quería expansión". "Si existe que lo saque", ha dicho. En concreto, ha recordado que hubo una Cumbre del G20 que recomendaba políticas de impuesto fiscal, hasta el punto de que "los mercados premiaban al que hacía el impulso fiscal mayor".

El exministro ha asegurado que a él tampoco le gustaba el llamado cheque-bebé de 2.500 euros anunciado por Zapatero en 2007 y ve bien que se suprimiese a partir de 2011, pero cree se está hablando de una cantidad de dinero "absurda".

Sí ha defendido la devolución de 400 euros del IRPF que se puso en marcha en 2008, recalcando que fue una bajada de impuestos, no un gasto, y ha opinado que "se hizo mal" porque Solbes dividió la deducción "en 20 pagos de 20 euros", en lugar de "dar un cheque de 400 euros de golpe, en un mes", para incentivar el consumo.

Cualquier mensaje de cualquier dirigente del PSOE se escruta palabra por palabra para atisbar en él mensajes de apoyo o cuestionamiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, nunca ha habido dudas. Él, en repetidas ocasiones, ha pedido respaldo al secretario general, incluso en los momentos de mayor turbulencia. Por eso este jueves llamó la atención que el expresidente, nada más arrancar la presentación pública de su libro El dilema, ante un auditorio absolutamente lleno, y lleno de altos cargos de sus Gobiernos y de la plana mayor del partido, enhebrase una defensa de Rubalcaba, enfatizando que demostró sus dotes de líder en el difícil verano de 2011. No era un comentario gratuito, porque otro expresidente, Felipe González, sí ha subrayado que el secretario general padece una "crisis de liderazgo". Y Zapatero mismo, el pasado sábado, en la apertura del congreso del PSOE andaluz, deslizó una apostilla a favor de la renovación: "El cambio es ley de vida, y quien sólo vive el pasado y el presente, se perderá el futuro". 

Zapatero empaquetó sus elogios a Rubalcaba en el capítulo de agradecimientos. A su derecha, en teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, tenía al ex primer ministro británico Tony Blair, a quien había requerido que le presentase El dilema. 600 días de vértigo (Planeta, 2013). Le cumplimentó por ser un "gran amigo de España" y por el "apoyo generoso" que le brindó para acabar con la "gangrena" de ETA y luego, cuando la crisis arreciaba, para defender ante "muchos inversores y centros de opinión pública" la solvencia del país, para "transmitir confianza en España y en su economía". El expresidente se dirigió a continuación a sus compañeros de partido. Y ahí quiso "personalizar" y mirar de frente a Rubalcaba, quien estaba sentado en primera fila, junto a las exvicepresidentas María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado y el exministro José Bono. 

Quiso subrayar dos momentos en su convivencia juntos en la última legislatura. Uno, de "tensión", la reforma exprés de la Constitución, en agosto de 2011, una respuesta a las enormes presiones de los mercados y del Banco Central Europeo (BCE): "Cuando la propuse, no era una propuesta fácil para el partido ni para el candidato, y en ese momento Alfredo me demostró, quiero resaltarlo, cuando tanto se habla hoy de liderazgo, que primó el sentido de la responsabilidad y del país por encima de su interés inmediato, que era ganar unas elecciones. Y lo quiero resaltar. Para mí es un testimonio que define lo que es un liderazgo y lo que es la escuela en la que se forjan los liderazgos del PSOE". El otro momento, recordó, de "emoción", se produjo cuando ETA anunció el fin de la violencia, el 20 de octubre de 2011. "Yo sé lo que ha hecho Alfredo y puedo asegurar que todos le tenemos que reconocer esa trascendental tarea política. Soy el mejor testigo de esa responsabilidad tan decisiva. Gracias, Alfredo". El teatro replicó con un aplauso a Rubalcaba. 

"Alfredo, no es útil otra cosa que ser optimista"

Aun al final Zapatero guardó un mensaje para el secretario general. Parafraseando a Winston Churchill, se reivindicó como un "optimista". "No parece muy útil ser otra cosa –aseguró, suscitando las risas del auditorio–. Espero que todos los que estáis aquí, todos los compañeros y amigos, estéis también en esta actitud. No parece muy útil ser otra cosa. Alfredo, no es útil otra cosa". 

El expresidente extendió sus agradecimientos a sus ministros y, en especial, a sus dos exvicepresidentas, por su "lealtad" y "entrega al servicio público". Un mensaje envenenado para Pedro Solbes, que allí no estaba. Ni se le esperaba, claro, después de que afirmase en su propio libro que le entregó un documento ultimátum en el que le pedía recortes, y Zapatero supuestamente se los negó. El entorno del exjefe del Ejecutivo desmintió ese episodio, aunque él mismo rehuyó de polémicas hace dos días, cuando atendió su primera rueda de prensa en dos años para hablar de El dilema. 

Zapatero volvió a defender que sentía su libro como "necesario" para la ciudadanía y para sí mismo, para "argumentar y razonar" por qué hizo lo que hizo y no para "descalificar" a nadie, para describir los "acontecimientos tal como se produjeron". Destacó lo "imprevisible" e "inédito" de la crisis, reconoció de nuevo los "errores" que cometió en su mandato –"Para muchos mi tarea fue peor que la hecha por otros presidentes. Es un hecho opinable, y lo acepto, pero no es opinable que peor, peor, ha sido la crisis que hemos vivido en democracia"–, aunque incidió, como el martes, en que su obsesión fue preservar "la cohesión social" y las prestaciones, un reproche indirecto a los recortes de Mariano Rajoy. 

De nuevo, revivió aquel mayo de 2010 en que tuvo que aprobar el decretazo de ajuste del gasto –rebaja salarial de los funcionarios, supresión del cheque bebé, congelación de las pensiones (salvo las mínimas)–, y los días en que se alimentaron los "rumores" sobre la necesidad de un rescate de 280.000 millones de euros a España, una "sospecha que se extendió en horas" e hizo "un daño enorme" a la credibilidad del país. Cuando arreció la crisis de la deuda, cada país tiró para su lado, ya no iban todos los países europeos "al unísono", como ocurrió tras la caída de Lehman Brothers. "Yo, que soy un europeísta convencido, veía que se podía romper el euro y posiblemente Europa, y cómo se quebraban los vínculos políticos", narró. La moneda única sobrevivió, aunque "dejando una huella muy dura en las sociedades". 

También censuró a la UE por haber elegido como presidente del Consejo al belga Herman van Rompuy, en lugar de optar por la "alternativa de un liderazgo político" fuerte, o por las "carencias" en la concepción y construcción de la zona euro. 

Blair defiende cambios en la Unión

Blair, por su parte, trabó un discurso elogioso y halagador hacia el autor. El expresidente "pasó la prueba de fuego del líder" al poner por delante los intereses de su país sobre los suyos y los de su partido. "Un líder no es siempre el que dice que sí, sino el que tiene valor de decir que no por el bien del país". De ejemplo puso los recortes y la reforma de la Constitución para incluir en ella la regla de oro fiscal, "muy duro para los militantes de izquierda". 

El expremier reconoció que la crisis había hecho estallar todos los esquemas de gobernanza e impuso un cambio de rumbo. Y defendió que, en un momento de recesión así, y en un periodo de globalización, hacen falta "reformas estructurales, no para destrozar nuestro modelo de bienestar, sino para cambiarlo", tales como las pensiones, el mercado laboral, el saneamiento del sistema financiero... Blair aludió igualmente al desbarajuste en la UE. Si se quiere preservar la moneda única, subrayó, debe existir la "mutualización de las obligaciones y las deudas". O sea, los eurobonos, de los que tanto recela Alemania, que por cierto, dada su posición de fortaleza, debe "fomentar la demanda". "Europa, también para sobrevivir, debe hacer reformas para el futuro que nos permitan operar mejor. Europa es una excelente idea, y en el siglo XXI es más útil que nunca, pero habrá que reformarla para que ofrezca todo su potencial". 

Blair aplaudió que Zapatero, cuando atosigó a España la crisis de la deuda, no diera "la espalda" a la UE o le echara la culpa. "Habría sido muy populista, pero él decidió quedarse en Europa y resolver los temas dentro de Europa". Lo enganchó con un aviso para su país y para el Gobierno del conservador David Cameron: "Espero que mi país no abandone la UE porque sería un tremendo error". 

La atención, hoy también, en Tomás Gómez

"Este libro es un gran análisis de la mayor crisis de toda nuestra vida y nos enseñas tu planteamiento, bastante autocrítico, con mucha humildad, porque los españoles te eligieron e hiciste lo mejor para tu país y sentaste las bases del futuro de España en Europa", concluyó. 

El Círculo de Bellas Artes condensó al PSOE de ayer y de hoy. Desfilaron muchísimos exministros de los Gobiernos de Zapatero: además de Salgado y De la Vega, Manuel Chaves, José Blanco, Miguel Sebastián, Miguel Ángel Moratinos, José Bono, Trinidad Jiménez, Ángel Gabilondo, Ángeles González-Sinde, Jordi Sevilla, Jesús Caldera, Beatriz Corredor, Ramón Jáuregui, Valeriano Gómez, Rosa Aguilar o Mercedes Cabrera. Faltaron Carme Chacón, Leire Pajín o Bibiana Aído, las tres en Estados Unidos por razones laborales. También acudieron ex secretarios de Estado como Diego López Garrido, Fernando Moraleda, Félix Monteira o Jaime Lissavetzky, actual portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. De la cúpula actual, acompañaron a Rubalcaba su secretario de Organización, Óscar López, y los dirigentes Hugo Morán, Inmaculada Rodríguez-Piñero; el portavoz en el Senado, Marcelino Iglesias, o el número dos del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina. Pero la estrella en la que se volcaron las cámaras fue Tomás Gómez, el secretario general del PSM, un día después de dimitir como senador y desafiar a Rubalcaba. A ambos se les vio saludarse gélidamente. 

José Luis Rodríguez Zapatero no quiere polemizar con Pedro Solbes, ni con Mariano Rajoy sobre sus medidas, ni opinar sobre la transición en el PSOE o la "crisis de liderazgo" de Alfredo Pérez Rubalcaba, como lo rotuló otro ex, Felipe González. Quiere explicar por qué tomó las decisiones que tomó en su segunda legislatura, justificar por qué no tenía más opciones que aprobar el recorte de mayo de 2010 que supondría un enorme giro a su política, subrayar que él sí intentó "preservar el Estado social", narrar cómo vivió las presiones de la troika y de Alemania, que le empujaron hasta tres veces a pedir un rescate para España, hacer acto de contrición por no haber asumido desde el principio la palabra crisis.Hacer autocrítica, pero no trasladarla a los demás. Lo plasma en su libro El dilema. 600 días de vértigo (Planeta, 2013) y lo reflejó en su presentación en rueda de prensa este martes en Madrid. Huyó de toda polémica y se limitó a explicar su gestión y cómo se guió, ante todo, por su "responsabilidad" como presidente del Gobierno, por encima de los intereses de su partido. Zapatero al más puro estilo Zapatero. Zapatero imponiéndose el traje de ex que ha querido, lejano a los patrones de José María Aznar o incluso de Felipe González. 

El expresidente confesó haber volcado la "máxima sinceridad y autocrítica" en su libro, exponiendo el contexto, hechos y vivencias no conocidas. Era su "deber", dijo, ante los ciudadanos, pero también le movió la "necesidad" de abordar de manera amplia y reflexiva un relato "coordinado", una crónica minuciosa de sus últimos tres años de gobierno, especialmente desde mayo de 2010. El texto extrae dos conclusiones "relevantes". La primera, que se produjeron tres escenarios "no previsibles" –la crisis financiera de 2008, con la caída del coloso Lehman Brothers; la crisis de deuda de 2010 y las tensiones del verano de 2011 que llevaron a la reforma de la Constitución por la vía rápida y a una nueva recesión–, y la segunda, las "limitaciones de la política" en un mundo global, la incapacidad de los gobiernos de dominar a los mercados. El libro, señaló, contiene igualmente la "convicción" en la "confianza de España" y en la capacidad del país para salir adelante. 

La presentación, que se alargó ante los medios 80 minutos, en una sala atestada de la Casa de América de Madrid, tenía como primer plato de actualidad las palabras de Solbes en su libro. El exvicepresidente reveló que en 2009 entregó a Zapatero un documento ultimátum en el que analizaba los desequilibrios económicos del año anterior y recomendaba un fuerte plan de ajuste. El jefe del Ejecutivo lo rechazó con el argumento, según Solbes, de que habrían provocado "dos huelgas generales". El equipo del expresidente negó la existencia de tal documento, pero hoy Zapatero sorteó el tiro. "Cuando salió el libro de Solbes ya había escrito el mío, así que me voy a remitir a lo que el libro dice. Y lo primero que hace el libro es expresar toda la gratitud a todos los ministros que colaboraron conmigo. Gratitud y reconocimiento que se extiende, cómo no, a quien fue mi vicepresidente económico varios años. Es mi manera de entender la lealtad del trabajo en equipo. No he polemizado nunca ni voy a polemizar nunca con alguien que colaboró en mi equipo. Y estamos en la presentación de mi libro, no en el de Solbes", bromeó. 

"Nadie duda de las cualidades políticas de Rubalcaba"

Tampoco polemizó sobre Rubalcaba cuando, ya en el tiempo de descuento de la rueda de prensa, se le preguntó por él y la "crisis de liderazgo" que González le había endosado en la presentación de su propio libro. "Es el secretario general de mi partido. Es muy amigo mío. Ha sido uno de mis principales colaboradores y nadie duda de sus cualidades políticas". Zapatero subrayó que, si ha decidido ser respetuoso con las decisiones del actual Gobierno, "más respeto" aún profesa por su partido y su dirección. Lo único que hará es prestarle su "apoyo". Y, como guiño, elogió el discurso "contundente" del secretario general "el otro día", en el cierre del congreso del PSOE andaluz. Fuentes próximas a Zapatero añadieron que el ex secretario general no apoyará a ningún candidato en las primarias. 

Pero aunque no hubo críticas directas a Rajoy, sí hubo reivindicación de su mandato y de cómo él procedió a hacer los recortes. Como él mismo reconoció, quiso "aprovechar" una pregunta sobre el balance de su mandato para deslizar "una idea decisiva": que a pesar del tijeretazo al gasto que aprobó en mayo de 2010 –básicamente, congelación de las pensiones (salvo las mínimas), rebaja del sueldo de los funcionarios, supresión del cheque bebé, reducción de la inversión pública–, él mantuvo "intacto" el sistema sanitario y educativo y las prestaciones sociales (incluida la de paro), y no eliminó el cuarto pilar del Estado del bienestar, la dependencia. "A lo mejor el paso del tiempo permite un análisis más ponderado. He explicado con datos hasta qué punto preservé el Estado social, la cohesión social y las políticas no que había heredado, sino incrementado", respondió cuando se le preguntó directamente por los recortes del Ejecutivo actual. "Mi único deseo es que la recuperación se produzca cuanto antes [...]. Sí creo que el horizonte de este país es recuperar aquello que se haya quedado en el camino". 

Zapatero volvió a reconocer este martes su "error de apreciación" respecto a la utilización "tardía" de la palabra crisis, que empleó por primera vez en julio de 2008. Incidieron en él dos razones: su "afán" de lanzar un mensaje de confianza y positivo, y también porque a esas alturas España, oficialmente, no había entrado en recesión. Todas las previsiones económicas, señaló, "saltaron por los aires" con la caída de Lehman Brothers. El expresidente calificó de "absurdo" pensar que quiso "engañar" a los ciudadanos. "Ni engaño, ni ocultación, ni nada de nada". 

Modificación "autónoma" de la Constitución

Buena parte de la atención se centró en las medidas que tomó su Gobierno y en las invitaciones a que se acogiera al rescate. Hubo tres momentos "explícitos" en los que los gigantes del mundo –entre ellos Angela Merkel– le sugirieron que pidiera "ayuda financiera". Y las tres veces Zapatero se negó, porque entendía que la capacidad de financiación aguantaba aún y porque el rescate habría supuesto "lustros" de recuperación. La última vez que la canciller alemana le "invitó" a acogerse al salvavidas de la troika fue en noviembre de 2011, en una tarde noche crítica, en la que arreciaban las presiones hacia Italia, cuya prima de riesgo había sobrepasado a la española desde el verano. Roma rechaza el rescate, como un catenaccio, –aunque luego se la empujó a un Gobierno tecnócrata dirigido por Mario Monti– y en esa cena, en la cumbre del G-20 en Cannes, una de las "más trascendentes" que ha vivido, Barack Obama preguntó a Zapatero si tenía algo que añadir. El entonces presidente dijo que no. 

¿Por qué resistió y no convocó elecciones? El expresidente relató que, en aquel mayo de 2010, "tuvo la decisión muy clara en todo momento", y eso que le tocó decidir qué hacer y dónde recortar "en horas", siendo "muy consciente" de lo difíciles que eran y lo que aquello podría representar para su partido. "El ajuste había que hacerlo [...]. Los márgenes eran mínimos. Las opciones eran hacerlo o no hacerlo", aseveró. Anticipar las elecciones habría sido un "riesgo serio" para la estabilidad de Europa, y por eso no lo hizo. Y resistió por "responsabilidad". "Hay que tomar decisiones que a veces no gustan a la gente, así entendí siempre la responsabilidad de gobernar". Zapatero agradeció el comportamiento de su partido y el respaldo que le prestó en todo momento. Incluso cuando estaba en puertas de las generales de 2011 e impulsó la reforma de la Constitución para imponer un techo de deuda y déficit. En ese punto, el expresidente defendió que esa modificación exprés fue una decisión "estrictamente autónoma, personal", que se debía a la tormenta en los mercados y las amenazas del BCE. Llevar a la Carta Magna la regla de oro de estabilidad fiscal le iba a "ayudar" a no aprobar más recortes y sí inducir la imagen de "confianza" y de consenso de los dos grandes partidos. Dijo que no podía "barruntar que habría un Gobierno técnico", pero "sí riesgos máximos" que en el caso de Italia, y como se vio a los pocos meses, cuajarían en el relevo de Silvio Berlusconi. Sabía, eso sí, de que aquella reforma era "dolorosa" para el PSOE, "difícil". 

Se le inquirió si reconocía haber dejado un pesado déficit a su sucesor, Mariano Rajoy, un mantra recurrente en el PP. Él, que durante este tiempo ha permanecido "callado", aseguró que en el traspaso de poderes, en el que él puso "empeño especial", su Gobierno entregó los datos de que disponía, que no contaban con que el agujero se iba a disparar en el último trimestre, "sobre todo y especialmente por las comunidades autónomas". "No eran todavía conocidos", resaltó. Defendió asimismo una de sus más medidas más criticadas por el PP, el plan E, adoptada en los tiempos en los que se desplegaron iniciativas contracíclicas, de gasto. El exjefe del Ejecutivo recalcó que este plan supuso "algo más de un punto de PIB de deuda pública", en unos momentos en que España tenía una deuda "20 puntos por debajo de la media europea", aunque el déficit fuera "elevado". También destacó la utilidad del plan, que permitió que no se parara la industria del automóvil y se remozaran las infraestructuras turísticas, que algo ha "contribuido" a los buenos datos del turismo en estos años. 

"No era tan fácil como algunos pensaban"

La conclusión es que no se pueden hacer lecturas simples, llanas. "A modo de reflexión, no era tan fácil como algunos pensaban", apostilló. Por la hondura de la crisis, porque no se sabía el impacto en cada país, por la propia concepción del euro y la política monetaria, hecha "a imagen y semejanza" del Bundesbank alemán. Pero él quiso "preservar" el Estado social. 

A los ochenta minutos de rueda de prensa –la primera desde que dejó la Moncloa–, aún quedaban manos alzadas de periodistas para seguir preguntando. Pero no había más tiempo. Zapatero respondió con muchos datos, con la economía en la cabeza y respondió como siempre en él, tranquilo, sosegado, zen, con una sonrisa en la boca y ni una mala palabra. Ni una. En su papel de ex que sentía el deber de contar los "600 días de vértigo" últimos de su mandato, tarea en la que ha empleado dos años. Siempre tuvo claro que "el poder es temporal", y que ahora, fuera de la primera línea, le toca "ayudar" en lo que le pidan, y también desde el Consejo de Estado, donde ocupa un sillón. Sin lanzar ninguna "crítica personal a nadie". "Cada uno es como es", resumió, como eslogan de su actitud vital y su trayectoria. Ya se sabe, el talante Zapatero. Marca de la casa.

Las parejas cómicas siempre han tenido mucho tirón: El gordo y el flaco, Tip y Coll, Martes y Trece, Cruz y Raya … Y ahora que nos cuesta tanto esbozar una sonrisa –que no responda a la idea de “reír por no llorar”, porque donde unos ven florecer brotes verdes a tutiplén, otros contemplan un panorama más seco que los talones de un tuareg–, irrumpe con fuerza en el mundo de la comedia “el par de dos” que nos ha puesto al borde de la carcajada: Solbes y Zapatero, muy fan.

Ambos han coincidido en publicar sendos libros de memorias que, de no conocer a sus autores, podríamos incluir en la categoría de filosofía y pensamiento, en el caso de El dilema de Zapatero, o en la de novela romántica, en el de Recuerdos de Solbes. “¡Qué potito y qué hedboso!”, dirían sus homólogos Josema y Millán.

El show de los cómicos empieza con Solbes diciendo que lo suyo con Zapatero ya estaba mal a finales de 2008, coincidiendo con los especiales de humor de Nochevieja, más o menos. Sí, justo cuando ambos nos transmitían que estaban “A por uvas”…

Añade Pedro que tenían serias diferencias en la percepción de la crisis, lo que provocó su salida del Gobierno en abril de 2009 y menciona un informe que le envió a ZP, en enero de ese mismo año, titulado: Una estrategia para la recuperación de la economía española, donde le advertía de los efectos de la crisis y le recomendaba aplicar recortes y reformas y que, si no lo hacía, se iría del Gobierno y se llevaría el Scatergories.

Entonces va Zapatero, como ya adelantó infoLibre, levanta una ceja y dice que por ese informe no le viene nada, que ha mandado a su secretaria personal a revisar el archivo de Moncloa de arriba a abajo (cartas, correos, y otros documentos) pero que, en un primer vistazo, ni rastro, como no se quedara hecho un gurruño en unos pantalones vaqueros que echó a lavar. O sea, ZP dice que nunca lo vio y Solbes que lo tiene, pero que no piensa mostrarlo, si hay que enseñarlo se enseña, pero enseñarlo pa ná es tontería…

Aquí el show está en todo lo alto y es entonces cuando, según el diario El Mundo, Zapatero confiesa en privado que lo de Solbes no fue dimisión sino cese, como tarareando el bolero aquel: “Te vas porque yo quiero que te vayas…” Y que tomó la decisión porque veía a Pedro desganao’, que cuando los Lehman Brothers –que no era un grupo de soul de la Motown– estaban cayéndose del escenario, Pedro, a las seis de la tarde, pasaba de todo, tiraba el boli, cerraba el despacho y se iba pa’ casa. A ver, igual el ministro se iba a ver Atrapa un millón de Sobera para sacar ideas de cómo retener la pasta.

Para rematar el show, Solbes añade aquello de: "Claro que incurrí en contradicciones, sobre todo las que surgen de la política, porque una cosa es cómo analizas internamente la realidad y otra cómo la presentas al público" –véase cómo la presentó en aquel debate inolvidable con Pizarro, cuando dijo como una madre: “Ni crisis ni crisas”–. Y Zapatero lo confirmaba afirmando aquello de “El Gobierno ha situado España en la Champions League de las economías del mundo”, cuñaaao. Lo curioso de este espectáculo cómico –a diferencia de la mayoría del mismo género–, es que se ríen más los artistas que están sobre el escenario que el público de la sala. Será humor innovador…

Cualquiera de las dos versiones de esta pareja, que encabezaba el elenco en el inicio del desastre, podría convertirse en una versión del mítico: “Si lloras porque has perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas” de Tagore, que quedaría en un: “Si lloras por ganar las elecciones, las lágrimas no te dejarán ver la crisis”. Muy fan.

Dicen las mentes retorcidas, que el enganchón de este remake del Dúo Sacapuntas que nos reiteraba al unísono: “¡¿Que cómo estaban las arcas? las arcas estaban abarrotás!”, coincide con la salida al mercado de sus respectivos libros, porque no hay nada mejor que una polémica para arrastrar al público a las librerías –y ya se sabe que está la cosa muy malita en el mundo editorial.

Ay, lo bien que me vendría a mí para dar un empujoncito a mi novela que ambos dijeran: Sí, había crisis y no lo dijimos, pero “No pasa nada y si pasa, se le saluda”.

Fin del show.

Este miércoles se cumplen dos años de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y el balance de lo que va de su legislatura planea sobre la sesión de control al Gobierno. Los socialistas han puesto sobre la mesa su preocupación por el hecho de que la legislatura culmine peor que comenzó. "Al menos este Gobierno no argumenta que no nos enteramos de la crisis porque no llegaron los papeles de Solbes", respondió la vicepresidenta en respuesta a la portavoz de los socialistas, Soraya Rodríguez.

El exvicepresidente Pedro Solbes cuenta en sus memorias, avanzadas por el diario El País, que en enero de 2009 entregó a Zapatero un documento en el que planteaba unas propuestas de política económica. A su ejecución condicionaba su continuidad en el Ejecutivo. Según avanzó el pasado domingo en exclusiva infoLibre, Zapatero se ha declarado "sorprendido" ante su entorno, que niega tajantemente la existencia de ese documento.

Sáenz de Santamaría hizo alusión a este episodio polémico para los socialistas después de que la portavoz del partido que ahora lidera Alfredo Pérez Rubalcaba le preguntara si el Gobierno considera que sus reforma garantizan "una recuperación económica y socialmente sostenible".

"Nunca se mintió tanto en una campaña electoral para ganar las elecciones. Es el momento que se hagan cargo de sus políticas", exigió la socialista. Antes de mencionar los supuestos papeles de Solbes cuya existencia niega el equipo del expresidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría consideró que, cumplidos dos años de las últimas generales toca hacer balance. Pero no sólo al Gobierno; también al principal partido de la oposición. "En su mano está si estos dos años van a seguir como hasta ahora o van a apoyar la consolidación de la recuperación", sostuvo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había precedido a la vicepresidenta en el uso del turno de palabra. Optó por no responder a la petición de Rubalcaba de que aclarase si volvería a fotografiarse en la cola del paro, como hizo cuando gobernaban los socialistas. "No sólo no los visitaría [a los parados]. Los quiere calladitod, amordazados. No se crea empleo recortando sanidad, educación o con pucherazos electorales como el que trajo Cospedal. Ni recortando la libertad de expresión", respondió el líder del principal partido de la oposición.

Lo que sí volvió a hacer el presidente del Gobierno es tirar de argumentario y recordar que el Gobierno tiene entre manos un amplio paquete de reformas estructurales y medidas específicas para ayudar a mejorar el empleo juvenil. 

Rajoy defiende la ley de Seguridad Ciudadana: garantiza "la libertad"

Minutos después, en los pasillos del Congreso, mostró su convencimiento de que "esta situación la vamos a superar". “Han sido dos años muy intensos, las cosas no han sido fáciles y siguen sin serlo; pero creo que se ha trabajado bien y yo quiero darles las gracias a los españoles, porque sé que hay mucha gente que vive momentos de dificultad”, dijo.

Además, defendió la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara Interior. Sobre la futura lesgislación, Rajoy subrayó que “se debatirá en las Cortes y todo el mundo podrá dar sus argumentos, pero una de las obligaciones del Gobierno es garantizar la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos, y no es otra pretensión distinta la que tiene esa Ley”.

El exvicepresidente económico Pedro Solbes ha insistido este martes en que entregó un documento a José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 con propuestas de ajuste económico y que, como no las aceptó, presentó su dimisión. Como adelantó infoLibre, el equipo de Zapatero asegura que tal escrito no ha existido nunca. Solbes lleva diez días hablando del supuesto documento, pero no lo enseña.

Pedro Solbes, ha afirmado este martes que la crisis no es responsabilidad ni de una única persona, en referencia al expresidente Zapatero, ni de un único gobierno, sino que es el resultado de "un momento histórico", en el que confluyen una serie de factores (exceso de endeudamiento privado y de la construcción) que van "hinchando" la situación.

Solbes, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha admitido que tuvo diferencias con Zapatero "casi desde el principio", pero que se quedó por responsabilidad, si bien ha señalado que su "mayor error" fue no abandonar el cargo en la segunda legislatura.

El exministro, que ha publicado un libro de memorias en el que explica su visión sobre el origen y la gestión de la crisis, ha reconocido que durante el Gobierno de Zapatero "se pudo hacer más", aunque acto seguido ha añadido que "torear desde el tendido es mucho más fácil que torear desde la plaza".

Solbes ha asegurado que con la publicación de este libro "no está intentando hacer ajustes de cuentas" con nadie, pero ha insistido en que la situación habría sido "muy distinta" si el Ejecutivo socialista hubiera tomado medidas antes. "Lo de mayo de 2010 (cuando Zapatero anunció importantes medidas de recorte) se hace muy forzado por el exterior", ha apuntado.

No obstante, el exvicepresidente socialista ha admitido que Zapatero actuó entonces con "valentía" al anunciar dichos recortes, algunos de los cuales habían sido propuestos por él en el documento que el equipo de Zapatero niega que exista. "Algunas de las medidas (recogidas en ese supuesto documento) las aplicó mi sucesora (Elena Salgado) y otras el propio Zapatero de manera valiente en mayo de 2010", ha indicado.

El exministro socialista ha subrayado que el Gobierno del PP no recibió de manos de Zapatero una España "quebrada", sino un país "difícil y complicado", con riesgos en el sector financiero. Según Solbes, las complicaciones posteriores, como la segunda recesión qus sufrió la economía española, no fueron culpa del PP, como tampoco lo ha sido el retraso europeo en la adopción de algunas medidas.