El Consejo de Ministros ha acordado este martes, a propuesta del ministro Pablo Bustinduy, limitar el precio durante una semana de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo, según informa EFE.

Los hoteles en los municipios donde sigue habiendo desalojados o realojados no podrán incrementar sus precios respectos a los que tenían el mes previo al inicio de la emergencia, ha explicado el Ejecutivo. Se trata de municipios de cinco provincias diferentes: Cádiz (Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique, Vejer de la Frontera), Granada (Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra), Jaén (Cazorla y Santisteban del Puerto), Málaga (Benaoján y Ronda) y Badajoz (Burguillos del Cerro y Medellín).

Esta limitación entra en vigor este miércoles y se extenderá hasta el día 25 como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo.

Es la primera vez que el Gobierno hace uso del real decreto-ley aprobado la semana pasada que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios. Además, los establecimientos están obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

Según se refleja en el acuerdo, esta medida se adopta de forma preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, especialmente cuando se reactivan las líneas de tren, con el objeto de evitar un posible incremento de precios súbito por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializa los alojamientos.

En el acuerdo, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.

En febrero de 2024 el Gobierno y la Junta de Andalucía presentaron un plan para llevar agua potable en barco a tres puertos andaluces ante la posibilidad de que en algunas zonas no se pudiese ni cubrir el abastecimiento urbano por culpa de la mayor sequía de la historia de la Comunidad. Y exactamente dos años después, el mismo lugar se enfrenta a una de las peores inundaciones que se recuerdan, con más de 11.000 evacuados a lo largo de toda Andalucía. Es un ejemplo de manual de cómo funciona el cambio climático, que sigue acelerándose con el incremento anual de las emisiones de CO₂.

"El cambio climático no parece que varíe las precipitaciones en una zona respecto al histórico, sino que las concentra en periodos más cortos. El calentamiento de la atmósfera aumenta la energía de las tormentas y las vuelve más violentas", resume Jorge Tamayo, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana. "Aquí lo vimos con la dana de octubre de 2024, que fue entre un 15% y un 20% más fuerte de lo normal por el cambio climático", añade.

Si lo que más preocupaba en España era el incremento de las temperaturas –que es evidente en verano–, las riadas están volviéndose peligrosamente frecuentes en los últimos años y empiezan a llegar a zonas donde eran poco habituales. La última gran inundación de Córdoba fue en 2010, cuando se registró el último récord de caudal en ese punto del Guadalquivir, pero este viernes la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya avisó de que ese escenario se puede repetir este fin de semana.

No se trata de un hecho aislado. Los datos indican que la península ibérica es uno de los puntos del planeta donde el clima está cambiando a mayor velocidad. El informe de 2025 del Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones (EFAS) situó a España como el segundo país de la Unión Europea con más alertas por inundaciones, a solo nueve de Francia, con 291 avisos. En 2020 y 2022 España fue el número uno de los Veintisiete.

Es cierto que la costa mediterránea siempre ha sufrido riadas –hay registros de lluvias torrenciales desde la época romana– y que el récord de precipitaciones en España data de 1987 (817 l/m² en 24 horas en Oliva, Valencia), pero los registros de los últimos años cada vez arrojan cifras más estratosféricas. La dana de octubre 2024 ocupa el segundo puesto con 772 l/m² y el aguacero de esta semana en Andalucía se sitúa en el tercero: 577 l/m² en Grazalema este lunes. 

Carmen Llasat, catedrática de Física de la Atmósfera de la Universidad de Barcelona, explica que la sucesión de borrascas que ha azotado Andalucía estos días es anómala, pero no es la primera vez que ocurre. La diferencia frente a los trenes de tormentas del pasado, apunta, es que en esta ocasión arrastra más humedad de lo normal, lo que se ha traducido en una descarga récord de agua sobre la sierra de Cádiz.

"Trenes de borrascas atlánticas ha habido antes en Andalucía, aunque ya de por sí es anómalo, pero lo que hace el cambio climático es calentar el océano y ceder más humedad a la tormenta", opina Llasat.

Otra de las consecuencias del calentamiento del mar sobre estas borrascas es el incremento del tamaño del granizo. Como explicaba hace unos días a infoLibre José Luis Sánchez, experto en Física de Nubes de la Universidad de León, el aumento de la temperatura de la atmósfera aporta más energía a las tormentas, incrementando su tamaño y la energía que concentran. Esto provoca que las corrientes de aire verticales que se generan en el interior de las nubes tengan más fuerza para elevar las motas de agua –convertidas en hielo, cuando alcanzan determinada altura–, y cuanto más ascienden, más diámetro acumulan antes de precipitar, engordando el pedrisco.

Como afirman los expertos en precipitaciones, las inundaciones o el granizo, aunque las relacionemos con el frío, están directamente ligadas al aumento de las temperaturas. Y en esto último no hay espacio para la duda. Globalmente, los últimos diez años han sido, individualmente, los más cálidos de los últimos 100.000. En España, los últimos cuatro años han sido los más calurosos desde que hay registros, con el récord en 2020.

Un verano tórrido y un otoño e invierno con inundaciones sucesivas son dos caras de la misma moneda. El calor atmosférico de julio y agosto se almacena poco a poco en el agua del Mediterráneo, incrementando su temperatura media de manera irremediable –el agua acumula energía y se enfría mucho más despacio que el aire–, y en los meses de otoño esa humedad alimenta las nubes que descargan sobre Valencia, Murcia o Cataluña. En el caso de las lluvias de Andalucía, el proceso es el mismo, pero tomando la humedad del Atlántico tropical, que es arrastrada por el viento hasta que choca con la sierra de Grazalema.

Este verano, el mar Mediterráneo en Baleares alcanzó un récord de temperatura y llegó a registrar una temperatura media diaria con una anomalía de 4,94ºC sobre la media del histórico. La máxima registrada fue en la boya de Mahón (Menorca), con 31,2ºC el día 13 de agosto.

Esa misma semana, en Castilla y León, los bomberos forestales hacían frente a una ola de incendios sin precedentes, también acelerados por el calor y la sequía. La primavera de 2025, que fue más húmeda de lo normal, solo sirvió para desplazar los fuegos del mes de julio hasta agosto, puesto que a continuación llegó el verano más caluroso del histórico, con anomalías de temperatura de entre 2,5ºC y 3,5ºC en la zona de El Bierzo, donde se concentraron los incendios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este viernes a Andalucía, donde visitará las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo, recoge EFE. Según han informado fuentes del Gobierno, Sánchez sobrevolará en helicóptero las zonas más afectadas para poder conocer de primera mano los daños ocasionados por el temporal.

Fuentes de Moncloa han explicado también que Sánchez prevé visitar a mediodía el Puesto de Mando Avanzado situado en el municipio gaditano de San Roque.

Tras interesarse por la situación y recabar información de los mandos operativos y autoridades que están al frente del dispositivo desplegado para atender a la población, evaluar daños y supervisar las infraestructuras, el presidente hará unas declaraciones a los medios en el ayuntamiento de la localidad.

Andalucía vive este viernes una jornada meteorológica algo más tranquila en la que volverán a abrir prácticamente todos los centros escolares. No obstante, 7.000 personas permanecen desalojadas por la crecida de los ríos en varias provincias andaluzas. Especial atención merece la localidad gaditana de Grazalema, evacuada en su totalidad por la enorme cantidad de agua que se acumula en el subsuelo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido evacuar de emergencia a los 1.500 habitantes de esa localidad gaditana "por prevención". Además de Grazalema, la Junta mantiene desplegados Puestos de Mando Avanzados (PMA) en Jerez de la Frontera y San Roque, en la provincia de Cádiz, y en Ronda y Casares, en Málaga, y se analizan nuevos desalojos en Arcos de la Frontera, El Puerto y Jerez.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evacuó este viernes el Palacio Nacional junto con periodistas y trabajadores del Gobierno federal, tras activarse la alerta sísmica durante su conferencia de prensa matutina por un terremoto de 6,5 grados en la escala Richter, con epicentro en el sur del país.

La alerta se escuchó mientras la mandataria ofrecía su conferencia desde el Salón Tesorería, lo que obligó a interrumpir el acto y aplicar de inmediato el protocolo de seguridad. “Uy, está temblando", dijo Sheinbaum al percatarse del movimiento, antes de pedir a los presentes mantener la calma.

De acuerdo con la información preliminar, el seísmo, de 6,5 grados en la escala Richter, tuvo su epicentro en el estado de Guerrero, en el sur del país, una de las regiones con mayor actividad sísmica de México. El movimiento telúrico ocurrió a las 07.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La presidenta encabezó el desalojo ordenado del recinto histórico, acompañada por los reporteros que cubren la conferencia y personal del Gobierno federal. En imágenes difundidas posteriormente, se observa a la jefa del Ejecutivo en el patio central del Palacio Nacional, donde permaneció a la espera de las indicaciones de Protección Civil para determinar si era seguro reanudar la actividad.

Al cierre de su conferencia, la gobernante mexicana precisó que hasta las 09.00 hora local (15.00 GMT) se tenían registradas réplicas pequeñas, la de mayor magnitud de 4,2 grados en la Ciudad de México. “Hasta el momento, no se reportan afectaciones ni, afortunadamente, ningún fallecimiento”, aclaró.

México se encuentra en una zona altamente sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que la activación de la alerta sísmica es un mecanismo habitual de prevención, especialmente en la capital del país. Si bien el terremoto tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana.

De acuerdo con el SSN, el seísmo fue considerado como "severo" y avisó que se mantiene la vigilancia en las zonas donde fue percibido.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, afirmó que tras el seísmo personal de Protección Civil estatal, se encontraba recorriendo y revisando diferentes puntos, en coordinación con autoridades municipales, para descartar cualquier riesgo a la población tras el sismo que tuvo epicentro en el municipio de San Marcos. “Hasta ahora, se reportan afectaciones menores”, precisó.

Por su parte, la gobernadora del sureño estado de Veracruz, Rocío Nahle informó en sus redes sociales de que el movimiento telúrico se sintió fuerte en varias zonas del estado y que Protección Civil estatal se encuentra evaluando el territorio. Mientras que la coordinación de Protección Civil estatal precisó que el seísmo se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada”, señaló.

Sara Aagesen (Madrid, 49 años) acaba de cumplir su primer año al frente del Ministerio de Transición Ecológica. A los seis meses de tomar el relevo de Teresa Ribera, su ministerio afrontó el primer apagón de la historia reciente del país, y este verano la mayor ola de incendios de este siglo. Este jueves hizo balance con infoLibre de estos últimos doce meses y analizó el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática que prepara Moncloa, aunque la oposición ya ha anunciado que no se sumará. En todo caso, la ministra subraya que las principales medidas de ese documento saldrán adelante en los próximos meses, como una campaña de concienciación de la emergencia climática que comenzará en enero. Y transmite la relevancia de este proyecto para Moncloa, algo que traduce, en conversación más informal, en que algunos ejes e hitos de dicho borrador van a conformar la acción de Gobierno durante el primer semestre de 2026.

Antes de empezar con su ministerio, me gustaría saber si el presidente le ha pedido ser la nueva portavoz del Gobierno. Hay rumores sobre ello.

Rumorología. Lo que puedo decir es que la decisión la tomará el presidente y la hará pública cuando lo estime oportuno.

Esta semana ha presentado con el presidente Sánchez el borrador del Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. ¿Ha hablado con la oposición?

Este pacto nació en septiembre con la mano tendida a todas las fuerzas parlamentarias, las administraciones y la sociedad civil, y ha resultado en esta propuesta donde algunas comunidades autónomas han hecho aportaciones. Nuestro objetivo ahora es que gran parte de esos debates estén en el Congreso y que tengamos la oportunidad de hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, uno a uno, para que sigan aportando.

Como se trata de un pacto de Estado tendrá que haber consenso. ¿Ha hablado con el Partido Popular?

Nosotros desde el principio les pedimos que mandasen propuestas y de momento no ha ocurrido, pero esperamos que ocurra. Seguramente cuando lo lean los 15 ejes de la propuesta y las 80 actuaciones habrá demandas de otras formaciones políticas. Espero que entonces se unan.

¿El Gobierno es entonces optimista con este pacto de Estado?

Quiero ser optimista porque sería irresponsable para otras formaciones no apoyarlo. Especialmente en un país como España, que es muy vulnerable y donde tenemos que anticiparnos, tener esa red de seguridad de protección a toda la ciudadanía en general.

¿Qué otras cosas tiene pensadas su ministerio para 2026?

Tenemos muchas propuestas para el año que viene alineadas con el cambio climático y con las medidas incluidas en el el borrador del pacto de Estado. En enero puedo anunciar que habrá la primera gran campaña de concienciación contra la emergencia climática para concienciar y estar mejor preparados para actuar. 

Más adelante, también tenemos preparado un paquete de medidas contra la desinformación climática para ayudar a los verificadores de forma muy ágil, con información detallada y científica. Uno de los grandes problemas es que la verificación tiene que ser rápida para que la desinformación no se extienda. Será un bloque de iniciativas con financiación y apoyo para que los verificadores tengan estas capacidades.

Además, tendremos un programa de trabajo de adaptación con horizonte 2030. Se hará a partir del informe de riesgos naturales de hace dos meses, que concluye que España está expuesta a 141 riesgos en 14 sectores, como el sector agrario, el pesquero, el turismo, o la salud. Una actuación concreta, por ejemplo, una dotación de 20 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para que puedan elaborar sus planes contra incendios forestales. Y les ayudaremos también a planificar frente a inundaciones.

[La gestión forestal y la resiliencia hídrica son dos de los ejes del borrador del pacto de Estado, algunas de cuyas medidas el ministerio tiene intención de ir poniendo en marcha de forma inminente ante la emergencia climática, aunque el horizonte temporal para estos hitos se extienda hasta 2050].

Bruselas ha anunciado un giro en la política sobre el coche de combustión. ¿Ha intentado España frenar ese cambio?

La carta que mandó el presidente a la presidenta Ursula von der Leyen fue muy clara: no demos marcha atrás, hay que dar pasos adelante. Creo que es un error histórico para Europa por muchos motivos. Intentar desligar la descarbonización de la competitividad es un error porque son dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos de descarbonizar las carreteras hablamos de invertir en salud en las ciudades, pero también de competitividad industrial. Estamos penalizando a los first movers, los que han invertido, y de repente les cambiamos los esquemas. Europa tiene que demostrar liderazgo y tiene que ser un lugar en el que se confíe. No puede ser que ante los problemas se cambien las políticas.

En todo caso, el cambio de rumbo de la Comisión Europea es evidente. ¿Está España desalineada con la nueva agenda de Bruselas?

Yo creo que España está alineada con la agenda verde que ha defendido Europa en su conjunto en los últimos años, y esa agenda verde por la que Von der Leyen apostaba en su discurso de hace solo tres meses. Es verdad que estos movimientos crean distorsión, incertidumbre y son muy negativos. Desde España vamos a seguir con nuestra agenda verde porque da resultados. 

Cambiando a la energía, el Consejo de Estado emitió el informe sobre la retribución de las redes eléctricas durante el próximo ciclo. ¿Se impondrán los números que pide la industria o los que propone la CNMC?

Lo sabremos muy pronto porque tiene que decidirse antes de final de año. El consejo de la CNMC es el competente para definir la tasa de retribución de las redes, pero desde el Ministerio ya emitimos unas orientaciones de política energética en las cuales buscamos un equilibrio que es complejo, pero que es importante. El equilibrio está entre incentivar esas inversiones en un momento donde las redes son fundamentales en la transición energética, pero a su vez también que esa inversión en redes no suponga una carga desmesurada para los consumidores, que al final son los que tienen que apostar por la electrificación con precios competitivos.

También tenemos que tener en cuenta el contexto del mercado, porque las redes son importantes en España, pero también en Portugal, en Francia, en Italia, en Estados Unidos y en Canadá, y por eso pedíamos una señal fuerte que permitiese esas inversiones. Yo lo que espero es que la propuesta definitiva que salga de la CNMC evidentemente sea la adecuada para que esas inversiones estén, y para que el equilibrio de los consumidores sea también el mejor con precios competitivos.

En los últimos años, da la sensación de que ha habido un cambio en la visión del ministerio sobre la energía nuclear. ¿Hace falta alargar la vida de las centrales?

Lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar en el escenario del Plan Nacional de Energía y Clima sin alterarlo. Ha llegado una propuesta de las empresas propietarias de Almaraz para alargar su vida, y ahora está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear emitir un informe que es muy importante para nosotros sobre la seguridad radiológica y nuclear de la planta.

Si ese informe es positivo, ¿dará el ministerio el visto bueno a posponer el cierre?

Lo que hemos dicho es que no vamos a hacer ninguna valoración ni interferencia porque es un informe muy técnico. Esperaremos a lo que salga de ahí para dar el siguiente paso.

Han pasado meses desde aquel apagón de abril. ¿Hay alguna remota posibilidad de que haya de nuevo un apagón esta primavera?

Nosotros hemos identificado en un comité las causas del apagón y hemos puesto una gran cantidad de actuaciones y medidas. También lo han hecho la CNMC y Red Eléctrica, que han actuado sobre el parámetro conflictivo: el control de tensión. Todos los organismos competentes están trabajando para que lo que pasó el 29 de abril no vuelva a ocurrir.

Uno de los problemas que usted subrayó es que las plantas que debían regular la tensión no funcionaron. ¿El ministerio las ha inspeccionado?

El expediente informativo está en manos de la CNMC, que tiene una investigación en curso. Esperaremos a las conclusiones de ese informe para ver qué ocurrió en aquellas instalaciones, que es verdad que reciben una retribución por ese control de tensión. 

Una parte del problema llegó de las compañías, pero no sé si el ministerio hace autocrítica de lo que ocurrió ese día.

Bueno, la autocrítica está en que hemos sido conscientes de la importancia de la supervisión, y eso es lo que pusimos encima de la mesa: unos sistemas mucho más transparentes y una información que pueda ser accesible de forma ágil y rápida. Eso es lo que llevamos a un real decreto ley que decayó en el Congreso, lo que es una verdadera pena. Lo que hicimos después es llevarlo en un real decreto, que tardó más por culpa de ese poco apoyo. Esperamos que esa supervisión ayude.

A finales del año que viene entra en vigor una decisión reciente de la Unión Europea que prohíbe comprar gas a Rusia a partir de 2027. En España, Naturgy tiene un contrato muy importante de este tipo. ¿Han hablado con la compañía sobre ello?

Lo que está muy claro es que nosotros apoyamos la búsqueda de alternativas para la eliminación de cualquier combustible fósil de Rusia. Hemos hecho un análisis y preguntado a las empresas qué podía ocurrir y nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de suministro y que los precios de los consumidores no se distorsionen. Consideramos que las propias empresas eran conscientes de esta decisión desde el primer minuto y han buscado la diversificación de sus fuentes, y nuestra previsión es que no exista un impacto.

Quería terminan con el carbón, porque aunque no haya una norma concreta sobre ello, siempre se ha hablado de que 2025 sería el último año con estas centrales trabajando en España. Esta semana sigue alguna funcionando, ¿hay algún compromiso de cierre?

El carbón es una gran historia de éxito entre empresas, sindicatos y Gobierno de España para que su transición sea justa. Es cierto que en 2025 quedan centrales de carbón, pero sobre el mix eléctrico representa menos del 1%, con una caída sustancial desde 2018. Las pocas instalaciones que quedan pueden obedecer a restricciones técnicas como las de las islas, o quizás alguna de las pocas de la península, pero el objetivo es el fin de la generación con carbón.

No hay entonces un compromiso de cierre con fechas concretas.

En cuanto existan las alternativas, yo creo que las primeras interesadas en cerrarlas son las compañías.

A finales de este siglo, será prácticamente imposible encontrar un lugar que permanezca helado durante todo el año en Europa occidental. Da igual el ritmo al que se caliente el planeta, porque ocurrirá en todos los escenarios.

El primer estudio global sobre el número de glaciares del planeta arroja un resultado dramático para los mayores reservorios de agua dulce de la Tierra. Los cálculos más recientes estiman que el planeta se calentará unos 2,7 °C este siglo, y eso supondrá que de los 211.490 glaciares que quedan en el mundo, únicamente sobrevivirán el 37% a final de siglo. Solo lo harán los más grandes, los situados a mayor altitud y en latitudes más frías, mientras que el resto sucumbirán al calor y se derretirán. Los primeros en hacerlo serán los glaciares europeos de los Alpes y los Pirineos, los del Cáucaso, los de los Andes Subtropicales y los del norte de Asia.

El estudio, publicado este lunes en la revista Nature Climate Change, arroja un futuro especialmente crítico para los glaciares de Europa, donde desaparecerán en un porcentaje mayor que en ningún otro lugar del mundo y será imposible protegerlos incluso aunque se frene drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. En este momento quedan 3.198 glaciares en el centro del continente, y en el año 2100 habrán desaparecido un 87% (si el mundo se calienta 1,5 °C), un 92% (si se calienta 2 °C), un 97% (si se calienta 2,7 °C) y un 99% (si se calienta 4 °C).

Las últimas previsiones de los expertos de Naciones Unidas apuntan a que la tierra alcanzará una temperatura 2,7ºC superior a la media de la era preindustrial (1850-1900), por lo que apenas sobrevivirán 110 glaciares en Europa occidental en 2100. Los autores también destacan que no habrá que esperar a finales de siglo para ver el impacto salvaje de este desastre, porque en 2033 se alcanzará en Europa el ritmo más rápido de derretimiento, con 106 lenguas de hielo desapareciendo cada año. En el año 2040, se habrán perdido alrededor del 50% de los que quedan en este momento.Los investigadores consideran que un glaciar ha desaparecido cuando solo tiene un 1% de su superficie original.

"Para final de siglo prácticamente no quedarán glaciares en Europa, y cuando uno desaparece nunca regresa, salvo que el planeta se vuelva más frío o comience a nevar en grandes cantidades. Estamos hablando de la extinción de los glaciares", explicó en una rueda de prensa Lander Van Tricht, científico y glaciólogo de la Universidad de Vrije (Bruselas) y líder del informe.

Matthias Huss, de la escuela ETH de Zúrich y coautor del estudio añadió: "Estos cambios son realmente dramáticos. Cuando un glaciar desaparece por completo, el paisaje deja de ser blanco y pasa a ser marrón o negro, lo que es muy impactante para el turismo, y por supuesto para la cultura local y las tradiciones. No es solo un problema científico, es algo que realmente toca el corazón y es doloroso para toda la sociedad".

El estudio que se acaba de publicar aporta dos novedades en el análisis de las lenguas de hielo. En años anteriores se habían calculado el volumen de agua dulce que hay almacenada en los glaciares –son la mayor reserva de agua después de los océanos– y el volumen que se va a perder por el cambio climático. Pero hasta ahora no se conocía exactamente cuántos glaciares hay en la Tierra (211.490), ni cuántos quedarán a final de siglo.

Los cálculos que arrojan ahora apuntan a que entre 2040 y 2060 habrá lo que el estudio denomina un "pico de extinción" global de glaciares, ya que se perderán unos 3.000 cada año durante dos décadas consecutivas, un evento climático que el ser humano nunca antes ha vivido. Bajo un calentamiento de 2,7ºC, a final de siglo quedarán 43.852 glaciares (un 62% menos que hoy). Si la temperatura llega a subir 4ºC –un escenario que ahora no se contempla– solo quedarían 18.288.

Los investigadores también explicaron a la prensa que este proceso de derretimiento ya comenzó a finales del siglo XX, y que hoy en día se pierden unos 750 u 800 glaciares cada año. En España, esta semana el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE–CSIC) publicó su actualización de los principales glaciares de los Pirineos, y todos han perdido en el último año al menos un metro de espesor. El glaciar de Ossoue (Vignemale, en los Pririneos franceses) ha llegado a descender en algunos puntos 5,4 metros.

El investigador Matthias Huss confesó en la rueda de prensa que, tras décadas estudiando los glaciares en Suiza, en 2019 ascendió junto a 250 personas el de Pizol, en Suiza, para despedirse ante su inminente desaparición. "En los últimos años se han organizado por todo el mundo funerales a glaciares para despedirse de ellos, pero también para lanzar un mensaje a la humanidad de que eso es una pérdida para todos", dijo.

Solo en los Alpes de Suiza hemos perdido 1.000 glaciares en las últimas tres décadas, el 40% del total, y muchos de ellos no tenían nombre porque eran muy pequeños, de manera que apenas ha quedado constancia de su existencia. "En el Parque Nacional de Suiza, donde la naturaleza tiene un grado de protección muy alto, ya no quedan glaciares", añadió Huss.

La jueza que investiga la causa de la dana ha requerido a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, que aporte en su declaración del próximo lunes el tique del aparcamiento y cualquier otro elemento que acredite el periodo en que estuvo con él el día de la catástrofe.

En un auto de este viernes, la jueza de Catarroja asegura que saber hasta qué momento Vilaplana pudo estar presente durante las llamadas que se mantuvieron entre Mazón y la exconsellera de Interior Salomé Pradas, investigada en esta causa, convierte en útil la prueba solicitada, la obtención del tique de entrada y salida del aparcamiento de la Glorieta de València.

En este mismo auto, rechaza una nueva citación de Pradas "en el presente momento" al objeto de prestar nueva declaración, tras ser pedida por una acusación particular para que aclarara algunas cuestiones a partir de las informaciones que se van obteniendo en sede judicial y a través de los medios de comunicación. 

Virginia Ortiz Riquelme, prima de Juan Alejandro Ortiz, víctima de la dana, y vecina de Letur (Albacete), ha asegurado que quien "omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas" es quien "comete el acto primigenio que deriva en sus muertes", según ha informado EFE.

Así lo ha asegurado al final de su intervención en el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 (229 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía), que ha sido aplaudida por los familiares de los fallecidos.

En su discurso, el último de los tres que han realizado familiares de víctimas, Virginia Ortiz ha señalado que en España la mayoría solo "queremos vivir en paz, pero esta paz solo es posible en sociedades que disponen de libertad, igualdad, dignidad y seguridad", para asegurar que las inundaciones son el fenómeno natural que más muerte provoca.

Pero, ha continuado, "no es este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido" sino que "es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes".

La joven ha afirmado que el rumbo de la sociedad no debe dejarse en manos de "quienes nos alejen de ese concepto pleno de paz". "El poder siempre ha sido nuestro y sé que, unidos, haremos justicia", ha concluido.

También ha agradecido a los profesionales y operarios su trabajo para localizar el cuerpo de su familiar y ha lamentado que no ha ocurrido lo mismo con todos, pues los cuerpos de dos víctimas de Valencia todavía no han sido encontrados.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a los voluntarios y a David Lafoz, uno de los voluntarios que acudió a ayudar con su tractor tras la dana, fallecido este año.

"No estamos solos y hoy más que nunca tenemos que estar unidos", ha afirmado tras recordar a su primo.

Previamente, Andrea Ferrari, hija de Eva Canut, fallecida cuando salía de su trabajo en Riba-roja del Túria, ha defendido que para las víctimas, "ahora mismo, lo más importante es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad".

Y ha lamentado: "Hoy hace un año que nos cambió la vida a todos y todavía sentimos el vacío que nos dejó aquel día", y ha compartido con los presentes que aún siente "el vacío de esos días" que cambiaron su vida.

Cada víctima "deja un recuerdo imborrable, una familia rota", y el funeral de este miércoles "no es solo un homenaje a los que se fueron, sino un reconocimiento" a los que, como ella, siguen "caminando con cicatrices", ha afirmado para defender que mientras exista memoria "nunca habrá olvido".

Otra de las familiares, Naiara Chuliá, madre de dos hijos que perdió a su marido, Slim, cuando este salía de trabajar aquel 29 de octubre, ha señalado en su discurso en el funeral que sus hijos son "su salvación" y que "el momento más duro" de su vida fue decirle a los niños que su padre no volvería.

"Mi vida se rompió en miles de pedazos. Tenía que reconstruirla pero faltabas tú", ha señalado al tiempo que ha lamentado: "Es duro educar lejos del dolor, la rabia y la tristeza cuando tú te sientes así".

Ha recordado a su marido, que llegó hace casi 25 años de su Túnez natal, para añadir: “Yo cuento mi historia, pero aquí hay 237 historias con nombres y apellidos, familias destrozadas y sueños rotos, familias que han perdido más de un ser querido, y niños".

“Hay muchas almas rotas unidas por el dolor” y con la esperanza de encontrar algún día “alguna razón para salir adelante”, en su caso sus dos hijos, según ha señalado en su discurso.

Desde la distancia, el parque de la Albufera se ve sano y limpio. Un mar interior de cinco kilómetros de diámetro de aguas azules donde anidan aves de altísimo valor que atraen a cientos de turistas cada día y que da trabajo a pescadores y arroceros. Pero de cerca, entre los carrizos del interior de la laguna, no hay que rebuscar mucho para encontrar bidones, neumáticos y basura en general que fue arrastrada por la dana de hace un año. Más revelador aún es recoger un puñado de tierra junto a la orilla, porque está plagada de microplásticos que seguirán allí durante siglos si no se recogen. 

La foto que acompaña a este reportaje es la situación en la que se encuentra un pequeño rincón del parque natural, pero así hay nada menos que 210 kilómetros cuadrados de arrozales y humedales. Los enseres más grandes y más visibles –neveras, coches, muebles, colchones– fueron retirados hace meses por la Generalitat y por un ejército de voluntarios, pero restos mucho más pequeños se han quedado en el fondo o enganchados en los juncos y las acequias.

La Conselleria de Medio Ambiente afirma que están trabajando en recuperar su estado anterior a la dana. Raúl Mérida, director general de Medio Natural, asegura a infoLibre que siguen muy de cerca los parámetros del agua, y que en este momento no hay motivos para preocuparse. "Hacemos análisis diarios y la calidad del agua es estable. No está mal, o no está tan mal como después de la dana, y está en fase de recuperación", señala el portavoz. 

Expertos independientes, sin embargo, opinan que el Govern del PP debería hacer mucho más y que peca de optimismo. A pie del lago, el agua luce un verde amarillento, y prácticamente no se distingue nada que esté más allá de 10 centímetros de profundidad. Mérida explica que están trabajando para mejorar la transparencia, pero que en todo caso es "el color tradicional de esta época" porque al estar el lago rodeado de vegetación es normal que se oscurezca. En julio, cuando se sumaron las altas temperaturas, el agua llegó a ponerse naranja por la proliferación de algas.

Uno de los mejores conocedores de la laguna es Carles Sanchís, presidente de la Junta Rectora de la Albufera, un consejo de expertos que asesora a los políticos. En su opinión, se han aliviado muchos de los daños de la dana, pero la situación está lejos de estar controlada y avisa de que los parámetros ambientales son muy preocupantes. "Hay un regreso a la mala normalidad que teníamos antes. Hay un exceso de fitoplancton y de turbidez que si no se corrigen terminarán en un episodio de mortalidad. Tenemos dos o tres años para actuar, o habrá una generación entera de valencianos, los nacidos a partir de los años 60, que nunca verá la Albufera cristalina", advierte. 

Javier Jiménez Romo, biólogo con más de 20 años de experiencia trabajando en esta reserva, también describe una situación completamente opuesta a la de Raúl Mérida. Denuncia que la Generalitat trató desde poco después de la dana de dar la imagen de que la Albufera estaba recuperada, pero un año después continúa colmatada de basura. Mientras recorre los alrededores del parque, muestra botellas y latas perfectamente prensadas que continúan encajadas en recovecos. "Están aplastadas porque formaban parte de balas gigantes de envases que fueron arrastradas desde centros de residuos y reventaron", explica.

La contaminación química es uno de los grandes peligros de la dana sobre la Albufera porque llegaron toneladas de medicamentos, aceites industriales y productos químicos de toda la industria que rodea la cuenca. El portavoz de la Conselleria de Medio Ambiente afirma que tuvieron la suerte de que "muchos de estos productos quedaron contenidos en sus envases y no se vertieron", pero Javier Jiménez lo niega categóricamente. "Es ridículo. ¿Estamos hablando de que la dana partió coches por la mitad, pero los bidones y blísteres de medicamentos sobrevivieron?. Hay un interés en trasladar el mensaje de que el problema no fue tan grande y que todo está bajo control, pero no es así", contesta.

Además de los residuos de tamaño mediano que permanecen todavía –zapatillas, macetas, el tapacubos de un coche…– la tierra está plagada de trozos de diferentes plásticos por todos lados. La misma situación que cuando hace dos años las playas de Galicia se llenaron de bolitas en la crisis de los pellets, pero esta vez sin la alarma social de entonces. Poco a poco estos pedazos se van haciendo cada vez más pequeños y se filtran a través del suelo o se mezclan con el agua, y acaban en los acuíferos de los que luego se bombea el agua de boca o en el estómago de los peces.

Una de las víctimas colaterales son los pescadores del humedal. La única cofradía de la Albufera está en el Palmar, un pequeño municipio al sur de la laguna, y se fundó nada menos que en agosto de 1838. En realidad, los primeros pescadores comenzaron a trabajar allí hace 775 años, cuando el rey Jaume I les otorgó los permisos para explotar. Pero el trabajo ha cambiado mucho desde entonces, no por los avances tecnológicos, sino porque la calidad del agua ha caído tanto desde el colapso del parque de 1973 que ahora la bahía está dominada por especies invasoras como el lucio, el cangrejo azul o la carpa.

El mayor enemigo de la pesca no son solo los residuos de la dana, también la putrefacción de la vegetación muerta que cae al agua, aunque este problema lleva décadas vigente. Alrededor de la laguna central hay además 150 kilómetros cuadrados de arrozales –seis veces el tamaño del propio lago– que se cosechan en septiembre, y este proceso produce toneladas de paja inservible. Este residuo tradicionalmente se quemaba o se recogía en las siguientes semanas, pero este año no dio tiempo porque los campos se anegaron con la dana de octubre de 2025. Este problema recurrente provoca que la paja se pudra bajo el agua, convirtiendo los arrozales en ciénagas cuya agua acaba en la Albufera y empeora todavía más situación.

"El riesgo de que llueva está ahí, pero hay mil técnicas para evitar que estas aguas negras lleguen al lago. Habrá que ayudar a los agricultores a prevenirlo porque ellos ya están pasando lo suyo", afirma Amparo Aleixandre, portavoz de la Comunidad de pescadores de El Palmar. "En todo caso, las especies se pueden consumir y están bien", reitera.

Raúl Mérida, alto cargo de Medio Ambiente, afirma que por ahora "no ha habido un problema de falta de oxígeno, ni de mortalidad" en la Albufera, pero Amparo le contradice: "En los campos de arroz hay peces muertos. De hecho, hoy les he escrito un WhatsApp. El problema existe y lleva 20 años", contradice Aleixandre. Las carpas son las primeras en morir porque se meten por los canales hasta los arrozales y allí los episodios de anoxia son mucho más fuertes que en el lago.

Pero es que además, a la Albufera llegan aguas que recogen todos los residuos que acaban en las ramblas de la provincia, y ya se han detectado niveles altos de PFOS en los peces, hasta el punto de que desde hace casi un año ya no se pueden capturar carpas en la laguna. Los PFOS son uno de los tipos de los conocidos como contaminantes eternos: provienen principalmente de la industria y están relacionados con problemas graves de salud.

La Generalitat es la principal responsable de la conservación del parque, aunque el Ministerio de Transición Ecológica también tiene competencias, así como los ayuntamientos de la zona. La semana pasada el Gobierno central anunció un plan de 56,3 millones de euros con un proyecto principal que consiste en crear un anillo vegetal que proteja el humedal, como ya se está haciendo en Doñana o el Mar Menor, donde la agricultura y la ganadería intensiva han causado estragos similares. Sumado a esto la inversión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la inversión total es de 132,5 millones. El último parte de la Generalitat también eleva su partida a más de 100 millones, y su próximo trabajo será dragar del fondo para retirar la ingente cantidad de sedimentos agrícolas que llegaron con la dana.

Javi Jiménez contesta que estos grandes montos de dinero están muy bien, pero que hay que fijar una meta clara de a dónde se quiere llegar, porque parece que la Generalitat se contenta con regresar a la situación que había el día antes de la dana. "En cuatro décadas de proyectos e inversiones hemos visto que esto no tira para adelante. Un objetivo claro podría ser de aquí a diez años, tener el agua transparente", propone. "Y para eso hace un presupuesto estructural anual acordado con pescadores, ecologistas, cazadores, agricultores...".

Aunque ahora parezca mentira, hace un siglo estas aguas eran cristalinas, pero en 1973 la reserva sufrió un colapso total por el crecimiento urbano y agrícola a su alrededor, hasta el punto de que la bahía –originalmente de agua salada– estaba incluso en peores condiciones que tras la dana. En 1986 recibió la figura de Parque Natural para intentar impulsar su recuperación, y después entró en la prestigiosa lista de humedales Ramsar (1989) y en la Red europea Natura 2000. "Estamos mucho mejor que en los años 80, pero notablemente peor que hace siete años", resume Carles Sanchís, doctor en Geografía por la Universitat de València.

Las memorias del parque revelan que en 1981 se alcanzaron concentraciones de clorofila (fitoplancton) de 500 mg/L de agua, mientras que en 2023 –última memoria disponible– era de 150 mg/L. En todo caso, esa cifra dobla el límite a partir del cual un estanque se considera en situación hipertrófica, donde la proliferación de vegetación es extrema y se come el oxígeno. Los análisis del Ministerio de Transición Ecológica tras la dana también identifican niveles elevados e incluso del límite legal de sulfatos, magnesio disuelto, glifosato, calcio disuelto y fósforos.

A pesar de que siempre nos quejemos y de que vendan más los mensajes derrotistas, los centros educativos españoles están repletos de jóvenes sensibles ante las tragedias que nos rodean.

La constante repulsa ante el bullying, cuya punta del iceberg es una nueva convocatoria de huelga estudiantil, sólo es una muestra más de la porosa piel de una juventud enrabietada ante las injusticias. Ocurrió igual hace poco ante la masacre de Gaza.

Hace un año, multitud de jóvenes llegados de diversos lugares demostraron su grado de implicación, compromiso y solidaridad acudiendo día a día a localidades como Paiporta o Alfafar para limpiar de escombros y lodo en muchos rincones afectados por la magnitud de la dana. Mientras lo hacían y se publicaban las noticias destacando esta capacidad de entrega, algunos nos remontamos todavía más atrás en el tiempo, a 2021, para recordar cuando los medios de comunicación anunciaban otra tragedia: la del volcán de Cumbre Vieja, ahora Tajogaite, que entre otros daños sepultó en La Palma con el paso de su lava tres colegios, dos de ellos escuelas unitarias. Se hundían así bajo tierra las esperanzas que muchas familias y docentes ponen en la educación para cambiar las cosas.

La respuesta formal, administrativa, frente a la tragedia es lenta, porque lenta es la burocracia: la catástrofe de la dana sigue rodeada de preguntas, de incógnitas, y muchos de los daños materiales provocados por la colada del volcán de Tajogaite continúan sin reparación. Luego vemos otro tipo de respuestas, que nos dictan que los nuevos tiempos hacen emerger nuevas prioridades: por ejemplo, las autoridades educativas acaban de sacar adelante un Plan nacional de formación ante emergencias de protección civil en centros educativos. Este proyecto obliga a que contenidos sobre inundaciones, terremotos, riesgos volcánicos o incendios, entre otros, se impartan anualmente dentro de las distintas áreas o materias, en todos los centros escolares.

Estas tragedias y las movilizaciones que aparejan evidencian que hay otro tipo de daños, los que tienen origen emocional o moral, que apenas se reparan con grandes inversiones o despliegues materiales. La pérdida, el duelo o la despedida son daños complejos, casi siempre irreversibles, pero afrontarlos en comunidad, desde una mirada educativa, puede aliviar la herida que provocan. Y la escuela tiene siempre muchas respuestas para ello.

La escuela contemporánea tiene como nueva responsabilidad educar frente a las injusticias ligadas a grandes tragedias que acarrean daños materiales y humanos. Que lo que se aprenda en las aulas repercuta en una transformación en la forma de pensar o en la mejora del entorno desde una visión ética y humanitaria es una de las grandes lecciones que nos deja una nueva forma de entender la educación, de dimensiones más morales.

Muchos centros están ahora mismo embarcados en iniciativas comunitarias que alientan este espíritu de vinculación y solidaridad como fuentes de esperanza. Son proyectos medioambientales, sociales, culturales o científicos que repercuten directamente en la mejora de lo que nos rodea. Del aprendizaje colaborativo al llamado Aprendizaje Servicio (ApS), algo nos dice que los tiempos van cambiando, y que muchos cambios llevan aparejados el trabajo sobre la trascendencia de la pérdida, la tragedia humana, material y social. El sistema educativo no es ajeno a ello.

Los docentes de lenguas sabemos que la llamada competencia comunicativa y la literatura representan una llave que abre el significado de muchas realidades que nos rodean. Desde saber verbalizar el dolor que compartimos con otros hasta identificarnos con personajes de ficción que en grandes obras de la literatura universal también afrontaron procesos traumáticos o dolorosos.

Ese es el valor que desde la Sociedad Canaria “Elio Antonio de Nebrija” de profesorado de Lengua y Literatura hemos querido dar a nuestro XIX Encuentro y Muestra de Experiencias Didácticas, en el que también colaboran la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Cabildo Insular palmero. Lo celebraremos este año entre el 6 y el 8 de noviembre en la isla de La Palma, que sufrió hace cuatro años la erupción del Tajogaite, e incluirá un homenaje a la poeta Elsa López, premio Canarias de Literatura 2022. Al fin y al cabo, la poesía es expresión honda de las emociones, de la subjetividad necesaria para aprender a expresar con palabras la significación de la tragedia.

Será simbólico el hecho de que la inauguración tenga lugar en una histórica biblioteca de la capital palmera: la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma. Al fin y al cabo, las bibliotecas son memoria, reconstrucción de la existencia y, en cierto modo, refugio de la esperanza. Decía Borges sobre las bibliotecas, al recibir el Premio Cervantes: “Yo, que me figuraba el Paraíso bajo la especie de una biblioteca, no he perdido la esperanza."

El punto culminante del Encuentro va a ser la muestra del intercambio epistolar que niños y niñas de La Palma y la Comunidad Valenciana han mantenido sobre sus vivencias en torno a la idea de tragedia, en todas sus matices y magnitudes. Separados por miles de kilómetros, han compartido experiencias tejedoras de su existencia, pero que también los han unido en la distancia. Todo ello con sus miedos y deseos, pero también desde el necesario sentido del deber compartido que tiene el haber sido, sin buscarlo, protagonistas del relato trágico que a veces encierra la cara amarga de la existencia.

Un año después de la dana y cuatro después de la erupción volcánica, las comunidades educativas de Canarias y Valencia se unirán por unos días en el compromiso, en la exploración de los matices del drama individual y también colectivo, en la intención de educar en la responsabilidad y en la idea de que, ante la tragedia, nunca estamos solos.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

La dana del 29 de octubre del año pasado redujo el porvenir de muchas personas a la nada. A 229 de ellas les quitó la vida, a sus allegados los dejó sumidos en la amargura permanente, porque saben que casi todo se hizo mal; siendo generosos diremos que se podría haber hecho mejor. Todo falló en los sistemas de protección, esos que se supone asegura el Estado de bienestar en el que nos dijeron que estábamos instalados. Llegaron, tarde pero fueron de gran ayuda –Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, contingentes de bomberos y mucha gente voluntaria– a paliar el efecto desastroso, movidos por su corazón herido y el impulso de su pensamiento colectivo.  

De nada sirvieron las continuadas gotas frías y sus efectos que aparecen registradas en documentos antiguos y de las cuales hay 6 registros dolosos solamente en el siglo XIX. Nada, o casi nada, quedó de aquella enorme riada de 1957 que se llevó por delante la vida de 81 personas y cuantiosos daños materiales. Bueno, ahora que lo pienso, algo sí: las obras de canalización del último tramo del Turia y varias carreteras. Esas que ahora han dirigido las aguas hacia pueblos más allá del llamado Plan Sur, anegando grandes extensiones de zonas habitadas y plagadas de otras construcciones, que ahora han soportado graves afecciones. Nada se pensó para prever lo que podía suceder casi con total seguridad. La indefensión vital se limita a incertidumbres que llegarán a ser certezas.

Nada es decir demasiado poco, quizás algo cambiarán las percepciones pero al final es posible que queden en casi nada, comparado con la inmensidad de tareas pendientes. Una de las principales es mejorar la gobernanza ante posibles repeticiones. En esta dana algo ha estado claro para la mayoría de la gente: no funcionó casi nada en la cadena de gobernanza de lo público. Nada ha repercutido por ahora en quienes se parapetaron detrás de la nada para no verse enfangados por la dana.

Estas ‘nadas’ nos enseñan que la vida no es fácil, que hay incertidumbres y dificultades para vivir, pero también estas pueden despertarnos. Quizás, no se sabe a ciencia cierta, esta dana nos sirva para prepararnos ante la próxima. Mario Benedetti nos poemó que “hay quienes imaginan el olvido como un depósito desierto/ una cosecha de la nada, y sin embargo, el olvido está lleno de memoria”. Memoria que expresan una parte de los damnificados en sus demandas de acción política, no exentas de proclamas contra quienes, presuntamente, no hicieron nada.

Desde fuera, en otros territorios, percibimos la nada política en quienes, presuntamente, tuvieron mucha responsabilidad y su cara y una parte de sus hechos adoptan una compostura como si nada hubiese pasado. Me refugio en una estrofa de otro poema del uruguayo, aunque pienso en varios protagonistas no los delato: “alguna vez la nada será mía y yo / curioso la venderé al mejor postor y si él / a su vez / desencantado la subasta en la plaza / podré esfumarme al fin como si nada.”

Como él nos enseña proponemos decir en voz alta, para que nos escuchen todos los damnificados, una adaptación de algo suyo: No, no sufrimos de amnesia, solo queremos acordarnos de lo bonito –la claridad que se nos fue del pasado placentero-. A eso lo llamaríamos memoria selectiva –también sobre las querencias políticas– porque es muy saludable tenerla. Ponerla en práctica –quizás con nuestro voto– nos ayudará a homenajear a los damnificados, porque su dolor nos enseñará a recordar.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Más de tres millones de españoles viven sobre zonas inundables que están claramente delimitadas, pero es que además hay más de 4.300 edificios públicos e infraestructuras críticas en puntos donde antes o después llegará el agua. Un análisis del Observatorio de Sostenibilidad, realizado con datos del Ministerio de Transición Ecológica, ubica 1.126 colegios, 281 edificios de servicios de emergencias y 109 hospitales, entre otros muchos centros, en lugares de alto peligro de riada. Algunos de estos edificios son además imprescindibles para responder a una catástrofe y su destrucción aumentaría exponencialmente el impacto social y económico del evento.

Si se separan estas ubicaciones por categorías, los edificios de servicios sociales son el grupo más vulnerable por las riadas: en total, hay en España 1.126 colegios, 420 residencias de mayores, 232 guarderías, 26 centros de educación especial, 112 hospitales y 3 centros de salud sobre suelos potencialmente inundables. En instalaciones de fuerzas de seguridad y emergencias, han encontrado 51 plantas de bomberos, 116 cuarteles de la Guardia Civil y 114 comisarías de Policía Nacional.

También hay cientos de infraestructuras de servicios esenciales en zonas vulnerables a las riadas. Por ejemplo, 375 centros de depuración de aguas residuales, 82 instalaciones radiactivas, 415 subestaciones eléctricas, 282 infraestructuras de abastecimiento de agua, 4 estaciones de ferrocarril, 90 estaciones de autobuses y 13 aeropuertos. Sobre el total de instalaciones que localiza el Ministerio de Transición Ecológica, el 71% de ellas están catalogadas como de riesgo "muy grave", el 13% está en situación "grave" y el 16% en "leve".

El recuento, elaborado a partir de datos del Gobierno, cruza los registros catastrales de estas infraestructuras con los mapas de probabilidad de inundación a largo plazo (en los siguientes 500 años), el periodo de referencia para identificar qué suelos están en riesgo. Sin embargo, los expertos advierten de que el cambio climático se agrava a tal velocidad que una tormenta extrema que antes tenía una probabilidad ínfima de ocurrir, ahora es mucho más probable.

De hecho, este informe se ha elaborado con datos de los Planes de gestión del riesgo de inundación 2022-2027, que están en proceso de actualización en vista de que la dana de Valencia fue mucho más dañina de lo que calculaban los escenarios a 500 años. Según otro estudio, precisamente también del Observatorio de Sostenibilidad, esa tarde de octubre de 2024 se inundaron 16.000 hectáreas más de las que recogía la previsión más catastrofista, que equivalen al tamaño de la ciudad de Segovia.

"Tenemos una cantidad inmensa de infraestructura en zonas de riesgo y hay que actuar ya", señala Fernando Prieto, doctor en Ecología y director del Observatorio de la Sostenibilidad. "No olvidemos que estas cifras son las oficiales de hace unos años, el riesgo real puede ser mucho más grande, como vimos en Valencia", añade.

Además de las obras necesarias y la reordenación del territorio, que deberían aplicarse de manera urgente, Prieto propone desarrollar un sistema de etiquetas en los edificios –similar a una calificación energética– que especifique el riesgo de inundación para que el ciudadano pueda valorar mejor el peligro que supone comprar una vivienda o de ir a trabajar a la oficina bajo un aviso por lluvias. Otras ideas de los autores son establecer mejores sistemas de alerta con protocolos claros de evacuación y paralizar toda la construcción en zonas inundables.

La dana de Valencia del año evidencia que la amenaza sobre las infraestructuras que denuncia este informe es real y que debe tomarse muy en serio. Según la Generalitat Valenciana, en la riada quedaron afectados 57 centros de salud, tres hospitales y 82 residencias de mayores y esto dificultó la atención a las víctimas. "Esta merma en la capacidad operativa del sistema sanitario añadió presión a un entorno ya tensionado por el incremento de necesidades asistenciales tras la emergencia", reconoce el plan Endavant, elaborado por el Govern y publicado en julio. También se dañaron 120 centros educativos –ya se han derribado cinco colegios y otros tres están gravemente afectados–, dos parques de bomberos y tres comisarías.

Jesús Vargas, experto en riesgos hídricos de la Universidad de Málaga, publicó hace un año un estudio en el que estimó que 3,3 millones de españoles (el 7% de la población) viven en zonas inundables, y el litoral mediterráneo es la zona de mayor riesgo. "Tres de las seis zonas de mayor riesgo están en la costa, y esto quiere decir que el riesgo potencial es incluso mayor, porque a esa cifra hay que sumar el turismo que haya ese momento en los municipios afectados", subraya el investigador.

El Valle del Guadalquivir y la Huerta de Murcia son las zonas con mayor potencial de daños personales, con más de 410.000 habitantes –en cada una– ubicados en zonas de potencial paso de agua. La costa valenciana, el cantábrico oriental, Valladolid y la costa catalana son otros puntos críticos. Por municipios, Vargas alerta de la situación en Murcia. "Prácticamente toda la ciudad de Murcia se levanta en una lámina de inundación", recuerda.

La investigación judicial sobre la trágica riada comenzó cuando las aguas todavía no se habían retirado, en un primer momento para dejar constancia del levantamiento de los cuerpos, pero con el paso de los meses el foco de la investigación está sobre aquellas personas que tenían la obligación legal de velar por la seguridad y cumplir con los protocolos de vigilancia, según informa EFE.

A continuación se detallan las principales claves de la causa judicial que dirige el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (València) en el marco de las diligencias previas 692/2024, abiertas por el fallecimiento de 229 personas y en las que se investigan supuestos delito de homicidio y lesiones por imprudencia.

La supuesta negligencia en la gestión de la emergencia que supuso la dana del 29 de octubre de 2024 y el retraso en el envío del mensaje Es_Alert, que llegó a la población valenciana a las 20:11 horas.

La jueza ve "indicios abrumadores de una conducta negligente", tal y como ha detallado en sus autos, por parte de los máximos responsables de la Consellería de Interior (ya extinta, actualmente de Emergencias).

Los juzgados valencianos empezaron a recibir denuncias de particulares, directamente afectados y no, en los días posteriores a las riadas, tanto por la vía penal, la mayoría, como por la vía contencioso-administrativa.

En ellas se daba detalle de la desaparición de familiares pero también se formulaban directamente acusaciones contra diversos responsables de las administraciones autonómica y estatal. Uno de los primeros juzgados en abrir diligencias relacionadas con esta tragedia fue el Juzgado de Instrucción número 20 de València, que estaba de guardia aquel 29 de octubre.

El conflicto entre varios juzgados de instrucción motivó la presentación de una cuestión competencial por parte de Instrucción 15, que finalmente resultó en la reordenación total de la causa, que asumió Instrucción 3 de Catarroja desde finales de enero. Este juzgado ha escuchado a más de 350 familiares de las víctimas mortales.

La causa cuenta de momento con dos investigados, por su "inactividad" pese a su posición de garantes de la seguridad de la población:

- Salomé Pradas: consellera de Justicia e Interior desde julio de 2024 y hasta el 22 de noviembre, cuando fue destituida. Era la máxima autoridad en el Cecopi en el día de la dana y en "el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población". En su declaración, alegó falta de experiencia y delegó la responsabilidad en los técnicos.

- Emilio Argüeso: secretario autonómico de Emergencias o número dos de la Conselleria de Justicia e Interior desde julio de 2024 y hasta el 3 de diciembre, cuando fue destituido. Mantuvo en su declaración judicial una "tesis de la ignorancia" sobre lo que ocurría el 29-O que para la jueza "no se sostiene". La Fiscalía se opuso a su imputación en el momento actual de la causa, aunque este posicionamiento se conoció cuando ya había declarado.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, permanece por el momento al margen de este proceso judicial porque ha rechazado los tres ofrecimientos realizados por la jueza instructora para que acuda a declarar en calidad de investigado.

A mediados de diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió acumular en una misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas contra Mazón por la gestión de la dana, al tratar sobre los mismos hechos.

Sin embargo, dos meses después, en febrero de 2025, la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal destestimó finalmente estas denuncias porque los indicios aportados resultaban "a todas luces insuficientes e infundados en orden a aplicar las normas de competencia asociadas a la prerrogativa de aforamiento".

El Alto Tribunal valenciano, que declaró "no ser insensible a la tragedia", expuso que no había por el momento indicios que le permitan investigar a Mazón y señaló a los juzgados de Instrucción como "hábitat natural" para que los damnificados iniciasen el camino de su reclamación.

Es el "elefante en la habitación" en esta causa judicial, pues no se han presentado pruebas de su duración y hasta ahora la jueza instructora había considerado que preguntar a la periodista que compartió mesa y mantel con Carlos Mazón aquella jornada era tanto como investigar al propio president, algo que excede de sus competencias.

En aquella comida, que Carlos Mazón ha desvinculado de su condición de president y ha relacionado con asuntos de partido, solo estuvo presente Maribel Vilaplana, y tanto la jueza como el fiscal del caso, Cristóbal Melgarejo, habían considerado inapropiado indagar sobre la misma.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la instructora desestimó la petición de llamar a declarar a la periodista por considerar que su declaración "estaría relacionada, en definitiva, con la localización y actuación del president durante dicho día", algo que no es posible por su condición de aforado.

Sin embargo, en una de las escasas correcciones que la Audiencia ha planteado respecto a esta instrucción, la Sección Segunda ha ordenado a la jueza que cite a declarar a la periodista porque "podría aportar información relevante" sobre "la toma de decisiones" en aquella fatídica jornada, y eso sí forma parte de la investigación penal en curso.

Recuerda además la Audiencia que, en caso de encontrar indicios de criminalidad contra el president, sería el TSJCV el órgano responsable de seguir con la causa.

Diversas acusaciones han reclamado en varias ocasiones la imputación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo; del responsable de la Aemet en Valencia, Juan Miguel Núñez, o de responsables del operativo de emergencia, entre ellos mandos de los bomberos, pero todas estas peticiones se han topado con la negativa de la jueza, del fiscal y de la Audiencia Provincial.

La principal diferencia, en opinión de la instructora, es que el resto de actores, es decir, quienes no estaban en el Gobierno de la Generalitat, no tenían el "deber de actuar", la obligación de ejercer como "garantes" de la seguridad y la protección civil.

La jueza también ha acordado, pero no ha concretado aún la fecha, que declaren como testigos la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero; el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez; y el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, entre otros cargos.

En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que una decena ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular. Las acusaciones particulares las ejercen familiares de los fallecidos o en representación de ellos, como:

- Asociación de damnificados Horta Sud, en la que figuran 114 afectados por las inundaciones de la dana.

- SOS Desaparecidos, que comenzó en representación directa de los familiares de 64 víctimas pero en abril 38 de ellas se salieron por discrepancias con el presidente de la entidad y con la intención de crear una nueva asociación, Víctimas Mortales Dana 29O.

Las acusaciones populares las ejercen, previo pago de una fianza de 6.000 euros:

- Partidos políticos: Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís.

- Sindicatos: FTAP-CGT, Intersindical Valenciana.

- Asociaciones y colectivos: Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Mai Més.

Estuvo personada la asociación Hazte Oír y también Manos Limpias, pero la primera dejó de ser parte al ser inadmitidas sus querellas y la segunda porque el letrado que defiende a Emilio Argüeso lo había sido también de Manos Limpias.

La Generalitat ha pedido personarse como responsable civil subsidiaria, pero la jueza lo ha rechazado al entender que no procede en este momento procesal.

Fruto de las preguntas y diligencias ordenadas por la jueza instructora de Catarroja se han ido conociendo detalles clave sobre la gestión de la emergencia durante aquel 29 de octubre de 2024, tales como la hora de la llegada exacta del president Carlos Mazón al Cecopi, las decenas de miles de llamadas que recibió el 112 y las horas a las que se produjeron o el hecho de que tuviese lugar un receso en las comunicaciones del Cecopi con quienes formaban parte de este órgano de coordinación pero estaban conectados de forma telemática.

El aviso "tardío y erróneo" a la población -en opinión de la jueza- y el hecho de que no se vigilasen los cauces y barrancos, como era preceptivo en una situación de emergencia hidrológica, son otras de las cuestiones sobre las que tiene puesto el foco la jueza.

Recientemente se han revelado nuevas grabaciones del Cecopi que evidencian, a juicio de la instructora, que la exconsellera conocía que se debía vigilar el cauce del río Magro y el barranco del Poyo, puesto que ella misma anotó ambas cuencas en un papel.

Otra de las derivadas sobre la cual la jueza ha reclamado información es la del fallecimiento en las inundaciones de personas dependientes usuarias del servicio de teleasistencia que presta tanto la Generalitat como la Diputación de Valencia.

La instructora está pendiente de recibir cuatro informes forenses que deberán determinar si el fallecimiento de otras tantas personas estuvo relacionado con las riadas. Esto podría elevar la cifra de víctimas mortales hasta 233, es decir, cuatro más del actual registro oficial.

Se trata de tres mujeres y un hombre. Dos de ellas eran internas de la residencia de Paiporta en la que fallecieron otras seis personas y murieron en hospitales de València el 1 y el 3 de noviembre; una tercera falleció en el Hospital de La Ribera de Alzira el 6 de noviembre y el hombre en el 26 de noviembre.

Para decenas de miles de valencianos, las huellas de la tarde del 29 de octubre de 2024 en su casa y en la de familiares y amigos. Se estima que unas 130.000 viviendas sufrieron daños por el agua. Un año después, los expertos describen un proceso de rehabilitación caótico porque una reparación estándar cuesta a una familia a partir de 70.000 euros, y a esto se une una falta de mano de obra por la altísima demanda.

La Generalitat lleva un control de los edificios que han quedado más dañados, pero el grueso de los afectados se buscan la vida para volver la normalidad. La Unidad de Evaluación de Daños del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) ha revisado hasta ahora más de 11.228 edificios y casas unifamiliares a petición de los ayuntamientos, según publica Valencia Plaza, y ha tenido que apuntalar 486. También va a demoler 363 (69 de manera total y 294 de forma parcial). Los que presentan peores condiciones se encuentran pegados a barrancos, principalmente de Torrent y Chiva.

Pero son muchas más, decenas de miles, los hogares que quedaron inhabitables tras la tormenta, y los que todavía no han podido adecentar su casa se han tenido que mudar con sus familiares o se han inscrito al programa de realojo del Govern, donde por ahora hay 200 familias.

Salvador Lara, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV), reconoce que estas obras en viviendas y locales se ha ido de las manos. No deberíamos haber llegado a esta situación porque no sabemos cuántas rehabilitaciones se han realizado. Nos han llegado memorias de proyectos de reconstrucción, pero mucha gente se ha puesto por su cuenta sin decir nada por miedo a que se les deniegue el permiso", explica.

"Si las inundaciones han destrozado la planta baja de un edificio, no debería reconstruirse hasta que no se haga un planeamiento de zonas inundables, y nadie se ha molestado en ponerse con ello. Es lo que más nos preocupa ahora mismo a los arquitectos", añade Lara.

La zona cero de la catástrofe se caracteriza por tener pisos y casas de dos y tres alturas, con apartamentos a pie de calle y sótanos y garajes subterráneos, lo que multiplicó el riesgo para las personas y también los daños materiales. Además, la renta mediana anual por hogar en esta zona de l'Horta Sud es sustancialmente menor a la de la media española, de entre 15.000 y 18.000 euros.

Mario Pérez, ingeniero de la Fundación Felisa, conoce bien el coste de restaurar una vivienda tras la dana. Su equipo lleva desde el año pasado estudiando cómo convertir un presupuesto limitado –que proviene de donaciones– en el mayor número posible de rehabilitaciones de hogares. Su fundación empezó pidiendo presupuestos a estudios de arquitectura para hacer reformas integrales, pero rápidamente vieron que esa vía estaba cerrada.

"Una rehabilitación integral para una casa inundada con 1,5 metros de agua eran entre 70.000 y 90.000 euros. Era imposible desarrollar un sistema a gran escala de reparaciones con esos números", resume. "Al final entendimos que en vez de hacer grandes obras, la mejor opción es recuperar las condiciones básicas de habitabilidad, con pequeñas inversiones de entre 3.500 y 5.000 euros por hogar", explica Pérez.

Su fórmula consiste en examinar 14 puntos de la casa (electricidad, agua corriente, humedad en las paredes, alicatado…) y ver cuáles son las necesidades prioritarias que además entran en el presupuesto. También dialogan con la familia por si ellos pueden cubrir una parte del coste o si pueden ayudar en la obra para minimizar gastos. Hasta ahora han terminado siete rehabilitaciones y trabajan en otras 19.

En los primeros meses tras la riada también detectaron que no vale con raspar una pared y pintar sobre ella. Las fincas antiguas con muros anchos desarrollaron problemas de moho que todavía persisten un año después, y hace falta utilizar máquinas industriales de deshumidificación para reparar estas casas. Tras meses de trabajo, hasta ahora han podido secar unas 60 viviendas, pero es un proceso lento que requiere de maquinaria muy cara.

Otro bache que empeora todavía más el panorama es la escasez de mano de obra en la construcción, que alarga las obras y encarece los proyectos. Según Mario Pérez, es común encontrarse con albañiles que inflan las facturas, que cobran y luego dan largas porque tienen otros trabajos comprometidos o que incluso desaparecen.

Las familias afectadas por la dana tienen líneas de ayudas para reparar sus viviendas, pero están en las antípodas de los 70.000 euros que puede costar una puesta a punto integral. La Generalitat concede 6.000 euros por vivienda afectada, y el Gobierno central hasta 10.320 euros para enseres, muebles y electrodomésticos. Si los daños afectan a la estructura, la cifra asciende a 41.280 euros, y si la casa se destruyó por completo, son 60.480.

El cobro de los seguros privados es mucho más complejo, según los expertos, porque depende del nivel de protección que tuviese el afectado. La experiencia de la Fundación Felisa es que la mayoría de las familias a las que han atendido no tenían cobertura, y las que sí, han recibido menos de la mitad de lo que cuestan los daños. El Consorcio de Compensación de Seguros, que ha coordinado estos pagos, recibió 82.000 solicitudes de cobro por parte de hogares, y ha pagado por ahora 60.733, por un valor de 1.041 millones de euros.

Hace casi un año de la dana de Valencia, un desastre climático que acabó con la vida de 237 personas, en el que las infraestructuras jugaron un papel crucial. La gran riada de 1957 llevó a la reconstrucción del cauce del Turia para evitar que el agua entrase en la ciudad, pero todavía quedan por proteger el resto de pueblos y municipios de la cuenca. José Trigueros (74 años, Madrid), presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y presidente del Instituto de la Ingeniería de España hasta 2024, aboga ahora por recuperar esas grandes obras que se impulsaron en el siglo pasado.

El Plan Hidrológico Nacional de 2001 incluía la construcción de las presas de Estubeny, Montesa, Marquesado y Vilamarxant, aunque con el paso de los años se han quedado en un cajón por problemas geológicos, como ocurrió con el famoso embalse de Cheste, o por cuestiones políticas y económicas. En una conversación con infoLibre, Trigueros propone volver a poner en marcha la construcción de esos embalses, en un momento en que el Gobierno central apuesta claramente por una alternativa menos invasiva desde el punto de vista ambiental.

¿Por qué la dana de Valencia fue tan mortífera?

Porque no se han construido las infraestructuras planificadas, como los desvíos de las ramblas o la presa de Cheste. Aunque no hubieran evitado todo el desastre, sí que habrían reducido mucho el impacto.

Dos de las obras proyectadas, por desgracia, se paralizaron en 2021 buscando que fueran ambientalmente y económicamente viables. Parece mentira también que la Confederación Hidrográfica del Júcar no tenga un Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) modernizado como la del Ebro, donde tienen modelos a 72 horas vista a partir de los datos meteorológicos. Lo del año pasado fue una concatenación de problemas.

Pero muchas de estas obras ya se cayeron años antes. En 2017 ya había problemas de financiación.

Sin duda, la historia tiene años. La culpa no es achacable a una administración concreta porque también bajo el Gobierno del PP se desestimaron muchas actuaciones. El Ministerio de Transición Ecológica tuvo una influencia decisiva en estas obras paralizadas, pero en el pasado ya se congelaron otras.

La propuesta de construcción de la presa de Cheste fue muy controvertida, ¿defiende su construcción?

Sobre ese tema hay mucho debate. Pero sí hay otras presas previstas que no se han hecho: la del Marquesado, la de Montesa, la de Estubeny y la de Vilamarxant. Y son embalses que deben hacerse para evitar una nueva tragedia.

Es muy importante también reforzar la presa de Forata. Dentro de lo malo, tuvimos mucha suerte en que no se viniera abajo. Es cierto que una presa de gravedad no se puede romper, pero el estribo derecho no está bien consolidado desde que se construyó, y si llega a rebosar el agua por esa zona, se habría limado la sujeción del estribo y se habría caído. Según los estudios, faltó muy poquito. Si hubiera llovido una hora, u hora y media más, habría ocurrido. Hay que revisar la seguridad de las presas en España.

¿Diría que la provincia de Valencia es la más expuesta a las inundaciones?

Todo el arco mediterráneo está expuesto a lluvias torrenciales, pero Murcia me preocupa muchísimo, y Almería y Málaga también. Cuando visito sus ramblas y veo que hay casas metidas hasta dentro de ellas, me da un patatús. 

En general, en toda la costa tenemos barrancos y ramblas con inundaciones que datan del año 1300. Por ello tenemos que actuar de forma inmediata. Creo todo el mundo se está concienciando del riesgo, y tanto el proyecto de reconstrucción de la Generalitat como el del Ministerio de Transición Ecológica son esenciales. Creo también que las desgraciadas 230 muertes de Valencia van a salvar muchas vidas en otras zonas de España.

Sin embargo, me faltan estas presas, que son imprescindibles si vuelve a llover en la parte alta de Valencia. No olvidemos que cuando ocurrió el desastre de Tous se hizo una obra magnífica, el desvío del Turia. Si no se hubiera ejecutado, Valencia ciudad se habría inundado también en 2024.

El grueso de las obras del Miteco no empezará al menos hasta 2026, ¿estamos ahora preparados para otra dana?

Si se produjera ahora lo mismo que el año pasado, desde el punto de vista hidráulico, el 80% de lo que ocurriría sería igual. Donde no pasaría lo mismo es en el plano civil, porque ese día las alertas no funcionaron. Desde luego, hay una serie de obras que realizar y ya vamos tarde con ellas.

¿Cuánto costarían todas las obras que propone?

Yo apoyo completamente el informe técnico de la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana [que incluye la construcción de las cuatro presas]. No es demasiado dinero. Son 1.700 millones de euros, que puede parecer mucho, pero comparado con lo que se gasta la sociedad en las inundaciones, no es nada.

También tengo que decir que el problema de ejecutar esas obras es que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no tiene personal. Se ha recortado la plantilla de las confederaciones en un 25-30% desde que se crearon, y tienen menos técnicos e ingenieros… y esto es algo que los políticos deben mirar.

Aprovecho para decir que un ingeniero responsable de la seguridad de las personas tendría que tener un complemento específico al menos igual que el de un técnico de Hacienda, pero es una tercera o cuarta parte. En fin, eso hace que muchos ingenieros competentes desaparezcan de las administraciones.

En la respuesta a las inundaciones hay un debate entre apostar por las infraestructuras grises (obras civiles) o las verdes (proyectos ambientales) ¿Dónde se posiciona usted?

Yo no participo en esa lucha de infraestructuras. Apoyo decididamente los corredores verdes, las lagunas de inundación, la reforestación de las cuencas altas… Son fundamentales porque permiten que el agua no vaya como una torrentera, y son perfectamente compatibles con la ingeniería.

Hay soluciones infinitas de la ingeniería para salvar bienes y personas, y son compatibles con el medioambiente. No hay que demonizar las obras hidráulicas, que creo que han estado demonizadas en los últimos años. 

Hay más de 600.000 personas viviendo en la Comunitat Valenciana en zonas inundables ¿Una parte de estos hogares son insalvables?

Claro. Cuesta mucho decirlo, pero algunas zonas tendrían que quedarse fuera de ordenación. Mientras estén las casas, podrán vivir allí, pero una vez que se quiera hacer una reforma o si la casa se cae, no se debe volver a construir. Por supuesto, habría que compensarles con otra casa, aunque con la escasez de vivienda que vivimos ahora, parece una utopía. 

El cambio climático ha dejado de estar de moda. Los españoles lo identifican en el puesto 36 de los problemas que sufre el país, pese a la gran ola de incendios de este verano y a que hace apenas un año tuvo lugar la fatídica dana de Valencia. Sin embargo, el científico Emilio Santiago (40 años, Ferrol) consiguió la semana pasada llevar una intervención de una sesión de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso –que habría pasado completamente desapercibida– a decenas de miles de españoles en redes sociales y medios de comunicación.

Experto en Antropología Climática del CSIC y ex asesor de Más Madrid, charla con infoLibre sobre su respuesta a las ironías e invenciones de Vox, y de cómo tendió ese día la mano al PP para cerrar a un gran pacto climático. "Necesitamos escuchar la voz de la España más conservadora en esta cuestión, y es perfectamente legítima", dijo en la comisión. 

La gente está perdiendo interés en el cambio climático, ¿usted también lo percibe?

No es solo una sensación, es algo que se recoge en el último informe sobre la percepción de la transición ecológica en España que publicó el Observatorio de Transición Justa. Se ve, por ejemplo, un descenso muy preocupante del alineamiento con la ciencia, sobre todo de la gente más joven y especialmente en los varones. Esto tiene que ver seguramente con el auge de las posiciones negacionistas, de la extrema derecha y del influjo de Trump en la conversación pública global. En España, más que un negacionismo explícito, lo que han avanzado son las posiciones más retardistas. Es más bien no querer asumir las implicaciones, las responsabilidades o las transformaciones que el cambio climático exige.

¿Hay cosas que no se han hecho bien?

Puede que no todas las políticas climáticas hayan sido políticas acompañadas con una dimensión de redistribución de riqueza que haga que la transición sea fácil. Que no sea percibida como un sacrificio. Especialmente entre los sectores populares, las rentas medias o las rentas bajas. Venimos insistiendo hace muchos años en que si queremos que la transición ecológica sea rápida, tiene que ser justa.

¿Cuál cree que ha sido el punto de inflexión que ha desatado el negacionismo?

Lleva circulando mucho tiempo, pero para mí el punto de inflexión fue la dana de Valencia. Asistimos al nacimiento del negacionismo climático conspirativo más delirante. Al estilo del movimiento QAnon en Estados Unidos, que aquí no existía. Fue muy sorprendente, incluso para la gente que venimos trabajando en el ámbito de la investigación o de la militancia en el ecologismo durante muchos años. Sufrimos un gran desastre climático en España, pero lejos de servir de proceso pedagógico, sirvió de ventana de oportunidad para surgimiento de teorías reaccionarias, y con Iker Jiménez haciendo picos de audiencia.

Desde esos días, parece que la fuerza del mensaje ecologista ha decaído, pero su discurso de la semana pasada tiene cientos de miles de reproducciones. ¿Cree que ha sido casual o tocó alguna tecla que aporta algo nuevo al movimiento?

Que fuese yo es casual, pero creo que funcionó muy bien levantar un marco científico para frenar al negacionismo. En los últimos años ha habido un retroceso en la calidad del debate público que llega a cuotas delirantes. En Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, están emergiendo problemas de salud pública erradicados como el sarampión y se ha propuesto prohibir el paracetamol a las embarazadas. Hay un auge de cosas que al principio nos hacían gracia, como el terraplanismo, pero cuyo peligro habíamos subestimado.

La sociedad está entendiendo ahora que el auge de la extrema derecha se diferencia de otros procesos históricos previos en que esta gente no va a recortar derechos sociales para beneficiar al capital, como la derecha neoliberal clásica. Esta gente va a por los fundamentos básicos de una república ilustrada donde se pueda tener un debate racional.

Tenemos a Occidente secuestrado por unos procesos políticos que pueden acabar en fanatismos y en retrocesos muy significativos. No solo están proliferando los bulos, sino el irracionalismo y la anti ciencia, que nos retrotraen a épocas muy oscuras de nuestro pasado.

Sin embargo, también defendió en el Congreso que hay que escuchar a los conservadores para hacer política verde...

Eso se lo dije al PP porque no pudieron o no quisieron intervenir. Les dije que en su caso era una pena que no participasen porque es evidente que van a gobernar este país más tarde o más temprano, y necesitamos sostener las políticas climáticas durante 30 y 40 años. Lo ideal sería contar con todas aquellas fuerzas capaces de gobernar para sentar un consenso mínimo. Y a partir de ahí, quien gobierne que lo module en función de sus valores y de sus compromisos ideológicos, que son legítimos. Ahora, no soy ingenuo. Estudio procesos históricos y políticos. Sé que hay cosas que se consiguen por acuerdo y cosas que se consiguen por hegemonía. Por ejemplo, el salario mínimo no creo que lo bajen aunque ganen PP y Vox. Porque bajarlo sería una conmoción social tan grande que ya no pueden hacerlo.

En sus últimos libros –Contra el mito del colapso ecológico y Vida de ricos– también es muy crítico con algunas posturas del ecologismo y la izquierda. ¿Qué errores han cometido?

Muchos. Yo también he caído en ellos. Primero, buena parte de la izquierda no ha asumido la gravedad de la situación. Como decía Naomi Klein, la crisis climática lo cambia todo. Sufrimos daños catastróficos a otro nivel de magnitud que incluso son irreversibles, y la izquierda no está acostumbrada a la irreversibilidad ni a la rapidez con la que hay que responder. Tenemos muy poco tiempo. La izquierda más utópica, más transformadora, más maximalista, de la que vengo yo, sigue viendo el futuro como si estuviese permanentemente abierto. Pero es que el presupuesto de CO₂ para alcanzar un calentamiento de 1,5°C se acaba en un lustro. Y el de los 2ºC, en menos de 25 años. Vamos hacia un mundo radicalmente distinto donde puede verse comprometida la habitabilidad de zonas donde viven miles de millones de personas.

Segundo, el ecologismo ha tenido una relación con la tecnología problemática, que no deja de ser religiosa en sentido inverso. La tecnología no va a hacer milagros que nos salven, pero tampoco es un pecado. Y buena parte del ecologismo se ha quedado obsoleto ante adelantos tecnológicos que objetivamente facilitan mucho la transición ecológica.

Tercero, creo que la izquierda ha regalado lo aspiracional a la derecha. Si la izquierda va a la pelea solo con la moral o con el miedo, como mucho conseguiremos un empate. Pero si quieres hacer una transformación social, necesitas ofrecer un horizonte de ganancia. Y esa disputa ideológica la hemos dejado de lado. 

Esta semana estuvo en las jornadas del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. ¿Cree que habrá acuerdo?

La derecha y la extrema derecha han convertido el clima en un asunto de guerra cultural, así que ya no es tan sencillo. La alternativa es hacer políticas con beneficios y cambios tan estructurales que sean difíciles de revertir. Aun así, lo intentaremos. Es una iniciativa interesante, pero dudo que se llegue a firmar.

¿Cree que hay margen para que la derecha aporte al debate climático? Quizás no ahora, pero sí cuando gobiernen...

Si nos remitimos a la historia, hay precedentes del PP de retroceso. El impuesto al sol está ahí. Es verdad que hoy la transición energética está más consolidada, pero si miramos a Estados Unidos, vemos una guerra… una contrarrevolución absoluta contra todo lo que tenga que ver con la agenda verde, aunque las renovables sean más rentables. Soy escéptico. 

Escuchamos a menudo, en debates sobre incendios o sobre la sequía, que el ecologismo se hace desde las grandes ciudades, pero se sufre en el campo. ¿Qué opina?

Hay que desmontarlo porque es falso. La gente del mundo rural está en la primera línea de los impactos climáticos. Pocos sectores económicos van a sufrir más la subida de temperaturas o los fenómenos extremos que los agricultores y los ganaderos. Una de las cuestiones que yo propongo es convertir los ecosistemas en el sexto pilar del estado del bienestar, igual que la sanidad o la educación. Tenemos que hacer que quien cuide de la naturaleza reciba una recompensa económica sostenida por lo público. Y dinero hay, mira la PAC. Pero hay ciertos grupos de poder rurales a los que no les interesa cambiar el paradigma. No compro este marco porque al negacionismo y a la ultraderecha le viene muy bien esa pelea entre campo y ciudad.

Ayer sábado, mientras esperaba el comienzo del concierto que Jaraíz ofrecía con motivo de la 53ª edición del Festival Folk “Tablas de Daimiel”, un último vistazo al móvil me dejó con un escalofrío que me acompañó durante toda la actuación: el cauce seco del río Guadiana ardía a menos de cinco kilómetros del Parque Nacional.

Triste paradoja: fuego en el Parque el mismo día en que se celebraba un festival que nació hace más de medio siglo para defender el agua y la vida en Daimiel.

Miré mi aplicación meteorológica favorita. El viento, como se había anunciado, soplaba con fuerza desde Levante. Bastaba conocer el terreno para temer lo peor. El cauce seco del Guadiana, cubierto de vegetación, podía convertirse en una mecha de pólvora natural. Un cauce donde antes corría el agua se transformaba ahora en un cañón para el fuego. Lo primero que pensé fue en las quemas de rastrojos tradicionales en estas fechas. Pero, ¿al lado del cauce? ¿Con este viento? ¿Qué habría pasado?

El incendio, según lo que he podido comprobar, se inició en un barbecho entre la ribera del Guadiana y el camino de Moledores, a la altura del antiguo molino del Nuevo. Desde ese punto, el fuego encontró el cauce como vía de expansión y avanzó rápidamente, alimentado por la materia seca del fondo del río. En pocos minutos se formó una gran lengua de fuego que amenazaba con extenderse hacia Griñón y, con ello, poner en peligro la seguridad del Parque Nacional y de los habitantes de la zona. La rápida actuación de los servicios de emergencia consiguió controlar el avance y evitó que las llamas siguieran cauce abajo. Pero lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado.

Desde hace años, muchos venimos alertando del riesgo que supone el abandono del cauce del Guadiana entre los Ojos y el Parque Nacional. Aunque el río ya no aporte agua de manera constante, su cauce sigue siendo un elemento esencial para la estabilidad ecológica del Parque. El Guadiana no ha desaparecido: se ha transformado. Y su papel, en ausencia de agua, puede ser el de canalizar el fuego. Baste recordar los incendios de autocombustión de turba producidos en 2009.

Hoy domingo recorrí el tramo afectado y tomé fotografías del terreno. El paisaje quemado era desolador. Pero lo más inquietante era la sensación de fragilidad. Bastó un descuido —una chispa en el barbecho, una colilla, una quema mal controlada— para que el fuego corriera por el cauce como si lo hubiera estado esperando.

¿Qué hacer? Ante la desidia reinante cuando se habla del cauce del Guadiana manchego, hay que actuar. Y algunos lo hemos hecho este año con la celebración de una serie de encuentros que, con el nombre 'Resilvestrando el Guadiana', y de los que se han hecho eco medios como Infolibre o La 2 de RTVE, ha reunido a ciudadanos —agrupados o no en asociaciones—, propietarios, empresas y técnicos de la administración, con el objetivo de volver la mirada al Guadiana.

De esos encuentros ha surgido un proyecto de custodia del territorio que pretende recuperarlo, comenzando por el tramo más cercano al Parque: el cauce entre Griñón y Molemocho. Precisamente, una de las primeras propuestas fue crear un camino-cortafuegos ecológico, que sirviera a la vez como vía de mantenimiento, espacio de observación y barrera natural contra los incendios. Este episodio demuestra, tristemente, la urgencia de actuar.

Otra de las medidas que se están estudiando, buscando siempre el asesoramiento científico basado en datos, es humidificar el cauce, como ya se hace en el interior del Parque. Acequias de careo, utilización de pozos o cualquier otra medida contraincendios que sea crea conveniente y que impida el avance del fuego.

No podemos seguir protegiendo las Tablas de Daimiel como si fueran una isla. Su supervivencia depende del conjunto del sistema fluvial del Guadiana, de su entorno agrario y de su memoria ecológica. Cuidar el cauce seco también es cuidar el Parque. Ignorarlo es invitar al fuego a regresar.

El incendio de este fin de semana ha sido, por fortuna, contenido. Pero el aviso está claro: si el Guadiana ya no es entrada de agua, se ha convertido en entrada de fuego. Y ese fuego, además de devorar vegetación, libera CO₂, degrada el suelo y destruye los últimos refugios de biodiversidad que el río aún conserva.

Recuperarlo no es una cuestión de nostalgia, sino de supervivencia ecológica. Si no hacemos nada, el próximo incendio no será una sorpresa. Será, una vez más, una crónica de un incendio anunciado.

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Alberto Celis es geógrafo e historiador.

Los valencianos volvieron a recibir la semana pasada el temido mensaje de Es Alert por la posible crecida de los ríos, cuando casi se cumplía un año de la tragedia de la dana que dejó más de 220 víctimas. La Agencia Española de Meteorología (Aemet) vaticinó precipitaciones "localmente muy fuertes y persistentes" a partir del jueves sobre esta comunidad. Esta concatenación de aguaceros en la región no es, en realidad, ningún fenómeno nuevo –hay registros de lluvias torrenciales desde al menos la época romana–, pero sí llevan a preguntarse si esta zona atrae las tormentas de otoño como ninguna otra.

Según los registros de Aemet de los últimos cinco años, efectivamente Valencia ha concentrado muchos más avisos rojos por lluvias que ninguna otra provincia. Desde enero de 2020 hasta la alerta de la semana pasada, suman una quincena, frente a los nueve de Barcelona, los ocho de Málaga o los siete de Tarragona. Es cierto que algunos de esos avisos están duplicados porque una sola tormenta puede activar aletas en diferentes zonas de una misma provincia, ya que el mapa de Aemet se reparte por zonas climáticas.

Carmen Llasat, catedrática de Física de la Atmósfera de la Universidad de Barcelona es una de las mayores expertas en danas del país, y confirma que la Comunidad Valenciana sufre una combinación perfecta de factores que concentra allí las tempestades. "Las lluvias torrenciales son comunes en toda la costa Mediterránea, pero la región valenciana es la que las vive con mayor frecuencia", destaca. "El factor clave son las montañas tanto litorales como prelitorales, que son mucho más abruptas que las catalanas. Cuando entra un flujo de Levante cálido y húmedo, de manera natural tiende a ascender y generar nubes, pero si le añades una cadena montañosa, facilitas ese ascenso y que, además, la tormenta se quede anclada", añade la experta.

Uno de los mayores peligros de una tormenta mediterránea es, precisamente, que se quede estacionada en un punto, porque el diluvio puede alargarse durante horas y alcanzar niveles como los de la dana de octubre de 2024: más de 700 litros por metro cuadrado en un solo día. De hecho, Llasat explica que se han simulado las tormentas de ese día, pero imaginando que la región es completamente llana, y el peligro desaparece.

Otros expertos subrayan también que ese paisaje plagado de ramblas favorece que toda el agua que cae sobre la cuenca del Júcar acabe en los municipios de la costa y genere crecidas de ríos e inundaciones exprés. Esto se suma a que se ha construido sin control sobre zonas inundables, de manera que cada aguacero que cae en esta región tiene mayor repercusión mediática y da la sensación de que el peligro en Valencia o Castellón es mayor que en otras partes del país.

"En nuestra zona hay que considerar más factores además de la presencia de una dana", afirma José Ángel Núñez, portavoz de Aemet en esta comunidad. "Las gotas frías (o danas) más adversas van acompañadas de un chorro de viento que conduce los máximos de precipitación hasta las montañas de interior o prelitorales, y ese chaparrón hace crecer cauces de ríos, barrancos y ramblas, como ocurrió el 29 de octubre de 2024", apunta el experto. También es posible que el diluvio se quede en el litoral valenciano y provoque inundaciones en municipios costeros, pero con daños menores.

Muchos de los aguaceros que caen sobre la costa mediterránea provienen de una dana, pero los meteorólogos insisten en que la sociedad ha desarrollado un miedo hacia estas formaciones que a veces es injustificado porque no todas las danas producen lluvias torrenciales, ni todas las lluvias torrenciales provienen de una dana. Lo primero que subrayan es que las danas (depresiones en niveles altos de la atmósfera) no son tormentas, son la estructura atmosférica que une todos los factores para crear tormentas muy grandes, pero que también pueden pasar desapercibidas sobre la península.

Las danas se originan a gran altura, a partir de 5.000 metros. En esos niveles altos de la atmósfera circulan corrientes de chorro de diferentes temperaturas en función de la latitud planetaria. Cuando el chorro del extremo norte del planeta –el que rodea el Polo Norte– se ondula y se acerca al sur de Europa, puede ocurrir que la parte inferior de esa lengua se estrangule y se descuelgue, formando una dana que se queda anclada en la península. En otoño, normalmente, permanecen estacionadas en el Estrecho de Gibraltar o en el Golfo de Cádiz, a cientos de kilómetros de la Comunidad Valenciana.

Llasat describe esta borrasca aislada (dana) como un cilindro que gira en sentido antihorario y arrastra la humedad del Atlántico y del Mediterráneo hacia el litoral levantino. Por eso las lluvias otoñales se concentran en esa zona. Una característica clave de las danas es que en su borde frontal generan vientos verticales que elevan la humedad a las capas más altas de la atmósfera y construyen grandes nubes aprovechando la energía calorífica del Mediterráneo –que se ha calentado durante el verano–. Esas tormentas continúan recargándose mientras estén sobre el mar y descargan salvajemente al llegar a la costa, con el problema añadido de que se pueden quedar clavadas en un punto si las montañas bloquean su paso.

Francisco Martín, coordinador de la Revista del Aficionado a la Meteorología, añade el componente del cambio climático. Si estas lluvias torrenciales se han repetido durante siglos, como el Mediterráneo está cada vez más caliente, las tormentas cada vez tienen acceso a más humedad (evaporación) y energía extra (calor). "La dana es un cocinero que toma todos los ingredientes para generar la tormenta perfecta", resume el meteorólogo.

En todo caso, la dana no es la única figura capaz de provocar catástrofes. Las precipitaciones de la semana pasada –que dejaron récords de agua en Ibiza– fueron fruto de la borrasca Gabrielle, que a su vez se generó por los restos de un huracán atlántico. Las borrascas comunes mediterráneas también pueden dejar lluvias muy intensas porque hacen circular el viento desde el mar al interior. Otra figura peligrosa es la vaguada, la misma corriente de baja presión que genera una dana, pero que no llega a desprenderse.

José Ángel Núñez también recuerda que la relación de la Comunidad Valenciana con los diluvios es histórica. "Tras la conquista de la ciudad por el rey Jaime I comenzamos a encontrar fuentes primarias, redactadas por testigos directos de las riadas, que nos las describen con más o menos detalle", cuenta el experto. En los ocho siglos que van desde 1238 hasta la última gran inundación del 13 y 14 de octubre de 1957, hay documentadas más de 50 crecidas del Turia, de las cuales once fueron catalogadas como catastróficas.

Aunque el cambio climático está agudizando las lluvias, la mayor precipitación en esta región se registró en Oliva (Valencia) el 3 de noviembre de 1987, con 817 l/m2, que es también el récord nacional de precipitación en un día. Y hay varios registros del siglo XX de aguaceros extremos como la Pantanada de Tous de 1962 (632 l/m2) o la tormenta de septiembre de 1996 en Tavernes de la Valldigna (520 l/m2). Durante la dana de 2024, se alcanzaron 772  l/m2 en Turís.

No obstante, también destaca que en el resto de la costa mediterránea ha sufrido episodios igual de trágicos, como las riadas del 25 de septiembre de 1962 en Cataluña –la mayor catástrofe hidrológica de España– con más de 800 víctimas o las riadas de Almería de 1973 que azotaron localidades almerienses como Zurgena. En octubre de 2018 tuvo lugar la torrentada de Sant Llorenç (Mallorca), que se llevó la vida de 13 personas.

El Ministerio de Transición Ecológica señala que el cambio climático está castigando la península con los fenómenos más extremos que habían previsto los investigadores que asesoran al Gobierno en materia ambiental. Altos cargos de este ministerio han explicado este miércoles que acaban de finalizar un informe en el que estudian el impacto del calor, las precipitaciones, los incendios y otros daños climáticos sobre la economía, la sociedad y la naturaleza, y que los resultados lanzan un aviso a toda la sociedad. "Hemos trabajado en los últimos años en horquillas sobre el impacto del cambio climático en España, y se están materializando ya los escenarios más extremos que habíamos previsto", avanzan estas fuentes.

El informe completo lo presentará la vicepresidenta Sara Aagesen el martes, pero desde su cartera adelantan que han analizado 14 sectores, entre ellos la salud humana, el agua, los bosques, la pesca y la agricultura, la industria, el turismo, el urbanismo o el medio marino, y han encontrado 141 riesgos climáticos relevantes, que les afectan más o menos según su exposición. "Evidentemente, este informe cambia de manera importante la evaluación de los riesgos que hemos hecho hasta ahora", comentan los expertos. 

El estudio se publicará el martes durante la convención dedicada al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que se celebrará en Ponferrada, uno de los territorios más afectados por los incendios de este verano. El encuentro se asemejará a una COP –la cumbre anual de la ONU sobre cambio climático– a la española, ya que acudirán científicos, políticos, sindicatos, empresarios, bomberos forestales y representantes de la juventud para aportar ideas de cara al pacto de Estado que elabora el Gobierno. 

El presidente del Gobierno presentó este pacto tras la ola de fuegos de este verano y por ahora tiene diez puntos centrados en transformar la gestión forestal y las infraestructuras para evitar incendios e inundaciones, mejorar la respuesta ante las emergencias y abordar el daño de las olas de calor. Aunque Transición Ecológica señala que están abiertos a incorporar más ramas a este pacto, como combatir la desinformación climática.

Desde la cartera de Sara Aagesen reconocen que queda mucho camino por recorrer porque quieren contar con el apoyo de las comunidades autónomas y del Partido Popular para que haya un consenso real detrás del acuerdo. Por ahora, estas fuentes no se atreven a poner fecha a cuándo llegará al Congreso, donde deberá contar con una mayoría parlamentaria. Por ahora, esperan reunirse en diciembre con las autonomías, y tendrán encuentros recurrentes con el resto de partidos en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, afirma que su organización ya se ha reunido con el Gobierno para trasladar que ese acuerdo debe ser mucho más amplio que una respuesta a los incendios de este verano o a la dana de Valencia. "El pacto de Estado es vital y debe ir más allá de un acuerdo puntual y construir una arquitectura a largo plazo. España es uno de los países más afectados por la emergencia climática y todavía no se han tomado medidas efectivas", critica la activista. 

Greenpeace pide, entre otras cosas, que la adaptación a los desastres naturales no deje de lado el trabajo para reducir las emisiones de CO₂. También que se aborde de manera real la financiación de este pacto de Estado introduciendo impuestos a las empresas que contaminen y se cese por completo la subvención de combustibles fósiles.

Otro de los frentes del pacto será la protección de los ciudadanos frente al calor. El Instituto de Salud Carlos III estima que este verano se han registrado 3.831 muertes atribuibles a altas temperaturas. Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, participó en una de las últimas reuniones de sindicatos y empresarios con Transición Ecológica, e hizo hincapié en que están pasando desapercibidas decenas de fallecimientos de trabajadores. "Se están infradiagnosticado accidentes laborales por calor y esto hay que cambiarlo. El año pasado en teoría, solo murió un trabajador por calor, mientras se duplicaron las muertes generales por altas temperaturas", recuerda la sindicalista.

Del 1 al 18 de agosto, en el comienzo y durante lo más duro de la ola de incendios de este verano, se registraron en toda Galicia un total de 492 incendios. La Xunta solo divulgó 45 de ellos. 

Ahora, tras una petición al amparo de la Ley de Transparencia, Praza.gal divulga el detalle de la totalidad de los incendios, lo que permite comprobar los efectos y peculiaridades de los fuegos incontrolables de sexta generación, de los que llevan años advirtiendo múltiples voces. Unos incendios de nueva tipología, los mayores documentados en nuestro país, que se registraron en Ourense y el sur de Lugo a pesar de que la mayoría de los focos del período analizado surgieron en la Galicia atlántica. 

Los datos ahora revelados también permiten comprobar que lo ocultado por la Xunta es mucho más. Antes del 1 de agostó hubo otros varios cientos de incendios en toda Galicia y el Gobierno gallego solo había divulgado 19.

Fue el 18 de agosto cuando la conselleira de Medio Rural admitió en una entrevista que en lo que iba de mes se habían registrado 492 incendios, a pesar de que su departamento solo había divulgado información de 45, varios de los cuales acabarían fusionándose para quedar en 41. Praza.gal formuló entonces una petición oficial al amparo de la Ley de Transparencia para conocer los detalles de esos incendios, solicitud que fue inicialmente denegada por la Xunta por silencio administrativo.

Tras un recurso a la Comisión da Transparencia de Galicia, gestionada por la Valedora do Pobo -órgano equivalente al Defensor del Pueblo-, finalmente Medio Rural facilitó el detalle de los incendios registrados entre el 1 y el 18 de agosto. Unos datos que ahora liberamos, después de que el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia pidiera más transparencia con la información sobre los incendios a un Gobierno gallego que desde 2009 tiene cómo política informativa divulgar solo los que superan las 20 hectáreas o afectan a lugares poblados o protegidos. 

Los datos ahora revelados indican que en esos 18 días de agosto hubo muchos más incendios en la Galicia Atlántica, cerca de 300 entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, frente a 116 en la provincia de Ourense. Sin embargo, fueron unos pocos fuegos iniciados en Ourense, con sus particulares características climáticas y de ordenación del territorio, los que mostraron las consecuencias de los incendios incontrolables de sexta generación, con las 23.000 hectáreas quemadas (según la Xunta, más según las mediciones por satélite) en el iniciado el 8 de agosto en Chandrexa de Queixa, las cerca de 24.000 hectáreas de los que comenzaron el 12 de agosto en Oímbra y Xinzo de Limia que acabarían uniéndose o las cerca de 32.000 hectáreas del iniciado el 14 de agosto en Larouco y que acabaría convirtiéndose en el mayor incendio registrado en la historia de Galicia.

Así, los datos permiten comprobar que en esos 18 días de agosto en Chandrexa de Queixa solo se registraron tres incendios, igual que en Xinzo de Limia, y solo uno en Oímbra y otro en Larouco. Un único incendio que resultó incontrolable. 

Por el contrario, esos mismos días se registraron sin grandes consecuencias 19 incendios en Vilalba, 18 en Carballo y 17 en Santiago. Otra cosa fueron los también 17 incendios de Ponteceso, donde hubo desalojos, cortes de luz y riesgo para las personas.

Los datos ahora liberados, aunque parciales, son bastante representativos de lo ocurrido en el mes de agosto, ya que los 492 incendios registrados hasta el 18 de ese mes suponen el 73% de los 673 que según la Xunta hubo en todo el mes. El descenso térmico y aumento de la humedad registrado a partir del día 19 detuvo el avance de los grandes incendios, aunque estos no se extinguieron hasta el 31 de agosto.

Pero igual que faltan por conocerse los detalles de ese 27% de incendios restantes registrados en los 13 días finales de agosto, lo ahora revelado por la Xunta permite conocer que entre el 1 de enero y el 31 de julio el Gobierno gallego ya había empleado 995 números distintos de identificación de incendios o conatos, de los que la Xunta solo había comunicado 19. Igual que del 1 al 18 de agosto  la Xunta empleó 651 números de identificación aunque finalmente sólo consideró incendios los 492 facilitados.