La Comisión Europea ha publicado este jueves el texto jurídico que desarrolla el acuerdo político alcanzado el pasado junio entre Bruselas, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, y que incluye el derribo de la verja que delimita el enclave británico y facilita su acceso al espacio Schengen y al mercado único, según informa EFE.

Este tratado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido viene a completar el marco legal de las relaciones entre ambas partes tras el Brexit, ya que Gibraltar no está incluido en el pacto inicial entre Londres y Bruselas, y su principal objetivo es "promover la prosperidad" de todos los territorios implicados, según el Ejecutivo comunitario.

Para ello, se prevé eliminar todas las barreras físicas y controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar, al tiempo que se preservan el espacio Schengen, el mercado único de la UE y la unión aduanera.

Una de las consecuencias más visibles será la desaparición de la verja física que separa desde hace más de un siglo el Peñón de la Línea de la Concepción (Cádiz), lo que facilitará el tránsito diario de unas 15.000 personas y afectará a una población de alrededor de 300.000 ciudadanos en la zona.

Además, se establecerán controles fronterizos duales en el puerto y el aeropuerto de la colonia británica. Los controles Schengen serán realizados por España, mientras que los controles gibraltareños completos seguirán llevándose a cabo como hasta ahora. Este modelo busca garantizar la integridad del área Schengen sin introducir una “frontera dura” en el paso terrestre. En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se reforzará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras.

En materia fiscal, se aplicarán principios de imposición indirecta en Gibraltar, incluyendo el tabaco, con el fin de evitar distorsiones y contribuir a la prosperidad regional. El documento contempla una convergencia fiscal progresiva en determinados ámbitos.

El proyecto de texto legal deja de lado la disputa sobre la soberanía del Peñón y salvaguarda las posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción, tal y como pactaron todas las partes en junio de 2025, en un acuerdo político que calificaron de "histórico".

Este documento pasará ahora a manos del Consejo de la UE, la institución que representa a los Estados miembros, que procederá con los pasos necesarios para la firma y conclusión del acuerdo. También el Parlamento Europeo tendrá que dar su consentimiento, así como el órgano legislativo británico, mientras que el texto no pasará por el Congreso de los Diputados al no ser España parte firmante del tratado, compuesto de 336 artículos y 43 anexos.

El Gobierno español sí fue una de las partes negociadoras del pacto político en el que se basa el documento, alcanzado el pasado verano, casi una década después del referéndum que decidió la salida de la UE del Reino Unido y cuatro años y medio tras el Acuerdo de Nochevieja, en el que se perfiló el encaje de la colonia británica tras el Brexit.

El ministerio de Exteriores británico ha recalcado en un comunicado, que el texto protegerá la soberanía del Reino Unido sobre el peñón, la autonomía militar británica y asegurará el futuro económico del territorio. También han subrayado que el compromiso de Londres con la Roca es "inquebrantable".

El Gobierno ha trabajado codo con codo con el Gobierno de Gibraltar para resolver una situación heredada, que puso en peligro el estilo de vida y la prosperidad de Gibraltar, añade el ministerio, que insiste en que el texto establece claramente que no afecta a la soberanía en modo alguno y protege la autonomía del Reino Unido sobre instalaciones militares clave.

El secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, señaló que este tratado "garantiza la protección de la economía, la población y el futuro de Gibraltar como parte integral de la familia británica."

"Trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de Gibraltar, y sin acordar nada sin su consentimiento, contamos con un tratado que preserva la soberanía y brinda certidumbre cuando el estilo de vida de Gibraltar se vio amenazado. El compromiso del Reino Unido con Gibraltar será inquebrantable", resaltó Doughty.

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, indicó en la nota que se trata de "un acuerdo seguro y protegido que hemos negociado junto con el Reino Unido y que protege inequívocamente nuestra posición sobre la soberanía, salvaguarda nuestra economía y brinda la certidumbre que nuestros ciudadanos y empresas necesitan".

Agregó que permite a Gibraltar mirar al futuro con confianza, protegiendo su estilo de vida británico y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad. "Es un acuerdo muy beneficioso para las personas y empresas gibraltareñas y que generará un gran crecimiento para nuestra economía", agregó Picardo.

“Salir de la Unión Europea revitalizará nuestra democracia”. “Me atrevo a soñar: amanece un Reino Unido independiente”. “Si queremos comercio, amistad y cooperación, no necesitamos una Comisión Europea ni un Tribunal Europeo”. “Sé que nos vais a echar de menos… queréis prohibir nuestra bandera, pero nos despedimos agitándola”. “Tenemos un ‘colchón’ de 10.000 millones de libras, 34 millones al día, que será dinero libre que podremos gastar en sanidad, en escuelas, en lo que sea”. Todas estas afirmaciones tienen un mismo autor: Nigel Farage. El ahora presidente de Reform UK, la fuerza de extrema derecha que amenaza con romper el inmortal bipartidismo británico liderando todas las encuestas, fue durante décadas sinónimo de la palabra Brexit. Hasta su apodo, Mr. Brexit, tiene que ver con él. El político británico construyó su personaje, aderezado de declaraciones polémicas y ultranacionalistas, en base a que un Reino Unido sin las ataduras de la UE sería imparable.

Pese a que, desde el Brexit, hay que reconocerle a Farage sus dotes de comunicador y de visión política, las relacionadas con predecir el futuro no son lo suyo. Lejos de “revitalizar” la democracia británica, el Brexit ha traído a los ingleses una de las épocas de mayor inestabilidad política de su historia, con un total de seis primeros ministros en solo nueve años. Tampoco a nivel económico las cosas han salido como el presidente de Reform UK esperaba. Ese repetido excedente de dinero que quedaba de la salida de la UE y que podría servir para mejorar los servicios públicos ni está ni se le espera, las promesas de precios más bajos se disiparon rápidamente y las supuestas ventajas se han traducido en un estancamiento económico y en una caída de productividad del 4%.

A todo eso se agarran como a un clavo ardiendo, nueve años después, los laboristas de Keir Starmer para hacer frente al fantasma de una victoria de Reform UK que haga caer la pieza del Reino Unido en el dominó de la ultraderecha mundial. Durante estas últimas semanas son varias las figuras del partido que han traído a colación el fracaso del Brexit para atacar a Farage y justificar la deriva económica del país. Todo ello, a un mes de presentar unos presupuestos clave con los que el Gobierno tendrá que hacer frente a una gran inflación y a un déficit también en ascenso.

La voz más autorizada en este sentido, la canciller (el equivalente británico a la ministra de Economía) Rachel Reeves, habló claro sobre el daño a largo plazo que el Brexit había hecho a la economía y, en concreto, a la productividad. A ella se le unieron otras personalidades de la formación como James Murray, secretario jefe del Tesoro, que arguyó que con su presupuesto Reeves tendrá que “deshacer parte del daño causado por el Brexit”; y Wes Streting, ministro de Sanidad, el cual celebró que “por fin se pueda decir que el Brexit fue un problema”.

Este giro europeísta no es casualidad ni llega en un momento aleatorio. Como escribe Rafael Behr en su columna de The Guardian: “nada más ha funcionado, así que Starmer y Reeves están por fin diciendo la verdad sobre el Brexit”. Y es que los laboristas están poco menos que desesperados. Su valoración entre los electores británicos está en caída libre. Mientras hace poco más de un año el actual premier lograba una de las más grandes mayorías en la historia de los laboristas en las elecciones, desde que cruzó la puerta del 10 de Downing Street, ese hechizo, basado sobre todo en el rechazo a los conservadores, se ha esfumado. 

Parafraseando el título de la nueva película de Paul Thomas Anderson, el Gobierno laborista ha sido, desde su elección, un error tras otro. Primero fueron los recortes a las subvenciones para la calefacción a los mayores, luego el escándalo de los regalos de donantes valorados en miles de euros, para después seguir con la subida del gasto militar a costa de la ayuda a la cooperación y con los recortes a las prestaciones para los discapacitados; todo aderezado de múltiples rebeliones internas. 

Por esa gestión catastrófica, y por el creciente sentimiento de descontento y de decepción de los votantes, las perspectivas de Starmer en las encuestas se han venido abajo a la vez que subían las de la extrema derecha. Actualmente, según la media de encuestas del medio Politico, Reform UK ganaría las elecciones con el 29% de los votos, 10 puntos de ventaja sobre los laboristas, que perderían prácticamente a la mitad de su electorado, mientras que los conservadores se quedarían en el 17%. Un panorama crítico y desolador que les ha llevado a tomar el camino del abrazo al europeísmo.

Lo han hecho en un momento propicio. Según las últimas encuestas de opinión, nunca en la historia de Reino Unido desde su salida de la UE el Brexit ha estado peor visto. Una encuesta de YouGov del mes de junio afirmaba que el 56% de los ingleses pensaba que salir de la UE fue un error, comparado con el 31% que indicaba que fue un acierto. A su vez, en otro barómetro del mismo encuestador, solo el 11% de los ciudadanos creía que el Brexit fue un éxito por el 62% que pensaba que fue un fracaso. La razón principal de estos últimos para sostener su posición era la economía. Y todavía más, el 57% de los encuestados por otro sondeo de Ipsos decía que votaría remain si el referéndum se celebrara hoy.

“Diría que el sentimiento general es de arrepentimiento, pero también de cansancio. La mayoría sabe que el Brexit ha salido mal: más costes, menos oportunidades y una economía más frágil. Pero al mismo tiempo, la gente está harta de oír hablar del tema”, defiende Anna López Ortega, politóloga y autora de La extrema derecha en Europa. Un sentimiento que no es homogéneo en cuanto al perfil del votante: “Desde mi punto de vista, este 25-30% favorable se corresponde con el votante de Reform y de los tories, inglés y de mediana edad o ya jubilado. Por el contrario, Escocia, Gales y los jóvenes siguen apoyando un futuro en la UE”, comenta Unai Gómez-Hernández, investigador de la University of Edinburgh.

Con todo ello, una cosa es que exista un sentimiento negativo hacia el Brexit y otra bien distinta que, a día de hoy, pueda mover votos. “El público en general ya es consciente de este problema y no se plantea la vuelta del Reino Unido a la UE como una posibilidad realista. El propio Starmer rechazó esta posibilidad durante su campaña en las elecciones generales de 2024. Lo que la gente busca son las soluciones que Starmer prometió en su día y que no siente que llegan”, defiende Beatriz Valero, analista de El Orden Mundial. Una opinión que secunda López Ortega: “Hoy preocupa más el día a día: el alquiler, la sanidad, el trabajo. Así que el Brexit ya no mueve votos directamente, aunque sigue pesando como símbolo del fracaso político de los últimos años”.

Relacionado con esto, tampoco el Partido Laborista ha hecho demasiado por posicionarse de forma clara contra el Brexit. Ya desde el propio referéndum, durante cuya campaña se acusó a su entonces líder, Jeremy Corbyn, de ser demasiado tibio, los laboristas no han tenido una posición fuerte con respecto al tema. De hecho, las declaraciones de Reeves son quizás la toma de partido más fuerte de los laboristas en mucho tiempo. “Los laboristas son alternativa a las derechas cuando gobiernan los tories, pero no lo son cuando se habla de la UE. Starmer no tiene una definición clara proeuropea que podría esperarse de un partido socialdemócrata europeo. Al estar en esa posición indefinida, el líder laborista pierde esos votos proeuropeos”, afirma el investigador.

De hecho, tampoco el primer ministro ha aprovechado ocasiones propicias para tomar partido decididamente por Europa. Por ejemplo, Starmer no acudió al congreso de los Socialistas Europeos, dejando su puesto a su ministro de Exteriores, David Lammy, pese a ser uno de los pocos mandatarios socialdemócratas del Viejo Continente. Todo ello merma la credibilidad de este cambio y deja las declaraciones de sus ministros más como una excusa para los presupuestos que como una estrategia fuerte contra Farage.

Además, los laboristas, según los expertos, se equivocan al atacar al presidente de Reform UK por la salida de Reino Unido de la UE, cuando el auge de este es mucho más complejo. “No creo que sea una estrategia que vaya a dar buenos resultados. Aunque Farage lideró la campaña del leave, el acuerdo posterior del Brexit fue resultado de las negociaciones del Partido Conservador, no de Reform UK. Farage siempre podrá culpar a los tories de cómo se llevaron estas negociaciones, y decir que estas fueron la causa de la situación económica actual, no el Brexit en sí”, afirma Valero.

Así, la subida de Farage tiene raíces mucho más profundas, que en gran medida vienen por el fracaso de los laboristas a la hora de gestionar el descontento social heredado del Gobierno de los tories. “Reform UK está creciendo porque ha sabido canalizar el enfado. Hay mucha gente decepcionada con los conservadores, pero que tampoco ve en Starmer un cambio real. Farage ofrece un discurso sencillo, emocional: ‘el país va mal porque las élites no te escuchan’. Starmer habla de gestión y responsabilidad, pero eso no emociona. El problema es que los laboristas no están conectando con la parte del país que siente que nada cambia, gobierne quien gobierne”, explica López Ortega.

Tampoco ayuda que el primer ministro haya repetidamente comprado el discurso de Farage en temas como la inmigración, donde Starmer se ha mostrado partidario de una línea mucho más dura. “Cuando el laborismo repite los marcos de la extrema derecha, los legitima. No se combate a Farage prometiendo más control migratorio, sino ofreciendo otra idea de seguridad: seguridad económica, vivienda, servicios públicos, salarios dignos”, continúa la politóloga. Algo que también afirma Gómez-Hernández: “Hay temas mucho más importantes para los británicos que la migración, por eso centrarse en los asuntos más directamente relacionados con la vida diaria (vivienda, desigualdad, empleo) es la mejor opción contra Reform”.

Aunque, por encima de todo, lo que ofrece Farage es una visión de futuro. Y eso es algo que, en Reino Unido, muy pocas fuerzas políticas pueden ofrecer en un clima de desafección y de descontento como en el que viven los ingleses. Reform es el outsider, el que está fuera de la política tradicional, el único partido que aún no ha tenido la oportunidad de gobernar en la era postBrexit. Mientras, el laborismo sigue perdido: “Starmer está atascado entre intentar contentar tanto a los sectores más a la izquierda (que pueden pasarse al nuevo partido de Corbyn) y los sectores más conservadores, cercanos a Reform. Al intentar contentar a todos, no contenta a nadie”, zanja Valero.

En la cuna del laborismo donde, como dicen los analistas políticos, “no hace falta contar los votos porque la victoria del laborismo se da por segura”, apareció Lindsay Whittle, el líder de los nacionalistas galeses, el hombre que ha conseguido una victoria sin precedentes bajo las siglas del Plaid Cymru. 

La baja popularidad de Keir Starmer, el primer ministro británico, está arrastrando al Partido Laborista. El durísimo golpe de esta semana en las elecciones parciales al Parlamento galés por la circunscripción de Caerphilly que históricamente había tenido en su poder y que ahora pasa a manos de los nacionalistas, deja serias dudas en el electorado progresista.

Estas elecciones definían quién representará a la circunscripción de Caerphilly en la cámara autonómica de Cardiff (Gales) y a Gales del Sur en Westminster (Inglaterra), y pueden ser un test clave, similar a las elecciones de medio mandato estadounidenses. El Partido Laborista, en más de un siglo, jamás había perdido este asiento y esto no aventura que las próximas elecciones de mayo en Gales y Escocia vayan a deparar un mejor resultado para los de Starmer. 

La única buena noticia es que el sorpaso en Caerphilly no lo ha dado Reform UK, el partido de extrema derecha y proBrexit liderado por Nigel Farage, sino una formación nacionalista de centro-izquierda. “Puede ser un consuelo para muchos”, ya que las propuestas del Plaid “están alineadas con lo progresista”, asegura un ciudadano galés a BBC.

Whittle, concejal desde hace cerca de medio siglo y eterno candidato tanto a Westminster como al Parlamento galés, logró un 47,4% de los votos frente al 36% de Reform UK, mientras que el Partido Laborista cayó hasta el 11%. Los conservadores, los verdes y los liberaldemócratas quedaron prácticamente fuera, sin superar el 2% cada uno. La participación alcanzó el 50%, la más alta jamás registrada en una elección del Senedd (la Cámara galesa).

Pero el golpe a los laboristas va más allá. En esta circunscripción de Caerphilly, el laborismo había ganado cada elección desde la creación del Parlamento galés en 1999. Muchos consideran esta derrota como un “punto de inflexión histórico” y algunos ya se atreven a pedir una moción de confianza de Starmer. El inquilino de Downing Street está en serios problemas ante el auge en el norte de Reform UK, empujado y apoyado por las políticas migratorias que prometen, y en las zonas nacionalistas por el Plaid. 

Para entender la derrota en Gales, hay que hacer una lectura de los resultados y de la campaña. Una derecha sin aspiraciones y un Partido Laborista en caída provocó que muchos de los votantes laboristas, conservadores, liberales y verdes fueran a depositar la papeleta del Plaid Cymru para evitar la victoria y el ascenso de Reform UK. Se puede considerar un voto táctico del electorado galés, que podría repetir fórmula en mayo.  

Si la derrota de los laboristas supone un terremoto, el ascenso (o la vuelta) de Reform UK va mucho más allá, porque los de Farage rozaron el triunfo y esta campaña para representar a Gales del Sur en Westminster les ha servido como un “aprendizaje”, decía su candidato Llyr Powell. 

“Gran parte de lo que intentábamos hacer aquí era perfeccionar nuestra estrategia de campaña. Hemos formado a muchísima gente”, explicó el número uno de Farage en Gales.

Y este ensayo, pese a que no han logrado la victoria, les ha salido bien. Reform UK ha captado una gran parte del voto de los conservadores, pese a que los más centristas se decantaron por Plaid, y los tories siguen siendo el gran derrotado en Caerphilly.  

Un análisis de YouGov, asegura que solo el 60% de quienes votaron tory en 2024 repetiría hoy su voto. Un 32% se ha pasado ya a ReformUK, atraído por el discurso de Farage en inmigración y soberanía nacional, mientras que otro 6% se inclina por los liberal-demócratas. La fuga de votantes hacia la derecha más radical preocupa tanto como la pérdida de credibilidad entre los votantes moderados. 

Según una encuesta de YouGov del pasado junio, Reform UK se convertiría en la primera fuerza en la Cámara de los Comunes con hasta 271 representantes –ahora son cinco–, mientras que los conservadores pasarían de los 119 diputados actuales a tan solo 46.

Pero no solo el electorado se ha pasado al partido de Farage, también hay miembros de los tories que han fichado por Reform UK, como por ejemplo Danny Kruger, que se ha convertido en el primer político en activo en dar el salto. “Esta es mi trágica conclusión: el Partido Conservador está acabado. Está acabado como partido nacional y como principal oposición a la izquierda”, decía en una rueda de prensa junto a Farage. 

Otro de los fichajes sonados de Reform UK fue el de otro conservador, Lee Anderson, quien fuera vicepresidente durante el Gobierno de Rishi Sunak.

La última encuesta de YouGov sobre percepción de los partidos, sitúa al partido de Farage como la primera fuerza política con un 27% de los votos seguido de Los Verdes con un 17%. “Esta lectura también es interesante”, comenta Guillermo Díaz, politólogo, ya que “pese a que en intención de voto no lo son, probablemente porque el votante luego acabe votando conservador o liberal, en percepción está muy por encima de partidos clásicos”.

Con Los Verdes, recuerda Díaz, “es siempre igual”. En todos los países, los partidos ecologistas o los “que se preocupan por el medioambiente” siempre están bien considerados y se les ve como grandes alternativas. “En España pasó con PACMA, un partido bien considerado por su compromiso con los animales pero que, a la hora de la verdad, no es capaz de entrar en el Congreso”, precisa.

Con la idea de que “el centrismo no es suficiente, que se necesita un cambio real”, como pregonaba Kruger y recuerda Díaz, la derecha populista y la extrema derecha han ganado terreno en Europa. Con discursos basados en su mayoría en el odio al migrante y en la necesidad de una “soberanía real”, muchos de estos partidos ganan adeptos y plantan cara a partidos tradicionales e históricos y Gales se ha convertido en el primer laboratorio para examinar dónde están los laboristas y cuál es el apoyo a los ultras.

Casi cuatro años de negociaciones y un tratado que supera las 200 páginas, sin contar los anexos, guardado con celo en la Comisión Europea hasta su aprobación definitiva en España y Reino Unido. El acuerdo sobre Gibraltar transciende las relaciones entre los dos países, beneficia a la UE y deja una impresión evidente: las autoridades del Peñón han cedido en casi todas sus reivindicaciones mientras la otra parte, el Gobierno español, mantenía durante las negociaciones una presión soterrada.

Bruselas celebra un pacto político que establecerá las relaciones económicas, fiscales, laborales y, sobre todo, fronterizas de todas las partes durante los próximos años y décadas. Un acuerdo sellado en la capital comunitaria por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, su homólogo británico, David Lammy, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, como anfitrión.

Su futura aprobación borrará del mapa el último muro fronterizo de la Europa occidental, la famosa verja entre Gibraltar y la Línea de la Concepción. La valla y la aduana española serán demolidas cuando el futuro tratado entre en vigor, pero todavía no hay fecha para ello y en la Comisión Europea son muy prudentes sobre cualquier horizonte. Además de los Parlamentos nacionales, también debe ser aprobada por unanimidad por el resto de Estados Miembros y la Eurocámara dar su consentimiento.

El pasado miércoles se cerraba el último capítulo del Brexit, un peliagudo dossier que pasó por varios ejecutivos británicos conservadores y en el que el gobierno Rajoy dejó como herencia la infranqueable línea roja de la soberanía del Peñón. Fue una cuestión que pudo pelearse, pero la tesis de condicionar el Brexit a una “soberanía compartida, un control conjunto de las relaciones exteriores, de la frontera con Gibraltar manteniendo sus instituciones de autogobierno y autonomía plena” más un área conjunta de “beneficios fiscales con el Campo de Gibraltar y Ceuta”, como defendió el entonces ministro de Exteriores, José Manuel Margallo, no fue compartida.

En el acuerdo entre España y Reino Unido hay un artículo sobre la soberanía, pero según una fuente conocedora del texto “no tiene nada que ver con las reclamaciones de ambas partes”. Su redacción fue una de las grandes dificultades y la solución escogida es que el futuro tratado no se podrá utilizar a nivel internacional en favor de las reclamaciones de cada Estado.

Otro de los grandes escollos fue la negativa de Gibraltar al control fronterizo español en su territorio. “Era importante”, explica esta alta fuente comunitaria, “no ver a guardias civiles con bandera española en su aeropuerto. Querían que fuese Frontex”. Pero el papel de la Agencia Europea de Fronteras es asistencial, sólo las autoridades nacionales realizan los controles aduaneros y los chequeos a personas y mercancías.

“En un momento dado, Gibraltar dijo que ya no era un un problema para ellos”, explica esta funcionaria, cediendo en una cuestión clave no sólo para España, sino para toda la UE. Porque ningún Estado Miembro permitiría que un tercer país controlase el acceso de cualquier persona al espacio Schengen, el de libre circulación de ciudadanos y mercancías. Una segunda fuente, diplomática, confirma que las autoridades del Peñón tuvieron que ceder durante la negociación “en líneas rojas como la de los pasaportes”.

La Policía española estará presente en el aeropuerto del Peñón, aunque Fabián Picardo lo negase antes de viajar a Bruselas. Los agentes españoles realizarán los controles de cualquier no europeo que quiera acceder a territorio comunitario, comprobarán sus pasaportes y visados, si cuentan con ordenes de busca y captura o los motivos de su viaje. Tendrán la última voz y las autoridades gibraltareñas no podrán objetar a la denegación en su propio aeropuerto del acceso a la UE.

Según ha podido saber infoLibre, el tratado entre España, la UE y Reino Unido “tendrá un capítulo específico sobre la gestión del aeropuerto”, con un nuevo sistema siguiendo las normas británicas de seguridad y prevención, pero el resto, como pueden ser las sanitarias, “serán normas de la UE”. “Una joint venture [equipo conjunto] entre las autoridades de España y Gibraltar se ocupará de inspeccionar el aeropuerto”.

El fin de la verja, la apertura de Gibraltar a la Línea de la Concepción, San Roque o Algeciras y la libertad de movimientos de sus ciudadanos por la UE no implicará, como se ha llegado a reconocer, que el territorio de soberanía británica se incorpore al Espacio Schengen. Por ejemplo, no podrán trabajar en otro país comunitario sin las autorizaciones pertinentes nacionales, como sí puede hacer un ciudadano español. “Es una ficción legal”, resume con sarcasmo la fuente europea.

Cesiones económicas y fiscales de Gibraltar

Horas antes de que Albares, Sefcovic, Lammy y Picardo se reuniesen en la sede de la Comisión Europea, Bruselas retiraba a Gibraltar de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión, un movimiento que anticipaba el acuerdo inmediato, pero que también ofrecía otra clave.

El Peñón renuncia a su independencia fiscal, aunque Picardo también desmintiese inicialmente esta cuestión, y pasará a alinearse con las normas tributarias europeas. El IVA gratis de Gibraltar desaparecerá y cuando el acuerdo entre en vigor aumentará como mínimo hasta el 15% el impuesto a los productos. La cifra es precisamente el tipo mínimo que exigen las normas europeas a los Estados Miembros, con las excepciones a los productos del impuesto reducido o superreducido.

“No se trata de un IVA”, intentan rebajar fuentes comunitaria, conscientes de la delicada cuestión, “será un impuesto a la transacción sólo para bienes, pero no para servicios”. Ahí está otra renuncia más de las autoridades gibraltareñas, porque a cambio de mantener su fiscalidad corporativa privilegiada las empresas de apuestas, las notarías o bufetes de abogados del Peñón no podrán instalarse ni en España ni en el resto de la UE.

Libertad de movimientos para personas y para mercancías, pero no para servicios. Y en los primeros casos, limitada. Los ciudadanos gibraltareños podrán trabajar en el Campo de Algeciras y La Línea, y viceversa los de esas localidades, pero no en el resto de Andalucía, ni siquiera en Málaga, ni mucho menos hacerlo al otro lado los Pirineos. Sólo si consiguen un visado de trabajo podrán emplearse en los 27.

Y por último, la incorporación de Gibraltar a la Unión Aduanera europea será con estrictas condiciones y siempre bajo vigilancia comunitaria. Las autoridades españolas registrarán las mercancías en tránsito hacia Gibraltar, tanto en el Peñón o en puertos como el de Valencia. Igual que las francesas, italianas o neerlandesas si esos productos pasan por Calais, Nápoles o Rotterdam, donde se les impondrá un tasa de tránsito, un impuesto a los bienes hacia la colonia británica.

La alta fuente comunitaria reconoce que “la parte de Schengen y de los bienes fue difícil por cuestiones económicas, no de principios, pero tras cuatro años de negociaciones todos queríamos concluir” este acuerdo.

Porque las numerosas cesiones gibraltareñas no se explican sin la actual relación entre la UE y el Reino Unido. Concluido el trágico culebrón del Brexit, con un nuevo tratado bilateral entre los 27 y Londres que regula todas las relaciones económicas, comerciales o industriales, con una estrecha complicidad política gracias a la nueva administración laborista de Keir Starmer o los desafíos de Trump y la guerra en Ucrania, era imperativo cerrar también el capítulo gibraltareño.

Y aquí es donde entran en juego las presiones españolas. Sin amenazas públicas ni aspavientos diplomáticos, pero las fuentes comunitarias aseguran que el Gobierno estaría frenando en Bruselas nuevos programas de colaboración con las islas. Las fuentes diplomáticas consultadas niegan este escenario y aseguran una actitud constructiva en los debates del Consejo entre los 27 hacia Londres. “Nuestro espíritu ha sido constructivo, pero puede ser también una señal para que el acuerdo saliera”, conceden, y ponen como ejemplo que en mayo no se frenaron los acuerdos de pesca con Reino Unido ni tampoco su futuro acceso al SAFE, el programa europeo de inversión en Defensa.

Guante de seda, espíritu constructivo o amagos velados de bloqueo. La realidad es que antes del acuerdo, las presiones y viajes del ministro británico de Exteriores no han sido a España sino a Gibraltar. Sólo Picardo conoce el ultimátum planteado por Lammy, pero lo cierto es que antes de viajar a Bruselas negaba lo que luego acordó con Albares y el comisario Sefcovic.

La Comisión Europea, el Reino Unido y España llegaron este miércoles a un acuerdo sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit, el último punto que faltaba por consensuarse más de cinco años después de la salida británica del bloque comunitario, recoge EFE.

"El acuerdo en relación a Gibraltar ya es una realidad. Un acuerdo histórico", anunció el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en sus redes sociales, en un mensaje que compartieron también en términos similares el comisario europeo encargado de las relaciones con el Reino Unido, Maros Sefcovic; el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy; y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

El acuerdo prevé que se eliminen todas las barreras físicas, controles y chequeos sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar a la vez que se preservan el espacio Schengen, el mercado único y la unión aduanera. El pacto, además, "salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción", aseguraron las partes involucradas en un comunicado conjunto.

"Esto traerá confianza, seguridad jurídica y bienestar a los habitantes de toda la región, promoviendo una prosperidad compartida y unas relaciones estrechas y constructivas entre las autoridades gibraltareñas y españolas", señalaron.

Para las personas, el acuerdo prevé que haya controles fronterizos duales (Gibraltar y Schengen) en el puerto y el aeropuerto del Peñón, que se realizarán "en plena cooperación" entre las autoridades europeas y del Reino Unido y Gibraltar y eliminando "todos los controles en el paso fronterizo entre Gibraltar y La Línea".

España realizará los controles Schengen y los controles gibraltareños completos "seguirán llevándose a cabo como hasta ahora".

En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se estrechará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras. Además, se ha llegado a un acuerdo sobre los principios de imposición indirecta que se aplicarán en Gibraltar, incluyendo el tabaco, para "evitar distorsiones y contribuir a la prosperidad de toda la región".

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró que el acuerdo sobre el estatus de Gibraltar que alcanzaron este miércoles Bruselas, España y Reino Unido implica "la desaparición de la verja" del Peñón.

El ministro ha señalado que se ha logrado "una zona de prosperidad compartida (...), pensando en las 15.000 personas que se mueven diariamente entre Gibraltar y el campo de Gibraltar y en los 300.000 andaluces de la zona".

El jefe de la diplomacia española ha manifestado también que "habrá un proceso de convergencia fiscal que garantice una competencia justa para todos" y que "el aeropuerto beneficiará a toda la comarca, posibilitando vuelos comerciales tanto británicos como españoles y europeos".

"En materia de seguridad, el nuevo marco de cooperación se plasma en el intercambio de información entre autoridades españolas y británicas", apostillaba Albares, quien remarcaba que el acuerdo contempla un "mecanismo financiero específico para impulsar el desarrollo económico y social y promover el empleo y fomentar la cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar.

"Con este acuerdo desaparecerá la verja, el último muro de la Europa continental", dijo Albares en una rueda de prensa tras el acuerdo.

Por su parte, el ministerio británico de Exteriores aseguró que el acuerdo alcanzado con la Unión Europea y España sobre el futuro estatus de Gibraltar "protegerá la soberanía británica, la autonomía militar del Reino Unido y el futuro económico" del Peñón.

"El logro de hoy da una solución práctica tras años de incertidumbre. Junto al Gobierno de Gibraltar, hemos alcanzado un acuerdo que protege la soberanía británica, apoya la economía de Gibraltar y permite a las empresas planificar de nuevo a largo plazo", dijo en un comunicado el ministro de Exteriores, David Lammy.

En la misma línea, el comisario europeo encargado de las relaciones con el Reino Unido, Maros Sefcovic, se mostró “absolutamente convencido de que este acuerdo será ratificado, porque es un buen acuerdo”.

“Hemos estado trabajando en él durante bastante tiempo. Hemos estudiado cada aspecto, cada pequeño detalle, y hemos trabajado muy estrechamente con todos nuestros socios. Así que creo que hemos encontrado la mejor respuesta posible”, aseveró.

El comisario eslovaco señaló que, gracias al pacto, los habitantes del Campo de Gibraltar “se beneficiarán claramente de la retirada de la última valla en Europa”. Recalcó que la seguridad jurídica “mejorará claramente el entorno empresarial de toda la región” y aseguró que servirá para atraer más inversiones.

Tal y como estaba previsto desde hace unos meses, se reunieron este lunes 19 de mayo en Londres los representantes del gobierno británico, presidido por Keir Starmer, y los líderes de las instituciones europeas, especialmente el Presidente del Consejo, António Costa, y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. En la misma, se abordaron temas cruciales como la defensa, la pesca, la movilidad universitaria a través del programa Erasmus o la energía, sin apenas tratar las relaciones comerciales y del Mercado Interior, que han quedado pendientes. De tal manera, se abre una nueva etapa, después de cinco años de su retirada de la Unión y de más de seis meses de acercamiento tras la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos.

Hay que recordar que el 1 de febrero de 2020 se produce la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, como consecuencia de las negociaciones realizadas a partir de los resultados del referéndum de junio de 2016, en el que ganó el Brexit. Desde entonces, los británicos iniciaron unas negociaciones comerciales, y de todo tipo, con los Estados Unidos para compensar esta ruptura. Nadie, ni los más optimistas, entre los que muchos dicen que me encuentro, pensó que cinco años después la situación iba a ser la opuesta. Se ha pasado del alejamiento progresivo a un acercamiento cada día más estrecho.

Ya en febrero de 2025, Starmer participó en la cena que el Consejo Europeo informal estaba celebrando. Si bien el motivo inicial de la cita era la profundización en seguridad y defensa, al final se trataron todos los temas políticos pendientes, especialmente las consecuencias de la ruptura de los compromisos internacionales del nuevo Presidente de los Estados Unidos. Es decir, el Reino Unido está viviendo, de forma muy similar al resto de los países de la Unión, las consecuencias de las decisiones políticas que está adoptando la Casa Blanca en sus primeros meses de mandato, y trata de elaborar una posición común con el resto de los europeos.

Esta nueva relación lleva ya meses de desarrollo, desde octubre de 2024 al menos, cuando hubo un primer encuentro entre Von der Leyen y Starmer, pero, posteriormente, se ha ido acelerando el acercamiento a través de diferentes actuaciones. Entre las más importantes está el inicio de las negociaciones en diciembre para conseguir un acuerdo de libre comercio entre ambos actores internacionales. En febrero, ya apuntaron que en los próximos meses se iban a tocar no solo los aspectos comerciales, sino muchos asuntos más, como la seguridad y defensa o la tecnología. Precisamente esto es lo que se ha hecho en la Cumbre bilateral del 19 de mayo.

El acuerdo que se ha alcanzado, al final, ha sido más complicado de lo que parecía, y ha habido tensiones hasta última hora. Esto es fácil de comprender, ya que no se puede pasar de la noche al día sin ciertas reservas. En todo caso, hay que resaltar que este ha sido el primer paso importante y formal en el que se reunieron en una Cumbre bilateral por primera vez desde el Brexit. La relación empieza a caminar en un sentido de acercamiento, y no de división como hasta ahora. Sin embargo, hay que resaltar que los temas económicos y comerciales, especialmente el acceso del Reino Unido al Mercado Interior, de momento siguen sin acuerdo.

No obstante, es importante resaltar lo que sí se ha conseguido. La nueva etapa en la cooperación se define en tres documentos: a) una declaración conjunta identificando los asuntos globales en los que tienen posiciones comunes, como la agresión rusa a Ucrania o la defensa del orden multilateral; b) un acuerdo de entendimiento sobre pesca, cooperación energética, movilidad universitaria y un compromiso renovado para abordar la migración irregular; c) una Asociación de Seguridad y Defensa, que permitirá al Reino Unido unirse a programas de cooperación militar europeos, como SAFE (Security Actions For Europe, que antes se refería como Rearm Europe), aportando fondos. En materia de defensa, el Reino Unido tenía mucho interés en participar en los proyectos militares europeos y en que Europa compre sus productos industriales en armamento. 

El acuerdo de pesca cambia sustancialmente lo pactado en el Brexit, en donde los europeos tenían un acceso muy limitado a las aguas británicas. Ahora, se acuerda un acceso recíproco hasta 2038. Es un cambio importante para los barcos pesqueros europeos y, especialmente, españoles, lo cual refleja el principio de entendimiento que existe entre los dos actores. Además, en relación a la movilidad universitaria, el Reino Unido había rechazado el programa Erasmus; sin embargo, ahora ha pactado negociar su inclusión, aunque se está decidiendo cuál será su contribución al programa.

Son muchos los factores que explican este cambio de la posición británica en el acercamiento a la Unión Europea después de cinco años de alejamiento, y algunos más de insidias, desde el referéndum de junio de 2016. A mi juicio, el acercamiento fundamental se debe a la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses, y a las políticas que adopta durante estos primeros cuatro meses de mandato, donde se han confirmado las promesas electorales. No cabe duda que hay que darle las gracias a Trump por su política exterior agresiva, sobre todo frente a Europa, que está permitiendo, de una forma acelerada, el entendimiento entre los países europeos y, en este caso, con el Reino Unido, donde no debemos olvidar sus posiciones erráticas frente a la OTAN y a la política arancelaria, entre otros factores que, indudablemente, han ayudado al acercamiento.

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Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y autor del libro 'La oportunidad de Europa frente a Trump'.

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido han llegado a un nuevo acuerdo por el que reforzarán su relación en un amplio número de ámbitos, desde la defensa al comercio o la pesca, anunció este lunes el Gobierno británico. Los nuevos pactos fueron anunciados durante la primera cumbre bilateral entre la UE y el Reino Unido tras la salida británica del bloque comunitario en 2020, que reúne este lunes en el palacete de Lancaster House en Londres al primer ministro británico, Keir Starmer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Según un comunicado difundido por Downing Street (oficina del primer ministro británico), Londres y Bruselas han alcanzado un nuevo acuerdo pesquero por 12 años, como pretendía la UE, que a cambio reducirá las cargas administrativas para que la industria agroalimentaria británica pueda exportar a los Veintisiete.

Ese pacto sanitario y fitosanitario, de duración ilimitada, obligará al Reino Unido a alinear sus estándares con los de la UE y permitirá eliminar controles a productos animales y vegetales y reducir los tiempos de espera en las aduanas.

El primer ministro recuerda en la nota que las exportaciones británicas a la UE han caído un 21% y las importaciones un 7% tras el Brexit, algo que el acuerdo prevé paliar con más facilidades para productos británicos como salchichas o hamburguesas.

También se ha llegado a un entendimiento para "cooperar" en un programa de movilidad juvenil, que contemplaría la introducción de cuotas y sería limitado en el tiempo, según el comunicado de Londres, que pese a todo no ofreció más detalles sobre este punto, uno de los que más interés levantaba en los Veintisiete.

Como estaba previsto, la UE y el Reino Unido han cerrado una nueva Asociación en Seguridad y Defensa, que permitirá a la industria militar británica participar en el fondo de defensa comunitario. De igual forma, el Reino Unido abrirá conversaciones para acceder por primera vez a la base de datos faciales comunitaria y se permitirá a los viajeros británicos acceder por las puertas electrónicas de acceso en los aeropuertos.

El Ejecutivo agregó que el Reino Unido iniciará conversaciones sobre el acceso a los datos de imágenes faciales de la UE por primera vez, además de los acuerdos existentes para los datos de ADN, huellas dactilares y matriculación de vehículos. Esto mejorará la capacidad para atrapar a delincuentes peligrosos y garantizar que comparezcan ante la justicia con mayor rapidez.

Los turistas británicos podrán utilizar más puertas electrónicas en Europa, poniendo fin a las filas en los controles fronterizos, mientras que las mascotas también podrán viajar con mayor facilidad gracias a la introducción de "pasaportes para mascotas" para perros y gatos del Reino Unido.

Según el gobierno, una cooperación más estrecha en materia de emisiones mediante la vinculación de los respectivos Sistemas de Comercio de Emisiones mejorará la seguridad energética del Reino Unido y evitará que las empresas se vean afectadas por el impuesto al carbono de la UE, que entrará en vigor el próximo año. En conjunto, se prevé que los Sistemas de Comercio de Emisiones añadan casi 9.000 millones de libras (10.710 millones de euros) a la economía del Reino Unido para 2040.

Las exportaciones británicas de acero están protegidas de las nuevas normas y aranceles restrictivos de la UE.

"Es hora de mirar hacia adelante. De dejar atrás los debates obsoletos y las luchas políticas para encontrar soluciones prácticas y de sentido común que beneficien al pueblo británico. Estamos dispuestos a colaborar con nuestros socios si eso significa mejorar la vida de las personas aquí en casa", dijo el primer ministro. "De eso se trata este acuerdo: de salir al mundo una vez más, siguiendo la gran tradición de esta nación. Construyendo las relaciones que elijamos, con los socios que elijamos, y cerrando acuerdos en beneficio de la nación. Porque eso es lo que hacen las naciones independientes y soberanas".

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) celebran este lunes en Londres la primera cumbre destinada a 'resetear' el vínculo entre las partes tras el Brexit, si bien la cita está rodeada de dificultades para acercar posiciones de cara a lograr un acuerdo sobre diversos asuntos, como comercio y seguridad, según recoge EFE.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, recibirá el lunes en el palacete de Lancaster House, en el centro de Londres, al presidente del Consejo Europeo, António Costa; a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y a la alta representante de la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

Cuando llegó al poder en julio de 2024, el líder laborista prometió una nueva relación con el club comunitario, especialmente en materia de seguridad para hacer frente a la amenaza que Rusia representa para Europa tras la invasión rusa en Ucrania en 2022.

El objetivo de la reunión de Londres es alcanzar un acuerdo que abarque diversas áreas, si bien los negociadores han admitido que hay dificultades y que continuarán dialogando hasta el último momento.

El secretario de Estado del Gabinete, Nick Thomas-Symonds, admitió este domingo a la cadena Sky News que "aún no hay un acuerdo definitivo. Estamos en las últimas horas. Siempre esperé que se llegara a un acuerdo muy ajustado, porque estamos negociando arduamente por el interés nacional".

Afirmó que el Gobierno busca negociar un acuerdo sobre productos alimenticios como parte de un pacto exitoso, así como el proceso de control de pasaportes para los turistas británicos en la UE.

"Me encantaría que pudieran cruzar la frontera más rápidamente de esa manera. Sin duda, es algo que hemos estado impulsando con la UE y creo que será muy útil para los británicos", agregó.

Como parte del acuerdo, el Gobierno británico podría aceptar una propuesta de la UE de movilidad juvenil, así como facilitar los controles de pasaportes para que los turistas británicos puedan utilizar las puertas electrónicas al llegar a destinos europeos.

También se abordarán, entre otras cosas, medidas sanitarias y fitosanitarias, seguridad interior y migración.

Starmer defendió ayer que el programa recíproco de movilidad juvenil con la UE no supondrá un retorno a la libre circulación, que el Reino Unido abandonó tras el Brexit y es una línea roja.

El programa facilitaría a los jóvenes de las dos partes estudiar, trabajar o vivir en territorio británico y de los Veintisiete, respectivamente, durante un periodo determinado.

Starmer espera acuerdo con UE tras los de India y EE.UU. 

Starmer ha defendido que este lunes espera cerrar un acuerdo con la UE después de los comerciales sellados en las últimas semanas con la India y EE.UU., que permiten reducir o eliminar aranceles a una gran variedad de productos fabricados en el Reino Unido.

Según indicó hoy el Gobierno en un comunicado, una mejor colaboración con la UE beneficiará a los trabajadores y generará más ingresos.

"En estos tiempos de gran incertidumbre y volatilidad, el Reino Unido no responderá ensimismándose, sino asumiendo con orgullo su lugar en el escenario mundial, fortaleciendo nuestras alianzas y cerrando acuerdos en beneficio del pueblo británico", dijo Starmer en la nota.

"Primero India, luego Estados Unidos: solo en las últimas dos semanas, se han salvado empleos, se ha acelerado el crecimiento y se han subido los salarios. Más dinero en los bolsillos de los trabajadores británicos, logrado mediante acuerdos", agregó.

Este lunes, resaltó, el Gobierno dará "un paso más", con "más beneficios para el Reino Unido como resultado de una asociación reforzada con la Unión Europea. Será positivo para nuestros empleos, para nuestras facturas y para nuestras fronteras".

Este año se cumplen veinte años del debate del matrimonio igualitario en España, un debate social que acabó con una hermosa victoria de la igualdad. 

El debate era sencillo. Las activistas entonces LGTB pedíamos algo directo: los mismos derechos, con los mismos nombres. Matrimonio, con todas las letras, con todos los derechos. 

La derecha, claro, criticó esa reivindicación. Afirmaron que podríamos haber conseguido “los derechos”, sin necesidad de “molestar a gran parte de la sociedad”, como afirmó Mariano Rajoy. El matrimonio era “otra cosa”. El matrimonio “viene de madre”, dijeron, cumple una "función reproductiva”, afirmaban, tiene un “origen antropológico”, aseveraban. En resumen, gente nueva, personas homosexuales y bisexuales, “invadían” el concepto de matrimonio y lo “desnaturalizaban”, “borrando” y “disolviendo” el matrimonio real, “perjudicando" a las parejas heterosexuales ya casadas que perdían “su” matrimonio en detrimento de una “nueva figura” que incluía a personas que no deberían estar ahí. 

Y fueron incapaces, todavía lo son, de explicar por qué las parejas del mismo sexo no pueden acceder al matrimonio y, en cambio, las de diferente sexo sí. ¿Cuál es el motivo, cuál es el problema? Y la gente entendió que, en realidad, lo que molestaba a la derecha y a la iglesia no era el acceso de las parejas del mismo sexo a los derechos, no. Lo que les molestaba era que se pusiera en el mismo plano de reconocimiento simbólico, de jerarquización social, a las parejas del mismo sexo y las parejas de diferente sexo. Fue transparente que, para la derecha, las parejas heterosexuales debían tener un reconocimiento social específico y superior, pues a sus ojos son “las personas de bien”, “la familia verdadera” y tantos y tantos eufemismos sobre quienes cumplían la norma simbólica, heterosexual, en muchos casos religiosa y social de comportamiento. Aquellos que obedecían esa norma sexual y social, debían ser premiados y reconocidos por ello, colocándoles simbólica y a nivel de estatus, por encima de las parejas del mismo sexo. 

Ese era el debate de fondo. La igualdad frente a la jerarquía social tradicional. El reconocimiento de que todas y todos somos iguales ante la ley frente a nombres específicos, leyes apartheid, creadas para ceder algún derecho, pero manteniendo el elemento clave, simbólico, de desigualdad y jerarquía tradicional intacto. 

Y perdieron el debate. La igualdad triunfó. España supo ver la intención real, discriminatoria, y decidió que homosexuales, bisexuales y heterosexuales somos iguales ante la ley y la sociedad. Y durante 20 años, el matrimonio igualitario solo ha generado felicidad. Bien por España. 

Su hegemonía económica y cultural, como centro del mundo, hace tiempo que está en decadencia y, a la vez, la hegemonía de las personas blancas heterosexuales anglosajonas como cúspide de la jerarquía social de sus países y del mundo, solo ha hecho que sufrir golpes en los últimos 40 años con el avance del reconocimiento de la diversidad en Occidente y el desarrollo de países como China. 

Trump es una expresión clara de esto. Su eslogan, Make America Great Again (MAGA), llamando a volver a ese momento en el que los blancos eran hegemónicos, y sus decisiones –atacar a personas racializadas, migrantes o LGTBI– son una declaración de intenciones. Sus votantes no han votado a Trump por la economía o la desindustrialización. Sus votantes, o una parte muy importante de sus votantes, votan a Trump porque este les dice que está bien sentir odio contra los que les ‘roban’ su puesto en la jerarquía, contra Canadá, México, los migrantes, las personas LGTBI, las personas racializadas. Les dice a los que siempre fueron la cúspide que se les debe algo. Les dice que va a exigir y negociar para que otros países “les paguen” lo que les deben. No se trata de economía. Se trata, de nuevo, de jerarquía social. De quién está por encima y quién por debajo. De si los blancos anglosajones siguen siendo la élite dominante de EEUU y del mundo o llega “el gran reemplazo” y deben compartir su poder con los “woke”, con el resto del mundo.

Y lo mismo está pasando en Reino Unido. Es sabido que el Brexit, comienzo de una acelerada  decadencia económica de Reino Unido, se debió, entre otros, a motivos xenófobos, pues los predictores psicológicos de la xenofobia estaban relacionados íntimamente con el voto a favor del Brexit, como ilustraron Golec de Zavala et al. en un estudio de 2017. Además, según una encuesta de Lord Ashcroft Polls del 23 de junio de 2016, el voto por el Brexit entre los blancos alcanzó el 53%, mientras que los británicos de origen asiático apostaban en un 67% por el remain y los británicos de origen africano apoyaban quedarse en un 73%. También hubo un componente generacional, pues más del 60% de los mayores de 60 años apoyaron el Brexit por tan solo un 27% de los de 18 a 24 años. 

Así que, de nuevo, asistimos a una percepción mayoritaria entre los blancos de mayor edad, como ha sucedido en EEUU, de que los blancos pierden la hegemonía, de que el Reino Unido está siendo invadido, de que no tenía “autonomía”, de que sus problemas se derivaban de Europa, los fontaneros polacos y el nivel de inmigrantes en el país.

Es el mismo mecanismo en ambos países: el giro a la ultraderecha está alimentado por la pérdida de hegemonía social de los blancos anglosajones de mayor edad, la percepción de estar perdiendo su papel de cabeza de la jerarquía social, que muchos consideran un derecho natural, anclado en la tradición, justificado por sus méritos como creadores de un orden internacional. 

Las élites blancas tradicionales de EEUU y Reino Unido perciben que pierden poder interno, el papel de los blancos autóctonos como hegemones sociales indiscutidos se erosiona, mientras que EEUU y Reino Unido como países pierden poder como hegemones globales. 

Es peor en el Reino Unido que en cualquier otro lugar del mundo, le decía Judith Butler a Owen Jones en un video en su Instagram. Se refería, por supuesto, al impacto de las TERFs, las feministas radicales anti-trans, que tienen como objetivo central de su trabajo y lucha eliminar los derechos de las personas trans por la vía de denegarles el reconocimiento de su identidad.

Por supuesto, no lo articulan discursivamente así. Ellas afirmarán que “no odian” a las personas trans, “que no tienen nada en su contra”, pero que hay que defender “el sexo como categoría biológica” y así, de esta forma, “proteger” a las mujeres. 

Estamos de nuevo ante una batalla por un concepto, en este caso, el sexo. Una batalla, como vimos con el matrimonio, entre una definición inclusiva, en la que caben homosexuales, bisexuales y heterosexuales y una definición excluyente, en la que no cabían. Pues bien, en este caso sucede exactamente lo mismo. Estamos ante una batalla para definir el sexo, sobre todo para definir mujer, como una categoría inclusiva, en la que caben las mujeres cis y las mujeres trans, o como una categoría excluyente, en la que solo caben las mujeres cis, las mujeres que no son trans. No es, tampoco, un debate muy novedoso. En los años 80 este mismo debate se tuvo con las mujeres lesbianas, defendiéndose definiciones de “mujer” que exigían la heterosexualidad y, por tanto, dejaban fuera a las mujeres lesbianas. Al final, definir un término te permite definir quién lo habita y, sobre todo, quién es el sujeto hegemónico de ese término. 

Es por eso que asistimos a una batalla por redefinir el término “mujer”, un término que el propio feminismo siempre ha definido como principalmente social por sus más grandes teóricas como Simone de Beauvoir, y retroceder a una definición biológica, dependiente de cromosomas, útero, ovarios y finalmente, capacidad de parir. Y todo con un objetivo táctico: dejar fuera del concepto de mujer a las mujeres trans y, de paso, afirmar que los hombres trans son “mujeres engañadas” por la propaganda trans. 

Pero ¿por qué el discurso TERF ha calado con tal virulencia en el Reino Unido, hasta el punto de ser el núcleo desde el que se elaboran discursos, noticias falsas, memes, argumentarios y demás artillería política desde el discurso TERF? ¿Por qué las mujeres feministas blancas y mayores del Reino Unido han asumido con tanta vehemencia y celeridad un discurso que, en los feminismos de otros países, incluido el de España, no ha tenido ese nivel de penetración y de conexión con los sentires de esas mujeres?

De la misma forma que el discurso de ultraderecha contra la inmigración presentaba a los migrantes, a los extranjeros, como la amenaza de sustitución, como aquellos que estaban robando la hegemonía a los británicos blancos que debían recuperarla vía Brexit, el discurso de ultraderecha, articulado principalmente por las organizaciones ultraconservadoras, ha encontrado en las mujeres feministas blancas británicas mayores un terreno abonado, presentando a las personas trans como invasoras, como gente que quiere violarlas, como gente que les quiere robar sus derechos. Y al colectivo LGTBIA+, de forma simbólica, como quienes les están quitando el protagonismo en el feminismo y la lucha por igualdad. Se presenta un grupo vulnerable como una amenaza a la hegemonía simbólica y cultural, en este caso, de las mujeres blancas feministas, que temen ser sustituidas, invadidas, por las personas trans y LGTBI+ en sus luchas y que no van a aceptar, de ninguna manera, que una mujer trans sea igual a ellas, como no podía aceptar el foro de la familia que un matrimonio homosexual fuese igual que uno heterosexual.

Y este mecanismo que funciona en todo el mundo para activar el discurso TERF encuentra en EEUU, pero sobre todo en el UK, una percepción previa de desplazamiento cultural y simbólico de las británicas blancas mayores. Y de la misma forma que se redefinió el concepto “Reino Unido” para dejar fuera de él a los extranjeros, a Europa, para volver a los orígenes, de la misma forma que los votantes de Trump votan para Make America Great Again, para volver al momento histórico en el que la hegemonía blanca era indiscutible, las mujeres TERF en el Reino Unido han batallado para que el Tribunal Supremo redefina el sexo para dejar fuera a las personas trans, para que las personas blancas y mayores recuperen su posición en la jerarquía simbólica, para que quede claro que Reino Unido, el sexo, es lo que ellos y ellas dicen que es, que valen más los británicos blancos que los extranjeros y que valen más las mujeres cis que las mujeres trans, expulsadas ya siempre del concepto mujer. Para dejar claro que hay ciudadanos de primera/mujeres de primera, y otras, diferentes, de segunda, las personas extranjeras / trans. 

En resumen, el mayor impacto del discurso TERF en el Reino Unido se explica por un terreno abonado de amargura entre las mujeres blancas británicas conectado con la decadencia de lo anglosajón en el mundo. En una sociedad en la que la decadencia económica, cultural y de posición jerárquica, tanto del país como de las personas blancas, las mujeres feministas han comprado un discurso que les señala a las personas trans como su amenaza de pérdida de jerarquía, como su “gran reemplazo” como mujeres y han impulsado su propio Brexit, la expulsión de las mujeres trans del concepto de mujer. 

Pero como pasó con el Brexit, desafortunadamente, retroceder a una definición biológica del sexo para expulsar y eliminar los derechos de una parte de la población, lejos de solucionar nada, solo agravará el problema. Porque la realidad es tozuda y la igualdad imprescindible: las mujeres trans son mujeres y el matrimonio homo/bisexual es matrimonio. Mismos derechos, con los mismos nombres. 

Y ninguna sociedad que pretenda ser justa puede excluir a partes de la ciudadanía de sus derechos para establecer una jerarquización en la que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Tarde o temprano, la igualdad se impondrá, también en Reino Unido.

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Ignacio Paredero es sociólogo, politólogo y activista LGTBI+.

El primer ministro británico, Keir Starmer, rechazó este domingo la posibilidad de que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea (UE), por considerar que esto quedó "decidido" en un referéndum, pero quiere una relación estrecha con el bloque comunitario, según informa EFE.

Starmer hizo estas declaraciones a la prensa al recibir en su residencia campestre de Chequers, a las afueras de Londres, al canciller alemán, Olaf Scholz, para abordar la guerra en Ucrania, la nueva relación con la UE y la situación en Oriente Medio.

"Desde que soy primer ministro he sido muy claro en que quiero 'resetear' la relación entre el Reino Unido y la UE. Eso no implica un regreso a la Unión Europea: aquí celebramos un referéndum (2016) sobre eso y ese asunto está resuelto. Pero sí quiero ver una relación más estrecha en materia de defensa y seguridad, energía, comercio y economía, y en eso estamos trabajando", afirmó. 

La reunión con Scholz tuvo lugar tres semanas antes de las elecciones alemanas y un día antes de la cena informal a la que Starmer asistirá este lunes con los líderes del Consejo Europeo en Bruselas, donde se abordarán las medidas para acercar al Reino Unido y la UE.

El jefe del Gobierno británico, que llegó al poder el pasado julio, agregó que mejorar los vínculos entre las dos partes es "lo mejor para el Reino Unido, creo que es lo mejor para la UE, y espero que en los últimos siete meses haya habido una diferencia manifiesta en el enfoque, el tono y la relación". 

Además, Starmer dijo estar animado por la cena de este lunes en Bruselas y por un "restablecimiento más amplio de las relaciones entre el Reino Unido y la UE", mientras que Scholz señaló que su visita a Chequers representa "una buena señal de las muy buenas relaciones entre nuestros dos países y de hecho entre nosotros dos".

Starmer agradeció al canciller alemán por viajar al Reino Unido para esta "importante reunión, particularmente cuando estás en medio de una campaña electoral".

"Cuando comencé como primer ministro hace siete meses, estaba decidido a fortalecer la relación entre nuestros dos países, que ya era muy buena, pero pensé que podría ser más fuerte en varios frentes", puntualizó.

Starmer admitió que el Reino Unido y Alemania tienen un punto de vista "común" sobre los problemas y desafíos actuales, incluida la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia.

Asimismo, informó de que los dos países han logrado "grandes avances" en ciencia y tecnología.

Los dos líderes almorzaron en Chequers, mansión ubicada en el condado de Buckinghamshire, y dieron un paseo privado por los terrenos de la finca antes de celebrar un almuerzo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha descartado este miércoles nuevamente dar marcha atrás en el Brexit, si bien ha defendido la necesidad de un "reinicio" y un "reajuste más amplio" en las relaciones con la Unión Europa, según informa Europa Press.

"Estoy absolutamente convencido de un reajuste (...) de un reinicio con Europa y la Unión Europea", pero "eso no significar revertir el Brexit o volver a entrar en el sistema de mercado único o la unión aduanera", ha dicho en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, a su paso por Berlín.

"Sí tenemos planes para una relación más estrecha entre nosotros y la UE (...) lo que hemos podido hacer hoy es avanzar en ese sentido con el acuerdo de tratado bilateral y reiterar nuestro deseo de restablecer las relaciones", ha explicado.

Starmer ha viajado hasta la capital alemana para cerrar un acuerdo bilateral con Scholz, que contempla un plan de acción para combatir la inmigración ilegal, compromisos comunes para Ucrania y nuevas medidas para el desarrollo económico, el comercio, la ciencia o la tecnología.

"El crecimiento es la prioridad número uno para mi Gobierno y construir relaciones con nuestros socios aquí en Alemania y en toda Europa es vital para lograrlo", ha dicho el primer ministro británico, según recoge la cadena BBC.

Starmer también ha descartado que este acuerdo entre Londres y Berlín tenga relación alguna con un plan de movilidad juvenil y ha insistido en que está enfocado "al comercio, la defensa, la economía, la migración ilegal" y por tanto, "no habrá libre circulación, no habrá regreso a la UE".

"Estoy convencido de (...) que podemos tener una relación estrecha a pesar de estas claras líneas rojas que tenemos, y que siempre hemos tenido", ha zanjado.

Mientras los países de su entorno giran a la derecha, la victoria del laborismo ha convertido a Reino Unido en un rara avis europeo y ha reabierto un viejo debate que sigue de actualidad en media Europa: la posición que deben tomar los partidos de la derecha tradicional cuando aparece un competidor mucho más radical. 

Hasta ahora, los tories habían contenido a la extrema derecha en Reino Unido, asumiendo algunos de sus posicionamientos con respecto, por ejemplo, a la inmigración. Pero, a la vez, garantizaban la estabilidad de una democracia sana, en la que se obliga a dimitir a un primer ministro por mentir en el parlamento o en la que se aceptan sin ambages las derrotas electorales.

El dilema para el Partido Conservador hoy es el siguiente: refundarse para mantenerse en una posición más moderada o acercarse (aún más) a un discurso nacionalpopulista, euroescéptico, negacionista y xenófobo en el que el gran impulsor del Brexit y recién llegado a la Cámara de los Comunes, Nigel Farage, es el rey. 

Tras la debacle electoral del partido que ha liderado Reino Unido durante los últimos catorce años, el ultraderechista ha conseguido colarse al octavo intento en el Parlamento británico, obtener cinco escaños y situar a su formación, el Partido Reformista (Reform UK), en segunda posición en casi cien circunscripciones del norte de Inglaterra. 

Cómo relacionarse con la ultraderecha es una cuestión crucial para el futuro de las formaciones de derecha tradicional europea. En Francia, hemos visto cómo demócratas progresistas y conservadores se unían en un frente republicano contra la extrema derecha, pero en España, el Partido Popular se sigue moviendo entre dos aguas sin saber muy bien qué hacer con respecto a Vox, primero, y al partido del agitador ultra Alvise, después. 

Por un lado está la presión hacia los postulados más extremistas de una Isabel Díaz Ayuso que abraza a Javier Milei y por otro los bandazos de Alberto Núñez Feijóo, que esta misma semana acudía a un podcast ultra que da pábulo a teorías de la conspiración.

Nigel Farage ha sido estos meses uno de los críticos más duros contra el ya ex primer ministro Rishi Sunak por su estrategia fallida de deportaciones de inmigrantes a Ruanda y ha calificado de “invasión” la llegada de nuevas personas a Reino Unido. La inmigración es una de sus grandes banderas y puede hacer mucho ruido e influir en el Partido Conservador desde el altavoz que le otorga el parlamento británico.

Farage representa a la perfección un tipo de político del que habla el ensayista francés Christian Samon en su último libro, La tiranía de los bufones. En él, explica cómo la desmesura y la burla se han normalizado en la vida política a través de políticos “bufones o payasos” como Trump, Bolsonaro o Milei. Líderes populistas reaccionarios que no tienen ningún problema en llegar al poder aupados con mentiras. Como hizo el propio Farage en la campaña del referéndum del Brexit con la cifra falsa del dinero que supuestamente se llevaba la Unión Europea. 

Esta semana, el expremier Boris Johnson, otro político bufón, publicaba un artículo en el Daily Mail con diez consejos para que su partido pueda volver al poder lo antes posible. Lejos de mostrar moderación y culpando a Farage de su derrota, recomendaba al próximo líder mucha más mano dura con la inmigración, criticar duramente y desde el principio un posible acercamiento de Keir Starmer a la UE y oponerse ferozmente a medidas sociales en el ámbito laboral.

Esta nueva legislatura en Reino Unido demostrará si le hacen caso o no y el efecto que tiene la entrada de Farage en Westminster, pero con la extrema derecha más fuerte que nunca en Francia y en la Unión Europea, deberían ser conscientes del peligro de jugar a dos bandas con este tipo de populismo y la crisis social y política que pueden generar si se dejan seducir por una deriva reaccionaria que amenaza los cimientos de todo el continente.

“Get Brexit done”. Con ese mensaje tan simple y directo, solo tres palabras de no más de dos sílabas, un hombre con pelo despeinado, rubio, excéntrico y admirador de Winston Churchill y de William Shakespeare, se presentaba a las elecciones de 2019 en Reino Unido para ser reelegido primer ministro. Por entonces, Boris Johnson no era solo el gran exponente del Partido Conservador más populista y radical, sino también el hombre que había conseguido, tras esas elecciones, una de las mayorías tories más aplastantes de la historia. Cuatro años después de esos comicios y con tres primeros ministros diferentes dentro de la misma legislatura, el Brexit se ha logrado completar, ya sin el dimitido Johnson, pero a costa de ser una trituradora política.

Pero la salida de Reino Unido de la UE no solo ha afectado a los políticos. Uno de los colectivos más perjudicados han sido los jóvenes, que de un año para el otro, vieron como todas las ventajas de pertenecer a la unión se diluían como un azucarillo. Programas como el Erasmus, probablemente el más exitoso de todos los implementados por la UE en lo relativo a los jóvenes, se terminaron con la salida definitiva de Reino Unido, al mismo tiempo que también lo hacían todos los beneficios de libre circulación para estudiar o trabajar por largos periodos de tiempo en las islas.

Mientras que antes un joven europeo podía establecerse en Reino Unido durante largos periodos de tiempo con suma facilidad y viceversa, sin necesidad de ningún visado ni de abonar ningún tipo de coste de gestión, con el Brexit las trabas burocráticas han ralentizado los procesos y han dificultado enormemente la movilidad entre ambos lugares. “Muchos profesores, por ejemplo, notan que la tasa de estudiantes europeos en las universidades británicas ha descendido muchísimo. Ahora quien quiere estudiar aquí tiene que pagar unas tasas universitarias por el visado y eso está afectando a la demanda, ya sea por la cuestión monetaria o por otros motivos”, relata Helena Catalán, joven española que actualmente está estudiando en Oxford. “La integración no solo era algo político, sino que también buscaba promover un intercambio de conocimiento entre Reino Unido y Europa que ahora se ha perdido”, zanja.

El problema es, de este modo, bidireccional: los jóvenes europeos y británicos pierden oportunidades para formarse, pero también sus universidades se quedan sin un talento que, de otra forma, podrían atraer. Para tratar de mejorar esta situación tan perjudicial, el pasado mes de abril la Comisión Europea propuso un nuevo plan de movilidad pensado especialmente para los jóvenes. El órgano que preside Ursula von der Leyen planteaba a Reino Unido dar facilidades a aquellas personas que tuvieran edades comprendidas entre los 18 y los 30 para poder moverse entre la UE y las islas. 

El plan de movilidad de la Comisión no significaba, ni mucho menos, recuperar el modelo anterior a la salida de Reino Unido de la organización, pero sí daba pasos hacia delante para eliminar las engorrosas trabas burocráticas. Así, la UE proponía que los jóvenes se pudieran mover libremente a ambos lados del Canal de la Mancha durante periodos de cuatro años, sin necesidad de establecer criterios previos. 

Íñigo Bailón, un joven que también está estudiando en las islas y que es responsable de un think tank universitario relacionado con la Unión Europea, cree que la propuesta es una gran oportunidad para dejar atrás los problemas del Brexit y favorecer las relaciones entre las dos partes. “La diferencia entre Reino Unido y otros países con los que se puedan establecer este tipo de iniciativas es que los británicos ya estaban en la UE, se acostumbraron a que podían ir, por ejemplo, a trabajar a Francia si querían, y todo eso lo perdieron, ahora, con esta propuesta podrían recuperarlo”, afirma.

Sin embargo, para muchos, este plan de movilidad tiene una derivada que va más allá de la mera eliminación de trabas burocráticas para los jóvenes a la hora de vivir, trabajar o estudiar. “Creo que este tipo de iniciativas pueden abonar el campo para futuros acontecimientos políticos entre la UE y Reino Unido, quizás a varias décadas vista. De esta forma, los 27 también intentan mejorar su imagen en las islas y así combatir la ola de desinformación que esparcieron los tabloides británicos durante el referéndum y en los años previos. Así, lo que puede conseguir la UE es crear una opinión pública británica más proeuropea en el futuro”, explica Jorge Tuñón, catedrático Jean Monnet, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y experto en asuntos europeos.

Precisamente, si nos retrotraemos a 2016, los jóvenes fueron los votantes que tenían una imagen más positiva de la UE. En el referéndum se produjo una gran brecha intergeneracional, con unos jóvenes muy proeuropeos y unos mayores que acabaron decantando la votación hacia el leave. “La lógica que sigue la UE es clara: si nos colocamos en unas décadas y mantenemos esa base de votante joven que irá cumpliendo años y sustituyendo al más euroescéptico y luego, con estas iniciativas, alimentamos a aquellos nuevos votantes que quizás aún no hayan nacido, se conseguirá crear una sociedad mucho más proclive a la UE si se produce en un futuro un nuevo referéndum”, señala el profesor.

Pese a esa buena perspectiva de futuro, ni Tuñón, ni Bailón ni Catalán creen que el reingreso de Reino Unido en la Unión Europea esté cercano, e incluso tienen muchas dudas sobre si este se podrá producir en algún momento. Pese a eso, todos tienen claro que con este tipo de medidas se abre la oportunidad para tener un mayor acercamiento en el futuro que puede ir desde una mayor colaboración en materia de seguridad favorecida por la amenaza rusa, hasta un tratamiento privilegiado como socio comercial más ambicioso que el acordado tras el Brexit. 

Aun así, y a pesar de los mutuos beneficios del programa, la UE se ha encontrado con un auténtico muro para poder llevarlo a cabo: el gobierno torie de Rishi Sunak. Los conservadores solo necesitaron un par de días para negarse rotundamente a adoptar un acuerdo así con la UE: “No vamos a implementar algo así, la libertad de movimiento con la UE se acabó y no hay planes para reintroducirla”, declaró con contundencia uno de los portavoces de Downing Street.

El Brexit sigue siendo, aun a día de hoy, un tema que parece tabú para la sociedad británica y, una vez cerrado el último fleco con la firma del marco de Windsor para el estatus de Irlanda del Norte, los conservadores no están dispuestos a reabrir el cajón de los truenos. Una circunstancia que se acrecienta por la presencia de unas elecciones a pocos meses vista, donde ya asumen que serán vapuleados por los laboristas, pero en las que quieren reducir daños contentando al ala más ultra de sus votantes, precisamente la más euroescéptica.

Pero quizás, la negativa más sorprendente vino del Partido Laborista, el cual se alineó completamente con Downing Street en el rechazo a la propuesta. Un no que llama aún la atención cuando el alcalde de Londres, Sadiq Khan, recientemente reelegido para un histórico tercer mandato en los comicios locales y parte del sector más progresista y europeísta del laborismo, se mostraba hace unos meses favorable a un acuerdo muy similar al propuesto por la Comisión: “Tengo claro que apoyaré un programa de movilidad juvenil, que nos beneficiaría económica, cultural y socialmente. Aunque el Reino Unido ya no sea parte de la UE, Londres es, y siempre será, una ciudad europea”, decía Khan.

Y si una voz tan importante dentro de la formación se había mostrado así de favorable a la movilidad, ¿por qué los de Keir Starmer han sido tan tajantes? La respuesta no es fácil y tiene varias aristas, la mayoría muy relacionadas con las próximas elecciones. La primera tiene que ver, paradójicamente, con el miedo. Pese a que los sondeos les dan una ventaja sideral en los próximos comicios (al nivel o incluso mayor que la de Tony Blair en 1997, la cual fue el preludio del mayor periodo de hegemonía de la izquierda en Westminster), los laboristas se están limitando a guardar un perfil bajo en la oposición y a no cometer errores. En un país como Reino Unido donde los diputados son elegidos por mayoría y no de forma proporcional, los laboristas están llevando a cabo una estrategia de riesgo cero destinada a captar a los votantes más de centro y centroderecha. Por ese motivo, piensan que meterse en un tema tan polémico como el Brexit puede ser arriesgado y dar munición a los conservadores para atacarles en la campaña.

Por otra parte, está el factor edad. El votante británico mayoritario es de un perfil muy envejecido y este, a diferencia del joven, es mucho más euroescéptico. Por ese motivo, los laboristas creen que si muestran cercanía a la UE, eso les podría hacer perder votos entre esta cohorte de población.

A todo ello se suma la inmigración, un tema que fue clave durante el referéndum del Brexit y que ahora vuelve a estar de actualidad con la polémica estrategia de Stop de boats (paremos los botes) de Sunak. En ella se incluye, por ejemplo, el criticado protocolo para enviar a migrantes a Ruanda mediante vuelos desde Reino Unido. En esta materia, los laboristas vuelven a ir con pies de plomo, tanto que Starmer ni siquiera se ha atrevido a asegurar que derogará el plan de Ruanda en cuanto llegue al gobierno ni dentro de sus 100 primeros días en Downing Street. Muchos ingleses siguen relacionando a la UE con la migración y por ello, una vez más, los laboristas guardan distancia.

Con este contexto, la pregunta está en si la estrategia poco ambiciosa y de perfil bajo de los laboristas continuará tras su previsible victoria electoral o si, sin embargo, decidirán realizar un cambio de políticas que incluya romper el tabú del Brexit para incrementar la colaboración entre el viejo continente y Reino Unido.

El Gobierno de Reino Unido ha rechazado una iniciativa de la Comisión Europea para negociar una posible flexibilización de las condiciones de movilidad para los ciudadanos de ambos lados de entre 18 y 30 años, advirtiendo de que este tipo de pactos a gran escala ya no tienen cabida tras el Brexit, informa Europa Press.

"No vamos a aplicar un esquema de movilidad juvenil para toda la UE, la libertad de movimiento acabó y no hay planes de volver a introducirla", ha zanjado un portavoz del Gobierno británico. Londres apuesta en cambio por negociar posibles acuerdos de esta índole país por país.

El Partido Laborista, favorito en los sondeos de intención de voto, también ha salido al pasado para dejar claro que no prevé cambios en caso de llegar al poder. Así, un portavoz citado por la BBC ha asegurado que "no volverá el mercado único, la unión aduanera o el libre movimiento" si un laborista abre las puertas de Downing Street.

La propuesta esbozada esta semana desde Bruselas a los gobiernos de los 27 aspira a relajar las trabas que los jóvenes europeos encuentran desde que se consumó el Brexit para viajar, estudiar o residir en territorio británico, y viceversa.

Bruselas plantea que el marco que se negocie permita a los ciudadanos de entre 18 y 30 años "permanecer hasta cuatro años en el país de destino", si bien los servicios comunitarios dejan claro que no se trata de "devolver" a los británicos derechos fundamentales de la UE que perdieron con el divorcio, como la libertad de movimiento dentro del bloque.

En concreto, los servicios comunitarios piden medidas "innovadoras" para superar las principales barreras a la movilidad que encuentran los jóvenes de modo que puedan desplazarse por formación, trabajo o para residir una temporada más larga sin encontrar grandes trabas.

Para ello, pide acotar los criterios que se deberán cumplir para beneficiarse del nuevo marco (edad, duración máxima de la estancia, condiciones de elegibilidad, normas para verificar su cumplimiento) sin estar sujetos a una condición precisa como un trabajo o un curso, ni a cuotas de entrada.

En cualquier caso, aclara la Comisión, no reemplazará otros regímenes existentes que regulen visados o permisos de residencia, sino que serán complementarios adaptados a los jóvenes.

El posible auge de la extrema derecha en las elecciones europeas del próximo mes de junio es sólo uno más de los fantasmas que recorren el planeta este año. Mientras en EEUU Donald Trump se acerca a las urnas de noviembre sumando victorias en las primarias republicanas, en Indonesia y El Salvador ya han ganado el exgeneral Prabowo Subianto y el autoritario Nayib Bukele, al tiempo que en Países Bajos el ultra Geert Wilders negocia, con dificultades, la formación de un gobierno.

De hecho, las encuestas se hacen eco de un aumento de la intención de voto en Europa a los partidos que integran Identidad y Democracia (ID), el grupo de Marine Le Pen y Matteo Salvini, y a Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), donde están integrados Vox y los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. Según las proyecciones de diciembre de 2023 elaboradas por Europe Elects, portal de referencia en información electoral europea, ID puede llegar al 12,3% de los votos, lo que le daría 91 escaños, mientras que ECR reuniría un 11,3% de apoyos, que se traducirían en 80 escaños. Ahora ID tiene 62 escaños y ECR 66. Sumados ambos –171–, se convertirían en la segunda fuerza tras el Partido Popular Europeo, al que la encuesta otorga 180 escaños.

Pero, como advierten este mismo miércoles en la revista Fortune Clifford Young y Chris Jackson, presidente y vicepresidente de Ipsos, una de las principales empresas mundiales de investigación de mercados, el fenómeno es global. En su artículo mencionan el “síndrome del caudillo [en castellano]”. Según la última encuesta que ha hecho Ipsos para medir la evolución del populismo en 28 países –un sondeo que lleva repitiendo desde 2016–, el 63% de los preguntados coincide en que su país necesita un líder fuerte al que no le importe romper las reglas para sacarlo de su supuesto declive. La sensación de estancamiento económico y la desigualdad, aseguran, se unen a la nostalgia por el pasado para crear un cóctel de éxito.

Qué explica el alza de los partidos populistas es una pregunta recurrente que ha dado lugar a múltiples análisis. Cinco investigadores europeos acaban de publicar en el British Journal of Political Science de la Universidad de Cambridge un informe que, sobre la base de 36 estudios anteriores, confirma la relación causal entre la inseguridad económica y el avance del populismo. Esa inseguridad va más allá del desempleo o de las crisis económicas; se define como el “riesgo de pérdida económica al que se enfrentan los trabajadores y los hogares ante los acontecimientos imprevisibles de la vida social”. Una forma novedosa de descontento, resaltan, que no tiene que ver con los resultados económicos a corto plazo. De los 36 estudios, seleccionados por su robustez estadística, se desprende que un tercio del reciente ascenso de los populismos se debe a esa sensación de incertidumbre económica que en algunos países no ha hecho más que aumentar.

Tanto uno de los autores del estudio, Manuel Serrano-Alarcón, del Centro de Investigación de Dinámicas Sociales y Políticas Públicas Dondena, de la Universidad Bocconi de Milán, como el economista de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla Manuel Alejandro Hidalgo Pérez, coinciden en destacar como “muy significativa” esa contribución del malestar económico al cambio en el comportamiento electoral de tantos ciudadanos en todo el mundo.

En realidad, la relación entre las crisis financieras y el avance de los extremismos políticos es claro, aunque sólo sea desde el periodo de entreguerras del siglo pasado, cuando la depresión de 1929 –entre otros factores– arrojó a Alemania e Italia en brazos del nazismo y el fascismo. Pero, como destaca Serrano-Alarcón a infoLibre, ahora se ha podido verificar un “vínculo causal sólido” –no una mera correlación–. Con importantes diferencias geográficas.

Así, el deterioro económico sufrido por la clase trabajadora de Estados Unidos por culpa de las importaciones de China está detrás de buena parte del éxito de Donald Trump desde 2016. Aunque hay matices adicionales: los votantes blancos descontentos buscaron remedio en los republicanos y en Trump, pero los votantes no blancos se inclinaron por los demócratas. También hay que tener en cuenta la “brutal” desigualdad que caracteriza a la sociedad estadounidense, tercia Manuel Alejandro Hidalgo.

En general, la robotización está radicalizando a los ciudadanos de las economías avanzadas, mientras que los países de la eurozona, al igual que EEUU, están más expuestos al impacto de las importaciones baratas de otras áreas. Por su parte, los del Europa del Este lo estuvieron al desplome de sus respectivas divisas con la crisis financiera de 2008. En Brasil la inseguridad del mercado laboral tuvo mucho que ver en la victoria de Jair Bolsonaro en 2018 –más en los hombres que en las mujeres–. Y en Hungría Manuel Alejandro Hidalgo cree que el peso de la culpa puede atribuirse más bien a la escasa tradición democrática del país.

¿Y en España? Ninguno de los 36 estudios analizados por Manuel Serrano-Alarcón y sus colegas se refería a la extrema derecha nacional. “No había ninguno con la suficiente robustez estadística para incluirlo”, revela el investigador.

Sin embargo, Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y autor de Qué hacer con la extrema derecha en Europa, traza con precisión el recorrido que ha llevado a Vox a convertirse en el tercer grupo del Congreso tras PP y PSOE. Nacido un mes antes que Podemos, en diciembre de 2013 –es decir, en lo peor de la crisis financiera, con una tasa de paro del 26% y la austeridad y los recortes en plena ebullición–, no consiguió entrar en el Parlamento Europeo en 2014. “Aunque se quedó sólo a 1.200 votos de conseguirlo”, advierte no obstante Guillermo Fernández.

De ese fracaso no se recuperó hasta 2018, tras el intento fallido de referéndum en Cataluña, cuando sectores conservadores decepcionados por la gestión del conflicto que hizo el Gobierno del PP ven en Vox y su discurso nacionalista español la respuesta a la “alarma patriótica” activada por los independentistas. La manifestación de la Plaza de Colón en Madrid se celebró apenas siete días después del 1-O catalán.. Siete meses más tarde, la moción de censura que dio el Gobierno a Pedro Sánchez, apoyada en Unidas Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes y que la derecha consideró casi “un acto ilegítimo”, explica la “efervescencia” de Vox, que ya ese verano multiplica su militancia, en octubre llena el Palacio de Vistalegre de Madrid y en diciembre entra en el Parlamento andaluz con 12 escaños.

Como desveló Stuart Turnbull-Dugarte, profesor de la Universidad de Southampton, ni el nivel de ingresos ni la desconfianza política ni el rechazo a la inmigración son el principal motor del voto a Vox, a diferencia de lo que ocurre con el resto de la extrema derecha europea. Al menos en aquellas elecciones andaluzas, el rechazo al procés fue el catalizador que introdujo a la ultraderecha por primera vez en un parlamento autonómico. Entonces la economía española empezaba a respirar tras cuatro años en la UCI poscrisis.

Guillermo Fernández ve en la recesión económica de 2008, seguida de una pésima gestión europea basada en la austeridad, la mecha que prendió el populismo en el continente. Pero añade un segundo componente, la “crisis de representación” a la que llevaron los numerosos casos de corrupción destapados no sólo en España sino también en otros países como Francia. Si además coincide con la crisis de los refugiados, y con los atentados yihadistas –Bataclán, Charlie Hebdo, ambos en 2015–, la mezcla se convierte en explosiva. La “inseguridad cultural” se suma a la económica. Finalmente, el Brexit –votado en referéndum en 2016 y ejecutado en 2020– y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos –en noviembre de 2016– dieron el impulso definitivo al populismo global. En enero de 2017, la extrema derecha europea celebró un macroevento en la ciudad alemana de Coblenza, al que ya acudió Vox y donde Marine Le Pen, Matteo Salvini, Frauke Petry –de la AfD alemana– y Geert Wilders anunciaron la llegada de la “primavera de las naciones”, recuerda Guillermo Fernández.

El politólogo no pone en duda que un tercio del auge populista proceda del desencanto económico de muchos ciudadanos, pero añade que el resto de la fórmula se asienta sobre la idea de que la “identidad nacional” está en riesgo. “Tu nación, tus valores corren peligro”, se esgrime. Para Le Pen, la amenaza viene de los emigrantes. Para Wilders, de los musulmanes, en concreto. Para Santiago Abascal, de los independentistas.

Una tesis repetida señala que la extrema derecha ha ganado impulso combinando su base tradicional de clase media con nuevos votantes de la clase trabajadora, los perdedores de la globalización y la modernización. Antes, la clase trabajadora tenía la oportunidad de ingresar en la clase media, un ascensor que se ha detenido o incluso descendido en las democracias avanzadas.

Otros dicen que los nuevos apoyos electorales de la ultraderecha proceden de trabajadores que han perdido la protección laboral de la que gozaban, pero que no se encuentran precisamente entre los más perjudicados por la crisis económica.

Para Guillermo Fernández, el perfil del votante de ultraderecha, tanto en Francia como en España, al menos, no es el del ciudadano más vulnerable. Sino el de quien se siente en peligro por la supuesta “pinza” que han creado entre las élites, sobre todo las progresistas, y los más pobres, entre los que se encuentran los inmigrantes. Se trata de una clase media y media/baja que tiene vivienda propia, pero en el extrarradio de las capitales porque no puede vivir en el centro, aunque trabaje en él, y que se percibe dañada por los ricos, que sí se lo pueden permitir, y por las clases más bajas que reciben ayudas. En Madrid, pone como ejemplo, “existe un cinturón verde, que vota a Vox y que no está en, digamos, Fuenlabrada –el antiguo cinturón rojo–, sino más allá, en Humanes, en Arroyomolinos e incluso en La Sagra (Toledo)”.

Cierto que la situación de estos ciudadanos empeoró con la crisis económica, pero además “se sienten poco escuchados, olvidados”. Es a ellos a los que la extrema derecha “ofrece un relato y la ilusión de que los miran”, sostiene el politólogo.

Es la misma tesis que apunta Stuart Turnbull en su análisis de las elecciones andaluzas de 2018: el perfil del votante de Vox no coincidía entonces con el prototipo del perdedor de la globalización, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos. Además, a los ultras españoles los votan también las clases altas –Vox fue la segunda fuerza en Pozuelo, Boadilla, Las Rozas y Torrelodones, en el noroeste rico de Madrid, el pasado 23 de julio–, como ocurre en Francia, donde a los apoyos del norte empobrecido se les suman muchos de la riquísima Costa Azul.

En esa misma dirección, hay estudios que sostienen que la pérdida de estatus influye más en la deriva hacia la extrema derecha que, por ejemplo, el desempleo. Se trata de una doble devaluación, económica y cultural, de las capacidades y valores de la clase trabajadora, que se refuerza mutuamente y cuya brecha con las demandas de la economía posindutrial y globalizada es cada vez mayor, tal y como detallan Serrano-Alarcón y sus colegas europeos.

Además, Fernández Vázquez, introduce otro elemento: “La idea de que no hay futuro, o que el futuro va a ser muy malo, peor que el presente; por eso se idealiza un pasado de supuesta grandeza, el Make America great again va de eso”.

Porque, de eso no hay duda, se proclama, el presente sufre de una absoluta decadencia. Es una tendencia general que se da en España y en el resto del mundo, no importa si en fases de apogeo o de crisis: la diferente percepción entre la economía personal y la nacional. Lo revela el último barómetro del CIS: el 63,4% de los encuestados dice que su situación económica personal es buena –el 59,8%– o muy buena. El 24,2% dice que es mala o muy mala. Por el contrario, el 59,2% cree que la situación económica general de España es mala o muy mala. La misma disociación se producía en plena crisis financiera, hace una década, en 2019, en la prepandemia, o en 2022. Pero, a diferencia de esos años, el desajuste se repite ahora “cuando se ha creado más empleo nunca y la economía no está ni de lejos tan mal”, aclara Manuel Alejandro Hidalgo.

A su juicio, las derechas populistas tienen más éxito en países con niveles bajos de protección social. El estado del bienestar, con políticas destinadas a desempleados, pensionistas, trabajadores precarios o familias numerosas, reduce el atractivo de la extrema derecha. Las políticas redistributivas o la Seguridad Social protegen frente a la inseguridad económica y reducen el apetito por el populismo en los trabajadores en descenso. “Eso queda para un estudio posterior: ¿esas políticas de protección social reducen el voto a la ultraderecha?”, invita Manuel Serrano-Alarcón.

Guillermo Fernández advierte de que la extrema derecha “está aquí para quedarse”. A diferencia de lo que ha ocurrido con los partidos a la izquierda de la socialdemocracia europea –Unidas Podemos, Francia Insumisa, el Movimiento 5 Estrellas–, que están en retroceso o se mantienen con dificultades, la derecha radical amenaza con un triunfo en las europeas de junio y puede dar la sorpresa en Portugal el próximo día 10. Manuel Serrano-Alarcón precisa que la mayoría de los estudios con los que ha trabajado para su análisis se refieren a los populismos de derecha, y es por tanto donde han encontrado resultados más concluyentes. “Lo que nos obliga a ser más cautos con los populismos de izquierda”, advierte. En cualquier caso, el estudio mantiene que, mientras la inseguridad económica es una sólida materia prima para la extrema derecha, la izquierda radical consigue sus apoyos entre los damnificados por la automatización, la incertidumbre laboral y los fallos en la redistribución de la riqueza.

También las recientes protestas de los agricultores y ganaderos son una buena muestra de que la extrema derecha ha plantado sus cimientos en suelo europeo. Como en otras capas de la población, al empeoramiento de sus condiciones económicas se le añade el sentimiento de olvido, o incluso desprecio, de las “élites urbanitas”, dice Guillermo Fernández. Y la ultraderecha tiene una oferta política adaptada a ese agricultor: “Somos los únicos que hablamos de los problemas del campo”. Es más, el politólogo cree que la derecha radical dispone de una estrategia para convertirse en el partido del sector primario. “Por eso en los folletos de Vox se leía Vota campo”.

No obstante, Guillermo Fernández Vázquez rechaza que la historia vaya a repetirse y los años 30 de este siglo repliquen los años 30 del siglo XX. “No creo que Vox sea una especie de franquismo 2.0 o neofranquismo”, defiende. “Para ellos no se trata”, continúa, “de volver a antes de 1975, sino de reinterpretar la Constitución de 1978 para regresar a antes de esa fecha”. De forma que la meta a la que aspiran es una “democracia limitada o militante”, en la que sean ilegales los partidos comunistas o independentistas, por ejemplo. “Lo que quieren”, resume, “es ganar en 2024 las batallas que perdieron en 1976 o 1977”.

Ahora que estamos en época de subasta, en época de recibir miles de propuestas y promesas electorales, estaría bien que las escuchásemos con detenimiento, que prestemos atención y que decidamos en función de lo que los partidos nos están contando que quieren hacer. Luego, cómo lo ejecutan, cuándo lo ejecutan y si llegan realmente a hacerlo es otra cosa. En estos días en los que establecemos una especie de contrato, yo te voto a cambio de que cumplas con lo que prometiste, deberíamos ser muy conscientes de lo que dice cada uno, para no lamentarnos después.

En Reino Unido, en las últimas campañas electorales, se habló mucho de qué modelo de país querían, de cómo querían definir sus relaciones con el continente, de lo atados que se sentían por las políticas europeas y de lo libres y más ricos que serían cuando fueran ellos y sólo ellos los que decidieran cómo organizar su economía, su educación, su salud, sus empresas… Fue de lo único de lo que se habló durante mucho tiempo: ser o no ser europeos. Y el debate se simplificó tanto, se manipuló y retorció tantísimo, que al final era una cuestión de sí o no: “sí” a quedarnos dentro de la Unión Europea, “no” a seguir dentro del club de los 27. Y nadie se paró a preguntar qué pasaría al día siguiente de estar fuera, cómo se cubrirían plazas de camioneros, camareros, médicos o enfermeras cuando se quedaran solos, cuando controlaran las fronteras y evitaran la llegada de inmigrantes. Nadie lo preguntó ni contó qué iba a pasar, porque el debate no iba sobre eso, iba sobre la identidad, sobre lo que querían ser. Sin mirar más allá de eso, sin medir las consecuencias. Y los británicos aceptaron ir a votar con esa premisa, sin hacer muchas más preguntas, asumiendo que quienes proponían irse tenían un plan. Pero no fue así.

Es ahora cuando se han dado de bruces con la realidad. Les falta mano de obra. Les falta de todo. Y especialmente médicos y enfermeros, y esas mentes brillantes que llevaron y arrastraron a la sociedad a un debate que no era en ese momento vital ni importante para muchos británicos, proponen cosas tan descabelladas como que los estudiantes de Bachillerato que tengan buenas notas en ciencias accedan directamente a los hospitales sin pasar por la universidad. Para que al mismo tiempo que aprenden a ser médicos o enfermeros, vayan ejerciendo, vayan cubriendo plazas que hay que cubrir porque faltan manos. Si eso es una garantía para el que tiene que ser atendido, es decir, para el paciente, nadie se lo ha planteado. Si ponemos en riesgo la salud de cientos de personas poco importa. Tenemos un problema de falta de personal y vamos a resolverlo, con la idea más descabellada posible, sin pensar en si es viable o no, o si es lo más adecuado. En si realmente formaremos a buenos profesionales de la medicina con este método.

Da la sensación de que se van improvisando soluciones conforme llegan los problemas. Sin tener un plan, ni una estrategia a largo plazo. Hay colapso en la sanidad y vamos a ver si lo desatascamos cuanto antes. Tirando de lo que tengamos más a mano. Estos días también se proponía que los farmacéuticos ejercieran de médicos de familia para diagnosticar, in situ, sin muchos más medios, qué fármaco dar a quien entre en sus farmacias y diga que le duele la cabeza. Podrán prescribir antibióticos y pruebas. Ser una especie de hombres o mujeres orquesta que lo mismo te venden una crema para el herpes que se cuelgan el fonendoscopio y ejercen de médicos de familia.

En fin. Miremos bien lo que está pasando en países de nuestro alrededor para no lamentarnos después de lo que nos llegue a aquí. Lo que viven en Reino Unido es la consecuencia de una decisión política que no tenía mucha más base que la de agitar el debate político para distraer la atención sobre la pésima gestión de algunos dirigentes políticos. Y así han acabado.

Que no nos distraigan con debates absurdos o artificiales. Obliguemos a los partidos a que nos hablen de lo que importa, de cómo subirán los sueldos, cómo controlaremos los precios, cómo pagaremos las pensiones, cómo financiaremos la sanidad para que siga siendo de calidad, cómo lograremos que la educación siga siendo un ascensor social… Que nos hablen de cómo será nuestro futuro y el de nuestros hijos. No del pasado.

Al parecer, uno de los primeros colectivos en percibirlo fue el de los pescadores. Resulta que el pescado que consumen los ingleses (sobre todo bacalao para hacer el famoso fish and chips) es de importación. Las capturas que se producen en aguas británicas se enviaban casi en su totalidad a la UE. Ahora, con el aumento de tasas y, sobre todo, de controles y papeleo, no se lo pueden permitir.

Algo similar está sucediendo en muchos otros sectores de la economía, en particular entre las pequeñas empresas, que son naturalmente mayoritarias en el país, tanto en número como por el volumen que representan. No pueden asumir el aumento de personal que implicaría acometer la compleja burocracia que impone la nueva situación. Negocios que estaban acostumbrados a generar una parte significativa de su facturación en el mercado común, apoyados en la buena reputación de la marca made in GB, ven cómo, en contra de lo que se les había prometido, esas ventas ya no se producen.

Carestía de productos, de mano de obra, dificultades para viajar y para salir de la isla, falta personal sanitario en el sistema nacional de salud, en el transporte, en la construcción… Por otra parte, la supuesta especial relación con Estados Unidos no se concreta en nada y los cacareados acuerdos internacionales y con la Commonwealth tampoco se están materializando.

El Banco de Inglaterra estima en un 4% la caída del PIB directamente atribuible al Brexit, y algunos expertos llaman la atención sobre el hecho de que la economía británica era aproximadamente un 90% de la alemana antes del Brexit y hoy sólo representa un 70%, no porque Alemania se haya disparado, sino porque el Reino Unido se ha quedado atrás. El comportamiento de la economía británica es el peor entre los países más desarrollados. Ni siquiera la cuestión de la inmigración ilegal se ha logrado parar, y ahora no tienen la ayuda de la Unión.

Según un estudio de la BBC, el 54% de los ingleses piensa ahora que el Brexit fue una mala decisión, frente al 34% que sigue apoyándolo. Este margen nunca fue tan grande y la diferencia continúa aumentando. La causa de este descontento se sitúa en el impacto en el comercio, en la economía y en el modo de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, uno de los principales argumentos a favor de la separación era la recuperación de la soberanía. Cabría esperar que los brexiteers (partidarios del Brexit) estuviesen dispuestos a soportar estos inconvenientes a cambio de la satisfacción de haber recuperado el control sobre el destino de su país. Parece que no es así. En cualquier caso, la idea de soberanía nacional, siendo un país relativamente pequeño, en un mundo globalizado, no deja de ser una quimera. Es evidente que únicamente los tres grandes bloques, Estados Unidos, China y Europa, tienen peso suficiente como para definir e imponer regulaciones y estándares que los países pequeños no tienen más remedio que seguir. El Reino Unido ha decidido abandonar la mesa donde se toman estas decisiones en Europa y tendrá que pagar las consecuencias con la pérdida de su capacidad para influir.

Pero, en buena parte, estas consecuencias eran predecibles. Por qué entonces este empeño en salir. Cada vez son más las voces en la sociedad británica que lo atribuyen a los intereses de ciertas élites con una capacidad de influencia y manipulación desmesurada y una agenda propia inconfesable, ya que sus objetivos no son los de la mayoría. Mucho se ha especulado con la visión de crear un Singapore-on-Thames. Otros, sin embargo, señalan en particular la Directiva 1164 que la UE introdujo en 2016 para evitar la evasión fiscal (en vigor desde 2019) y que habría afectado directamente a los numerosos paraísos fiscales que forman parte de los territorios soberanos de la Corona británica. No hay que olvidar que se trata del mayor conjunto de paraísos fiscales del mundo y que son innumerables las empresas y las grandes fortunas que se aprovechan de ellos. Para algunos, esta es la verdadera razón.

Una consecuencia inesperada del Brexit es el refuerzo que ha supuesto, a la postre, para la UE. No sólo no ha habido efecto contagio, sino que el deseo de integrarse se ha visto reforzado, como acabamos de ver con la reciente incorporación de Croacia o el manifiesto interés de Ucrania por acelerar su proceso de integración. No ha sido ajeno a ello el lamentable espectáculo de los políticos británicos, con tres cambios de primer ministro en dos meses, ninguno elegido por los ciudadanos, sino impuestos por las élites que controlan el partido. Por el contrario, la solidez de las respuestas de las instituciones comunitarias ante las distintas crisis que se han sucedido, y las ventajas que ha representado actuar unidos ante ellas, han reforzado todavía más la imagen de la Unión Europea. En el Reino Unido, cada vez son más las voces que hablan de Bregret (British regret, arrepentimiento) e incluso de reingreso. Veremos.

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Juan Pedro de Basterrechea es socio de infoLibre.

El exministro británico Dominic Raab, que abandonó el viernes el Gobierno tras ser acusado de acoso laboral, apartó durante su etapa en Exteriores al embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliot, de las negociaciones sobre Gibraltar después de que supuestamente trasgrediese con sus propuestas las líneas marcadas desde Londres, según fuentes citadas por el Daily Telegraph y recoge Europa Press.

El periódico, que ya publicó el viernes una tribuna en la que Raab defendía todos sus comportamientos, arroja nuevos detalles sobre uno de los puntos más delicados del currículum del exministro, que ha reconocido que entre los asuntos investigados figuraban supuestos excesos en los meses previos al acuerdo que fijó a finales de 2020 el marco relativo a Gibraltar tras el Brexit.

Raab admitió que un "alto diplomático" se había excedido y que hizo "cambios de personal" en un momento clave de las negociaciones con España. "Descubrí que un negociador clave se había excedido en el mandato democrático fijado por el Gobierno, poniendo en riesgo la soberanía de Reino Unido", afirmó en su tribuna.

Según el relato del Telegraph, elaborado a partir de personas del entorno de Raab y de la investigación formal, el entonces ministro de Exteriores tuvo constancia de una supuesta oferta relativa a la presencia española en Gibraltar. España, como puerta de entrada al espacio Schengen, siempre ha defendido que debe haber Policía, en principio acompañada de la agencia europea Frontex.

Raab convocó a Elliot en noviembre de 2020, para una reunión que habría sido clave para la queja posterior. El embajador siguió en su puesto --continúa siendo a día de hoy el representante diplomático de Reino Unido en España--, pero fue apartado de las negociaciones, a las que se incorporó Simon Manley, antiguo embajador en Madrid.

Los cambios también afectaron al Ministerio de Exteriores, con una nueva persona al cargo de la oficina que supervisaba directamente las conversaciones relativas a Gibraltar.

La investigación realizada sobre Raab tras las acusaciones constata comportamientos excesivos que habrían supuesto incluso una humillación para el funcionario, al que el documento oficial no identifica en ningún caso. También ve como una "amenaza" que el exministro llegase a plantear en otro momento recurrir al Código de Servicio Civil como castigo.

Al presentar su dimisión, en su carta pública al primer ministro, Rishi Sunak, Raab subrayó que un alto cargo debe poder ser crítico con sus subalternos y ejercer una "supervisión directa" cuando hay situaciones relevantes, como ocurrió en su caso "en las negociaciones del Brexit sobre Gibraltar, cuando un alto diplomático rompió el mandato acordado por el Gabinete".

Pese a la polémica, el exministro sí aclaró que los cambios introducidos no implicaron perjuicio a largo plazo y, de hecho, considera que fue "esencial" para que se firmase el conocido como Acuerdo de Nochevieja, que el 31 de diciembre de 2020 estableció un primer marco regulador en torno a Gibraltar apenas unas horas antes de que venciese el plazo fijado por el Brexit.

Rafael del Pino y Moreno, el fundador de Ferrovial, recibió la Medalla de Oro del Colegio de Ingenieros de Caminos con un discurso en el que recordó sus comienzos profesionales en un piso del barrio de los Jerónimos de Madrid. Tras explicar al director de una de sus primeras obras las dificultades por las que atravesaba para sacar adelante la empresa, éste le preguntó: “Ah, ¿pero no tienes ningún modificado?”. Del Pino admitió ante su audiencia que no sabía lo que era un “modificado” y tuvo que preguntárselo al director de la obra: los cambios –injustificados– que se hacen en un contrato ya adjudicado y que terminan inflando el coste de un proyecto, una de las viejas malas costumbres de las licitaciones en España. “Fue entonces cuando me hice rico”, les confesó a sus colegas.

En efecto, Ferrovial nació en 1952 y creció a buen ritmo durante el franquismo a golpe de adjudicación pública, sobre todo ferroviaria, como indica su propio nombre. Su primera adjudicación consistió en un contrato para hacer agujeros en las traviesas de madera donde se encajan los raíles de las vías. Después, construyó los enlaces ferroviarios de Madrid, una obra pagada con dinero del Gobierno de EEUU: hizo 30 kilómetros de vías en 30 días, según rememora el periodista Fernando González Urbaneja, autor de Ferrovial. Un viaje sin fronteras, publicado en 2013.

En los años 60 Ferrovial ya contaba con más de 500 empleados. Había pasado de los trabajos ferroviarios a las obras hidráulicas y las carreteras. En 1972, Rafael del Pino se convirtió en el primer presidente de la recién nacida Enagás, propiedad por entonces del Instituto Nacional de Industria (INI). Ese mismo año construyó la autopista Bilbao-Behobia, la actual AP-8. Mucho después llegarían el AVE a Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, el Guggenheim de Bilbao, el viaducto de Montabliz (Cantabria), la radial 4 de Madrid, la terminal 3 del aeropuerto de Málaga… “Se trata de una empresa que debe todo a España”, ha sido el reproche del Ministerio de Economía a la empresa, después de que anunciara este martes el traslado de su sede social a Países Bajos.

A finales de la década de los 70, cuando no atravesaba sus mejores momentos, Ferrovial dio un primer salto fuera de España. Así, en 1979 aterrizó en Libia para construir 700 kilómetros de carreteras. Y cruzó el Atlántico hasta México, Brasil y Paraguay, según constata en su página web. Ya en los 90 compró Agromán, que tenía una buena cartera en Latinoamérica. En 1999 salió a Bolsa. El mismo año en que se hizo con el contrato de construcción de la autopista 407 ETR en Toronto (Canadá). Una vía que, además, gestiona con una concesión de 99 años y supuso el empujón definitivo hacia el futuro. Porque en 2000 tomó las riendas de Ferrovial Rafael del Pino Calvo-Sotelo, ingeniero de Caminos como su padre y quien ha pilotado la internacionalización de la compañía hasta hoy. Compró la principal constructora de Polonia, Budimex, la empresa de servicios Amey y el operador portuario BAA en Reino Unido, entre otros negocios. Ahora el 82% de sus ingresos proceden del extranjero. Sobre todo, de EEUU, Canadá y Reino Unido. Y la construcción ha dejado de ser su área principal de negocio. Las concesiones de autopistas y la gestión de aeropuertos han pasado a ser el cuerno de la abundancia para Ferrovial. España, por el contrario, representa sólo una cuota minoritaria de su actividad.

Las managed lanes, o autopistas gestionadas, donde se añaden carriles opcionales de peaje variable, según el tráfico y la hora del día, para aliviar la congestión de vehículos, son otro de sus éxitos: se ha hecho con cinco, tres de ellas en Texas, una en Carolina del Norte y otra en Virginia –esta última una concesión por 50 años–. En Reino Unido Ferrovial posee los aeropuertos de Aberdeen y Glasgow, en Escocia, y el de Southampton. También tiene el 25% del de Heathrow, en Londres. Participa en el proyecto de nueva terminal del Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy en Nueva York. Ha construido autopistas en Australia y un tramo del AVE en California. Además, ha ganado concursos lo mismo en Londres y Bratislava que en Chile y Colombia. Y está interesada en la energía eólica marina. Acaba de aliarse con la alemana RWE para desarrollar proyectos eólicos flotantes, en aguas profundas, una actividad para la que aún no existe tecnología. Por eso está ensayando un prototipo de flotadores de hormigón en Santander.

Es en este amplio mapa internacional donde sitúa Ferrovial los motivos para mudar su sede social a Países Bajos. La empresa de Rafael del Pino cree que “relocalizarse” allí aumentará “la notoriedad de su marca tanto en Europa como en el resto del mundo”. “Se trata de una jurisdicción con calificación crediticia AAA, un entorno favorable para negocios e inversores, un ordenamiento jurídico confiable y un sólido marco de gobierno corporativo”, elogia en las 90 páginas del Proyecto común de fusión transfronteriza que ha colgado en su página web. Esas condiciones, subraya la compañía, le permitirán “acceder a una base de inversores más amplia”. También conseguirán reducir los costes de financiación de sus emisiones de deuda “y, a la larga, también en mejoras en el coste total de capital”. Finalmente, los Países Bajos es la plataforma idónea para negociar simultáneamente sus acciones en España, los Países Bajos “y, llegado el momento, también en los Estados Unidos”. Nada se dice sobre ventajas fiscales, una de las razones por las que Países Bajos se ha convertido en un destino popular para empresas y particulares.

Según un análisis elaborado por el Banco Sabadell, Ferrovial puede ahorrarse hasta 40 millones de euros con el cambio de sede social. No la fiscal, que seguirá situada en España, según se ha ocupado de destacar la propia empresa. Se trata de las retenciones que debería hacer por los dividendos de sus filiales en el extranjero, que en España están bonificadas al 95% y en Países Bajos al 100%.

Sin embargo, un portavoz de Ferrovial asegura a infoLibre que esa cifra se aleja de la real. “Ese análisis se basa en un valor de los dividendos superior al que realmente se ha repartido este año, no tiene en cuenta las compensaciones de bases imponibles negativas de otros años y se ha hecho calculando que el 100% de los dividendos son tributables, cuando son sólo el 25%”, explica. “Los motivos [del traslado a Países Bajos] no son fiscales, sino facilitar la salida a Bolsa en Países Bajos y EEUU, y abrirnos a inversores en esos países con interés en infraestructuras”. Añade. Pero en España, donde dice haber pagado en impuestos el año pasado 282 millones de euros, seguirá “pagando igual el IVA, el IAE, las cotizaciones a la Seguridad Social…”. Tras lamentar la mudanza de Ferrovial a Países Bajos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha precisado que la compañía de Del Pino ya no tributaba por ese 80% de beneficios que obtiene fuera de España. “El porcentaje restante es el que permanece en España y, según ha declarado la propia empresa, seguirá estando en nuestro país. Es decir, no hay ningún riesgo de que la parte de la inversión que ya estaba aquí se vaya a desplazar y, por tanto, tributará en el país”, indicó.

Además, el Sabadell ha cifrado en 20 millones de euros el coste del traslado de la sede social, una cantidad que el portavoz de Ferrovial admite como más acertado. Toda la operación se prolongará a lo largo de este año para quedar concluida hacia el tercer trimestre, asegura.

A González Urbaneja, el cambio de sede social no le pilla de sorpresa. Le parece una decisión lógica teniendo en cuenta la evolución de la empresa y que España, a su juicio, ha dejado de ser “un país amable con el mundo de los negocios” con las últimas medidas y declaraciones del Gobierno. Pero también asegura que España es un mercado que se le ha quedado “pequeño” a Ferrovial. De hecho, tras el Brexit, la empresa de Del Pino, que tenía en las islas una de sus principales fuentes de ingresos, ya trasladó de Londres a Países Bajos la cabecera de sus sociedades internacionales.

Como se sabe, no fue la única. La acompañaron desde Coca-Cola European Partners, la embotelladora que preside Sol Daurella, hasta las japonesas Sony y Panasonic, las americanas Bloomberg y Discovery Channel, Viacom International y Warner Media, entre otras. Es más, la deslocalización es un fenómeno habitual entre las multinacionales. Dyson, el fabricante de aspiradoras británico –cuyo dueño es un ferviente defensor del Brexit— trasladó la sede de su empresa a Singapur. También con mucho drama se recibió en Italia en 2014 la noticia de la mudanza de Fiat desde Turín hasta Países Bajos. Aunque también se ha dado el movimiento contrario: la petrolera angloholandesa Shell decidió en 2021 fijar su residencia fiscal en Reino Unido, donde ya tenía la social, y abandonar Países Bajos. En 2020 fue la agencia de viajes online eDreams la que cambió su sede social en Luxemburgo por Madrid, alegando “eficiencias organizativas y de costes”.

Pero puede calificarse de pioneros en la deslocalización al grupo irlandés U2, que ya en 2006 decidió desplazar a tierras neerlandesas su multimillonario emporio, para pagar menos impuestos. Pese a que Irlanda tiene ya de por sí un régimen fiscal bastante laxo. Según informó la prensa local, en realidad los U2 iban a utilizar en los Países Bajos la misma empresa a la que habían recurrido los Rolling Stones para beneficiarse de la exención fiscal de la que disfrutan los royalties allí.

Pese a las advertencias del PP sobre un posible efecto contagio a otras empresas del ejemplo Ferrovial, el consejero delegado de Cellnex, Tobias Martínez lo ha descartado: “No nos planteamos un cambio de sede a otro país”. También el presidente del grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, fue preguntado este miércoles por la decisión de la histórica constructora, que calificó de “sorpresa”. “Hay que tratar que no sea un precedente”, zanjó.

En cualquier caso, la alarma ha saltado. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido a Ferrovial que reconsidere su decisión, mientras que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y otros miembros de Podemos han cuestionado el “patriotismo” de la empresa. Por el contrario, PP, Ciudadanos y Vox han cargado contra el Gobierno, a quien acusan de ser el culpable del traslado de la constructora. De momento, habrá que esperar a la aprobación de la junta general de accionistas. La mudanza sólo saldrá adelante si la oposición a la medida no supera el 2,57% del capital social. Como quienes la rechacen tienen derecho a recibir una contraprestación por sus acciones, ésta no podrá exceder en total de 500 millones de euros para que la operación se materialice. El accionariado de Ferrovial está en manos de Rafael del Pino Calvo-Sotelo con un 20,4%, su hermana María con un 8,2%, y su hermano Leopoldo con un 4,15%, así como de los fondos Blackrock –un 3,18%–, TCI –un 6,4%– y Lazard –un 3%–. El 67% restante es capital flotante, propiedad de minoritarios. Por el momento, el fondo TCI ya ha dado su visto bueno al cambio de sede social.

El año pasado, Ferrovial ganó 186 millones de euros, un 84% menos que el ejercicio anterior porque los resultados extraordinarios fueron mucho menores. Pero ingresó 7.551 millones, un 4% más que en 2021. Su resultado bruto de explotación también creció, un 7,7%, hasta alcanzar los 728 millones de euros. Sólo la autopista canadiense le proporcionó 237 millones de dólares canadienses en dividendos. Las autopistas de Texas le brindaron otros 123 millones de euros. Y la cartera de construcción fue la más alta de su historia, según ha subrayado la propia empresa: 14.743 millones de euros. Rafael del Pino, uno de los hombres más ricos de España, habitual en la lista Forbes todos los años, ganó el año pasado 5,2 millones de euros, un 16% más que en 2021.

Reino Unido está pasando por uno de sus peores momentos de la historia económica reciente, y eso no interesa a las cuentas españolas. Desde que se hizo efectivo el Brexit, el 1 de febrero de 2020, los británicos han afrontado de una manera más aislada la pandemia, las disrupciones en las cadenas globales de suministros y los efectos energéticos de la invasión rusa de Ucrania, lo que les ha procurado ser la potencia europea con peor resultado de crecimiento económico en el tercer trimestre, que les acerca más que al resto de potencias a una recesión. 

A eso se le suma una de las tasas de inflación más altas del continente, un enorme agujero fiscal, una gran inestabilidad política y la desconfianza de los mercados. Los nubarrones pueden hacer que los británicos decidan ahorrar y prescindir de sus vacaciones, lo que podría perjudicar a la recuperación española: uno de cada cinco turistas que cruzan nuestras fronteras son británicos. “Para el turista británico que está estudiando o trabajando, la restricción de viajes ya está siendo importante, porque la caída del poder adquisitivo es enorme”, explica a infoLibre el analista financiero Javier Santacruz. “Además de incertidumbres de todo tipo en el empleo y, sobre todo, en las condiciones de trabajo”, añade. 

En la primera semana de 2023, Financial Times publicó una encuesta demoledora realizada a 101 economistas: el shock inflacionista derivado por la pandemia y la guerra será más intenso y duradero en Reino Unido que en las otras potencias del G-7. 

El motivo es el gas. Según los datos del último anuario estadístico de la petrolera BP, con datos de 2021, Reino Unido es el décimo país del mundo que consume más gas. Es un país de 67 millones de habitantes que consume más de esta materia prima que India, que tiene 1.300 millones de habitantes, o que Indonesia (273 millones), Pakistán (220), Brasil (212) o Nigeria (206). El gas pesa un 41% en su mix energético (en España, ronda el 25%). 

Rusia no es el principal suministrador de gas para el Reino Unido. En 2021, una gran mayoría del gas importado provenía de la tubería directa que este país comparte con Noruega, mientras que solo el 4% del gas consumido provino de territorio ruso. No obstante, la invasión ha disparado el precio del gas, independientemente de su origen, por lo que el enorme peso que ha empapado a toda la actividad económica británica. 

Esto obligará al Banco de Inglaterra a tener una política monetaria más restrictiva que en EEUU o la eurozona, que es la manera ortodoxa de combatir la inflación (enfriar la demanda mediante el encarecimiento del crédito), lo que intensificará el retroceso de su economía. Los tipos de interés ya están en el 3,5% en un meteórico ascenso desde el 0,25% con el que arrancó el año, mientras que en la eurozona siguen en el 2,5%. De momento, esto ya ha provocado que Reino Unido sea una de las pocas potencias económicas que decreció en el tercer trimestre de 2022, último dato disponible: un 0,3% negativo. En el mismo período, los países de la UE crecieron de media un 0,4%. 

A este se le añade que, por la parte fiscal, la respuesta del Reino Unido fue de corte thatcheriano. La ex primera ministra, Liz Truss, propuso una reforma fiscal que recortaba 45.000 millones de libras, que sembró de dudas el mercado y provocó el desplome de la moneda británica. Esto multiplicó de un día para otro los problemas. 

El gas se compra en dólares en el mercado internacional. A principios de 2022, con una libra se podían comprar 1,37 dólares. En septiembre, solo 1,08, un 20% menos. Es decir, con el mismo dinero, Reino Unido podía comprar un 20% menos de gas que en enero, y eso sin tener en cuenta el enorme incremento del precio de la energía. 

Liz Truss dimitió, lo que supone otro capítulo más de la enorme inestabilidad política de los últimos años, incluyendo la muerte de Isabel II tras 70 años de reinado y la coronación de Carlos III, más impopular que su predecesora. La sucesión de hechos acrecientan la sensación de inestabilidad de los ciudadanos británicos, por lo que no es descabellado pensar en que es buen año para ahorrar por lo que pueda venir y evitar gastos no esenciales, como el turístico. 

En España, antes de la pandemia el peso del turismo en el PIB no dejaba de crecer. En 2015 era del 11,1% y en 2019, del 12,6%. La pandemia provocó su desplome al 5,8% en 2020, y en 2021, último dato disponible, se recuperó tímidamente al 8%. A falta de conocer los datos de 2022, otros indicadores apuntan que el sector turístico ha experimentado una recuperación importante en 2022. Aunque no alcanza el nivel prepandemia. Según las previsiones que adelantó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la primera semana de 2023, España recibió en 2022 unos 71,5 millones de turistas, alrededor de un 85% de los que llegaron a este país en 2019. 

El Gobierno estima que el gasto medio por turista ha aumentado un 14% respecto a los niveles prepandemia, algo que cabe atribuir fundamentalmente a la inflación. Reino Unido ha vuelto a encabezar el mercado de turistas: un 19,1% de los turistas que han llegado a España son británicos. El peso es incluso superior en un mes de temporada alta, como julio: el 20,9% de los turistas era británico. Es decir, uno de cada cinco. 

Aunque el analista financiero Javier Santacruz valora la enorme pérdida de poder adquisitivo de los turistas británicos estudiantes y trabajadores, señala una excepción: “En el caso de los jubilados, la cosa cambia. Es un colectivo con rentas blindadas frente a la inflación. Los fondos de pensiones de los que beben prácticamente todos tienen cláusulas de revalorización por inflación. Tienen un poder adquisitivo medio-alto”, explica. 

Desde que entró en vigor el Brexit, en febrero de 2020, España no ha tenido ningún verano con cierta normalidad económica. El analista cree que en el caso del turista británico jubilado, la nueva frontera entre Reino Unido y la UE seguirá pesando más sobre el turista jubilado que la pérdida de poder adquisitivo. “Hay que tener en cuenta la molestia por trámites de aduanas y visados, si tuvieran que estar más de 90 días fuera de territorio británico en Europa. El encarecimiento de la cesta de la compra británica y de la española, si comparásemos no sólo precios sino también calidades, es más favorable hacia España", explica.

Otro posible factor positivo es que la libra se ha depreciado frente al dólar, pero no tanto frente al euro. Hasta hace muy poco, como informó infoLibre en septiembre, a una familia británica le salía más barato un todo incluido en Canarias que viajar por su propio país. El panorama se ha ensombrecido un poco más para los británicos desde entonces, aunque es cierto que la libra no ha perdido tanto frente euro. Desde la publicación de ese artículo, ha caído un 2,5% aproximadamente. Habrá que ver cómo evoluciona la libra y el precio de los paquetes turísticos en España de aquí al inicio de la temporada alta, en abril.

“Los riesgos están en todos los mercados, todos los países europeos están sufriendo los efectos de la guerra de manera similar. Estamos seguros de que puede tener un impacto directo en el turismo, también en el británico”, explica a infoLibre Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. 

“El británico ha perdido poder adquisitivo y la depreciación de su moneda también tiene perjuicio. No obstante, al turista británico le gusta mucho España, viene mucho y tienen estancias más largas. Nuestras previsiones de 2023 son positivas: creemos que el británico va a seguir viniendo a España”, añade. “Esperemos que cuando empiece la temporada alta, tras la Semana Santa, la coyuntura permita a los ciudadanos de diferentes países poder venir y disfrutar de España”, remacha el presidente sectorial de las Agencias de Viajes.