El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le exonera en la filtración de información de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y quienes reclamaron su dimisión ahora deben pedirle disculpas.

Sánchez ha interpretado de esta forma en rueda de prensa en Bruselas el informe de la Unidad Central Operativa en el que se afirma que no se han encontrado mensajes en el móvil de García Ortiz en el periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude del novio de la presidenta madrileña. Fuentes fiscales han recordado que una instrucción de 2019 en materia de protección de datos y una guía básica de actuaciones en la Fiscalía aconseja a los miembros de la institución borrar periódicamente los dispositivos electrónicos por motivos de seguridad.

Al ser preguntado por ese informe, ha recordado que ha habido muchas horas de tertulias y "ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores" diciendo que el fiscal general debería dimitir "y resulta que en el informe de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave". "¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación", ha añadido.

Ha insistido el jefe del Gobierno en que en el informe de la Guardia Civil se constata que no ha habido ningún mensaje, y ante quienes afirman que se borraron, ha pedido "por favor" que se eleve el debate público y se exija a los que han acusado sin pruebas que pidan disculpas y asuman su responsabilidad. "La infamia, la acusación sin pruebas no puede salir gratis en una democracia como la nuestra", ha recalcado antes de acusar a "quienes están al lado del bulo" de crear "una inmensa cortina de humo".

Otro informe de la UCO sobre el volcado del móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha concluido que, además de la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, tanto el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés como su sucesor, Ion Antolín, hasta hace unas semanas director de comunicación del PSOE, tenían conocimiento, antes de que se publicara íntegramente en un medio de comunicación, del correo en el que la pareja de Ayuso reconocía un fraude fiscal. Al ser preguntado por ello, Sánchez ha asegurado que con esas personas pasará igual que con el fiscal general del Estado porque no hay nada.

Frente a ello, ha vuelto a pedir a la pareja de Ayuso que aclare los presuntos delitos que ha cometido contra la Hacienda pública, ha instado a la presidenta madrileña a que asuma su responsabilidad política y ha insistido en reclamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le exija asumirla. "La verdad de la cosa es que hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene una pareja que ha cometido un delito fiscal, y así él mismo lo ha reconocido, contra la Hacienda pública, y no sabemos -ha añadido- si ella era o no conocedora de esos delitos".

Al ser preguntado por la aprobación definitiva del paquete fiscal, Sánchez lo ha considerado "un éxito parlamentario de primer nivel" para el Ejecutivo aunque no hayan podido sacar adelante el impuesto a las energéticas, al votar junto a PP y Vox dos de sus socios de investidura, PNV y Junts. Sin embargo, Sánchez no lo da por perdido y para el que afirma que van a seguir "sudando la camiseta".

Sánchez ha puesto en valor que el Gobierno haya conseguido sacar adelante en la presente legislatura 25 leyes y que el jueves el Congreso haya avalado el grueso de la reforma fiscal que pretendía así como la ley de eficiencia de la Justicia.

Ha reconocido que la aprobación del paquete fiscal no ha sido fácil y que no ha prosperado ni mantener el impuesto a las energéticas ni la equiparación del gravamen del diésel. Pero ha ratificado que el Gobierno aprobará sendos decretos leyes la próxima semana con ambos impuestos aunque es previsible que no puedan convalidarse en el Congreso por las posiciones que han expresado los grupos parlamentarios. A la espera de ello ha insistido en que el Ejecutivo defiende el impuesto a las energéticas porque cree que hay grandes corporaciones que tienen que pagar más gravámenes y contribuir al erario público para financiar políticas públicas como la sanidad o la educación.

La aprobación del paquete fiscal ha considerado que dice mucho de lo que está haciendo su Gobierno, "sudar la camiseta". "Sudamos la camiseta; peleamos todos los partidos hasta el último segundo; no damos por perdido ninguno. Esa es la actitud que le pido a mis ministros y con la que venimos gobernando con buenos resultados desde el punto de vista económico, de creación de empleo, de crecimiento, de transformación del tejido productivo, de la reducción de la desigualdad o de la descarbonización de nuestra economía", ha añadido.

La misma actitud de "sudar la camiseta" ha asegurado que van a mantener con los presupuestos del Estado para 2025, que ha garantizado que van a presentar porque no van a eludir una responsabilidad como esa. Lo harán hablando con los grupos parlamentarios "que quieren echar una mano" frente a los partidos que protagonizan una oposición destructiva y utilizan el bulo y la desinformación.

Preguntado por la posibilidad de que finalmente se someta a la confianza el Congreso ante las advertencias del expresidente de Cataluña, Sánchez ha mantenido la misma posición que ya expresó días atrás y ha ratificado este jueves que no planteará la cuestión de confianza que le exige el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Ha recordado que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. "Y ambos partidos que sustentamos al Gobierno de coalición progresista cuando se planteó esta cuestión ya dijimos que no vemos la necesidad de someternos a la moción de confianza", ha explicado.

Junts ha presentado una proposición no de ley en el Congreso instando a la cámara a que reclame a Sánchez esa cuestión de confianza, y la tramitación de la iniciativa ha sido paralizada esta semana por la Mesa de la institución parlamentaria para decidir próximamente si continúa adelante. El pasado martes Puigdemont advirtió de que un "portazo" a esa propuesta habría llevado la legislatura al colapso y habría tenido consecuencias "irreversibles".

Ya a nivel internacional, Sánchez ha descartado la posibilidad de que tropas españolas puedan desplegarse en Ucrania en una hipotética misión de paz internacional al término de la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas y que por vez primera ha presidido António Costa.

La situación de Ucrania y el mantenimiento del apoyo de la Unión Europea a este país ante el ataque de Rusia ha sido uno de los asuntos centrales de la cumbre, que contó con la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Sánchez ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Bruselas haya ratificado ese respaldo porque se trata de apoyar a Ucrania y, a la vez, defender los valores que representa el proyecto comunitario.

Ha vuelto a reivindicar la soberanía nacional y la integridad territorial de Ucrania, pero al plantearle si podría haber militares españoles en caso de una misión de paz internacional, lo ha descartado. Sánchez ha recordado que España y Ucrania han firmado un acuerdo bilateral de seguridad que tiene vocación de permanencia ya que su horizonte es de diez años, pero no prevé ir más allá hasta el punto de que haya militares españoles en el país. "No vemos el despliegue de tropas españolas en suelo ucraniano. No lo vemos", ha repetido el jefe del Ejecutivo.

Para Sánchez, esta cumbre ha ratificado la unidad de los socios tanto desde el punto de vista de las sanciones como de la repuesta humanitaria y la ayuda militar para que Ucrania siga teniendo la capacidad suficiente que le permita hacer frente a Rusia.

Respecto a la situación en Oriente Medio, otro de los puntos de la agenda de la última cumbre europea del año, ha insistido en la necesidad de que la UE tenga un papel de liderazgo y presione para avanzar en la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, en la conferencia internacional de paz prevista para el próximo año.

Por otro lado, ante las expectativas que tiene para la presidencia de Estados Unidos por parte de Donald Trump, ha mostrado su respeto a la elección de los ciudadanos de ese país y ha expresado su deseo de que se mantengan los lazos transatlánticos con España y con la Unión Europea. A la espera de la toma de posesión del republicano, ha manifestado su convencimiento de que es posible que haya puntos de encuentro.

El Congreso acogió este domingo, desde las nueve de la mañana, la segunda sesión del tercer debate de investidura al que se enfrenta el líder del PSOE, Pedro Sánchez. La votación de su candidatura se celebró a las 12.05 horas con el resultado de 166 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. El candidato socialista necesitaba esta vez mayoría absoluta para salir victorioso, un objetivo que no fue quien de alcanzar, tal y como predecían todos los pronósticos. Sánchez se someterá a una segunda votación este martes. Entonces requerirá de mayoría simple. 

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la sesión:

15.00. La Vicepresidencia de Pablo Iglesias, que tendrá competencias de Asuntos Sociales, tendrá sede fuera de Moncloa y de ella dependerán sus cuatro Ministerios así como dos o tres Secretarías de Estado. A falta de una comunicación oficial, los Ministerios que le corresponderán a Podemos serán el de Igualdad, que encabezará la actual portavoz parlamentaria y número dos del partido morado, Irene Montero; el de Trabajo, con la diputada de Galicia en Común Yolanda Díaz al frente; el de Universidades, que liderará el sociólogo y economista próximo a En Comú, Manuel Castells; y el Ministerio de Consumo, de nueva creación, que asumirá el coordinador federal de IU, Alberto Garzón.

14.45. Sánchez prevé dar a conocer su Gobierno el miércoles 8 de enero después de prometer el cargo de presidente del Gobierno ante el rey, siempre y cuando logre ser investido en segunda votación por el Congreso este martes 7 de enero. Así lo confirman a Europa Press fuentes gubernamentales y de los morados, el líder del PSOE podrá prometer el cargo ante el rey el día 8 por la mañana. Esa tarde, se espera que se dé a conocer a la opinión pública la composición del nuevo Gobierno de coalición. PSOE y Unidas Podemos están conversando acerca de la posibilidad de que Sánchez e Iglesias comparezcan juntos en el Palacio de la Moncloa para anunciar los ministros, si bien aún no hay una decisión cerrada al respecto.

Una vez anunciada la composición del gabinete, el jueves 9 el BOE publicaría los nombramientos de los ministros, que ese mismo día prometerían su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela y después podrían tomar posesión en sus respectivos Ministerios. De esta manera, la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros tendría lugar el viernes 10 de enero, según han confirmado a Europa Press distintas fuentes del Ejecutivo.

14.10.  La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado este domingo que Sánchez busca "debates broncos" y la "polarización" política para "dividir a los españoles", por lo que duda que pueda haber moderación y estabilidad. En rueda de prensa tras la primera sesión del debate de investidura, Arrimadas ha afirmado que la intención de Sánchez es "dividir a los españoles, volver a las trincheras, criminalizar y llamar fachas" a los diputados que se niegan a apoyar al "Gobierno Frankenstein" del PSOE con Podemos sustentado por partidos nacionalistas e independentistas.

14.05. La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, ha criticado lo que considera un "espectáculo degradante" de la segunda jornada del debate de investidura, con "gritos y amenazas" que achaca a la bancada de la derecha (PP, Vox y Cs), que a su juicio "degrada a las instituciones españolas". En declaraciones tras finalizar la sesión, la representante de la formación liderada por Carles Puigdemont hablado de falta del "respeto institucional" y de un "espectáculo impropio" del respeto que se merecen "tanto los ciudadanos, como sus representantes" en el Congreso.

13.50. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha señalado este domingo, tras la primera votación que mantendrá su 'sí' en la segunda votación del martes porque el acuerdo de BNG-PSOE es bueno para Galicia y por la responsabilidad de desbloquear la situación política ante el interés de la derecha de que haya unas terceras elecciones. En rueda de prensa en el Congreso, Rego ha especificado que lo vivido en estas primeras dos jornadas del pleno de investidura, "con una derecha y ultraderecha españolista" que busca unas terceras elecciones, son la prueba de que la decisión del BNG de apoyar la investidura "es muy acertada".

13.40. La ministra de Defensa y Asuntos Exteriores en funciones, Margarita Robles, ha ahuyentado este domingo el fantasma del tamayazo, es decir, de la posibilidad de que algún diputado socialista frustre con su voto o ausencia la investidura de Pedro Sánchez el próximo martes, como sucedió en 2003 cuando el también socialista Rafael Simancas no logró la Presidencia de la Comunidad de la Madrid. "Todos vamos a votar a favor, no aceptamos presiones", ha dicho tras la primera votación de investidura.

13.35. Alberto Garzón será ministro de Consumo. Según avanzan eldiario.es y la Cadena Ser, el líder de IU asumirá competencias de la regulación del juego y las casas de apuestas, que hasta ahora estaban en Hacienda. También tendrá competencias que tienen que ver con los derechos de los consumidores, el consumo ecológico y responsable.

13.30. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, convoca el nuevo Pleno para realizar la segunda votación de la investidura de Sánchez el martes 7 de enero a las 12:00 horas.

13.20. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "se recrudece" el golpe de Estado que a su juicio comenzó con el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y ha llamado a la movilización en la calle. "El golpe de Estado que se inició en octubre de 2017 en Cataluña se recrudece con el visto bueno de ETA, la traición del PSOE y la triste sumisión de Teruel Existe y Nueva Canarias. Vox hará oposición sin cuartel", ha dicho Abascal tras la primera votación de investidura de Sánchez, que no ha salido adelante al necesitar mayoría absoluta. El candidato socialista tendrá votos suficientes en la segunda votación prevista para el martes.

Abascal ha calificado de "repugnante fraude electoral" el proceso de elección de Pedro Sánchez, un "jaque a la Constitución y a la soberanía nacional". Ha acusado al PSOE de haberse "postrado" ante EH Bildu, haber sido "arrastrado" por el independentismo catalán, de haberse "rendido" en la defensa de la Constitución y "entregado" al comunismo por el pacto con Unidas Podemos.

13.15. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recurrido a la ironía este domingo en el pasillo del Congreso tras finalizar el pleno para lamentar el "edificante espectáculo" que, según ha dicho, ha vivido en el hemiciclo en la segunda jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez y ante el que se ha confesado "aburrido".

13.05. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, espera que el próximo martes el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pueda ser investido presidente del Gobierno si no hay "ningún tamayazo", lo cual no lo ha descartado. "De la derecha nos esperamos todo", ha dicho en los pasillos de la Cámara Baja al término de la primera votación.

13.00.  La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, trata de ridiculizar a la portavoz socialista, Adriana Lastra, este domingo en el hemiciclo al mostrar un cartel con el que ha insinuado que la única experiencia laboral que figura en su currículum es como política del PSOE. Durante la intervención de la diputada del PSOE,  Arrimadas, sonriendo y guiñando el ojo a Lastra, le ha mostrado desde su escaño un cartel donde se leía "CV Adriana Lastra" y, debajo, únicamente el logotipo del PSOE.

12.42. El resultado queda de la siguiente manera: 166 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Sin la mayoría absoluta necesaria para pasar esta primera votación, los diputados volverán a emitir sus votos este martes. Meritxell Batet convoca un nuevo Pleno para el martes a las 12.00 horas y levanta la sesión.

12.12. Meritxell Batet anuncia que la votación se producirá en dos minutos. 

12.02. Turno de Pedro Sánchez. "Frente al insulto, la mesura; frente al acoso, la templanza.  Y frente a la amenaza, el respeto y la voluntad de diálogo y de tender puentes", defiende. "Hagamos de esta legislatura una reivindicación de la mejor de las políticas, de la mejor de las esperanzas. Dejemos a la coalición del apocalipsis con su rencor, con su España en blanco y negro". 

12.01.Iván Espinosa de los Monteros pide hablar por alusiones. "Las alusiones que afectan al decoro y a la dignidad de esta Cámara", dice, "son la indignidad de pactar con Bildu". Meritxell Batet le retira la palabra.

11.58. "La mayoría de la gente lo que queremos es vivir en paz" y por eso "no hay mayor antídoto contra la extrema derecha que un Gobierno de izquierdas", subraya la socialista, que termina dando las gracias a sus compañeros de partido.

11.56. "La única conciencia de clase que conocen es la de los explotadores. Los tienen en sus filas", agrega la socialista apelando a la formación de Santiago Abascal. 

11.51. Lastra reserva algunas palabras para Vox. "Ustedes no quieren construir una España mejor", sino "destruir todo lo que nos hace grandes: la libertad, la igualdad, la justicia social. Vamos a desvelar sus mentiras una tras otra, hasta que los ciudadanos conozcan su verdadera cara".

11.47. Continúa Lastra y critica que los conservadores no hayan aportado "ni una sola idea". "Nosotros creemos en el poder transformador de la política", contrapone. 

11.44. "Hace falta un Gobierno de izquierdas porque la economía también puede y tiene que ser justa", remarca. "Para que este país avance hemos tenido que hablar con mucha gente de las que nos separaba mucho. Incluso con gente que nos ha perseguido. Algunos de ellos fundaron su partido", dice a Casado. 

11.39. Lastra apela al "ridículo" protagonizado por Inés Arrimadas a la hora de "alentar tamayazos". A Casado le reprocha "echarse en manos de la ultraderecha neofranquista" y a la vez "dar lecciones de constitucionalismo". Lastra introduce en su discurso la lucha contra la violencia de género y se dirige de nuevo al líder del PP: "Ustedes y sus socios son un peligro y una amenaza para la seguridad de las mujeres".

11.33. "A quienes auguran todos los males" Lastra responde: "Ya hemos hecho lo más difícil, hemos abierto el camino y la investidura será la prueba de que podemos entendernos". La socialista da las gracias a todos los diputados que han anunciado su apoyo. Hace mención especial a Gabriel Rufián, a quien agradece su "valentía y su compromiso".

"Señor Iglesias, aquí estamos. Hacemos historia", prosigue. "Nos toca predicar con el ejemplo". "Gracias, señor Iglesias, por encontrar las palabras nuevas, que diría Ángel González", parafrasea la socialista al poeta asturiano.

11.29. "El extremismo de las derechas es la constatación estéril de su falta de propuestas, de unas derechas derrotadas que sólo respetan la voluntad de los ciudadanos cuando les votan a ellos", asevera Lastra. "Siempre ha sido así en nuestra historia. Las derechas siempre han llegado tarde y a remolque a los acuerdos democráticos". 

11.24. Después de la contrarréplica de Sánchez, es Adriana Lastra quien toma la palabra. La "responsabilidad" que han depositado "los españoles" en sus representantes, dice, es la de constituir un Gobierno. "Estos días hemos escuchado llamar traidor a quien ha ganado las elecciones" por parte de la derecha y "han amenazado de forma implícita y hasta explícita con un golpe de Estado". "La democracia se abre paso y las derechas no podrán impedir que se forme el Gobierno que han elegido los ciudadanos", subraya.

11.15. En su turno de réplica, Sayas tilda al futuro Gobierno de "inmoral" y niega que su partido haya llegado al poder con el apoyo de EH-Bildu. El diputado de Foro Asturias, por su parte, tacha al líder socialista de "peligro para España y para Asturias". 

11.03. Turno de Sánchez, quien le recuerda a Sayas que Unión del Pueblo Navarro (UPN) accedió por primera vez al Gobierno de Navarra con el apoyo de EH-Bildu. También rescata que "fue el Aznar quien aprobó las transferencia de las competencias de seguridad a Navarra". A la CUP le reprocha haber adoptado la postura más cómoda: "Ser antisistema sin asumir las contradicciones para cambiar ese sistema".

10.52. Isidro Martínez, de Foro Asturias, sube a tribuna. "Votaré en contra de la investidura", porque sus acuerdos "incumplen el artículo 1 de la Constitución, que afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español". En política, dice, "no todo vale para ganar la Presidencia". "Viva la Constitución, viva el rey, viva España", remata.

10.40. Sayas recuerda "el insomnio que le producía" a Sánchez "un pacto con Podemos". Reitera su rechazo a la investidura del candidato socialista y explica que "este pacto ni puede ser para defender Navarra, ni puede ser para defender España. Y desde luego no es franco ni leal". Critica los acuerdos con el PNV respecto a Navarra y subraya que "la Guardia Civil no se va a ir de Navarra, porque Navarra la quiere y la necesita".

10.35. El diputado Sergio Sayas, de Navarra Suma, toma la palabra y califica de "inefable" el discurso de Aizpurua y de "acomplejada, sumisa y arrodillada" la respuesta de Sánchez.

10.25. Vehí repasa algunos de los aspectos del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, para rematar pidiendo "amnistía, autodeterminación y derechos", un "marco que la CUP pone como punto de encuentro para resolver el conflicto". El diálogo, dice, "sin cuestionar el régimen del 78 no va a poder ser viable". "En todo caso, estaremos encantadas de equivocarnos", pero mientras no se den resultados "mantenemos la desconfianza".

10.14. Interviene Mireia Vehí, diputada de la CUP. "Entendemos que la situación es excepcional y la excepcionalidad se da en muchísimas dimensiones", introduce. "En Cataluña puede costarte la cárcel o el exilio defender el proyecto independentista o el derecho de autodeterminación".

10.12. "Hubo otras épocas en las que no se permitían críticas al Gobierno o al Estado. Por suerte esas épocas han pasado", zanja Batet. "La Presidencia garantizará la libertad de expresión".

10.08. Pablo Casado pide la palabra y manifiesta que la presidenta del Congreso tenía que haber "llamado al orden", en virtud del artículo 103 del Reglamento del Congreso, "cuando ha vertido descalificaciones contra las instituciones". "Acabo de escuchar la intervención más nauseabunda que he escuchado en este hemiciclo y es lamentable", añade.​​​ El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal interviene para plantear lo mismo.

10.04. Lanza Aizpurua una pregunta en su turno final: "¿Qué es lo que pasa en el Estado español?, ¿por qué lo que se puede hacer en Escocia o en Quebec no se puede hacer en el Estado español?". Y Sánchez recuerda que en Quebec el referéndum "se hizo desde un punto de vista ilegal". "En muchas ocasiones se usan imágenes no ajustadas a la realidad y a la verdad", lamenta.

10.01. Coincide Sánchez, durante su contrarréplica, en "no volver a una España en blanco y negro" y que avance en "derechos, libertades, prosperidad, igualdad y diversidad".

09.51. De nuevo toma la palabra la parlamentaria de EH-Bildu. "Este país necesita grandes dosis de pedagogía antifascista", que habrá que ir "modelando mediante el diálogo" y que "mediante hechos y actitudes ayude a derribar tabúes".

09.35. Turno de Pedro Sánchez. El ruido continúa entre los diputados conservadores, que esta vez gritan "viva España". El candidato socialista recuerda que existe "mayoría para da un enfoque progresista a todos los desafíos". Sánchez recupera además el acuerdo con el Gobierno vasco para hacer las transferencias recogidas en el Estatuto de Gernika.

09.24. "Con nuestra abstención lo que hacemos es abrir una ventana de oportunidad", continúa la diputada vasca. "Seremos pacientes pero, al mismo tiempo seremos exigentes: o se aborda una agenda democratizadora real o no contarán con nuestro apoyo". "Esperamos que sean conscientes de la dimensión y la tarea histórica que les aguarda", apela a Sánchez, "pero si lo que pretenden es hacer un lavado de cara al régimen del 78, nos tendrán enfrente", advierte. "Ustedes son el último tren hacia la última estación, no dejen pasar la oportunidad", concluye.

La diputada es interrumpida constantemente por parte de las fuerzas de la derecha y la extrema derecha, que gritan "fuera, fuera" al cierre de la intervención. Adolfo Suárez Illana (PP), da la espalda a la diputada.

09.22. Meritxell Batet, presidenta del Congreso, llama al orden tras proferirse gritos de "terrorista" desde la bancada conservadora, en el momento en que Azpurua cita a Arnaldo Otegi. La diputada también critica el discurso del rey tras el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017.

09.20. "Son los hechos los que hablarán por ustedes", dice Aizpurua. "Es ciertamente un momento histórico que exige altura de miras, responsabilidad, huir de las prisas y ansiedades, pero también las dosis necesarias de ambición y audacia para habilitar un programa democrático realmente popular y antioligárquico".

09.06. Comienza la sesión. Turno de Mertxe Aizpurua, diputada de EH-Bildu. Empieza afirmando que el objetivo de la convocatoria electoral de noviembre era "dar una capa una capa de barniz al viejo régimen", en definitiva, añade, "el gatopardismo" o bien "que nada cambie para que todo siga igual". Sin embargo, añade, los comicios han demostrado que "las naciones del Estado han mantenido o incrementado el voto independentista o progresista", por lo que "hoy la paradoja" es que Pedro Sánchez "no puede formar Gobierno sin el concurso de las izquierdas soberanistas". O enunciado de otra forma, agrega, "no hay modelo democrático avanzado para el Estado sin contar con los independentista".

08.00. La segunda jornada del debate de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza a las nueve de la mañana de este domingo con la intervención de la portavoz parlamentaria de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua.Tras ella será el turno de los representantes de los tres partidos que integran el Grupo Mixto (la CUP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias), y de la portavoz del PSOE y vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra. Tras las intervenciones, se procederá a la votación, que se hace por llamamiento y cada diputado se pone en pie para proclamar su voto. Desde la Presidencia del Congreso se baraja que esta primera votación tenga lugar al mediodía, aunque todo dependerá del tiempo que dedique el candidato a debatir con los portavoces que intervendrán el domingo.

La hora en que se anuncie el resultado de esta primera vuelta marcará el Pleno que habrá que celebrarse en 48 horas, el martes 7 de enero, en caso de que Sánchez no logre, como se prevé, la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento. En esa segunda sesión, Sánchez tendrá diez minutos para pedir el respaldo de la Cámara, y los representantes de los grupos parlamentarios dispondrán de cinco minutos cada uno. En total, una hora más antes de empezar la segunda votación por llamamiento, en la que al candidato ya le basta con mayoría simple.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hará el juicio por presunta desobediencia de la anterior Mesa del Parlament los días 28 y 29 de noviembre, 3 y 4 de diciembre, ha informado este martes.

En una diligencia de ordenación recogida por Europa Press, el letrado de la Sala Civil y Penal del tribunal ha acordado realizar el juicio en estos cuatro días en sesiones de mañana –que empezarán a las 9 horas– y tarde –que comenzarán a las 16 horas–.

Serán juzgados por el alto tribunal catalán los exmiembros de la Mesa Anna Simó (ERC), Simona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó (JxSí), Joan Josep Nuet (SíQueEsPot) y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

Corominas, Guinó, Simó, Barrufet, Nuet y Boya se enfrentan a una petición de la Fiscalía de un año y ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito continuado de desobediencia, al considerar que presuntamente hicieron caso omiso de las prohibiciones del Constitucional, además del pago de una multa de 30.000 euros.

Todas las partes en el juicio se reunieron el viernes en el TSJC para fijar la fecha de las sesiones, después de que se aplazara la anterior fecha prevista –del 19 al 22 de noviembre– por problemas de agenda de algunos abogados.

El TSJC también inadmitió definitivamente que sean testigos en el juicio la portavoz de Cs en el Congreso y expresidenta del partido en el Parlament, Inés Arrimadas; el presidente del PP en el Parlament en la anterior legislatura Xavier García Albiol; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el que fuera presidente de SíQueEsPot Lluís Rabell, informó el viernes el alto tribunal.

Sí que comparecerán como testigos en el juicio –a petición de las acusaciones– los exmiembros de la Mesa José María Espejo Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC), el exletrado mayor del Parlament Antoni Bayona y el secretario general del Parlament, Xavier Muro, según el auto en el que se acuerda la admisión de pruebas para el juicio, consultado por Europa Press.

De Gispert y Benach

Otros testigos serán los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Ernest Benach, el exsecretario general del Parlament Pere Sol, y la letrada Mercè Arderiu.

A petición de Mireia Boya declararán como testigos el diputado de la CUP Carles Riera, los exdiputados de la formación Eulàlia Reguant, Albert Botran y Gabriela Serra, el diputado de ERC Ferran Civit, así como el exdiputado de SíQueEsPot Albano Dante Fachin y los exdiputados de JxSí Lluís Llach y Antoni Castellà.

Para el líder independentista los poderes del Estado "ejercen la venganza porque no entienden de justicia, de política ni de procesos democráticos". En una carta a la militancia tras conocer la sentencia, ha subrayado que la decisión judicial quiere "destrozar vidas, descabezar partidos y liderazgos, parar y acabar con un movimiento político y democrático y silenciar a todo un pueblo que se quiere expresar en las urnas". Ha añadido que el Estado demuestra que "la unidad del Reino de España está por encima de cualquier cosa, incluso, de la reputación internacional y, probablemente, de la supervivencia de su propio Estado".

La respuesta de los condenados

El exconseller de Acción Exterior de la Generalitat Raül Romeva, por su parte, ha asegurado que la condena impuesta les "determinará aún más en la lucha por los derechos colectivos". "Esta prisión injusta es una herramienta política que, combinada con la firmeza de la ciudadanía, nos determinará aún más en esta lucha por los derechos colectivos", ha sostenido en un apunte en Twitter recogido por Europa Press. Romeva ha dicho que ninguna sentencia cambiará las aspiraciones políticas de millones de ciudadanos, y ha recalcado: "No dejaremos de insistir, de ir, de aprender", y ha añadido que tienen claro que el camino y que están de pie, combativos y dignos.

También ha reaccionado la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, quien ha criticado que "la injusticia se ha consumado". En redes sociales, Forcadell ha asegurado que "el libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo". "No nos cansaremos de decirlo allá donde haga falta. Hoy la democracia vive un día oscuro, pero ni en momento así el derrotismo nos tiene que vencer. ¡Saldremos adelante!", ha remarcado.

Al respecto se ha expresado igualmente el exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat Josep Rull. A su juicio, el Tribunal Supremo les ha condenado porque ha juzgado las ideas y no los hechos. "Si hubieran juzgado los hechos, nos habrían absuelto. Como han juzgado las ideas, nos han condenado. Condenándonos han condenado a los 2,5 millones de catalanes que votaron el #1O en uno de los ejercicios más extraordinarios de democracia que ha vivido Europa en el siglo XXI. Nos mantendremos... pueblo", ha manifestado en redes sociales.

En cuanto a Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural ha dicho que responderá con "reincidencia". "La respuesta a la sentencia, reincidencia. #LoVolveremosAHacer. Amnistía, Democracia y Autodeterminación", ha expresado Cuixart en un tuit.

El exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, también ha optado por las redes sociales para clamar contra la sentencia: "No desfallezcamos. ¡Viva Cataluña libre!", ha dicho. En el mismo mensaje, el exconseller ha añadido: "Gracias por vuestro apoyo. Gracias porque sabemos que siempre estáis". Un mensaje similar al compartido en redes por Jordi Turull, exportavoz y exconsejero de la Presidencia: "¡Viva Cataluña libre!", ha clamado.

Carles Mundó, exconseller de Justicia, ha lamentado en Twitter las penas "de 13 a 9 años de prisión por sedición cuando no ha habido violencia y por malversación cuando no ha habido gasto es una profunda y dolorosa injusticia". La sentencia, ha dicho, "es un error gravísimo que pesará como una losa sobre la historia de España. Más política y menos Código Penal".

En la Cadena Ser, Santi Vila, exconseller de Empresa y Conocimiento, ha señalado que su sensación es "de tristeza y agridulce". "Era una obviedad que en el Tribunal Supremo no íbamos a encontrar una solución a lo que está pasando en Cataluña", ha declarado.

La Fiscalía de Madrid se ha mostrado a favor de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid estime el recurso presentado por la candidatura Lliures per Europa (Junts) contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí de las listas para las elecciones europeas el próximo 26 de mayo.

En su escrito, el Ministerio Público afirma que la resolución de la JEC "no es ajustada a Derecho, en cuanto vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo" de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

A lo largo de nueve folios, el fiscal se apoya en el voto particular discrepante que acompañaba la resolución del organismo supervisor, emitido por cuatro miembros, en el que se consideraba que la JEC debía haber apostado por una interpretación más favorable del ordenamiento jurídico primando el derecho a la participación política.

Según la resolución de la JEC, adoptada el pasado 29 de abril, los tres políticos catalanes no pueden ser electores y tampoco "elegibles" porque no figuran adecuadamente en el censo electoral. Explica el acuerdo que Puigdemont y sus consejeros aparecen como residentes en España pese a que "es notorio" que no están en esos municipios, sino que "desde hace dos años están fuera del territorio nacional para evadirse de la acción de la justicia".

Si bien, la Fiscalía recuerda que la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 7.2, permite medios de prueba alternativos al censo de electores como que el interesado reúna "todas las condiciones exigidas para ello".

En este sentido, para el fiscal, el "ello" al que se hace referencia se explica en el artículo 31.1 de la misma norma que precisa que "el censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio".

Así, la "idea clave", dice el escrito, es que "la condición de elector se identifica plenamente con la efectiva titularidad del derecho fundamental al sufragio activo". Además, señala que la "única excepción legalmente prevista" es la introducida en el artículo 3 de la LOREG, en el año 2018, que hace mención expresa a "condenados por sentencia judicial firme", que no se ha dado en caso de los políticos independentistas.

Por otro lado, el Ministerio Público destaca que el censo electoral designa la mesa en la que los votantes pueden ejercer su derecho al voto, si así lo desean, y que en este caso concreto no "hay ninguna norma jurídica vigente que impida que puedan efectivamente (intentar) votar" sin perjuicio de que "al intentar hacerlo y antes de conseguirlo son detenidos como consecuencia de su situación judicial de rebeldía".

El fiscal justifica sus alegaciones en que es un "hecho notorio" que algunos de los líderes independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo "en el mismo procedimiento en que se hallan rebeldes" Puigdemont, Ponsatí y Comín "han podido ejercer su derecho a presentarse a las elecciones, sin objeción de la propia JEC".

Por otro lado, el fiscal aprovecha también este informe para afear que Junts, así como los tres procesados huidos, hayan presentado sendos escritos ante el Tribunal Supremo, alegando que la legislación es "confusa".

La Fiscalía asegura que no existe "margen para la inseguridad jurídica" sobre quién tiene la competencia judicial para estudiar estos recursos. "Esto se traduce en un claro abuso de derecho por parte de los recurrentes", afirma el representante del Ministerio Público, que considera que tratan de "poner en juego una especie de azar competencial" para ocasionar el riesgo de "generar resoluciones contradictorias".

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardà, ha acusado este jueves al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de haberse convertido en un "fanático" por asegurar en esta ocasión que el 155 debe extenderse la aplicación del artículo 155 de la Constitución si quien ocupe la Presidencia de la Generalitat no respeta la vía autonomista.

"Cada vez se parece más a José Antonio Primo de Rivera. Es un fanático", ha llegado a decir Tardà, quien considera que el líder de la formación naranja se ha acostumbrado a vivir "en plena tontería".

"Si ése tiene que ser una aspirante a comandar el Gobierno de España algún día, ¡pobres españoles y pobres catalanes", ha proclamado el independentista catalán en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Preguntado sobre la investigación que el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha para sancionar al expresidente catalán Carles Puigdemont por no haber declarado sus bienes, Tardà ha censurado esa decisión con la que, a su juicio, el Gobierno sólo trata de "asediar, derribar, demoler y, si puede, encarcelar algún día a señor Puigdemont". Siempre hemos dicho que no estamos hablando de justicia, sino de crueldad y venganza", ha defendido.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nulo el acuerdo de la mesa del Parlament que permitió la tramitación y aprobación de la Ley del Referéndum, que no admitió la solicitud de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, por lo que concluye que se vulneraron los derechos de los diputados.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, responde a un recurso de amparo presentado por el grupo parlamentario del PSC ante el TC por las votaciones del Pleno del pasado 6 de septiembre en el Parlament sobre la Ley de Referéndum presentada por JxSí y la CUP.

Así, el alto tribunal destaca que la actuación de la mesa del Parlament y de sus miembros se llevó a cabo a pesar de las advertencias del Secretario General del Parlament y por el Letrado Mayor, y de las protestas de Cs, PP y PSC, que se opusieron a la admisión a trámite y a la alteración del orden del día para incluirla en el Pleno.

Los medios españolistas más radicalizados suelen abordar la cuestión desde una perspectiva directa, en ocasiones demasiado burda y maniquea, sin matiz alguno. Sin embargo, de manera cotidiana, cuando escuchamos a los principales líderes del independentismo tenemos la sensación de que lo que cuentan no es falso, pero no refleja la realidad con suficiente precisión y nitidez.

Un caso paradigmático al respecto lo vivimos hace unos días con la difusión de los mensajes enviados por Carles Puigdemont a su exconceller Toni Comín. Los textos eran de una claridad meridiana. No se podía decir más en tan pocas líneas. Los implicados no ocultaron la veracidad de la comunicación hecha pública con la exclusiva de El Programa de Ana Rosa, tras el vano intento del abogado Gonzalo Boye de explicar en televisión que la conversación de Comín era con un amigo también llamado Carles, pero que no era el expresident. La reacción inmediata de buena parte de los portavoces del independentismo fue la de aplicar un efecto flou. Es decir, difuminar el hecho en sí, centrando la discusión en la licitud de la obtención del pantallazo. La realidad, los mensajes, quedaba como fondo vagamente desdibujada. Al día siguiente, todo se atribuyó a un leve momento de bajón anímico de Puigdemont y borrón y cuenta nueva.

Subsiste una disonancia entre los hechos y las declaraciones que se realizan cada día. Uno de los casos más llamativos de aplicación del efecto flou tiene como centro el delicado asunto de los presos. Los hechos están escritos negro sobre blanco en el Tribunal Supremo. Varios líderes del independentismo permanecen en prisión preventiva acusados de diversos delitos claramente especificados: malversación, prevaricación, desobediencia, sedición y rebelión. Hay una abierta polémica respecto a la adecuación de la prisión preventiva a los cuatro encausados que aún permanecen en la cárcel. Hasta aquí la realidad.

Ahora llega el desenfoque. Los acusados han manifestado ante el juez Llarena su aceptación del marco constitucional con el compromiso de no volver a reincidir en los delitos de los que se les acusa. Siempre que se pregunta a los seguidores independentistas sobre estas afirmaciones, reiteran que entienden que digan lo que sea necesario con tal de salir en libertad. Es decir, dejan entrever que en realidad no lo creen, sino que es una simple estrategia de defensa, pero que no renuncian a mantener los hechos que han desencadenado su prisión. Más adelante, esgrimen que es injustificable e inaceptable que el juez Llarena los mantenga entre rejas ya que han acatado el orden constitucional. La dura realidad es que siguen presos cuatro hombres aún no juzgados. Muchas de las declaraciones a su alrededor son puro efecto flou. No siempre se entiende bien lo que se quiere defender cuando se aborda la cuestión.

En este contexto, la justicia acaba por imponer la verdad legal y contundente que choca con el difuso discurso de la política cotidiana. Una verdad que está basada en las leyes aprobadas por los políticos. Se entiende que algunos portavoces se quejen de la “judicialización de la política”. En términos de lenguaje, así no hay manera de hacer un discurso adaptado a cada necesidad. El discurso político, bajo el efecto flou, se desenvuelve con soltura en el territorio de la indefinición, la incertidumbre y el relativismo.

El argumento más repetido últimamente entre los líderes independentistas se puede resumir en la siguiente afirmación: “El pueblo ha elegido a Puigdemont como candidato a president y no vamos a renunciar”. En enero de 2016, Artur Mas renunció a la investidura pese a haber sido el candidato previsto si Junts pel Sí ganaba las elecciones, como así fue. Renunció tras el veto impuesto por la CUP. Este hecho propició que Carles Puigdemont llegara a la Generalitat como tapado inesperado. Ahora es el Tribunal Supremo el que impone el veto a Puigdemont mientras siga siendo un fugado de la justicia. Pero esta vez la renuncia parece ser inaceptable.

Estos días vivimos a la espera de que entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP encuentren la fórmula para solventar la aparente imposibilidad legal de investir a Puigdemont. La pasada semana, Roger Torrent, president del Parlament, compareció por sorpresa la mañana de la anunciada investidura para hacer pública su decisión de aplazar la sesión. Lo más curioso de su intervención fue el contundente, firme y solemne tono con el que inició su discurso. Según empezó a hablar, era evidente que no iba a desobedecer al juez Llarena. A medida que el procès ha empezado a chocar con la justicia suele cumplirse un peculiar protocolo. Cuando se va a anunciar algo que supone aceptar el orden constitucional va siempre antecedido de una introducción que suena casi revolucionaria, apocalíptica y antisistema. Por el contrario, cuando se va a llevar adelante un paso que supera la línea de la ley, el tono se rebaja de forma considerable y se recurre a la ambigüedad como coraza. Así ocurrió con la famosa declaración de la república que aún hoy en día seguimos sin saber si sucedió o simplemente se trató de una declaración con efecto flou.

Da la sensación de que Puigdemont necesita mantener a toda costa la escenificación de un grave conflicto acompañado de cierta agitación social y de una presión internacional que aboque al Gobierno español a una negociación final que cumpla sus objetivos y paralice la amenaza de la persecución de la justicia. Para ello, Puigdemont necesita ser el principal referente, estar en el foco, ser el principal interlocutor. Le es indispensable ser investido de alguna manera. Su ideal sería poder ser el president en el exilio o convertirse en un president elegido e inhabilitado a la fuerza. Ser president como sea, durante al menos un instante y aunque fuera de forma simbólica. Busca una presidencia con efecto flou.

Da la sensación de que el conflicto catalán tiene una vía de solución: guardar las apariencias. Al igual que ocurría en las familias tradicionales de bien, cuando algún hijo se desmandaba el disgusto era inevitable, pero todo se amortiguaba si la situación no se conocía en el entorno cercano. El mensaje era claro: que nadie se entere de la verdad y sigan creyendo que somos una familia decente. Esa familia cuyo retrato preside el salón de casa. Una fotografía emblemática, especialmente estética gracias a la aplicación de un delicado efecto flou.

En plena campaña electoral y con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, los partidos hacen balance de sus posibilidades para ganarse al electorado de las cuatro provincias de la comunidad. Los sondeos prevén resultados ajustados y disputas prácticamente aseguradas por la mayoría parlamentaria. Es aquí donde entra en juego el último escaño en cada circunscripción, que puede presentarse como elemento decisivo para el peso que alcancen las candidaturas. 

Se trata del reparto de los denominados restos de la Ley D'Hondt, el sistema de cálculo proporcional que divide el número de votos de cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. La fórmula, además, establece que en una circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos.

El Partido Popular  ya subrayó este miércoles la importancia de las provincias donde el último escaño se debate entre los conservadores y la CUP, por lo que votar a Ciudadanos, consideran, podría suponer dar un apoyo a los independentistas. Creen que esto podría ocurrir en Lleida, Girona o incluso en Tarragona.

Las elecciones celebradas en el año 2012 en suelo catalán muestran que CiU logró el último escaño en las provincias de Lleida y Girona, mientras que el PSC lo consiguió en Tarragona y Ciudadanos lo obtuvo en Barcelona. Por otra parte, los nacionalistas de CiU se quedaron a las puertas de obtener un diputado más en Barcelona y Tarragona. El PSC en Lleida y ERC en Girona fueron las formaciones que más se aproximaron al último diputado en el reparto, sin conseguirlo.

En cuanto a los comicios de 2015, Junts pel Sí se hizo con el último asiento en dos provincias –Tarragona y Lleida–, mientras que el PP lo obtuvo en Barcelona y Catalunya Si que es Pot en Girona. En estas dos últimas provincias fue Junts pel Sí la candidatura que se quedó a las puertas, mientras que en Tarragona fue el PP y en Lleida el PSC.

  Barcelona

Barcelona se presenta como la circunscripción con mayor presencia en el Parlament. La provincia cuenta con un total de 85 diputados elegibles, que en el año 2012 quedaron en manos de los 2.748.482 votantes que participaron en los comicios en dicha circunscripción.

Tras el proceso electoral celebrado en el mes de noviembre, Ciudadanos fue el partido que se hizo con el último escaño de la provincia, obteniendo un total de ocho. A las puertas se quedó CiU, que consiguió posicionarse como el partido más votado con 26 actas, pero que no alcanzó la número 27. Se quedó a las puertas por una distancia de 10.089 votos, es decir, el 0,37% de los votantes.

En el año 2015 fue el PP quien, también con ocho asientos, se hizo con el último escaño de Barcelona. Junts pel Sí, la coalición encabezada por Carles Puigdemont que logró 32 diputados en la provincia, se quedó a las puertas. Fueron 12.427 votos, el 0,4% de los 3.094.362 barceloneses que acudieron a las urnas entonces, los que separaron a la coalición independentista de conseguir un escaño más.

  Girona

La provincia de Girona, por su parte, cuenta con 17 diputados a escoger. En el 2012, año en que 347.893 votantes acudieron a ejercer su derecho a sufragio, fue CiU quien se hizo con el último escaño, quedándose con un total de nueve. Este último asiento en juego se lo arrebató CiU a la candidatura de ERC, que por una diferencia de 4.528 votos –el 1,3%– se quedó en tres escaños en lugar de los cuatro que hubiera podido obtener.

Ya en el año 2015, el último asiento fue a parar a manos de Catalunya Sí que es Pot. Fue gracias a este escaño que la formación logró obtener representación en la provincia. Junts pel Sí, en cambio, se quedó a las puertas del último asiento, debido a una distancia de 4.467 votos, el 1,15% de los 387.913 votantes que depositaron su papeleta en las urnas. Los independentistas lideraron entonces los resultados en la circunscripción con un total de once escaños.

  Lleida

La provincia de Lleida cuenta con menor representación parlamentaria, con un total de 15 diputados de los 135 que componen la Cámara autonómica. En las elecciones que celebró la comunidad en 2012, participaron un total de 209.143 electores en la provincia. CiU se hizo entonces con el último escaño, logrando encabezar los resultados con un total de ocho. Los nacionalistas arañaron por 662 sufragios –el 0,32%– este último escaño al PSC, que se quedó con un único parlamentario en la circunscripción.

Los socialistas volvieron a quedarse a las puertas también en el año 2015. Tras las últimas elecciones, Junts pel Sí se hizo con el último escaño, posicionándose con un total de diez, y de nuevo el PSC se quedó con uno. En la provincia el último parlamentario se jugó por 6.022 papeletas –el 2,61% de los 231.004 votantes– , que impidieron al PSC ocupar un segundo escaño por Lleida.

  Tarragona

Los diputados escogidos por los votantes en la provincia de Tarragona ascienden a un total de 18. En los comicios de 2012, en los que participaron un total de 362.792 votantes en la provincia, fue el PSC el partido que conquistó el último escaño en detrimento de CiU, que esta vez se quedó a las puertas. De esta manera, los socialistas catalanes lograron un total de tres, mientras que los nacionalistas se quedaron a una distancia de 16.063 votos –el 4,43% del total– de hacerse con un octavo asiento en la circunscripción.

Respecto a las elecciones celebradas en septiembre de 2015, Junts pel Sí se hizo con el último escaño, logrando un total de nueve en la circunscripción. A las puertas, un PP que podría haber alcanzado su segundo diputado de no ser por la distancia de 1.375 votos –el 0,33% de los 416.917 votos emitidos– que separaron a los conservadores del reñido último escaño. 

La ley electoral utilizada para las elecciones autonómicas en Cataluña –la misma que se utiliza en los comicios generales– ha tenido efectos bastante proporcionales para casi todos los partidos desde que se celebraron las primeras elecciones al Parlament de la democracia en 1980. Pero hay una excepción a esta regla: CiU. La coalición entre CDC y Unió –que se presentó ininterrumpidamente entre 1980 y 2012– ha sido históricamente la gran beneficiada de esta norma, tanto por su carácter hegemónico (ganó en votos todas las elecciones salvo las de 1999 y 2003) como por sus claras victorias en Tarragona, Lleida y Girona, provincias sobrerrepresentadas en número de escaños con respecto a Barcelona.

Cataluña carece de ley electoral propia y, para sus elecciones autonómicas, utiliza la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Desde 1980 se han celebrado once de estos comicios (en 1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006, 2010, 2012 y 2015), en los que se han escogido 135 escaños para el Parlament de Cataluña: 85 por la provincia de Barcelona, 18 por la de Tarragona, 17 en Girona y 15 en Lleida. Este reparto perjudica a Barcelona, que pese a elegir únicamente el 62,9% de los diputados cuenta ahora mismo con el 73,8% de la población de Cataluña.

Ese es uno de los motivos fundamentales de que CiU –y, en 2015, Junts pel Sí– haya sido la formación más beneficiada por la ley electoral en las autonómicas, ya que históricamente los resultados de la coalición han sido sensiblemente mejores en las provincias de Tarragona, Lleida y Girona que en la de Barcelona. De hecho, en ninguno de los comicios CiU consiguió nunca superar el 45% de los votos en Barcelona, cota que sobrepasó ampliamente en varias ocasiones en Lleida y Girona, con un hito máximo del 59,64% de los sufragios en la provincia gerundense en 1984.

Otro buen ejemplo de este funcionamiento son las elecciones de 2012: pese a que CiU sufrió un enorme batacazo y sufrió sus peores resultados desde 1980 con un 30,7% de los votos, en Lleida y Girona la coalición obtuvo un 42,5% y un 42,4% de los sufragios, respectivamente. Eso permitió a CiU hacerse con 8 y 9 diputados en esas provincias de los 15 y 17 que se repartían, respectivamente, por lo que más de la mitad de las actas de las dos demarcaciones menos pobladas de Cataluña fueron para ellos.

Esta fortaleza en las provincias más representadas proporcionalmente, unida al hecho de que CiU fue la fuerza hegemónica prácticamente sin interrupción en todas las elecciones autonómicas, ha disparado históricamente su porcentaje de escaños en el Parlament con respecto a su número de votos reales. La diferencia más notable se produjo en 2010, cuando con un 38,43% de los sufragios, el entonces president Artur Mas se hizo con 62 escaños, el 45,93% de la Cámara: siete puntos y medio más de los que a CiU le hubieran correspondido en un sistema proporcionalmente perfecto.

Pero esta distorsión, lejos de haberse producido en una convocatoria en particular, se trata de una dinámica histórica. En ninguna de las elecciones autonómicas celebradas desde el inicio de la democracia CiU tuvo menos porcentaje de escaños que de votos: cuando más parejas estuvieron ambas cifras fue en 2003, cuando la coalición sumó el 30,94% de las papeletas y el 34,07% de los diputados (un total de 46). Sin contar las elecciones de 2015 –donde CDC se presentó integrada en Junts pel Sí y Unió lo hizo por separado–, el porcentaje de actas que ha obtenido CiU en las autonómicas ha sido de media 5 puntos superior a su porcentaje de votos.

Además, la sobrerrepresentación de CiU se trasladó en 2015 a los resultados de Junts pel Sí. La coalición que suscribieron CDC y ERC alcanzó el 39,59% de los votos, aunque fuertemente diferenciados entre provincias: mientras en Girona (56,06%) y Lleida (55,22%) arrasó, en Barcelona (36,09%) y Tarragona (41,63%) sus resultados fueron más discretos. Junts pel Sí consiguió 62 actas, el 45,93% del Parlament, un porcentaje 6,34 puntos superior al que le hubiera correspondido en un sistema proporcional puro.

Para el resto, mucha proporcionalidad

Esta distorsión de la proporcionalidad no afecta al resto de formaciones políticas, ni nacionalistas ni no nacionalistas, para las que la ley electoral ha funcionado históricamente de manera bastante proporcional en las elecciones autonómicas. Tras CiU, ha sido el PSC –el otro gran partido catalán hasta 2012– quien más se ha beneficiado del método de reparto de la LOREG, pero ni mucho menos en la misma proporción, ya que no ha sido históricamente tan fuerte en las tres provincias sobrerrepresentadas –sus mejores resultados siempre han sido en Barcelona– ni tampoco ha llegado a concentrar tanto voto como CiU (su mejor resultado fue en 1999, cuando consiguió el 37,85% de los sufragios).

Las elecciones de 2010 fueron en las que más se benefició el PSC de la ley electoral, aunque su porcentaje de votos se tradujo bastante fielmente a escaños: los socialistas obtuvieron un 18,38% de las papeletas y un 20,74% de los diputados (un total de 28), apenas 2,36 puntos más. De media, el PSC únicamente ha conseguido un porcentaje de escaños 0,82 puntos superior a su porcentaje de votos, e incluso en 2015 fue levemente perjudicado por la ley electoral –su porcentaje de escaños era 0,87 puntos menor del que le hubiera correspondido por sus votos en un sistema proporcional puro–.

ICV-EUiA –y las diferentes marcas y formatos con los que se ha presentado, PSUC en los 80 o Catalunya Sí que es Pot en 2015–, por su parte, siempre han sido perjudicados por el reparto promovido por la ley electoral, aunque de manera muy poco apreciable: la desviación mayor se produjo en 1995, cuando ICV consiguió el 9,71% de los votos y 11 escaños, que sumaban el 8,15% de los presentes en el Parlament. Tampoco el PP ha sido especialmente beneficiado por la LOREG –su porcentaje de voto fue hasta dos puntos superior a su porcentaje de diputados en 1995–, si bien en 2010 y 2012 el reparto terminó favoreciéndole.

La ley electoral también ha funcionado de manera bastante proporcional en el caso de ERC, ya que la máxima desviación que ha tenido entre su porcentaje de votos y su porcentaje de escaños se produjo en 2012 y fue a su favor: con el 13,7% de los sufragios, los republicanos obtuvieron el 15,56% de las actas, un total de 21. De hecho, la distorsión entre ambas cifras ha sido menor a un punto en todas las elecciones menos las de 1980, 2006 y 2012.

Ciudadanos y la CUP

Ni siquiera para los llegados hace menos tiempo al Parlament la ley electoral ha sido una barrera. Ciudadanos obtuvo sus primeros tres escaños en 2006 –que suponían un 2,22% de todos los presentes en la cámara– y repitió este resultado en 2010, con un 3,03% y un 3,39% de los votos, respectivamente. De hecho, en las elecciones de 2015 que supusieron su despegue (pasaron de 9 a 25 diputados), la Loreg benefició levísimamente al partido naranja, que consiguió controlar el 18,5% del Parlament con el 17,9% de los votos.

La CUP tampoco tiene motivos para denunciar la ley electoral, aunque bien es cierto que ni en 2012 ni en 2015 –las únicas ocasiones en las que los anticapitalistas se han presentado a las elecciones autonómicas– les terminó beneficiando. Sus tres escaños de 2012 se corresponden con el 2,22% del Parlament, aunque la CUP consiguió el 3,47% de los votos en toda Cataluña. En 2012, la formación ascendió hasta el 8,21% de los sufragios, lo que le reportó 10 diputados: el 7,4% de la cámara.

Ya no se trata solamente de los dirigentes políticos y sociales encarcelados, en libertad bajo fianza o huidos de España. Ahora el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llanera trata de reunir evidencias que apoyen la existencia de un “concierto para declarar la independencia de Cataluña o que muestre la realización de actos de ejecución en tal sentido” por parte de los partidos políticos y organizaciones sociales partidarias de la secesión. Todo ello en el marco de la investigación que está llevando a cabo para tratar de establecer que hay indicios razonables de la comisión de “delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación de fondos públicos”.

A través de una providencia dictada este lunes, el juez pide a la policía judicial que esclarezca si existió un “concierto inicial entre Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Esquerra Republicana (ERC), y las asociaciones Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI)” orientado a “compartir una estrategia para lograr la independencia de la Comunicad Autónoma de Cataluña”.

En la misma línea, pregunta al Juzgado de Instrucción n° 13 de Barcelona si de las actuaciones que ha practicado hasta la fecha cabe establecer que “existen actos de ejecución relativos a la eventual declaración de independencia de Cataluña, que se hayan abordado de forma conjunta o compartida por algunas de las asociaciones siguientes o por alguno de sus integrantes que ostenten su representación: Convergencia Democrática de Cataluña, Partido Demócrata de Cataluña (PDeCAT), Esquerra Republicana, Asamblea Nacional de Cataluña , Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios para la Independencia”.

Llanera ya dejó claro en su día, en el auto con el que anunció su decisión de mantener a Oriol Junqueras en prisión, que da mucha relevancia a un documento titulado #EnfoCATs,#EnfoCATs, hallado en septiembre por la Guardia Civil en el domicilio particular del número dos del vicepresidente y que, en su opinión, describe la estrategia diseñada para conducir Cataluña a la independencia.

Portada del documento #EnfoCATs, que el juez Pablo Llanera considera una pieza clave de su investigación.

Por eso pide también a las fuerzas de seguridad que lleven a cabo las diligencias oportunas para establecer si hay “elementos objetivos” que “permitan evaluar”, de manera individualizada, si cada uno de los investigados y cualquiera de las demás personas que el citado documento integra en un supuesto Comité Estratégico, ha tenido alguna intervención (en actos de programación, de coordinación, de apoyo o de ejecución) en la estrategia para conseguir la independencia.

Eso significa que el juez quiere que se investigue a las personas que supuestamente formaban parte de ese comité y que todavía no están siendo objeto de indagación judicial alguna, entre las que destacan Artur Mas y Marta Pascal, presidente y secretaria general del PDeCAT; Marta Rovira, secretaria general de ERC; la presidenta y el secretario general de Demòcrates de Catalunya, Núria de Gispert y Antoni Castellà, y los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios de los partidos independentistas (Jordi Turull y Lluís Corominas en el caso de Junts pel Sí; Mireia Boya y Anna Gabriel en el de la CUP). La Guardia Civil también tendrá que informar al juez sobre los números dos de la ANC y Òmnium Cultural, así como acerca de la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, alcaldesa de Villanova y la Geltrú por el PDeCAT.

Referencia al Comité Estratégico en el documento #EnfoCATs.

Del supuesto Comité Estratégico citado en #EnfoCATs también formarían parte “representantes independientes de prestigio social”, según el documento que el juez ha convertido en su principal argumento contra el independentismo. El comité, sostiene Llanera, desempeñó una función “definitoria” de cómo llevar a término las actuaciones del procés, así como la “violencia y tumultos” que, en su opinión, constituyen la esencia de los delitos investigados.

El documento, que tiene la apariencia de una presentación de PowerPoint impresa y en cuyo subtítulo pone expresamente que se trata de una “propuesta”, no defiende en ningún momento el uso de la violencia, sino que que propone “resistir” a la “violencia de Estado” si es que esta llega a producirse. Eso sí, en una de sus páginas, hablando de los distintos escenarios a los que hipotéticamente tendría que hacer frente la búsqueda de la independencia, apuesta por “generar más conflicto y poner en marcha el plan de actuación de desconexión forzosa” para el caso de que el Estado español se niegue a convocar un referéndum acordado y opte por “una reacción violenta” o por tratar de “asfixiar” económica y judicialmente la estrategia independentista.

Alusión a la posibilidad de “generar más conflicto” en una de la páginas de #EnfoCATs.

Hasta la fecha ninguno de los supuestos miembros de este comité han reconocido formar parte de él o conocer siquiera la existencia del documento que la policía halló en casa del numero dos de Junqueras. Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidente y expresidente de Òmnium y ANC, aseguraron en su momento a través de sus abogados que “no tienen ni idea” de “quién” elaboró #EnfoCATs ni “para qué, cómo y cuándo”. El letrado de Junqueras argumentó este mismo lunes que el documento es una “suerte de hoja de ruta apócrifa y descontexualizada de la realidad”.

La providencia que dictó este lunes el juez Llarena también pide a la Guardia Civil que averigüe si “CDC, PDeCAT, ERC, Òminum, ANC y AMI (o cualquiera de sus principales integrantes) impulsaron, sostuvieron, o conocieron la realización de movilizaciones sociales como un instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia de Cataluña”. Por eso quiere que se “identifiquen los distintos actos de agresión, daños, asi como los de grave resistencia o amedrentamiento, sufridos en Cataluña con ocasión del proceso secesionista (principalmente en los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre y 8 de noviembre)”.

En busca de argumentos con los que sostener su acusación, el juez ha ordenado a la Policía Judicial que busque vídeos, audios o informaciones periodísticas que recojan un “posicionamiento de elogio, tolerancia o rechazo que hayan podido mantener, sobre ese hecho concreto, los encausados o cualquiera otra de las personas que integran el supuesto Comité Estratégico referido en el documento #EnfoCATs. Tanto por su presencia en el lugar de los hechos, como por declaraciones previas o posteriores que hagan referencia a los hechos concretos”.

Otra de las novedades de la providencia dictada este lunes afecta a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDRs), impulsados por la CUP o organizaciones afines y muy implicados en la utilización de colegios electorales el 1-O y en las movilizaciones de protestas del octubre y noviembre. El juez quiere que la Guardia Civil también los investigue.

Por último, Llarena da instrucciones para que se rastree el uso de fondos públicos (el supuesto Comité Estratégico tendría por misión, entre otras cosas, “disponer de los recursos necesarios para implantar el plan estratégico” para la independencia).

Precisamente este lunes se dio a conocer un informe de la Guardia Civil que apunta posibles delitos de prevaricación y desobediencia en la cuenta del exconsejero de Presidencia Jordi Turull y otros miembros de su equipo, en relación con una campaña para fomentar la participación en el referéndum del 1-O de los catalanes residentes fuera de España mediante su inscripción en un registro. La campaña se presupuestó en 2,29 millones de euros y se adjudicó a Focus Media bajo el lema “Civisme”, si bien la empresa elegida finalmente se echó atrás y el contrato no se desarrolló, informa Europa Press.

Con cargo al presupuesto del contrato programa que la Generalitat tiene con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se emitieron dos anuncios en TV3 que costaron 277.804 euros. Dichas emisiones fueron autorizadas por el departamento de Presidencia que dirigía Turull, “a sabiendas de que constituía una clara resolución injusta”, sostiene la Guardia Civil, porque asi se lo advirtió la Subdirección General de Régimen Económico y de Contratación.

Las revelaciones de la Moleskine del número dos de Junqueras

Coincidiendo con la providencia dictada por el Supremo, trascendió la existencia de una agenda intervenida por la Guardia Civil también en el registro de la vivienda del número dos de Junqueras y que, según Europa Press, revela el rol que desempeñaron Artur Mas, Marta Rovira, Anna Gabriel o el jurista Carles Viver, entre otros, en el Comité Estratégico para conseguir la independencia de Cataluña.

La agenda consta en un informe remitido el 28 de noviembre por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en cuyas conclusiones figuran anotaciones fechadas entre el 12 de febrero de 2015 y el 11 de noviembre de 2016 en torno a “la hoja de ruta y el proceso hacia la independencia para alcanzar la República catalana”, “el referéndum de independencia”, “estructuras de Estado”, “leyes de desconexión” y “estrategia de desobediencia”.

Este documento resume debates internos sobre el control o no de los Mossos y la necesidad de crear estructuras de Estado como un Banco Central o una Hacienda y Seguridad Social propias. En cuatro fases, dos de ellas fuera de la Constitución, el Govern pretendía desarrollar sus Aduanas, el Catastro, el Ente Gestor Integral de Tributos, el régimen fiscal general y la regulación específica de los tributos.

En sus conclusiones, la Guardia Civil señala que ya en marzo de 2015 se habla abiertamente de república catalana, de independencia y de repercusión internacional. “Es ERC quien quiere crear un nuevo Estado en el seno de Europa, algo que considera que es romper con el poder establecido”, indican los autores del informe. Para ello, el 6 de julio de 2015 establecieron una hoja de ruta con cuatro fases: “preparación del Estado, reconocimiento del Estado a nivel internacional, estructuras de Estado y medidas sectoriales”. El proceso tendría una duración de 18 meses y en el mismo juega un papel relevante Carles Viver, jurista que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional.

En 2015 ERC consideraba “fundamental controlar áreas clave vinculadas al denominado procés aun a costa de ceder la presidencia a CDC”, y ya se deja constancia de la “inquietud ante inhabilitaciones o multas”, siempre según la Guardia Civil. Por entonces también se considera relevante crear “una gran plataforma de debate ciudadano, utilizando para ello a Òmnium Cultural y a la Asamblea Nacional Catalana, además de cerrar la estrategia con la CUP y tender puentes para que CSQP (Catalunya Sí que es Pot) y BCNComú (Barcelona en Comú) participen en el proceso constituyente”.

Las anotaciones sobre las negociaciones del Govern continúan en febrero de 2016, cuando se consideraba que un referéndum no pactado y unilateral “no tenía sentido”, aunque se pensaba internamente que la única manera de que internacionalmente se presionase al Estado era “ir hasta el final”. “Anotaron expresamente que ello”, dice la Guardia Civil sobre un referéndum sin pacto previo, “podría suponer hacer el ridículo”.

El 30 de junio de 2016 se anota que Joan Vidal, gerente de Òmnium y entonces secretario del Govern, es el encargado de “elementos relacionados con el referéndum tales como el censo de votantes, el registro de funcionarios voluntarios o la posibilidad de utilizar doble urna”.

En junio de 2016 es cuando asumen que tendrán que recurrir a la vía unilateral ante la ausencia de negociación del Gobierno de Mariano Rajoy. La estrategia se tenía que “revestir de legalidad y determinar qué papel jugarían otros actores como la Intervención General, la Administración Local o los Mossos d'Esquadra”.

La lealtad de los Mossos es motivo de numerosas anotaciones. Fue Artur Mas el que el 8 de noviembre de 2016 aseguró que la policía catalana “haría siempre lo que les dijesen los jueces”, sin que desde el Departamento de Interior se ordenara lo contrario. Su propuesta era “pactar las reacciones con la finalidad de coordinar la respuesta y ser eficaces en la gestión de la protesta”.

El 31 de marzo de 2016 se estudia con la CUP la estrategia de desobediencia para “avanzar hacia la ruptura social y nacional”, que consideran “la herramienta imprescindible para construir la República incluso negociando unos presupuestos fruto de la austeridad”. Artur Mas plantea dudas sobre el papel del Parlament, qué harían las empresas o si se podría asegurar el tráfico financiero. El expresidente aboga por “calibrar bien las consecuencias de las reacciones del Estado”.

El 31 de agosto de 2016 RR, a quien se identifica como Raül Romeva, insiste en incluir a los comuns en la negociación de un referéndum no unilateral. Las anotacione prueban que la división va aumentando: Jordi Turull (JT) muestra su preocupación por la “desestabilización del Parlament” si los letrados cesan y generan inseguridad. Marta Rovira (MR) “quiso calmar la situación diciendo que eso se solucionaba teniendo claro adónde iban”.

El autor de las anotaciones y número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, deja constancia de que “las decisiones serían colegiadas y que antes de la convocatoria estaría todo licitado y adjudicado a través de contratos marco con un calendario fijado sin olvidar la solicitud de los informes legales respecto al censo, aspectos penales y a implicaciones de posibles requerimientos del Tribunal Constitucional”.

“Se ha evidenciado”, dice la Guardia Civil, “que esta premisa de adjudicación a través de contratos marco se ha cumplido al menos en el desarrollo de la web del voluntariado, del envío de correo postal a través de Unipost y de la inserción de publicidad del registro de catalanes en el exterior y de difusión del referéndum a través de un anuncio de vías de tren, ambas a través de Focus Media”.

Junqueras vuelve a pedir la libertad

La defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por su parte, solicitó a la sala de apelaciones del Tribunal Supremo que le excarcele para poder participar en los actos de la campaña electoral del próximo 21D alegando, entre otros argumentos, que su permanencia en prisión “está ya teniendo efectos muy relevantes en la conformación libre de la voluntad popular a través de las elecciones”, en alusión a la caída en la expectativa de voto de ERC y la mejora de la candidatura de Carles Puigdemont.

La defensa indica que Junqueras “tiene derecho a participar de los actos de campaña y a ejercer la representación política de los ciudadanos si resultase escogido, como diputado o como presidente del Gobierno” y que en la actual situación cualquier resultado electoral supondrá “con alta probabilidad”, que Junqueras no asuma ninguna responsabilidad política en varios meses.

En un escrito de 26 páginas al que tuvo acceso Europa Press, la defensa de Junqueras pide a la sala de apelaciones del alto tribunal que celebre una vista con asistencia del propio Junqueras para poder exponer sus argumentos y niega “rotundamente” que exista el riesgo de reiteración delictiva porque su determinación “con un programa político pacífico basado en el diálogo es firme y real”.

Podemos critica la resolución judicial

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, defendió este lunes la necesidad de resolver el conflicto catalán mediante la política y no por la vía judicial, al ser preguntada por la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de ampliar la investigación, informa Europa Press. “Los problemas políticos se tienen que resolver por vías políticas. Judicializar los problemas políticos y pensar que así se van a resolver es un grave error que hasta la fecha no solo se ha demostrado como tal sino que ha permitido solo profundizar el conflicto y no encontrar ninguna solución”, explicó.

El partido de Pablo Iglesias fue el único que se pronunció este lunes sobre la decisión del Supremo.

Ya sea en su formulación nacionalista o en su actual versión independentista, el bloque soberanista catalán con representación parlamentaria lleva 18 años obteniendo los mismos resultados en las elecciones autonómicas. La variación máxima desde 1999 ha sido de apenas 2,3 puntos porcentuales, los que van del 46,5% de los votos que sumaron en 2006 al 48,8% que consiguieron en 2010. El primer porcentaje, su registro histórico más bajo, coincide con la aprobación del Estatut; el segundo lo obtuvieron a los pocos meses de la sentencia con la que el Tribunal Constitucional anuló parcialmente la norma fundamental catalana y dio origen a la actual crisis política.

El voto soberanista se ha mantenido estancado, pero a la vez estable, a pesar de la variedad de siglas con las que el independentismo ha trasladado su oferta a los ciudadanos a lo largo de las últimas dos décadas. Primero con los votos de CiU y ERC; después sumando los de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) y en 2015 con la coalición Junts pel Sí (una combinación de la antigua Convergència y Esquerra con el apoyo de organizaciones sociales independentistas) y los votos anticapitalistas de la CUP.

El peso del soberanismo está por debajo del 50% de los votos desde las elecciones de 1995. Antes de esa fecha, la suma de nacionalismo e independentismo en las elecciones autonómicas, en los años de hegemonía de Jordi Pujol, siempre superaba la mitad de los votos emitidos.

Los resultados de las últimas elecciones (2015), convocadas por Artur Mas a modo de plebiscito, son un calco casi perfecto de la media histórica de los tres bloques que marcan la política en Cataluña desde hace casi 40 años: 48% para el soberanismo (Junts pel Sí y la CUP), 39% para el unionismo (Ciudadanos, PSC y PP) y 8,6 para la izquierda alternativa (Catalunya Sí que es Pot).El 4,4% restante corresponde a formaciones que no obtuvieron representación parlamentaria.

La evolución de los constitucionalistas

La suma de los partidos constitucionalistas no se ha comportado de la misma manera. Desde 1999, el único año en el que, con un 47,81% de los votos, estuvieron a punto de superar el 50% (Pasqual Maragall se presentaba por primera vez a la Presidencia de la Generalitat), el respaldo ciudadano a las formaciones unionistas ha sufrido oscilaciones de hasta 12,6 puntos porcentuales. Si su mejor resultado se registró en 1999, el peor se produjo en 2010 (el año de la sentencia que anuló parcialmente el Estatut) con un 35,1%.

El unionismo nunca ha gozado de mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña. La suma de todos los partidos de este bloque ha oscilado entre los 47 escaños de 1992 (su peor año, junto a los 48 de 2012) y los 64 de 1999. En aquellas elecciones el PSC de Maragall ganó en votos a Pujol pero se quedó por detrás en escaños (la ley d’Hondt y las circunscripciones provinciales sobrerrepresentan las demarcaciones con menos población).

El tercer bloque

El tercer bloque político catalán, la izquierda alternativa con una fuerte carga identitaria (representada hace 40 años por el PSUC y hoy organizados en torno a los comuns) tampoco es un ejemplo de estabilidad. Su mejor resultado se remonta a 1980 (24 escaños y un 18,89% de los votos). Desde entonces, y en sus diferentes configuraciones, ha ido sufriendo altibajos (su peor momento fue en 1999, con tres escaños y apenas el 2,5% de los votos, coincidiendo precisamente con el momento de mayor éxito del PSC, y el mejor en 2012, con trece diputados y un 10% de los votos).

El soberanismo ha sido siempre hegemónico en el Parlament, con la única excepción de las primeras elecciones autonómicas de 1980. Sus mejores resultados tuvieron lugar en 1992 (81 escaños coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona) y 2010 (76 diputados, en este caso apenas unos meses después de que el TC anulase parcialmente el actual Estatut). Desde entonces ha ido perdiendo peso en la Cámara a razón de dos escaños por convocatoria (74 en 2012 y 72 en 2015).

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha vuelto a dar un giro en el discurso de su formación política, y ha apuntado ahora que las elecciones del 21D son legítimas: "Hemos aceptado legitimar estas elecciones presentándonos. [...] Estas elecciones son aquel referéndum que el Gobierno no se ha atrevido a pactar".

En una entrevista en la cadena Ser, Rovira afirma: "La vía unilateral no existe, es un invento patentado por el Estado español. ¿Quién nos empuja a una vía de estas características? Yo aún hoy estoy pidiendo diálogo y negociación". La dirigente republicana insiste en que su grupo no se ha saltado la ley, y asegura que JxSí cumplía el reglamento del Parlament: "Optamos por una opción política que quiere que los ciudadanos decidan cómo debe ser su país".

En alusión a su afirmación de que el Gobierno de España amenazó con "muertos en la calle", Rovira confirma, "como lo ha hecho el expresident Puigdemont, que no quería asumir un escenario de violencia extrema, que era lo que le explicaban que podía pasar". Preguntada por la periodista sobre la autoría de esas amenazas, la secretaria general de ERC insta a que se le pregunte a Puigdemont. "Si todo esto ha servido para tener el compromiso público de que esta amenaza no ha existido ni existirá jamás, estamos más cerca del diálogo y la negociación", sentencia.

La dirigente republicana se desmarca de la línea dibujada por el diputado de ERC Joan Tardá, que aseguró que el independentismo no tenía "una mayoría de catalanes" que lo hubiera querido, y señala ahora a la mayoría en el Parlament: "Sí, teníamos mayoría, más de 68 escaños".

Rovira también ha desmentido que llorase en la reunión del 26 de octubre en la que se debatió si Puigdemont debía convocar elecciones autonómicas o avanzar hacia la DUI: "Yo no lloré en esa reunión. Expresé de una forma vehemente que creía que debíamos respetar el mandato democrático, y que si no se podía cumplir pedí al Gobierno que diese las explicaciones oportunas". 

Con respecto a su posible imputación por parte del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el procés, Rovira dice desconocer tal proceso. Preguntada por si participó en reuniones para preparar la hoja de ruta hacia la independencia, la exportavoz de JxSí responde: "Si le respondo a esta pregunta, nos estará oyendo algún fiscal, y no sé a qué me compromete, no sé de qué se me acusa en un informe de la Guardia CiviL"

ERC y JuntsxCat remitieron a la CUP la semana pasada un primer borrador sobre los puntos que consideran que deben compartir los programas electorales de las formaciones independentistas que incluyen una apuesta por la bilateralidad para solucionar el conflicto político entre Cataluña y el resto de España, y no menciona la unilateralidad, han explicado a Europa Press fuentes de las formaciones.

El documento que ha publicado Nació Digital consta de nueve puntos entre los que destaca el que pide "alcanzar una negociación bilateral con el Estado y con la UE para que se haga posible el acceso de Cataluña a la plena independencia y la efectiva y pacífica articulación democrática hacia la República catalana".

Otro punto propone impulsar "un gran acuerdo de país, que con voluntad democrática y vocación constituyente, ensanche por medios de instrumentos de toma de decisión y debates participativos, la amplia mayoría ciudadana partidaria de que Cataluña pueda ejercer libremente la autodeterminación".

Entre los puntos destacados se cuentan el rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la libertad de los "presos políticos", la retirada de los efectivos policiales y de las causas judiciales derivadas de la hoja de ruta independentista, incluidas las abiertas contra los responsables del proceso participativo del 9 de noviembre de 2014.

Piden defender las instituciones catalanas ante la "agresión que supone la suspensión del autogobierno" y reclaman al Gobierno central un compromiso ante la comunidad internacional que concrete que respetarán los resultados de las elecciones del 21 de diciembre.

Si en los comicios se confirma de nuevo una mayoría independentista, exigen que el Gobierno "asuma democráticamente los resultados y que no vuelva a actuar ilegítimamente y abusando de su posición de fuerza" contra las decisiones que adopte el Govern resultante de los comicios, por lo que piden retirar los recursos de inconstitucionalidad sobre normas del Parlament y la Generalitat.

También piden a la UE velar por los derechos de los catalanes y proponen contrarrestar los efectos de "la campaña contra la economía catalana orquestada por el Gobierno, que ha construido de forma interesada una atmósfera artificial de caos, violencia e inestabilidad para perjudicar a los trabajadores y a la competitividad de las empresas".

Propuesta de hace "dos fines de semana"

Fuentes de los partidos que han redactado el documento, han explicado a Europa Press que esta versión se redactó hace "dos fines de semana", que se trasladó a la CUP y que puede haber sufrido modificaciones, y fuentes de los cupaires han explicado que en estos momentos todavía están debatiendo la propuesta.

Las mismas fuentes cupaires han explicado a Europa Press que sólo están de acuerdo con dos de los puntos: el que hace referencia al rechazo del 155 y el que pide "la liberación de los presos políticos".

"El resto de puntos acordados por ERC y el PDeCAT suponen un retroceso", han subrayado, y han aclarado que ahora trabajan en una contrapropuesta al borrador programático, aunque todavía no la tienen cerrada.

Sí destacan que han echado en falta un punto que explicite que ninguna de las fuerzas independentistas llegarán a un acuerdo "con los partidos impulsores del 155", pero insisten en que su contrapropuesta todavía está en debate.

Me niego a escribir hoy para reiterar machaconamente el listado de responsabilidades individuales que nos han traído a este agujero negro. (Lo que uno piensa y argumenta sobre el origen y desarrollo de un absoluto disparate puede leerse pinchando en este Buzón de voz). La historia colocará en un lugar muy, muy oscuro, a quienes este viernes ejecutaron en el Parlament el enésimo paso de un procés que ha saltado por encima de leyes y normas para imponer de forma sectaria y antidemocrática sus creencias y su modelo de país a otra mitad de la sociedad catalana que no las comparte. El derecho a saber es previo al derecho a decidir, del mismo modo que, como sostiene el profesor Emilio Lledó, “sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión se degrada porque sólo sirve para decir tonterías”. O para algo peor. Estas semanas negras transcurridas desde el 6 de septiembre (cuando se perpetró en el Parlament aquel pisoteo a los derechos de las minorías) han servido para que el principio de realidad desmonte algunos de los mitos del independentismo: que la República Catalana sería aceptada por Europa y por la comunidad internacional, que empresas y bancos jamás se irían de Cataluña, que España no tendría más remedio que negociar la relación entre “los dos Estados”…

“Los embustes, las falsedades, las medias verdades, pueden hechizar en el corto plazo a la gente de bien, pero la realidad ignorada o manipulada siempre acaba preparando su venganza”. Totalmente de acuerdo con esta proclama de Mariano Rajoy en el Senado, con la sugerencia añadida de que debería aplicársela a sí mismo, y no sólo a los independentistas. El déficit de credibilidad de los actores protagonistas de este drama tiene mucho que ver con su incapacidad para resolverlo.

Tenemos derecho a saber con detalle por qué el jueves Puigdemont estuvo dispuesto durante unas horas a convocar elecciones anticipadas y a renunciar a la DUI y por qué cambió de opinión. Cuando el (todavía) president de la Generalitat dice que no se le dieron garantías suficientes de que no se aplicaría el 155 y decide trasladar la responsabilidad al Parlament, es importante saber si exigió la “suspensión de los efectos del 155” (como él había hecho antes con la declaración de independencia) o si además ponía otras condiciones como la libertad inmediata de los Jordis, el compromiso de que la Fiscalía General no actuaría contra dirigentes soberanistas y la retirada de policías y guardias civiles enviados como refuerzos a Cataluña. Íñigo Urkullu y Miquel Iceta tienen parte de la respuesta a esa duda razonable, porque protagonizaron hasta última hora los principales esfuerzos para convencer a Puigdemont, presionado absolutamente por sus propias filas y sus socios, que no tardaron un cuarto de hora en acusarlo de “traidor” ante el amago de convocar elecciones. Todo indica que se produjo una combinación de factores, trenzados por la profunda desconfianza entre Gobierno y Govern, pero basta observar la gestualidad de hielo entre Puigdemont y Junqueras durante toda la jornada del viernes para concluir que el bloque independentista sale muy fracturado de un procés que quizás se lleve por delante a todos sus protagonistas, salvo que se reconviertan en mártires con la inestimable ayuda del 155.

En ese punto estamos. El 27 de octubre es ya el peor día de nuestro reciente pasado, pero lo que importa es evitar que lleguen días peores. “En el conflicto catalán han sobrado ignorancia y pasión”, dice con tristeza Emilio Lledó (que hace muchos años renunció a la cátedra que había ganado en Madrid porque sus alumnos catalanes recogieron firmas para pedirle que siguiera en Barcelona). Ha habido también en este conflicto más épica que inteligencia, más testosterona  que argumentos, más electoralismo que generosidad.

Ha llegado la hora de exigir sensatez incluso a quienes han demostrado que no es su fuerte. Es hora de que la sociedad civil reaccione ante la trampa de quienes adjudican a conceptos como Cataluña, el Estado, la democracia, la bandera, el autogobierno o la autodeterminación rasgos que ocultan una cruda realidad: detrás de cada uno de ellos hay personas. El Estado no sufre, ni la democracia llora. La gente sí. Hay familias rotas en Cataluña, compañeros de trabajo que no se dirigen la palabra, vecinos que no se saludan… ciudadanos que viven con miedo.

Es hora de exigir a los políticos independentistas que no inflamen las calles, que no se escuden en la multitud para esquivar sus propias responsabilidades. Es hora de reclamar a Rajoy que no use el 155 para alimentar aún más la frustración en Cataluña. Disolver de inmediato el Parlament y convocar elecciones para el 21 de diciembre lanza el mensaje de que pretende devolver con urgencia las instituciones catalanas a los representantes de la ciudadanía. Pone (inteligentemente)  fecha de salida a la entrada en el barrizal. Falta saber cómo administrará un posible boicot del independentismo, o de sus corrientes más insurrectas, a unas elecciones “impuestas” por el Estado, y falta saber qué hará Rajoy si los resultados de esas elecciones dibujan un Parlament similar al actual. ¿Estará entonces dispuesto a abrir el diálogo para una imprescindible y profunda reforma constitucional a la que siempre se ha negado?

Es hora de exigirnos a los medios y a los periodistas responsabilidad y templanza, para demostrar que una democracia sólida debe poder confiar en una prensa capaz de diferenciarse del ruido, las provocaciones y los fakes que incendian las redes con rumores intencionados e insultos sectarios. Es la hora de la gente sensata y no de quienes jamás dudan, ni siquiera cuando se lanzan al precipicio.

“Al que le duela España, que se tome una aspirina”, decía otro gran filósofo, José Luis López Aranguren, cuando ya en 1983 sugería también a Cataluña que hiciera “su propia autocrítica”, que repensara su “ser nacional” para buscar “una nueva forma de existencia colectiva”, capaz de integrar “a todos los catalanes, los de nacimiento y los de nacionalización”. Han pasado 34 años y algo hemos hecho muy mal, catalanes y españoles, para desembocar en una DUI y un 155, en una rebelión (esperemos que siga siendo pacífica) y en la “extinción” por decreto de los órganos de autogobierno.

P.D. Es hora de abrir una reflexión serena pero urgente ante la evidencia de que es factible pactar en cuestión de días el desarrollo del complejísimo artículo 155 de la Constitución, pero no ha habido forma (o ganas) en cuarenta años de desarrollar el 35, sobre el derecho al trabajo, o el 47, sobre el derecho a una vivienda digna.  

La resolución aprobada por el Parlament proclama la "República Catalana como un Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social" y establece "la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica", la norma anulada por el Tribunal Constitucional que funcionaría como hoja de ruta para los primeros pasos del nuevo Estado. Entre los encargos concretos que hace la resolución al Govern se cuentan "establecer la regulación del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad catalana", "dictar las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación e inaplicación del derecho" español y "promover, ante todos los estados e instituciones, el reconocimiento de la República Catalana".

"El Parlament de Cataluña expresa su rechazo al acuerdo del Consejo de Ministros del Estado español proponiendo al Senado del Estado español las medidas para concretar lo que dispone el artículo 155 de la Constitución. Las medidas propuestas, al margen del propio estamento jurídico actual, suponen la eliminación del autogobierno de Cataluña" y "sitúan al Gobierno del Estado español como sustituto del Gobierno de la Generalitat y censor del Parlament de Cataluña", sostiene igualmente la resolución aprobada por el Parlament.

La votación se produjo tras un tenso debate en el que Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot se mostraron radicalmente en contra de la declaración unilateral de independencia; los tres primeros, de hecho, terminaron abandonando el pleno para no otorgar legitimidad a la votación. Justo antes de proceder a votar, Junts pel Sí pidió que el sufragio fuera secreto y en urna para tratar de evitar las consecuencias penales para los diputados que votasen por el sí, una solicitud que fue respaldada por la CUP. Pese a todo, varios de los diputados de Catalunya Sí que es Pot mostraron su voto negativo a las cámaras, si bien los tres de Podemos Cataluña –Albano Dante Fachin, Joan Giner y Àngels Martínez– no lo hicieron.

Junts pel Sí y la CUP presentan en el Parlament una propuesta de resolución par declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. En el escrito, que previsiblemente votará el pleno de la cámara catalana cuando se reúna este viernes a las 12 de la mañana, los independentistas instan al Ejecutivo catalán a "dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad" y declara "la apertura del proceso constituyente" para elaborar una nueva constitución catalana.

Durante el pleno del jueves en el Parlament, el portavoz de Junts pel Sí, Lluís Corominas, afirmó que "mañana [por este viernes] propondremos que la respuesta sea continuar con el mandato del pueblo de Cataluña del día 1 de octubre". Y eso se tradujo el viernes por la mañana en la propuesta de resolución, que incluye en la exposición de motivos la declaración de independencia que firmaron los 72 diputados independentistas tras el pleno del pasado día 10, que careció de cualquier tipo de validez jurídica y que no fue votada por el Parlament.

"Constituimos la República Catalana como un Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social", señala en esta exposición de motivos la resolución, en la que se establece "la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica". Entre los encargos concretos que hace la resolución al Govern se cuentan "establecer la regulación del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad catalana", "dictar las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación e inaplicación del derecho" español y "promover, ante todos los estados e instituciones, el reconocimiento de la República Catalana".

En la resolución, los secesionistas también denuncian las actuaciones del Gobierno en los últimos días, que a su juicio suponen un "ataque a la democracia sin precedentes en los últimos 40 años". "El Parlament de Cataluña expresa su rechazo al acuerdo del Consejo de Ministros del Estado español proponiendo al Senado del Estado español las medidas para concretar lo que dispone el artículo 155 de la Constitución. Las medidas propuestas, al margen del propio estamento jurídico actual, suponen la eliminación del autogobierno de Cataluña" y "sitúan al Gobierno del Estado español como sustituto del Gobierno de la Generalitat y censor del Parlament de Cataluña".

Tras ser presentada la propuesta de resolución, los letrados del Parlament remitieron un aviso por escrito a la presidenta, Carme Forcadell, alertando de que sería ilegal tanto admitir a trámite como votar el texto. No obstante, Forcadell hizo caso omiso a este aviso, firmado por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado Mayor, Antoni Bayona, que alertaron a los miembros de la mesa de que se enfrentaban a responsabilidades penales si no paralizaban la iniciativa.

Las primeras reacciones a la decisión del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de convocar elecciones autonómicas en Cataluña para evitar la aplicación del artículo 155 no se han hecho esperar. Dos diputados de JxSí han anunciado a través de Twitter su decisión de dimitir como diputados. 

Jordi Cuminal ha renunciado a su escaño en el Parlament y ha asegurado que se da de baja como asociado del PDeCAT por discrepar de la posible convocatoria electoral. "No comparto la decisión de ir a elecciones. Renuncio a mi acta de diputado y me doy de baja del PDeCAT", ha subrayado.

Albert Batalla, alcalde de la Seu d'Urgell y diputado del PDeCAT también ha afirmado en la red social que dimite como parlamentario y solicita su baja del partido. "Respeto la decisión, pero no la comparto". 

Por su parte, el alcalde de Igualada (Barcelona) y miembro de la dirección del PDeCAT, Marc Castells, ha mostrado también su rechazo en un mensaje de la red social, aunque no se ha pronunciado sobre una posible dimisión. "El deber de los dirigentes es saber escuchar cuál es la voluntad de la gente. La ciudadanía se manifestó muy claramente. ¡No quiero elecciones!". 

El diputado de JxSí Joan Ramon Casals también han informado de que renunciarán a sus actas en el Parlament si Puigdemont decide finalmente convocar elecciones en vez de declarar la independencia. "Si se convocan elecciones y NO se hace la declaración de independencia, por coherencia dejaré el acta de diputado", ha escrito en su cuenta de Twitter Joan Ramon Casals (PDeCAT), que también es alcalde de Molins de Rei (Barcelona).

Igualmente, el diputado Germà Bel ha afirmado que no tiene "ningún sentido alargarlo más" y mantener la condición su escaño en la Cámara catalana hasta 2018. "Justo después de que Carles Puigdemont convoque elecciones (no antes), renunciaré al acta de diputado", ha señalado Bel, que anteriormente fue diputado en el Congreso por el PSC.

No hay confirmación oficial pero todo indica que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se inclina por que el Parlament de Cataluña proclame este viernes la independencia unilateral de Cataluña en respuesta a la intervención de la autonomía de Cataluña, que previsiblemente será efectiva este mismo fin de semana.

La Cámara catalana tomará esta decisión coincidiendo con el pleno en el que, con toda seguridad, el Senado aprobará dar poderes al Gobierno de Mariano Rajoy para destituir al propio Puigdemont y a todos los miembros del Govern, quitar las funciones principales al Parlament, tomar el control de toda la administración catalana, incluidos los Mossos d’Escuadra y los medios públicos de comunicación, y convocar elecciones cuando mejor le parezca de aquí a finales del mes de abril.

La señales que apuntan a que la decisión está tomada llegaron este miércoles de múltiples fuentes. En primer lugar, del grupo parlamentario de Junts pel Sí que, tras dos horas y media de reunión en la que todos sus miembros tuvieron la oportunidad de defender sus posiciones, anunció la decisión de apostar por la declaración de independencia. El presidente y la portavoz del grupo, Lluís Corominas y Marta Rovira, acudieron después a la sede de la Generalitat para trasladar a Puigdemont esta decisión.

La segunda señal es consecuencia directa del anuncio oficioso de la inminente renuncia a formar parte del Govern del conseller de Empresa Santi Vila, el único miembro del Ejecutivo que se ha mostrado incómodo con la decisión de consumar la declaración unilateral de independencia. Su posible retirada indicaría claramente que el Govern ya ha tomado una decisión. La tercera tiene la firma del propio president al renunciar a la posibilidad de defender sus propuestas en el Senado: “No vamos a perder el tiempo con los que quieren arrasar nuestro autogobierno”, se justificó a través de las redes sociales. Y la cuarta vino a través del vicepresidente, Oriol Junqueras, que declaró a la agencia norteamericana Associated Press que la actitud del Gobierno de España no les deja otra salida que la proclamación de la república catalana.

En la reunión del grupo de Junta pel Sí, según fuentes citadas por Europa Press, ni siquiera se ha llegado a considerar la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. Algunos han defendido no votar la declaración de independencia y otros han apostado por hacerlo para activar un proceso constituyente. En la reunión los diputados habrían insistido en la voluntad de diálogo con el Gobierno central, pero ya con la declaración de la independencia hecha, único modo de “hacer efectiva la voluntad de los catalanes expresada en las urnas”, concluyeron.

Una de las intervenciones más aplaudidas fue la del diputado Germà Bel, que apeló a la “ética y la responsabilidad para con los 1,7 millones de personas que votaron a JxSí”, y exigió aprobar la declaración de independencia.

En un argumentario interno citado por Naciodigital.cat, los diputados de JxSí asumen que “hay que proclamar la independencia como vía defensiva para que el Estado no nos aplaste. Hacerlo en legítima defensa”. El argumentario también advierte que para evitar el 155 y hacer efectiva la independencia la movilización en la calle seguirá siendo esencial: “Habrá que resistir y no lo podremos hacer solos. Nos hace falta la gente al lado”.

En este estado de cosas, todo apunta a que el último acto del proceso puesto en marcha por las autoridades catalanas con la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad anuladas por el Tribunal Constitucional tendrá como escenario el Parlament y contará con un respaldo masivo de ciudadanos en las inmediaciones de la Cámara autonómica.

La sesión plenaria, convocada a instancias de los dos grupos secesionistas —Junta pel Sí y CUP—, comenzará a las 17:00 horas con la intervención de los portavoces de ambas formaciones, a los que seguirá una tercera del propio Puigdemont. Después será el turno de los demás grupos parlamentarios.

Concluido el debate, se abrirá un plazo para la presentación de propuestas de resolución que no serán votadas hasta las 12:00 horas del viernes: Junta pel Sí y la CUP parecen inclinarse por incluir la declaración de independencia en ese trámite, si bien algunas fuentes sostienen que también están considerando que la proclamación sea asumida por el president, en el supuesto de que no todos los diputados de la mayoría independentista estén dispuestos a votar a favor.

En la reunión del grupo celebrada este miércoles fueron interrogados expresamente sobre este punto: ninguno manifestó su intención de oponerse a votar una declaración de independencia, si bien muchos pidieron conocer cualquier documento con antelación, no como ocurrió el 10 de octubre, cuando a muchos de ellos les pusieron delante para firmar una declaración que no habían tenido oportunidad de leer. Aquella declaración, eso sí, se realizó fuera del pleno y no tenía por tanto efectos jurídicos.

El Parlament y el Senado debatirán al mismo tiempo

Toda la sesión coincidirá en el tiempo con las reuniones que celebrará el Senado, el jueves en comisión y el viernes en sesión plenaria, para dar luz verde a la petición del Gobierno de Rajoy de intervenir la autonomía catalana y que, despejadas las dudas de los últimos días, previsiblemente contará con el respaldo de PP, PSOE y Ciudadanos. Las primeras medidas llegarán en cuanto Rajoy convoque a su Consejo de Ministros: el sábado o incluso en la tarde del mismo viernes, sobre todo si hay declaración de independencia.

En contra del trámite del Senado han actuado ERC y PDeCAT, que han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que anule la admisión a trámite de las medidas que el Gobierno quiere aplicar en Cataluña y que anule los acuerdos de la Mesa del Senado por los que se han decidido las formas y tiempos de tramitación de este asunto. Ambos grupos entienden que dada la celeridad de la tramitación y el formato elegido se están vulnerando derechos fundamentales de los senadores, que no pueden desarrollar sus funciones “en plenitud”; además, reclaman que el TC ordene la inadmisión del acuerdo del Gobierno porque las medidas no se adecúan a la propia Constitución.

Mientras los dirigentes políticos decidían los pasos a seguir en el camino hacia la independencia de Cataluña, las organizaciones sociales que han respaldado y apoyado el proceso durante los últimos años ponían en marcha la movilización ciudadana. La convocatoria es para la mañana del viernes, a la hora en la que, previsiblemente, se proclamará la república, en el Parque de la Ciutadella que rodea el Parlament. A la cita se sumarán otras organizaciones con gran capacidad de movilización, como Òmnium Cultural y la Taula per la Democracia, que agrupa a un centenar de entidades.

En sentido contrario, la organización Sociedad Civil Catalana, contraria a la independencia, tiene intención de volver a a calle en defensa de la unidad de España el próximo domingo. El lema de la convocatoria aún no ha sido fijado, a la espera de los pasos que den las instituciones catalanas.

Entre tanto, los trabajadores y la dirección de Televisión de Catalunya (TVC), Catalunya Ràdio y la Agencia Catalana de Noticias (CAN), amenazados directamente por la intervención del Gobierno de Rajoy, dieron este miércoles un paso al frente en defensa de su independencia profesional. Juntos hicieron público un manifiesto en el que se oponen a la intervención de los medios públicos catalanes y acusaron al Gobierno de querer "secuestrar" la libertad de prensa.

La Mesa del Parlament estudia qué acciones legales puede emprender contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de la Generalitat y de la propia cámara: "Debemos protegernos del ataque más grave a la institución desde el restablecimiento de la democracia".

Lo han explicado este martes fuentes presidenciales a Europa Press después de que JxSí registrara el lunes una petición para que el Parlament actúe "administrativa, civil, constitucional y penalmente" contra el 155: ahora los servicios jurídicos de la cámara estudian todas las posibilidades.

En base a las indicaciones de los servicios jurídicos se tomará una decisión sobre las acciones legales a emprender, y las citadas fuentes indican que "claro que se va a actuar".

"Vamos a proteger la institución; solo faltaría", y han precisado que esta petición de JxSí se abordó en la Junta de Portavoces el mismo lunes en cuanto se registró.

Petición de JxSí

JxSí pone el foco en los puntos D1, D2, D3 y D4 del acuerdo del Consejo de Ministros del sábado que acordó iniciar el proceso del 155 que debe confirmar el Senado este viernes.

Estos cuatro puntos implican perder varios poderes de la Cámara y prohíbe, por ejemplo, que la presidenta del Parlament pueda proponer un candidato a presidir la Generalitat, y que el pleno pueda celebrar un debate y una votación de investidura, entre otras cuestiones.

Fundamentos jurídicos

JxSí ve fundamentos jurídicos para llevar la actuación del Gobierno central con el 155 a los tribunales, ya que considera que el procedimiento utilizado no es "garantista" y puede impugnarse.

Considera "de primero de Derecho" que no se pueden suspender las funciones que el Estatut da a las instituciones catalanas con un procedimiento menos garantista que con el que se aprobó: el Estatut fue validado por el Congreso y por un referéndum, mientras que el 155 se aplicaría solo con la luz verde del Senado.