Rajoy destituye a todo el Govern y convoca elecciones para el 21 de diciembre

A las 16.00 horas de este viernes, la mayoría absoluta de los miembros del Senado autorizaba a Mariano Rajoy para pulsar el botón que activa el artículo 155 de la Constitución, el que permite la intervención de una comunidad autónoma. Dos horas después, el jefe del Ejecutivo reunía de manera extraordinaria a su Consejo de Ministros para poner en marcha las primeras medidas. Y a las 20.20 horas, compareció en Moncloa para anunciarlas.  

Una de las primeras respuestas del Ejecutivo en aplicación del 155, y en respuesta a la votación del Parlament de este mismo viernes, fue la destitución del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de todo el Govern. Junto a ellos, también todo el personal eventual que tenía designado cada uno de los consellers. Se trata de 141 cargos de confianza, precisan en el Gobierno.

Además, Rajoy decidió disolver el Parlament y convocar elecciones de forma inmediata en Cataluña. Se celebrarán el 21 de diciembre. "Cataluña necesita reconciliarse con la verdad, la ley y consigo misma", consideró el presidente. "Son las urnas de verdad, las que tienen ley, controles y garantías las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes", añadió.

El Gobierno también decidió "la extinción" de las denominadas embajadas de Cataluña en el exterior, salvo la de Bruselas; la destitución del director general de los Mossos, Pere Soler; la destitución del secretario general de Interior, Cèsar Puig; el cese de los delegados de la Generalitat en Madrid y Bruselas, y la extinción de otros organismos, como el Consell Assessor per a la Transició Nacional o el patronato de Diplocat.i

Los destituidos dejarán de cobrar y no podrán firmar resoluciones. En caso contrario, cometerían un delito de usurpación de funciones. Para que Puigdemont pueda cobrar su percepción como expresidente tendrá que demandarla previamente, explican en el Ejecutivo.

Las competencias que tenían hasta ahora los departamentos de la Generalitat las asumirán los ministerios. No hay nadie que asuma tareas de coordinación, tal y como se había especulado durante la última semana.

Este mismo sábado, la vicepresidenta del Gobierno presidirá la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

Cinco decretos

Esta primera tanda de medidas se concreta en cinco decretos. El primero, para el cese de Puigdemont. El segundo, para el cese del resto de consellers. El tercero, para fijar que son los ministerios los que asumen cada uno de los departamentos del Govern. El cuarto, para la extinción de los organismos y el cese del personal eventual. Y el quinto, para la disolución del Parlament y la convocatoria electoral.

En cuanto se publique en el BOE, las medidas entrarán en vigor. La idea de la Moncloa es que esto ocurra este sábado.

El de este viernes es el segundo Consejo de Ministros extraordinario convocado por Rajoy en menos de una semana. El pasado sábado, tras constatar que contaba con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, su gabinete se reunía para solicitar al Senado autorización para aplicar el 155. El Gobierno optó por la versión más dura de la intervención de la autonomía. Aún así, defendió que el objetivo no era suspender la autonomía, sino "restablecer la legalidad", la convivencia y evitar mayores daños económicos a Cataluña y, por extensión a España. 

"No se trata de suspender el autogobierno, de intervenirlo ni de recortarlo, sino sencillamente de devolverlo a la normalidad lo antes posible", sostuvo Rajoy este viernes en su breve comparecencia sin preguntas ante la prensa.

De forma paralela a estas medidas, el Gobierno de Rajoy autorizó la presentación de un recurso contra la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament ante el Tribunal Constitucional. Este trámite se completará el lunes, informaron fuentes de la Presidencia del Gobierno.

El Senado también ha autorizado al Gobierno a desplegar Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña para que coordinen las actuaciones de los Mossos d'Esquadra, a los que también podrán sustituir. Y medidas de mayor control en materia de Economía y Hacienda y Telecomunicaciones. No obstante, estas no forman parte del acuerdo de este Consejo de Ministros. "Esto es por ahora", advierten.

Rajoy pide "tranquilidad"

"Hoy también es un día para la tranquilidad y la esperanza de todos los españoles porque ha quedado acreditado que el Estado de Derecho en que vivimos tiene instrumentos para defender la legalidad, la Constitución y las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos", defendió el presidente.

La insistencia en que las medidas a aplicar para "devolver la legalidad" a Cataluña se iban a llevar a cabo con "proporcionalidad" y "de forma gradual" ha sido una de las notas dominantes de este proceso. En todo caso, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado aceptó una enmienda de los socialistas que deja por escrito lo siguiente: "El Gobierno, atendiendo a la evolución de los acontecimientos y de la gravedad de la situación, llevará a cabo una utilización proporcionada y responsable de las medidas aprobadas por el Senado, modulando su aplicación si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias que así lo aconsejen".

También, a propuesta del PSOE, los conservadores aceptaron suprimir del texto original el párrafo relacionado con la toma de control de los medios de comunicación públicos catalanes.

Una decisión "extremadamente difícil"

Personas cercanas a Rajoy sostienen que la intervención de la autonomía de Cataluña ha sido "la decisión más dura" de su carrera política. "Extremadamente difícil", definen. De hecho, puede ser el llamado "desafío soberanista" de Cataluña el asunto que eche por tierra la XII Legislatura cuando se cumple un año de su investidura como presidente.

Rajoy, que ha sorteado los escándalos de corrupción que afectan a su partido, se ve ahora en la dificultad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018 por la negativa del Partido Nacionalista Vasco a sentarse a hablar con la formación que ha escogido la aplicación más dura del artículo 155 de la Constitución.

En los últimos días, Rajoy dio órdenes a los suyos de endurecer su mensaje hacia Cataluña. Si en un momento determinado desde la Moncloa se optó por lanzar a Puigdemont el ultimátum de que podía esquivar el 155 convocando elecciones, esta semana se matizó esta exigencia. No basta con unos comicios, decían. Estos deben celebrarse en el marco de la legalidad constitucional y, además, el president debe dar muestras de compromiso con ese regreso a la legalidad.

Pese al evidente cambio de tono, en el Gobierno lo niegan asegurando que la única que persona que se ha movido "a volantazos" ha sido el president Puigdemont. Otras fuentes conservadoras lo justifican en un contexto electoral y ante el permanente rumor de que Puigdemont iba a convocar comicios.

División en el PP y en el Gobierno

En todo este proceso, sectores del PP y del Gobierno han intentado presionar a Rajoy para que aplicara el 155 cuanto antes. Lo justificaban sosteniendo que el "chantaje" de Puigdemont al Estado de derecho había llegado a su límite y en el hecho de que Ciudadanos, con un mensaje más duro, fuera a capitalizar el descontento en una parte de la población en forma de voto en unas futuras elecciones.

Como ya informó este diario, las fuentes consultadas ubican en estos sectores enfrentados a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de un lado, y a la titular de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de otro. La número dos de los conservadores habría capitaneado a quienes creen que era necesaria una respuesta inmediata y contundente a Puigdemont.

"Además de partido, somos Gobierno", defienden la estrategia de Rajoy.

Superadas estas tensiones, este viernes el Gobierno y el Partido Popular exhibieron un cierre de filas con su jefe. Los aplausos fueron la nota dominante de su intervención en el Senado, un gesto que afearon algunos de los portavoces del resto de grupos parlamentarios. Los aplausos se repitieron cuando el jefe del Ejecutivo ingresó de nuevo en el hemiciclo para la votación. Pero cuando se conoció el resultado reinó el silencio. A esa hora, tras seis de debate, la mayoría de Junts pel Sí y la CUP ya habían aprobado una resolución que establecía la creación de la "República Catalana como Estado independiente".