Prisión de hasta cuatro años e inhabilitación. Esa es la pena a la que se enfrenta el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en caso de que prospere la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. ¿El motivo? Desmentir un bulo aireado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, sobre los dos delitos fiscales confesados por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El caso es insólito por la persona investigada: es la primera vez que el máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a un proceso penal en España. Pero su excepcionalidad está también en los hechos que investiga el alto tribunal. La exposición razonada que le envió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se inició la investigación, acotó la causa al envío, por orden del fiscal general, de una nota de prensa que desmentía la patraña difundida por el asesor de la presidenta. El Supremo, sin embargo, ha descartado que ese comunicado tenga trascendencia penal, pero sí el hecho de que algunos medios difundieran su contenido horas antes de que se transmitiera oficialmente.

Tal y como el tribunal ha reconfigurado la causa, el órgano ha abierto la puerta a que se investiguen las comunicaciones de García Ortiz para comprobar si fue él quién filtró una información a la que tenían acceso 18 personas. Así lo ha entendido el propio González Amador, el compañero de Ayuso, que ya ha solicitado al instructor del caso, Ángel Hurtado, que acceda al correo personal de García Ortiz para investigar si fue él quien reveló, antes del envío del comunicado oficial, el correo en el que el delincuente confeso reconocía la comisión de los hechos solicitando un pacto al fiscal al Ministerio Público para evitar ir a prisión. Todo ello pese a que el primero en difundir correos intercambiados entre el novio de la presidenta y el fiscal que lo investigaba fue el principal asesor de Ayuso, como él mismo ha reconocido públicamente.

El rigor judicial contra el fiscal general en la gestión de un caso de evidente trascendencia mediática y política como el de los delitos presuntamente cometidos por la pareja de Ayuso no tiene precedentes en la historia reciente del periodismo de tribunales en España, donde este tipo de causas suelen archivarse ante la dificultad de identificar al culpable y el derecho al secreto profesional de los periodistas. "En cualquier juzgado de Instrucción normal y corriente, una causa como esta acabaría en archivo", asegura un veterano magistrado madrileño.

12 de octubre de 2019. El diario El Mundo titula a toda página Sentencia del procés: El Supremo acuerda condenar de forma unánime por sedición a los líderes del 1-O. La información daba los nombres concretos de los dirigentes independentistas condenados por ese delito e incluso parte del razonamiento de los magistrados. La noticia, que citaba "fuentes de toda solvencia", se publicó dos días antes de que el alto tribunal notificara la sentencia y la enviara a todos los medios, lo que ocurrió el 14 de octubre. Alguien había filtrado la resolución más trascendente dictada en España en los últimos años antes de que se diera a conocer. A ese documento tenían acceso el ponente y presidente de la Sala, Manuel Marchena -el mismo que preside ahora el tribunal que investiga a García Ortiz- y otros seis magistrados y, probablemente, otros funcionarios del órgano que hubieran participado en su tramitación. Ante la gravedad de lo ocurrido, el Consejo General del Poder Judicial aseguró que abriría una investigación.

Cuatro días después de que se publicara la filtración, el 16 de octubre, Marchena compareció ante el pleno del órgano de gobierno de los jueces como candidato para renovar la presidencia de la Sala Segunda por un segundo mandato. En el turno de preguntas, el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, le preguntó expresamente por la revelación antes de tiempo de la resolución que Marchena se había encargado de redactar. En su respuesta, el presidente de la Sala Segunda manifestó que lamentaba "de todo corazón", lo ocurrido. "La palabra filtración", la que había utlizado Lesmes, era, según el candidato "equívoca". "La sentencia nunca ha sido filtrada como tal a un medio de comunicación", continuó Marchena. "El único consuelo es que la sentencia no ha salido de aquí y estaba siendo trabajada por muchas personas", añadió. También se refirió a "las informaciones más correctas y más exactas", que se publicaron sobre el fallo y las atribuyó a "comunicaciones informales" que habrían permitido a los periodistas inferir su contenido.

El pseudosindicato ultra Manos Limpias -también personado ahora en la causa contra García Ortiz- presentó una denuncia en el Consejo para buscar al culpable. Pero las pesquisas que anunció Lesmes no merecieron ninguna sanción disciplinaria por parte del gobierno de los jueces. La filtración del contenido de la sentencia tampoco fue investigada penalmente por el alto tribunal, el único que habría podido hacerlo al estar aforados a él sus magistrados. Dos semanas después, el 30 de octubre, el CGPJ volvió a elegir a Marchena como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo con 19 votos a favor y dos en blanco.

Dos años largos antes, en mayo de 2017, se produjo otra filtración en una causa de gran trascendencia política, el caso Lezo. Con el secreto de sumario declarado varios medios publicaron un informe de la Fiscalía Anticorrupción que sugería que el entonces número dos de Interior, el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto (PP), podría haber sido el autor del chivatazo que alertó al expresidente de la Comunidad de Madrid, el también popular Ignacio González -entonces en prisión preventiva por esa investigación- de que estaba siendo investigado. La noticia provocó la indignación de Nieto que exigió públicamente una rectificación al Ministerio Público. El documento secreto había sido validado tanto por el entonces jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, como por el fiscal general del Estado, que por entonces era el ya fallecido José Manuel Maza.

Pese a que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional había decretado el secreto de las actuaciones, tanto Maza como Moix se apresuraron a desmentir públicamente que Nieto estuviera implicado en el caso revelando de esa manera nuevos datos de la investigación. El Ministerio Público llegó a emitir un comunicado negando que el ex número dos del ministro José Ignacio Zoido estuviera siendo investigado y Maza incluso pidió perdón al secretario de Estado en una entrevista radiofónica. A la indignación de los dos fiscales del caso por la filtración del documento, se sumaron las quejas por las revelaciones de sus superiores al considerar que no solo afectaban a información reservada, sino que desautorizaban sus pesquisas.

Durante una comparecencia en las Cortes, el fiscal general negó que hubiera sido el autor de la filtración del documento, pero ni el Tribunal Supremo ni ningún otro órgano judicial investigaron cómo había llegado a los medios de comunicación. Tampoco se indagó sobre el desmentido oficial y las declaraciones de Maza y Moix. El único reproche que merecieron ambos fue político: la reprobación del Congreso de los Diputados. Pocos días después, Moix tuvo que dimitir de su cargo después de que infoLibre revelara que compartía con sus tres hermanos una sociedad radicada en Panamá con la que camuflaba en chalé de lujo en la sierra madrileña.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, que tomará posesión de su cargo la próxima semana tras haber recibido los preceptivos avales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Congreso de los Diputados.

Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha formalizado el nombramiento de Sánchez Melgar tras recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

La Comisión de Justicia examinó este martes los méritos y la idoneidad de Sánchez Melgar para hacerse cargo del Ministerio Público, en sustitución de José Manuel Maza, fallecido el pasado 18 de noviembre en Buenos Aires (Argentina), cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Sánchez Melgar superó con éxito un trámite similar el pasado jueves, cuando el Pleno del CGPJ aprobó por amplia mayoría el informe deidoneidad que exige la ley para formalizar el nombramiento del fiscal general del Estado. Sólo la vocal Concepción Sáez, designada a propuesta de IU, se opuso a su candidatura igual que hizo en su momento con la de José Manuel Maza.

Cumplido este trámite, el nuevo fiscal prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo, lo cual tendrá lugar previsiblemente la próxima semana.

La Ley exige "respeto y consideraciones"

El Estatuto del Ministerio Fiscal añade que el cargo de fiscal general tiene carácter de autoridad en todo el territorio español y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo. En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo.

La duración de su mandato es de cuatro años, ya que cesa cuando cesa el Gobierno, si bien Sánchez Melgar podría volver a ser propuesto para ese cargo teniendo en cuenta que tan sólo ha transcurrido un año desde la designación de Maza.

Sánchez Melgar es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y uno de los impulsores de la doctrina Parot. Al igual que Maza, fue uno de los magistrados del alto tribunal que votó en contra de la denominada doctrina Botín que permitió librar del banquillo al banquero Emilio Botín en 2007.

Nacido en Palencia en 1955, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, con premio extraordinario. Magistrado en el Tribunal Supremo desde el año 2000, Sánchez Melgar es uno de los jueces con mayor experiencia en la Sala Segunda y goza de gran prestigio en el alto tribunal.

Momento convulso

El próximo fiscal general, cuyo antecesor no llegó a ejercer su cargo ni siquiera un año completo, llega al palacio de la calle Fortuny de Madrid en un momento especialmente convulso debido principalmente a las causas judiciales abiertas por la deriva independentista catalana además de las diversas investigaciones relacionadas con tramas de corrupción.

Julián Sánchez Melgar ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987. Estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió después en Juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila hasta su nombramiento para el alto tribunal por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 1999.

El magistrado que sustituye al recientemente fallecido José Manuel Maza también ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y magistrado de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También ha colaborado como docente con distintas universidades.

Las asociaciones de fiscales han pedido al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, propuesto por el Ejecutivo como nuevo fiscal general del Estado, que establezca como una prioridad la defensa de la independencia y autonomía del Ministerio Público.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Fernández, ha explicado que uno de los objetivos fundamentales que existe ahora en la carrera fiscal es lograr "autonomía" respecto del poder Ejecutivo y del Ministerio de Justicia y ha pedido que se abogue por la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

"Lo que va a determinar en definitiva el éxito de Sánchez Melgar o no como fiscal general del Estado es qué postulados tenga y si realmente se pone al frente", ha detallado Fernández, quien considera que la elección de este magistrado de Tribunal Supremo como sucesor de José Manuel Maza, tras su repentino fallecimiento en Buenos Aires, supone optar por la "continuidad", al ser ambos de corte conservadora.

Por ello considera que el Ministerio Fiscal mantendrá la misma línea de actuación en lo que respecta a las causas judiciales sobre la deriva independentista de Cataluña, en sintonía con la postura mantenida por la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que además ha precisado que "lo primero que tiene que hacer el jurista es conocer las inquietudes y necesidades de la carrera".

"Son muchas las cuestiones que hay que abordar desde el punto de vista de los medios personales", ha explicado Dexeus en declaraciones a Europa Press, que ha pedido que estudie en profundidad proyectos de gran calado como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, ha reivindicado que la gestión de formación de fiscales dependa "exclusivamente" de este órgano y que puede resolver el propio sector los concursos de traslados de fiscales.

El portavoz de la Asociación Profesional de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, ha dicho por su parte que les parece un candidato "perfectamente idóneo", si bien ha lamentado que el Gobierno haya perdido la oportunidad de consensuar la propuesta del magistrado del Tribunal Supremo.

No obstante, ha precisado que no existe objeción alguna hacia Sánchez Melgar y que lo que le gustaría es que fuera un candidato "completamente independiente" que defendiera la autonomía del Ministerio Fiscal "frente a todo, incluido el Gobierno". "Tendremos que profundizar acerca de dotarnos de una estructura para que la ciudadanía tenga garantías de que el Ministerio Fiscal puede llevar la instrucción de las causas con total independencia", ha sentenciado.

No da "credibilidad" al Ministerio Público

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) considera que proponer al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado es una "oportunidad perdida", al no ser un miembro de la carrera fiscal. A su juicio, la elección anunciada este viernes por el Gobierno no beneficia ni a la "credibilidad" y ni al "respeto" al Ministerio Público.

Así lo ha dicho su portavoz en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que una "persona de consenso" entre la mayoría de fuerzas parlamentarias, fiscal y, preferiblemente mujer, hubiese sido la mejor opción para poner al mando de la Fiscalía General del Estado.

"Dentro de la carrera fiscal hay personas de gran valía y que hubiese suscitado el consenso", ha dicho y ha añadido que en "los últimos días" el Gobierno había anunciado la búsqueda de este acuerdo para proponer al que será el sustituto del fallecido José Manuel Maza.

Destacan su experiencia

El resto de asociaciones judiciales sí que han valorado como una "buena noticia" el hecho de que Sánchez Melgar  haya sido propuesto por el Gobierno para estar al frente del Ministerio Público, debido a su experiencia a lo largo de toda su carrera, en la que ingresó en 1983.

Para el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, el elegido está "plenamente capacitado para ejercer las labores" de máximo representante de los fiscales. No obstante, ha recalcado que es una "decisión política" en la que no se puede entrar porque "constitucionalmente lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo".

Por su parte, la presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, ha avalado su experiencia en la jurisdicción penal "especialmente en este momento", en referencia al proceso soberanista de Cataluña, cuya investigación se encuentra en el Tribunal Supremo. Aún así, ha afirmado que su asociación apoyará a Sánchez Melgar siempre que cumpla su mandato "con fidelidad a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico".

Por último, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, ha destacado su "trayectoria magnífica" como jurista con "principios muy sólidos" y ha subrayado la "calidad y profundidad de sus sentencias, el detenimiento con el que aborda los temas y la claridad de exposición". Estas características "constituyen un ejemplo a seguir por los fiscales", ha concluido.

Julián Sánchez Melgar ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987. Estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió después en Juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila hasta su nombramiento para el alto tribunal por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 1999.

Es uno de los jueces con mayor experiencia en la Sala Segunda del alto tribunal y goza de gran prestigio en el mismo. Se le reconoce por ser uno de los uno de los impulsores de la doctrina Parot doctrina Parot y uno de los magistrados del Tribunal Supremo que votó en contra de la denominada doctrina Botín que permitió librar del banquillo al banquero Emilio Botín en 2007.

El Gobierno no consultó previamente con el PSOE su decisión de nombrar nuevo fiscal general del Estado magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, ha revelado este viernes la número dos del partido, Adriana Lastra.

En declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press, Lastra ha dejado claro que este nombramiento que aprobará el Consejo de Ministros "no se ha pactado" entre el Gobierno y el PSOE, partido al que ni siquiera el Ejecutivo ha "consultado" previamente antes de proceder a anunciar al elegido.

Lastra ha confirmado que el partido se ha enterado por los medios de comunicación de la decisión del Gobierno, pero no ha reprochado al Ejecutivo esta ausencia de comunicación.

En los últimos días, dirigentes del PSOE se mostraron abiertos a que el Gobierno les consultara el nombre del nuevo fiscal, pero en ningún caso exigieron al Ejecutivo que consensuara con los partidos el sustituto de José Manuel Maza, fallecido de manera repentina tras una infección renal.

La vicesecretaria general del partido ha calificado de nombramiento "político" la elección de Sánchez Melgar, pues lo elige el Gobierno, y ha subrayado que, al igual que Maza, se trata de un profesional "conservador".

Sánchez Melgar es magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal y uno de los impulsores de la doctrina Parotdoctrina Parot. Al igual que Maza, fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo que votó en contra de la denominada doctrina Botín que permitió librar del banquillo al banquero Emilio Botín en 2007.

Nacido en Palencia en 1955, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña, con premio extraordinario. Magistrado en el Tribunal Supremo desde el año 2000, Sánchez Melgar es uno de los jueces con mayor experiencia en la Sala Segunda y goza de gran prestigio en el alto tribunal.

El Gobierno, que elige a este magistrado seis días después del fallecimiento de José Manuel Maza en Buenos Aires, propondrá su nombramiento en el Consejo de Ministros de acuerdo con lo estipulado en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El magistrado del Tribunal Supremo es propuesto nuevo fiscal general del Estado en un momento especialmente convulso debido principalmente a las causas judiciales abiertas por la deriva independentista catalana además de las diversas investigaciones relacionadas con tramas de corrupción.

A diferencia de su antecesor en el cargo, el jurista se encontrará una Fiscalía Anticorrupción más pacificada tras el nombramiento como jefe de la misma de Alejandro Luzón que vino a sustituir a Manuel Moix el pasado 1 de junio. Moix abandonó la jefatura de esta Fiscalía tras 87 días en el cargo por el escándalo de su empresa offshore en Panamá.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Rafael Catalá, reconoció este viernes que el Gobierno no consultó con otros partidos la propuesta. "Ni es necesario ni está en el procedimiento" de nombramiento del fiscal general del Estado consultar a otras formaciones políticas, sostuvo.

El ministro remarcó que el Ejecutivo es "consciente" de los asuntos que tiene entre manos el Ministerio Público en estos momentos, por lo que procedió a estudiar a los candidatos y a tomar una decisión en pocos días, de modo que señaló que no ha habido tiempo para hacer más consultas. "Tampoco se hace nunca. Es responsabilidad del Gobierno", insistió.

Nombrado por el CGPJ en 1999

Julián Sánchez Melgar ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987. Estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió después en Juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila hasta su nombramiento para el alto tribunal por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 1999.

El magistrado que sustituye al recientemente fallecido José Manuel Maza también ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y magistrado de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También ha colaborado como docente con distintas universidades.

Autor de numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas y obras conjuntas, entre ellas varios libros dedicados al estudio del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal e Inviolabilidad e Inmunidad Parlamentaria. Desde 1992 está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Doctrinas 'Parot' y 'Botín'

En 2006, Sánchez Melgar fue uno de los impulsores de la que se denominó doctrina Parotdoctrina Parot, que toma el nombre del terrorista francés Henri Parot y cuyo objetivo era evitar que los condenados conforme al Código Penal de 1973 pudieran obtener redenciones de pena y salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años gracias a determinados beneficios carcelarios.

Siete años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) tumbó la doctrina Parot al considerar que vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto supuso la excarcelación de decenas de presos con condenas muy elevadas, la mayoría terroristas de ETA, violadores y asesinos.

A diferencia de la anterior, Sánchez Melgar votó en contra de la doctrina Botíndoctrina Botín, la cual hace referencia a una sentencia del Supremo por la que el ya fallecido presidente del Banco Santander evitó ser juzgado. Según estableció el fallo del alto tribunal, nadie puede sentarse en el banquillo si sólo actúa la acusación popular, pero ni el perjudicado directo del presunto delito, ni la Fiscalía ejercen la acusación.

La doctrina Botín ha sido invocada en varios casos muy conocidos; por ejemplo, la defensa de la Infanta Cristina pidió la aplicación tras su imputación en el casol Nóos, después de que ni el fiscal ni la Abogacía del Estado no presentaran acusación contra ella.

Trámites del CGPJ y del Congreso

El aval del Poder Judicial, que no tiene carácter vinculante, consiste en un mero control de que el nuevo fiscal general es elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una vez recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Justicia deberá comparecer el candidato "a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad" del mismo. Sin embargo, este informe tampoco es vinculante ni la candidatura es sometida a votación.

Después de estos trámites el expediente vuelve al Consejo de Ministros y el nuevo fiscal general, una vez nombrado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

El Estatuto añade que el cargo de fiscal general tiene carácter de autoridad "en todo el territorio español" y "se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo". En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo.

La duración del mandato del Fiscal General del Estado es de cuatro años, ya que cesa cuando cesa el Gobierno, si bien el que sustituya a Maza, al haber transcurrido ya prácticamente un año de la designación de éste, sí podría volver a ser propuesto.

El ministerio del Interior ha reducido a la mitad el despliegue policial en Cataluña a raíz del 1-O, quedando unos 3.000 agentes en la región, según El País. Este viernes, el medio alemán Deutschelandfunk publica una entrevista con el president cesado Carles Puigdemont en la que este asegura que "por supuesto" todavía se considera presidente.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la situación en Cataluña:

21.40. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido este viernes que la aplicación del artículo 155 de la Constitución "ha sido una muestra de respeto a todos los catalanes" ya que se les permite elegir inmediatamente a un nuevo gobierno: "En un mes, los catalanes tendrán la posibilidad de votar en unas elecciones legales, con garantías, y para poder devolver la normalidad política e institucional".

20.36. El histórico dirigente de IU y fundador del Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM), Julio Anguita, ha propuesto implicar a la sociedad española en su conjunto en un "proceso constituyente" que lleve a que España se convierta en una "república federal, plurinacional y solidaria".

20.07. El pleno del Ayuntamiento de Lleida ha rechazado una moción que pedía la libertad de los "presos políticos catalanes" presentada por PDeCAT, ERC, Crida-CUP y Comú de Lleida, con los votos en contra de PP, Cs y el equipo de gobierno del PSC.

18.25. Un juez acumula más de 230 denuncias presentadas por supuestos afectados de la operación policial desplegada por la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante el operativo contra referéndum de independencia del 1 de octubre en varios colegios de la ciudad de Barcelona. En un auto recogido por Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona contabiliza que hasta la fecha "existen más de 230 denuncias presentadas y unos 50 partes de lesiones no denunciados de momento".

17.50. La defensa del exvicepresidente de la Generalitat Junqueras y de los exconsellers Carles Mundó (Justicia), Raül Romeva (Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo) reclamará al Tribunal Supremo la libertad los detenidos, una vez que el magistrado Pablo Llarena haya decidido acumular en este tribunal las causas contra el Govern cesado y contra los líderes de ANC y Òmnium, que hasta ahora investigaba la Audiencia Nacional. Por su parte, las defensas de los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio) y del exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, prevén esperar a ver si el magistrado cita de oficio a declarar a los detenidos antes de valorar si solicitan que los llame para comparecer.

15.00. El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que el expresident Carles Puigdemont con quien tiene que debatir es con el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, no con el presidente del Gobierno. Es más, ha dicho que en ese debate debería explicar los pasos que ha dado para llevar a Cataluña a una "pérdida de prestigio y reputación". Así se ha pronunciado al ser preguntado por la propuesta de Puigdemont reclamando un debate o encuentro con Rajoy desde Bruselas sobre el futuro político de Cataluña. Según añadió en esa entrevista a la radio alemana Deustchlandfunk, esa conversación debe producirse porque "todo el mundo ha visto que lo que está ocurriendo en Cataluña no tiene nada que ver con lo que ocurre en Castilla-La Mancha o La Rioja".

13.55. El presidente de Foment del Treball —la patronal catalana—, Joaquim Gay de Montellà, ha considerado necesario que se celebre un referéndum en Cataluña "para completar la normalidad" política. En una entrevista de TV3 este viernes recogida por Europa Press, ha apostado porque esta hipotética consulta sea consecuencia "de la voluntad de diálogo, negociación y pacto". Ha pedido que se equipare el marco fiscal de Cataluña con el de otras comunidades autónomas para facilitar el regreso de las empresas que han cambiado su sede social a raíz del proceso independentista.

13.30. El president de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha negado que se le garantizara que si convocaba elecciones autonómicas se paralizaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución: "Rotundamente falso". En un mensaje de Twitter, Puigdemont ha respondido a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), que este mismo viernes ha asegurado que sí se le dieron estas garantías y que ella misma intercedió entre el Govern y el Gobierno central.

13.20. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acumulará en un único procedimiento todas las causas que se instruyen sobre el denominado procés contra los responsables del referéndum ilegal y la declaración unilateral de la independencia de Cataluña, a excepción de la abierta por el delito de sedición al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, que seguirá en la Audiencia Nacional, informan fuentes fiscales.

13.00. El PP se presentará a las elecciones catalanas del 21 de diciembre con el lema "España es la solución", un eslogan que ha desvelado este viernes en un acto en Barcelona. Ha destacado la presencia del líder del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol; el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, y el portavoz de los populares en el Senado, José Manuel Barreiro.

12.50. El vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha calificado este viernes como "nacional-populismo" el movimiento independentista en Cataluña. "El nacional populismo tiene distintos nombres en los estados miembro, se llama Marine Le Pen en Francia, Brexit en Gran Bretaña, nazismo en Alemania y en España se llama independentismo en Cataluña", ha declarado durante una rueda de prensa en Palma, en la que ha advertido de que el independentismo catalán "es el movimiento más importante contra la UE después del Brexit"

12.30. En una entrevista en la radio alemana Deutschlandfunk, el president cesado Carles Puigdemont ha admitido que iría a prisión no tuviera "otra alternativa" en caso de una hipotética condena, porque no quiere "ser un fugado", aunque se ha preguntado qué ocurriría si tiene que ir a prisión después de ganar las elecciones del 21 de diciembre y ser investido president de la Generalitat. "En ningún momento he estado oculto, fugado, escapando de la justicia; he dado la cara, la voy a dar y voy a asumir mis responsabilidades. Mi intención no es escaparme", ha manifestado. 

12.00. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha propuesto este viernes que, tras las elecciones catalanas, se forme un Govern para "la reconciliación" en Cataluña que devuelva la estabilidad política. "Estoy dispuesto a ceder. Porque ceder para acordar no es perder, es ganar", ha dicho ante el Consejo de la Internacional Socialista, reunido en Barcelona y al que ha acudido también el líder del PSOE, Pedro Sánchez.  "Ofrezco a los catalanes un país en el que no habrá ni vencedores ni vencidos. Un país en el que todos ganaremos algo porque todos cederemos en algo, en vez de que una mayoría escasa lo gane todo y una amplísima minoría lo pierda todo", ha afirmado ante unos 150 delegados socialistas de todo el mundo.

11.25. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afeado este viernes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, su negativa a llegar a un acuerdo que haga a Inés Arrimadas presidenta de la Generalitat de Cataluña si la formación naranja fuera la lista más votada entre los partidos constitucionalistas tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre, y se ha quejado de que no es "justo". "No me parece justo que puedas incorporar gente de Unió en tus listas y no llegar a un acuerdo con Ciudadanos", ha reprochado a Sánchez en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

11.00. La Junta Electoral Central (JEC) ha aplazado del domingo 17 al lunes 18 de diciembre el plazo para depositar el voto por correo de las elecciones catalanas del 21 de diciembre en las oficinas postales. Según ha informado la Conselleria de Vicepresidencia de la Generalitat en un comunicado, los ciudadanos que hayan solicitado el sufragio por correo podrán emitir su voto hasta las 14.00 horas del día 18, pero recuerda que en poblaciones pequeñas las oficinas de Correos pueden cerrar antes de esa hora, por lo que recomienda consultar los horarios de cada oficina. El voto por correo puede solicitarse hasta el lunes 11 de diciembre.

10.45. El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que "sin duda" accedería a debatir con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde Bruselas sobre el futuro político de Cataluña. "Creo que tiene que haber esta conversación. Necesitamos reuniones, diálogo, porque todo el mundo ha visto que lo que está ocurriendo en Cataluña no tiene nada que ver con lo que ocurre en Castilla-La Mancha o La Rioja", ha valorado en una entrevista de la radio alemana Deutschlandfunk, recogida por Europa Press.

10.25. La alcaldesa de Hospitalet de Llobregat y miembro de la ejecutiva del PSOE, Núria Marín, ha asegurado este viernes que al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont se le garantizó que, si convocaba elecciones autonómicas, no se aplicaría el artículo 155 de la Constitución. "No se habría aprobado por parte del Senado. Estaba pactado. Era un compromiso que se hizo llegar al presidente de Cataluña", ha afirmado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press en la que ha relatado que ella intentó mediar entre Puigdemont y el Gobierno central junto con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el lehendakari, Íñigo Urkullu.

10.15. La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un joven de unos 20 años por comentarios en su cuenta de Twitter en los que celebraba la muerte del fiscal general del Estado José Manuel Maza y amenazaba con apuñalar al delegado del Gobierno, Enric Millo. Según ha informado la Policía en un comunicado este viernes, la detención de este tuitero como presunto autor de un delito de amenazas, incitación al odio e injurias se produjo el martes cerca de su domicilio.

10.00. Interior ha reducido a la mitad el número de agentes de policía y Guardia Civil desplegados de forma excepcional en Cataluña en el marco de la llamada Operación Copérnico, a raíz del referéndum del 1-O. Según publica El País, alrededor de 3.000 agentes (la mitad de los casi 6.000 desplegados) ya han regresado a sus lugares de origen, aunque Interior planea mantener hasta finales de año (después de las elecciones), a esos 3.000 agentes extra desplegados. 

9.30. El president cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha concedido una entrevista en el medio alemán Deutschelandfunk, en la que asegura: "Por supuesto, todavía me considero presidente". Puigdemont niega ser un fugitivo: "He mantenido la cabeza y asumo la responsabilidad" y, preguntado por los periodistas, ha cargado contra la canciller alemana Angela Merkel por "aprobar todo lo que Rajoy ha hecho para derrotar al movimiento independentista".

La Fiscalía de Criminalidad Informática ha solicitado que se abran diligencias informativas para investigar si los comentarios ofensivos que aparecieron en las redes sociales tras la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el pasado sábado en Buenos Aires, son constitutivos de delito, informa Europa Press.

De este modo pide a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado un informe sobre los tuits que han aparecido en las redes sociales desde el pasado fin de semana para identificar a sus autores y averiguar si se han cometido delitos de infamia, de injurias y calumnias.

Una vez analizados, la Fiscalía decidirá si existe la posibilidad de iniciar acciones legales de oficio en relación a los mismos. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, adelantó este lunes que se investigarían los mensajes ofensivos contra Maza, fallecido el sábado por una infección renal que se complicó convirtiéndose en una sepsis.

La organización juvenil independentista Arran publicó en su perfil de Twitter una fotografía invertida del fiscal con el mensaje: "Hasta nunca, Maza". Mientras que el dirigente de Podem Catalunya Cristian Fernández publicó una fotografía en la que aparecen dos copas de cava brindando mientras se hacía eco de su fallecimiento. Por estos hechos la formación le abrió un expediente disciplinario de expulsión.

El PSOE y Unidos Podemos han aplaudido este martes que el Gobierno tenga voluntad de buscar un relevo de consenso al fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, si bien Ciudadanos se ha mostrado escéptico sobre sus intenciones.

En los pasillos del Congreso, la presidenta de la Comisión de Justicia, la socialista Isabel Rodríguez, ha comentado que "siempre es bueno" que el Ejecutivo contemple esa posibilidad, aunque ha recalcado que lo que ha de hacerse es "cumplir" con el Estatuto del Ministerio Fiscal para que España tenga un fiscal general "independiente".

De su lado, el juez en excedencia y diputado de Unidos Podemos, Juan Pedro Yllanes, ha apuntado que es "una buena noticia" que el Gobierno esté dispuesto a dialogar y consensuar el nombre del sustituto de Maza con el fin de que no sea designarle unilateralmente, y se ha mostrado confiado en que Podemos también sea consultado en este punto.

Una de las reformas de la Constitución pendientes

"Todo lo que sea dialogar y consensuar es absolutamente acertado", ha indicado Yllanes, antes de subrayar que la elección del fiscal general del Estado es una de las reformas de la Constitución pendiente.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Calidad Democrática del Congreso y diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha mostrado sus dudas sobre que el Gobierno vaya a tener en cuenta la opinión de Ciudadanos para elegir el relevo de Maza porque, según ha criticado, están "acostumbrados" a que el PP "no consensúe nada en lo que tiene que ver con la despolitización de la Justicia y la lucha contra la corrupción".

En todo caso, ha manifestado que "ojalá" que el Gobierno de Mariano Rajoy se aviniera a lo que el partido naranja le viene exigiendo, esto es, que "el fiscal general no sea el fiscal general del PP ni del Gobierno, sino que se elija por una mayoría reforzada en el Congreso".

A su salida de la capilla ardiente situada en la sede de la Fiscalía General en Madrid, Rajoy ha asegurado que estamos ante "una gran pérdida" y ha comentado que la muerte repentina de Maza en Buenos Aires ha supuesto un "gran disgusto".

"Llevaba un año en su responsabilidad, he tenido oportunidad de tratarlo en numerosas ocasiones a lo largo de este año", ha señalado Rajoy tras compartir cerca de 20 minutos con la familia del fallecido, del que ha resaltado que era un "excelente jurista".

El presidente del Gobierno ha destacado la entereza del padre de Maza, que con 96 años está llevando esta situación con "una entereza que para sí quisiera todo el mundo". Rajoy se ha despedido remarcando el pesar y los mejores deseos para los familiares de Maza.

A primera hora de la mañana el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y los presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Juan José González Rivas y Carlos Lesmes, respectivamente, han esperado la llegada del féretro del fiscal general del Estado.

Felipe VI en la capilla ardiente

El rey Felipe VI ha llegado este martes a las 10.36 horas a la capilla ardiente instalada de José Manuel Maza, fiscal general del Estado recientemente fallecido de manera repentina.

El monarca ha llegado minutos después de la salida del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, entre las primeras personalidades que han presentado su pésame a la familia en la capilla ardiente instalada en la sede de la Fiscalía General del Estado.

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, no ve "previsible" que haya ningún "cambio sustancial" en las posiciones de la Fiscalía en las causas relacionadas con el conflicto catalán tras la muerte del que fuera el fiscal general del Estado José Manuel Maza porque "eran decisiones consensuadas".

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, preguntado por el relevo de Maza al frente de la Fiscalía General del Estado, se ha limitado a apuntar que este procedimiento puede alargarse entre dos y tres semanas, teniendo en cuenta los trámites que tiene que superar. No obstante, ha defendido que, aunque el fiscal general del Estado sea el "cabeza visible", siempre "actúa de forma muy colegiada".

"Por la información de la que yo dispongo, los fiscales de sala que intervenían en este asunto coincidían entre sí en la posición a mantener", ha explicado el presidente del Tribunal Supremo. "No es previsible que haya un cambio sustancial", ha recalcado.

"Era una persona extraordinaria"

Asimismo, ha reiterado la "pérdida" que supone la muerte de Maza para "todos" los miembros del TS y ha enfatizado "su afabilidad, su educación y sus conocimientos jurídicos". "Era una persona extraordinaria", ha destacado.

También ha hecho alusión a la larga amistad que mantenían "desde hace más de 20 años" y que, según ha afirmado, se estrechó tras ser nombrado fiscal general. "Era una persona muy templada, tranquila, serena", ha apuntado y ha recordado: "En las muchas conversaciones que yo he tenido con él, nunca perdió estas cualidades personales, que son muy necesarias para el ejercicio de una responsabilidad como la suya".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que las Fuerzas de Seguridad del Estado y Fiscalía van a investigar delitos de infamia, de injurias y calumnias en redes sociales a raíz del fallecimiento este sábado en Buenos Aires (Argentina) del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y ha advertido de que si los mensajes se consideran "constitutivos de delito, por supuesto se presentará una querella al efecto".

Catalá se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en Alicante tras presentar el estudio Atlas Concursal: radiografía de la insolvencia en España' del Consejo General de Economistas. Ha indicado a los medios que en la última reforma del Código Penal se introdujo "una mejora del tipo de los delitos de odio y del uso de redes sociales o de los sistemas telemáticos para la comisión de delitos de infamia, calumnia e injurias".

Asimismo, preguntado sobre el nombramiento de un nuevo fiscal general, el ministro ha explicado que el procedimiento "según establece la normativa" requiere de una propuesta del Consejo de Ministros, una informe del Consejo General del Poder Judicial y un informe de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

De modo que, según ha avanzado, la tramitación tiene "unos tiempos" y lo que están haciendo estos días es poner "en marcha el procedimiento" pero sin un "calendario exacto", ha matizado.

Cuestionado por la urgencia de nombrar un nuevo fiscal general debido a la situación de Cataluña, el ministro ha destacado que la Fiscalía "es una institución compuesta por 2.400 fiscales que actúan cada día con absoluta cualificación y profesionalidad" pero que la vacante de fiscal general "no es deseable".

No obstante, Catalá se ha mostrado "seguro" de que la Fiscalía "como institución con todos los profesionales a su servicio y sus reglas de funcionamiento atenderá todas las actuaciones que tengan que llevarse a cabo durante los próximos días, desde lo más cotidiano en todos los partidos judiciales y en todos los juzgados de España hasta lo más estratégico, lo más importante de este tipo de procedimientos ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo".

En ese sentido, ha concluido que mientras duren los trámites del nuevo nombramiento, la Fiscalía "como siempre va a cumplir su misión constitucional y va a atender todas las cuestiones que tenga pendientes".

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha fallecido este sábado, como informa Europa Press. 

Maza se encontraba ingresado en una clínica de Buenos Aires en la que estaba siendo atendido "de un proceso de infección", según informaron a la agencia fuentes de la Fiscalía General del Estado.

Según estas fuentes, Maza se sintió indispuesto mientras participaba el viernes en la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos, que se ha celebrado en la capital argentina. Los médicos aconsejaron entonces su ingreso hospitalario.

Maza, reprobado por el Congreso por sus actuaciones en relación con las investigaciones que afectan al PP y bien conocido por sus buenas relaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy, ha protagonizado en las últimas semanas la ofensiva judicial contra el independentismo catalán, tanto en las alcaldías como en el Govern y en el Parlament.

Juez de carrera, procedente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tomó posesión al frente de Ministerio Público hace menos de un año, el 29 de noviembre de 2016.

Maza fue nombrado por el Gobierno el pasado 25 de noviembre tras ser avalada su idoneidad por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –donde obtuvo el voto de todos los vocales menos una, la designada a propuesta de IU–, y también de la Comisión de Justicia del Congreso pese a las dudas iniciales manifestadas por el Grupo Parlamentario Socialista y Unidos Podemos, que durante su comparecencia parlamentaria le pidieron que defendiera su autonomía frente a presiones externas.

Nacido en Madrid en 1951, ingresó en la Carrera Judicial en 1975 y en la Fiscal en 1978, donde fue el primero de su promoción, si bien comenzó ejerciendo como abogado y como letrado de la Red Nacional de Ferrocarriles.

De sensibilidad conservadora, durante su etapa como juez Maza se opuso en su día a la denominada doctrina Botín, propuso el archivo de la querella contra Pablo Iglesias por presunta financiación de Venezuela e Irak y expresó sus dudas sobre la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Durante su comparecencia para pedir la confianza de las Cortes, Maza expresó la necesidad de que el Ministerio Fiscal preste especial atención a la lucha contra la corrupción, aunque ha recordado que hasta el más perverso de los delincuentes merece el respeto de sus garantías, por lo que la Fiscalía debe ser sensible a los derechos de los ciudadanos sometidos a una investigación penal.

Dicha confianza se vio empañada sin embargo unos meses más tarde, el pasado mes de mayo, cuando el Pleno del Congreso apoyó por amplia mayoría la moción del PSOE por la que se reprobaba al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y exigió tanto su destitución como la del exfiscal Anticorrupción, Manuel Moix.

Este último, elección y apuesta personal de Maza para el puesto. Fue muy cuestionado durante todo su breve mandato. Dimitió el 1 de junio tras conocerse que poseía parte de una sociedad offshore en Panamá, tal y como desveló infoLibre, bajo la que se camufla la propiedad de un chalé en Collado-Villalba.

El Congreso reprochó entonces a Catalá su responsabilidad "directa" en los nombramientos de los fiscales e instó al Gobierno a remover de su puesto al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones".  Sin embargo, siguió trabajando al frente de la Fiscalía General del Estado, pidiendo condenas en juicios contra tramas como la Gürtel, presentando sendas querellas por rebelión contra el Govern, ya destituido, de Cataluña y la Mesa del Parlament e instando su ingreso en prisión.

Reacciones políticas

Las reacciones a la repentina muerte del fiscal no se han hecho esperar, y las redes sociales se han llenado de mensajes de pésame a la familia y en recuerdo de Maza.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha agradecido “una vida de trabajo al servicio del Estado”.

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha expresado su “cariño y solidaridad para su familia, compañeros y amigos”. Por su parte, el titular de Justicia, Rafael Catalá, le ha recordado como “un extraordinario jurista y servidor público” y ha asegurado que “la justicia y el derecho pierden a unos de sus más destacados profesionales”.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, le ha dedicado un mensaje en el que ha definido a Maza como “un gran jurista y sobre todo un entregado servidor público”.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, también ha expresado sus condolencias a la familia del fiscal.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó en la noche de este jueves que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de esa cámara Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet estén en libertad, con distintas medidas cautelares, mientras se investigan los delitos de rebelión, sedición y malversación que la Fiscalía les imputó en su querella y que el magistrado asume en esta fase inicial del proceso. 

Aunque están incriminados por delitos similares, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó en cambio la entrada en prisión de forma provisional y sin fianza para el vicepresident cesado Oriol Junqueras y siete consellers destituidos del Govern, que permanecen internados en dos penales madrileños desde el 2 de noviembre. Sólo el exconseller Santi Vila eludió la cárcel tras manifestar ante la instructora su desistimiento del proceso soberanista y depositar una fianza de 50.000 euros.

Es cierto que las circunstancias no son idénticas, pues no es lo mismo tramitar leyes, que es lo que hacen los parlamentarios a través del poder legislativo, que ejecutarlas, que es tarea de los gobernantes a través el poder ejecutivo. Tampoco es lo mismo acatar el artículo 155 como hizo la Mesa del Parlament al dar por disuelta la Cámara y renunciar a su normal funcionamiento, que defender que el único Govern "legítimo" es el destituido como han repetido Junqueras y otros dirigentes. No obstante, hay que tener en cuenta que todos los miembros cesados del Ejecutivo autonómico han mostrado su sumisión de facto a la intervención del Gobierno central. 

Otra diferencia es que, en el interrogatorio, los miembros citados de la Mesa del Parlament sí contestaron a las preguntas del juez y del Ministerio Público, mientras que Junqueras y los siete consellers destituidos encarcelados sólo respondieron a sus abogados. Además de asumir la aplicación del artículo 155, todos manifestaron que abandonarían a la actividad política o, de seguir ejerciéndola, lo harían "renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional", tal y como explica el magistrado en el auto. No obstante, les advierte de que en caso de "retorno a la actuación ilegal" las medidas cautelares impuestas se podrían "modificar".

Precisamente este viernes la Fiscalía confirmó en un comunicado que no recurrirá las medidas cautelares tomadas el jueves por el juez Llarena, ya que entiende que el auto del magistrado del Supremo "admite con una rigurosa y extensa fundamentación" sus planteamientos. En realidad, la Fiscalía había solicitado prisión incondicional para cuatro miembros de la Mesa del Parlament, petición que no fue atendida en absoluto por Llarena. Pero la Fiscalía no se queda ahí. También consideró necesario salir en defensa de la jueza de la Audiencia Nacional que sí aceptó las peticiones del Ministerio Público. Según interpreta la Fiscalía, las decisiones tomadas por el magistrado del Supremo "en modo alguno contradicen, afectan o deslegitiman" la tomada la pasada semana por la jueza Lamela respecto a los exconsellers de la Generalitat.

En realidad, varias decisiones del juez del Tribunal Supremo sobre temas relevantes sí dejan en evidencia determinadas actuaciones tanto de la jueza de la Audiencia Nacional como del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cuya querella dio origen a esta investigación. infoLibre explica estas cuestiones a continuación: 

1. Medidas cautelares individuales

Una diferencia sustancial entre la actuación de Llarena y la de Lamela es que el primero sí deja ver en su auto un hecho clave: que las responsabilidades penales son personales y, por tanto, no equiparables entre diferentes investigados en una misma causa. El juez del Tribunal Supremo celebró una vistilla conjunta con los seis investigados, pero después, en el auto, desgranó de manera individual las medidas cautelares impuestas a cada uno de ellos. 

Por ejemplo, motivó la petición de prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Forcadell en su intervención "medular" en el procés y en la "intensa repercusión" que su "liderazgo" ha tenido en las diferentes etapas que ha ido atravesando la causa soberanista. Algo que, a juicio del magistrado, "aporta a sus iniciativas una trascendencia social, administrativa e institucional, que no es comparable con la que puede atribuirse a la mayor parte del resto de partícipes". Para Corominas, Simó, Guinó y Barrufet dictó libertad bajo fianza de 25.000 euros y para Nuet, libertad incondicional. 

Lamela, sin embargo, atribuyó a todos los querellados –excepto al exconseller Santi Vila, que dimitió horas antes de la proclamación de la declaración de independencia– el mismo "papel activo" impulsando el procés a través de una acción "meditada y perfectamente preparada y organizada" y "reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional" en pro de la secesión. 

2. Situación del diputado Nuet

En la querella que dio origen al procedimiento en fiscal general del Estado, José Manuel Maza, atribuye al diputado de Catalunya Sí Que Es Pot y secretario tercero de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet los delitos de rebelión, sedición y malversación por tramitar las resoluciones votadas en el Parlament encaminadas a declarar la independencia. Entre ellas, la resolución de Junts pel Sí y la CUP que, el 27 de octubre, declaró la creación de la república catalana.

En concreto, cita que votó a favor de la admisión a trámite de dos proposiciones de ley, la de transitoriedad jurídica y la fundacional de la república, lo que determinó su inclusión en el orden del día y, finalmente, su votación en el Pleno. El fiscal también asegura que dio su voto favorable a los acuerdos que permitieron el nombramiento de los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña. 

El juez Llarena, sin embargo, dice en su auto que aunque Nuet "votó a favor de introducir en el debate parlamentario determinadas cuestiones que podían contar con el veto del Tribunal Constitucional" se opuso a los textos clave del proceso soberanista. De hecho, su defensa aportó la documentación que acredita que, a diferencia de lo que se sostiene en la querella, se abstuvo en la votación por la se admitió a trámite la ley de transitoriedad y votó en contra de la admisión a trámite de las dos resoluciones aprobadas el día 27 de octubre: la de la declaración de independencia y la del proceso constituyente. 

El propio Nuet aseguró en varias entrevistas este viernes que el juez Llarena les dijo al inicio de su declaración: "Tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional y lo que ha pasado allí aquí no tiene por qué pasar". A inicios de semana su defensa había reclamado la inadmisión de la querella por incluir "errores" como la atribución "falaz" de dos votaciones que no son ciertas. Y los documentos prueban que Nuet tenía razón.

3. Petición de fianza millonaria 

El juez Llarena también se distanció de la jueza Lamela y de la fiscalía en la fianza de 6,2 millones de euros que el ministerio público reclamaba para los investigados y que la magistrada de la Audiencia Nacional dio por buena incluso antes de que los investigados acudieran a su juzgado. Esa cantidad corresponde a la que, según la investigación, se destinó en los presupuestos para financiar el referéndum del 1 de octubre.

En un segundo auto, el magistrado del Supremo denegó esa medida "sin perjuicio de que pueda ser acordada, en la cuantía que corresponda, si el contenido de la instrucción que se inicia lo mostrara pertinente", aunque consideró precipitado fijarla en el actual momento procesal. 

4. Justificación del riesgo de fuga 

La  legislación fija los supuestos que tiene que acreditar el juez para motivar la prisión provisional: evitar que el imputado se fugue; impedir que oculte, altere o destruya pruebas, así como imposibilitar que siga cometiendo delitos o que pueda actuar de nuevo contra la víctima. Es suficiente con que concurra una de estas circunstancias. Además, tanto el Supremo como el Constitucional han determinado a través de una reiterada jurisprudencia que los jueces tienen que tener en cuenta a la hora de ordenar la privación de libertad tanto la gravedad del delito cometido como las circunstancias personales del supuesto criminal. 

Pues bien, uno de los aspectos más criticados del auto de la jueza Lamela fue precisamente que valorara el riesgo de fuga de unos investigados que nunca habían eludido la acción de los tribunales [Junqueras y los otros siete dirigentes ahora encarcelados] en función de la conducta de otros [Puigdemont y el resto de políticos huidos]. "Basta recordar el hecho de que algunos querellados se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que puedan haber incurrido", puede leerse en su escrito. 

El juez Llarena, en cambio, considera que el riesgo de fuga sí existe, aunque resalta el "manifiesto contraste" entre unos encausados que se han presentado cuantas veces han sido reclamados por la justicia con otros "que se encuentran actualmente fugados". Y precisamente subraya que ese riesgo se "difumina" por el hecho de haberse  presentado cuantas veces han sido citados por los tribunales. Es decir, Llarena razona exactamente lo contrario que Lamela.

5. Valoración de la destrucción de pruebas 

En su auto, la jueza Lamela también subraya que hay una "alta probabilidad" de que los querellados oculten, alteren o destruyan pruebas "teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace solo unos días". Pero en las primeras 15 páginas del auto la magistrada reitera en varias ocasiones el carácter público de algunas de sus actuaciones, así que parece inverosímil que pueda borrarse todo ese rastro. La jueza también obvia que ya no controlan esa administración y que en otras partes de su escrito también reconoce que cuentan con una amplia red de colaboradores que podrían hacer esa función. Y ni siquiera insinúa cuáles son esas posibles pruebas que podrían destruir.

El juez Llarena admite una diferencia entre los exmiembros del Govern y los integrantes de la Mesa del Parlament sobre los que él indaga. Señala que los segundos están siendo investigados por haber favorecido la creación de una base normativa para la secesión a través de los debates y las votaciones de esa Cámara y que, en consecuencia, sus acciones están documentadas en los diarios de sesiones del Parlamento de Cataluña.

Así, dice no tener evidencias de que los encausados hayan podido adoptar actuaciones o decisiones orientadas al fin de destruir pruebas más allá de la "inespecífica sospecha" de que cualquier acusado puede desplegar comportamientos que tengan como objetivo facilitar la impunidad de sus actos. Lamela tampoco tiene evidencias de la posible destrucción de pruebas –o, si las tiene, no las cita en su auto de prisión–, pero en cambio concluyó que ese riesgo era real y no una mera sospecha suya y del fiscal.

6. Posible indefensión de los encausados 

Otro de los aspectos cuestionados del proceso que se sigue en la Audiencia Nacional es precisamente la supuesta indefensión que su celeridad generó en los investigados. La querella que les llevó a la cárcel fue presentada por la Fiscalía en la mañana del lunes 30 de octubre. El martes 31 por la tarde la jueza Lamela se declaró competente para investigarlos y los citó a declarar menos de 48 horas después, el jueves 2 de noviembre por la mañana. El día anterior había sido festivo.

Esta premura llevó a los abogados de los imputados a reclamar que suspendiera el procedimiento porque no habían tenido tiempo suficiente para estudiar la querella y preparar su defensa, pero la jueza lo rechazó. Su criterio contrastó con el del juez Llarena, que sí dio por buena la petición de los letrados de los seis miembros la Mesa del Parlament y aplazó una semana los interrogatorios, por esos sus declaraciones se produjeron siete días después. Durante ese período, a petición de la fiscalía, los encausados estuvieron sometidos a vigilancia policial. 

Andreu Van den Eynde, el abogado de cuatro de los encarcelados (Junqueras, Romeva, Bassa y Mundó), aseguró la semana pasada en un entrevista en RAC1 que tiene previsto llevar esta denuncia por falta de garantías en el proceso ante estamentos internacionales. "Habrá un día en que se pasarán e intervendrá un tribunal internacional y cambiarán las tornas. Entonces comenzarán a cambiar las cosas", señaló. 

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dijo este jueves en una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser que una de las "lecciones" a sacar de los hechos de Cataluña es que el Congreso de los Diputados no debería haberlo reprobado.

El Pleno del Congreso aprobó el pasado mayo con los votos a favor de todos los partidos de la oposición –sólo el PP y sus socios electorales de UPN y Foro votaron en contra– una moción por la que se reprobó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y se exigía la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, que dimitió el pasado 1 de junio después de que infoLibre desvelase que es dueño de una empresa en Panamá. Los grupos instaron a remover de su puesto a Maza "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones". 

En la entrevista que ofreció este jueves, el fiscal general acusó a los partidos de la oposición de "actuar con cierta frivolidad" por aprobar su reprobación, al tiempo que les instó a pensar "un poco" en cómo se trata a instituciones como la Fiscalía General del Estado. En este sentido, Maza se quejó también de que el president destituido Carles Puigdemont haya utilizado su reprobación para argumentar que España no es un Estado de derecho.

"A las instituciones y, concretamente, al ministerio fiscal que tiene una función muy delicada de cumplir creo que se le tiene que dar otra confianza. Se le debe, por supuesto, examinar hasta la última coma de su comportamiento pero con rectitud, razonabilidad, frialdad, sin partidismo, sin querer utilizar esos ataques con fines meramente partidistas… Esa es una de las muchas lecciones que tenemos que aprender de estos hechos", aseveró.

"Paciencia" con el Govern

Por otro lado, Maza también afirmó que el Estado de Derecho "bastante paciencia ha tenido" con el Govern porque "los hechos arrancan hace dos años" y aseguró que no le produce "ninguna satisfacción" que "unas personas estén durmiendo sin sus familias en una prisión". "Aquí ha habido unos hecho tan evidentes delictivos que no ha habido más remedio que actuar", explicó. Y añadió: "el derecho penal siempre llega tarde porque se aplica cuando el delito ya se ha cometido".

Maza también aseguró "con rotundidad" que la actuación de la Fiscalía contra los miembros del Govern catalán se ha producido sin ningún tipo de injerencia del Gobierno de Mariano Rajoy, con el que asegura no haber tenido ningún tipo de comunicación. "Quién me quiera creer, que me crea", dijo para defender que el Ministerio Público es "absolutamente autónomo" y no se ha visto "instruido" para actuar contra el presidente cesado de la Generalitat y su gabinete.

"Hay datos para que cualquier observador vea que no hay sintonía en este caso entre el Gobierno y la Fiscalía. Le aseguro con toda rotundidad que yo no pido permiso al Gobierno. No me he visto presionado ni instruido", aseveró. 

El PNV ha censurado este jueves que la orden de prisión incondicional para los exmiembros del Govern constituye "una más de las diversas decisiones desproporcionadas que los diferentes poderes del Estado están adoptando" y ha exigido la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ya que, "en lugar de contribuir a buscar vías de solución a un conflicto político" en Cataluña, "se ha erigido en agente activo de su agravamiento", informa Europa Press.

El responsable del Área Institucional del EBB, Koldo Mediavilla, ha dado lectura a una declaración del Euskadi Buru Batzar del PNV en este sentido, después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela haya acordado el ingreso en prisión incondicional para el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete consellers cesados, que han declarado este jueves ante el tribunal.

El PNV ha "lamentado y censurado" esta decisión de la juez de la Audiencia Nacional, que ha calificado como "una más de las diversas decisiones desproporcionadas que los diferentes poderes del Estado están adoptando en el marco del llamado procés, y que incluye, entre otras, la actuación policial del 1 de octubre o la aplicación más drástica del artículo 155 de la Constitución española, que se tradujo en la destitución de las legítimas autoridades de Cataluña".

La formación jeltzale ha exigido "el cese inmediato de la actual judicialización de la política en el Estado español" y ha demandado la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "quien en lugar de contribuir a buscar vías de solución a un conflicto político, se ha erigido en agente activo de su agravamiento".

El PNV ha mostrado su "pleno convencimiento" de que la situación política catalana y "el conflicto político" que se vive "no van a encontrar vías de arreglo y solución a través de sentencias judiciales ni de encarcelamientos", sino que "la solución vendrá por parte del diálogo, con la política, la negociación y, en última instancia, respetando la voluntad de la ciudadanía catalana expresada libre y democráticamente".

En esta línea, ha reiterado que "el futuro de Cataluña no puede estar fatalmente determinado por el no diálogo, la imposición y el desacuerdo". "Cataluña y la solución a sus demandas necesitan democracia, ejercicio democrático para dialogar entre diferentes, para acordar con mayorías suficientes y para que la ciudadanía pueda expresar libre y plenamente su opinión y decisiones políticas con todas las garantías y con eficacia plena", ha añadido.

Finalmente, ha expresado su "compromiso con el reconocimiento de la realidad catalana y vasca, y con el ejercicio del derecho a decidir de ambas sociedades", que constituye "la mejor base para abordar el futuro de Cataluña y Euskadi". "Somos dos naciones, cada una con su camino, a las que nos une un mismo deseo de libertad y democracia", ha concluido.

"En la misma línea de enfriamiento"

El responsable del área Institucional del PNV ha afirmado, al ser preguntado por la posible ruptura de relaciones con el PP tras lo ocurrido, que estas relaciones "siguen en la misma línea de enfriamiento que se encontraban hasta hace unas horas".

De este modo, ha apuntado que "este hecho es muy grave en sí mismo", pero "la situación política agravada con la puesta en marcha del 155 y las medidas excepcionales que el Gobierno adoptó determinan el enfriamiento de las relaciones del PNV con el PP y el Gobierno de España".

"No es una novedad que nos sorprenda este tipo de actos, habida cuenta de la evolución de los acontecimientos últimos, y, en tal sentido, con responsabilidad y prudencia, mantendremos la necesidad de diálogo con todos, pero en este momento desde una frialdad y un distanciamiento claro", ha manifestado Koldo Mediavilla.

Por otro lado, ha reiterado que, tal y como ha expresado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, "en principio" el PNV entiende que la convocatoria de manifestación contra la aplicación del artículo 155 para sábado en Bilbao "estaba realizada con la intención última de que el PNV no estuviera" en la marcha.

No obstante, ha señalado, en la línea de lo expresado por Ortuzar, que "no es óbice para que, a la vista de los acontecimientos surgidos, el PNV esté valorando esta situación" para determinar "si finalmente participa o no" en la movilización convocada por EH Bildu, ELA, LAB, ESK, Steilas, CNT, Etxalde, EHNE y Gure Esku Dago bajo el lema Demokrazia eta Erabakitzeko Eskubidea (Democracia y derecho a decidir).

En cualquier caso, ha remarcado que "eso no es óbice que el PNV se muestre contrario, como así lo ha manifestado, en contra de las decisiones del Gobierno español en relación al 155", como su voto negativo en el Senado a la aplicación de ese artículo.

La Fiscalía General del Estado aseguró este martes que el asunto del comunicado oficial de prensa donde se anunciaba la querella contra el Govern cesado y los miembros de la Mesa del Parlament, titulado Más dura será la caída, correspondía a "un documento anterior que se utilizó simplemente como soporte para redactar el borrador", según informa Europa Press.

Después de la comparecencia del lunes del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la que anunció las querellas ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público envió a los medios de comunicación un e-mail con tres documentos adjuntos: el comunicado leído por Maza y los dos escritos.

Al abrir el primer archivo, titulado Comunicado prensa Cataluña, se podía leer que el nombre del documento había cambiado a Más dura será la caída, por lo que podría ser el nombre original del escrito.

Debido a la polémica originada —incluso Carles Puigdemont hizo referencia a ello en su comparecencia en Bruselas—, el Ministerio Público emitió un comunicado señalando que el asunto aludía en realidad a un "documento anterior" y que éste era "de carácter privado" y además no tenía "nada que ver con las causas por el proceso independentista". La Fiscalía no explica cómo se ha realizado ese supuesto cambio entre documentos públicos y privados.

"Dicho documento anterior de carácter privado se utilizó simplemente como soporte para redactar el borrador. La denominación Más dura será la caída no es visible en el documento y solamente puede conocerse accediendo a los metadatos", indicó.

Además, la Fiscalía General del Estado destacó que "en ningún momento se ha pretendido frivolizar o hacer escarnio en relación con las querellas por el proceso independentista desarrollado en Cataluña".

La Sala de admisiones del Tribunal Supremo, que integran cinco magistrados, ha admitido a trámite este martes la querella por rebelión, sedición y malversación presentada por la Fiscalía contra los exmiembros de la Mesa del Parlament que participaron en el denominado procés y la declaración unilateral de independencia.

Tras reanudar la deliberación que inició en la tarde de ayer, el Supremo ha designado instructor de la misma al magistrado Pablo Llarena, que fue portavoz de la asociación mayoritaria en la carrera, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

La querella se presenta contra un total de seis personas: la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí Lluís Maria Corominas, los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet —todos ellos miembros de la Diputación Permanente de este órgano, y por ello aforados— y contra el secretario tercero de la misma Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot.

El ponente de la resolución será el propio presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y completarán este órgano los magistrado Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela, han informado fuentes del alto tribunal.

En un auto, la Sala de admisión señala además que hace extensiva su competencia, para el caso de que el magistrado instructor lo considere oportuno, respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados. Entre estas causas estarían, en principio, las que ya tramita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Forcadell y otros parlamentarios.

Apunta, concretamente, que es el magistrado Llarena en el desarrollo de su investigación el que debe poner de manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para el Supremo, como sugiere el fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos jurisdiccionales, "pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los que aquí van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados".

Citaciones el jueves

El magistrado Llarena ha citado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara para tomarles declaración los próximos días 2 y 3 de noviembre a partir de las 9.30 de la mañana en el marco de la querella por rebelión presentada contra todos ellos ayer por la Fiscalía.

En una providencia, dictada apenas una hora después de ser admitida a trámite la querella y de haber asumido este asunto, el instructor les recuerda que vienen en calidad de investigados y que tienen que comparecer con abogado. La providencia no especifica qué día deben comparecer cada uno de los investigados, por lo que todos tendrán que estar en el Supremo el próximo día 2 a la hora señalada.

No requieren suplicatorio

Ahora, el instructor Llarena será el encargado de citar a los querellados —que tienen obligación de comparecer por no requerirse suplicatorio para los diputados autonómicos— y también a los testigos que citaba la querella. Entre éstos últimos se incluye a los miembros de la Mesa José María Espejo-Saavedra (de Ciudadanos) y David Pérez Ibáñez (del PSC), así como del letrado mayor del Parlament Antoni Bayona i Rocamora y el secretario general del mismo, Xabier Muro.

El Supremo acepta su competencia ante el aforamiento que Forcadell y otros cuatro de los querellados mantienen por ser miembros de la Diputación Permanente del Parlamento catalán, y ante el hecho de que, según sostiene la Fiscalía en su querella al referirse a los aspectos internacionales del proceso soberanista, parte de los hechos imputados se han producido fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana.

"El carácter plurisubjetivo del delito de rebelión hace perfectamente explicable, a la hora de valorar la verdadera entidad de cada una de las aportaciones individuales, un reparto de cometidos en el que la coincidencia en la finalidad que anima la acción —la declaración de independencia de Cataluña— tolera contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en diferentes puntos geográficos". Señala que el delito de rebelión adquiere una incuestionable vocación territorial proyectada sobre el conjunto del Estado.

La instrucción determinará si es conspiración

Sobre los delitos denunciados en la querella, la Sala explica que el fiscal alude a la existencia de un delito de rebelión con una extensa argumentación encaminada a justificar la concurrencia de violencia. Para el alto tribunal, "será a lo largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de investigación acordadas por el instructor confirmen o desmientan su realidad.

Y será entonces cuando pueda precisarse (*) si esos actos son susceptibles de integrar las exigencias del tipo previsto en el artículo 472 del Código Penal o, por el contrario, han de ser subsumidos en los artículos 477 y 17.1 del Código Penal, que castigan la conspiración para la rebelión, delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria".

La Fiscalía atribuye a todos los querellados el delito de rebelión al entender que los "cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados" con sus actos, "realizados con absoluto desprecio" a la Constitución y proclamando la independencia de una parte de la Nación española, que es "patria común e indivisible de todos los Españoles".

Añade en su querella que la violencia que requiere el tipo penal de rebelión "no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas". "Se trata de un delito de resultado cortado o de consumación anticipada en el que es suficiente que con el alzamiento se haya producido un peligro objetivo para la consumación de los fines rebeldes", añade para justificar la atribución de este delito, el mismo por el que fueron condenados los responsables del 23-F.

En todo caso, de entenderse que algún elemento del delito de rebelión no concurre en los hechos objeto de esta querella, para la Fiscalía éstos serían constitutivos de un delito de sedición, el mismo por el que ya se encuentran en prisión los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Fernández y Jordi Cuixart, e investigado el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y una de sus intendentes.

También cita la querella de la Fiscalía el delito que cita la "provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de rebelión; el delito de malversación de fondos públicos —por el importante gasto que han generado sus comportamientos—  ontológicamente ajenos a la función pública".

La Fiscalía también pedía que se una a la causa copia de los acuerdos de la Mesa del Parlament que permitieron la tramitación y debate de las Ley de referéndum y el acta de las sesiones del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre y de los días 26 y 27 de octubre (cuando se aprobó la declaración de independencia); diversas resoluciones del Tribunal Constitucional, y una hoja "histórico penal" de los querellados.

Puigdemont se ha desplazado a este país solo un día después de que el secretario de Estado de Asilo y Migración belga, Theo Francken, provocase una polémica al abrir la puerta a la concesión de asilo al expresident, oferta que fue poco después negada por el primer ministro, Charles Michel.

Según han explicado esta mañana a Europa Press fuentes gubernamentales, Puigdemont no tenía previsto acudir este lunes al Palau de la Generalitat. A primera hora de la mañana, Puigdemont ha colgado una foto en su cuenta de Instagram en la que se veía parte del edificio del Palau de la Generalitat, y añadía el comentario: "Bon dia" ("Buenos días").

El presidente de la Generalitat cesado tampoco ha participado en el Comité Nacional del PDeCAT, la Ejecutiva del partido, que ha empezado a reunirse pasadas las 11 horas.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado este lunes que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declara la independencia, "tendrán que ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que procedan a su detención", ya que "es cuestión de las fuerzas de orden público".

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha insistido en que "lo de la detención de Puigdemont es algo que ahora mismo" no se plantea ni quiere plantearse y ha afirmado que "cada cosa llegará a su tiempo si tiene que llegar".

Así, ha remarcado que "si se plantea un problema de orden público" no será competencia suya, sino de "los que tienen competencias y conocimientos para ello" y ha recordado "una situación semejante de la II República donde las autoridades actuaron cuando se produjo el acto formal de declaración de independencia".

"Un hecho trascendente es si llega a declarar la independencia unilateral porque eso consuma todo este trayecto con una gravedad absoluta pero es mejor no adelantarse a los hechos. Yo solo puedo decir que Puigdemont será responsable de sus actos", ha añadido.

Maza ha aclarado que aunque el presidente autonómico no haya declarado la independencia, ya ha cometido tres presuntos delitos, que son los de "prevaricación, desobediencia y malversación", por los cuales la Fiscalía "podría pedir prisión". No obstante, ha explicado que si todavía no lo ha hecho es porque no han tenido "oportunidad" y prefieren "esperar" a que la magistrada del TSJC, Mercedes Arnas, haya dado todos los pasos correspondientes", como "tomar la declaración de los investigados".

Con respecto a la decisión de la jueza Lamela de ordenar prisión sin fianza para los presidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por un presunto delito de sedición, Maza ha negado que se trate de "presos políticos" y ha explicado que "en España no hay presos políticos, sino políticos presos que tienen que responder ante la ley".

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ve justificada la querella que la Fiscalía General del Estado está preparando por el delito de rebelión contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en caso de que haga efectiva una declaración unilateral de independencia y, al ser preguntado sobre si implicaría prisión provisional, ha sostenido que al tratarse de un delito de "tanta gravedad" es "lógico", una consecuencia "casi obligada", que se pidan "medidas cautelares severas", recoge Europa Press.

A preguntas de los periodistas este sábado en Granada antes de participar junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la clausura del XXI Congreso de la Asociación de Fiscales, Maza ha hecho hincapié en que el delito de rebelión es uno de los que se castiga con más pena en nuestro ordenamiento jurídico y si se pretende abrir un procedimiento con penas de hasta 30 años de prisión, "lo normal" –ha agregado– es la petición de este tipo de medidas cautelares.

Ha considerado que el contexto actual "justifica" que la Fiscalía General del Estado estudie esta querella en la línea de que se restablezca el Estado de Derecho, "que pasa por que cada uno asuma sus responsabilidades" frente a lo que haya hecho o "pueda seguir haciendo".

La Fiscalía General del Estado está estudiando el alcance que podría llegar a tener esta querella en caso de presentarse, si solo afectaría al presidente de la Generalitat o más personas, en función de la participación de los implicados en los hechos, ha relatado.

También está por definir la instancia a la que se presentaría dependiendo de las competencias, los aforamientos y lo que la aplicación por parte del Gobierno del artículo 155 de la Constitución pueda suponer respecto a esos aforamientos.

"Los hechos los tenemos muy elaborados, porque todos los hemos visto, y si se producen más desde ahora hasta la presentación de la querella si al final se presenta se irán recogiendo", ha agregado Maza, que en este contexto ha preferido no avanzar los aspectos técnicos que aún se están estudiando.