El diputado del PP Rafael Hernando, uno de los portavoces adjuntos del Grupo Popular en el Congreso, ha sido amenazado de expulsión en la Comisión Constitucional en la que comparecía el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

El incidente se produjo cuando el ministro estaba respondiendo a la intervención de la ponente del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y en un momento dado el presidente de la Comisión Constitucional, el socialista José Zaragoza, ha llamado la atención a Hernando al escucharle un comentario.

Desde la Presidencia, Zaragoza ha pedido a Hernando que cesaran de hablar e interrumpir, pero el diputado el PP le replicó y el presidente de la comisión le llamó al orden, sin conseguir que su llamamiento fuera atendido.

Tres veces le llamó al orden avisándole de que eso conllevaba ser echado de la sala, e incluso llegó a ordenar su expulsión, pero Hernando se negó a salir y tampoco los servicios de la cámara podían sacarlo por la fuerza.

Zaragoza optó por rebajar el tono y pedir a Hernando que guardara la compostura, y el diputado accedió aunque sin dejar de protestar. Al final, Zaragoza dio por zanjado el incidente y la comparecencia continuó.

Hernando ha calificado de "absolutamente disparatado" que Zaragoza pretendiera expulsarle sin aplicar el Reglamento del Congreso que, a su juicio, todavía "se tiene que aprender" y ha achacado su actitud al "nerviosismo" que está generando en las filas socialistas la trama de cobro de mordidas que ha salpicado a un exasesor del exministro José Luis Ábalos.

El dirigente conservador ha acusado a Zaragoza de intentar echarle sin saber lo que él le ha comentado a un compañero de partido mientras hablaba Bolaños. Ha admitido que ha hablado "un poco alto" porque el otro diputado no estaba a su lado, pero ha negado haber faltado al decoro parlamentario.

"Para hacer un apercibimiento, tiene que decir cuál es la causa y qué es lo que yo he podido decir que él ha escuchado que haya faltado a la cortesía parlamentaria. Yo no he hecho ninguna expresión que haya faltado en ningún momento a la cortesía parlamentaria. Solamente he hecho un comentario", se ha defendido.

Félix Bolaños se sitúa en la diana de las derechas. El PP y Vox han diseñado una ofensiva parlamentaria contra el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes en la sesión de control al Gobierno el próximo miércoles para tratar de acorralarlo por la próxima ley de amnistía, de la que es el principal cerebro jurídico.

El PP y Vox han planeado hasta siete intervenciones contra el titular de Justicia para interrogarlo en el Pleno de la Cámara Baja sobre la medida de gracia, que sufrió un revés la semana pasada con el no de Junts y que ahora tiene que volver a la Comisión de Justicia para reelaborar el dictamen.

El Partido Popular lleva al Congreso cinco preguntas orales y una interpelación al ministro de Justicia, que se ha convertido en uno de sus objetivos predilectos y al que acusan de no ser incluso un interlocutor válido para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y buscan el enfrentamiento directo contra él los grandes popes de Génova 13. La número dos de los conservadores, Cuca Gamarra, se enfrentará al socialista con la idea de cuestionarle, según el escrito de los populares, sobre hasta “dónde van a ceder con tal de seguir en el Gobierno”.

También busca el cara a cara directo el nuevo portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que se ha convertido en el parlamentario más duro contra el Ejecutivo. Y su pregunta será en la sesión: “¿Qué entiende usted por terrorismo?”. Esta es una de las líneas estratégicas en los últimos días con los populares tratando de vender la idea de que se van a amnistiar a terroristas. Diferentes voces del Partido Popular han salido durante la última semana a calificar de terrorismo lo que pasó en Cataluña con Tsunami Democràtic. De esta manera siguen la estela de las investigaciones del juez Manuel García-Castellón que ha prorrogado seis meses más la instrucción de esta causa con la vista puesta al papel de Carles Puigdemont y de Marta Rovira. Junts sigue reclamando que se incluyan todos los delitos de terrorismo dentro de la amnistía, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechaza esta posibilidad, pero sostiene que el "el independentismo no es terrorismo".

Además, quiere hincarle el diente a Bolaños el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, que también ha registrado una pregunta oral en el Pleno. Dentro de la estrategia, el parlamentario malagueño quiere abrir otro flanco: “¿Va su Gobierno a seguir promoviendo el señalamiento a miembros de la carrera judicial?”. Los populares quieren postularse como los grandes defensores de los jueces tras las críticas de los socios del PSOE en el Congreso, donde acusaron a algunos magistrados de estar prevaricando. El ministro, en cambio, ha cerrado filas con la magistratura y está intentando calmar las aguas con la judicatura. El propio presidente del Gobierno también rechazó este lunes en una entrevista en Al rojo vivo esas palabras y mostró el respeto y acatamiento a las decisiones judiciales aunque discrepen de algunas como fue la sentencia que declaró inconstitucional la aprobación del estado de alarma.

En la ofensiva del miércoles también jugará un papel importante el diputado Rafael Hernando, otro de los representantes de la línea más dura del Partido Popular. “¿Pretende el Gobierno incluir en su nueva ley de amnistía los delitos de alta traición al Estado?”, es la pregunta que formulará a Bolaños el parlamentario por Almería. De esta manera, tratará de abrir una brecha entre el PSOE y sus socios. Esa posibilidad es una de las enmiendas que mantiene vivas Junts, que fue transaccionada con el Partido Nacionalista Vasco. Los nacionalistas y los independentistas buscan con ella que pueda ser amnistiado Carles Puigdemont ante otra de las líneas de investigación que se mantienen abiertas en los tribunales, pero el PSOE votó en contra de ese texto durante el Pleno de la semana pasada.

Los populares también han registrado una pregunta por parte del parlamentario Sergio Sayas, que pasó a las filas del partido desde UPN tras cambiar su voto en la reforma laboral. Pondrá sobre la mesa la cuestión de “qué entiende usted por una España habitable”. De esa manera quiere afearle al titular de Justicia su defensa de que la ley de amnistía hará una sociedad más habitable y que servirá para una mejor convivencia entre Cataluña y el resto de España y dentro de la propia sociedad catalana.

Pero cuando acaben las preguntas orales, el PP tiene preparada una interpelación urgente para el titular de Justicia, firmada por Miguel Tellado, para que explique “cómo piensa hacer compatible la continuidad de su legislatura con la prevalencia de la Constitución Española y del derecho europeo”. Quiere atacar así otra de las líneas de los socialistas para defender la amnistía, ya que siempre el ministro ha argumentado que el texto es “impecable” y “cien por cien constitucional”. Además, en La Moncloa no quieren precisamente tocar más el redactado que salió de la Comisión de Justicia para que no tenga problemas para pasar los filtros de las altas instancias judiciales de la Unión Europea.

Pero no sólo el PP quiere buscar el enfrentamiento con Bolaños, sino que también la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se dirigirá a él y le preguntará: “¿Qué opinión le merece al ministro de Justicia que sus socios de Gobierno señalen con nombres y apellidos a los jueces desde la tribuna del Congreso?”. La ultraderecha tiene siempre entre sus objetivos políticos erosionar la imagen del político socialista para explotar la amnistía como arma política.

Esta presión a Bolaños ha subido durante esta legislatura después de que asumiera la competencia de Justicia y se haya convertido en uno de los ministros con más poder e influencia en La Moncloa. El titular de Justicia es el que lleva toda la arquitectura jurídica de la amnistía y, además, es el interlocutor principal con el Govern y con Esquerra Republicana (con Junts se centra más Santos Cerdán, pero es el ministro el que orienta la posición de los socialistas durante las conversaciones).

Y ese cerco a Bolaños llega también en mitad de las negociaciones, que pilota él mismo, con el Partido Popular, a través de Esteban González Pons, para llegar a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial con la mediación en Bruselas del comisario de Justicia, Didier Reynders. El próximo día 12 volverán a verse las caras y el comisario ya ha puesto sobre la mesa que lo urgente es renovar su composición, para abordar después una posible reforma del sistema de elección.

La declaración institucional con que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reaccionó el miércoles pasado a la entrevista donde el vicepresidente Pablo Iglesias calificaba de "humillación" los reveses recibidos en Europa, y en las que aseguró que "muchos tribunales" han quitado la razón a jueces españoles por el procés, constató el aumento de tensión con el recién constituido Gobierno. Pero abrió también la espita de los interrogantes. ¿Cuándo se siente obligado al órgano de gobierno de los jueces a salir en defensa de la imparcialidad y la independencia del tercer poder del Estado y de sus miembros? ¿Cuándo entiende que debe censurar –o al menos afear en mayor o menor grado– las palabras o acciones de un político por su intromisión en el estricto terreno de lo judicial o sus ataques a un miembro de la judicatura?

La respuesta de los portavoces del órgano de gobierno de los jueces, a los que infoLibre planteó esas preguntas, se resume así: que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) defiende de una manera "muy pronunciada" la libertad de expresión de los miembros del poder legislativo. O sea, la de los parlamentarios. Y que, en consecuencia, el Consejo reserva sus reproches para los políticos de la esfera gubernamental.

Pero si la línea marcada por el TC lleva al CGPJ a circunscribir sus críticas a políticos del poder ejecutivo y da carta blanca a los del poder legislativo, ¿por qué la comisión permanente del órgano, es decir, su núcleo duro, adoptó el 24 de febrero de 2018 un acuerdo "ante las manifestaciones vertidas por el Presidente del Parlament catalán, Roger Torrent", que acababa de hablar de "presos políticos"? El acuerdo tildaba como "descalificación muy grave de la función judicial" aquellas declaraciones y salía así en defensa de juez Pablo Llarena.

¿Quedaba Torrent, miembro de un poder legislativo, a salvo de reproches oficiales por el blindaje jurisprudencial del TC pese a que, en efecto, sus manifestaciones podían resultar un ejemplo nítido de ataque a los jueces del procés? No. Según el CGPJ, no quedaba a salvo. Porque cuando Torrent se pronuncia públicamente –responden en el Consejo– no lo hace un diputado de ERC sino "el presidente de la institución" parlamentaria, que compromete así a todas las formaciones allí representadas. "Las manifestaciones realizadas en un ámbito institucional por quien ostenta la representación de un Parlamento autonómico –decía de hecho el texto aprobado entonces por el CGPJ– nos obligan a recordar a las instituciones y a la sociedad, que el Poder Judicial actúa siempre desde la más absoluta independencia, siendo ésta una salvaguarda que a todos nos concierne respetar y defender".

Para ninguna de las incógnitas que emergen ahora tras la reconvención al vicepresidente segundo del Gobierno existe norma legal que ofrezca un manual de conducta reglado y diáfano sobre por qué, cuándo y con qué criterios debe el órgano de gobierno de los jueces emitir una declaración institucional o, por lo menos, un simple comunicado de reproche. En funciones desde el 5 de diciembre de 2018 tras el bloqueo del whatsapp, aquel mensaje donde el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, daba por hecho que el partido seguiría controlando el consejo entre bambalinas pese a que se viese alterada su composición, el CGPJ permanece hoy bajo dominio conservador. A su cabeza se sitúa Carlos Lesmes, que también preside el Tribunal Supremo. En estos 13 meses de interinidad en espera de que se produzca la renovación, el Consejo ha hecho 57 nombramientos discrecionales de alto nivel.

"Humillación" sin réplica

Tras lo sucedido con Iglesias, este periódico preguntó también a los portavoces del CGPJ por qué la comisión permanente evitó pronunciarse cuando Pablo Casado utilizó en 2018 ese mismo término –"humillación"– al menos en dos ocasiones para afirmar lo siguiente: que decisiones como aquella por la que el tribunal superior del Estado alemán de Schleswig-Holstein acordó entregar a Carles Puigdemont aunque solo por malversación y no por rebelión hacían que los independentistas se sintieran "refrendados por un entorno internacional". La respuesta del Consejo incide de nuevo en que Casado ocupaba un escaño. No representaba al poder ejecutivo y en consecuencia ni cabía plantearse que el Consejo entrase ahí.

Para cuando el  líder del PP habló en los términos enunciados, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) no había emitido aún ningún pronunciamiento sobre nada de lo que rodea al procés. ¿Podía perjudicar a la imagen de la justicia española fuera de nuestras fronteras ese alegato de Casado según el cual el "entorno internacional" estaba permitiendo que los independentistas se sintieran "refrendados?" Al igual que el líder del PP, también el de Vox, Santiago Abascal, habló el pasado 19 de diciembre –el día después de la sentencia del TJUE sobre Junqueras– de "humillación" a España por las tribulaciones de la justicia española en el exterior.

Por supuesto, y al igual que Casado, Abascal interpretó aquella "humillación" del TJUE como un golpe a la razón que, según su criterio, asiste sin fisura a los tribunales españoles. Pero de nuevo queda en el aire la pregunta sobre el efecto que las declaraciones de ambos, justamente por tratarse también de políticos de primera línea, pueden tener sobre la tranquilidad, la calma y la serenidad en los tribunales.

¿Habría apelado el Consejo a la "responsabilidad institucional" si Casado o Abascal perteneciesen al poder ejecutivo? La pregunta representa un escenario inexistente y carece, por tanto, de respuesta. Pero para enfatizar la idea de que el CGPJ utiliza una sola vara de medir, el mismo día en que la comisión permanente –su núcleo duro– lanzó la declaración institucional sobre Iglesias, sus portavoces recordaron que el órgano de gobierno también había reprendido con anterioridad a ministros del PP como Rafael Catalá por sus declaraciones sobre el juez partidario de absolver a los acusados de La Manada; o a Jorge Fernández Díaz por atacar a tres magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron a dos etarras en aplicación de una norma europea.

En ninguno de los dos casos se trató de una "declaración institucional", la fórmula más solemne, sino de un "comunicado" en lo que respecta a Catalá. Y de un "acuerdo" en lo relativo a Fernández Díaz, aunque el asunto principal de aquel acuerdo, y así lo acredita la documentación del CGPJ, no lo constituía la crítica al político del PP sino la denegación de amparo a los tres jueces a quienes el entonces ministro del Interior había atacado conceptuando su decisión judicial como "lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente". El Consejo adujo que en su petición de amparo no se identificaba "con la claridad exigible esta necesaria relación entre las conductas irrespetuosas que se describen y el riesgo de proyección influyente de las mismas sobre la decisión a tomar por el tribunal".

"El Consejo hace una declaración cuando le interesa, según quién sea el que ha dicho qué". Quien se queja en esos términos es un vocal del CGPJ que exige anonimato dada la temperatura del enfrentamiento que denotan la declaración institucional sobre Iglesias y la enorme fractura interna registrada en la votación que se produjo al día siguiente, jueves 16 de enero, para respaldar el nombramiento de la nueva fiscal general, Dolores Delgado.

Pero la malla de protección tejida por el Constitucional para los miembros de las distintas cámaras legislativas sí que existe. Fue esa malla la que, por ejemplo, amparó en 2017 a una diputada regional del PSOE madrileño que tres años antes había llamado "corrupto" al entonces presidente de Madrid, Ignacio González, hoy ya en la recta final hacia el banquillo en la Operación Lezo. En la sentencia del TC, que estimó el recurso de la ya exdiputada socialista Maru Menéndez, el tribunal de garantías se remitía a algunas de sus resoluciones anteriores y reproducía una de las claves: que la "finalidad específica del privilegio" que gozan los parlamentarios consiste en "asegurar a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación de la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan".

Una carnicería verbal y una reclamación conjunta que nadie atendió

Pese a todo, el campo de las incógnitas se extiende y afianza con  episodios como la carnicería verbal desatada en 2018 contra uno de los jueces que dictaron la sentencia del caso Gürtel, José Ricardo de Prada, a quien el entonces portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, acusó de estar "en sintonía con el mundo proetarra" mientras retumbaba el absoluto silencio del Consejo. Ejemplos como el anterior alimentan el debate no en lo que concierne a si un tribunal ha de condenar o no a alguien por opinar que José Ricardo De Prada es proetarra o confirmar una sanción contra la diputada que ha catalogado a Ignacio González en la categoría de los corruptos. En lo que surgen las dudas es, nuevamente, en el terreno de qué debe hacer el órgano de gobierno de los jueces.

En aquel momento del ataque a uno de los tres jueces del tribunal que dos meses antes había declarado al PP beneficiario económico de la trama Gürtel, julio de 2018, todas las asociaciones judiciales emitieron un comunicado conjunto. El texto reclamaba al Consejo que amparase "de modo efectivo en el ejercicio de su independencia judicial a los jueces y juezas". Y que recordase "el principio de separación de poderes y cuál es el papel del sistema judicial en un Estado constitucional como el español". El Consejo no tuvo en cuenta la petición.

Lo que desencadenó la infrecuente unanimidad de criterios entre las cuatro asociaciones de jueces no fueron estrictamente las palabras de Hernando entrecomilladas dos párrafos más arriba sino un golpe de efecto parlamentario que al final quedó varado: el 1 de julio de 2018, trascendió que el PP había presentado en el Congreso una iniciativa para el CGPJ vigilase a jueces de Gürtel. O sea, a José Ricardo De Prada y al juez instructor de la parte reabierta en la pieza de los papeles de Bárcenas, José de la Mata.  El PP pedía en su iniciativa parlamentaria que el Congreso instara al CGPJ a "reforzar las medidas de su competencia y a llevar a cabo un atento seguimiento de estas actuaciones por si pudieran lesionar los derechos de defensa de los ciudadanos o en cuanto contribuyan a crear desconfianza en la independencia judicial y a aumentar la percepción de politización de la justicia".

El Consejo, recuerda ahora Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), "no hizo nada". Y no lo hizo, añade, pese a que "está para defender a los jueces".

¿Es esa su misión? Pasajes como el de De Prada o como el del juez Santiago Pedraz, a quien el mismo Rafael Hernando llamó "pijo ácrata" adscrito a la "demagogia indecente", son los que abren la espita los interrogantes mencionados al comienzo: ¿debe el Consejo acudir en socorro de los jueces por iniciativa propia cuando figuras relevantes de la escena pública los vapulean? En el caso de lo que ocurrió con Pedraz, a quien Hernando asestó la bofetada verbal descrita por archivar la causa abierta a los organizadores de la protesta Rodea el Congreso, aparece un dato de interés: que tampoco en aquellas fechas ostentaba el diputado Rafael Hernando ningún cargo en el organigrama del poder ejecutivo. Pero ocupaba el puesto de portavoz adjunto del grupo del PP, el partido que, con Mariano Rajoy al frente, llevaba en esa época las riendas del Gobierno.

El senador conservador Rafael Hernando ha instado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que intente alcanzar acuerdos para conformar Gobierno cuanto antes, aunque ha indicado que "seguro" que Sánchez está "ahora mismo pensando en cómo vestirse para el verano". "O ver si va a hacer un posado en Doñana, en el color del bañador y en cómo utilizar el Falcon para los distintos eventos veraniegos. Yo le deseo que sea feliz en este mes de agosto, pero a mí me gustaría más que pensara un poco en los ciudadanos y que España pudiera contar con un Gobierno", ha explicado Hernando a la salida de la constitución de la Comisión Constitucional del Senado, según ha recogido Europa Press.

Por ello, el senador del PP le ha pedido a Sánchez que se deje de "peleas de poder" con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con quien lleva tres meses, según ha señalado, "jugando a los sillones y a juegos de trileros" que hacen que el país no tenga un Gobierno. Desde el punto de vista de Hernando, esta situación se ha provocado por el "capricho de Sánchez" que tiene ambas Cámaras paralizadas y sin estar al servicio de los ciudadanos, sino que, "por deseo expreso" del líder socialista, están "a sus servicios particulares y personales".

"No es el Gobierno que más me gusta pero es el Gobierno y al señor que han elegido mayoritariamente los ciudadanos y quien se comprometió con el rey para sacar un Gobierno adelante. Yo no veo elecciones en el horizonte próximo", ha puntualizado el conservador.

Del mismo modo ha opinado su compañero del Senado, José Antonio Monago, que ha asegurado que España ya debería tener Gobierno porque es "el estado ideal de una nación" y responder a lo que los ciudadanos han votado en las urnas. "Se necesita hablar mucho, pero este tiempo ha venido para quedarse y nos tenemos que acostumbrar", ha aseverado Monago haciendo referencia a los acuerdos que deben alcanzar los partidos de izquierdas para formar Gobierno.

Preguntado por si cree que el PP debería abstenerse para que Sánchez pueda formar Gobierno, Monago ha destacado que su partido "no se puede abstener" porque es el "opositor" del PSOE, por lo que no puede "ponerle el intermitente" a Sánchez ya que eso "sería validar las políticas" socialistas que "no suelen coincidir con las del PP". "Somos dos modelos muy distintos y los dos con vocación de gobernar, por tanto, él tiene que buscar sus horizontes de acuerdos", ha añadido.

Sin embargo, el conservador ha reconocido que lo que ha pasado en la investidura de Sánchez, a la que llegó el candidato sin acuerdos con otras fuerzas y con "una división en la izquierda", es "muy fuerte" y por eso ha considerado que es mejor "reposar un poco" lo sucedido. "Vamos a ver qué pasa, estas heridas tienen que cicatrizar rápidamente y explorar los nuevos escenarios", ha señalado Monago.

Quitan importancia al CIS

Ambos senadores conservadores han restado importancia a los resultados de la encuesta del CIS que sitúa al PSOE como primera fuerza política con un 41,3% seguido del PP que se posiciona en segundo lugar con un 13,6% de intención directa de voto.

Según ha señalado Hernando, los resultados de la encuesta son "una vergüenza antidemocrática" puesto que son sondeos de opinión "utilizados por los gobiernos poco democráticos que precisamente intentan inducir la opinión pública". "Espero que cuando Tezanos llegue a la suma absoluta de que el 100% va a votar al PSOE y al gran timonel Sánchez, que es el líder amado y deseado por todos los españoles, cambie la opinión y empiece a bajar un poco el PSOE", ha destacado.

Por su parte, Monago ha resaltado que el CIS es una encuesta "de la que se ríe todo el mundo" porque actúa igual "que una flor de cactus que dura un día". "Cuando se hizo el CIS, los resultados pudieron ser ciertos, pero de eso hace ya unas semanas y como todo cambia tan rápido tampoco puede uno encontrar consuelo en lo que te diga", ha explicado el senador extremeño. Por eso, ha señalado, que el CIS puede indicar "por dónde va la pisada" de los ciudadanos, pero que en ningún caso se puede entrar "en la euforia ni en la depresión" por los resultados que obtenga la encuesta. Además, ha resaltado que las opiniones "son muy variables" por lo que un partido es capaz "incluso de vender lo que digan las encuestas".

Solicitud del PSOE por posible fraude de Maroto

Después de que el PSOE haya solicitado la documentación del empadronamiento del senador conservador Javier Maroto en Sotosalbos (Segovia) por posible fraude, Hernando ha indicado que el Partido Socialista "siempre tiene una doble vara de medir" porque "hay precedentes de numerosa gente del PSOE que no ha nacido en una provincia y que son diputados y senadores de ese territorio".

"Podríamos hacer una larga lista de socialistas, empezando por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y acabar con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que recuerdo que falsificó su empadronamiento en Valencia", ha señalado Hernando que le ha pedido al PSOE que en vez de dedicarse a "estas cosas" se dedicara a "intentar que España tuviera un gobierno".

Por su parte, Monago ha asegurado que "nombrara quien nombrara el PP siempre suscita debate" porque al final es "un intercambio de pareceres". Por eso, el senador extremeño le ha restado importancia la solicitud del PSOE y ha asegurado que Maroto va a ser "un magnífico portavoz" en el Senado porque tiene "experiencia como parlamentario".

"Lo va a hacer igual que Cayetana Álvarez de Toledo —portavoz del PP en el Congreso— porque son dos apuestas nuevas que recogen el espíritu de reunificación del centro-derecha que tenemos que hacer, son dos personas dialogantes y será para el bien de España, no sólo para el partido", ha concluido.

El diario de la sesión constitutiva del Senado del pasado martes ha omitido en su transcripción la interrupción y el "que se joda" del secretario de la Mesa, Rafael Hernando, al senador de ERC, Raül Romeva, durante su acatamiento a la Constitución. Sí ha incluido sin embargo las fórmulas en catalán y en euskera que pronunciaron algunos senadores para prometer ante la Carta Magna, informa Europa Press.

El Diario de Sesiones de la Cámara Alta no ha recogido la interrupción que hizo Hernando –que leía la lista de los senadores en ese momento– durante el acatamiento de Romeva, preso preventivo procesado por promover la independencia de Cataluña. El político conservador dijo el nombre del siguiente senador, Fernando Rosa Torner, mientras Romeva prometía acatar la Constitución en catalán. Una interrupción que detuvo con un gesto el presidente del Senado, Manuel Cruz, para inmediatamente después devolver la palabra al senador de ERC para que terminase.

Al finalizar la intervención de Romeva y éste dirigirse a su asiento, Hernando espetó "que se joda", haciendo referencia a la interrupción que previamente le había hecho al senador catalán independentista. El conservador pronunció las tres palabras en voz baja pero la expresión la captó su micrófono que estaba abierto en esos momentos. Tanto la interrupción como el comentario de Hernando no se han reflejado en el Diario de Sesiones que el Senado publica en su página Web y por tanto, no constará oficialmente que se han producido.

Sí incluye los acatamientos en catalán y euskera

El Diario de Sesiones del Senado sí ha incluido, en cambio, los acatamientos a la Constitución que los senadores de ERC, Junts per Cataluña, EH Bildu y PNV realizaron en catalán y en euskera durante su intervención. En concreto, los senadores de ERC y Junts per Cataluña prometieron ante la Carta Magna en catalán y utilizaron la misma fórmula para hacerlo: "Por la libertad de los presos y presas políticos, por el retorno de los exiliados y exiliadas y hasta la república catalana, prometo por imperativo legal". Romeva se desligó de esta forma y prometió "hasta la proclamación de la república catalana y siempre comprometido con la libertad, la igualdad y la fraternidad, como preso político y por imperativo legal".

Por su parte, los parlamentarios de PNV y EH Bildu acataron la Constitución en euskera. "Por eso doy mi palabra. Prometo por imperativo legal", dijeron los dos senadores del PNV. En el turno del senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, manifestó: "Sí, la ley me obliga a hacerlo y para llegar a la República Vasca hasta que se obtenga".

Todos los juramentos fueron recogidos por parte de las taquígrafas de la Cámara Alta tal y como se pronunciaron, es decir, en ambos idiomas y sin traducción al castellano, siendo así fieles a la reproducción de las promesas de los senadores. Esta práctica ya se llevó a cabo en el diario de la sesión constitutiva de la última legislatura que tuvo lugar el 19 de julio de 2016, donde se también se transcribieron los acatamientos en catalán y en euskera que manifestaron varios senadores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves a las fuerzas independentistas en el Parlamento de Cataluña que "reflexionen" sobre el veto a que Miquel Iceta sea elegido senador para después poder presidir el Senado, al tiempo que ha avisado de que insistir en posiciones de polarización y bloqueo "es un mal comienzo" para esta nueva legislatura, en la que quiere "revitalizar" el Senado y el Estado autonómico.

"Vetar a una persona que ha defendido siempre el diálogo, vetar a una persona que siempre ha defendido la convivencia, que ha tendido puentes, que ha hablado con todos dentro de los márgenes de la Constitución, me parece que es un mal comienzo", ha declarado a la prensa en Sibiu (Rumanía), a su llegada a una cumbre informal de la Unión Europea. "Espero que reflexionen estas fuerzas políticas independentistas, que dejemos a un lado todo lo que represente la polarización, el veto, el bloqueo, que pensemos sobre todo en lo importante que es que revitalicemos el Senado, que es la verdadera Cámara territorial, y revitalizar el Estado autonómico", ha añadido el presidente, para después subrayar que considera a Iceta "uno de los mejores representantes" que puede haber para esa nueva etapa.

PP y Cs no lo apoyarán

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que su partido votará no en el Parlament catalánno para que Iceta sea elegido senador y posteriormente pueda presidir el Senado, porque es una persona que "hace más guiños al separatismo que al constitucionalismo".

En un desayuno informativo Aguado, al ser preguntado por esta cuestión y sobre la posición de su partido el próximo miércoles en el Parlament de Cataluña ha asegurado que será negativa, porque "el nacionalismo es un peligro que cercena la democracia y rompe la convivencia". "Tienen a un presidente que no les representa y no defiende sus intereses y es una persona para dirigir el Senado que hace más guiños al separatismo que al constitucionalismo, aunque no me sorprende que le elijan cuando ha dicho en varias ocasiones que él no quiere el 155 bajo ningún concepto y aboga por indultar a los presos golpistas", ha lamentado. Además, ha apuntado que no tienen en Ciudadanos "nada que negociar" con "estas personas que quieren situarse al margen de la Constitución, sino lo que tienen que hacer "es ganarles" y cambiar las cosas".

El senador electo del PP Rafael Hernando también ha cargado contra la propuesta del PSOE para que Iceta llegue a la Cámara Alta y ha dejado claro que el PP no apoyará en ningún caso la designación de Iceta como senador autonómico por Cataluña, que se votará en el Parlament la semana que viene. "El señor Sánchez ya ha elegido socios, seguramente será ERC quien apoye la designación de Iceta, cuyo futuro depende de los acuerdos del señor Sánchez con ERC", ha añadido.

Miquel Iceta, que no resultó elegido senador en las urnas, deberá ser designado por el Parlament para poder recoger su acta de senador.

Mensaje del presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves a las fuerzas independentistas en el Parlament que "reflexionen" sobre el veto a que Miquel Iceta sea elegido senador para después poder presidir el Senado, al tiempo que ha avisado de que insistir en posiciones de polarización y bloqueo "es un mal comienzo" para esta nueva legislatura, en la que quiere "revitalizar" el Senado y el Estado autonómico.

"Vetar a una persona que ha defendido siempre el diálogo, vetar a una persona que siempre ha defendido la convivencia, que ha tendido puentes, que ha hablado con todos dentro de los márgenes de la Constitución, me parece que es un mal comienzo", ha declarado a la prensa en Sibiu (Rumanía), a su llegada a una cumbre informal de la Unión Europea.

Aguado se desdice

Después de asegurar que Ciudadanos se opondría a Iceta en el Parlament, Ignacio Aguado ha rectificado sus palabras asegurando que el no de su formación política a que Miquel Iceta sea presidente del Senado se producirá en la Cámara Alta cuando sea sometida a votación la citada propuesta.

En la misma línea se ha pronunciado la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado que su partido rechazará que Iceta presida el Senado, aunque no ha aclarado si permitirán su designación por el Parlament de Cataluña en el trámite parlamentario para adquirir la condición de senador autonómico. "Una cosa es la designación como senador, que es un trámite que normalmente no ha generado polémicas", ha señalado recordando que "cada partido decide a quien lleva al Senado".

Uno de los test internos que medirán si Pablo Casado ha captado el mensaje de los barones y dirigentes provinciales que le han pedido autocrítica y un giro al centro tras la debacle de las elecciones generales va a ser la forma de repartir el juego en los grupos parlamentarios, sobre todo el del Congreso de los Diputados. 

En el Partido Popular no sólo van a estar pendientes en las próximas semanas de si modula o no el mensaje y del efecto que esto tendrá sobre las municipales, autonómicas y europeas del próximo 26M. También, de las designaciones para los puestos clave. Es un doble examen, puesto que de los nombres que Casado escoja se podrán extraer dos mensajes: el de la apuesta, o no, por la moderación y el de la apuesta, o no, por la integración.

El pasado martes, en la cita en la que Casado reunió a sus barones en la sede nacional del partido para analizar por qué habían caído de 137 a 66 escaños en el Congreso, y especialmente en algunas de las intervenciones de los asistentes, se subrayó la necesidad de que el partido cierre de una vez por todas las heridas del congreso extraordinario del pasado julio y escuche a las direcciones territoriales. También se habló del distanciamiento del centro político.

Cuando Pablo Casado sorprendió en amplios sectores del PP por haber fichado a Cayetana Álvarez de Toledo como número uno por Barcelona, la opinión más extendida fue que estaba pensando en ella para liderar el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, algo similar al mensaje que lanzó Albert Rivera (Ciudadanos) apostando por Inés Arrimadas como número uno por la misma circunscripción. 

Ahora, tras los resultados del 28A, una idea bastante extendida en las filas conservadoras es que no es el mejor perfil para ejercer de portavoz. "Va más en la línea de ese PP derechizado del que tenemos que huir si queremos aspirar a liderar el centroderecha y reducir la ventaja de Ciudadanos", señala una diputada electa en las generales.

Romper vínculos con el 'aznarismo' y el 'aguirrismo'

"Casado tiene que romper amarras con todo lo que suene a Faes, a [José María] Aznar y a [Esperanza] Aguirre. Tiene que demostrar que no es un líder tutelado, que fue elegido en un congreso por primarias y que toma sus propias decisiones", sostiene.

Uno de los nombres que más consenso genera, sobre todo por su experiencia parlamentaria, es el de Ana Pastor. La expresidenta del Congreso y amiga personal de Mariano Rajoy puede ejercer de puente entre las dos sensibilidades del PP. Y, de paso, lanzar ese mensaje de integración que tanto se le ha demandado a Casado en los últimos meses. El grueso de los fieles a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría o están fuera de primera línea de la política o han sido desplazados.

Pastor encabezó la candidatura por Pontevedra.

Reparto de responsabilidades

El PP se prepara para una legislatura muy diferente en el plano parlamentario. No sólo no gobierna, sino que su presencia se ha reducido en 72 parlamentarios. Su principal reto es conseguir trasladar la idea, a través de sus iniciativas, de que es el principal grupo de la oposición con Ciudadanos pisándole los talones [57].

En este contexto, los dirigentes consultados por infoLibre reclaman al jefe de filas que se rodee de dirigentes con experiencia parlamentaria. "En el Grupo Parlamentario ya no están Rafael Hernando, ni Fernando Martínez-Maillo, ni José Luis Ayllón, exdiputados muy bregados en el día a día del Congreso", señalan.

En el Grupo Parlamentario Popular la renovación es del 47%. De sus 66 diputados, 31 de ellos serán nuevos en el hemiciclo.

A la hora de citar a los parlamentarios con más experiencia, en el PP apuntan, además de a Pastor, a José Antonio Bermúdez de Castro, que fue número uno por Salamanca y que en este último tramo de legislatura ha ocupado el cargo de secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

También citan, más por su experiencia en gestión que por la parlamentaria, a los exministros Rafael Catalá e Isabel García Tejerina. Sería raro que Casado no les premiara con la presidencia o portavocía de una comisión.

El reparto de responsabilidades en el Congreso conlleva pluses económicos. Son, pues, una vía de los partidos para premiar a los diputados. La asignación constitucional para todos los diputados es idéntica: 2.972,94 euros, cantidad que se complementa con las llamadas indemnizaciones: 1.912,20 euros para los parlamentarios que fueron elegidos por circunscripciones distintas a Madrid. Y 917,03 euros para los electos en Madrid.

Estas cantidades, que se perciben en 14 pagas, pueden verse complementadas con cantidades mensuales que van desde los 2.819 euros que le corresponden a los portavoces de los grupos parlamentarios a los 737 que se embolsa un portavoz adjunto de comisión.

La experiencia parlamentaria... al Senado

Pablo Casado fracasó en su intento de que Cs y Vox no presentasen candidatos al Senado para no dividir el voto de la derecha. Hizo campaña con la promesa de que lo primero que haría en un Consejo de Ministros liderado por él sería aprobar la aplicación del 155 en Cataluña. Subrayando que sus candidatos eran los "senadores por el 155".

La idea no caló. De los 130 senadores que logró Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2016, ahora el grupo se ha visto reducido hasta los 56. Los socialistas lograron 121 frente a los 43 de los que partía.

La dirección nacional del Partido Popular optó por trasladar a la Cámara Alta a dirigentes veteranos y con experiencia, no sólo en la organización de la formación conservadora, también con experiencia en las dinámicas parlamentarias y en el manejo de los plazos legislativos. Es el caso de Rafael Hernando. Pero también de Fernando Martínez-Maillo, coordinador general y vicesecretario de Organización, y Carlos Floriano, que desempeñó funciones similares a las de Maillo en etapas anteriores.

Los tres coincidirán en el Senado. Hernando fue número uno por Almería; Maillo por Zamora y Floriano por Cáceres.

Una de las decisiones que tendrá que tomar Casado es si nombra a Pío García-Escudero, que en los últimos años ha sido presidente del Senado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. "Sería visto como un gesto de continuidad y de respeto al pasado del partido después de varios desplantes a los representantes del marianismo"marianismo, interpreta un dirigente provincial. 

Dos nombres que suenan con más fuerza: García-Escudero y Hernando

García-Escudero es presidente del PP de Madrid, una dirección regional que probablemente sea modificada una vez se celebren las elecciones autonómicas y municipales. Tuvo que hacerse con las riendas del partido tras la crisis del escándalo del máster, que se llevó por delante a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Otros sectores del partido consideran que ese puesto debería recaer en Hernando, puesto que le avalan años de experiencia como portavoz en el Congreso. 

Ahora senador por Almería, Hernando fue uno de los principales damnificados en el proceso de elaboración de las listas. Fuentes conocedoras del proceso de elaboración de estas candidaturas aseguran que tenía cerrado con la dirección nacional del PP saltar a la lista al Parlamento Europeo. Pero que al final fue desplazado.

Sesión constitutiva

El 21 de mayo de 2019, a las 10.00 horas, tendrán lugar las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado. Será el arranque de la XIII Legislatura.

Ese día se escogen las presidencias de las Cámaras y los miembros de las Mesas, órganos de gobierno de las mismas. Además, los parlamentarios electos son llamados uno a uno para acatar la Constitución y asumir así su condición plena de diputado o senador.

El ex director general de Memoria Histórica y candidato al Senado del PSOE por Almería, Fernando Martínez, ha anunciado este viernes que interpondrá una querella contra el dirigente del PP y también candidato a la misma Cámara Rafael Hernando después de que le acusara de hacerse con 80.000 euros "para dos estudios que se fabricó" en la Universidad de Almería y "cuyos resultados no hemos conocido ni se han difundido".

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha calificado de "auténtica patraña inventada" las acusaciones efectuadas por el "diputado cunero y candidato del PP" que, según ha asegurado, no está "dispuesto a transigir", por lo que cree que Hernando tendrá que comparecer "ante la justicia" o "retractarse de todo".

Así, ha puntualizado que entre 2008 y 2011 se presentaron por parte de la Universidad de Almería, a través de un grupo de investigación bajo su coordinación, varios proyectos a un concurso público convocado por el Ministerio de Presidencia para realizar diferentes estudios sobre "masonería, exilio y responsabilidades políticas".

En este sentido, ha detallado que se recibieron en torno a 63.000 euros para dos proyectos en los que participaron varias universidades andaluzas, de los que surgieron las publicaciones La masonería en Andalucía y la represión durante el Franquismo y El botín de guerra en Andalucía, editados por Biblioteca Nueva, y Los andaluces en el exilio del 39, editado por el Centro de Estudios Andaluces.

"Se mandaron los informes y resultados correspondientes al Ministerio de la Presidencia", ha añadido Martínez, quien ha asegurado además que los trabajos fueron fiscalizados por el órgano académico y están respaldados por "grupos de investigación potentes", ya que los fondos no fueron concedido a él personalmente.

Con ello, ha insistido en el correcto empleo dado a las subvenciones. "No me he llevado ningún duro y va a tener que responder este ciudadano, que es un auténtico provocador, en los tribunales", ha añadido tras recordar que las convocatorias para acceder a las subvenciones se realizaron por concurso público y a ellas accedieron otros grupos de la universidad así como asociaciones memorialistas.

Martínez, quien ha ahondado en que la UAL dispone de todos los datos relativos a los proyectos, ha lamentado las palabras de Hernando, quien se ha mostrado, a su juicio, como un "auténtico ignorante" que "no tiene que ver con la vida universitaria ni con la investigación". "Tengo mucho respeto a todo el mundo, pero esto no lo voy a consentir", ha apostillado.

La reacción del catedrático llega después de que Hernando haya criticado la "estafa" y el "engaño" con el que, a su juicio, Martínez habría empleado fondos de un departamento que ha estado "al servicio económico de los intereses particulares" del director general, puesto que en este caso, dichos fondos "sirvieron no para recuperar la memoria de nadie" ni para "buscar a nadie no sé en qué cunetas" sino para que Martínez "se llevara el dinero".

El dirigente popular, quien ha afeado que el PSOE ubique al Martínez en puestos de salida para las próximas elecciones generales del 28 de abril de cara a ocupar un puesto en el Senado, ha insistido en que al tiempo que Martínez recibió una dotación para sus investigaciones como catedrático en la universidad, otros 137.000 euros "fueron a parar a la asociación organizada o que vicepresidía la madre de una anterior diputada del PSOE", Sonia Ferrer Tesoro.

En este sentido, ha aludido además a la condición de senadora que tuvo entre 1993 y 1996 la representante de la asociación para la recuperación de la memoria histórica Rocamar, cuya hija entró como diputada en las Cortes por primera vez en 2015. "El dinero, sea la causa que sea, no está para financiar chiringuitos de nadie", ha añadido Hernando.

El diputado del PP Rafael Hernando ha asegurado este viernes que si el supuesto parricidio de Godella (Valencia) hubiera tenido lugar con un Gobierno del PP, la izquierda hubiera organizado "escraches", señalando directamente al president de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, y a la vicepresidenta, Mónica Oltra.

En un apunte en su perfil de Twitter, el exportavoz del PP en el Congreso ha criticado a la "izquierda pancartera", sugiriendo que se habría movilizado si el crimen se hubiera cometido con un gobierno conservador.

"Si el asesinato de los niños de Godella hubiera pasado con un Gobierno del PP, ya estarían los de la izquierda pancartera organizando sus escraches, con la Oltra al frente y el Ximo detrás", ha señalado. "Y en la Sexta a saco Paco", ha zanjado.

El Gobierno ha respondido con una negativa al llamamiento de las ONG Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée para que socorra de nuevo al Aquarius. “España no es el puerto más seguro para el barco porque no es el más cercano, según exige el Derecho Internacional del Mar”, han asegurado fuentes de Moncloa. El Aquarius transporta a 141 migrantes procedentes de Bangladesh, Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Somalia, Eritrea, Senegal, Marruecos y Egipto. La mitad de ellos menores y de éstos 67 viajan solos. A primera hora de la mañana de lunes, la nave se encontraba detenida a 32 millas náuticas de la costa italiana, según Médicos sin Fronteras, después de que tanto Italia como Malta le denegaran permiso para atracar en sus puertos.

A diferencia de lo ocurrido el pasado mes de junio, España no va a aceptar ahora a los migrantes del Aquarius. Entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez asumió el desembarco de las 629 personas que el barco había rescatado en aguas internacionales frente a Libia como una “obligación legal” que “puede ni quiere eludir”. “Es una obligación y una perfecta imagen de lo que un país tiene que hacer”, explicó la vicepresidenta, Carmen Calvo en una entrevista concedida a la Cadena Cope. “No podíamos permanecer impasibles”, abundó. “España es un país que quiere trasladar el honor de su nombre”, presumió, “esto no tiene nada que ver con llegada de refugiados ni efectos de ningún tipo que no sea el cumplimiento estricto de la legalidad, como es ofrecer un puerto seguro ante una crisis”.

Repitiendo el episodio de hace dos meses, tanto Italia como Malta han negado el permiso al Aquarius para desembarcar a los 141 migrantes rescatados. Pero en este caso, el Gobierno español aduce que no se da la misma situación de crisis humanitaria que entonces, cuando el barco transportaba un número mucho mayor de personas y éstos tuvieron que ser repartidos en otras tres naves antes de llegar a puerto. Pese a que la nave dispone de víveres para cinco o siete días, el presidente de Médicos sin Fronteras, David Noguera, ha indicado a Onda Cero que la situación es ahora “peor” que la que sufrió hace dos meses. En junio el Ejecutivo aseguró que estaba dando solución a un caso “excepcional” y de “emergencia”, pero que el tratamiento especial recibido por esos 629 migrantes –permiso para 45 días de estancia– no se iba a conceder a quienes llegaran a España en patera o en otros barcos de rescate. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las 87 personas desembarcadas del Open Arms el pasado juevesOpen Arms en el puerto de Algeciras (Cádiz). Todos ellos –nueve son menores no acompañados– han solicitado asilo.

“El Gobierno ha dado un giro de 180 grados”, critica el presidente de Algeciras Acoge, Jesús Mancilla, pero no sólo por el cambio respecto al Aquarius, sino también por su decisión de presentar alegaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en defensa de las devoluciones en caliente llevadas a cabo por el Ejecutivo del PP. En octubre de 2017 el tribunal de Estrasburgo sentenció que las expulsiones inmediatas de dos subsaharianos en 2014 vulneraron el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. El Ejecutivo del PP recurrió la condena y el del PSOE envió el pasado 20 de junio una carta al tribunal donde le comunicaba su intención de revisar el recurso, en principio para acabar con las devoluciones en caliente. Sin embargo, según publica El País, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido seguir adelante con el recurso, utilizando los mismos argumentos que defendió el de Mariano Rajoy. Mancilla cree que el actual Ejecutivo está desperdiciando la oportunidad de hacer “una política migratoria ejemplar”, optando en cambio por otra cada vez más semejante a la que ejecutaba el PP.

“No se puede poner un muro cada vez más alto”

“No se puede cambiar de criterio, porque se produce una discriminación sin razones para ello”, protesta Javier de Lucas, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. “Hace una semana España es un país seguro y ahora deja de serlo”, añade. Aunque De Lucas, más que un “bandazo” del Gobierno, advierte que éste se encuentra atrapado en tres frentes. Primero, el “sálvese quien pueda de la UE”, con Francia “poniéndose de perfil” y la Comisión Europea renunciando a las cuotas de reparto de los migrantes y “limitándose a controlar la inmigración ilegal”. Después el frente interno de Ciudadanos y el PP con sus amenazas sobre el “efecto llamada” y el mensaje fácil reproducido por algunos medios de comunicación. Y el tercero, el que han formado las comunidades autónomas, que se han negado a repartirse los menores. “El Ministerio de Trabajo fue ingenuo al acudir a la reunión con las comunidades sin una propuesta solidaria con cuotas obligatorias”, explica Javier de Lucas.

Mancilla y De Lucas coinciden con José Luis Rodríguez Candela, presidente de Andalucía Acoge, y con Esteban Beltrán, presidente de la sección española de Amnistía Internacional, en la necesidad de una respuesta coordinada de la Unión Europea a un fenómeno que consideran “imparable”. “No se puede poner un muro cada vez más alto o pagar a países del norte de África, como Marruecos, para retener a los migrantes y que hagan el trabajo sucio a fin de evitar que lleguen a nuestras costas”, protesta Rodríguez Candela. “Es una crisis de Europa”, subraya. Y considera “razonable” que no todos los barcos lleguen a España. Pero lo primero, recalca, es cumplir el Derecho Internacional Marítimo, que obliga a rescatar a los náufragos. “El Aquarius no es un barco de pasajeros, lleva a 141 personas a bordo que necesitan agua y víveres, y esperemos que no haya avisos de temporal”, advierte, “por lo que tiene que haber una solución inmediata”.

Obligar a Italia y Malta incluso con sanciones

Esteban Beltrán destaca que Italia y Malta están incumpliendo su obligación de rescatar a esas personas en el mar, y que Bruselas debería obligarles a acatarla y a ofrecer puertos seguros a los barcos. Pero, además, reclama una “solución estructural” al problema porque, de lo contrario, se repetirán episodios como el del Aquarius o el Open Arms cada pocos días. A su juicio, hace falta un sistema regional de salvamento marítimo, en el que varios países se repartan la tarea, lo más cerca posible de Libia. También un sistema de desembarco en los puertos más cercanos y el consiguiente reparto de los migrantes entre los diferentes países europeos. Finalmente, pide un cambio en la colaboración con los guardacostas libios. “No es posible que se les esté pagando para que detengan a los migrantes en lugares donde incluso son torturados”, acusa.

Así que, para empezar, el responsable español de Amnistía Internacional reclama unas “declaraciones contundentes” del Gobierno español, con el francés y el alemán, para obligar a Italia y Malta a cumplir con sus obligaciones legales. Si no acceden, pide sanciones para ambos países. En la misma dirección apunta Javier de Lucas cuando se refiere a que ambos países están obligados a rescatar a los menores. Y después, una política migratoria de largo plazo que ahora mismo Beltrán echa en falta.

“No puede haber una solución parche”, dice Javier de Lucas”. Sus propuestas repiten las de Jesús Mancilla: primero hay que actuar en los países de origen de los migrantes, “invirtiendo en ellos para revertir el efecto salida”, sostiene el presidente de Algeciras Acoge. Después, establecer “vías legales y seguras” para entrar en la Unión Europea. “Comprar a Túnez o Marruecos” no es una solución, insiste. “A corto plazo debe haber un plan de ayuda a los tres países que están en primera línea, España, Italia y Grecia”. De Lucas recuerda que Bruselas dejó “abandonada a Italia a partir de 2014”, después de haberle pagado 110 millones de euros para salvar a migrantes en el canal mediterráneo central. 

Mientras el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, proponía este lunes al Aquarius que se dirija a Libia por tener “los puertos más cercanos”, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado pedía al Gobierno que “recapacite” y ofrezca un puerto seguro al barco.

Los candidatos tienen su primer encuentro en la cena de verano del Partido Popular. Charla distendida y hasta un posado juntos, aunque no del todo.

El PP ha anunciado que se desvincula del proceso de renovación urgente del Consejo de RTVE que ha impulsado el Gobierno socialista a través de un decreto ley, según ha anunciado el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando.

Hernando ha señalado que ese decreto es un "asalto" a RTVE y ya anuncia que esta misma semana presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El PP llegó a presentar diez candidatos al Consejo y los sometió a votación tanto en el Congreso como en el Senado. Su candidato a la Presidencia de RTVE era Eladio Jareño, actual director de TVE.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, matizó este miércoles en el Congreso su posición sobre la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de crear plataformas de migrantes en terceros países con las que hacer frente al éxodo de personas que huyen de África y de Oriente Medio en busca de refugio o huyendo de la miseria. Sánchez admitió tener “dudas” sobre la propuesta, especialmente acerca de su compatibilidad con el respeto a los derechos humanos. “Vamos a ver qué propuesta traen”, concluyó.

Mucho más contento se mostró el presidente con la idea de dotar con fondos europeos la llamada “dimensión exterior” de la política migratoria, con la que espera actuar en los países de origen y en los de tránsito para reducir los flujos migratorios dando a determinados países, entre ellos España, la representación de la UE para implementar estas políticas en sus áreas de influencia (Marruecos en el caso español).

Sánchez separó la propuesta de las plataformas de la idea del presidente francés, Emmanuel Macron, que consideró “aún en pañales”, de crear puertos seguros bajo control europeo para garantizar la recogida humanitaria los migrantes rescatados en el mar, desde los que implementar las políticas de asilo y de devolución pero siempre en nombre de la UE. 

Con un discurso construido en torno a la necesidad de dar una respuesta humanitaria al drama de los rescatados en el Mediterráneo, de buscar una respuesta común a los flujos migratorios procedentes de África y de hacer posible la solidaridad dentro de la Unión Europa haciéndose corresponsable de los movimientos secundarios de inmigrantes, en clara contraposición a los movimientos xenófobos y antieuropeos, el presidente no halló muchas voces críticas en el hemiciclo, con las únicas excepciones de Bildu, Foro Asturias, Ciudadanos y el PP, estos dos últimos partidos preocupados porque las decisiones del Gobierno estén provocando el llamado efecto llamada y contribuyan a aumentar la llegada de migrantes.

A falta de grandes elementos de confrontación en materia europea, la agenda nacional se abrió paso sin problemas en el debate.  Primero de la mano de Esquerra, cuyo portavoz, Joan Tardà, volvió a lamentar que el Gobierno haya decidido negar un diálogo “sin condiciones” sobre Cataluña al “diseñar un campo de juego muy estrecho en el sólo puedan estar los no independentistas. Usted dinamitó un posible acuerdo entre el PSOE y Esquerra” para diseñar “diseñar un campo de juego muy ancho, en el que cupieran el 80% de los catalanes que quieren que se dialogue de todo”.

“Lo que ha conseguido es una nueva foto del 155 y  que los que tenemos una visión constructiva tengamos una posición más débil. No ha sido capaz de entender que hay que construir un escenario de relajo, de entendimiento. Lo que ha hecho es exacerbar los extremos. De entrada, “la relación esté muy tocada entre ustedes y nosotros” por una actitud que no ayuda “en nada” a que la reunión del 9 de julio con el president Quim Torra “funcione”, se lamentó. Es “un error y pronto se va a dar cuenta de ello”, advirtió.

Sánchez le respondió en los mismos términos que el PSOE en el Pleno del martes. Pidiendo a Esquerra “acabar con la unilateralidad; a eso hay que pasar página. No consideramos que la Constitución y el estatuto sean un margen estrecho para dialogar, al contrario: son el punto a partir del cual podemos construir un nuevo consenso para dar respuesta a la crisis de Cataluña”.

Hay que “establecer dinámicas cooperativas”, propuso. “La actitud el Gobierno es esta y esperamos encontrarla en el Govern de la Generalitat; hay mucho que nos separa pero tenemos ue aprender de nuestros errores”, añadió.

En la misma línea respondió después Sánchez a Gabriel Rufián (ERC) en la sesión de control. “Ha habido momentos en los que nos hemos entendido y ha sido bueno. Lo que le puedo decir es que las cosas han cambiado: no tiene enfrente a un Gobierno que va a usar el agravo territorial” en el debate político. “Ojalá a partir del 9 de julio [el día en que tiene previsto reunirse con Torra] podamos emprender un camino que restañe las heridas”.

Fieles al guión que se han marcado desde que Sánchez llegó al Gobierno, PP y Ciudadanos se disputaron el discurso que trata de cuestionar la legitimidad de la moción de censura y alimentar la idea de que existen actos secretos con todos los grupos que contribuyeron a echar a Rajoy de la Moncloa. Rafael Hernando, en nombre del grupo mayoritario, casi se desentendió por completo del debate sobre el Consejo Europeo que comienza mañana y se centró en asegurar que el Gobierno es fruto de “un fraude” basado en hacer concesiones a “los populistas, los independentistas y los amigos de la ETA”.

El portavoz del PP advirtió al presidente que los independentistas “son insaciables” y por eso le pidió que suspenda la reunión con el president Torra hasta que este “pida perdón” por “sus ofendas a los españoles y al rey”. Le acusó de ceder ante “los terroristas” por haber anunciado su intención, tras la disolución de ETA, de acercar presos de la banda al País Vasco, así como de faltar a respeto a las víctimas.

Sánchez replicó pidiendo al PP, una vez más, que sea al menos tan leal con el Gobierno como lo fue el PSOE. “Hemos vuelto a los fantasmas que trajeron con las víctimas del terrorismo, la violencia de ETA”, cosas que “nada tienen que ver con Cataluña”. El problema del PP, subrayó, es que no tiene discurso para Cataluña, como prueba el hecho de que, entre sus candidatos a dirigir el partido, haya un partidario de reformar la Constitución, la responsable de la Operación Diálogo y una dirigente que lamenta no haber aplicado antes el 155. “Han sido sobrepasados por su propio  fracaso y les pido sentido de Estado para resolver esta cuestión”, añadió.

En la misma línea, Albert Rivera (Cs) acusó a Sánchez de llegar a la Presidencia “por la puerta de atrás” y “sin pasar por las urnas” y le echó en cara que todavía no se conozca su plan de Gobierno. El líder de la formación naranja acusó al presidente de haber elegido como socios de gobierno a “los enemigos de Europa”, en un intento de vincular a las formaciones nacionalistas —entre ellos el PDeCAT y el PNV—con los partidos xenófobos de Italia y otros Estados europeos, lo que dio pie a Pablo Iglesias (Unidos Podemos), con el respaldo de propio Sánchez, para pedir a Rivera que deje de“ hacer el ridículo”, porque esos partidos son sus socios en la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE).

Iglesias dejó  claras las reservas de su grupo en relación con el debate migratorio, pero evitó la confrontación con Sánchez. Echó en falta un pronunciamiento contra Donald Trump y su política fronteriza y consideró “imprudente” haberse mostrado dispuesto a estudiar la propuesta de plataformas para migrantes de Tusk, porque “están condenadas al fracaso”. Es “inaceptable subcontratar los derechos humanos”, advirtió.

El portavoz de Unidos Podemos reclamó el cierre de los centros de internamiento de inmigrantes y, a la vista de que Sánchez sólo se comprometió a revisar su situación, le propuso visitarlos personalmente paras ver en qué condiciones se encuentran. También pidió a Sánchez que España se convierta en una referencia frente a las políticas migratorias “fascistas” de Salvini en Italia y Trump en Estados Unidos.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha anunciado este viernes que su formación recurrirá "ante todos los tribunales que sea posible", sin descartar el Tribunal Constitucional, el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministro con el que se renovará el Consejo de Administración de RTVE. Además, el dirigente del PP le avisa del riesgo de estar incurriendo en un delito de prevaricación.

En rueda de prensa en la Cámara, Hernando ha calificado de "deplorable" la decisión de Sánchez y ha apuntado que el interés de este Ejecutivo que "vive del show mediático" es "hacerse con una RTVE" a su servicio.

"No vamos a tolerar este decretazo y vamos a recurrirlo", ha asegurado el diputado, quien ha advertido al presidente que "está interfiriendo" en un proceso de concurso público, lo que es "ilícito e ilegal". "Tengo que decirle que se ande con ojo, porque la prevaricación es un delito y la adopción de resoluciones injustas y en contra de la ley también es un delito", ha señalado Hernando.

La primera sesión de control en el Congreso del nuevo Gobierno socialista sirvió para dar pistas de lo que se avecina en la Cámara baja. El PP, a través de su portavoz, Rafael Hernando, especuló con los precios que el Ejecutivo, en su opinión, ha comenzado pagar por los apoyos que recibió en la moción de censura. Unidos Podemos, por boca de su jefe de filas, Pablo Iglesias, reclamó su parte, en este caso pidiendo al PSOE que respalde una proposición de ley para igualar los permisos de maternidad y paternidad. Y, en nombre de Compromís, Joan Balvodí empezó a mostrar la inquietud de quienes reclaman medidas urgentes a las demandas que representan —en este caso la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana— y no encuentran la respuesta que esperan.

Hernando siguió el guión que ya apuntó en la moción de censura. Sánchez, aseguró, ganó la moción de censura gracias al “populismo” de Podemos, el respaldo del independentismo que acaba de dar “un golpe de Estado”, del PNV y de “los amigos de la vieja ETA”. Y ya “ha comenzado a pagar precios” por ello, sentenció. “Están dispuestos a modificar la Constitución“ y “tergiversar las sentencias del Tribunal Constitucional”; han cesado el control de cuentas de la Generalitat —lo que a su juicio permitirá la reapertura de las representaciones catalanas en el extranjero e “impulsar la máquina de propaganda de TV3”— y se disponen a usar la política penitenciaria “en favor de algunos”.

“Lo único que le pido”, concluyó Hernando, “aunque ya ha empezado con incrementos de gastos, es que no acabe como Zapatero, porque los españoles no se merecen eso”. Y remató con una nítida declaración de intenciones para lo que queda de legislatura: “Mi lealtad será con España, con los españoles, con la Constitución y con el rey, no como usted. Con usted, la lealtad, aquellos”, espetó señalando con la mirada a los grupos que apoyaron la moción de censura.

Sánchez, como ya hizo el martes en el Senado, volvió a pedir al PP la misma lealtad que el PSOE concedió a Rajoy cuando estaba en la oposición. Y pidió reiteradamente al grupo mayoritario de la Cámara que deje utilizar la confrontación territorial como arma política. “Los compromisos de este Gobierno”, subrayó, “son con la regeneración democrática, la reconstrucción de derechos y libertades que fueron desmantelados” durante el mandato de Mariano Rajoy “y sentar las bases para reconstruir la cohesión territorial dañada durante los Gobierno del PP”.

El presidente insistió en pedir al PP que haga “una reflexión” y que, aunque no quiera ser leal al Gobierno, lo sea con el Estado. “No alimenten el agravio territorial”, pidió. “Para eso están otros grupos”, explicó en referencia a Ciudadanos, “no porque griten mas ni tengan más razones”, sino por “una cuestión de credibilidad”, porque el PP gobernó en el pasado con los nacionalistas a los que ahora descalifica.

“La moción de censura supuso un cambio de época y tienen que aprender de esos errores”, recomendó. La estrategia que siguieron en el pasado, de“azuzar el agravio territorial”, es lo que “ha hecho que tengamos una crisis territorial de enorme envergadura”. “Les animo a que hagan oposición al PSOE”, concluyó, “pero no a costa de debilitar aún más la convivencia entre los pueblos y los ciudadanos de España”.

Deberes y “cosas históricas”

Sánchez lo tuvo más fácil en la siguiente pregunta. Pablo Iglesias, en nombre de Unidos Podemos, reclamó el apoyo del PSOE a una proposición de ley de su grupo que propone igualar los permisos de maternidad y paternidad para garantizar la igualdad haciéndolos además irrenunciables e intrasferibles. “Las mujeres de este país se lo han ganado”, subrayó, porque “solo en un 2% los hombres han hecho uso de sus permisos”. “Si nos apoyan”, explicó, “el PP, Ciudadanos y la caverna dirá que les ponemos deberes”, pero en realidad quienes “se los ponen son las mujeres de este país” y la “gente que empujó por una moción de censura”. “Creo que podemos hacer cosas históricas”, terminó Iglesias. “La gente que no perdido la esperanza, la gente que pensó que era posible echar al PP, se lo merece”.

El presidente agradeció el tono a Iglesias, apostó por aprobar medidas que garanticen la igualdad, defendió la intranferibilidad y la remuneración de los permisos y, aunque evitó contradecir al líder del Podemos, prefirió situar el debate en el ámbito de las leyes de igualdad —ambas de la izquierda— que se están tramitando en el Congreso. “Lo que animo es a la Cámara a hacer las mejores necesarias” a ambas iniciativas para “acabar con la lacra de la discriminación por género en el ámbito laboral. Este Gobierno va a gobernar con el Parlamento, no contra el Parlamento”.

Menos contento se quedó Joan Baldoví (Compromís) con la respuesta de Sánchez cuando le preguntó por las medidas que va a tomar el Gobierno para solucionar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. El presidente volvió a decir lo que ya avanzó el martes en el Senado: el Gobierno quiere a impulsar mejoras en la financiación de todas las comunidades pero da por imposible llevar a cabo una reforma completa del sistema en esta legislatura.

“Me recuerda a Montoro”, lamentó Baldoví, “cuando el exministro decía: ‘No hemos tenido tiempo o no teníamos dinero. No me gustaría que hiciera lo mismo”, subrayó. “No puede hacer un Montoro a los valencianos. Y no le votamos” en la moción de censura, advirtió, “para que hiciera lo mismo que el PP”.

Sanchez admitió la justicia de la demanda de Compromís pero no se movió un milímetro de su posición. “Somos ambiciosos y realistas. Estamos proponiendo la mejora” de la financiación, “pero hay que ser realista. La revisión a fondo sólo se va a poder culminar en la próxima legislatura”.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, acusó este miércoles al Gobierno de "montar un espectáculo mediático" con la acogida de los 629 inmigrantes que viajan a bordo del buque Aquarius "como el que va a montar en València" cuando, este tipo de acciones humanitarias, responden a "un trámite normal" que "se viene haciendo con normalidad en España desde hace mucho tiempo", informa Europa Press.

Hernando apuntó que en los últimos años España ha cumplido "con lo que marca la ley de extranjería y la ley de asilo" al atender a las personas que llegan en patera a las costas andaluzas, principalmente. "Las personas que vienen en esas condiciones se las recoge, se las atiende, se las clasifica y se las manda a un destino, pero lo que no se hace es montar una espectáculo", incidió el dirigente conservador, quien recordó que en lo que va de año se han rescatado a 5.720 personas próximas al litoral andaluz, unas 2.800 de ellas en aguas de Almería, "cuatro veces las personas que van en ese barco".

"El Gobierno de Rajoy ha estado haciendo una política humanitaria sin hacer ningún espectáculo", defendió Hernando durante su comparecencia en el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Almería, donde tachó de "lamentable" que el Gobierno trate de "jugar con las personas" y sus "necesidades" así como con "los sentimientos de la buena gente", dado que su acción "puede tener además consecuencias negativas para el conjunto de la política de migración de la UE".

Según Hernando, permitir el desembarco en el puerto valenciano "puede abrir o situar a España en el objetivo de las mafias que trafican con personas y crear problemas" tanto al país como "a nuestros vecinos del sur, especialmente a Marruecos"; si bien manifestó que desde el PP se apoyan "las acciones humanitarias" y que se pueda llevar al territorio nacional "a cualquier persona que esté sufriendo en el mar".

En cualquier caso, aseguró que los rescates efectuados por medios españoles no han estado acompañados de "ninguna operación ni de diseño ni de propaganda" porque este tipo de "gestos" pueden "poner en peligro la política común de inmigración de la Unión Europea".

En esta línea, consideró que el Aquarius "habría tenido puertos mucho más cercanos en otros países de la Unión" puesto que, según observó, "quizá uno –de los puertos– más alejados fuera el de València", con lo que cree que se le podría haber dado destino en Grecia o en cualquier país de la costa del Adriático. "Si va a recalar en Córcega, podría quedarse allí y ser admitidas por el Gobierno francés", dijo Hernando, quien reclamó al Gobierno de Sánchez "dejarse de frivolidades" y "ser bastante más serio" ante este tipo de cuestiones.

El ataque lanzado el viernes en el Congreso por el portavoz del PP, Rafael Hernando, contra uno de los firmantes de la sentencia del caso Gürtel, el magistrado José Ricardo de Prada, quedará sin respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces descartó este jueves la propuesta lanzada por una de las vocales progresistas para emitir un pronunciamiento público en defensa de De Prada, a quien Hernando acusó de estar "en sintonía con el mundo proetarra". Fuentes oficiales del CGPJ han explicado que la iniciativa de la vocal Concepción Sáez –adscrita al sector progresista– ni siquiera llegó a votarse. 

La posición mayoritaria en el Consejo –explicaron sus portavoces sin más detalles– es la de que no debe interferir en la libertad de expresión de los representantes políticos, especialmente cuando sus intervenciones se producen en el Parlamento.

Lejos de formular una retractación o una disculpa, el PP se ratificó el lunes en lo dicho por Hernando durante uno de sus turnos de intervención en el debate de la moción de censura. Esa ratificación se produjo cuando dos asociaciones judiciales –Juezas y Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente– pidieron el CGPJ que amparase a De Prada "de modo efectivo". El CGPJ respondió que el amparo solo se otorga a petición de parte. Y que De Prada no lo había solicitado pero que, no obstante, la comisión permanente estudiaría el asunto si alguien lo planteaba en la siguiente reunión.

Esa reunión se celebró este jueves por la mañana. Es decir, coincidiendo con la toma de posesión de la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, acto al que no acudió el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, el conservador Carlos Lesmes. El asunto –aducen los portavoces del CGPJ– no estaba en el orden del día pero se trató. Y Lesmes "ni siquiera intervino". 

El voto de Lesmes

Hace una semana, Lesmes hizo valer su voto de calidad para excluir así a De Prada del tribunal que debía decidir sobre la libertad o el encarcelamiento de 11 condenados de Gürtel. El magistrado, ahora en servicios especiales en el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, había solicitado que se le permitiera seguir en el tribunal para concluir los trámites derivados de la sentencia: la adopción de medidas cautelares y la resolución sobre las posibles reclamaciones de subsanación de errores que pudieran plantear las partes. Su petición provocó un empate de cuatro a cuatro. Y fue Lesmes quien lo deshizo.

En virtud de ese acuerdo, De Prada tampoco podrá participar ahora en la sala a la que compete resolver si desecha o incorpora las "rectificaciones" que el PP acaba de reclamar en lo que concierne al redactado sobre su carácter de beneficiario económico de la trama corrupta. Fechado el 4 de junio, el escrito del PP sostiene que se trata de corregir y completar omisiones argumentales de la sentencia sobre por qué se le condena en el ámbito civil como partícipe a título lucrativo.

Juristas de prestigio consultados por infoLibre y por completo ajenos al caso opinan por el contrario que el escrito del PP tiene pocos visos de prosperar porque lo que discute se relaciona más con la valoración de las pruebas que ha tenido en cuenta la sentencia que con hipotéticas omisiones susceptibles de subsanación. Y la valoración de la prueba –concluyen esos expertos– se dirime mediante los recursos. En este caso, con el ya anunciado por el PP ante el Tribunal Supremo.

Tres días después de que el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, acusara a uno de los jueces firmantes de la sentencia de Gürtel, José Ricardo de Prada, de estar "en sintonía con el mundo proetarra", el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seguía este lunes guardando silencio.

Adscrito al sector progresista -y minoritario- de la judicatura, De Prada fue uno de los dos miembros de la sala cuyo voto resultó decisivo para que el PP fuese declarado beneficiario económico de la trama. Durante el juicio, su voto ya había resultado esencial para que Mariano Rajoy se viese forzado a declarar como testigo. 

El lunes de la semana pasada, el órgano de gobierno de los jueces impidió que De Prada participase en las sesiones donde el tribunal de Gürtel debía decidir cuáles de los sentenciados a penas más graves habían de ingresar en la cárcel de manera inmediata y cuáles permanecerían en libertad. El Consejo argumentó que el juez ya no pertenecía a esa sala porque desde marzo se encuentra en servicios especiales destinada en La Haya.

Dos asociaciones judiciales –Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente– habían urgido por la mañana al órgano de gobierno de los jueces a amparar “de modo efectivo” a De Prada “ante los intolerables ataques” de Hernando. Preguntados por infoLibre, los portavoces del CGPJ remarcaron que el amparo solo se concede a petición de parte. Y que De Prada no lo ha solicitado hasta el momento.

Por la tarde y en medio del silencio del Consejo, el PP renovó su ataque al magistrado con un comunicado ahora suscrito por su portavoz de Justicia, María Jesús Moro: José Ricardo De Prada ha mantenido en distintos momentos “posicionamientos públicos” recogidos “en informaciones periodísticas o en sentencias” que, "agradaron a los proetarras". El PP renunciaba así a zanjar el asunto con una disculpa o una retractación explícita o implícita. “El portavoz –remarca el comunicado en alusión a lo dicho por Rafael Hernando– sólo ha hecho referencia a hechos e informaciones publicadas”.

Una vez difundió el PP ese comunicado, este periódico preguntó a los portavoces del CGPJ si cambiaba en algo la situación. Las fuentes consultadas reiteraron su mensaje de la mañana. Y añadieron esto: "Si el jueves, cuando se reúne la comisión permanente del Consejo, algún vocal plantea el asunto se debatirá en ese momento", agregó un portavoz del CGPJ.

Hace un mes, un día después de que la sentencia dictada en el caso de La Manada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra provocase un estallido de indignación, el presidente del Poder Judicial -y del Tribunal Supremo- salió por iniciativa propia en defensa del tribunal. Las decisiones judiciales –dijo entonces Carlos Lesmes a través de un comunicado oficial- "están sin duda sometidas a la crítica pública". Pero "cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos". Debe recordarse, añadió Lesmes, "que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales".

De manera oficiosa, algunos de los que representan la posición mayoritaria en el CGPJ –la conservadora- argumentan que Lesmes se vio impelido a hacer ese pronunciamiento porque uno de los ataques al tribunal navarro partió nada menos que del entonces titular de Justicia, Rafael Catalá. Entonces, también Jueces para la Democracia salió en defensa del juez que en su voto particular se mostraba favorable a la absolución de los acusados. La asociación pidió la dimisión de Catalá.

Del ‘caso Faisán’ a las torturas

El PP basa su andanada contra De Prada en lo que su propio comunicado enuncia a modo de pregunta retórica formulada por María Jesús Moro: “¿Acaso su posición pública sobre torturas en la Audiencia Nacional bendecida por el diario Gara, o sus votos particulares en sentencias por enaltecimiento de terrorismo o en el caso Faisán, no son argumentos que gustaron a los proetarras porque están en su sintonía?”.

En el caso Faisán, José Ricardo de Prada emitió en 2011 un voto particular contra el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Ruz. En suvoto, De Prada sostenía que el chivatazo con el que se alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), estaba justificado “dentro de un proceso de negociación política". "Esta es la primera causa penal en la historia de España que llega a un estado de tramitación", argumenta.

Dos años más tarde y por el delito de revelación de secretos, la Audiencia Nacional sentenció a año y medio de prisión a los dos policías procesados por el chivatazo. La sentencia, luego confirmada por el Supremo, desechó condenarles por colaboración con organización terrorista al considerar probado que su objetivo no fue "favorecer la actividad de la banda terrorista" sino "que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA".

Con su mención a las torturas, el PP se refiere a unas declaraciones por las que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la propia Fiscalía recusaron 2016 a José Ricardo de Prada, recusación que la Audiencia Nacional rechazó. La doble recusación llegó después de que, en abril de ese año, el juez hubiese afirmado que la tortura a etarras “se había producido de manera clara”. “Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de derecho”, dijo el magistrado.

Dos años después de que De Prada hubiese pronunciado esas palabras, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó en febrero de este año a España por “trato inhumano y degradante” a los terroristas Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado con que ETA mató a dos personas e hirió a una veintena en la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006.

La condena a España, que anulaba la sentencia exculpatoria del Tribunal Supremo, tuvo en cuenta como elemento crucial las lesiones infligidas a Portu durante su arresto en 2010 -colapso pulmonar, dos costillas rotas, neumotórax y hematomas por todo el cuerpo. “Ni las autoridades nacionales ni el Gobierno han ofrecido ningún argumento convincente ni creíble que sirva” para explicar o justificar esas lesiones, se lee en la sentencia europea.

Dado que los denunciantes no alegaron “que las lesiones en cuestión hayan tenido consecuencias a largo plazo en ellos y en ausencia de una prueba concluyente relativa a la finalidad del trato infligido", la corte europea consideró que los hechos no debían ser calificados como torturas. Pero sí como “tratos inhumanos y degradantes".

El líder del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, subió este viernes a la tribuna del Congreso en la que iba a ser su última intervención como portavoz del partido del Gobierno y el escaño de su jefe seguía vacío, como toda la tarde del jueves. Mariano Rajoy, no estaba para escucharle decir a Pedro Sánchez que quiere ser presidente del Gobierno "cueste lo que cueste".

"Esta moción de censura es un fraude", definió Hernando tras acusar al jefe de los socialistas de llegar a la Moncloa "por la puerta de atrás" y de haber abandonado el bloque constituci0nalista para echarse en manos de los nacionalistas.

Tras hurgar en la herida de que el PSOE vaya a gobernar con los Presupuestos del PP, el portavoz conservador se dedicó a golpear a quienes van a dar el sí a Pedro Sánchez: desde Venezuela y el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero a Bildu, "los amigos de la ETA". "Ni siquiera el señor Zapatero aceptó esos votos para ser presidente del Gobierno".

En este punto, se preguntó si a partir de ahora iban a poder mirar a las víctimas de ETA a la cara.

También hubo para el PNV: "Vuelven ustedes a los tiempos de Ibarretxe", dijo tras señalar que siempre les había considerado un partido de fiar, pero que se equivocó. Y, como no, para el PSOE: que tiene más de 700 casos de corrupción, el único partido, dijo, condenado en firme junto al PDeCAT. "¿Si la Presidenta [Cristina] Narbona es sentada en un tribunal va a usted a dimitir? Ya veo que no. ¿Va a pedir a [José Luis] Ábalos que dé explicaciones sobre la financiación ilegal del PSOE de la Comunidad Valenciana?", preguntó.

Y, para cerrar el círculo, dirigió la mirada a Ciudadanos, culpando a Albert Rivera de haber empujado a que Mariano Rajoy se enfrente a esta moción de censura. Cómo es posible, se preguntó Hernando, que Ciudadanos haya responsabilizado al Gobierno de una cosa -el caso Gürtel- que ocurrió en dos ayuntamientos madrileños en 2003. En Andalucía, sostuvo, el partido naranja no pone las cosas tan difíciles a Susana Díaz.

"El señor Rivera ha contribuido a desestabilizar el Gobierno de Mariano Rajoy exigiendo unas elecciones anticipadas, como ya exigió en Cataluña, donde las pidió y tras ganar siguió echando la culpa al PP", señalaría Hernando.

"Hoy gana usted y pierde España", acabaría Hernando su discurso.