A mediados de marzo, antes de Semana Santa, Narcodiario informaba de la caída de la organización criminal afincada en el entorno de Huelva que se había convertido en una de las mayores suministradoras de cocaína a nivel nacional, rivalizando con los clanes gallegos y con clientes fijos en Países Bajos. Los logos de la droga intervenida dejaron patente su relación con la oficina desmantelada pocas semanas antes en Madrid.

Ahora, la Policía Nacional da cuenta del global de un operativo histórico en el que se intervino el mayor alijo de droga colombiana jamás visto en esa provincia, 5.000 kilos de cocaína, introducido mediante embarcaciones de alta velocidad. Los sospechosos trasladaban la droga hasta dos 'guarderías' ubicadas en la provincia onubense y en Sevilla, donde los agentes localizaron cinco armas de guerra utilizadas para custodiar la mercancía, una pistola, vehículos, móviles y dinero. Tras su paso a disposición judicial, los diez detenidos, a saber, cinco españoles, tres serbios, un bosnio y un neerlandés, ingresaron en prisión.

El pasado 13 de marzo, varias personas introdujeron en territorio nacional un cargamento de aproximadamente cinco toneladas de cocaína a través de las costas de Huelva, empleando embarcaciones de alta velocidad. Posteriormente, la droga fue trasladada por carretera hasta la localidad de Gibraleón, donde se organizó su almacenamiento y distribución. Todo ello fue seguido muy de cerca por los especialistas antidroga de la Brigada Central de Estupefacientes.

A la mañana siguiente, los agentes detectaron el inicio del reparto de la droga y comenzaron a actuar. Una primera furgoneta trasladó parte del alijo hasta una vivienda en Utrera (Sevilla). Poco después, otra cargada con 35 fardos —más de una tonelada de cocaína— fue interceptada, procediendo a la detención de su conductor y de otros dos individuos que realizaban labores de contravigilancia desde un turismo para detectar cualquier presencia policial.

Para asegurar la mercancía portaban un arma larga de guerra, una pistola, abundante munición y un inhibidor de frecuencia, lo que evidenciaba un alto grado de organización y peligrosidad del entramado criminal.

Las actuaciones culminaron con la realización de dos entradas y registros en las viviendas utilizadas como guarderías para almacenar y custodiar el estupefaciente. En la de Gibraleón —Huelva—, los agentes intervinieron diversos fardos de cocaína con un peso de más de 3.500 kilogramos.

Además, se incautaron cuatro fusiles de asalto tipo Kalashnikov, dinero en efectivo y una furgoneta sustraída con placas dobladas. Durante el asalto, realizado por el Grupo Operativo Especial de Seguridad —GOES—, los encargados de custodiar la droga intentaron huir, siendo finalmente detenidas cinco personas, entre las que se encontraba el propietario del inmueble. En Utrera (Sevilla), se incautaron 400 kilogramos de cocaína y también dinero en efectivo, logrando el arresto de dos personas más vinculadas a la organización.

Finalmente, la operación se saldó con diez personas detenidas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículo. Una vez que pasaron a disposición de la autoridad judicial esta decretó el ingreso en prisión de todos ellos.

Durante la operación, la totalidad de lo intervenido, además de las cinco toneladas de cocaína, ascendió a cinco armas de guerra —cuatro Kalashnikov y un arma larga—, una pistola, cinco vehículos, 17 teléfonos y más de 5.000 euros en efectivo.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una red perfectamente estructurada, con funciones diferenciadas y capacidad logística para introducir grandes cantidades de droga en territorio nacional, almacenarla y distribuirla bajo fuertes medidas de seguridad para su posterior distribución a nivel internacional.

El operativo se une a otros recientes en los que, en ocasiones, los narcos gallegos se relacionan directamente con otros afincados en el entorno de Huelva, como se vio en la organización de Carlos Silla, ahora condenado, cuyos barcos empleaban esa zona para introducir parte de su mercancía. Relevante fue también en su momento la descarga a plena luz del día que captaron las cámaras pero que no pudo ser abortada en la que los narcos lucían AK—47 como los intervenidos en Gibraleón, y también importantes las acciones ejecutadas a lo largo del río Guadiana, otro de los canales de entrada de la droga en la Península por el suroeste.

La situación geográfica de la provincia, de cara al Océano Atlántico y muy cerca de África, la sitúa en el centro del escenario del narcotráfico. Tampoco hay que olvidar que esta zona está controlada por Sergio Mora Carrasco, alias El Yeyo, uno de los delincuentes más buscado de España y famoso por su pericia al volante de las lanchas rápidas, y vinculado recientemente con la trama del narcotúnel de Ceuta.

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía información sobre la actuación del servicio Emergencias 112 de Andalucía ante el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 46 personas, según recoge EFE.

En declaraciones a los medios de comunicación en Huelva, provincia en la que residían 28 de las víctimas mortales, Márquez ha hecho "un llamamiento a la verdad" en el marco de "ese alegato a la transparencia" que se viene haciendo desde que sucedió la tragedia y tras "las últimas informaciones que se han conocido estos días sobre llamadas al 112 sin respuesta".

"Desde que se produjo el trágico accidente de Adamuz, nosotros hemos dicho que queremos saber la verdad de lo que pasó, igual que las víctimas y los familiares, porque nosotros también, lamentablemente, hemos tenido que enterrar a seres queridos, a compañeros, a familiares", ha apuntado.

En este marco, y por las últimas informaciones que han conocido, desde el PSOE-A se ven en la obligación de preguntar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "si se ha dado toda la información de lo que pasó respecto al 112" porque "hay víctimas contando que llamaron al 112 y que no las atendieron".

"Nosotros desde el PSOE llevamos años diciendo que el servicio del 112 estaba absolutamente desmantelado por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, que privatizar la sanidad tiene consecuencias terribles", ha remarcado, para después insistir en que quieren saber "si hubo gente que llamó al 112 y que no obtuvo la respuesta en un momento tan difícil". "Queremos que se sepa la verdad en todos los sentidos, aquí también, por supuesto", ha agregado.

En su opinión, Moreno "no puede eludir sus responsabilidades", por lo que le piden "máxima colaboración con la justicia y máxima colaboración con la comisión de investigación y que se sepa la verdad".

"Los onubenses, los andaluces tenemos derecho a que se sepa la verdad. De ahí no nos vamos a mover. Es lo que llevamos pidiendo durante todo este tiempo y queremos que todo el mundo que tenga algún tipo de implicación dé la cara y nos cuente todo lo que pasó", ha concluido.

Once días después del accidente ferroviario de Adamuz que se cobró 45 vidas, más de 4.300 personas se han dado cita este jueves en el Pabellón de los Deportes Carolina Marín en el primer gran homenaje a las víctimas en Huelva, provincia de donde eran originarios 28 de los fallecidos.

El funeral organizado por la Diócesis onubense en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación, ha situado a las víctimas y a sus familias en el centro, ocupando la pista del pabellón y estando muy presentes en todas las intervenciones.

De hecho, se han situado en la pista central, solo ellos, frente a un altar presidido por la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, que ha sido bajada de su santuario expresamente para esta ocasión especial.

Junto a ellos, únicamente los reyes, mientras que autoridades y políticos se han mantenido en un discreto segundo plano, sentados en unas de las gradas laterales.

Tal ha sido el protagonismo que se ha querido dar a las víctimas que incluso los familiares de uno de los fallecidos, que no fue nombrado en el momento en el que se dio lectura en la eucaristía a los nombres de las 28 víctimas mortales de Huelva, reclamaron que se subsanara ese desliz.

Frente a quienes han cuestionado si un acto religioso era el homenaje más adecuado, tras la suspensión por parte del Gobierno y la Junta de Andalucía del homenaje de Estado previsto para este próximo sábado, una portavoz de estas familias ha defendido que el de esta tarde era "el único funeral que cabía", ya que "la única presidencia" que quieren a su lado "es la de Dios".

Acompañada por su hermano Fidel, ambos cogidos de la mano con una rosa blanca, Liliana Sáez, hija de Natividad de la Torre, una de las fallecidas en el accidente, ha reivindicado que las 45 familias lucharán por saber la verdad porque solo esta los "ayudará a curar esta herida que nunca cerrará".

Entre los asistentes también estaban algunos de los heridos, personas que todavía se están recuperando, algunos con collarines, vendas e incluso dos menores en silla de ruedas, y familiares que asían entre sus manos las imágenes de aquellos a los que han perdido.

Recogimiento, solemnidad y silencio solo roto por aplausos de los asistentes al final de la intervención de Liliana Sáez, la más emotiva de esta tarde, y a los reyes, quienes han arropado a familiares y a algunos heridos durante unos cincuenta minutos que han concluido, al igual que el inicio del acto, con el himno de España.

Y un mensaje de la portavoz de la familias de las víctimas que suena a moraleja: "Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer y el beso que no damos es el que más recordamos".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han acordado este miércoles auspiciar juntos un homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en la mañana del próximo sábado 31 de enero en Huelva, a, han informado fuentes de ambos Ejecutivos.

En comunicados prácticamente idénticos y emitidos de forma simultánea, los dos gobiernos explican que Sánchez y Moreno han hablado por teléfono para intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente.

Fuentes del Gobierno central habían avanzado el martes la intención de celebrar un funeral de Estado, pero apuntaban a la necesidad de esperar a que todas las víctimas mortales fueran recuperadas e identificadas y recordaban que había que coordinar agendas con la Casa Real. Finalmente Sánchez y Moreno han acordado que el homenaje tenga lugar el sábado 31 en Huelva. En esa provincia residían al menos 23 de las 43 víctimas mortales del accidente.

Según el último balance, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya a 41 de los 43 fallecidos. 

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la financiación del narcotráfico internacional, cuya base operativa se situaba en el extrarradio de Madrid. Han sido detenidas 16 personas, entre ellas el líder, especialista en el sistema de la hawala, que permite realizar transacciones sin mover el dinero físicamente. Todos ellos se erigían una entidad bancaria para el narco realizando transferencias de un país a otro, casi a diario, de dinero procedente de la venta de estupefacientes para su incorporación al flujo económico legal o para la reinversión en nuevas partidas de droga. Un operativo similar se produjo a finales de 2024, también con base en España y ramificaciones en Dubái.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se constató la existencia de una célula dedicada a la hawala en una vivienda situada en la madrileña localidad de Rivas Vaciamadrid. Tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la financiación del narcotráfico internacional, y que posteriormente era distribuido hacia diferentes puntos de España.

Además, los investigadores constataron que los moradores de la vivienda eran empleados a sueldo de un líder, quien tenía una vasta cartera de clientes dedicados al narcotráfico internacional que necesitaban transferir grandes cantidades de efectivo de un país a otro, dinero procedente de la venta de estupefacientes a gran escala. Su trabajo era que todos esos grupos de narcos de distintos países europeos tuviesen siempre el dinero en efectivo que necesitasen para sus negocios. 

La hawala, que históricamente funcionaba mediante la entrega de medio billete con su código como garantía de que el pago estaba hecho, ha evolucionado a sistemas más modernos merced a las nuevas tecnologías. Sin embargo, hay criminales que siguen apostando por ese viejo sistema: un miembro de su organización recibe el dinero en España y, al mismo tiempo, la mitad de ese billete (con su código), y la otra mitad del billete llega a su poder en destino, que en muchas ocasiones es Dubái. El dinero estaría en la caja sin tener que moverlo.

La organización actuaba como una 'entidad bancaria para el narco' a través de ese sistema. De esta forma, cuando los clientes realizan una venta de droga en el extranjero y reciben el pago allí, recurren a este 'hawallader' o 'cambista' para que recoja el dinero que han generado en el extranjero y les entregue la misma cantidad -salvo la comisión que se lleva por hacer la transferencia- en algún punto de la geografía español donde lo soliciten. El dinero transferido se incorpora al flujo legal o se utilizaba para la reinversión en nuevas partidas de droga.

Los empleados de la organización recorrían cientos de kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo día, solamente para hacer las entregas de dinero, transportando los billetes precintados y escondidos en compartimentos ocultos (caletas) que tenían instaladas en los vehículos que utilizaban.

Finalmente se llevó a cabo la explotación operativa mediante la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga –entre ellos el domicilio del líder así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo-. Como resultado total, los agentes intervinieron más de 500.000 euros en metálico, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9 milímetros y ocho vehículos de alta gama.

Durante la investigación han sido detenidas 16 personas, la mitad de ellas en Madrid, pero también en Huelva, Guadalajara, Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión provisional.

Zahra, de 47 años y asesinada presuntamente por su expareja en Moguer (Huelva), es la víctima mortal número 34 por violencia de género en lo que va de 2025 en España y la número 1.329 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003, según informa EFE.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes la naturaleza machista del crimen y ha informado de que no constaban denuncias por maltrato machista contra el presunto feminicida, de 56 años y que ya ha sido detenido.

Zahra, de origen marroquí, trabajaba y vivía en una finca agrícola en Moguer, donde fue asesinada con un arma blanca el domingo presuntamente por su expareja, un ciudadano de Burkina Faso. 

Fueron los compañeros de trabajo de la víctima quienes hallaron su cadáver cuando fueron a buscarla porque no había acudido a su puesto. La hija de la víctima contó a los agentes que el detenido amenazó a su madre la semana anterior después de que ésta le contara que iba a casarse con otra persona.

Zahra es la víctima mortal número 11 por violencia de género en lo que va de 2025 en Andalucía, donde han sido asesinadas 278 mujeres desde 2003. 

De las 34 víctimas de 2025, 21 eran de nacionalidad española y 13, de origen extranjero, al igual que los feminicidas que acabaron con sus vidas.

En ocho casos constaban denuncias contra los presuntos agresores, el 23,5%. Doce de las víctimas, entre ellas Zahra, fueron asesinadas por sus exparejas, y 22 por sus parejas. 

Rocío, de 55 años y asesinada presuntamente por su pareja en Cartaya (Huelva), es la décima víctima mortal por la violencia de género en lo que va de año y la número 1.304 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de feminicidios en el ámbito de la pareja y la expareja en 2003, según informa EFE.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este viernes la naturaleza machista del crimen y ha informado de que no existían denuncias previas por maltrato contra el presunto feminicida, que las fuerzas de seguridad buscan porque se encuentra huido.

Una expareja de la víctima encontró este jueves por la mañana el cadáver de Rocío en su casa. Fue mortalmente golpeada con un objeto contundente en la cabeza.

La mujer, de nacionalidad española, trabajaba en la Junta de Andalucía. El suyo es el tercer asesinato por violencia de género en Andalucía en lo que va de año y el número 270 desde 2003.

De las diez víctimas de feminicidios en el ámbito de la pareja perpetrados este año en España, seis eran españolas y cuatro extranjeras. En dos casos, constaban denuncia previa contra los presuntos agresores.

La Guardia Civil está investigando como un caso de violencia machista la muerte de una mujer de 55 años, que fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente y cuyo cadáver fue encontrado en el interior de la vivienda en la que residía en el municipio de Cartaya (Huelva), han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El cuerpo fue hallado a las ocho de la mañana por un albañil que tenía previsto hacer obras en la casa y se está buscando a un hombre con el que convivía la víctima.

Las citadas fuentes han indicado que el albañil había sido pareja de la mujer y tenía antecedentes de violencia hacia ella, por lo que la mujer había estado incluida en el sistema VioGén de seguimiento a las víctimas de violencia de género hasta el año pasado. No obstante, el albañil es de momento testigo y se está buscando a la actual pareja de la victima, que no está registrada en el sistema VioGén.

Según han informado a EFE desde el Ayuntamiento, vecinos de la mujer han avisado a la Policía Local al escuchar los gritos de la persona que ha descubierto el cadáver.

Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local e, inmediatamente, también de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación. Esta mañana la Policía Judicial se encuentra en la vivienda recabando indicios para esclarecer lo sucedido. 

Tres años después de las dos grandes operaciones contra la construcción de embarcaciones de alta velocidad para el transporte de estupefacientes, las conocidas como narcolanchas, la Fiscalía de Pontevedra está en condiciones de describir todo el engranaje criminal que dotaba de la infraestructura naval necesaria, antes para el tráfico de hachís y ahora para la mucho más lucrativa cocaína. El esquema delitictivo nacía en el corazón de la comarca de O Salnés (Pontevedra), cruzaba el Miño hasta distintos puntos de Portugal y se ramificaba en los cuatro puntos cardinales de España, desde Salamanca hasta Tarragona, pasando por Toledo, Huelva, Sevilla y Santa Pola (Alicante).

Las dos redes con matriz en Galicia desmanteladas se exponen a penas de prisión que, en conjunto, superan los 110 años. Eso es lo que exige de forma provisional la acusación pública para las 23 personas que serán sometidas a juicio en los próximos meses.

En el caso de la primera de las redes, que cayó fruto del trabajo conjunto de las autoridades españolas –Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera– y las fuerzas de seguridad portuguesas, los investigadores sitúan en la cúpula a personas de la comarca de O Salnés y, en concreto, a Pablo V. El nombre más sonado de entre quienes se sientan en el banquillo no es, sin embargo, el suyo, sino el de Ramón Bugallo, primo del histórico José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Los gallegos son los mayores expertos a la hora de manejar la materia prima con la que se construyen esta clase de embarcaciones, la fibra de vidrio, y se aprovechan de esa circunstancia y de sus contactos en el submundo criminal para mantener una línea de negocio alternativa al narcotráfico puro y duro

La organización disponía de tres localizaciones clave en Galicia: en Castrelo y en A Pedreira, en el municipio pontevedrés de Cambados, y en Sisán, en el de Ribadumia, según explica el fiscal. La más relevante era la primera, pues allí se construían los cascos de las embarcaciones semirrígidas, de unos 12 metros de eslora y con espacio para tres motores –en ocasiones, para cuatro–. Con el trabajo aún por terminar, las narcolanchas eran transportadas a una instalación clandestina en Salamanca que resultó ser un escenario clave: allí se incorporaban los motores, el cableado eléctrico y los sistemas de navegación.

Esta fase final de ensamblaje y pertrecho también se ejecutaba en Viana do Castelo (Portugal). Los gallegos saben bien que con sólo cruzar el río que separa la provincia de Pontevedra de Valença y Monçao, localidades fronterizas, todo cambia: lo que en España está prohibido allí se permite. La mera tenencia de estas embarcaciones es un delito de contrabando al norte de la raia, pero no está penada al aur. Sin embargo, sí se puede atacar, previo pacto con las autoridades portuguesas, el esquema ideado por especialistas en saltar la frontera para delinquir. Y eso es lo que se hizo. 

Desde Salamanca y, en ocasiones, desde Viana do Castelo, las narcolanchas partían en camiones de gran tonelaje hacia distintos puntos del país e incluso del extranjero: llegó a comprobarse el traslado de una de las embarcaciones hasta los Países Bajos.

La segunda red especializada en el negocio que cayó en esa misma época, en 2022, y que será juzgada en breve plazo en Pontevedra tenía una operativa similar. En este caso dos personas afincadas en Barcelona se desplazaban a Galicia para organizar un tejemaneje que comenzaba en una nave del polígono industrial de Cotogrande, a las afueras de Vigo, y que se ramificaba en al menos cinco emplazamientos de Portugal, todos ellos con acceso cercano a un río navegable, el Miño o el Lima, que permitiese pruebas de agua e incluso botaduras. La dinámica criminal, sin embargo, devolvía la lanchas, una vez preparadas, a España.

En Toledo se ubicaba el principal escenario de almacenaje de las embarcaciones que construía la organización, pero fueron halladas planeadoras también en Tarragona –punto de partida de alijos que acaban en España por el Delta del Ebro–, Santa Pola (Alicante), Sevilla y Huelva. Lanchas rápidas de este entramado criminal fueron utilizadas para varios transportes acreditados de droga en distintos puntos, algunos frustrados por las autoridades –en Almería y Huelva– y otros que consiguieron eludir los controles. 

Las penas que solicita la Fiscalía por estos hechos alcanzan los siete años de cárcel en el caso de los presuntos responsables de ambas organizaciones, tres personas en el caso de la red con matriz en Cambados y dos más en la de Vigo. A ello se añaden multas multimillonarias, que parecen más una formalidad que otra cosa. nadie las paga. El resto de los individuos que realizaban diferentes funciones en los entramados, como la mano de obra para trabajar la fibra de vidrio o la conducción de los vehículos para el transporte, así como quienes aportaban las empresas y naves necesarias para el desarrollo del delito, se exponen a posibles condenas que oscilan entre los dos y los cinco años. Salvo un imputado, que añade una acusación por tenencia ilícita de armas y podría ser condenado a siete años de cárcel.

En total, las dos operaciones, bautizadas Munari y Endurance, se saldan con peticiones de penas de prisión para una mayoría de gallegos, pero también para acusados originarios de otros puntos de España y Marruecos. 

En 2025, Galicia sigue siendo centro de producción de esta clase de embarcaciones que se emplean para el transporte masivo de drogas y, en ocasiones, también de personas migrantes, en especial en el sur de España. Sus responsables disponen de la materia prima gracias a la actividad lícita que se lleva a cabo en muchos puntos de la provincia de Pontevedra. Además, tienen acceso a enclaves secretos en los que trabajar la fibra de vidrio para su posterior traslado a Portugal.

Con la misma operativa descrita, los narcos reciben estas lanchas, cada vez más avanzadas y caras, en el sur, en un negocio que puede aportar hasta 200.000 euros por unidad a quienes las construyen, en función de las características de la embarcación. Los motores cuestan entre 30.000 y 50.000 euros cada uno, según sean Honda, Yamaha, Suzuki o Evinrude, los más utilizados por los narcos. Los anclajes, equipos de navegación y acabados añaden unos 15.000 euros más. La mano de obra del constructor gallego y los materiales suponen la parte más variable del presupuesto. En total, restando gastos, las mafias criminales dedicadas al negocio de las narcolanchas se embolsan entre 70.000 y 100.000 euros limpios por cada narcolancha que entregan a sus clientes.

Organizaciones sociales y ambientales de Huelva han denunciado este jueves que alrededor de mil temporeros migrantes han pasado el verano sin agua en los asentamientos de chabolas en la provincia, sin que las administraciones atendieran el llamamiento realizado por las ONG a finales de julio, según informa EFE.

Según ha recordado en un comunicado Ecologistas en Acción, cuarenta colectivos sociales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos solicitaron a las Administraciones públicas la creación de un corredor de emergencia para garantizar el acceso a agua potable y la recogida de basura en esos asentamientos. Dichas organizaciones sociales han difundido ahora un vídeo donde muestran la realidad de los asentamientos del entorno de Doñana y Lepe.

Han precisado que en la provincia de Huelva existen unos 40 asentamientos, donde llegan a vivir más de 4.000 personas jornaleras en la época de recogida de la fresa, que va de enero a junio.

Las condiciones de vida de los asentamientos —que aparecieron hace más de 25 años por la necesidad de gran cantidad de mano de obra para el cultivo de los frutos rojos y la falta de alojamientos— "atentan contra la salud y la vida de las personas que los habitan: los incendios son continuos ya que los materiales de construcción de las chabolas son altamente inflamables; los trabajadores viven rodeados de basura, roedores, mosquitos y culebras; y para conseguir agua o llegar a un centro de salud hay que recorrer kilómetros en bicicleta o andando", han señalado.

Ante esta situación, las organizaciones sociales denuncian la inacción de todas las administraciones: "lejos de los anuncios que viene realizando en los últimos meses la consejera de Inclusión Social, Loles López, en torno Plan EASEN para erradicación de los asentamientos, la realidad sobre el terreno muestra una situación de emergencia que únicamente está siendo atendida por asociaciones como La Carpa con personas voluntarias".

Esta asociación, como se muestra en el vídeo difundido, ha efectuado en lo que va de verano una decena de repartos en los asentamientos del entorno de Doñana y Lepe en los que ha distribuido más de 10.000 litros de agua embotellada.

Tampoco las administraciones locales de Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, municipios donde se encuentran situados los asentamientos, han puesto en marcha acciones significativas para mejorar las condiciones de vida de estas personas; a la vez que se niegan a empadronarlas y, por tanto, a reconocer a estas personas como ciudadanas.

Por todo ello, las organizaciones han reclamado a las distintas administraciones la creación de una mesa de trabajo específica coordinada por la Oficina Técnica de Doñana y la intervención de urgencia para asegurar el acceso a agua potable y retirada de residuos del entorno de los asentamientos.

Dos gallegos, un gaditano y un serbio comparten narcolancha cerca de la costa de Matalascañas, en Huelva. Propulsada por cuatro motores fueraborda, transporta más de 600 kilos de cocaína perfectamente empaquetados, probablemente lanzados desde un mercante de ruta regular y recogidos por la planeadora, que pretende acercar la valiosa mercancía a tierra. A plena luz del día. Acaba de empezar el mes de abril y no hay un alma en la playa. Pero sus planes los trastocan un helicóptero y una patrullera de la Guardia Civil que les salen al paso. En el arenal aparece también un todoterreno, del que se apean varios agentes.

Acorralados, los gallegos y el gaditano resuelven arrojar los fardos por la borda, lo que debería permitirles ganar velocidad y escapar. Pero el serbio, que actúa como notario de los dueños de la droga para asegurar su entrega, se opone y saca un cuchillo con el que ataca al de Cádiz. El forcejeo termina con el serbio en el agua… y detenido por la Guardia Civil. Los agentes lo sacaron del mar al mismo tiempo que los paquetes de cocaína que había intentado salvar.

Los agentes no saben si los tres españoles hicieron frente al notario y lo tiraron por la borda o si fue el propio serbio quien se lanzó al agua tras perder la pelea, pero lo cierto es que tanto unos como el otro han terminado en prisión. Aunque los dos gallegos se mantuvieron en el mar durante unos días antes de regresar a Galicia, fueron finalmente detenidos y comparecieron en los juzgados de Caldas de Reis y Cambados (Pontevedra), desde donde fueron enviados a la cárcel de A Lama.

Todos ellos trabajaban para la organización que fue desmantelada el pasado martes en la Operación Grajuela. Según destaca el Ministerio del Interior, se trata de la mayor organización de lancheros del Estrecho de Gibraltar. Liderada por un narco histórico huido de la justicia y residente en una urbanización de lujo a las afueras de Lisboa, Sergio A. M., alias El Bola, tenía su base en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y es la misma que la Policía Nacional y la Guardia Civil sitúan detrás de un narcosubmarino que fue abandonado, también en aguas del Atlántico próximas a Huelva, en mayo de 2023, con seis toneladas de cocaína procedentes de Sudamérica.

Era el segundo sumergible con droga que, tras cruzar el Atlántico, aparecía en aguas españolas en sólo dos meses. En marzo, el Poseidón fue hallado en Vilaxoán, en la Ría de Arousa, pero sin las cinco toneladas que había transportado desde Brasil. Ambas narconaves, la arribada a Galicia y la de Huelva, además, compartían notario, un colombiano que fue identificado por las fuerzas de seguridad en las dos zonas de descarga. Desde principios de este mes se encuentra en busca y captura internacional.

Con el hallado en Huelva, son ya cinco los narcosubmarinos de cuya existencia tienen constancia la Policía Nacional y la Guardia Civil. El primero se encontró en 2006, tenía sólo 12 metros de eslora, apenas podía transportar una tonelada de droga y había sido construido, de forma casi artesanal, en Vigo. Debería haber servido para alijar hasta la costa la droga transportada en barco desde Sudamérica hasta aguas gallegas. El segundo fue el Che, el primer semisumergible transatlántico capturado en Europa, en noviembre de 2019. De 20 metros de eslora, llevaba tres toneladas de cocaína, que fueron decomisadas en la Ría de Aldán (Pontevedra). Dos años después, la policía halló el tercero, en el interior de una nave de Málaga, donde había sido construido. El Poseidón fue el cuarto; el quinto, el localizado dos meses más tarde en Huelva.

Esta red de relaciones desvela los cambios que ha acometido el narcocrimen en España en los últimos años y su gran capacidad para adaptarse. La cooperación internacional viene de antiguo, desde Colombia hasta los Balcanes, pero, además, se han producido otros movimientos locales que dan idea de la flexibilidad laboral y operativa del sector.

Los lancheros gallegos, curtidos en el pilotaje de planeadoras con hasta cinco motores y driblando bateas de noche en las rías, están ahora en nómina de los narcos andaluces. Un trabajo, en principio, más fácil y muy bien pagado. Uno de los pilotos detenidos por la descarga frustrada de Matalascañas es un lanchero de Barro (Pontevedra) conocido como O Rubio, y el otro es natural de Cambados.

Pero hace ya dos años fue capturado uno de O Grove, Francisco Javier Otero Magdalena. Su planeadora fue embestida desde detrás por una embarcación de la Guardia Civil, lo que causó la muerte de otro narco de La Línea de la Concepción que viajaba con él. Otero Magdalena fue rescatado, detenido e imputado por un delito de contrabando: no había droga en la lancha. “Los gallegos están modificando sus rutas y cada vez alternan más el tráfico de cocaína con el de hachís”, explica Santos Bernal, jefe antidroga de la Policía Nacional en Andalucía.

Además, los narcos han empezado a dedicarse a la construcción naval. Este mismo jueves, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, junto con la Policía Judiciaria de Braga (Portugal), desarticularon una organización que vendía motores fueraborda y construía narcolanchas para los narcos del Estrecho. También blanqueaban dinero procedente del tráfico de droga. La Operación Vodka, que ha implicado a un centenar de agentes, ha terminado con seis detenciones en Ourense y Pontevedra y la declaración de otras cinco personas en calidad de investigados.

El dinero de la droga se empleaba en construir las narcolanchas, que desde el norte de Portugal, donde se montaban los motores, se enviaban al Estrecho. Allí las embarcaciones eran utilizadas no sólo para el narcotráfico, sino también para el transporte ilegal de migrantes desde el norte de África. Los responsables de la organización vivían en Ourense, donde se llevaron a cabo tres detenciones, pero fue en Valença do Minho, en Portugal, donde la policía se incautó de ocho lanchas, 25 motores de gran cilindrada, radares y todo tipo de material náutico.

A diferencia de España, en Portugal no es delito la construcción de planeadoras. Hay que acreditar que se van a emplear para el tráfico de drogas. El Código Penal español, en cambio, considera un delito de contrabando, castigado con penas de prisión de uno a cinco años, el simple hecho de construir, importar, exportar o pilotar una de estas planeadoras superrápidas.

El negocio ha extendido su ámbito geográfico. Las operaciones en Huelva lo prueban. También la aparición de una docena de narcolanchas abarloadas frente a Manilva, en Málaga, hace sólo unos días. Algunas de ellas amagaron con embestir a las patrullas de la Guardia Civil que se les acercaron, en lo que casi se temió una repetición del ataque que mató a dos guardias civiles en Barbate el pasado febrero.

Si la última memoria de la Fiscalía advertía del aumento de las incautaciones de hachís en esta provincia limítrofe con Portugal, hasta el punto de que sólo se han llevado a cabo más en Cádiz, también han saltado las alarmas por las entradas de cocaína. En diciembre de 2023, la Guardia Civil intervino más de 300 kilos del polvo blanco en Punta Umbría tras detener a tres personas. A la inversa, si los gallegos solían ser los reyes de la fariña, ahora tampoco les importa transportar hachís en el sur. En 2022, la policía atribuyó a un clan de O Salnés una descarga fallida de esta resina en Punta Umbría.

De hecho, la banda de El Bola tenía su base a medio camino entre Cádiz y Huelva, en Sanlúcar de Barrameda, a sólo 30 kilómetros por la costa de Matalascañas. De allí son sus dos lugaternientes detenidos y allí contaba con una “nutrida red de colaboradores”. En Sanlúcar tenía su base de operaciones y un buen número de pequeñas embarcaciones, incluidos pesqueros, con los que suministraban a sus lanchas gasolina y víveres. Porque la casi decena de planeadoras que les fueron incautas estaban siempre en el agua, con sus respectivas tripulaciones.

En realidad, los narcos no han inventado nada. Es la misma operativa que siguen, por ejemplo, los pesqueros piratas, aquellos que faenan sin licencia o en zonas donde está prohibida la captura de determinadas especies: como las autoridades marítimas de todo el mundo están alertadas de su actividad clandestina y conocen su bandera y matrícula, jamás tocan puerto y son abastecidos por otras naves, repostan combustible o descargan la pesca en otros barcos, éstos sí, legales. Algunos, incluso pertenecen al mismo armador.

El Grupo Municipal Socialista ha pedido explicaciones a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), por la organización por parte del Ayuntamiento de la capital de un taller para enseñar a las mujeres a limpiar la casa con productos ecológicos y libres de tóxicos. En un una nota de prensa, el PSOE se ha referido al anuncio realizado por la Concejalía de Servicios Sociales, Familias y Accesibilidad del Ayuntamiento de Huelva en la que ha informado de esta iniciativa "para promover el papel de la mujer en la sostenibilidad del planeta", según ha informado Europa Press.

El PSOE dice que en la nota de prensa difundida por el Ayuntamiento se explica que se trata "de analizar cómo podemos contribuir a la sostenibilidad de nuestra ciudad de forma individual, desde una perspectiva de género". En la información difundida por el equipo de Gobierno del PP, "el taller incluye la elaboración de varias recetas naturales y la creación de un formulario de productos ecológicos, libre de tóxicos para el hogar, con la distribución de muestras para poder probar en casa la efectividad de desinfectantes, purificadores y artículos que sin ingredientes químicos, pueden contribuir a preservar nuestra salud sin dañar el medioambiente".

El taller se llama Hogares Saludables-Libre de Tóxicos y su celebración está prevista para el próximo 21 de febrero en el edificio Municipal Gota de Leche. En este sentido, la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores, ha calificado esta iniciativa de "machista y retrógrada" y ha pedido explicaciones a la alcaldesa y al concejal responsable de esta actividad, José Manuel Moreno. Según la socialista, desde el pacto de investidura del Partido Popular y Vox "se ha retrocedido años en materia de igualdad", de hecho, "una de las consecuencias de ese pacto fue la eliminación de la Concejalía de Igualdad".

"Es lamentable que nuestro Ayuntamiento promueva una visión estereotipada y machista de las mujeres, incidiendo en un rol, el de cuidadora y limpiadora, que supone un ataque directo a la lucha por la igualdad de tantos años. La derecha y la ultraderecha quieren recordarnos con este taller que lo nuestro son las tareas del hogar. Después de tener que seguir rompiendo a diario techos de cristal, nos quieren volver a mandar a casa a limpiar", ha indicado la dirigente del PSOE. Desde el PSOE elevarán este asunto al próximo pleno municipal para que Pilar Miranda y el concejal responsable le expliquen a todas las onubenses "qué pretende con esta iniciativa". "Estamos ante un equipo de Gobierno que no está a la altura de lo que la ciudadanía reclama", ha concluido.

El Gobierno quiere cerrar todos los pozos que hay alrededor de Doñana antes de 2025, los legales e ilegales, pero la tarea no promete ser fácil ni rápida, especialmente con las extracciones irregulares. Desde 2019 ya se han cerrado alrededor del parque natural 259 pozos ilegales por la actuación de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, pero aún quedan 278 en tramitación de cierre. Están identificados y denunciados por los agentes de medioambiente, pero el tortuoso proceso administrativo para cerrarlos puede alargar hasta diez años su clausura. 

La palabra más repetida entre los expertos en la materia es que se trata de un sistema "muy garantista" para el agricultor; para algunos demasiado. Tanto, que las grandes empresas agrícolas asentadas en zonas sin permisos de riego se ayudan de importantes despachos de abogados para recurrir los procesos al tribunales de lo contencioso administrativo para dilatar al máximo el proceso de clausura de pozos, de manera que puedan seguir regando durante años.  

"Abrir un pozo te lleva una noche, pero cerrarlo te puede llevar fácilmente una década. Es una pregunta que nos hemos hecho mil veces. ¿Cómo se puede seguir permitiendo que se salgan con la suya?", lanza al aire Juan Romero, representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana. 

La salida que han encontrado los técnicos de la CHG es apostar por el precinto de pozos de forma cautelar, un parche que permite paralizar la extracción de agua de los acuíferos de Doñana mientras dura la disputa administrativa para sellarlos definitivamente con cemento, una acción que no se puede ejecutar hasta que lo reclame un juez o la Presidencia de la Confederación una vez que la condena sea firme. El pasado julio, la CHG ordenó cerrar cautelarmente 25 captaciones en la provincia de Huelva que están denunciadas, de las que 21 ya se han precintado, y el plan de los funcionarios es cerrar provisionalmente otros 200 durante la campaña 2024-2025. 

Según fuentes que trabajan sobre el terreno, la Confederación ha pasado a trabajar con la vía del precintado preventivo gracias a los dos reales decretos contra la sequía que aprobó el Gobierno central en 2022 y 2023, que dan margen jurídico a las confederaciones para sellar pozos nada más comenzar un proceso sancionador. En el pasado, también podía hacerse basándose en la Ley de Aguas y de Responsabilidad Ambiental, pero era más sencillo para el afectado recurrir el cierre cautelar si la administración se basa en estas dos normativas. Además de la Confederación, el Seprona también ha logrado suspender temporalmente en la zona de Doñana 16 pozos ilegales y otros dos se han clausurado por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Paralelamente al cierre de pozos ilegales, Transición Ecológica ha cerrado en el entorno del parque natural 450 pozos que sí eran legales para que en lugar de que los cultivos se abastezcan con aguas subterráneas, lo hagan con superficiales para eliminar así su impacto sobre los cinco acuíferos de Doñana. Otras 41 extracciones legales están en proceso de clausura. Todos estos casos pertenecen a la Comunidad de regantes de El Fresno-Guadalquivir, que ya reciben 4,36 hectómetros cúbicos al año desde el trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras. Se trata de la primera fase del trasvase, que tiene que ampliarse con otros 12,36 hectómetros cúbicos para cerrar muchos más pozos de esta zona de Huelva, aunque la obra no estará terminada hasta al menos 2026.

El trabajo de la Confederación del Guadalquivir da sus frutos poco a poco, según reconoce el Informe de situación del Marco de Actuaciones para Doñana de noviembre de 2023. El último análisis de teledetección por satélite ha identificado 795 hectáreas de cultivos de regadío ilegales (el 15% del total estudiado), una cifra importante pero casi la mitad que lo registrado en 2019. 

Esta reducción, según Transición Ecológica, "se ha producido gracias al incremento de las labores de control de consumo de agua en los regadíos legales y al refuerzo de la guardería fluvial y las labores de inspección para los ilegales". Las campañas de teledetección se realizan en otoño (cuando se colocan los plásticos) y en primavera (cuando está terminando la campaña) e identifica que cultivos bajo plásticos se encuentran fuera de las áreas delimitadas para regadíos. 

El cohete MIURA 1 ha despegado desde las instalaciones del Cedea en El Arenosillo, Moguer (Huelva), a las 02.19 horas de este sábado 7 de octubre, marcando un antes y un después en la exploración espacial europea y española, según a tenido acceso Europa Press. Se trata del primer cohete privado que se lanza en Europa y está desarrollado íntegramente en España a manos de la empresa alicantina PLD Space.

El propósito de este cohete es recopilar tanta información como sea posible en relación a aspectos de diseño, procesos y tecnología, que se utilizarán más tarde en la construcción del MIURA 5, actualmente en desarrollo. Cuando complete su misión, un equipo de PLD Space efectuará la recogida del cohete en el océano Atlántico.

Este "éxito de lanzamiento" llega en el tercer intento de lanzamiento de MIURA 1, después de dos intentos fallidos: uno el pasado 31 de mayo, cuando la empresa pospuso el vuelo de su lanzador por los vientos en altura y otro el 17 de junio, cuando se produjo un aborto automático a 0,2 segundos del despegue.

Desde entonces, la empresa no había podido realizar un nuevo intento de vuelo por el obligado cumplimiento de la normativa vigente de prevención de incendios, las altas temperaturas en esta época del año y la coordinación con la Guardia Civil para garantizar la zona de seguridad.

Así, el equipo ha aprovechado estos últimos meses para analizar lo sucedido en el primer lanzamiento y realizar todas las verificaciones necesarias para "garantizar al máximo el éxito del vuelo".

En cuanto a carga de pago, esta primera misión lleva a bordo un experimento del Centro de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad alemán (ZARM), que tiene como objetivo estudiar condiciones de microgravedad.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concedió en 2022 un total de 18.565 autorizaciones a extranjeros contratados en sus países de origen, una cifra que casi iguala la de 2019, antes de la pandemia –18.987–. Se han recuperado así las contrataciones del conocido como Programa Gecco (Gestión colectiva de contrataciones en origen) desde los mínimos en que se hundió durante los años posteriores a la crisis financiera, cuando no se superaron, por ejemplo, las 2.767 de 2015, de acuerdo con las cifras facilitadas a infoLibre por el departamento de José Luis Escrivá. Aun así, este mecanismo proporciona apenas el 8,7% de los trabajadores agrícolas extranjeros del sector, que en el último trimestre de 2022 sumaban 212.300 activos, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Para las organizaciones agrarias, se trata a todas luces de un porcentaje insuficiente. “Hay mucho trabajo en el campo”, resume Juan José Álvarez, director de Relaciones Institucionales de Asaja. El 50% de las empresas agrícolas declara que tienen problemas para encontrar mano de obra, según la última encuesta del Banco de España, publicada el pasado mes de junio. Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG y él mismo empresario agrícola almeriense, precisa que en provincias como Almería y Granada ya se está empezando a notar la escasez de mano de obra. “Aún no es alarmante, no es que se vayan a dejar de recoger cosechas por falta de trabajadores, todavía no estamos en ese límite”, matiza, “pero sí que es cierto que cuesta trabajo encontrar personal”.

A su juicio, la contratación en origen es un sistema “modélico” que habría que impulsar: “Supone una puerta para venir a Europa de forma legal y segura”. Él mismo ha viajado a algunos países africanos a contratar contingentes de cientos de trabajadores y lo considera “casi una cuestión humanitaria, así no tienen que venir en patera o colarse en los bajos de un camión”.

Sin embargo, el mecanismo, que desde hace muchos años está limitado a los temporeros agrícolas –en un principio incluía también a trabajadores de la industria y los servicios–, está copado de hecho por las recolectoras marroquíes de fresas y frutos de rojos de Huelva. Según las cifras del Ministerio de Seguridad Social, de los 18.565 permisos Gecco concedidos en 2022, 16.786 correspondían a trabajadores procedentes de Marruecos. Y son 16.881 los otorgados a trabajadores enviados a Huelva, el 91%. La segunda nacionalidad por número de autorizaciones es, a considerable distancia, la colombiana, con sólo 862. La segunda provincia con más contratados en origen es Albacete, y sólo ha traído a 384.

En realidad, sólo vienen trabajadores contratados en origen desde cinco países: Marruecos, Colombia, Ecuador –sólo 142 en 2022–, Honduras –633– y Senegal –141–. Pese a que España ha suscrito acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios también con Mauritania, Ucrania, República y Dominicana, además de contar con instrumentos de colaboración en esta materia con Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Malí, Níger, México, El Salvador, Filipinas, Paraguay y Argentina.

Este año, el ministerio ha modificado la orden que regula estas contrataciones en origen, para facilitar los trámites y obligar a las empresas a ofrecer contratos fijos discontinuos a los migrantes, en cumplimiento de la reforma laboral. Ahora la autorización se otorga para cuatro años, que permiten al migrante trabajar durante nueve meses en cada uno de ellos. En ese momento deben volver a su país y el empresario está obligado a llamarlos para que regresen en la siguiente campaña o temporada. Es lo que se llama “migración circular”. Al cabo de esos cuatro años, no obstante, el jornalero puede solicitar una autorización de residencia y trabajo de dos años, tanto para trabajar como asalariado o por cuenta propia.

Está por ver si estos cambios impulsan un mecanismo que llegó a ser casi residual en los años de la anterior crisis. En lo que ha transcurrido de 2023, ya se ha contratado en origen a 16.000 marroquíes, 1.000 colombianos, 500 hondureños y 117 senegaleses, asegura el ministerio.

Pero, más allá de la reciente flexibilización aprobada en la nueva orden, el mecanismo se enfrenta al bloqueo que, según destaca Andrés Góngora, mantienen desde la crisis financiera las Comisiones Provinciales de Flujos Migratorios, encargadas de autorizar las nuevas contrataciones. Integradas por empresarios, sindicatos, los servicios públicos de empleo y la Inspección de Trabajo, llevan años aprobando permisos sólo a los “repetidores”, pero denegando nuevas contrataciones, con la excepción de Huelva y alguna otra provincia más, explica el responsable de COAG. Porque tanto los servicios de empleo como los sindicatos priorizan desde hace más de una década la contratación de desempleados españoles o de migrantes ya residentes en España también en paro.

Con cifras de desempleados que rozaron el 26% en 2012 y que aún hoy se mantienen en el 11,6%, duplicando la media europea, tanto los servicios de empleo como CCOO y UGT no dudan en expresar sus recelos ante las medidas de José Luis Escrivá para incorporar más extranjeros al mercado de trabajo. Los sindicatos repiten que no hay un problema de vacantes pese a las quejas de los empresarios, sino de malas condiciones laborales, y reclaman que se prime la formación de los desempleados, ya sean españoles o extranjeros.

Tanto Juan José Álvarez como Andrés Góngora niegan que las condiciones laborales en la agricultura española sean precarias. Se paga el salario mínimo –1.080 euros al mes– o por encima del salario mínimo, detalla el dirigente de COAG, y, si se hacen horas extras, lo que es habitual, un temporero puede ganar entre 1.300 y 1.400 euros netos. Pero admite que el trabajo es duro, además de inevitablemente temporal o estacional por la naturaleza de la actividad, y a veces obliga a hacer viajes en coche de decenas de kilómetros cada día. “Es perfectamente legítimo que determinados perfiles laborales no quieran trabajar en el campo”, resume. Y descarta que la reforma laboral, que ha obligado a reconvertir los contratos temporales en fijos discontinuos, suponga “un problema”. “Yo, de hecho, los prefiero”, zanja.

Como explican Ana María López-Sala y Elena Sánchez-Montijano en un artículo publicado en la revista Cidob d'Afers Internacionals, el primer convenio que reguló las migraciones en las campañas agrícolas data de 1997. Lo firmaron CCOO, UGT, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Trabajo. En 2001 se aprobó el Plan Greco, que permitía el asentamiento del migrante. Ese año se suscribieron acuerdos bilaterales con Colombia, Ecuador, Marruecos y República Dominicana; en 2002, con Polonia y Rumanía, y con Bulgaria en 2003. Con la crisis, la reforma de la Ley de Extranjería en 2009 ya estableció la necesidad del retorno obligatorio de los temporeros.

Al tiempo, el número de trabajadores agrícolas extranjeros se multiplicaba exponencialmente. En 1987, según la EPA, no había más que 2.400. Llegaron a 10.000 en 1995. En 2000 ya eran 45.000. En el segundo trimestre de este año, las últimas cifras disponibles, los activos extranjeros en el sector agrícola alcanzan los 211.500. Es decir, su número se ha quintuplicado en 23 años. Según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, son más aún: cotizando en el régimen especial agrario hay registrados 238.380 extranjeros, que representan el 33,3% de los trabajadores de este sector productivo. De ellos, el 75,5% procede de países extracomunitarios.

El pasado mayo, llegaron a Albacete 123 trabajadores senegaleses. En Lleida y Balears son colombianos los empleados este verano en la recogida de fruta. En 2022, los empresarios de Lleida contrataron en origen a 377 extranjeros, la cifra más alta desde 2013, pero aún por debajo de los 1.390 de 2011. En Almería, por el contrario, y pese a la importancia de la actividad agrícola, el año pasado sólo se empleó a 10 extranjeros utilizando este mecanismo, lejos de los 615 de 2010. La provincia, explica Andrés Góngora, cuenta con un gran número de trabajadores extranjeros residentes, por lo que apenas recurre a las contrataciones en origen.

El incendio declarado este viernes en Portbou (Girona) y este sábado en Bonares (Huelva) ya se han dado por estabilizados, aunque los trabajos continúan. Respecto al primero, los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo por la mañana en dos puntos "estratégicos" y de difícil acceso del incendio, por donde se podría escapar el fuego, ha recogido Europa Press.

El subinspector de Bombers de la Generalitat Miquel València ha declarado a los periodistas que la previsión meteorológica indica que habrá tramontana hasta media tarde, por lo que son "prudentes" aunque el fuego esté estabilizado.

Bombers prevé que los aviones tampoco puedan operar este domingo por la intensidad del viento en la zona, y de momento hay 19 dotaciones terrestres trabajando en su extinción.

De madrugada, los Bombers han trabajado en una reanudación del fuego que ya está controlada.

València ha recordado que ya se han levantado los confinamientos y que se ha reanudado la circulación de vehículos por la N-260 —solo sigue cortada una carretera secundaria que conecta Portbou y Colera.

En cuanto al segundo, el servicio de extinción de incendios forestales de Andalucía, Plan Infoca, ya ha permitido que todas las personas afectadas por desalojos y salidas de sus viviendas puedan volver a sus casas, según ha recogido también Europa Press.

Así lo ha informado a los medios el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha remarcado que la alerta por el fuego se ha rebajado a nivel cero.

"La evolución favorable de esta noche nos permite tomar la decisión de dar por estabilizado el incendio. Damos un paso importante, que nos va a permitir bajar el nivel de alerta y que todas las personas afectadas por desalojos y salidas de sus viviendas puedan volver", ha señalado Sanz, que se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en el recinto ferial de Bonares.

Concretamente, unas 57 personas han tenido que ser desalojadas por estas llamas y han tenido que pasar la noche en el Polideportivo Municipal de Bonares.

Con respecto a las labores de extinción, el consejero ha explicado que durante la jornada van a continuar en la zona cuatro retenes con seis camiones, un helicóptero y un operativo formado por 60 efectivos. "Ojalá todo siga transcurriendo con esta evolución favorable y por pronto podamos dar por controlado el incendio", ha concluido.

Por otro lado, Sanz ha señalado que las llamas han alcanzado hasta el momento 450 hectáreas de superficie forestal, toda vez que ha remarcado que el perímetro recorrido "no significa que la zona se haya incendiado o quemado", por lo que ha señalado que el dato de afección "habrá que analizarlo posteriormente a través de la imagen de satélite".

Asimismo, ha trasladado que "desde esta noche el incendio no ha crecido" y que la evolución "podemos decir que ha sido francamente favorable". "Se han estado enfriando los puntos calientes, especialmente en las zonas donde había viviendas, además de que se ha cerrado el perímetro a través de maquinaria pesada", ha informado.

El incendio ha obligado al desalojo preventivo de quince viviendas entre Bonares y Lucena del Puerto —en las zonas conocidas como Huerta del Hambre y Los Lobos— y al corte de las carreteras A-486 entre los kilómetros 7 y 12, y la A-5001 entre el 0 y el 1, según ha informado la dirección de la emergencia tras la celebración de la primera reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

El PMA ha estado instalado en el recinto ferial de Bonares en un aparcamiento de camiones ubicado en la carretera de Bonares a Rociana. Desde el PMA se coordinarán de forma conjunta todas las actuaciones de los servicios operativos. Junto a los medios propios de Infoca, en el dispositivo participan Guardia Civil, Bomberos de la Diputación de Huelva, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma, los servicios de emergencias del 061 en prevención, Cruz Roja, Policía Local y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Javier Bustamante (1963) es biólogo ambiental y trabaja desde hace casi tres décadas la Estación Biológica de Doñana en el estudio de las aves y los humedales. Ahora ejerce como uno de los vicedirectores del centro y reconoce que este ha sido uno de sus peores años para la reserva natural desde su creación en 1964 porque la intensa sequía dificulta la reproducción de las aves y reduce la densidad de la vegetación. A ello se suma el intento de PP y Vox en el Parlamento andaluz de permitir la ampliación de las tierras regables alrededor del parque, un asunto aún sin resolver, un movimiento que califica de "error político". "Prometen un agua que sabemos que no existe", opina el investigador. 

Tras una de las primaveras más secas que ha tenido España, ¿cómo llega Doñana al verano? 

El año en general ha sido muy seco. Ha llovido muy poco en invierno y algo más en primavera, pero en general ha sido muy seco. Eso ha supuesto que la invernada de aves acuáticas fuera escasa y la reproducción muy pequeña, casi inexistente. Una gran mayoría de las especies de Doñana, sobre todo las que crían en el parque, dependen del agua, y si no hay no se reproducen, o lo hacen en números muy pequeños. La alternativa es que se busquen nuevos lugares para hacerlo. Es cierto que esta es una zona seca y las especies están acostumbradas a la falta de lluvia, pero este año el problema ha sido mayor y eso ha rebajado la productividad en el parque. Este año también habrá menos alimento de lo normal para la mayor parte de las especies.  

¿Qué especies son las que más han sufrido? 

Doñana tiene grandes concentraciones de garzas coloniales, cigüeñas, ibis morito y aves acuáticas, que se reproducen en el parque. Todas ellas dependen del agua y en algunos casos no se han podido reproducirse o lo han hecho en números mucho más bajos de lo normal. Es cierto que no a todas las especies de Doñana les ha ido mal porque algunas se benefician de una marisma seca. Esas no han tenido problemas para criar y se han reproducido de una manera normal.

¿Cómo afecta el cambio climático al parque? 

El valor de Doñana está en su variabilidad. El hecho de que haya años secos y años húmedos crea multitud de nichos que distintas especies explotan. El problema sería el que Doñana tuviese solo años secos o años húmedos porque en ese caso porque solo podrían vivir una serie de especies y la biodiversidad del parque y su valor caería. 

¿Cree que la sequía que sufre Doñana cambiará la reserva? 

Sí, seguro. Si el clima cambia en Doñana van a ser otras especies las que puedan vivir en él. A medida que avanza el cambio climático cabe esperar que se transforme en un ecosistema algo más árido. Es evidente que las temperaturas medias serán algo más altas y nos pareceremos un poco más a ecosistemas similares del norte de África. 

También es muy probable que el régimen de precipitaciones cambie. La AEMET prevé para los próximos 40 o 50 años una disminución de las precipitaciones entre un 10% y un 40%. También hay una posibilidad de ir hacia un sistema más extremo, algo como lo que ha pasado esta primavera. Hemos tenido precipitaciones torrenciales que erosionan el suelo y dificultan que el agua se filtre a los acuíferos  

El parque también sirve de oasis para las aves que viajan entre Europa y África. ¿Este año han llegado o buscan nuevos sitios de descanso? 

Doñana es un punto de descanso de la ruta migratoria del Paleártico Occidental, que conecta a poblaciones que crían en el centro y norte de Europa y luego invernan en África. Estas aves usan el parque como lugar de paso para descansar cuando viajan en primavera y otoño. El hecho de que Doñana esté seco en este momento supone que las especies o bien no paran, o paran durante periodos mucho más cortos, aunque medir hasta qué punto cambian su ruta no es fácil porque no todas viajan en grandes grupos.

Y desde el punto de vista de la vegetación, ¿cómo se encuentra Doñana en este momento? 

La vegetación depende de que la marisma tenga agua suficiente. Especies clave como la castañuela o el bayunco necesitan inundación y su productividad este año ha sido muy baja. Lo normal en estas fechas es que las marismas tuvieran un pastizal alto que se estuviese empezando a secar por la llegada del verano, pero este año la vegetación ha crecido poco y la densidad también es mucho más baja. Por ejemplo, los tubérculos de la castañuela sirven de alimento a los gansos, pero este invierno la cantidad de comida que tendrán, incluso aunque llueva, será mucho menor. 

En resumen, este año el parque está en una situación peor porque hay menos comida, muchas menos especies, la cría ha sido mala y la invernada ha sido mala. Desde luego no está siendo un buen año para Doñana. 

Con toda esta evidencia sobre el impacto de la sequía en el parque, ¿cómo es posible que en el Parlamento andaluz esté intentando ampliar el regadío en la zona? 

El acuífero que está bajo el suelo de Doñana es enorme y se extiende más allá de la zona protegida del parque. El que se apruebe una legislación que promete más agua o una ampliación de los regadíos es prometer un recurso que nosotros sabemos que no existe. 

La Confederación Hidrográfica Guadalquivir considera que el acuífero está ya sobreexplotado. Se supone que los trasvases de agua que habrá en el futuro servirán para reducir la extracción subterránea, pero si se aprueban más hectáreas de regadío aumentará la demanda humana y quedará menos agua disponible para las aves y el ecosistema. 

Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, y Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación, han acudido al Parlamento andaluz a defender el parque. ¿Cómo ha afectado la guerra política sobre Doñana a los científicos que trabajan cada día allí? 

Hombre, pues nos sienta mal. Creemos que es un error político porque se ha agitado un avispero que estaba más o menos tranquilo. Es decir, siempre ha habido un conflicto entre la demanda de agua agrícola y la que tienen los ecosistemas, pero teníamos un cierto equilibrio. Han querido agitar el avispero prometiendo a los agricultores que se les va a traer agua, pero no se dice de dónde, y se les promete más hectáreas de regadío diciéndoles de alguna manera que si no se les puede dar agua nueva, podrán extraerla del suelo. Lo grave de todo esto es que no van a tener agua ni unos ni otros porque hay tan poca que el acuífero terminará colapsando. 

¿Cuál es el riesgo real de que Doñana colapse? ¿Crees que de aquí a diez años el ecosistema podría desaparecer? 

No es tanto que perdamos Doñana, pero sí se transformará. Hay que asumir que, en el mejor de los escenarios, el cambio climático seguirá presente unas décadas y eso cambiará el parque. Su valor será distinto, y tendremos que trabajar para que no se reduzca, pero creo que tenemos que aceptar que no todos los cambios serán positivos. Lo que hay que intentar es que los usos de la población no entren en conflicto con la conservación.

La radiografía de España, ya se sabe, está en sus bares. En Huelva se bautizan como en el resto de España: bar Pepe, Casa Chari, pub La Esquina... Pero con frecuencia en este territorio el local y el visitante se topa con luminosos que remiten a los cuatro mayores orgullos de la provincia: la Virgen del Rocío, el pasado colombino, Doñana y la fresa. Mesón El Tamborilero, Tapas La Pinta, chiringuito El Coto o bar el Fresón tienen reseña en Tripadvisor como parte de la oferta gastronómica de una provincia que está en el centro del debate político nacional a cuenta del presente y futuro de dos de estos emblemas: la conservación del Parque Nacional y los regadíos de los cultivos de la fresa en su entorno.

El cruce de mensajes entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Junta a cuenta del boicot a la fresa onubense en el mercado alemán, a donde cada año se exporta por valor de 400 millones de euros, es la prueba del alcance de un asunto que, con permiso del resto de temas de la agenda de los partidos, acapara protagonismo en el choque entre los dos bloques ideológicos desde hace meses.

Pedro Sánchez y Teresa Ribera compartieron en sus redes la noticia sobre el boicot en Alemania y Juan Manuel Moreno tradujo que el Gobierno de España alentaba la campaña. El PSOE y la izquierda en su conjunto le replicaron a Moreno que ya estaba avisado de que si seguía adelante con la ley para regularizar los cultivos ilegales del entorno de Doñana el principal perjudicado sería el sector de la fresa. El Gobierno andaluz respondió que para cuándo las obras hidráulicas, presas y canalizaciones prometidas, para que llegue agua a los cultivos. Y así todo.

El alcance de este boicot ha sido limitado, entre otras cosas porque la campaña de exportaciones de fresas onubenses ya ha terminado y la plantación de la cosecha se retoma en septiembre. Ahora mismo, lo que se encuentra en los lineales de los supermercados de Alemania son fresas locales, más caras y de peor calidad. “Es una campaña de marketing con la fresa de Huelva como chivo expiatorio”, es la tesis que defienden los freseros onubenses.

Pero la cancelación el pasado lunes de la visita de una delegación del Bundestag para interesarse por los sistemas de riego de estos cultivos da la medida de lo embarrado que está el asunto en nuestro país y de cómo se percibe fuera. En plena reunión del grupo de diputados alemanes de todos los grupos políticos con Hugo Morán, secretario de Estados de Medio Ambiente, la embajada alemana en España comunicó mediante un tuit que “por respeto” y en vista de la “gran importancia política que los temas del viaje han adquirido en los últimos días en las próximas elecciones nacionales españolas” se cancelaba el resto de la visita. El fin de semana anterior, justo una semana después del resultado del 28M, el ruido alcanzó un nivel de decibelios ensordecedor.

Doñana no se cae de la boca de los consejeros de Moreno, del argumentarlo de Pedro Sánchez y, ahora también, de la agenda verde que impulsa Yolanda Díaz desde Sumar, última dirigente política en visitar, el pasado miércoles, el Parque Nacional para posicionarse sobre este asunto.

No en vano, con esta del 23J, la fresa de Doñana cumple ya tres campañas como arma política tras el 19J andaluz, donde el PP arrasó con mayoría absoluta, y el 28M de las municipales, tras la que los populares, por primera vez en la historia democrática, han arrebatado el control de la Diputación de Huelva a los socialistas.

Muchas son las razones que caben en el análisis post28M pero en el entorno rural, donde el Vox más trumpista lleva la avanzadilla del populismo medioambiental (cuyo último capítulo ha sido la crisis por la tuberculosis bovina gestionada por el vicepresidente de Vox en Castilla y León), no cabe duda de que ha calado el mensaje que perseguía el PP en un sector donde ha perdido fuelle el PSOE, que lleva años concatenando crisis: la del revelo generacional, la de la pérdida de valor en la cadena de distribución, la del coste de los insumos, la de la crisis energética… La sequía es la puntilla y Doñana, una víctima de ese populismo.

A grandes rasgos, el Partido Popular ha planteado el asunto como la elección entre dos modelos de país: o se está con los agricultores o se está contra ellos; o se apoya el motor económico de la zona o se está castigando a Andalucía por votar derecha; o se aboga por el cultivo de la fresa en Doñana o por el postureo ecologista diseñado por pijosprogres en la capital.

Tampoco los matices han sobrevivido cuando esta polémica se ha trasladado al contexto internacional. Justo después de abrirse las urnas, una plataforma ciudadana en Alemania ha alentado un boicot contra “las fresas baratas que secan Doñana”. Así sin más distingos: para Campact, el nombre de la organización que impulsa esta campaña, fresas baratas que esquilman el agua de esta joya natural son todas las que se cultivan en la provincia. La sombra recae también sobre la fresa de Palos de la Frontera, municipio pionero desde los años 80 en este cultivo, sobre las fresas de Cartaya, las de Gibraleón o las de Lepe, poblaciones todas ellas que viven de los frutos rojos y están fuera del radio de la polémica. Los supermercados españoles han tomado nota y, siguiendo la estela europea, van a exigir a los freseros un certificado de la legalidad del agua para su riego.

Acotemos: según Interfresa, la interprofesional del sector, en la última campaña se han cultivado 11.630 hectáreas de frutos rojos repartidos por toda la provincia, de los que unos 6.100 corresponden a la fresa (un 2% menos que en 2022) y el resto serían cultivos de un póker que ha hecho fortuna en las nuevas modas de alimentación y en el mercado internacional: junto con la fresa, el cultivo de moras, arándanos y frambuesas.

La polémica por la proposición de ley impulsada por el PP, con mayoría absoluta, acompañado de Vox, se refiere a aquellas hectáreas en el entorno de Doñana que en la última regularización de cultivos, realizada en 2014, se quedaron fuera del perímetro reconocido pero en el texto no precisan la extensión. De hecho, la UPA (Unión de Pequeños Agricultores) ya ha pedido a la Junta que clarifique de cuántas hectáreas estamos hablando para, defienden, “despejar dudas y fantasmas”.

Lo que busca el PP, apoyado por las principales patronales del sector, es legalizar entre 600 u 800 hectáreas hoy cultivadas en cinco municipios del condado de Huelva que para las administraciones están fuera de la ley aunque todo estos años los agricultores afectados se hayan buscado la manera de seguir regando sus cultivos, la mayoría de las veces pinchando el suelo y extrayendo agua —por la que no pagan— del acuífero 27, el mismo que, a falta de lluvias, nutre desde sus aguas subterráneas las precarias marismas del Parque Nacional.

Depende de donde se posicione, las voces consultadas apuntan que desde hace una década las administraciones han hecho poco o han hecho todo lo que han podido para lo complejo del asunto. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el órgano gestor de esa cuenca fluvial y la administración que concede los hectómetros de agua en correspondencia con las hectáreas cultivadas, ha perseguido a lo largo del tiempo estos pozos ilegales con la ayuda del Seprona. Pero extraer agua del subsuelo o robarla de la canalización de la finca vecina es relativamente sencillo. Las multas, cuando se procesan, tardan en llegar. La impunidad campa a sus anchas y el mirar para otro lado, también.

El asunto es tabú en muchas de estas poblaciones. Por ahora no hay enfrentamiento público entre los agricultores con agua legal con los que no la tienen, entre otras razones, porque hay muchos que cultivan una parte de terrenos con agua legal y otra parte con riego procedente de pozos ilegales, o porque algunos de los que tienen agua legal venden su agua a las fincas que no tienen regularizado el terreno o porque… la casuística es variada. Pero es evidente que de continuar el ruido incesante en torno a la fresa el precio a pagar será alto porque el mercado europeo es sensible a este tipo de polémicas y si no compras fresas de Huelva, comprará otras, las de Portugal mismo.

Interfresa y Freshuelva, portavoces de la patronal y la interprofesional del sector, se afanan estos días en explicar la inversión que los agricultores han realizado durante todas estas décadas en tecnología aplicada para un mayor aprovechamiento del agua en cumplimiento de las directivas europeas. Como tiempo atrás, cuando han trascendido casos de explotación laboral y también sexual, se esfuerzan en explicar las óptimas condiciones de contratación de los contingentes de mujeres marroquíes venidas ex profeso para la recolección de la fresa en cumplimiento de los protocolos nacionales e internacionales y todo lo que se ha avanzado en derechos.

Y siendo ciertos sus argumentos, no es menos cierto que casos de abusos y de falta de observancia de estas normas se siguen dando y que el abusador, el que se salta la norma y el que prevarica, es un ser gregario.

Es cuestión de matices, insistimos.

Se pueden buscar muchos responsables cuando no culpables de esta situación sostenida en el tiempo, pero en el año 2023, con el actual ciclo de sequía y con una mayor conciencia social sobre la necesidad de políticas sostenibles, no hay una sola voz científica que defienda la pertinencia de incorporar más hectáreas de riego en el entorno del parque.

Estas mismas voces han criticado desde antiguo el desarrollo urbanístico de la zona. La moviola se puede echar bastante atrás en el tiempo. Por ejemplo, hasta la época en que las administraciones del tardofranquismo permitieron, sin criterio medioambiental alguno, la construcción alegre durante el boom del turismo en el núcleo urbano de Matalascañas a las mismas puertas de esta reserva natural que salvó de ser arrasada una cuestación popular promovida por la élite de la ornitología europea, como contamos aquí. Aquella invitación a la construcción en los 70 no ha tenido freno . También Matalascañas tira, cuando lo necesita, de las aguas del acuífero 27.

La Comisión Europea, la Unesco y cuantas opiniones con solvencia se han vertido sobre el proyecto de ampliación de regadíos están en esta misma línea. Es más, la tesis que se defiende es abogar por un decrecimiento del cultivo intensivo para que el acuífero se recupere. La fórmula de la permuta de terrenos agrícolas en otra zona de la provincia sería una vía pero esa alternativa cuesta dinero. Mucho.

Dar solución a este asunto implica un escenario de entendimiento entre administraciones inimaginable con el actual clima de crispación. El rosario de declaraciones en contra de esta proposición de ley en la que anda enrocado el Gobierno andaluz –con la complicidad del PP a nivel nacional- es un goteo incesante, hay decenas de comunicados, campañas, posicionamientos...

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha remitido a la comisión de Fomento del Parlamento andaluz, en la que se tramita la ley, su informe técnico sobre esta propuesta. De manera rotunda expone que “declarar unas zonas como regables cuando no van a tener acceso al agua” es “como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño”.

La CHG ha declinado participar en la ronda de expertos –copadas por voces interesadas en ampliar los regadíos y con ausencia de críticos como Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana– que intervendrán este próximo martes 13 en la citada comisión a la que, a regañadientes, el PP ha incluido a última hora el nombre de Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana y uno de los mayores expertos sobre la salud del emblemático espacio natural.

La voz de quien fuera 12 años director de la Estación Biológica de Doñana se escuchará de nuevo en el Parlamento sobre este asunto. Ya el año pasado, cuando se empezó a tramitar esta norma que decayó con el adelanto electoral, Delibes de Castro tachó el proyecto de “frívolo”, “desleal” e “inconsistente”. “Es hacer trampas al solitario, alimenta la tensión, el descontento, y ni ha tenido diálogo ni tiene consenso”, subrayó entonces.

Esta ley nace de un engaño o de una verdad contada a medias. La Junta no tiene competencias sobre el agua, sus competencias se limitan a la ordenación del territorio, es decir, a la calificación del terreno. Y por tanto, lo que busca es clasificar como regables unos terrenos que en los mapas hídricos son de secano. Su valor, ojo, es menor que el de un terreno de regadío (y quizás este matiz explique la insistencia, contra el sentido común, de recalificar estas tierras en las que se ha practicado durante años la política de hechos consumados). Pero no corresponde a la Junta dotar de agua a esos cultivos, eso es competencia del Gobierno de España, en concreto de la CHG, organismo que ya ha avisado de manera insistente que no hay agua para más regadíos y que de realizarse el trasvase que está pendiente de unas obras de canalización prometidas por el Ejecutivo de Sánchez, y no ejecutadas, se hará para paliar la falta de agua del parque y, en todo caso, para los cultivos regularizados. No para esos que proyecta ampliar el Gobierno del PP. No habrá agua para esos cultivos ni hoy ni mañana.

¿A qué juega el PP? A dar brochazos y a enfrentar el mundo agro con todos aquellos que se oponen a esta regularización, en primer lugar el Gobierno de España. Pero la turba de ganaderos en la sede de la Junta de Castilla y León en Salamanca ilustra a la perfección que a veces se da el efecto boomerang en política.

Entre los propios municipios de la corona norte de Doñana afectados por el trámite de esta ley, la realidad de estas elecciones municipales es que el PP ha ganado posiciones pero no ha variado mucho el mapa político: Bonares y Moguer siguen siendo del PSOE; Almonte, el municipio más afectado, sigue en manos de Ilusiona, un partido independiente nacido de un exsocialista; el PP se hace ahora con Lucena del Puerto, donde antes gobernaba el PSOE y ahora lo hace con mayoría absoluta el PP; mientras que Rociana del Condado pasa de estar gobernada por un partido independiente, que estos comicios decidió no concurrir, a estarlo por el PP.  

El eco de esta polémica, junto con el efecto Moreno y la ola antisanchista, sí ha calado en el resto de la provincia, ahí está el vuelco de la Diputación, para la que la fresa es un motor esencial. Cada año, la producción de estos frutos rojos mueve un negocio que representa el 11,35% del PIB de la provincia y genera unos 160.000 empleos.

El eco de la polémica ha llegado al mundo rural, de manera evidente tras los resultados de las municipales, donde se arrastran controversias resueltas en precario por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos como la ley de bienestar animal y la caza o aquello de las macrogranjas.

A estas alturas del partido puede decirse que falta pedagogía o puede decirse que falta dar con la fórmula idónea que impida que el populismo arrolle todos esos matices que explican qué se juega y a qué jugamos el próximo 23J.

Un total de 120 personas han sido desalojadas por el incendio que ha afectado a una zona de infraviviendas de Palos de la Frontera (Huelva) en el que aún continúan trabajando los operativos de emergencia, según informa Emergencias 112 Andalucía, recoge Europa Press.

Así, según ha indicado en una nota de prensa, los servicios municipales y Cruz Roja los están atendiendo para ofrecerles albergue, así como han indicado que los bomberos han confirmado que una persona ha resultado herida leve con quemaduras en los brazos y ha sido evacuada al centro de salud de la localidad onubense. Por su parte, el Ayuntamiento de Palos ha informado de la activación de su Plan de Emergencia Municipal.

El suceso comenzó al mediodía, a esa hora el teléfono 112 recibió el primero de los más de 150 avisos que alertaban de una columna de humo que ha sido visible desde distintos puntos de la costa onubense. De inmediato, el centro coordinador activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Cruz Roja, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Infoca, ya que el lugar se encuentra en una zona de masa forestal de pinares, matorrales, y eucaliptos.

Hasta el lugar se han movilizado, cuatro bomberos y un jefe de parque con dos vehículos de intervención y uno de transporte de personal y carga (UPC) desde el Parque de San Juan del Puerto, tres bomberos y dos vehículos de intervención desde el parque de Punta Umbría, así como un bombero y un vehículo de intervención nodriza desde el parque de Almonte.

Asimismo, a las labores de extinción se han sumado dos bomberos que estaban en un retén de prevención en la Romería de la Virgen de Montemayor de Moguer.

Una temporera de nacionalidad marroquí ha fallecido y casi 40 personas más han resultado heridas de diversa consideración, en el vuelco de autobús de temporeras agrícolas registrado esta mañana en la carretera A-484, a su paso por el término municipal de Almonte (Huelva), informa Europa Press.

El accidente se ha producido en el kilómetro 16 de la carretera A-484 a las 6,25 horas de esta mañana, cuando ha volcado un autobús que transportaba a las trabajadoras temporeras de nacionalidad marroquí.

En las labores de emergencia sobre el terreno han intervenido efectivos de los servicios sanitarios del 061 y del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), junto a agentes de Policía Local, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guarida Civil y Tráfico, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y Mantenimiento de Carreteras, así como un asesor técnico de Emergencias del 112 y el coordinador de Emergencias del 112 en la provincia onubense.

Según los últimos datos facilitados al 112 por el Centro de Emergencias Sanitarias (CES 061), una mujer ha fallecido, otras tres han resultado heridas muy graves, 14 menos graves y 22 leves.

Entre los heridos leves se encuentra el conductor del autobús siniestrado, que trasladaba a las trabajadoras temporeras desde San Juan del Puerto al municipio onubense de Almonte, para trabajar en una finca de una empresa hortofrutícola.

Todos los heridos de carácter leve han sido derivados a centros de salud de la zona (Almonte, Bonares y Bollullos); mientras que del resto siete han ido al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, nueve al Hospital Infanta Elena (cinco de ellos derivados desde los centros de salud), Cuatro al Hospital San Juan de Dios de Bormujos, uno al Hospital Virgen del Rocío y otro más al Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

Los sindicatos UGT-A y CCOO-A han lamentado la muerte de la trabajadora y han reclamado un "mayor control" de la prevención de riesgos laborales.

Así lo han expresado las secretarias generales de los citados sindicatos, Carmen Castilla y Nuria López, en sendas entrevistas en Canal Sur Radio. En este sentido, la dirigente de UGT-A ha calificado de "tremendo" lo ocurrido. "Se trata de un accidente 'in itínere', que eleva a 35 el número de víctimas mortales en Andalucía en lo que va de año. Es una lacra que no cesa y desde hace tiempo venimos reclamando un mayor control de la prevención".

"Muchos de esos accidentes se pueden prevenir". No en vano, "en el pacto que firmamos con el Gobierno andaluz, hay un apartado muy importante, que es la lucha contra la siniestralidad laboral. La precariedad mata", ha concluido la secretaria general de UGT en Andalucía.