La temporalidad tiene en pie de guerra a los empleados públicos, desde profesores y sanitarios a bomberos o administrativos. Un problema que, además, ha hecho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tenga el foco puesto en España al considerar que la Administración abusa de los contratos temporales y no ha puesto medidas suficientes para corregir esta dinámica. El siguiente paso en este litigio tendrá lugar este jueves, cuando el Abogado General de la Unión Europea, una figura de asesoramiento vinculada al TJUE, se pronunciará sobre si España debe hacer fijos a los funcionarios que han encadenado contratos temporales. 

La madeja burocrática y judicial se explica mejor acudiendo a los ejemplos. Es el caso de Lorenzo Campillo, funcionario de carrera en un ayuntamiento, quien explica a infoLibre su situación: “Yo me vine de Murcia a Guadalajara a trabajar hace 11 años. Vivo aquí, mis hijos estudian aquí. Es una vida y yo no puedo volverme porque decidan echarme prácticamente sin indemnización”. Campillo trabaja en un ayuntamiento pequeño, donde pese a no tener plaza fija —y tras haber pasado procesos de oposición sin obtener plaza— no tiene asegurado su empleo después de más de una década desempeñándolo. Él es una de las cientos de personas que esta semana se concentraron ante el Congreso para pedir soluciones.

Actualmente, las estimaciones apuntan a que las Administraciones Públicas tienen más de 700.000 trabajadores interinos y alrededor de 648.000 pendientes de que la justicia europea avale su petición de hacerles fijos tras años desempeñando un puesto. El problema, en corto, es que la jurisprudencia europea choca con la española. Convertir en fijos a quienes llevan años encadenando contratos temporales de manera automática contraviene, como señaló en su momento el Tribunal Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública, pero dejar las cosas como están, también atenta contra los derechos laborales de los trabajadores. 

“Los tribunales en España siempre han dictaminado que la fijeza automática no cabe en nuestro ordenamiento jurídico”, explica Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO). Ahora bien, dejar fuera a quienes llevan décadas cubriendo un puesto en la Administración o someterles a décadas de inestabilidad laboral también va contra la ley. “A partir de tres años se supone que ya estamos en abuso de temporalidad”, explica Campillo, quien insiste en que la solución no puede pasar por despedir al trabajador o mejorar la indemnización por despido, sino por ofrecer alternativas de estabilización. “Estamos en tierra de nadie, esperando a que el Supremo cambie su doctrina o a que llegue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que fuerce la estabilización”, concluye. 

Desde Comisiones Obreras, Pinillos señala que no es evidente que la resolución llegue mediante un contrato fijo, ya que el tribunal de la UE no ha aclarado este punto. “Este organismo nunca ha dicho que la respuesta al abuso de la temporalidad deba ser la fijeza, lo que ha dicho es que puede ser una de las formas de reparar el daño”, señala. Para el sindicato la mejor respuesta pasa porque se convoquen procesos de estabilización justos.

“La solución parte de que se convoquen todas las plazas de interinidad y que las Administraciones dejen de jugar con oscurantismo, con plazas vacantes, plazas de sustitución, plazas eventuales, etc. Todo ese empleo debe estabilizarse cuando las personas llevan más de tres años empalmando contratos temporales”, concluye.

En la misma línea, Campillo, que también representa a la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos, explica que las plazas que han ido saliendo a concurso de estabilización de su gremio están muy por debajo del número de personas que actualmente trabajan. “En los años anteriores prácticamente no se han convocado plazas y no se llegaba a cubrir la tasa de reposición”, explica el funcionario. “Entonces el ministerio sacó 1.500 plazas libres en 2024 y 1.000 este año”, algo que, según él, abre la posibilidad a nuevos candidatos, pero no da soluciones para quienes llevan años en el limbo. “Hay, por ejemplo, una parte de la antigüedad que no se cuenta y yo tengo compañeros que llevan 20 años trabajando”, concluye.

Así, tanto trabajadores como sindicatos piden procesos de estabilización justos. Algo que, según Pinillos, pasa por evaluar los méritos y los currículums de los trabajadores de forma justa, aunque sin bloquear las nuevas incorporaciones a lo púbico. 

La temporalidad es un factor pernicioso para el mercado laboral que se ha ido reduciendo en los últimos años. En los datos de empleo conocidos la pasada semana, el porcentaje de trabajo temporal se situó en el 12,6% mientras que antes de la reforma rondaba el 28%, y, sin embargo, en lo público la tasa permanece disparada. Es del 27,8% en el segundo trimestre del 2025, según el INE. 

“Desde la crisis de 2012 hasta prácticamente 2017, las ofertas de empleo público casi desaparecen en este periodo austericida y el empleo se cubre con interinidades. Eso deja a los trabajadores sin posibilidad de acceder a ofertas de estabilización durante años”, explica la responsable de CCOO. Para ella, el abuso en esta modalidad de contratación y la ausencia de medidas para corregirlo hizo que se acumulase una tasa de temporalidad que ahora mismo es muy difícil de gestionar.

El recorrido judicial de la medida viene de lejos, pero podría concluir a finales de año. Comenzó al transponer la directiva europea en materia de temporalidad, cuando el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante Bruselas para saber si el marco europeo se podía integrar en la legislación española, ya que el panorama era confuso. El Tribunal de Justicia Europeo respondió en 2024 señalando que la normativa nacional contravenía la normativa europea porque no fijaba indemnizaciones de despido adecuadas y tampoco contemplaba procesos de estabilización justos. En este punto, las sentencias que se sucedían en España se hicieron contradictorias: unas rechazaban hacer fijos a los trabajadores apelando a los principios de igualdad, mérito y capacidad que recoge la Constitución en el caso del acceso a la función pública, pero otros apuntaban hacia la estabilización. 

Con la evaluación del Abogado General este jueves se avanza un paso más, aunque su decisión no equivale a una sentencia. Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE, que podría conocerse dentro de dos meses. “Esto es un tema de justicia social, no queremos mayores indemnizaciones, queremos conservar nuestros trabajos”, concluye Campillo.

La Semana Santa es temporada alta para el sector de la hostelería. Terrazas llenas, reservas a tope y la proximidad del puente de mayo multiplican la actividad y hacen que la contratación aumente. Los datos muestran un sector que crece: hasta marzo de 2025 el empleo en este sector aumentó un 5,4%, sumando unos 100.000 empleados, según los datos publicados por Randstad Research. Además, el año pasado se batió el récord histórico de turistas en España, con la llegada de 24 millones de visitantes. Sin embargo, el empuje del sector contrasta con la precariedad de muchos trabajadores de este ámbito profesional y para los sindicatos los buenos resultados del sector no se están traduciendo en una mejora de las condiciones laborales: “No puede ser que cada año la hostelería bata récords de actividad, pero que los salarios y el empleo no crezcan al mismo ritmo”, señala Marcos Gutiérrez, secretario de política institucional de Comisiones Obreras Servicios. 

Este ámbito profesional es uno de los motores del empleo en España y ocupa a 1,8 millones de personas, pero también es de los sectores más precarios. Así, mientras el salario bruto medio en España en 2023 se situó en 2.273 euros, los trabajadores de la hostelería apenas alcanzaron un promedio de 1.818 euros mensuales, de acuerdo con los datos de Comisiones Obreras. En conjunto, se los empleados de este ámbito reciben una retribución media un 25% inferior a la media. La situación es aún peor para las mujeres, quienes, a pesar de constituir el 57% de las plantillas, ganan un 13% menos que los hombres, con una brecha salarial que equivale a 173 euros menos al mes. Si se observan los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), cuyo último dato corresponde a 2022, el salario bruto mensual rondaba los 1.390 euros al mes, muy lejos del promedio nacional: 2.129 euros al mes. 

Daniela S. tiene 28 años y trabaja en una de las zonas más turísticas de Asturias, Cangas de Onís. “Desde los 18 he ido encadenando contratos, algunos fijos, pero en esos casos hacía muchas más horas de más que cuando estaba de extra”, explica. Trabajar de “extra” supone viajar por los diferentes restaurantes de la comarca, con contratos de un día o una semana, para cubrir los picos de actividad en comidas o cenas. Algo que sucede, sobre todo, en temporadas como Semana Santa o verano. Cuenta que pese a todo, ella preferible eso antes que las jornadas maratonianas que se dan cuando estaba contratada por una empresa. “Pagan muy mal, unos 1.200 en verano. Puedes cobrar 1.400 como mucho y terminas haciendo 12, 13 horas de seguido, casi sin descansar y asegurada solo por 8 horas”, concluye. 

“La rentabilidad media de los negocios de hostelería, según los datos de la Contabilidad Nacional, estuvo por encima del 7% en el último año, pero el salario medio está por debajo de la media nacional”, señala. De hecho, si se toma la diferencia entre los salarios brutos que se cobraron en 2023, los empleados de hostelería están un 25% por debajo de la media nacional. Para Gutiérrez, esta dinámica es lo que provoca es que los trabajadores huyan de este ámbito profesional. Es lo que ha hecho Daniela, que desde hace un año trabaja en la limpieza de un centro de salud y sostiene que no regresaría “mientras tenga otra alternativa”. El delegado de CC OO explica que en el sector de la hostelería “es donde, tradicionalmente, más incumplimientos de la normativa laboral y de los convenios colectivos se dan”. Algo que, apunta, se debe solventar desde la inspección de trabajo y reconoce que esa presión se ha intensificado en los últimos años.

“No es, como dice la patronal, que la gente no quiera trabajar. Los hosteleros que no encuentran empleados suelen ofrecer malas condiciones y una prueba de ello es que los ámbitos del lujo o de cinco estrellas no tienen tantos problemas para encontrar personal porque suelen ofrecer mejores salarios y horarios”, concluye el representante de Comisiones.

La centralidad de un sector como este se hace patente si se observa el peso que supone en el mercado laboral. En los últimos cuatro trimestres, el 8,6% de los trabajadores españoles se emplearon en hostelería y en regiones como Canarias y Baleares un 19% del empleo se concentra en este ámbito. Por otro lado, algunas comunidades dependen más que otras de la buena marcha del sector y solo cinco regiones concentran el 70% del empleo total en hostelería. Cataluña lidera la ocupación con el 18,3%, seguida por Andalucía con un 17,4%, Madrid con un 12,8% y la Comunidad Valenciana y Canarias con un 11,1% y un 10,8% respectivamente.

Pese a que la hostelería arrastra los problemas de siempre, la temporalidad ha empezado a marcar una senda positiva y sitúan la tasa en el 13,9%, 1,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, según Randstad. En el estudio señalan además que en torno a un 80% de los asalariados tienen contratos estables, aunque dentro de estos, un 16,1% corresponden a contratos fijos discontinuos. Esta última es una modalidad indefinida que se introdujo en la reforma laboral de 2021 y que combina periodos de trabajo con otros de inactividad, aunque vinculando al trabajador a la empresa. Aquí el trabajador tiene la garantía de volver, pero solo cobra la prestación por desempleo en los periodos de paro.

La cara negativa de esto, para el responsable sindical, es que se puede producir un abuso de este tipo de modalidades y cree que aún es necesario un cambio de perspectiva en la mentalidad de los hosteleros porque algunas de estas tendencias positivas responden al incremento de la presión sobre el cumplimiento de la ley. “No obedece a una decisión, por así decirlo, de política empresarial, sino que obedece a una modificación de la normativa vigente”, remata.

La reforma laboral de 2022 ha supuesto un cambio notable en el paisaje con que acostumbraba a dibujarse el mercado de trabajo español, abonado al abuso del contrato temporal. Las estadísticas así lo revelan, con un crecimiento del empleo indefinido de 3,4 millones de afiliados en los últimos años y una caída de 10 puntos porcentuales en la tasa de temporalidad. De forma que también se han alterado las pautas del despido: ha aumentado el número de los indefinidos a los que se rescinde el contrato y disminuido los ceses de temporales. Al tiempo, se han reducido las cuantías medias de las indemnizaciones que reciben los fijos y crecido las compensaciones que reciben los temporales. El motivo principal es que cada vez se despide a trabajadores indefinidos con menos antigüedad. En cambio, los temporales tienen 12 días por año trabajado como compensación, pero si la empresa prescinde de ellos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, la indemnización sube a 20 días.

También se ha producido un cambio más sorprendente. Desde 2022, cuando entró en vigor la última reforma laboral, las indemnizaciones que las empresas pagan a las mujeres con contratos indefinidos y desde 2021 también a las fijas discontinuas. Nunca había ocurrido antes. Al menos en su cuantía media, según constata la última Estadística de despidos y su coste, que publicó el Ministerio de Trabajo hace apenas dos semanas.

El dato es llamativo porque los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres y son precisamente las retribuciones el parámetro básico sobre el que se calcula la indemnización: 20 días de sueldo por año trabajado para los despidos por causas objetivas, 33 días para los improcedentes. De hecho, en 2022, el último año del que ha publicado datos la Encuesta de estructura salarial del INE, la brecha salarial, entendida como la diferencia entre el salario bruto por hora de hombres y mujeres, se situó en el 9%.

Es más, la encuesta se encarga de destacar que, en todas las actividades económicas en las que la representación femenina es “significativa”, las mujeres tienen siempre un salario inferior al de los hombres. Otra muestra adicional de la desigualdad salarial por sexos es que el 30% de las mujeres percibió en 2022 menos de 15.000 euros anuales, mientras que en el caso de los hombres no llegaron al 14%. Por el contrario, en la parte superior de los salarios, el 35% de los hombres cobró más de 30.000 euros anuales, pero sólo superó ese límite el 27% de mujeres.

Y esa diferencia se reproduce independientemente del tipo de contrato. Los sueldos de las mujeres con contrato indefinido son un 10,2% inferiores a los de los hombres y un 5,5% menores si tienen contratos temporales.

No obstante, los salarios femeninos no han dejado de subir, e incluso mejoran más que los de los hombres. En 2022, el sueldo medio de las mujeres creció un 5,1%, mientras que el de los hombres lo hizo un 3,5%. Aun así, ese año el salario medio de las trabajadoras españolas ascendía a 24.359,82 euros; el de los trabajadores se elevaba a 29.381,84 euros, un 20,6% más.

El segundo parámetro para calcular la indemnización es la antigüedad del trabajador o trabajadora. ¿Están despidiendo las empresas a trabajadoras más veteranas?

La estadística de Trabajo no ayuda a contestar a esa pregunta. Porque, al desglosar las cuantías medias de los despidos por la antigüedad del trabajador y su sexo, resulta que las mujeres cobran indemnizaciones más elevadas sólo cuando llevan menos de tres meses en la empresa. Las cantidades recibidas por los hombres empiezan a ser superiores que las recibidas por las mujeres cuando acumulan más de tres meses de antigüedad. Y la brecha se agranda según crece el tiempo de permanencia en la empresa: mientras que entre tres y seis meses de antigüedad la diferencia entre la indemnización masculina y la femenina es sólo de 80,6 euros a favor de los hombres, entre uno y dos años ya es de 814,3 euros, y nada menos que de 4.872,4 euros si llevan más de dos años trabajando en la misma compañía.

infoLibre ha preguntado tanto al Ministerio de Trabajo como a CCOO y UGT por las causas de este cambio. El departamento que encabeza Yolanda Díaz atribuye el alza de las indemnizaciones de las mujeres al aumento del número de mujeres que han pasado de tener contratos temporales a indefinidos desde la reforma laboral. Según la estadística de contratos del SEPE, las conversiones de contratos temporales a indefinidos de mujeres ascienden a 1,01 millones desde enero de 2022 hasta noviembre de 2024. En el caso de los hombres, fueron 1,2 millones. En 2022, el primer año de aplicación de la reforma, las conversiones de temporales a indefinidos se dispararon hasta 1,32 millones, un 51,8% más que en 2021. Pero crecieron mucho más las de mujeres: las 228.232 nuevas indefinidas equivalen a un alza del 62,2%, mientras que los 226.817 nuevos indefinidos dejan su mejora en un 44,4%. Las que fueron despedidas de entre esas nuevas indefinidas consiguieron así mayores indemnizaciones debido a su mayor antigüedad, explica el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, UGT apunta hacia “la maternidad y la conciliación” como posibles factores. “Las empresas pagan más dinero en estos casos cuando despiden”, explica el sindicato, a falta de un análisis más detallado. CCOO cree que puede deberse a que se despiden más hombres que mujeres, lo que puede haber “tirado hacia abajo” la media de las indemnizaciones masculinas. Ciertamente, en 2023 se rescindió el contrato a 345.165 hombres, 97.754 más que a mujeres. No sólo ha crecido más el número de hombres despedidos desde 2021 –han aumentado un 35,4% en esos tres años, cuatro puntos porcentuales más que los de mujeres–, sino que también lo ha hecho la brecha con el número de mujeres. Si en 2021 se despedía a un 35% más de hombres que de mujeres, en 2023 la diferencia alcanzaba el 39,5%.

Así, la cuantía media de una indemnización por despido para una mujer con contrato indefinido a tiempo completo alcanzó en 2023 los 10.201,5 euros, 656,6 euros más que la pagada a un hombre, casi un 7% más. Las indefinidas a tiempo parcial también cobraron –2.281,3 euros– más el año pasado al ser despedidas que los hombres con esos mismos contratos, 701,8 euros más de media. Pero eso no es una novedad, puesto que siempre ha sido así: los contratos a tiempo parcial son en su mayoría firmados por mujeres. Las fijas discontinuas percibieron indemnizaciones de 1.728,5 euros, 296,6 euros más –un 21% más– que sus compañeros masculinos, pero también se trata de un tipo de contrato muy feminizado. Eso sí, el cambio de tendencia se adelantó un año a la reforma laboral, porque comenzó en 2021.

Por el contrario, los hombres siguen recibiendo compensaciones más altas cuando tienen contratos temporales, tanto con jornada completa como parcial: 483 más en el primer caso y apenas 29 euros más en el segundo.

La estadística de Trabajo permite además echar la vista más atrás y comparar el número de despidos y la cuantía de las indemnizaciones desde 2015. Los trabajadores a los que se extinguió el contrato han crecido un 32% en ese plazo de tiempo, desde la gran crisis financiera, cuando la tasa de paro era del 23,8% –en el primer trimestre de 2015–, hasta la posreforma laboral, con un 11,7% al cierre de 2023, casi 12 puntos menos. Han aumentado tanto los despidos disciplinarios –un 28%– como los objetivos –un 42,5%–, pero han caído los colectivos, los ERE, un 48,8% desde el máximo que alcanzaron en 2021. Aun así, siguen un 18,3% por encima de los registrados en 2015.

Lo mismo ocurre si el recuento se hace según el tipo de contrato. Los de indefinidos a tiempo completo se han disparado un 78% y aún más los de indefinidos a tiempo parcial, un 116%. Como también se hacen muchísimos más contratos fijos discontinuos, sus despidos casi se han sextuplicado desde 2015, cuando era una figura poco usada por las empresas. En sintonía con la caída del empleo temporal abusivo, se han recortado igualmente los ceses de estos trabajadores, un 68,3% los empleados a jornada completa y un 72,6% los de jornada parcial.

Pero sin duda lo más significativo es la caída de las indemnizaciones: casi un 26% desde 2015, desde los 10.045 euros de 2015 hasta los 7.446,3 euros de 2023. En el caso de quienes tenían un contrato indefinido a tiempo completo, la reducción de la cuantía media casi es del 50% –de 19.380 euros a 9.768– , y casi de un 40% la de quienes tenían uno a tiempo parcial. Para los fijos discontinuos el recorte ha sido mayor, de un 70,4%, de 5.275,4 a 1.559 euros. Por el contrario, las compensaciones de los temporales han mejorado en ocho años un 19% –hasta 1.466 euros–  y un 34% –hasta 660,7 euros–, dependiendo de si la jornada era completa o parcial.

El pasado mes de julio, el Comité Europeo de Derechos Sociales dictaminó, a resultas de una reclamación presentada por UGT, que las indemnizaciones establecidas por la ley española para los despidos improcedentes no son lo bastante elevadas “para reparar el daño real sufrido” por el trabajador y “para ser disuasorios para el empleador”. A su juicio, el sistema de indemnización “tasado y topado” español no respeta la Carta Social Europea, que España ha firmado. La intención manifestada por el Ministerio de Trabajo es cumplir esa resolución modificando el actual sistema de cálculo de las compensaciones por despido improcedente, de forma que éstas sean realmente “reparativas” del daño causado al trabajador.

El mercado laboral español despertó este martes con unas cifras de paro que no veía desde 2008, antes de la caída de Lehman Brothers y de la Gran Recesión, y con un récord histórico de empleo, 21,32 millones de afiliados a la Seguridad Social. Los 2,6 millones de desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) son el mínimo de los últimos 16 años cuando, además, la población activa –quienes tienen entre 16 y 64 años y están en disposición de trabajar– era menor, había 1,2 millones menos de personas buscando trabajo.

Aun así, ese 12% de tasa de paro sigue cuatro puntos por encima del mínimo histórico español, que se alcanzó en plena burbuja inmobiliaria, en 2007. Y más lejos todavía del 6,4% que de media registró la eurozona el pasado abril. Pese a los buenos datos de empleo que han acompañado a la recuperación de la pandemia, España sigue liderando tozudamente las estadísticas de paro en la Unión Europea.

Para sorpresa de muchos, España también encabeza las cifras de crecimiento del PIB en el continente, por encima de los grandes, Alemania, Francia o Italia: aumentará un 2,1% este año y un 1,9% el próximo, si acierta en sus previsiones la Comisión Europea. Y el empleo acompaña al buen momento económico, espoleado por un sector turístico que está disfrutando al máximo la recuperación pospandémica. Hasta abril, España había recibido un 14,5% más de visitantes que un año antes, por lo que en 2024 se romperá de nuevo el récord histórico de 85,3 millones de viajeros alcanzado entonces. Para redondear el círculo virtuoso, los turistas han aumentado su gasto un 22,6%. Ni la inflación, ni las guerras en Ucrania y Gaza, ni el precio de los carburantes, ni los tipos de interés, esas sombras que amenazaban con enfriar la economía de particulares y empresas, parecen afectar al turismo ni al empleo ni al PIB.

En efecto, de los 220.289 nuevos cotizantes ganados en mayo por la Seguridad Social, nada menos que 77.913 proceden de la hostelería, el sector de actividad en que más crece el empleo –un 5,1%–. Para confirmar este protagonismo, basta con reseñar que es Baleares la comunidad donde más aumentó la afiliación en mayo –52.949 personas, más del doble que en Madrid–. “Por supuesto, hay un movimiento estacional [en el crecimiento del empleo], como en casi toda la economía nacional, y este año ha empujado un poco más a favor”, apunta Antonio González, miembro de Economistas frente a la Crisis, ex secretario general de Empleo con Jesús Caldera y director del gabinete de Valeriano Gómez. Mayo siempre ha sido un buen mes para el empleo en España, empujado por las contrataciones del verano en el sector servicios. Pero también cree González que hay otro “movimiento económico de fondo, positivo” que arranca muy fuerte tras la pandemia y se traduce en el 2,4% de crecimiento interanual del empleo que escapa de la estacionalidad.

También coincide en la extraordinaria bondad de los datos de empleo Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Aunque al mismo tiempo considera preocupante que el aumento de la ocupación esté “tan concentrado” en el turismo y teme que el impulso se pierda una vez concluida la temporada alta de actividad.

En ese movimiento de fondo Antonio González sitúa menos a los fondos europeos –“van destinados a la inversión”–, que a la pujanza de los servicios no turísticos, cuya exportación se disparó un 29% en 2022 y cuyo peso en el PIB casi se ha triplicado desde 1995, según las cifras publicadas por el Banco de España. Se trata de actividades de alto valor añadido, subraya González: servicios financieros, servicios empresariales –publicidad, investigación y desarrollo, servicios jurídicos, contables, de arquitectura o ingeniería –, y asesoría comercial, por ejemplo. De promedio, han crecido un 5,4% desde 1995, más que el turismo –4,8%– y la exportación de bienes –3,3%–. Tampoco es un fenómeno español, sino internacional, propiciado por la digitalización, las innovaciones tecnológicas y la liberalización financiera, explica el órgano supervisor. Además, en España aún tiene margen de crecimiento.

Cuestión distinta es si el impulso de estos servicios financieros y empresariales es síntoma del cambio de modelo productivo largamente acariciado en una España demasiado dependiente del turismo. Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato se sientan las principales empresas y bancos del país, cree que el crecimiento es anterior a la pandemia, en una tendencia que arranca en la salida de la anterior crisis, desde 2014. A su juicio, además, cree que se exagera la participación del turismo en el buen comportamiento del empleo. Y alerta ante la tentación de hacer tendencia de la coyuntura. También respecto a la reforma laboral, que aún debe “madurar”. “Habrá que esperar al largo plazo, para ver qué ocurre con la productividad y si, en la próxima crisis, se destruye empleo como en las anteriores o no”, advierte.

Lo que no le impide alabar los positivos datos de paro y afiliación que exhiben las estadísticas. Lo mismo dice respecto al “espectacular” aumento de los contratos indefinidos. “Otra cosa es la estabilidad del empleo, la reforma laboral ha tenido efectos poco significativos en la rotación laboral”, precisa Felgueroso. Miguel Ángel Malo corrobora la pujanza de los contratos indefinidos y descarta que sean menos estables –“no es cierto que se esté abusando del periodo de prueba para despedir sin indemnización a los despidos”, apunta–. Pero se pregunta si, con el cambio de temporales a fijos discontinuos que parece se está obrando en determinadas actividades, “la precariedad sólo ha cambiado de nombre”.

Antonio González considera que ciertos sectores practican ahora con los indefinidos la misma rotación a la que estaban acostumbrados con los temporales y que critica por “ineficiente”. Esas empresas tendrán que cambiar su organización del empleo, sostiene. El problema de los fijos discontinuos, y de los contratos a tiempo parcial, es su “baja intensidad de trabajo”, y los bajos salarios de los que van acompañados. De forma que invita a “repensar” la figura del fijo discontinuo, “aumentando los mecanismos de protección social, permitiendo mayores salarios o ampliando las campañas” para las que está pensado este tipo de contrato. La mitad de los trabajadores fijos discontinuos pertenecen a la hostelería –hasta ahora el sector prototípico del abuso del contrato temporal–, asegura Florentino Felgueroso, que ha calculado el aumento en el número de estos contratos tras la reforma laboral en un estudio recién publicado.

Según advierte el investigador de Fedea, y pese a los buenos datos de empleo, los indicadores de pobreza laboral siguen siendo altos. Hay puestos, añade Antonio González, que “no producen suficiente renta salarial”, por lo que terminarán por no atraer a los trabajadores. La patronal de la hostelería lleva ya un tiempo quejándose de que no encuentra personal. Los sindicatos responden que no sólo es por el salario, sino por las –malas– condiciones laborales que ofrecen, por lo que cada vez resulta menos atractivo trabajar de camarero.

En el lado del desempleo, el panorama no es tan halagüeño, sin embargo. Los 2,6 millones de parados registrados en las oficinas del SEPE son aún una lacra social que distingue a España en el mercado laboral europeo. Antonio González resalta que esa cifra tardará bastante en rebajarse. El primer motivo es el crecimiento de la población activa: cuando mejor el es el momento económico, más personas se deciden a buscar un empleo porque las posibilidades de encontrarlo se multiplican. Desde 2021 se han activado casi 1,3 millones de personas, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pero como no todos ellos consiguen trabajo, pasan a engrosar las estadísticas de paro.

Un buen ejemplo de esta tendencia lo proporciona el empleo femenino. La incorporación de las mujeres al mercado laboral siempre ha estado en España por debajo del resto de los países europeos, excepto Italia. Desde 2021, la población activa femenina ha crecido más que la masculina, tanto en números absolutos –668.400 mujeres por 616.500 hombres—como relativos –un 6,2% las mujeres, un 5% los hombres–, desvela la EPA. El Ministerio de Seguridad Social presume de los 10,1 millones de ocupadas que se registraron en mayo, lo que representa el 47,4% de la afiliación. Otras dos cifras de récord. Como la de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que disfruta de su mínimo histórico, un 12% entre quienes tienen de 15 a 29 años, según los datos de Eurostat correspondientes a 2023. Ha caído 10 puntos desde el fin de la crisis financiera.

También se incorporan al mercado de trabajo los inmigrantes, cuyo flujo también es continuo y sólido Desde 2021, la población activa extranjera ha crecido en 721.200 personas, nada menos que un 23,4%. Estos movimientos no se producen con semejante intensidad en ningún otro país europeo, advierte Antonio González. “Aún nos quedan años para bajar del 10% [de tasa de paro]”, se resigna.

Pero Malo Ocaña y Felgueroso añaden otro freno: “El núcleo duro del paro”. Por un lado, hay un desajuste entre oferta de puestos de trabajo y demanda. “España está a la cabeza de la UE y la OCDE en sobrecualificación de los trabajadores”, indica el investigador de Fedea. El profesor de la Universidad de Salamanca asegura que a los titulados en Artes y Humanidades les cuesta más integrarse en el mercado laboral. “En otros países de Europa, los jóvenes van tanteando hasta que encuentran el trabajo que quieren; en España, tardan más en encontrar un trabajo relacionado con lo que han estudiado, lo que también redunda en la baja productividad española y en que haya mucho infraempleo”.

Por otro lado, los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin trabajo, son un auténtico desafío. Su número no ha dejado de reducirse en los últimos años, pero aun así siguen siendo 1,14 millones de personas, de acuerdo con la última EPA. Representan el 38,4% de los parados contabilizados en esta estadística –2,9 millones, una cifra superior a la del paro registrado por el SEPE–.

Además, y ahí está el problema, quienes llevan más de dos años sin trabajar duplican el número de quienes llevan entre uno y dos años en el paro: son 741.300 personas. Y de éstos, la mitad tiene más de 50 años. Son los que más difícil lo tienen para regresar al mercado de trabajo, destaca Floretino Felgueroso. E integran una cohorte compuesta por un mayor número de personas, la generación del baby boom. Ni cuando el mercado laboral va “como un cohete”, por repetir la frase de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se benefician. “Incluso cuando todo va bien, como ahora, son los últimos de la cola”, lamenta Felgueroso.

La ocupación aumentó en 40.677 personas en la serie desestacionalizada y la afiliación femenina se queda al borde de las 10 millones de ocupadas La Seguridad Social ganó una media de 199.538 cotizantes en abril respecto al mes anterior (+0,95%), gracias, sobre todo, al impulso de la hostelería, que sumó casi 92.000 afiliados en el mes, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tras el incremento de ocupados registrado en el cuarto mes del año, superior a otros abriles donde no se celebró la Semana Santa, el número de afiliados medios se situó en la cifra récord de 21.101.505 ocupados, llegando incluso a tocar en algunos momentos del mes los 21,2 millones de trabajadores, según ha informado Europa Press.

El aumento de afiliados de abril es uno de los más elevados de la serie. No supera el de 2023, cuando la Semana Santa llevó al sistema a ganar más de 238.000 ocupados, pero en comparación con otros meses de abril sin Semana Santa, el crecimiento de este año ha sido superior. En el último año, de abril de 2023 a abril de 2024, la Seguridad Social ha ganado 486.516 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 40.677 afiliados (+0,2%), lo que llevó al sistema a consolidar la cota de los 21 millones de ocupados, alcanzada por vez primera el pasado mes de marzo. En concreto, abril cerró con 21.073.339 trabajadores.

"Los datos de afiliación registran un abril que pasará a los anales de la historia. Hemos afianzado los 21 millones de afiliados en España y lo hacemos, además, en un mes de abril sin Semana Santa, lo que hace que estos datos sean aún más significativos", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Dentro de la serie desestacionalizada, se han creado 480.653 empleos en el último año y más de 1,7 millones respecto a diciembre de 2019, antes de la pandemia.

El repunte mensual de afiliados medios en abril fue mayor entre las mujeres, que ganaron en el mes 103.132 cotizantes respecto a marzo (+1%), frente a un avance del empleo masculino de 96.406 ocupados (+0,9%). Con este incremento, el número de varones ocupados finalizó abril en 11.102.223 cotizantes, en tanto que la cifra de mujeres trabajadoras marcó un récord histórico de 9.999.282 ocupadas, el 47,4% del conjunto de afiliados, el porcentaje más alto de la serie.

El Ministerio ha resaltado que en los registros de afiliación diarios, las mujeres cotizantes llegaron a superar los 10 millones desde el día 15 al 29 de abril. Desde finales de 2019, antes de la pandemia, el empleo femenino ha crecido un 11,9%, frente al avance del 7,8% entre los varones, lo que se tradujo en un repunte de las bases de cotización femeninas del 16,2%, por encima de la subida del 13,4% de las de los hombres.

Por su parte, la afiliación media de extranjeros aumentó en abril en 70.936 cotizantes, un 2,6% más respecto al mes anterior, hasta situarse en 2.805.055 ocupados, nuevo máximo histórico.

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 185.886 afiliados medios en abril (+1%), hasta un total de 17,67 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 11.987 afiliados a sus filas (+0,36%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo récord de 3.364.938 personas. Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó la mayor subida de la ocupación al ganar 91.913 cotizantes respecto al mes anterior (+6,4%). Le siguieron las actividades administrativas, con 15.074 afiliados más (+1%); el comercio (+11.549 cotizantes, +0,4%), y transporte y almacenamiento, que ganó 10.021 ocupados (+1,2%).

El único descenso mensual de la ocupación se dio en las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, con 10 afiliados menos (-0,03%). Por su parte, el Sistema Especial Agrario sumó 15.021 afiliados en el cuarto mes del año (+2,2%), y el del Hogar registró 753 bajas (-0,2%). El Ministerio ha subrayado que el crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es "especialmente intenso" en sectores de alto valor añadido, como actividades profesionales, científicas y técnicas e información y comunicaciones, donde la ocupación ha aumentado por encima del 17%.

De hecho, según Seguridad Social, desde que finalizó la pandemia, más de uno de cada cinco nuevos afiliados se han incorporado a estos dos sectores.

Según el Ministerio, los datos de abril reflejan los efectos positivos de la reforma laboral sobre la estabilidad del empleo y la mejora de su calidad desde que esta norma entró en vigor hace dos años. Así, el porcentaje de afiliados con contrato temporal bajó en abril hasta el 12,6%, mínimo histórico, en tanto que el porcentaje de ocupados con contratos indefinidos se situó en el 87,4% tras crecer 16,9 puntos desde la reforma laboral. En el caso de los menores de 30 años, la temporalidad se ha reducido en 34 puntos, hasta el 19,2%.

Al mismo tiempo, la Seguridad Social contabiliza ahora más de 3,4 millones de afiliados más con contrato indefinido que en diciembre de 2021, último mes antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. De este modo, el total de ocupados con contrato indefinido alcanza una cifra histórica cercana a los 14 millones, de los que casi 9,6 millones son a tiempo completo. "No sólo observamos una mejoría cuantitativa, superando los 21 millones de afiliados, también cualitativa. Nunca hasta ahora ha habido tantos afiliados a la Seguridad Social y nunca se habían registrado tantos con contrato indefinido, en torno a 14 millones", ha subrayado la ministra Saiz.

En el último año, los afiliados con contratos indefinidos a tiempo completo han aumentado un 4,2% (+389.899 ocupados), por encima de los de tiempo parcial (+3,8%, +89.552) y de los fijos-discontinuos (+16.788 afiliados, +1,7%). El Ministerio también ha remarcado que, en comparación con los grandes países europeos, la creación de empleo en España desde el nivel anterior al Covid ha aumentado un 8,9%, por encima de las tasas de Francia (+5%), Italia (+3%) y Alemania (+1,4%). Lo mismo sucede si se atiende a la ganancia de ocupados desde que se inició la guerra en Ucrania: mientras que en España el empleo ha crecido un 6,9%, en Francia y Alemania lo ha hecho en el entorno de un 2%.

La afiliación media subió en abril en todas las comunidades autónomas. Los mayores aumentos del empleo, en términos absolutos, se registraron en Baleares, que ganó 55.155 afiliados; Andalucía (+41.365 ocupados); Cataluña (+33.089 cotizantes), y Madrid (+14.639). En términos relativos, los mayores avances mensuales de la ocupación media fueron para Baleares (+10,7%), Andalucía (+1,2%) y Murcia y Cantabria, ambas con aumentos ligeramente superiores al 1%.

Por otra parte, el Ministerio ha informado de que los trabajadores en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) se situaron al finalizar abril en 8.692. En total, a 30 de abril había 9.897 trabajadores en ERTE, menos del 0,1% del conjunto de afiliados. De ellos, 8.692 estaban en un ERTE-ETOP y 1.195 en un ERTE por fuerza mayor.

El Banco de España constata en su Informe Anual 2023 un "leve" incremento de la inestabilidad laboral en los contratos indefinidos de nueva creación, en especial de los contratos fijos-discontinuos, tras la reforma laboral de 2021, según ha recogido Europa Press. Pese a ello, concluye que se ha producido un "ligero aumento" de la estabilidad laboral en el conjunto del mercado de trabajo español por el repunte "significativo" del peso de los contratos fijos en relación con el de los contratos temporales, propiciado por la reforma laboral.

En un apartado del informe, en el que analiza el grado de estabilidad del empleo, la institución subraya que, desde la aprobación de la reforma laboral, la ratio de temporalidad de la economía española "se ha reducido con intensidad", hasta situarse en el 16,5% a finales de 2023, frente al 25,4% de 2021, con un descenso más acusado en el sector privado, hasta el 13,2%, que en el público, donde la tasa de temporalidad se ha mantenido cercana al 30% en los dos últimos años.

"En conjunto, este descenso ha permitido una considerable convergencia de la ratio de temporalidad en España hacia la que se observa en el promedio del área del euro", destaca la institución, que señala que esta "intensa reducción" de la tasa de temporalidad también es observable en los registros de la Seguridad Social.

Así, la proporción de afiliados con un contrato temporal ha descendido desde el 30,4% de 2021 hasta el 14,9% en 2023, que se explica por un aumento de los contratos indefinidos a tiempo completo en 8,6 puntos, de los contratos indefinidos a tiempo parcial en 4,1 puntos y de los contratos fijos-discontinuos en 3 puntos.

En este sentido, la institución señala que los contratos fijos-discontinuos, "escasamente utilizados" en España antes de la reforma laboral, han más que duplicado su incidencia en la afiliación a la Seguridad Social, pasando del 2,4% en 2021 al 5,7% en 2023.

Por ramas de actividad, el Banco de España apunta que el descenso de la tasa de temporalidad ha sido muy generalizado, aunque "más intenso" en algunos de los sectores con mayores porcentajes antes de la reforma, como la construcción, la hostelería, las actividades artísticas, las actividades administrativas, la agricultura y los otros servicios.

"En todos estos sectores, salvo en el caso de la construcción, una parte significativa de la caída de la temporalidad desde la implantación de la reforma se explica por el empuje de los contratos fijos- discontinuos", asegura el organismo.

La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos intenta aproximar el grado de estabilidad del empleo en el mercado laboral español con un ejercicio descriptivo en el que deja claro que "no constituye una valoración causal de la reforma laboral de 2021", pues dicha evaluación exigirá tener en cuenta el impacto de las medidas aprobadas en múltiples dimensiones, considerar una perspectiva temporal amplia y analizar los posibles efectos asimétricos de la reforma sobre distintos grupos de trabajadores, empresas y sectores.

Utilizando datos de altas y bajas de la Seguridad Social para medir la rotación laboral, el Banco de España constata un descenso de la rotación a partir de la aprobación de la reforma, desde el 1,33% en el promedio del periodo 2015-2019 hasta el 1,12% en el promedio de 2022-2023.

Esta disminución, explica, es fruto del cambio en el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido y temporal, pues la rotación entre aquellos con contrato indefinido ha aumentado del 0,25% al 0,61% y sólo se ha reducido levemente entre los trabajadores con un contrato temporal, del 3,40% al 3,19%.

"La mayor rotación en los contratos permanentes desde la entrada en vigor de la reforma laboral viene reflejando los mayores flujos de entrada y de salida del mercado laboral de los trabajadores con contrato indefinido, en general, y, especialmente, de aquellos con contrato fijo-discontinuo. En particular, las tasas de baja de estos contratos han repuntado notablemente en relación con el período 2015-2019", sostiene.

De hecho, subraya que los contratos fijos-discontinuos presentaban con anterioridad a la reforma una tasa de baja que se situaba prácticamente a medio camino entre la del resto de contratos indefinidos y la de los contratos temporales. Sin embargo, desde 2022 esta tasa casi se ha duplicado, hasta situarse al mismo nivel que la que se observa para los contratos temporales.

En cualquier caso, el Banco de España apunta que, pese a este aumento de las tasas de salida de los indefinidos, la mayor estabilidad laboral de este colectivo, en comparación con la de los temporales, ha llevado a una reducción de la tasa de salida agregada. La institución, no obstante, precisa que este análisis está sujeto a algunas cautelas asociadas, por ejemplo, al hecho de que no permiten distinguir entre la rotación de los contratos creados antes y después de la reforma de 2021.

En el marco de este ejercicio para analizar el grado de estabilidad del empleo, el Banco de España calcula la tasa de supervivencia, a lo largo del primer año tras el alta, de los contratos iniciados en marzo de 2022 y la compara con la de los contratos iniciados en el mismo mes de 2017 y de 2018, sin verse, por tanto, afectados por la pandemia. En todo caso, insiste en que las diferencias no pueden interpretarse como evidencia causal de la reforma.

De acuerdo con su análisis, del conjunto de relaciones laborales creadas en marzo de 2022, un 16,1% siguen vivas un año después, porcentaje superior al observado en los contratos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018 (un 11% en promedio) y también mayor que la tasa de supervivencia que presentan los contratos firmados en marzo de 2021 (un 14,9%).

El Banco de España apunta que, de nuevo, esta mejora en la supervivencia del conjunto de las relaciones laborales se produce "a pesar de que la supervivencia de los contratos indefinidos, sin incluir los contratos fijos-discontinuos, se ha deteriorado tras la reforma laboral".

Así, el 48% de las relaciones laborales iniciadas en marzo de 2022 con un contrato indefinido permanecían vivas un año después, mientras que este porcentaje era del 52,5% en el promedio de los contratos indefinidos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018. "En conjunto, los resultados disponibles muestran un ligero aumento de la estabilidad laboral en el mercado de trabajo español tras la aprobación de la reforma de finales de 2021. Esto es así porque, a pesar de que se observa un leve aumento de la inestabilidad laboral en los contratos indefinidos de nueva creación, en especial, en los contratos fijos-discontinuos, ha aumentado de forma significativa el peso de los contratos indefinidos en relación con el de los contratos temporales", concluye.

De este modo, pese a que la tasa de temporalidad española ha avanzado en convergencia con la de la UE, la institución cree que "existe margen para aumentar la estabilidad del empleo" en España. Así, por ejemplo, señala que, aunque los flujos de salida del empleo al desempleo han disminuido en España desde el 3,3% del empleo en los tres primeros trimestres de 2019 hasta el 2,8% en el mismo periodo de 2023, este porcentaje aún se mantiene sensiblemente por encima del observado en el conjunto de la UEM (un 1,2%).

El Banco de España también se ha referido a incrementar los incentivos para que los parados retornen al empleo, así como a clarificar las causas del despido objetivo para evitar que la posible introducción de indemnizaciones por despido improcedente acordes a las circunstancias del trabajador y más disuasorias, como planea llevar a cabo el Ministerio de Trabajo, judicialice el despido y perjudique el empleo.

Así, más que centrarse en el despido improcedente, la institución considera que lo importante es seguir avanzando en la definición de las causas del despido objetivo ante la inminente resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el coste del despido injustificado en respuesta a la denuncia de UGT de que en España no es suficientemente disuasorio y de que la indemnización ha de tener en cuenta las circunstancias personales del trabajador.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha señalado que introducir este elemento en la regulación del despido, como prevé hacer la vicepresidenta Yolanda Díaz, hará que desaparezcan las indemnizaciones tasadas para pasar a otras que habría que aclarar por vía judicial, elevando así la incertidumbre. De ahí la importancia de clarificar el despido objetivo.

El Banco de España apunta que las indemnizaciones por despido procedentes en España (20 días por año trabajado) "son relativamente elevadas en el contexto internacional", mientras que el coste del despido improcedente (33 días por año de servicio) no está, sin embargo, entre los más altos.

En este sentido, "para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo", entiende que "podría resultar adecuado" seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos.

"Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativos (artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada), que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador, lo que aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo", apunta el Banco de España.

La institución reclama una "revisión exhaustiva" de las políticas de empleo ante una tasa de paro "persistentemente más elevada" que la de otros países y los retos que suponen los cambios tecnológicos que vienen de la mano de la robótica y la Inteligencia Artificial (IA), además del envejecimiento de la población. Este último, ha advertido Gavilán, no se solucionará únicamente con más inmigración y alargando la vida laboral de los trabajadores, sino que requerirá también mejorar las políticas formativas.

En el marco de esa revisión de las políticas de empleo por la que aboga, el Banco de España pide "incrementar los incentivos para el retorno al empleo de los parados", así como garantizar la suficiencia de las prestaciones y mejorar la coordinación con las políticas activas de empleo. "Las prestaciones por desempleo deben ofrecer una adecuada protección a los parados, sin que ello perjudique los incentivos a la búsqueda de empleo y a la movilidad laboral", sostiene.

En este sentido, ve "deseable" una reforma de las políticas pasivas de empleo que introduzca cambios en la duración de las prestaciones y subsidios por desempleo, condicionándolos "posiblemente" al ciclo económico, y/o "sendas decrecientes" en sus cuantías, sin reducir los niveles de protección 'ex ante'.

La institución considera que existe margen en España para "ajustar" los requisitos de elegibilidad, las tasas de sustitución de las prestaciones, su variación en función de la duración del desempleo y la propia duración máxima de las prestaciones, de forma que se pueda alcanzar un mejor equilibrio en "la disyuntiva entre sustitución de rentas e incentivos a la búsqueda de empleo".

Al mismo tiempo, aboga por permitir que determinados subsidios y prestaciones sean compatibles con el empleo, de manera temporal o permanente. Particularmente, considera que la conversión de parte de las prestaciones en complementos salariales cuando se encuentre un nuevo empleo contribuiría a facilitar la movilidad laboral y la salida del paro. "De esta manera, además, los incentivos al reempleo no se limitarían exclusivamente a una eventual disminución de las prestaciones/subsidios con su duración", argumenta.

El Banco de España pide además unificar todos los programas de rentas de subsistencia y de lucha contra la pobreza (subsidios, Ingreso Mínimo Vital y ayudas locales y regionales) para incrementar su cobertura y eficiencia, así como reforzar la coordinación de las políticas activas y pasivas de empleo.

En lo que respecta a las políticas activas, insta a que el sistema educativo y la formación ocupacional modernicen y adapten sus contenidos a las nuevas tecnologías, así como que ganen peso las disciplinas STEM.

También aboga por que los servicios públicos de empleo diseñen perfilados profesionales y de emparejamiento de los desempleados con los empleos disponibles y por valorar "posibles colaboraciones y sinergias" con el sector privado.

Entre las medidas para afrontar los cambios demográficos, apuesta por fórmulas "más flexibles" para la contratación de los trabajadores de mayor edad; recolocaciones, reconversiones y formación profesional incentivadas; eliminación de salidas forzadas del empleo o una jubilación activa con mayores incentivos a compatibilizar pensión y salario.

La institución destaca que la principal característica del comportamiento reciente del mercado laboral ha sido el "considerable dinamismo" del empleo, asociado, en parte, al empuje del sector público, a la inmigración y al "atesoramiento de empleo" (empresas que deciden mantener la plantilla en periodos de menor actividad en previsión de futuras necesidades de demanda).

Todo ello contrasta con la evolución de la productividad del trabajo, "que apenas ha aumentado desde el comienzo de la pandemia", y un crecimiento de las horas efectivamente trabajadas "sensiblemente menor". En este sentido, y de cara al objetivo del Gobierno de reducir la jornada laboral, pide que empresas y sectores dispongan de una "amplia flexibilidad" para evitar efectos negativos sobre los costes laborales, la productividad y el nivel de empleo.

Apunta, además, que en 2023 se produjo un aumento de los costes laborales por la subida de las cotizaciones sociales. Aunque esta medidas persigue reducir el "abultado" déficit del sistema de pensiones, los ejercicios de simulación del Banco de España señalan que un incremento de un punto en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%.

Sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), la institución indica que, tras las subidas de los últimos años, la ratio entre salario mínimo y salario medio "habría superado los objetivos del 60% del salario bruto mediano y del 50% del salario bruto medio" establecidos por la UE. Como resultado, el porcentaje de trabajadores afectados por el SMI en España ha pasado de un 5,1% en 2018 a un 11,5% en 2023, "y se estima que éste se situará en el 12,7% en 2024".

El Banco de España considera "conveniente" que las próximas subidas del SMI tengan en cuenta los posibles efectos adversos que podrían suponer, en ausencia de mejoras en la productividad, para el empleo de determinados grupos de trabajadores.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictado una sentencia en la que considera que el Derecho español no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal, lo que puede llevar a emplear a trabajadores de forma precaria "durante años", según informa Europa Press. En este sentido, apunta que, "a falta de medidas adecuadas" en la legislación española para prevenir y sancionar con arreglo a las normas europeas los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, "la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir" la solución.

En todo caso, considera que corresponde a la Justicia española modificar la jurisprudencia nacional consolidada si ésta se basa en una interpretación incompatible con los objetivos de la legislación europea, particularmente con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.

El TUE responde con este fallo a una petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que interprete el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, a raíz del caso de tres trabajadores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid.

Dichos trabajadores estuvieron durante muchos años (desde 1994 en los dos primeros casos y desde 1998 en el tercero) con contratos temporales sucesivos, por lo que el TSJM pide al TUE que interprete el acuerdo marco en relación a la eficacia de las medidas destinadas a evitar el abuso de los contratos o relaciones laborales de duración determinada en el sector público. En su sentencia, el TUE responde al TSJM que un trabajador indefinido no fijo, figura de creación jurisprudencial, debe considerarse un trabajador con contrato de duración determinada a efectos del acuerdo marco, por lo que está comprendido en el ámbito de aplicación de éste.

Asimismo, señala que la expresión "utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada" contenida en el acuerdo marco comprende una situación en la que, de no haber convocado la Administración en cuestión en el plazo establecido un proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza ocupada por un trabajador indefinido no fijo, el contrato de duración determinada es prorrogado automáticamente.

En este sentido, el TUE entiende que concluir que "no existen sucesivas relaciones laborales de duración determinada a efectos del acuerdo marco por la mera razón de que un trabajador esté vinculado a la Administración mediante un único contrato indefinido no fijo" y de que se mantiene en su plaza por el "incumplimiento" de convocar en plazo un proceso selectivo, podría "comprometer el objeto, la finalidad y la efectividad de dicho acuerdo marco".

"Esa interpretación restrictiva del concepto de 'sucesivas relaciones laborales de duración determinada' permitiría emplear a trabajadores de forma precaria durante años y podría llevar no sólo a excluir, en la práctica, un gran número de relaciones laborales de duración determinada de la protección de los trabajadores perseguida por la normativa europea, vaciando de gran parte de su contenido el objetivo perseguido por ésta, sino también a permitir la utilización abusiva de dichas relaciones por parte de los empleadores para satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal", alega el TUE.

En los casos examinados, dado que la Administración en cuestión no convocó en el plazo establecido un proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza ocupada por un trabajador indefinido no fijo, las prórrogas automáticas de dicho contrato de duración determinada pueden asimilarse a renovaciones y, por consiguiente, a la celebración de distintos contratos de duración determinada.

De ello se deduce, según el TUE, que estos tres casos "no se caracterizan por la celebración de un único contrato, sino por la celebración de contratos que efectivamente pueden calificarse de sucesivos a efectos del acuerdo marco", pero este extremo, añade la justicia europea, ha de ser comprobado por el TSJM. El TUE explica que no le corresponde pronunciarse sobre la interpretación del Derecho interno, por lo que habrá de ser el TSJM el que deba apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución efectiva de las disposiciones pertinentes de la normativa española hacen que éstas constituyan una medida apropiada para evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.

No obstante, "con el fin de orientarlo en su apreciación", el TUE señala que las razones objetivas expuestas por el Gobierno y las AAPP españolas (garantía del acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para remediar contratación irregular en el sector público hasta el momento en que se produzca la cobertura de la plaza) "son razones objetivas que justifican la aplicación del contrato indefinido no fijo, mientras que el acuerdo marco europeo se refiere a las razones objetivas que justifiquen la renovación de los contratos de duración determinada".

El TUE entiende además que convocar en plazo procesos selectivos para la cobertura definitiva de las plazas ocupadas provisionalmente por trabajadores temporales "es una medida adecuada para evitar que se perpetúe la situación de precariedad de dichos trabajadores".

Sin embargo, el TUE señala que, según el TSJM, pese a que la normativa aplicable establece plazos concretos para que la Administración de que se trate convoque esos procesos selectivos, "en realidad dichos plazos no se respetan y esos procesos son poco frecuentes". "En estas circunstancias, una normativa nacional que prevé la convocatoria de procesos selectivos que tienen por objeto cubrir de manera definitiva las plazas ocupadas provisionalmente por trabajadores temporales, así como los plazos concretos a tal fin, pero que no garantiza que esos procesos se convoquen efectivamente, no parece que pueda evitar la utilización abusiva de sucesivas relaciones laborales de duración determinada", apunta el TUE.

En consecuencia, al Alto Tribunal europeo considera que la normativa española parece no constituir "una medida suficientemente efectiva y disuasoria para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas conforme al acuerdo marco europeo.

El TUE apunta que ya declaró que el abono de una indemnización tasada por extinción de contrato de 20 días por año no permite alcanzar el objetivo perseguido por el acuerdo marco de prevenir los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada, "ya que ese abono parece ser independiente de cualquier consideración relativa al carácter legítimo o abusivo de la utilización de dichos contratos".

"Por lo tanto, esa medida no resulta adecuada para sancionar debidamente dicha utilización abusiva y eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión y, por consiguiente, no parece constituir, por sí sola, una medida suficientemente efectiva y disuasoria para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas conforme al acuerdo marco", ha indicado. Asimismo, el TUE entiende que la convocatoria de los procedimientos de consolidación prevista en el Derecho español "no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva" de relaciones laborales temporales.

El paro bajó en 193.400 personas en 2023, lo que supone un 6,4% menos que en 2022, mientras el empleo creció en 783.000 puestos de trabajo (+3,8%), cerrándose el ejercicio por encima de los 21 millones de ocupados y por debajo de los 3 millones de parados, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Ambos datos son mejores que los de 2022, año en el que el desempleo bajó en casi 80.000 desempleados y la ocupación aumentó en 278.900 personas, pero son peores registros que los de 2021, cuando la vuelta a la normalidad tras la pandemia llevó a generar 840.700 empleos y a reducir el paro en más de 600.000 personas.

Con el retroceso de 2023, el paro acumula tres años consecutivos de descensos. En el caso de la ocupación, se encadenan tres años de crecimiento del empleo tras un 2020, el año del covid, en el que se destruyeron 622.000 puestos de trabajo.

La tasa de paro se situó al finalizar 2023 en el 11,76%, porcentaje 1,1 puntos inferior al de 2022, mientras el número total de desempleados cerró el ejercicio por debajo de los 3 millones después de haber bajado de esa cifra en el segundo trimestre de 2023.

En concreto, el año finalizó con 2.830.600 desempleados, su cifra más baja en un cierre de año desde 2007, en tanto que el número de ocupados se situó en 21.246.900, en máximos históricos.

A estas cifras se llegó después de que en el cuarto trimestre de 2023 el paro experimentara una bajada de 24.600 personas (-0,8%) y la ocupación disminuyera en 19.000 personas (-0,09%).

Los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 2023 en 115.100, un 11% menos que en 2022, hasta situarse por debajo del millón. En concreto, 2023 cerró con 932.400 hogares con todos sus miembros en el desempleo después de que en el último trimestre del ejercicio se incrementaran en 3.600, un 0,4% más que en el trimestre anterior.

Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados aumentaron el año pasado en 399.400 (+3,5%), hasta un total de 11.654.700 hogares, nuevo máximo histórico. En la recta final de 2023, los hogares con todos sus miembros ocupados subieron en 76.400, lo que supone un 0,6% más que en el tercer trimestre de 2023.

Los hogares con al menos un activo subieron en 2023 en 279.700 respecto a 2022 (+2%), hasta los 14,1 millones, mientras que en el último trimestre del año repuntaron en 80.900 en relación al trimestre anterior (+0,6%).

Por su lado, los hogares en los que no hay ningún activo se incrementaron en 7.000 en el conjunto del año pasado (+0,1%), hasta los 5,36 millones. En el último trimestre de 2023, estos hogares bajaron en 9.100 (-0,2%).

Por comunidades, el paro bajó en 2023 en trece, especialmente en Madrid y Andalucía, y todas las regiones crearon empleo, a excepción de Castilla y León y La Rioja, según datos de la EPA.

En valores absolutos, los mayores descensos anuales del desempleo se dieron en Madrid, que redujo el número de parados en 54.200 personas (-13%), Andalucía (-40.500 parados, -5,3%), y País Vasco (-22.600 desempleados, -25,1%).

Por contra, el desempleo subió en 2023 en cuatro comunidades más Melilla. En concreto, aumentó en Canarias, con 27.300 parados más (+16,2%); Castilla y León (+7.700 desempleados, +7,9%); Baleares (+4.700 parados, +6,8%) y La Rioja (+1.300 desempleados, +9,9%). En la ciudad autónoma de Melilla se incrementó en 2.400 parados.

En cuanto a la ocupación, quince comunidades crearon empleo en 2023 y sólo Castilla y León y La Rioja perdieron trabajadores, con la destrucción de 4.400 y 2.700 empleos, respectivamente. En las ciudades autónoma de Melilla y Ceuta también bajó la ocupación en 2023, con 2.000 y 1.400 trabajadores menos que en 2022. En el otro extremo, con los mayores repuntes anuales de la ocupación en términos absolutos, se situaron Cataluña, que sumó 197.600 nuevos empleos en el año (+5,6%), Madrid (+160.500 ocupados, +5%), y Andalucía (+130.800 puestos de trabajo, +4%).

Según el INE, País Vasco es la comunidad autónoma que tiene la tasa de desempleo más baja de España, con un 6,33%, seguida de Cantabria (7,48%) y de Aragón (7,85%). Por el contrario, las tasas más elevadas se encuentran en Ceuta (28,35%), Melilla (27,42%) y las comunidades de Andalucía (17,60%), Extremadura (16,29%) y Canarias, con una tasa de desempleo del 16,19%.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado en una valoración remitida a los medios que el ritmo de crecimiento del empleo en 2023 fue "casi el triple" que el de 2022 y que el paro se redujo "más del doble que el año anterior".

"Estos datos son especialmente significativos porque la población activa aumentó en casi 600.000 personas durante el pasado año, lo que pone de manifiesto la confianza de los trabajadores en el dinamismo del mercado laboral", subraya el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Desde el Gobierno destacan que la mayor parte del empleo creado en 2023 lo generó el sector privado, con 715.900 nuevos ocupados, más del 91% del total, y la mayoría de los puestos de trabajo generados fueron a tiempo completo, con un incremento de 695.400 personas, frente a los 87.600 nuevos empleos a tiempo parcial.

La tasa de temporalidad bajó en 2023 hasta el 16,5% tras aumentar los asalariados con contrato indefinido en más de 800.000 (+5,6%) y reducirse los contratados de manera temporal en 140.300 (-4,5%). Economía ha destacado además que más de la mitad del empleo creado en 2023 fue para las mujeres (56%), con un incremento de 437.200 ocupadas frente a 345.800 puestos para varones.

La reforma laboral ha conseguido reducir el empleo temporal en un 30% en las empresas privadas durante los dos años que lleva en vigor. Pero en las administraciones públicas el ritmo está muy lejos de ser ejemplar. En 2022 y 2023 sólo han recortado en un 6,68% los puestos eventuales, cinco veces menos, por tanto, que el sector privado. Y en las empresas de propiedad estatal el resultado es aún más decepcionante: el empleo temporal incluso ha crecido un 3,5% en los dos últimos años, al menos según se desprende de los microdatos de la última Encuesta de Población Activa, correspondientes al tercer trimestre de 2023.

Es más, en 2022, el primer año en que la reforma laboral desplegó sus efectos, las empresas públicas españolas redujeron en un 27,2% sus trabajadores temporales, por lo que ahora tienen 10.411 menos que el año precedente. Pero en 2023 los aumentaron en un 18,12%, y eso sin contar el cuarto trimestre, cuyos datos no se conocerán hasta el próximo 26 de enero. De forma que, si en el primer trimestre de 2022 el número de empleados temporales en las empresas estatales era de 38.194, en el tercer trimestre de 2023 se elevaron a 39.540. Como también han crecido los indefinidos, un 12,8% en estos dos años, en el sector público empresarial la tasa de temporalidad se ha quedado en el 21,4%, sólo un punto y medio menos que en el inicio de 2022. Aun así, se mantiene siete puntos por encima de la tasa del sector privado, que se sitúa en el 14,2%.

En el conjunto de las administraciones públicas, la tasa de temporalidad alcanza el 29,75%, por lo que ha descendido 2,7 puntos desde el primer trimestre de 2022. Es decir, en las empresas estatales se ha reducido casi la mitad que en el resto del sector público.

Con estos números no sólo se está incumpliendo la reforma laboral, sino que es poco menos que imposible que se aplique la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, que fija en un 8% la tasa de empleos temporales a la que deben llegar las administraciones públicas el 31 de diciembre de 2024.

El sector público empresarial lo conforman desde Adif y Renfe o Enaire y el ICO –21.480 trabajadores– hasta las 14 empresas donde la SEPI tiene una participación mayoritaria –76.350 empleados–: Correos, Navantia, Tragsa, Paradores, RTVE… La estabilidad en el empleo en cada una de ellas es muy dispar. En Renfe, sólo el 4,2% de sus 14.490 trabajadores tenía un contrato temporal en 2021, el último año cuyas cuentas publica en su página web. La que mayor temporalidad sufre es Tragsa, con un 67,9% de empleados eventuales en septiembre de 2023. En Navantia, el 93,75% de la plantilla –4.547 personas– es indefinida, según declara en su web.

De hecho, nada más entrar en vigor la reforma laboral, la dirección de Tragsa se presentó ante sus trabajadores como la avanzadilla del “cambio cultural” que el Gobierno quería imprimir en el sector público empresarial. La compañía es uno de los denominados “medios propios instrumentales” de la Administración, como también Ineco o Isdefe, por lo que sólo trabaja con los encargos que les hacen las instituciones públicas. El presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, anunció entonces que las empresas públicas iban a ser el “referente” en materia laboral para el sector privado, abocado al mismo cambio de cultura: “Tenemos que ser ejemplares”, proclamó Casas Grande en un vídeo distribuido entre la plantilla. “Esto es una política de Estado”, dijo, así que es necesario “vencer inercias e incomodidades”.

Dos años después, sin embargo, la temporalidad en Tragsa, lejos de reducirse, ha crecido 5,7 puntos porcentuales. En la filial, Tragsatec, alcanza el 71,3%, según los datos de la empresa a septiembre de 2023. El grupo ha multiplicado su actividad los últimos años, con una producción que en septiembre se elevaba a 1.240,8 millones de euros, un 32,5% por encima de la cifra acumulada hasta ese mismo mes de 2022. Su cartera de pedidos supera en un 14,3% la firmada el año precedente para los tres primeros trimestres.

Así que también ha explotado la contratación de personal con el que hacer frente a tantos encargos. La plantilla ha crecido nada menos que un 46,2% desde que entró en vigor la reforma laboral. La componen 24.539 trabajadores, de los cuales 12.154 pertenecen a la filial, donde el aumento de personal ha sido del 50,8%. De los 7.755 nuevos empleados del grupo, 6.222 son temporales. Estos han crecido un 59,6% en los dos últimos años, mientras que los fijos sólo lo han hecho un 24,2% –un 14,2% en 2023–.

Mientras, las plazas que salen a concurso para hacer realidad ese “cambio cultural” en Tragsa son 2.213 correspondientes a la tasa adicional de estabilización y 1.581 correspondientes a la tasa de reposición específica. En Tragsatec son 2.383 –200 de ellos fijos discontinuos– y 673, respectivamente. En total, 6.850 plazas en cuatro fases, de las que ya se han finalizado dos –2.830–, asegura el propio grupo a infoLibre. Pero esa cifra es insuficiente para hacer indefinidos a los dos tercios temporales de la plantilla, lamentan las fuentes sindicales consultadas.

Una parte de estos eventuales, no obstante, se encuentran cubiertos por la excepción que permite hacer la reforma laboral con los contratos temporales que sean necesarios para gestionar los fondos de recuperación de la UE. La última estadística del SEPE muestra que en 2022 se formalizaron en toda España 22.402 contratos eventuales acogidos a esta excepción, mientras que en 2023 se han quedado en 17.766.

Según explican las fuentes sindicales, la empresa está utilizando contratos de sustitución como “transición” hacia la fijeza, cubriendo el periodo de tiempo necesario hasta que sale a concurso la plaza de que se trate. O bien, al acabarse el contrato, los temporales pasan unos meses “en la nevera” y se les vuelve a contratar después, aseguran.

A preguntas de infoLibre, Tragsa reconoce que el aumento del número de encargos que le hacen las administraciones públicas, sobre todo los financiados con los fondos Next Generation, ha hecho crecer el empleo temporal en la empresa. Y que un "volumen importante" de los nuevos contratos se acogen a la excepción permitida por la reforma laboral para los fondos europeos. En concreto, cifra en 3.727 los contratos de este tipo firmados por Tragsa en los dos últimos años. Es decir, el 60% de los temporales. Los contratos de sustitución, con los que “se cubren temporalmente los puestos de trabajo hasta que acaba el proceso de selección par su cobertura definitiva”, ascienden a 2.426.

Pese a estas dificultades, el objetivo del grupo es haber creado 13.700 empleados fijos “a finales de 2024 y principios de 2025, en la senda de las previsiones del Plan Estratégico 2024-2038” , apunta.

En cualquier caso, en 2023 se ralentizó tanto en el sector público como en el privado la rebaja de la temporalidad que con tanto ritmo reflejaron las estadísticas en 2022. En las administraciones públicas el número de trabajadores eventuales se recortó en 49.800 personas durante los tres primeros trimestres del año pasado, mientras que en el mismo periodo de 2022 la reducción alcanzó los 51.900 empleados. En todo 2022, la rebaja de temporales fue superior, 62.700 personas.

En el sector privado, 2023 fue aún peor. Mientras que en los tres primeros trimestres de 2022 los trabajadores eventuales disminuyeron en 534.300 –y nada menos que en 921.300 en todo el año–, en el mismo periodo de 2023 la tendencia se ha revertido: los temporales aumentaron en 179.000 personas. Como entre enero y octubre también crecieron los fijos, la tasa de temporalidad del sector privado ha quedado en el 14,2%, apenas por debajo del 14,8% con que terminó 2022, pero aun así medio punto por encima del 13,7% con que se inició 2023, y que ha sido el mínimo histórico hasta la fecha. Durante 2022, la tasa se redujo nada menos que 7,3 puntos porcentuales.

“En el sector público la tasa de temporalidad está enquistada”, explica Trinidad Molina, responsable de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Para que bajara, deberían salir a concurso plazas suficientes que transformen los eventuales en indefinidos. Como no se aprueban, el número de interinos no se reduce, o al menos no en la cantidad necesaria para cumplir ni de lejos con ese 8% que exige la ley. Así, muchos de ellos continúan acumulando años en puestos sin plaza. Las culpas se reparten entre las propias empresas, que deben pedir las plazas, y el Ministerio de Hacienda, que debe aprobar las convocatorias, añade Trinidad Molina. Según destaca, la temporalidad es aún más acusada en las empresas públicas municipales.

La Encuesta de Población Activa también revela cuál es la duración de los contratos temporales que se siguen firmando en el sector público. Apenas los hay de un día y los de menos de un mes no superan los 11.000, un 43,8% menos que antes de la reforma laboral. También se suscriben menos contratos de duración inferior a los dos años –una caída del 17,5% en los de uno a dos años, los más habituales, que sumaron 146.600 en el tercer trimestre de 2023–. Pero, por el contrario, crecen los de dos años, un 4,6%, y se han disparado los de más de tres años, un 46,6%.

El compromiso del Gobierno con la UE para todas las administraciones públicas es convertir en fijos a 300.000 empleados temporales. En Correos se puso en marcha el año pasado un “proceso de estabilización”, una convocatoria de empleo de 7.757 plazas. Los sindicatos piden otras 4.000 más para 2024. Paradores ha obtenido autorización para cubrir 1.127 puestos mediante contratos indefinidos, un plan que debe quedar ejecutado antes del 31 de diciembre de este año. La empresa cuenta con una plantilla de 3.892 trabajadores, de los cuales el 31,1% son temporales, según los datos que el Gobierno facilitó al senador de Compromís Carles Mulet en una respuesta escrita. RTVE pretende hacer fijos a 1.082 trabajadores, además de haber convocado 767 plazas fijas de acceso libre.

La destrucción de 185.384 empleos el pasado agosto ha hecho recordar a muchos que el mercado de trabajo español sigue siendo disfuncional, pese a la reducción de los contratos temporales y al crecimiento sostenido de la afiliación a la Seguridad Social que reflejan las estadísticas desde la pospandemia y la reforma laboral. Porque el final del verano ha repetido este año el patrón de rescisión masiva de contratos y aumento del paro al que estaba acostumbrado. En eso nada ha cambiado: el mercado laboral sigue marcado por una terca estacionalidad que convierte en buenos para el empleo los meses que preparan la Semana Santa y la temporada alta del turismo, y en malos enero, con el fin de la campaña navideña, y octubre, con el fin de la campaña veraniega.

De modo que el 31 de agosto volvió a registrarse una avalancha de bajas en las afiliaciones a la Seguridad Social: 308.166 en un solo día. Cierto que han disminuido un 10% respecto a las 342.276 bajas de agosto de 2021 –en 2022 fueron 320.052–, pero aun así continúa siendo una cifra descomunal que no tiene parangón en ningún otro país europeo. La misma anomalía se produjo, por ejemplo, el pasado 2 de enero, cuando un total de 390.109 –es decir, más que en agosto– perdieron su empleo al cerrarse la campaña comercial navideña.

La reforma laboral va ganando la batalla contra el abuso de los contratos temporales, la mayor tara del mercado de trabajo español desde los años 80 junto a las millonarias –y resistentes– cifras de parados. Año y medio después de su entrada en vigor, los contratos indefinidos representan casi el 40% de los que se firman cada mes, cuando antes nunca superaron el 10%. “Ha sido un éxito notable, ahí están las cifras, a la hora de reducir la tasa de temporalidad contractual”, admite el investigador de Fedea Florentino Felgueroso, quien no obstante advierte de que aún está por demostrar –“para eso hacen falta tiempo y datos”– que esa reducción “impacte en la estabilidad real: en las horas de trabajo, las remuneraciones, los índices de pobreza…”.

Además, la reforma laboral, resalta, “no tenía como objetivo” acabar con la estacionalidad. Los empleos “intermitentes”, que crecieron mucho en los últimos años no sólo en España sino también en el resto de Europa, se gestionaban en Alemania o Reino Unido con los llamados contratos de cero horas. Son aquellos que permiten al empresario llamar en cualquier momento a un trabajador para que se incorpore inmediatamente y a quien no está obligado a emplear por un número determinado de horas o días. En España están prohibidos. En su lugar, se ofrecían contratos de muy pocos días, a tiempo parcial concentrados en los fines de semana, por ejemplo, recuerda Felgueroso. Entre enero y julio de 2019, el 27,2% de los contratos firmados duraban menos de una semana; en los siete primeros meses de este año, su cuota ha bajado al 20%. Si antes del covid se registraron 3,53 millones de estos contratos ultrabreves, tras la reforma laboral se han reducido a 1,82 millones, cayendo casi a la mitad.

Esos son los contratos que, según explica el investigador de Fedea, han pasado a convertirse en fijos discontinuos con la reforma laboral. “Lo que no significa que tales empleos estacionales hayan desaparecido, y eso es lo que propicia que haya tantas altas y bajas [en la afiliación a la Seguridad Social] cada mes”, indica. A su juicio, la reforma laboral todavía no ha tenido efecto en los flujos de entrada y salida del mercado laboral; sobre todo en las salidas del empleo al paro, que continúan siendo mucho mayores que en otros países europeos. “Por eso siguen produciéndose esos efectos de fin de mes en las afiliaciones a la Seguridad Social”, concluye.

Según Felgueroso, para que haya un cambio estructural tendrá que producirse también un cambio en la productividad: que esta aumente porque, al crecer el empleo indefinido, también lo haga “el capital humano específico adquirido por los trabajadores por su experiencia en la empresa”. Uno de los perjuicios del abuso del empleo temporal es precisamente la merma que sufre la productividad porque a las empresas no les interesa dar formación a sus trabajadores temporales, de los que, además, se prescinde justo cuando empiezan a mejorar su rendimiento. La ley prohíbe encadenar contratos temporales durante más de 18 meses en un periodo de dos años. En ese momento, la empresa debe decidir si hace indefinido al trabajador o prescinde de él.

Pero también hay otro tipo de empleo estacional, el que viene dado por la estructura productiva de la economía española, basada en el turismo y la agricultura en una proporción mucho mayor que en otros países europeos. “[La estacionalidad] es inevitable, lo que hay que hacer es amortiguarla”, resume Carlos Martín Urriza, diputado de Sumar y exdirector del gabinete económico de CCOO. Con empresas de mayor tamaño, más movilidad geográfica para los trabajadores y una “estructura productiva más equilibrada” se moderaría la marcada estacionalidad del mercado laboral, asegura. Durante la pandemia, la “especialización productiva” en el turismo perjudicó mucho más a España que a Francia, “que tiene un sector industrial con mucho músculo y no tanto monocultivo en el turismo y el ladrillo”, detalla Martín Urriza. Así, también el corsé estacional español comprime mucho más la actividad que el francés.

El economista menciona como un mecanismo añadido para atenuar el daño de la estacionalidad laboral el reforzamiento de los contratos fijos discontinuos que ha incorporado la reforma laboral: “Les ha dado estabilidad y más derechos porque las empresas ahora están obligadas a llamar cada nueva temporada a estos trabajadores, que además acumulan antigüedad, no sólo por los periodos de actividad, sino también por los de inactividad”.

Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca, apunta igualmente hacia el tamaño de las empresas como una de las causas de la terca estacionalidad española. Cuanto más pequeña es la empresa, más dificultades tiene para ofrecer sus bienes o servicios en más de un mercado o para destinar a sus trabajadores a otras tareas según la temporada. Malo Ocaña coincide con Martín Urriza en que, ante una casi inevitable actividad económica oscilante, lo necesario es evitar los “efectos perniciosos sobre la protección y el bienestar social” de la estacionalidad. Dando estabilidad a los fijos discontinuos.

Para saber si la reforma laboral lo ha conseguido, “si son más estables los fijos discontinuos que los temporales a los que han sustituido” y si los fijos discontinuos han recogido toda la actividad de temporada, habrá que esperar a que los investigadores tengan en sus manos la Muestra Continua de Vidas Laborales del año completo, precisa Miguel Ángel Malo. Incluso haría falta información de un ciclo económico completo. “Aún es muy pronto, sólo hemos tenido un verano normal desde la pandemia”, lamenta.

Entonces podrá comprobarse si se ha corregido, y cómo, la enorme “movilidad bruta” que caracteriza al mercado laboral español, con unos flujos de despidos, abandonos y rotación en los mismos puestos de trabajo mucho mayores que los de cualquier otro país europeo debido al abuso de la temporalidad. “La movilidad laboral no es mala por sí misma, a no ser que genere inestabilidad vital”, matiza el profesor de la Universidad de Salamanca. E impedirla, añade, “tampoco es la solución, salvo que padezcas una enfermedad como la temporalidad disparada en un mercado tan disfuncional como el español”. 

El resquicio de la reforma laboral –su disposición adicional quinta– que permite a las administraciones públicas suscribir contratos temporales siempre que estén “asociados a la estricta ejecución del Plan de Recuperación” y “sólo por el tiempo necesario para la ejecución” de estos proyectos se ha traducido en un total de 34.785 de estos contratos desde mayo de 2022 hasta el pasado mes de julio. Según las estadísticas del Servicio Público de Empleo (SEPE), que ha creado un epígrafe específico para ellos –“Financiación de Fondos Europeos”–, de mayo a diciembre de 2022 se firmaron 22.402 de estos contratos temporales, y entre enero y julio de este año, 12.383 más.

Los 140.000 millones de los fondos europeos concedidos a España para salir de la pandemia suponen un enorme desafío de gestión para unas administraciones menguadas en recursos humanos tras años sin tasa de reposición ni concursos para rejuvenecer –sólo el 8,5% de los empleados públicos tiene menos de 30 años– y aumentar plantillas. Miles de proyectos, licitaciones y expedientes deben ser tramitados y resueltos por un número insuficiente de funcionarios. La Administración General del Estado ha perdido el 13,5% de sus empleados desde 2010, de acuerdo con los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que elabora el Ministerio de Política Territorial.

De forma que, pese a que la reforma laboral se marcó como objetivo el combate contra el abuso de la contratación temporal, también en el sector público, ésta sólo ha bajado 1,3 puntos porcentuales en un año en las administraciones, mientras que en las empresas privadas se ha recortado en seis puntos, de acuerdo con los datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA): en el segundo trimestre de este año la tasa de temporalidad es del 31,1% en la Administración pública, pero del 13,9% en el sector privado. El Gobierno se comprometió por ley a rebajar la tasa de temporalidad pública hasta el 8% antes de fin de 2024, un objetivo que a día de hoy parece poco menos que inalcanzable.

De momento, los contratos para gestionar los fondos europeos crecen a buen ritmo, a razón de unos 2.000 cada mes. En 2022, el 44,2% –9.908 contratos– tenía una duración de tres a seis meses, pero un 20,8% no duraban más de siete días. Este año, el grupo más numeroso es el de los que se prolongan más de un año, el 32,6% –4.037–, mientras que los ultrabreves de menos de una semana se han reducido a un 18,2% –2.258 contratos–. La reforma laboral castiga los contratos de duración inferior a 30 días con un recargo en las cotizaciones que la empresa paga a la Seguridad Social, precisamente en un intento por desincentivar este empleo ultrabreve e hiperprecario, al menos en el sector privado.

En 2023 no sólo se están ofreciendo contratos de mayor duración, sino también más prórrogas de los ya firmados: 554 por sólo 298 el año pasado. Pero la mayoría, 316, prolongaron los contratos sólo hasta tres meses. De más de 24 meses sólo se suscribieron dos prórrogas, y otras cuatro entre 18 y 24 meses. El 92,3% de los contratos en 2022 fue de jornada completa, el 87,8% en lo que va de 2023.

Además, el 56,6% de estos contratos temporales están destinados este año a trabajadores con estudios superiores, de segundo ciclo –máster– o tercero –doctorado–, cuando en 2022 eran sólo para el 34,6%. La mayor parte de los empleados por las administraciones son físicos, químicos, matemáticos o ingenieros, el 26,7% este año y el 16% en 2022, pero mientras en 2022 el segundo grupo por el número de contratados eran los peones de la construcción y personal de limpieza –un 9% cada uno de ellos–, este año sólo se han empleado a 788 de estos trabajadores, el 6,3%. También ha aumentado el número de directores de departamento, que han pasado de 60 a 151. Los contratados son jóvenes: el 35,7% tiene entre 25 y 29 años este año, el 24,3% en 2022. Y casi se emplea al mismo número de hombres –51%– que de mujeres –49%–.

Andalucía se llevó el año pasado casi la mitad –el 49,6%– de los contratos temporales relacionados con el Plan de Recuperación, 11.046, seguida de la Comunidad de Madrid a gran distancia, 3.275, el 14,6%. En 2023, aunque Andalucía sigue siendo el territorio donde más se han creado estos empleos, su número ha sido mucho menor, 2.513, el 20,3% de los contratos, apenas por delante de los 2.353 que se han firmado en Madrid.

El mercado laboral español ha demostrado una notable resistencia y dinamismo en los últimos tiempos, a pesar de que España sigue registrando la tasa de paro más alta de la zona euro, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para la que la reforma del mercado laboral, introducida en 2021, contribuye a mejorar la calidad del empleo en el país.

"La reforma del mercado laboral de 2021 contribuye a mejorar la calidad del empleo en España", afirma el think tank para las economías avanzadas en su informe Perspectiva de Empleo 2023, donde destaca que un año después de su entrada en vigor, el número de contratos temporales se ha reducido en un 30% y la mayoría de los nuevos contratos son indefinidos, recortando la desproporción de contratos temporales entre España y otros países europeos de la OCDE.

De hecho, según el documento de la organización con sede en París, en el cuarto trimestre de 2022, la proporción de nuevos empleos con contratos temporales fue menor que en el cuarto trimestre de 2019 en 20 de los 28 países con datos disponibles, a pesar del fuerte ciclo económico en ambos períodos y, en promedio, la proporción de nuevas contrataciones con contratos temporales se redujo del 49% al 46%.

"Los mayores descensos proporcionales se registraron en Noruega, España, Suecia, la República Eslovaca e Irlanda, mientras que Lituania e Islandia vieron un aumento en la proporción de nuevas contrataciones con contratos temporales, aunque desde niveles inicialmente bajos", destaca la OCDE.

En este sentido, la OCDE advierte, no obstante, de que la eficacia de los contratos fijos-discontinuos, una nueva disposición introducida por la reforma laboral de 2021 para los trabajadores estacionales, en la mejora de la seguridad laboral de los trabajadores temporales "es aún incierta" y señala la necesidad de llevar a cabo una supervisión continua y una regulación potencialmente más estricta para garantizar nuevos avances.

En general, la organización destaca que el mercado laboral español "ha demostrado una notable resistencia y dinamismo en los últimos tiempos", como demuestra el crecimiento del empleo del 1,2% en el primer trimestre de 2023.

De este modo, la tasa de desempleo española ha alcanzado su nivel más bajo en décadas, situándose en el 12,7%, aún muy por encima de la media de la OCDE y la más alta entre las economías de la zona euro.

En este sentido, tras la sólida recuperación del 5,5% registrada por la economía española después de la crisis del coronavirus, la OCDE prevé que la expansión económica de España se modere hasta el 2,2% en 2023 y el 1,9% en 2024, por lo que anticipa que la tasa de paro del país se mantenga en un nivel relativamente alto (12,6%) durante el resto de 2023.

Por otro lado, la OCDE señala la caída de los salarios reales en prácticamente todos los países de la OCDE en el primer trimestre de 2023 como consecuencia del alza de la inflación.

En promedio, los salarios reales cayeron un 3,8% anual en el primer trimestre de 2023 respecto al año anterior entre los 34 países de la OCDE con datos disponibles, mientras que España experimentó un descenso del 1,2% en el año transcurrido hasta el primer trimestre de 2023.

"Este descenso es más contenido que el observado en otros países de la UE debido a la dinámica del crecimiento de los salarios nominales y de la inflación, especialmente durante el segundo semestre del año", explica la OCDE, recordando que, en este periodo, el crecimiento de los salarios nominales aumentó del 3,2% a algo menos del 4%, mientras que la inflación cayó de alrededor del 9% a aproximadamente el 6%, amortiguando la caída de los salarios reales.

Asimismo, a nivel general, la OCDE considera que hay espacio para que las ganancias absorban aumentos adicionales en los salarios, al menos para los trabajadores con salarios bajos.

En este sentido, el 'think tank' apunta que, en promedio en la OCDE, los salarios mínimos legales han aumentado significativamente en los últimos dos años, permitiendo que los salarios mínimos reales se mantengan al ritmo de la inflación mejor que los salarios promedio.

En el caso de España, la OCDE destaca que el salario mínimo nominal ha aumentado un 13,7% desde diciembre de 2020, en línea con la inflación, manteniendo el salario mínimo real constante, subrayando también que, incluso antes de la escalada de la inflación, los aumentos del salario mínimo en España fueron sustanciales, situando el país entre los miembros de la OCDE con el crecimiento más rápido en el salario mínimo legal.

El primer trimestre ha arrancado con un aumento del paro de 103.800 personas, un 3,4% respecto al final del año. Es una cifra elevada, por encima de la que dio comienzo a 2022 y sólo por debajo de la registrada en el año de la pandemia y en 2013, en plena crisis financiera. Además, el empleo ha frenado, con un descenso de la ocupación de 11.000 personas, un 0,05%, que no obstante es el menor recorte en un comienzo de año desde 2007 –en 2022 la pérdida de empleo superó los 100.000 ocupados–. Según las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay 3,12 millones de desempleados, por lo que la tasa de paro se eleva hasta el 13,2% después de tres trimestres por debajo de la barrera del 13%. Al tiempo, la población ocupada alcanza los 20,45 millones de personas, el nivel más alto desde el arranque de 2008.

El primer trimestre del año suele ser malo en términos de empleo, cuando termina la campaña extraordinaria de navidades y rebajas en el comercio y aún no ha comenzado el repunte de actividad en la hostelería por la Semana Santa. Pero en 2023 se ha sumado un tercer factor: el considerable aumento de la población activa. Un total de 92.700 personas se han incorporado al mercado de trabajo, lo que sitúa los 23,58 millones de activos –personas entre 16 y 65 años en disposición de trabajar– en el máximo desde 1996, según ha destacado el Ministerio de Economía. El buen tono del mercado laboral en el último año está animando a quienes se habían apartado de la actividad laboral tras el covid. De hecho, entre enero y marzo se han puesto a buscar trabajo 117.000 mujeres, mientras que los activos masculinos se han reducido en 24.300. Del total de incorporados a la actividad, el 51% está en Andalucía, 47.200 personas.

El problema es que el mercado laboral no ha sido capaz de absorber esas nuevas incorporaciones, por lo que estas personas han pasado a figurar en las listas del paro.

Sin embargo, las cifras anuales siguen siendo positivas. En los últimos 12 meses se han creado 368.000 empleos, con un crecimiento del 1,83%, mientras que el paro ha disminuido en 47.000 personas, un 1,5%. También ha crecido más la ocupación entre las mujeres –234.400 más– que entre los hombres –133.600 más–.

De lo que ha ocurrido en el mercado de trabajo estos tres primeros meses del año da buena cuenta el reparto por sectores y territorios. El paro ha aumentado en todos los sectores –menos en la agricultura–, pero sobre todo se ha cebado en los servicios, con 147.700 nuevos desempleados, por sólo 12.400 en la industria y 18.600 en la construcción. Si se miran las cifras anuales, en cambio, los servicios han ganado 372.000 ocupados y la industria 93.500. La construcción ha perdido 18.200 y la agricultura, 79.500. Por comunidades autónomas, Baleares es donde más ha crecido el paro, un 68,76% respecto a diciembre, seguida de casi un 20% en Canarias, los dos territorios donde sigue desembalsándose el empleo temporal de la campaña turística. De los 103.800 nuevos desempleados del trimestre, 48.000 viven en Baleares y 33.500 en Canarias.

En cualquier caso, el mapa del paro permanece invariable. El País Vasco sigue siendo la comunidad autónoma con menor tasa de desempleo, un 8,44%, seguida de Aragón –8,94%– y Cantabria –9,29%–. Mientras que la tasa más elevada corresponde a territorios que casi doblan las anteriores: Extremadura, con un 19,53%, Andalucía –18,31%– y Baleares –18,14%–.

Una tendencia que se confirma también en la EPA es la consolidación del empleo indefinido. En marzo hay 93.000 trabajadores más con contrato fijo, mientras que quienes lo tienen temporal se han reducido en 117.000. Así, la tasa de temporalidad sigue encogiendo y se sitúa en el 17,28%, cayendo desde máximos próximos al 27% antes de la última reforma laboral. Por el contrario, el comienzo del año ha disminuido el número de quienes trabajan a tiempo completo, 34.700 personas menos y aumentado el de quienes lo hacen a tiempo parcial, 23.600 más, por lo que la tasa de parcialidad sube un poco, 12 centésimas, hasta el 13,72%.

También desciende el paro de larga duración, el que sufren quienes llevan más de un año sin trabajo. La EPA cuenta 58.300 menos respecto al pasado diciembre, una caída del 4,9%. En comparación anual, el recorte es superior, un 15% –198.500 personas menos–. Aun así, 1,12 millones de trabajadores llevan más de un año sin empleo, el 36% de la nómina del desempleo.

La tasa de paro juvenil, de los menores de 25 años, se sitúa aún en el 30,03%, ocho décimas por encima del fin de 2022, después de aumentar en 10.300 personas. También ha crecido el número de hogares con todos sus miembros en paro –7.800 más–, hasta alcanzar los 1,05 millones, un repunte por encima del registrado en el tercer trimestre de 2021, aún en plena recuperación de la pandemia.

“Estamos ante un trimestre siempre difícil y complejo, y este es un poco menos que los trimestres de años anteriores. Estamos en un buen camino”, ha asegurado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sobre los resultados de la EPA. No obstante, el dirigente sindical ha pedido soluciones al Gobierno y una mejor atención en las oficinas de empleo, tras destacar el “elevado paro de larga duración”, con cuatro de cada 10 parados en búsqueda de empleo desde hace más de un año. También ha lamentado “la elevada parcialidad, y particularmente la parcialidad involuntaria”.

“No se puede asumir una tasa del 13% de paro como buena”, ha criticado por su parte la secretaria de Acción sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, quien por el contrario resalta el aumento de la población activa en más de 90.000 personas como un “dato muy positivo que muestra el dinamismo del mercado de trabajo español, que genera nuevas expectativas de encontrar un empleo, y está animando a que cada vez más personas inactivas se incorporen a la actividad”.

Para el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en cambio, las cifras del primer trimestre dejan “malos datos de empleo”, pese al “ligero crecimiento” en el número de trabajadores por cuenta propia que refleja la EPA. Han aumentado en 12.100 personas entre enero y marzo, pero en el año acumulan una pérdida de 43.400.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sostiene que el empleo “está aguantando” la situación actual y que los datos de la EPA “no son buenos”, pero “tampoco malos”. La patronal ha aprovechado la publicación de las cifras de empleo para reclamar medidas de apoyo a la empresa tanto en el ámbito fiscal como desde el punto de vista regulatorio.

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, cree que los datos de la EPA “confirman la tendencia muy positiva” del mercado de trabajo español y “la estabilidad en el empleo”, a pesar de coyuntural internacional desfavorable.

Los contratos temporales no han dejado de menguar en número desde que se aprobó la reforma laboral, en diciembre de 2021, y entró plenamente en vigor tres meses más tarde. El pasado marzo, según las últimas cifras publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), su número se ha reducido casi un 40% respecto al mismo mes del año pasado. Pero también está descendiendo, a buen ritmo, el dato de los contratos ultrabreves, los que duran menos de siete días. En los datos acumulados del primer trimestre, han caído un 47,75%, casi a la mitad, en comparación con los firmados en idéntico periodo de 2019, antes de la pandemia. Entonces el SEPE registó 1,33 millones de contratos de menos de siete días; hoy son 694.069.

En ambos años, la Semana Santa cayó en abril, por lo que el efecto arrastre en el empleo de la hostelería y el turismo se produjo ya en el mes anterior.

Ese porcentaje supera en mucho el recorte que ha sufrido la contratación en general, un 29,9%: al firmarse menos temporales y más indefinidos, el abultado volumen de contratos que las oficinas de empleo registraban cada mes antes de la reforma laboral –podían superar los dos millones en verano– ha caído de forma drástica. En el primer trimestre de 2019 se suscribieron 5,14 millones, mientras que este año se quedaron en 3,6 millones.

Los contratos de menor duración, que en los años de mayor debilidad del empleo llegaron a representar el 26% de los que se firmaban, sufren una penalización pensada para desincentivar su uso por las empresas. Que, además, no ha dejado de aumentar. Hasta 2019 consistía en un recargo del 36% en la cotización por contingencias comunes para los contratos de menos de siete días, que entonces creció hasta el 40% para los que duraran menos de cinco días. La reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 convirtió el porcentaje en un recargo fijo de 26 euros que se amplió a todos los contratos de menos de 30 días. Esa cantidad se ha elevado desde entonces al mismo ritmo que la base mínima de cotización, que se utiliza en la fórmula diseñada para calcular el recargo –la base mínima del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social–. Así, pasó a ser de 27,53 euros en 2022 y este año asciende ya a 29,74 euros.

La penalización y las restricciones al uso de los contratos temporales contenidas en la reforma han conseguido que los de menos de siete días representen ahora el 19,27% de los registrados por el SEPE de enero a marzo, 6,6 puntos menos que en 2019. Aun así, siguen siendo el grupo de mayor volumen de la estadística. Todos los contratos temporales han reducido su participación porcentual comparada con la prepandemia, excepto los que duran entre siete y 15 días y los que llegan al año. Aunque la diferencia de volúmenes no es muy significativa: 1,3 puntos y apenas ocho décimas, respectivamente. Los de menos de un mes de duración, por los que las empresas deben pagar el citado recargo en las cotizaciones sociales, sumaban casi dos millones –1,91 millones– en el acumulado del primer trimestre de 2019; ahora son 1,1 millones.

Por el contrario, los indefinidos, que sólo suponían el 10,3% de los contratos firmados antes de la pandemia, ascienden ahora al 45,52%. Han pasado de 529.866 a 1,64 millones.

Una buena foto del cambio que se está produciendo en el mercado laboral se obtiene fijándose en los sectores de actividad. Donde más contratos ultrabreves se firman es en la hostelería. Antes de la pandemia, entre enero y marzo de 2019, fueron 400.937, que equivalían al 46,3% de los que se registraron en ese sector: casi la mitad no duraban ni una semana. Este año, en cambio, la hostelería ha suscrito 138.728 se siete días o menos, el 26,4% de su volumen de contratación en el trimestre. La caída ha sido del 65,4%, un descenso tan pronunciado que supera en casi 18 puntos el descenso general. Al mismo tiempo, la hostelería, que sólo hizo 89.093 contratos indefinidos en el primer trimestre de 2019 –menos que el comercio, que firmó 94.934– ha suscrito 279.228 de enero a marzo de este año –casi 80.000 más que el comercio–. Los ha triplicado.

También han rebajado su volumen de contratos muy breves las actividades profesionales y científicas, un 61,6%, y las actividades administrativas, un 58,8%, que han pasado de registrar 149.246 de menos de siete días a sólo 61.468. Sólo un sector de actividad ha aumentado respecto a 2019 su número de contratos de menos de una semana: el agrupado bajo la rúbrica de información y comunicaciones –desde informática hasta televisión, cine, radio o editoriales–, donde se ha firmado un 18% más.

En cualquier caso, la industria es el segundo sector que más contratos ultrabreves firmaba antes de la pandemia y sigue firmando después. Aunque muchos menos que la hostelería, 165.700 en el primer trimestre de 2019, los ha reducido casi en la media, un 48,5%. También la sanidad acumulaba un buen volumen de contratos por debajo de los siete días de duración, 100.183, que se han quedado ahora en 59.258, un 40,8%.

Por el lado de los contratos indefinidos, la agricultura los ha multiplicado nada menos que por 11 desde 2019: ha pasado de firmar sólo 22.143 hace cuatro años a 244.886 ahora. La construcción los ha multiplicado casi por cinco, las administraciones públicas por 4,6; la educación, por cuatro. La sanidad, el comercio y los transportes los han más que duplicado.

Finalmente, la estadística constata otro cambio. Los hombres firman más contratos que las mujeres; por tanto, también firman más contratos temporales. Antes de la pandemia era mayor el número de contratos suscritos por hombres no importaba cuál fuera su duración. Pero este año ya son más mujeres que hombres quienes tienen contratos de entre tres y 12 meses. 

El efecto tractor de la Semana Santa ha impulsado la creación de empleo en marzo hasta hacer de este mes de 2023 el mejor de la serie histórica, que comienza en 1996. La Seguridad Social registra 206.410 nuevos afiliados, un crecimiento del 1% respecto al mes anterior. Pese a que el responsable del departamento, José Luis Escrivá, ha disociado las buenas cifras de empleo de ese tirón estacional, lo cierto es que el mayor aumento de cotizantes, tanto en cifras absolutas como relativas, se ha producido en la hostelería, que genera 71.808 nuevos empleos, un aumento del 5,67% respecto a febrero. Le siguen, pero a mucha distancia, los 14.957 nuevos afiliados del comercio o los 14.938 de la administración pública. En volúmenes semejantes ha crecido el empleo en sanidad –13.624 cotizantes más– y educación –12.728–, con alzas que no superan el 1,5% mensual.

De esta forma, la Seguridad Social alcanza los 20,37 millones de afiliados, que es también el mejor dato desde 1996. En el último año, el empleo ha crecido en 542.049 cotizantes, un 2,73%. Desde la pandemia, hay 1,1 millones de afiliados más. De ahí que el ministerio destaque la mejora que eso supone en la relación entre número de cotizantes y de pensionistas, que ahora es de 2,41 afiliados por cada jubilado, “el nivel más alto de la década”, asegura el departamento de José Luis Escrivá nada más aprobar la reforma del sistema de pensiones.

El mismo buen tono muestran las cifras del paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), que han bajado en 48.755 personas, un 1,67%. Tras subir en enero –70.744 nuevos parados– y febrero –2.618–, el descenso del número de desempleados en marzo de este año es superior al registrado en ese mismo mes en 2018, 2019 y 2022, pero menor al de 2021. La mayor parte de la bajada se debe al sector servicios, donde hay 42.789 parados menos. También se ha reducido más el desempleo femenino en cifras absolutas, 25.897 mujeres menos en el paro, que el masculino, con una caída de 22.858 hombres.

Aun así, en España quedan todavía 2,86 millones de parados. El Ministerio de Trabajo destaca que es la cifra más baja, en un mes de marzo, desde 2008, justo antes de estallar la crisis financiera desatada por la quiebra de Lehman Brothers.

Este año, en cambio, los malos vientos augurados por la caída de Credit Suisse y las dudas sobre Deutsche Bank en medio de la crisis de precios y la guerra de Ucrania no han podido con los buenos presagios del consumo para la Semana Santa. Y ese comportamiento se refleja en el hecho de que todas las comunidades autónomas han ganado en empleo, pero con Baleares y Andalucía a la cabeza, que aumentan su número de afiliados en un 6,4% y un 1,36%, respectivamente. Todos los territorios reducen igualmente sus cifras de desempleados, menos la Comunidad de Madrid, que gana 1.013 nuevos parados. En cambio, son Andalucía y Canarias las que lideran la bajada del desempleo, con 15.284 y 5.775 parados menos.

La reforma laboral sigue notándose en el cambio de modelo de contratación, según subraya el Ministerio de Trabajo: el 46,82% de los contratos firmados en marzo fueron indefinidos, casi un punto y medio más del porcentaje de febrero, mientras que los temporales se reducen en un 39,6% respecto a hace un año. Su traducción en términos de cotizantes a la Seguridad Social es la caída de los afiliados con contrato temporal hasta el 14%, la mitad de los que había antes de la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021. Es, apunta el ministerio, el mínimo histórico.

De los 1,31 millones de contratos registrados en marzo, 284.208 son a tiempo completo, 180.909 son fijos discontinuos y 150.557 a tiempo parcial. Los primeros han aumentado un 23,23% respecto a febrero, los segundos un 28,03% y los terceros un 24,16%. En comparación con el mismo mes de 2022, los de jornada completa han crecido un 8,97%, los de tiempo parcial un 2,52% y los fijos discontinuos, un 70,67%. Según el Ministerio de Seguridad Social, también sigue aumentando la duración media de los contratos, con un alza de 47 días entre enero y marzo respecto al mismo trimestre de 2019.

Otro cambio, pero éste recién estrenado, es el aumento de la base reguladora del 50% al 60% a partir del séptimo mes de cobro de la prestación por desempleo. Trabajo siempre publica los datos sobre prestaciones con un mes de retraso respecto de las cifras de paro, por lo que este mes se conocen los de febrero. Y la subida de la base reguladora se empezó a aplicar en enero. La cuantía media de la prestación de paro ha crecido un 7,3% en febrero, y se sitúa en 961,6 euros al mes. En España, 1,86 millones de personas la cobran, un 1,1% más que hace un año. La cobertura de la prestación alcanza el 68,11%, el porcentaje más alto en un mes de febrero desde 2012. La menor fue en febrero de 2016, cuando sólo protegía al 54,8% de los desempleados. Pero aún queda lejos del 80,6% al que se llegó en ese mismo mes de 2010.

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han elogiado las buenas cifras de empleo. “Crear 206.000 empleos en un mes y concretamente en el mes de marzo es un dato extraordinario, que no tiene precedentes”, ha asegurado Escrivá, quien subraya el “complicado contexto” económico. Ambos ministros han presagiado que la misma tónica optimista continuará en los próximos meses, pese a reconocer que “ir a un ritmo de 100.000 empleos al mes no es sostenible”, en palabras de Escrivá en la Cadena Ser. “Queda aún mucho por hacer para dejar atrás la cultura de la precariedad”, advirtió en todo caso Yolanda Díaz en su cuenta de Twitter, tras atribuir el mérito de la “robustez” del mercado de trabajo a la reforma laboral, que “protege mejor el empleo en situaciones de crisis”.

El sindicato UGT también ha celebrado el “éxito” de la reforma laboral, pero reclama medidas contra el “despido barato”, reformando sus causas y costes, y que se recuperen todas las garantías que perdieron los contratos indefinidos con la reforma laboral de 2012. Además, pide más recursos para los servicios públicos de empleo y que se mejore la cobertura de las prestaciones de paro.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo ha advertido frente a los “mensajes triunfalistas” cuando la tasa de paro aún se mantiene en el 12%. En una entrevista en TVE, Sordo ha tachado de un “poco apresurada” la idea de que el modelo productivo ha cambiado en España, a tenor del empleo que se está creando en sectores de alto valor añadido, como le gusta destacar al Ministerio de Seguridad Social. “Aunque la correcta utilización de los fondos de recuperación europeos puede contribuir a acelerar esa transformación”, ha matizado.

Finalmente, la CEOE sostiene que los datos de empleo de marzo constatan la “mayor resiliencia” de mercado laboral, pese a “la incertidumbre económica derivada del conflicto bélico en Ucrania, la inflación y el encarecimiento generalizado de los costes laborales y de producción”. Pero también cree que “las empresas de pequeño tamaño están sufriendo” y pone como ejemplo que se han perdido más de 6.000 autónomos y más 13.000 empresas han cerrado desde principios de año.

Las grandes empresas del Íbex 35 salieron de la crisis del coronavirus ganando 51.993,73 millones de euros en 2021. Sólo seis repitieron pérdidas, de las 10 que terminaron 2020 en números rojos. Y redujeron sus plantillas, aunque sólo un 0,9% respecto al año anterior: emplean a 1,24 millones de trabajadores en todo el mundo. Pero con los salarios no fueron generosos, o al menos no con los de sus plantillas, porque el sueldo medio en esas 35 compañías sólo subió un 2%, en un año que cerró con el 6,5% de inflación. Por tanto, los trabajadores de estas empresas perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo. Muy distinta suerte corrieron las retribuciones de los altos directivos, que mejoraron en 2021 un 16,1%, multiplicando por ocho el alza concedida a los empleados. Las de los miembros del consejo de administración crecieron sólo un poco menos, un 11,9%, el doble que el IPC.

Los datos proceden del Informe sobre indicadores de buen gobierno de las empresas del Íbex 35 que elabora desde 2016 el sindicato Comisiones Obreras. El resultado de esa disparidad de comportamiento entre los salarios de los trabajadores y de las cúpulas directivas de las mayores compañías españolas es que la retribución media de un consejero es 14,5 veces la de un empleado y la de un directivo la multiplica por 19,4. Con los primeros ejecutivos –presidentes y consejeros delegados– la brecha se disparó en 2021: su salario multiplica por 89,6 el de un trabajador. Ese año, la distancia aumentó en 12,4 puntos por efecto de la enorme remuneración extraordinaria que percibió al jubilarse Jaume Guardiola en el Banco Sabadell, 24,3 millones de euros. Sin ella, las retribuciones de los primeros ejecutivos del Íbex 35 habrían subido sólo un 2%, lo mismo que las de sus empleados.

En cualquier caso, el peso de los sueldos y otras remuneraciones de los primeros ejecutivos es tal que suponen casi la mitad de las retribuciones percibidas por los consejos de administración, según destaca el informe. “Está claro que hay un comportamiento desalineado entre los salarios de las plantillas y los de quiénes deciden esos salarios”, criticó el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en la presentación del documento, “que resulta aún más sangrante en un año en que los trabajadores perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo por la inflación”. Bravo mencionó la “creciente contestación” en las juntas generales de accionistas a las elevadas remuneraciones de ejecutivos y consejeros.

En el año de la recuperación las empresas del Íbex 35 también fueron mucho más generosas con sus accionistas que con sus trabajadores. Repartieron como dividendo 19.847,45 millones de euros, el 38% de sus beneficios. La cifra supera en un 26,1% la de 2020. De hecho, hubo dos empresas que, aun con pérdidas, distribuyeron dividendos: la compañía de telecomunicaciones Cellnex –56 millones– y la farmacéutica Almirall –54 millones–. Además, la cantidad pagada a sus accionistas por Enagás y Endesa superó la cifra de los beneficios obtenidos –110% y 104%, respectivamente–. Por el contrario, Amadeus, Solaria y Grifols, que cerraron con ganancias, no repartieron dividendos. Las que más dinero destinaron a remunerar a sus accionistas fueron Inditex, con 2.894,5 millones de euros; Iberdrola, con 2.821,1 millones, y BBVA, con 2.027,4 millones.

De los 1,24 millones de trabajadores que los gigantes del Íbex 35 emplean en todo el mundo, el 63,2% se encuentra fuera de España. Con enormes diferencias: en Cíe Automotive la plantilla en el extranjero alcanza el 90,6% y el 86,7% en Banco Santander, mientras que en la farmacéutica Rovi y en Endesa, sin embargo, es sólo el 2,4%, mientras que en Enagás no llega ni al 1,3%. En Ferrovial, que la semana pasada anunció el traslado de su sede social a Países Bajos aduciendo, entre otros motivos, su internacionalización, de sus 63.070 trabajadores, el 51,3% se encuentra fuera de España. Las empresas con mayores plantillas son Banco Santander, que emplea a 197.000 personas en todo el mundo; Inditex, con una nómina de 165.000; BBVA, con 110.000, y Telefónica, con 103.000. Pero en 2021 sólo Inditex, que contrató a 20.000 personas, Caixabank –14.000 nuevos empleados procedentes de Bankia–, Banco Santander –5.000 más– y Acciona –3.000 más– crecieron en personal. Ferrovial, por el contrario, lo redujo en 17.000 trabajadores, ACS en 15.000, BBVA en 12.000 y Telefónica en 8.000.

En las grandes empresas, el empleo temporal está por debajo de la media española. Las 35 del Íbex tienen una tasa de sólo el 9,6%, mientras que la nacional era en 2021 del 25,4%. Aun así, en ACS, Acciona y Meliá superaban ese porcentaje. En cambio, sólo el 0,2% del empleo es temporal en Caixabank o el 0,3% en Bankinter. Mientras los contratos de este tipo se redujeron ese año –muy poco, un 0,9%– aumentaron los de tiempo parcial, casi cuatro puntos porcentuales, hasta el 16,5%. Donde más contratos por horas firman sus trabajadores es en Inditex, con un 55,8%, seguida de ACS, con un 40,7%. Es más, el grupo de Amancio Ortega duplicó en 2021 el número de trabajadores a tiempo parcial, mientras que ACS lo aumentó en un 44%.

De esos 1,24 millones de trabajadores, el 48,5% son mujeres. Pero aquí también hay enormes diferencias. La empresa con más mujeres es Inditex, con un 75,7% de empleo femenino, y la que contrata menos es Arcelor Mittal, con sólo un 6,3%.

En las cúpulas directivas, el panorama cambia. Sólo nueve empresas tienen al menos un 40% de mujeres en su consejo de administración: Red Eléctrica –la que más, el 50%–, Bankinter, Cellnex, Iberdrola y Amadeus. Pero en los de Solaria, Fluidra y Rovi sólo hay una mujer sentada en el consejo. Aun así, han aumentado las compañías que cumplen con el porcentaje recomendado por la CNMV, porque en 2020 eran sólo cinco. Los consejeros del Íbex 35 son 421 personas. El personal de alta dirección, 409 ejecutivos. Pero entre ellos el número de mujeres es muy inferior, el 22%, aun así 3,6 puntos porcentuales por encima de la cuota de 2020. La empresa con más altos directivos es Acciona, con un equipo de 45 personas, por sólo cinco con esa consideración en Telefónica, los mismos que en una compañía mucho más pequeño como Solaria. Por géneros, el 60% de los altos ejecutivos de la pública AENA son mujeres, pero sólo el 10% en Almirall y el 8% –una mujer– en Ferrovial. En Acerinox, Naturgy y Solaria no hay ni una sola mujer al mando. En Amadeus, Cellnex, Fluidra, Meliá, Merlín Properties, Siemens y Telefónica, sólo una.

Trasladada a los salarios, la brecha de género bruta en el Íbex 35 es del 11,3% de media, pero la superan ampliamente el Santander, con un 32,3%, IAG –26%–, Fluidra –24%– y Telefónica –21,8%–. Las que menor diferencia muestran son Meliá, con sólo un 1,1%, y AENA, con un 1,7%. Incluso en tres empresas, Siemens Gamesa, Arcelor Mittal e Iberdrola las mujeres cobran más que los hombres.

El salario medio de un empleado en uno de los grandes del Íbex 35 asciende a 54.871 euros anuales, muy por encima del sueldo medio español, que se situaba en 21.519 euros en 2021, según las estadísticas de la Agencia Tributaria. Sin embargo, también dentro del selectivo las diferencias son enormes. El sueldo medio más bajo de todos corresponde a Meliá, con sólo 16.000 euros al año, seguido de Cíe Automotive, con 17.000 euros, e Inditex, con 23.000 euros. Por arriba, las cifras son expresivas: un primer ejecutivo del Íbex cobró de media 4,9 millones de euros en 2021, un consejero, 796.399 euros y un alto directivo, 1,06 millones al año.

De vuelta a estas tres empresas concretas, la distancia con el primer ejecutivo se convierte en astronómica: el consejero delegado de Cíe Automotive percibió en 2021 una retribución de 5,9 millones de euros en beneficio bruto de las acciones, mientras que el de Inditex cobró 12,4 millones. Es decir, en el fabricante de componentes para coches el sueldo de su principal ejecutivo es 560 veces el salario medio de sus empleados, y en Inditex lo multiplica por 541.

El fin de las rebajas no ha impedido que febrero haya terminado con 88.918 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. No sólo se ha invertido el descenso de afiliación con que se estrenó 2023 el pasado enero, cuando se perdieron 215.047 ocupados –una caída del 1,06% mensual–, sino que además nunca se había creado tanto empleo en un mes de febrero de 2015. La razón de este auge está en las alzas experimentadas en la educación –26.798 nuevos cotizantes–, la hostelería –25.073 más– y la construcción –22.411 más–, que han compensado con creces los 11.781 trabajadores perdidos en el comercio. También ha caído la afiliación de forma considerable en la sanidad, donde han desaparecido 9.934 ocupados.

A pesar de estas buenas cifras de afiliación, el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado este último mes, aunque poco: hay 2.618 desempleados más que en enero. El alza, del 0,09% es mucho menor que la de enero, cuando el paro creció en 70.744 personas, un 2,49%. También es mucho menor que la media de los últimos 15 años, 35.280 parados, según destaca el Ministerio de Trabajo. De esta forma, en España hay aún 2,91 millones de desempleados, la menor cifra en un mes de febrero desde 2008, añade el departamento.

No obstante, en las estadísticas del paro registrado destaca este mes el aumento del paro entre las mujeres, 4.135 desempleadas más que en enero, frente a un descenso de 1.517 desempleados entre los hombres. Es quizás el resultado de la mayor cuota de empleo femenino en el comercio, que ha soltado lastre laboral tras las rebajas. También ha crecido el paro de quienes se incorporan al mercado de trabajo por primera vez, 10.139 nuevos desempleados, un aumento del 4,1%. Y de los menores de 25 años, 11.862 más, un 11,8%. El Ministerio de Trabajo apunta en todo caso que los 215.366 jóvenes registrados en las oficinas del SEPE constituyen la cifra más baja en un mes de febrero desde 1996. En perspectiva anual, el descenso del paro alcanza las 200.669 personas, una caída del 6,4%.

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, se sitúa en febrero en 20,17 millones de cotizantes, también la más alta en este mes desde 1996. Por tanto, el sistema ha ganado 475.870 afiliados en el último año, un aumento del 2,42%. Se trata de una mejora superior a las de los dos meses anteriores –2,31% y 2,38%–, pero por debajo de la de noviembre –2,69%– y lejos de la subida interanual de febrero de 2022 –4,48%–. Es decir, se ha contenido ligeramente la ralentización del mercado laboral que se viene acusando desde el verano pasado. En total, la ocupación ha crecido en 920.948 cotizantes desde que comenzó la crisis de la pandemia.

También continúa a buen ritmo el empleo indefinido. El 45,46% de los contratos firmados en febrero eran de ese tipo, un punto y medio por encima de los de enero. De ellos, 230.635 son de jornada completa, un 32,6% más que en febrero de 2021, y 141.305 son fijos discontinuos, casi el triple que hace un año. Los indefinidos a tiempo parcial, 121.260, han aumentado un 27,2%. El número de los contratos temporales se ha reducido un 47,5% en los últimos 12 meses. Traducidos los contratos en términos de afiliación, los cotizantes temporales han pasado de representar el 30% antes de la reforma laboral a quedarse en el 14%. Los menores de 30 años con contrato temporal, destaca el Ministerio de Seguridad Social, han bajado del 53% al 22%. Según el departamento, de los cuatro millones de trabajadores que tenían un contrato temporal entre enero y marzo de 2022 –antes de la plena entrada en vigor de la reforma laboral– y que a día de hoy siguen de alta en la Seguridad Social, el 53% han pasado a tener un contrato indefinido: 1,73 millones un contrato ordinario y 407.688 uno fijo discontinuo. Además, los contratos duran más, una media de 50 días más respecto a 2019, asegura el ministerio.

Por comunidades autónomas, en febrero ha crecido el empleo en todas ellas, pero el paro ha subido en ocho. Donde más, en Madrid, con un aumento de 5.040 personas en cifras absolutas y un 1,63% en términos relativos, el segundo mayor tras Murcia –un 1,72%–. Donde más ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social ha sido en Cataluña, con 25.603 nuevos ocupados, un alza del 0,72%, más del doble de lo que han mejorado Baleares –11.792, un 2,6% en cifras relativas– y Madrid –11.690, un 0,33%–.

Los trabajadores protegidos por un ERTE continúan reduciéndose: quedan 14.624 –15.010 en enero–, de los que 13.025 estaban acogidos a suspensión de empleo o reducción de jornada por causas económicos, organizativas o de producción, mientras que por fuerza mayor son sólo 1.599.

Finalmente, los desempleados que perciben una prestación comenzaron el pasado enero a incorporar en su nómina el aumento del 50% al 60% en la base reguladora aprobada por el Gobierno, lo que ha aumentado un 8,1% la cantidad cobrada. Asciende de media a 965,7 euros, según el Ministerio de Trabajo. En España, perciben una prestación por desempleo 1,9 millones de personas, el 69,3% de quienes carecen de trabajo. Trabajo dice que es la mayor tasa de cobertura desde 2012.

Por el contrario, UGT cree que esa cobertura debería mejorarse, pues se sitúa 11,6 puntos por debajo de la registrada en 2010, cuando alcanzó su máximo histórico. Para su secretaria de Política Institucional, Cristina Estévez, los registros de febrero reflejan que se mantiene el “dinamismo” del mercado de trabajo, como también la calidad del empleo, toda vez que los contratos indefinidos siguen “aumentando su peso mes tras mes”. Para la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, los datos de febrero no son “malos”, porque “el empleo aguanta bien pese al ligero aumento del paro". Sin embargo, advierte contra el “triunfalismo” porque la tasa de desempleo en España sigue siendo muy alta.

La CEOE, en cambio, cree que se está produciendo “una importante destrucción de tejido empresarial que se traduce en la pérdida de 17.300 autónomos desde principios de año y el cierre de 16.764 empresas solo en el mes de enero”. Aunque la patronal reconoce que el mercado laboral “está en volúmenes de afiliación que encabezan la serie histórica”, advierte de que esa destrucción del tejido empresarial puede terminar destruyendo empleo a medio plazo.

Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha dudado en calificar de “fantástica” la cifra de empleo de febrero. A su juicio, es la consecuencia de que “las empresas españolas se están desenvolviendo en un entorno de confianza y de certidumbre que les permite tomar decisiones de inversión muy fuertes y además contratar a mucha gente”.

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha lamentado la dureza de los datos de paro en España, ha puesto en valor el hecho de que, tras la pandemia, con una caída del PIB de 11 puntos, y una guerra, la tasa de paro se sitúe en el 12,9%.

El Consejo de Europa debate en Estrasburgo si las indemnizaciones por despido improcedente en España son “adecuadas”. Su Comité de Derechos Sociales estudia las reclamaciones que UGT y CCOO han presentado para que España modifique el diseño de las compensaciones que perciben los trabajadores cuando son despedidos sin causa legal que lo justifique. Ambos sindicatos defienden que el método para determinar esas cuantías, un número prefijado de días de salario multiplicados por la antigüedad, no es proporcional ni repara el daño ocasionado al despedido de forma injusta o arbitraria, ni resulta disuasorio para la empresa. Además, reclaman que se restituyan los salarios de tramitación –los dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que el juez dicta sentencia– y que se recupere la readmisión del trabajador en caso de sentencia favorable. Ambas figuras fueron suprimidas en la reforma laboral de 2012.

UGT quiere que sean los jueces quienes examinen el daño infligido al trabajador y la conducta del empresario. CCOO, que se indemnice al despedido por ese daño, el lucro cesante y los daños morales, y que se fije una indemnización mínima de seis meses de salario. La CEOE, que considera perfectamente adecuadas las compensaciones por despido y se opone a cualquier aumento, ya ha presentado sus alegaciones.

También lo hará el Gobierno, aunque la postura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha quedado clara desde que UGT presentó su demanda hace casi un año y la reiteró esta misma semana. “El despido en España es demasiado barato”, aseguró en el Congreso interpelada al respecto por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Díaz llegó a tachar de “patología” del mercado laboral la cuantía de las indemnizaciones. Según dijo, la escasa diferencia entre los 20 días por año del despido procedente y los 33 días del improcedente son “una verdadera perversión del sistema que hace que no exista una protección efectiva antes los abusos”. También considera la ministra una “anomalía” con respecto al resto de Europa que la cuantía de la indemnización sea “un precio tasado sin atender a la lógica indemnizatoria del daño real y el lucro cesante como ocurre en los despidos por vulneración de los derechos fundamentales”.

La reforma laboral de 2012 recortó las indemnizaciones por despido improcedente de 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades, a 33 días con un máximo de 24 meses. Además, amplió las causas del despido procedente, que se pagan a razón de 20 días, con un tope de 12 mensualidades. Es decir, no sólo abarató el despido, sino que también lo facilitó: desde entonces las empresas pueden despedir sólo con prever que van a entrar en pérdidas o con aducir que han caído sus ventas. También pueden despedir con la cantidad mínima establecida por la ley –20 días por año– si en un despido colectivo no llega a un acuerdo con los sindicatos. Hasta entonces, las empresas necesitaban la autorización del Ministerio de Trabajo o de la consejería autonómica correspondiente para ejecutar un ERE.

Esa desregulación se permitió justo en lo peor de la crisis económica, cuando se sucedían los despidos, individuales y colectivos, y el paro alcanzó máximos históricos de 6,27 millones de parados, casi el 27% de la población activa, en el primer trimestre de 2013. Por situar la cifra: hoy los desempleados suman tres millones y la tasa de paro se sitúa en el 12,87%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

De acuerdo con la más reciente estadística del Ministerio de Trabajo, referida a 2021, en ese año hubo 444.102 despidos, un 6,4% menos que en el año precedente, el de la pandemia, pero un 6,7% más que en 2017, el ejercicio en el que menos trabajadores perdieron su trabajo desde que el departamento empezó a contarlos, en 2015. Al tiempo, la cuantía media de las indemnizaciones no dejó de reducirse entre 2015 y 2020. Sin embargo, repuntó en 2021, hasta alcanzar su máximo siete años: 11.416,7 euros. La subida respecto a 2020 ha sido considerable, un 27,3%. Hasta entonces, el recorte de las compensaciones había sido del 10,7% en siete años. El año del covid la cuantía media se quedó en sólo 8.965 euros.

Una de las razones que pueden explicar ese cambio de tendencia es el gran aumento de los despidos colectivos, cuyas indemnizaciones son mucho más altas que las individuales. En 2021 afectaron a 75.328 trabajadores, un 49,68% más que el año anterior y la mayor cifra desde 2015. En 2021 perdieron su empleo en un ERE el triple de asalariados que en 2017. Ya habían repuntado en 2020, pese al paraguas protector de los ERTE, pero en 2021 las empresas terminaron recortando el personal que retuvieron durante el confinamiento. Pues bien, si la cuantía media general de las indemnizaciones en 2021 alcanzó los 11.416,7 euros, la de los despidos colectivos se dispara hasta los 21.754,9 euros. Casi duplica la media. El motivo: los sindicatos suelen negociar con las empresas compensaciones que superan el mínimo legal de 20 días por año.

En cualquier caso, la rebaja paulatina de las indemnizaciones hasta 2020 se explica por el hecho de que, desde 2012, también ha caído, y mucho, la antigüedad de los trabajadores despedidos. Así que lo ha hecho igualmente la cuantía de las indemnizaciones, que se calculan según el número de años que llevaba el asalariado en la empresa. El despido fue uno de los asuntos que quedó fuera de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021. Ni estaba en el acuerdo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ni en la agenda de negociación de los agentes sociales. De hecho, es un punto siempre controvertido en el que hubiera sido imposible el acuerdo.

Ahora, en pleno año electoral y cuando las relaciones entre sindicatos y Gobierno, por un lado, y la CEOE, por otro, están más tensas que nunca, se reabre el debate sobre el precio del despido. Aunque Yolanda Díaz ha dicho que esperará a que el Consejo de Europa se pronuncie, lo cierto es que su decisión no es vinculante. Mientras, se suceden las sentencias judiciales a favor y en contra de fijar indemnizaciones por encima de las legales. Las primeras citan la Carta Social Europea, en cuyo artículo 24 se basan CCOO, UGT y el Ministerio de Trabajo para reclamar compensaciones “adecuadas” y “reparadoras”, también el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e incluso la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Las hay de juzgados de lo Social –una de ellas aumentó la indemnización de 95 a 3.162 euros–, así como de los Tribunales Superiores de Justica de Madrid, Cataluña, Galicia, Navarra y Castilla y León. En sentido contrario se han pronunciado los de Asturias, Madrid y Castilla-La Mancha. De hecho, UGT menciona en su reclamación ante el Consejo de Europa que el Tribunal Supremo aún no ha modificado su doctrina a favor del sistema de cálculo basado en antigüedad.

El argumento esgrimido por los empresarios y por algunos analistas del mercado laboral para oponerse al encarecimiento del despido es que frena la contratación y, por tanto, la creación de empleo. Para justificar el recorte de las indemnizaciones por despido improcedente, el preámbulo de la reforma laboral de 2012 aseguraba que abaratarlo era “necesario para mejorar la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral”, es decir el abuso del contrato temporal. También consideraba la compensación de 45 días por año “un elemento distorsionador para la competitividad de las empresas, especialmente para la más pequeñas. Es casi el mismo argumento del Banco de España, que lleva años pidiendo que se rebajen los costes del despido. Abaratarlo serviría para reducir la dualidad del mercado de trabajo español, puesto que las empresas dejarían de contratar o despedir en función de las indemnizaciones que tienen que pagar e incluso mejoraría la movilidad de los trabajadores: si abandonan su empleo voluntariamente, no reciben compensación alguna.

De hecho, desde ese punto de vista, el coste del despido y la regulación de sus causas son dos elementos fundamentales de lo que viene en llamarse rigidez del mercado de trabajo. La OCDE lo mide apoyándose en toda una serie de indicadores de protección del empleo (EPL por sus siglas en inglés). Estos incluyen desde la cuantía de las indemnizaciones, la regulación de los despidos colectivos o el plazo de preaviso establecido por las leyes de cada país hasta las limitaciones legales para ofrecer contratos temporales. Con esos parámetros, la OCDE construye un índice. En 2019, el año más reciente del que publica datos, el país europeo con menor rigidez laboral es Irlanda –1,27–, aunque el índice de Estados Unidos, prototipo de país son regulación mínima, es el menor de la OCDE –0.09–. Por el contrario, Países Bajos son los más protectores del empleo en la UE y la OCDE –3,61–.

España, con un índice de 2,05, es el sexto país de la UE con menor rigidez laboral. De hecho, desde la reforma laboral de 2012, su índice bajó al 1,96 y no subió hasta el año anterior a la pandemia. Sólo Irlanda –y Reino Unido–, así como Hungría, Estonia, Finlandia y Dinamarca, aventajan a España en flexibilidad laboral en lo que a costes de despido y facilidades a la contratación temporal se refiere.

Italia y Francia tienen un índice de 2,56 y Alemania los supera, con un 2,60. Portugal llega al 3,14. En Alemania, explica la OCDE, la indemnización por despido improcedente asciende a 15 meses de salario si el trabajador supera los 50 años y acumula una antigüedad de más de 15; sube a 18 meses si tiene más de 55 años y lleva más de 20 años en la empresa. El juez decide si, además, cobra salarios de tramitación. En los despidos colectivos, las indemnizaciones se calculan multiplicando la antigüedad por el salario mensual y por un factor que va de 0,5 a 1,5.

En Francia, la indemnización oscila entre tres y 15,5 meses de salario si la antigüedad es de 20 años. Y el juez puede ordenar la readmisión del trabajador; en el caso de que el empresario la rechace, debe indemnizar al despedido.

En Italia, si el juez determina que el despido es improcedente, la compensación se sitúa entre seis y 36 meses de salario. Pero si la empresa tiene menos de 15 empleados, la indemnización no puede exceder de seis meses de sueldo.

En los Países Bajos, las indemnizaciones por despido improcedente las establece el juez. La cantidad habitual suele equivaler a unos siete meses de salario.

En Dinamarca, que muchos economistas presentan como paradigma de flexiseguridad –alta protección al desempleo, pero facilidad para el despido–, las indemnizaciones varían dependiendo de si el afectado es un trabajador cualificado o no. Para los primeros, si tienen menos de 30 años la cuantía no puede exceder los tres meses de salario; si supera los 10 años de antigüedad, recibe hasta cuatro meses de sueldo; tras 15 años en la empresa, cobra hasta un máximo de seis meses. Para los trabajadores con menor cualificación, la indemnización es de sólo una semana por año, con un máximo de 52 semanas para los de mayor antigüedad. En los despidos colectivos, la ley no establece ningún tipo de compensación, pero el convenio colectivo del sector financiero, por ejemplo, exige a los bancos indemnizaciones por encima de los límites fijados para los despidos individuales.

Tras el aumento de los despidos en 2021 y a falta de saber cómo ha reaccionado el mercado de trabajo a la última reforma laboral en esta materia, 2023 ha comenzado con una oleada de recortes de plantilla en las multinacionales tecnológicas que, de momento, no toca España. Aunque también se han anunciado despidos en grandes empresas de otros sectores que sí pueden afectar al mercado laboral español. Es el caso de Ford –que planea eliminar 3.900 empleos en Europa–, H&M –1.500 en todo el mundo–, o la más reciente, la farmacéutica Grifols, que prevé un recorte de 2.300 trabajadores, 100 de ellos en España. 

Cuando el Congreso aprobó, por un solo voto, la última reforma laboral, nadie imaginó que al drama de los dos votos tránsfugas de UPN y la bufonada del diputado Alberto Casero se le iba a añadir la tragedia de una guerra en Europa y una crisis energética que devolvería la inflación a las cifras de pesadilla de los años 80. Este viernes se cumple un año de aquella accidentada votación, que a punto estuvo de dejar la reforma pactada por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos en el cajón del olvido. Y lo cierto es que, aunque no entró en vigor plenamente hasta abril, el mercado laboral español lleva ya un año experimentando cambios relevantes en un contexto económico que combina la reactivación productiva y del consumo tras el cierre de la pandemia con una inflación galopante –llegó al 10,8% en julio, la más alta desde 1984– y la batalla permanente contra la carestía energética.

Por entonces, el PP tachaba el texto de “contrarreforma” laboral, y la discusión política se centraba en si ésta derogaba o no “los aspectos más lesivos” de la reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en solitario en 2012, tal y como habían prometido tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como los sindicatos. Para explicar su rechazo, el presidente del PP, Pablo Casado, repetía que la reforma hoy en vigor era “humo” porque no derogaba “nada”. Mientras, la CEOE empleaba el mismo argumento, que la norma mantenía e incluso consolidaba “lo esencial de la reforma de 2012”, para brindarle su apoyo.

Con ellos coincidían también ERC y EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno, que igualmente le negaron su respaldo en el Congreso porque consideraban insuficiente la reforma. “Una estafa a los trabajadores”, “un mero retoque” a la reforma de Rajoy, denunciaron. El Ministerio de Trabajo, por el contrario, defendía que la nueva ley iba a suponer un “cambio de paradigma” y a acabar con la “cultura de la precariedad” que había instalado la reforma de 2012 y presidido la recuperación de la anterior crisis.

Los temores de los expertos del mercado laborales hilaban más fino: que las limitaciones a la contratación temporal y las nuevas condiciones en las subcontratas frenarían el crecimiento del empleo en plena fase de recuperación tras la pandemia; también que el recorte en el empleo temporal podía no ser duradero o aumentaría la fragilidad de los nuevos contratos indefinidos.

Un año después, España tiene 20,29 millones de cotizantes a la Seguridad Social, 471.360 más que un año antes y 887.733 más que en diciembre de 2019, antes de la pandemia. Es decir, la recuperación del PIB tras el fin del confinamiento se ha trasladado al empleo sin mayores contratiempos. Al menos de momento, y a la espera de ver en qué grado y a qué velocidad la ralentización económica va a contagiarse al mercado de trabajo, a tenor de lo que ya indican las últimas estadísticas de empleo y paro.

Sindicatos, patronal, políticos de todo signo y economistas coinciden en que las reformas laborales no crean empleo, un mantra repetido con frecuencia desde que entró en vigor la de 2012. Pero la de 2021 –se aprobó en el último Consejo de Ministros del año, un 28 de diciembre– sí ha operado un vuelco en el comportamiento del mercado de trabajo. El que constituía su objetivo principal: la tasa de temporalidad ha caído casi ocho puntos desde diciembre de 2021 y casi nueve desde diciembre de 2019. Entonces se situaba en el 26,11%, la más elevada de la Unión Europea tras Polonia. Hoy es del 17,93%, aún por encima de la media comunitaria, el 14,1%, pero también la más baja de la historia reciente. El año pasado se firmaron 5,69 millones de contratos indefinidos, según los registros de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), 4,6 veces más que en 2021. Cada mes el 90% de los contratos que se suscribían eran temporales, un porcentaje que se ha mantenido testarudamente en las estadísticas desde que en los años 80 se permitiera a las empresas ofrecer este tipo de relación laboral sin respetar las causas establecidas por la ley. En 2022, por fin, esa cuota ha descendido algunos meses hasta el 52%. Es decir, casi la mitad de los contratos que se firman ahora son indefinidos, cuando antes difícilmente superaban el 10%.

En estos meses también ha aumentado la conversión de contratos temporales en indefinidos. A fecha de 31 de diciembre de 2021, se habían transformado en fijos un total de 877.865 temporales, una cifra no muy alejada de las registradas en 2019 y 2018. En 2022, se convirtieron en indefinidos 1,33 millones de contratos temporales, lo que equivale a un alza del 51,8% respecto del ejercicio anterior.

Gracias a ese cambio de comportamiento, en España hay ahora casi 1,6 millones más de asalariados con contrato indefinido que en diciembre de 2021, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa, y casi 1,2 millones menos de trabajadores con contrato temporal.

CCOO y UGT no escatiman adjetivos para loar los “indiscutibles” y “muy buenos” resultados de la reforma laboral. “Impresionante” ha sido la reducción de la temporalidad. “Por encima de nuestras expectativas”, reconoce el secretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Mari Cruz Vicente, su homóloga en CCOO, destaca que la reforma esté permitiendo crear empleo, “y empleo indefinido”, sin ninguna repercusión negativa en el crecimiento de la ocupación. También la CEOE alaba los beneficios en la contratación que ha traído la reforma: “Mayor estabilidad en el empleo, en especial para las mujeres y los jóvenes”, resumen a infoLibre fuentes de la patronal.

Para el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la reforma es superlativa: “El cambio laboral más importante, más eficaz y más rápido de la historia de España”. No sólo ha sido una reforma “dialogada”, sino que además es la primera que “recupera derechos en la negociación colectiva, propone alternativas a los despidos y garantiza la estabilidad en el empleo”, detalla. También ha conseguido, según explica, que ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania el mercado de trabajo español no haya “hiperreacionado” como en ocasiones anteriores, sino que ha resistido “con unas cifras de paro que están entre las mejores de los últimos 14 años” y con una tasa de temporalidad que ya es “equiparable a la media europea”.

Además, la recuperación de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios una vez caducados y mientras se negocia su renovación, que decayó con la reforma de 2012– ha mejorado la negociación colectiva “en un año complicado con un gran aumento de la conflictividad”, explica Mari Cruz Vicente. Pero aún se están peleando los sindicatos, añade Fernando Luján, por conseguir que la también recuperada prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa se haga efectiva en algunos casos. Algunas compañías, asegura, se resisten a subir los salarios de acuerdo con el convenio de sector cuando éstos superan a los establecidos en el de empresa. “Lo vamos a denunciar donde veamos que se retrasa [la subida salarial], para que intervenga la Inspección de Trabajo”, advierte el dirigente de UGT. Mari Cruz Vicente cree que muchos de estos casos terminarán en los juzgados de lo Social.

La reforma laboral también obliga ahora a las subcontratas a aplicar el convenio del sector y a pagar a sus trabajadores los salarios en él establecidos. La responsable de CCOO cifra en 32 los convenios de hostelería que ya recogen este cambio, y en otros 20 los que aún no la aplican. “Pero, en general, las empresas sí están cumpliendo con los compromisos que asumieron [al firmar la CEOE la reforma laboral]”, concluye, “después de todo, reducir el abuso del empleo temporal era uno de los requisitos para recibir las ayudas de la UE, que van a las empresas”.  

La patronal subraya la importancia del “cambio de cultura” que está propiciando la reforma laboral, y los beneficios que implica el aumento de los contratos indefinidos: continuidad en la relación laboral y acumulación de derechos para el trabajador. “Con toda la prudencia posible, teniendo en cuenta la incertidumbre de la coyuntura económica”, precisan las fuentes, “los indicadores son positivos”. Por ese motivo se desentiende de la polémica sobre el aumento “exponencial” de los fijos discontinuos. CCOO y UGT tachan el debate de “artificial” y “tramposo”.

En 2022 se firmaron 2,32 millones de contratos de este tipo, lo que multiplica casi por nueve los 262.911 de 2021, prácticamente la misma cantidad que en 2019, antes de la pandemia. Un salto enorme, pero su número está aún por debajo de los 3,5 millones de contratos indefinidos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, suscritos el año pasado. En 2022 también se registraron 5,98 millones de contratos temporales menos que en 2021, por lo que sólo una parte de esa reducción la han absorbido los fijos discontinuos.

Luján rebate las críticas por el modo en que la estadística recoge los periodos de inactividad de los trabajadores con estos contratos de tan reciente protagonismo –en esos periodos figuran como demandantes de empleo y no como parados, igual que los acogidos a los ERTE– recordando que ésta es la misma desde 1985 y que en España se cuentan de la misma forma que en el resto de Europa. Mari Cruz Vicente argumenta que si ha habido un traslado tan cuantioso de contratos temporales a fijos discontinuos es precisamente por el “inmenso” volumen de empleo temporal en fraude de ley que había en actividades estacionales. El dirigente de UGT explica que la reforma desglosó el fijo discontinuo en cinco tipos: de temporada, intermitente, de contrata, para ETT y para las administraciones públicas. Acercándose a cada una de estas modalidades es posible verificar cómo se está comportando la contratación de fijos discontinuos, asegura. “Pero sólo se piensa en los dos primeros tipos”, protesta, “cuando los de contrata, por ejemplo, son claramente plurianuales”.

Donde ni patronal ni sindicatos quieren entrar aún es en si los indefinidos que se están firmando van a ser menos duraderos que los anteriores a la reforma. “Aún es pronto para saberlo”, responden al unísono. Si a partir de ahora aumentaran los despidos, aduce Fernando Luján, sería una prueba más de que en España despedir es “fácil y barato”, y de que es necesario “proteger más los contratos indefinidos”.

Pese a los elogios a la reforma, CCOO y UGT quieren ir más allá. La siguiente batalla ya se está librando a propósito del coste y las causas del despido. Ambos sindicatos han presentado una demanda en el Comité Europeo de Derechos Sociales porque cree que en España falla la protección frente al despido es insuficiente desde que la reforma de 2012 redujo las indemnizaciones y permitió a las empresas rescindir contratos sólo con que prevean que van a incurrir en pérdidas en el futuro, argumenta Fernando Luján. También cita el dirigente de UGT la recuperación de la autorización administrativa para los despidos colectivos. Mari Cruz Vigente apunta hacia la modificación sustancial de condiciones de trabajo, que no se ha tocado en la última reforma y que, de no acatarse, sólo permite al trabajador irse con 20 días de indemnización.

La reforma laboral fue aprobada por los órganos directivos de la CEOE con la abstención de cuatro de sus patronales: la del campo (Asaja), la automoción (Anfac), la madrileña (CEIM) y la catalana (Foment del Treball Nacional). Fue sólo el primer movimiento de contestación interna que propició un viraje en la actitud de los empresarios en el Diálogo Social. Después de firmar 14 pactos con el Gobierno y los sindicatos a lo largo de dos años, la CEOE se desmarcó –en pleno año electoral para su presidente, Antonio Garamendi– de los acuerdos para subir el salario mínimo y se descabalgó de las negociaciones para fijar el marco salarial en mayo. “En los últimos seis meses la patronal ha perdido la mesura”, critica Fernando Luján, quien invita a los empresarios a “recuperarla” incorporándose cuanto antes a la mesa del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC).

Pero no hay perspectivas de que esa negociación se reactive a corto plazo. Se mantienen los contactos “informales” entre ambas partes, pero “es imposible pasar a los formales porque la CEOE no ha presentado ni una sola propuesta”, lamenta el secretario de Política Institucional de UGT. El ANC lleva tres años sin renovarse, desde 2020, por lo que “si este año tampoco se activa, el ANC se acaba”, zanja por su parte Mari Cruz Vicente. “No puede ser que la patronal sólo firme el acuerdo cuando hay que hacer ajustes de salarios, pero lo rechace cuando la situación económica es buena”, replica.

La alternativa, avanza Luján, no es otra que recrudecer la campaña sindical Salario o conflicto para conseguir subidas retributivas con las que afrontar la inflación. La CEOE responde que su voluntad es siempre “dialogar” para establecer aumentos salariales “razonables” en medio de una crisis de precios como lo actual, explican fuentes de la patronal a este periódico. “Nadie ha dicho que no se quieran subir salarios”, concluyen.

El mercado laboral comienza el año acusando el fin de la campaña de navidad: ha perdido 215.047 cotizantes a la Seguridad Social mientras el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha crecido en 70.744 personas. Ambas cifras superan las de enero de 2022, cuando los afiliados bajaron en 197.750 y los desempleados aumentaron en 17.173 trabajadores. Otro dato más que apunta hacia la desaceleración de la economía y el empleo que viene larvándose desde el final del año anterior. Aun así, España mantiene los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social –20,08 millones, exactamente–, que alcanzó el pasado mes de abril, y sigue por debajo de los tres millones de parados registrados –los ha superado en la Encuesta de Población Activa–, una cota que abandonó en mayo de 2022.

El hachazo laboral tras las navidades se hace evidente en el hecho de que todo el aumento del paro se lo ha llevado el sector servicios, que suma 70.759 parados más. Sólo la construcción ha bajado sus registros en el SEPE, con un descenso de 3.111 desempleados. La industria apenas se movió, con 408 parados más. La agricultura añadió 1.457 personas a las listas del desempleo. En las estadísticas de la Seguridad Social el golpe puede precisarse más: la hostelería ha prescindido de 43.118 trabajadores, un 3,36% de sus afiliados, y el comercio de otros 39.613, un 1,56%. También han perdido cotizantes, 42.068, las actividades administrativas, un 3%. En la sanidad se han dado de baja 17.329 profesionales. La caída de la ocupación en los servicios, sobre todo en los citados, que son sectores muy feminizados, se ceba en el empleo de las mujeres. La Seguridad Social ha perdido 116.322 afiliadas –un descenso del 1,2%–, pero 98.725 afiliados –una caída del 0,9%–, mientras que se han apuntado al paro 49.937 mujeres –un aumento del 2,95%– y menos de la mitad de hombres, 20.807 –un 1,8% más–.

En el patrón estacional característico del mercado de trabajo español, enero siempre es un mes malo, con crecimientos del paro y bajadas en la afiliación, y 2023 no ha sido una excepción. Aun así, el Ministerio de Seguridad Social ha destacado que el descenso de afiliación de este último enero –1,06%– ha sido menor que los registrados desde 2019. Con respecto al paro, el aumento multiplica por cuatro el de enero de 2022, pero queda por debajo de las alzas sufridas los tres años precedentes.

El buen dato que continúa en 2023 es el auge de los contratos indefinidos. En enero el 44,16% de los firmados eran de este tipo, un 122,2% más que en el mismo mes de 2022. Son cinco puntos porcentuales más de los registrados en diciembre. De los 530.306 contratos fijos suscritos el pasado enero, 236.443 fueron a tiempo completo, 173.968 eran fijos discontinuos y 119.895 a tiempo parcial. Los primeros han crecido un 62,2% respecto a hace un año, los segundos un 558,3% y los terceros, un 80,3%. Los temporales, a su vez, han caído un 50,6%. Los 670.444 suscritos son la mitad de los que se registraron hace un año, pero un millón menos de los que se firmaron en enero de 2019.

La misma tónica se desprende de los datos de la Seguridad Social. Los afiliados con contrato temporal han descendido hasta el 15%, su mínimo histórico según resalta el ministerio, que atribuye el cambio de tendencia a la reforma laboral aprobada hace un año. Hasta ese momento, la media de cotizantes con contratos de duración determinada no bajaba del 30%. Seguridad Social ha facilitado este mes datos sobre fijos discontinuos y sobre la pervivencia de los contratos fijos firmados desde la entrada en vigor de la reforma, dos de las polémicas surgidas con su aplicación. Así, el ministerio asegura que más de la mitad de los 4,05 millones de cotizantes que entre enero y marzo de 2022 –antes de la entrada en vigor plena de la reforma– tenían un contrato temporal y ahora siguen dados de alta, tienen un contrato indefinido. De ellos, el 80% han firmado un contrato fijo y el 20% son fijos discontinuos. Además, destaca, el 40% de los que han conseguido un contrato indefinido han cambiado de empresa.

El departamento de José Luis Escrivá sale así al paso de las críticas que la oposición y algunos expertos han lanzado sobre el enorme aumento de los fijos discontinuos tras la reforma laboral y sobre cómo se registra su número y sus periodos de inactividad en las estadísticas. Este último enero, se han firmado 173.968 contratos fijos discontinuos, un 2,2% menos que en diciembre, mientras que han aumentado un 32,1% los indefinidos a jornada completa y un 11,7% los de tiempo parcial.

El mal comportamiento del mercado de trabajo ha sido general en todas las comunidades autónomas, tanto en lo que se refiere al paro como al número de cotizantes a la Seguridad Social. Sólo en Baleares ha bajado el desempleo, aunque apenas tiene 297 parados menos que en diciembre. Los territorios donde más ha bajado el empleo y crecido el paro en cifra absolutas han sido Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, que también son las más pobladas. En términos relativos, Madrid es la segunda comunidad, tras Asturias, donde más ha aumentado el desempleo en enero respecto al mes anterior, un 3,74%, seguida por Cantabria y Castilla-La Mancha. Pero es en Extremadura –1,58%–, Comunidad Valenciana –1,52%– y Cantabria –1,4%– donde más ha caído el empleo en cifras porcentuales.

Finalmente, los ERTE siguen reduciendo el número de trabajadores a los que protegen. Son 15.010, un 27% menos que en diciembre. De ellos, 13.097 son por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, mientras que ya sólo quedan 1.529 por fuerza mayor y 384 en el mecanismo RED que se aplicó a las agencias de viajes.

A juicio del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, los datos de empleo de enero constatan que España tiene un mercado laboral “muy sólido y muy fuerte”, que además está “aguantando muy bien” un entorno “muy complicado”. Según ha dicho, enero es “el mes estacionalmente más bajo del año” por lo que prefiere observar los datos sin ese componente estacional, como sucede con el PIB. Pero incluso sin hacerlo, Escrivá ha resaltado que la caída de enero de 2023 de la afiliación media y la subida del paro son menores que las registradas en enero de 2020, antes de la pandemia, cuando se perdieron 245.000 ocupados y se sumaron 90.000 personas a las listas del desempleo. Para el ministro, los datos desestacionalizados evidencian que el mercado laboral “ha arrancado bien el año” y aunque no ha querido adelantar lo que ocurrirá en los próximos meses, sí ha dicho que el empleo “no hará más que crecer”. De hecho, ha afirmado que la probabilidad de que febrero sea también un buen mes “es grande”, informa Europa Press.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el crecimiento del paro en enero ha sido “más moderado que la media histórica y que otros eneros recientes, lo que muestra una mayor estabilidad del mercado laboral”.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, cree que los datos de empleo de enero “no son buenos”. Aunque corresponden a una situación estacional, advierte de que también se presentan como un “síntoma de desaceleración” que hacen necesario tomar medidas para “avanzar en la consolidación y la creación de empleo“.

La secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, ha subrayado que “son los bajos salarios los que lastran la economía y el empleo, no los que los castigan”, tras alabar la “senda de estabilidad” de los contratos tras la reforma laboral. Además, ha reclamado una mejora de las políticas activas de empleo para luchar contra el paro de larga duración y de la cobertura de las prestaciones por desempleo, pues la tasa de diciembre, del 68,9%, se encuentra 11 puntos por debajo de la registrada en el mismo mes de 2010, cuando alcanzó su máximo histórico.

Para la CEOE, el descenso del empleo y el aumento son un comportamiento habitual del empleo en el primer mes del año, aunque aprecia una mayor intensidad en la caída de la afiliación, al igual que en meses anteriores, por culpa de la incertidumbre. No obstante, la patronal destaca la “gran resiliencia” que está mostrando el mercado laboral, pese a que éste “no es inmune” a los riesgos que supone la guerra en Ucrania y “su impacto sobre la inflación, el suministro de energía y, en general, el encarecimiento generalizado de los costes de producción”.