Mercado de trabajo

El gobernador del Banco de España mantiene el discurso neoliberal de sus antecesores y choca con las promesas del nuevo Ejecutivo

De izda. a dcha., Pablo Hernández de Cos, Luis María Linde y Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no quiere que el nuevo Gobierno toque ni la reforma laboral ni las reformas que cambiaron el sistema público de pensiones en 2011 y 2013. Coincide con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en que los cambios legales aprobados por el PP en 2012 fueron beneficiosos para el mercado de trabajo español. En una entrevista con el diario británico Financial Times, Hernández de Cos consideró la reforma laboral una de las herramientas para mantener la “competitividad” de la economía española en un “nivel alto”, después de que tras la crisis financiera proporcionara más flexibilidad a las empresas para recortar costes. También reiteró el ya conocido recelo del Banco de España ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional la subida del Salario Mínimo Interprofesional(SMI). El gobernador advierte de que puede desincentivar la contratación de los trabajadores menos productivos, como los jóvenes y los mayores de 50 años.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ha tardado en pedir su dimisión. “Para defender sus posturas, váyase, abandone una institución pública y defienda sus teorías desde la política, la Academia o desde donde quiera”, escribió en su blog.

No es la primera vez que el Banco de España, a través del gobernador, de alguno de sus directivos o de sus informes, se manifiesta en la misma dirección sobre asuntos tan alejados del campo financiero. Y alimenta la polémica. Ni el rescate financiero, ni la reestructuración que hizo desaparecer las cajas de ahorro, ni la eliminación de miles de empleos y el cierre de cientos de sucursales, ni la resolución del Banco Popular, ni las preferentes, ni las cláusulas suelo parecen preocupar tanto al supervisor como el mercado laboral, los salarios y las pensiones. Al menos en sus manifestaciones públicas.

Sólo un poco antes de la subida del SMI para este año, era el director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, quien se declaraba en contra de que se derogaran las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, poniendo en cuestión que vuelva a utilizarse el IPC para actualizar las pensionesvuelva a utilizarse el IPC para actualizar las pensiones, tal y como ha vuelto a hacerse desde 2018. También propuso elevar la edad de jubilación “ligándola a las expectativas de vida”. Y nada más aprobar el Gobierno la penúltima mejora del SMI a 900 euros, el Banco de España pronosticaba que ese alza del 22,3% iba a destruir 125.000 puestos de trabajo. Llegado el verano, los mejores meses para el muy estacional mercado de trabajo español, el Gobierno conminó al Banco de España a “pedir perdón” y “reconocer su error” a la luz de la cifras de creación de empleo.

En realidad, las manifestaciones del organismo supervisor en esa misma línea de pensamiento vienen de antiguo, no importa el gobernador. También las controversias y peticiones de dimisión de quien está al cargo de vigilar la estabilidad y solvencia del sistema financiero –además de asesorar al Gobierno–.

Despido barato, mochila austriaca, contrato único

Ya en el verano de 2007, aún en plena euforia económica, el entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, clamaba contra los “elevados costes” de despido de los trabajadores indefinidos y contra los “rígidos mecanismos” de la negociación colectiva. Es más, pedía privatizar “sectores claves” como las industrias de red, el mercado de las telecomunicaciones, la energía y el transporte ferroviario. Fue en la presentación del informe anual del supervisor.

Cuando arreció la crisis, Fernández Ordóñez no sólo pedía abaratar el despido, sino también “una reforma laboral urgente” que cambiara el sistema de protección al desempleo. Aunque sin nombrarla, el gobernador ya puso sobre la mesa la conocida como mochila austriaca, el sistema implantado por el Gobierno de Viena en 2003 “que suprime la indemnización por desempleo” y la sustituye por un fondo individual, alimentado con las cotizaciones del trabajador y de la empresa. A su juicio, el subsidio de paro “desincentiva la movilidad de los trabajadores y el crecimiento de las empresas más productivas”.

Por entonces, corría 2009, surgieron las primeras voces que le reprochaban al gobernador del Banco de España su atención por las leyes laborales cuando acababa de pinchar la burbuja inmobiliaria, la morosidad se había disparado y las cajas de ahorroscajas de ahorros estaban a punto de implosionar víctimas de su empacho de ladrillo tóxico. Tampoco pasó inadvertido, cuando Fernández Ordóñez dejó el Banco de España, en 2012, que su finiquito había ascendido a casi 350.000 euros, una cantidad que más que duplica los 45 días por año trabajado de las indemnizaciones por despido improcedente que tan onerosas le parecían cuando estaba en el cargo.

Entonces también se adhirió el gobernador a la propuesta de contrato único lanzado por 100 economistas ese año y defendido desde entonces por los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato se sientan las principales empresas y bancos del país. Ese contrato, que debería sustituir a los actuales indefinidos y temporales, tiene una indemnización creciente en función de la antigüedad del trabajador. Sólo Ciudadanos lo ha llevado en su programa electoral, con algunos cambios sobre el modelo teórico original, puesto que ha suscitado el rechazo del resto de los partidos, la patronal y los sindicatos.

Un año más tarde, la reforma laboral no sólo era urgente sino también “imprescindible”, porque el sistema financiero depende de las políticas que se apliquen al mercado de trabajo, aseguró el gobernador en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Cuando mejore el empleo, bajará la morosidad y las entidades financieras sobrevivirán, explicó. Allí reclamó la suspensión de los convenios colectivos “durante dos o tres años” para que empresarios y trabajadores sean “libres” de pactar rebajas de salarios que salven a las compañías. Esos días se debatía en la Cámara Baja la reforma laboral que había elaborado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo “alcance y eficacia” Fernández Ordóñez veía “limitados” porque dejaba fuera la negociación colectiva.

El incendio: pensionistas con vivienda propia

Su sucesor, Luis María Linde, continuó criticando las reformas laborales por quedarse cortas. La de 2012, la misma que el ministro de Economía de entonces, Luis de Guindos, no dudó en vender en Bruselas como “muy agresiva”, no había sido eficaz a la hora de crear empleo, por lo que Linde reclamaba “medidas adicionales” para, entre otras cosas, flexibilizar aún más lo salarios. Es lo que dijo en la presentación del informe anual del Banco de España en 2013: contratos fuera de las condiciones salariales establecidas en los convenios y supresión del salario mínimo para “grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades” para conseguir un empleo. Y eso que el supervisor sí reconocía en sus informes que el único objetivo alcanzado por la reforma laboral de 2012 de entre los que el Gobierno había declarado como tales era precisamente la rebaja general de salarios. Pero ni había cambiado la “pauta de destrucción de puestos de trabajo” anterior ni había reducido el abuso de los contratos temporales.

Tampoco olvidó Linde las pensiones: invitó al Ejecutivo a adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, que la reforma de 2011 había aprobado que se aplicara de forma paulatina hasta 2027. Además, ante la Comisión del Pacto de Toledo, que debate cada cinco años en el Congreso cómo actualizar el sistema público de pensiones, Luis María Linde defendió el fomento de los planes privados para “complementar” las prestaciones del sistema público.

Aunque las declaraciones que más encendieron los ánimos las pronunció en una conferencia organizada por la Asociación Española de Directivos (AED) y patrocinada por Caixabank, donde resaltó el alto porcentaje de jubilados que en España poseen una vivienda. Esa “renta en especie”, aseguró, no se tiene en cuenta cuando se analizan las pensiones. Ni cuando se compara la cuantía de las pensiones en España con las de otros países europeos. El porcentaje es en Alemania 20 puntos inferior, apuntó Linde. El alboroto provocado forzó al Banco de España a matizar enseguida las declaraciones de su gobernador. “En modo alguno puede entenderse que [el alto porcentaje de jubilados con vivienda propia] pueda ser argumento para determinar la revisión que se aplique [a sus pensiones]”.

Más tarde, el propio Linde pidió disculpas en el Congreso por “el conflicto creado” alrededor de sus manifestaciones: “Nunca dije que ese dato se tuviera en cuenta para no subir la pensión, o subirla menos a unos o a otros, o para hacerse hipotecas inversas o que la gente vendiera sus casas”.

Tampoco fue muy popular su reiterada defensa de la moderación salarial, que considera la base de la competitividad frente al resto de los países de la UE, mientras él se subía el sueldo un 5,8% en 2014. Según la Encuesta de Estructura Salarial que elabora el INE, ese año el salario medio bruto de los españoles había crecido sólo un 0,7% respecto al año anterior.

Tres gobernadores del Banco de España pero un discurso que casi no ha variado en la última década, con crisis económica y con recuperación. Y que va a chocar con las políticas anunciadas por el nuevo Gobierno. No sólo por el salario mínimo, sino también por la prevista derogación de buena parte de la reforma laboral de 2012 y por la suspensión de las dos medidas estrella de la reforma de las pensiones de 2013: el Índice de Revalorización (IRP) y el factor de sostenibilidadel factor de sostenibilidad. Ambas han sido defendidas con fruición por el Banco de España para garantizar la sostenibilidad del sistema recortando el gasto público en pensiones. El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se compromete a eliminar definitivamente tanto el IRP como el factor de sostenibilidad.

El gobernador del Banco de España usa el 'Financial Times' para advertir al Gobierno de los riesgos de derogar la reforma laboral

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