Hace diez años, un grupo de madres desesperadas y extenuadas tras lo que parecía una batalla judicial perpetua se organizaba en torno a Infancia Libre. La asociación, pensada inicialmente para visibilizar y luchar contra la violencia sexual que recae sobre los más pequeños, fue tildada enseguida de organización criminal. La justicia, en alianza con los medios de comunicación, prendió la mecha de lo que sería una persecución sin tregua contra las madres. Y al hacerlo lanzaba un mensaje aleccionador, una advertencia generalizada que ponía de relieve el alto precio a pagar por ponerle nombre a una violencia acostumbrada a permanecer oculta. 

Pasaría un largo año hasta que la policía finalizara su investigación y la Fiscalía Provincial de Madrid decidiera archivar la causa, ante la ausencia de datos precisos que apuntalaran la existencia de una trama criminal pensada para separar a las criaturas de sus padres valiéndose de denuncias falsas. La justicia les daba la razón, pero el relato en su contra había permeado en el conjunto de la sociedad.

El ensañamiento sistemático contra las madres no fue puntual ni aislado, sino que es la máxima expresión de un problema estructural presente en otras partes del mundo, como Argentina. Denunciar "un caso de agresión sexual a un niño o niña en la familia –aunque la denuncia sea de oficio por parte de un servicio médico– tiene muchas probabilidades de terminar con la condena de la madre, pérdida de la custodia y entrega del menor al agresor", tal y como escribe Beatriz Gimeno en su libro Misoginia judicial. La guerra jurídica contra el feminismo (Catarata, 2022). 

Las causas por las que se produce esta violencia institucional son diversas, prosigue la escritora y exdirectora del Instituto de las Mujeres, "pero se unen cuestiones con capacidad para roer el hueso del patriarcado". Por una parte, lo que la autora denomina "el tabú del incesto", unido al "deseo social de negarlo e invisibilizarlo, así como la incapacidad social e institucional para admitir que se trata de un crimen mucho más frecuente de lo que se cree". Por otro lado, entra en juego "el antifeminismo militante" que se expresa en "la desconfianza y el miedo que el patriarcado siente hacia el vínculo que las madres pueden establecer" con sus descendientes. Con este telón de fondo, "cuando una madre denuncia a un padre por abuso sexual a un hijo o hija, es muy posible que se esté introduciendo, sin saberlo, en una pesadilla sin solución".

Y son las madres quienes en mayor medida deciden denunciar formalmente los abusos revelados por sus hijas e hijos. Según Save the Children, ellas son las encargadas de dar el paso en el 38,8% de los casos denunciados, por encima incluso de las propias víctimas. 

Así lo atestiguan también las periodistas Patricia Reguero y Sara Plaza, autoras de Hija, yo sí te creo. Madres protectoras y su papel en la denuncia de la violencia sexual hacia la infancia (Libros del K.O., 2026). "A las niñas y niños no se les cree cuando dicen estar sufriendo violencia sexual, pero cuando es la madre quien denuncia, ni siquiera se les escucha porque todo el foco se desplaza", asiente Reguero a preguntas de este diario. Ahí comienza el despliegue de todo un "abanico de prejuicios" asentado sobre un sesgo machista muy evidente y otro sesgo "adultocéntrico que hemos empezado a ver y analizar más recientemente".

La abogada María Naredo coincide en que el castigo ejemplarizante contra las madres protectoras se cimenta sobre una "estructura de poder pétrea y asentada en la historia". En ese sentido, expresa la letrada feminista, donde el patriarcado ha demostrado ser "más rígido es precisamente en lo que respecta a la familia". Naredo concluye que "cuanto más cercano es el agresor y por tanto cuanto más se aleja de los mitos de la violencia sexual construidos por el propio patriarcado –el estereotipo de un violador desconocido que ejerce violencia en un callejón–, más reproche institucional existe contra quienes denuncian".

"Las prácticas protectoras de las madres se castigan desde varias instancias y de muchas formas", reflexiona Reguero. Cita herramientas como los puntos de encuentro, "lugares muy hostiles para ellas, donde se las observa al milímetro", pero también los "organismos encargados de hacer pruebas periciales que muchas veces son determinantes en los procesos". "Y, por supuesto, la justicia", añade, donde se genera una actitud "reactiva".

Así sucede con frecuencia respecto a aquellos casos en los que los abusos sexuales contra la infancia coexisten con violencia hacia las madres. Ahí, completa Naredo, se hace fuerte "el prejuicio de no creer a la madre ni al niño, el sistema se pone a la defensiva para que la impunidad siga existiendo". 

En el año 2009, la Fiscalía General del Estado emitió una circular donde afirmaba que en "los casos de separaciones matrimoniales conflictivas y en que existe litigio sobre la custodia", la experiencia judicial "lamentablemente acredita que no son excepcionales las denuncias por supuestos malos tratos o abusos que no responden a la realidad y tienen como finalidad influir sobre la decisión de custodia". Han pasado 17 años desde entonces y los pasos hacia adelante son incuestionables, pero la duda sembrada por la justicia sobre las madres todavía no se ha terminado de disipar. 

El análisis Violencia institucional contra las madres y la infancia, publicado por el Ministerio de Igualdad hace tres años, resume con precisión la respuesta del poder judicial y sus consecuencias. "Cuando la violencia institucional emerge dentro del sistema judicial es tal la profundidad con la que golpea y tan doloroso el daño que produce que es en virtud de esto que consideramos que debe ser reconocida y atajada con la mayor urgencia posible", advertía el estudio.

Naciones Unidas ha puesto de relieve, en reiteradas ocasiones, el patrón que existe en los procedimientos de familia en los que una mujer denuncia abusos contra sus hijos y los estereotipos que entonces orbitan en torno a ella, siempre valiéndose del falso síndrome de alienación parental como pretexto. El uso del falso síndrome está prohibido por la legislación, un veto que ha sido recientemente reforzado gracias a la reforma de la ley de protección a la infancia. No obstante, las expertas advierten que sus promotores en los tribunales han demostrado una más que sobrada capacidad a la hora de articular herramientas similares que, bajo eufemismos formales, persiguen exactamente los mismos fines. 

Naredo asiente convencida que el falso síndrome es, en realidad, el reverso del derecho de los menores a ser escuchados, así que "la mejor manera de desarticularlo es escuchar a los niños y niñas con todas las garantías". Pero la escucha activa está todavía lejos de ser una realidad.

En este contexto, emerge una situación contradictoria: "Si tú le preguntas a una persona cuál es el delito más abyecto, seguramente dirá que la violencia sexual contra la infancia, pero cuando observa que es la madre quien denuncia para proteger al menor y con eso está poniendo en cuestión la familia tradicional y mencionando algo tan prohibido como el incesto, entonces toda esa carga de prejuicios aparece". Habla Victoria Rosell, jueza y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Entonces, hasta la voz más comprometida comenzará a titubear y terminará "poniendo en duda a esa madre", sin pensar que en realidad es a ella a quien "más le cuesta dar el paso" por numerosos motivos, entre ellos la sensación de fracaso por la quiebra de su proyecto familiar o la culpa por la elección de una pareja sentimental que ha ejercido violencia contra sus criaturas. "Todas las madres protectoras me han dicho que primero no se lo podían creer, luego no se lo querían creer y ellas mismas exigieron un nivel de pruebas tremendo antes de ir a los tribunales", completa la jueza. 

En el origen del desprecio y el descrédito generalizado hacia las madres se sitúa no solo el sistema judicial, sino todo un entramado social, cultural y mediático que pone por delante las necesidades de los padres y devalúa el relato tanto de los menores como de las mujeres. El simple hecho de ponerle nombre a un tipo de violencia invisible genera una respuesta hostil automática. Así lo defiende Reguero: "Para muchos persiste esta idea de madre secuestradora y por tanto madre vengativa, dispuesta a aprovechar las supuestas ventajas del sistema y la normativa de protección de las mujeres frente a la violencia de género para negar a un hombre un derecho que se entiende como natural". 

Esta visión, concluye la periodista, continúa muy presente en el imaginario colectivo porque "hay muchísima gente a la que le resulta muy fácil concebir que una mujer es mala, pero muy difícil pensar en que un padre pueda agredir sexualmente a su hijo o hija".

Ceuta afronta una emergencia de protección de menores tras la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. La Policía Nacional ya ha identificado 2.168 menores no acompañados, mientras las organizaciones que trabajan sobre el terreno sitúan la cifra en unos 3.000. La ciudad está teniendo que habilitar todo tipo de espacios para poder atenderlos y, a la espera de que comience el proceso de reubicación, el Gobierno ha abierto una nueva vía con la que pretende “agilizar” todo el proceso. 

Este mismo miércoles, el Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado un plan para trasladar de forma urgente a la Península a 500 niñas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, una cifra que, según indican, podría crecer en los próximos días. 

La vía es distinta al mecanismo de acogida previsto en el Real Decreto 2/2025. En aquel sistema, el traslado del menor a otra comunidad autónoma implica también que esta asuma su tutela. En este caso, según explican fuentes de la cartera que dirige Sira Rego a infoLibre, “las comunidades autónomas no intervienen en el traslado”, ya que la tutela seguiría correspondiendo a Ceuta y serían entidades especializadas en infancia las encargadas de atender a las menores en los recursos que se habiliten en la Península.

Se trata de una fórmula que ya se ha utilizado con anterioridad, según indican desde el ministerio. El caso más reciente es el de Canarias entre 2025 y 2026, aunque entonces estaba vinculado a la protección internacional y solo afectaba a menores solicitantes de asilo, una circunstancia que no se da ahora en Ceuta.

Un precedente más similar se produjo en Canarias en 2006, cuando una llegada masiva de menores desbordó los recursos del archipiélago. Ante esta situación, el Gobierno central y el autonómico pusieron en marcha un programa para trasladar a 500 menores. Como las plazas ofrecidas por las comunidades resultaron insuficientes, tuvieron que recurrir a diferentes asociaciones. En julio de 2007, el Real Decreto 868/2007 destinó 2,1 millones de euros al Colectivo La Calle para atender a 80 menores y a la Fundación Armenteros para otros 13. En el caso actual, el Gobierno todavía no han querido concretar ninguna cantidad de dinero “hasta que no haya algo completamente cerrado”.

A partir de 2008, Canarias mantuvo esta vía de una forma más continuada. El Gobierno autonómico empezó a contratar directamente a entidades sin ánimo de lucro de otras comunidades para trasladar allí a menores cuya tutela seguía correspondiendo al Ejecutivo canario. 

En mayo de ese año fueron trasladados 127 menores a diferentes centros de la Península bajo tutela canaria y otros 190 en junio de 2009. En 2011 todavía había 137 menores acogidos mediante este mecanismo. Durante los años siguientes, el número de casos fue disminuyendo hasta 2025-2026, cuando se trasladó a los 410 menores solicitantes de asilo.

En cuanto a Ceuta, el propio Gobierno de la ciudad autónoma ha confirmado que ha recurrido a esta fórmula en casos aislados, por ejemplo, cuando un menor necesitaba un tratamiento o un recurso especializado que no existía en la ciudad. Esta sería, sin embargo, la primera vez que se aplica de forma masiva.

No obstante, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aseguró en una rueda de prensa junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la ciudad autónoma mantiene contacto permanente con el Ministerio de Juventud e Infancia y que el secretario de Estado se encontraba en Ceuta, pero afirmó no haber recibido ninguna petición formal sobre el traslado de 500 niñas y adolescentes a la península, por lo que, según sus palabras, “no hemos podido decir que no porque no se nos ha planteado”.

Frente a esta versión, el ministerio ha salido al paso para desmentir al presidente ceutí, asegurando que sí le ha mantenido informado de todas las vías posibles para garantizar los derechos de los menores migrantes llegados a la ciudad, y lamentando que Vivas sostenga que “no tiene constancia” del plan.

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en el traslado urgente a la península de 500 niñas migrantes que se encuentran en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio, dentro de un plan integral de choque coordinado con la ciudad autónoma.

Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, este plan contempla una vía para que "organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en la península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

En declaraciones a EFE, la directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, Lara Contreras, ha explicado que esta vía, una de las que baraja el ministerio en coordinación con la ciudad autónoma, contempla que la tutela de las niñas se la quede Ceuta mientras que la guarda, una vez en la península, pasaría a las organizaciones de protección a la infancia "que las acepten".

Con esta fórmula, según Unicef, se pretende facilitar el proceso de reparto con las comunidades autónomas, y evitar enfrentamientos ya que "quien asumiría la responsabilidad del menor sería Ceuta".

En este momento, 97 de estas 500 niñas, con edades entre los 9 y 17 años, ya se han trasladado a unas naves en mejores condiciones para ser trasladadas, lo antes posible.

Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, "el plan incluye, por supuesto, el real decreto ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida".

El ministerio añade que aunque se trabaja con la cifra de 500 niñas, el número podría variar durante el proceso.

Desde Unicef, han informado de que están poniendo en marcha, junto a Save the Children, una unidad multidisciplinar de atención a la infancia migrante en emergencias (Umaime) para niños no acompañados, que implementará el Gobierno. Esta unidad, ha dicho Contreras, acompañará en la identificación de los niños detectando vulnerabilidades en interés de los menores dado que "hasta ahora no se ha hecho nada".

Contreras ha considerado "urgente" que los niños y niñas que están solos sean identificados de manera adecuada y ha denunciado que "cientos de ellos vagan solos por las calles, en condiciones insalubres".

Si bien no ha cifras oficiales, se cree que unos 1.800 menores están identificados y 600 en proceso. Desde Unicef, el mensaje que quieren lanzar es que "hay muchos más niños sin identificar" que están en las calles en condiciones vulnerables, durmiendo a la intemperie, sin recibir alimentos y sin atención sanitaria.

Respecto al traslado de las menores, Unicef considera que la intención del Gobierno y de la ciudad de Ceuta es que sea lo antes posible, pero tienen que ver cómo se puede hacer: "aún no se sabe".

Desde el pasado domingo se encuentra en Ceuta el secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, trabajando en este plan integral de acogida para su implementación. 

La Policía Nacional ya ha localizado e identificado a 2.168 menores migrantes desde la entrada masiva que se vivió en Ceuta el pasado 30 de julio, una cifra que desde Interior indican que es provisional y lo más probable es que seguirá creciendo en los próximos días, ya que desde Save the Children advierten que en total habría unos 4.000 menores en la ciudad. Ya estando a disposición del Gobierno regional de la ciudad autónoma, ahora todas las miradas están puestas en su futura reubicación, un proceso que comienza con una entrevista individualizada a cada menor y que el Gobierno ceutí todavía no ha empezado.

“Ahora mismo se está atendiendo la emergencia, por lo que es absolutamente razonable que no se haya comenzado, porque es más urgente dar de comer a los chavales antes que el papeleo”, explican desde el Ministerio de Infancia a infoLibre. Desde esta cartera se ha desplegado, desde el pasado domingo, un equipo permanente en la ciudad con el objetivo de agilizar los trámites.

El primer paso antes de decidir qué ocurre con cada menor es conocer su situación personal y familiar. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) explican que, una vez identificado, además de determinar su edad y comunicar su situación a los servicios de protección, comienza el rastreo de sus familiares. “Es muy importante entender quién puede ser su responsable legal y valorar una posible reagrupación [familiar]”, explica a este periódico Verónica Laorden, responsable de incidencia, investigación y estudios de la organización.

“Esta reagrupación no se puede hacer de manera automática. Hay que evaluar caso por caso cuál es su situación y valorar el interés superior del menor”, señala Laorden. La organización advierte además de que algunos menores pueden haber huido de situaciones de violencia o tener un perfil de protección internacional, circunstancias que obligarían a descartar su repatriación. Desde el Ministerio de Infancia también sitúan la reagrupación familiar como una de las vías prioritarias para determinar el destino definitivo, ya sea en España o en otro país extranjero. 

Localizar a la familia es solo el comienzo de un proceso que puede alargarse en el tiempo, según describen desde CEAR. “No se puede hacer una valoración general de qué es lo que ocurre porque cada menor es una historia y una familia”, apunta Laorden, ya que incluso cuando los familiares ya han localizado al menor y existe contacto directo, hay que completar el procedimiento administrativo, con intervención de la Fiscalía y audiencia del propio menor. Finalmente, debe existir una resolución individual de la Delegación del Gobierno que determine si la repatriación puede llevarse a cabo.

Todo este proceso se desarrolla mientras Ceuta intenta atender a una cantidad de menores muy superior a su capacidad ordinaria. El Real Decreto 556/2026 fija esa capacidad para Ceuta en tan solo 29 menores, muy por debajo a los 2.168 ya identificados.

Los menores están siendo trasladados a los recursos ordinarios de la ciudad autónoma y distintos dispositivos habilitados de emergencia. Entre ellos se encuentran una nave de la Fundación SAMU, las instalaciones de Piniers y dos centros educativos utilizados provisionalmente. En uno de ellos, el colegio Reina Sofía, se encontraban unas 110 niñas y adolescentes a comienzos de agosto, que ya están siendo ubicadas en otros puntos de la ciudad.

Por esta razón, de forma paralela, las entrevistas individuales de los menores son también el primer paso para una futura reubicación a otras comunidades autónomas, según recoge el mencionado real decreto.

Sobre qué comunidades tendrán que hacerse cargo de los menores, la norma establece una cifra para cada territorio a partir de una fórmula basada principalmente en su población y en la capacidad global del sistema de protección. Andalucía aparece con una capacidad de 3.009 menores, Cataluña con 2.829, Madrid con 2.471 y la Comunitat Valenciana con 1.903. En el otro extremo, Ceuta tiene fijada una capacidad de 29 y Melilla de 30.

El Ministerio insiste en que esas cifras no permiten saber de antemano cuántos de los 2.168 menores acabarán en cada comunidad. “Hay muchas casuísticas por las cuales es imposible decir con antelación cuántos menores van a ir a una comunidad autónoma o a otra”, explican, ya que cada expediente se resuelve individualmente y el reparto se va equilibrando en función de la capacidad de los territorios.

El problema es que varias comunidades cuestionan que la capacidad que establece el Estado equivalga a plazas físicas disponibles. Castilla y León, por ejemplo, sostiene que sus 190 menores ya han llevado su sistema al límite, pese a que el cálculo estatal le atribuye una capacidad ordinaria de 833. Extremadura afirma que solo dispone de 14 plazas físicas libres, aunque el margen que resulta de comparar la capacidad estatal (364) con los menores que tiene acogidos es muy superior.

La discrepancia es todavía mayor en territorios como Baleares, Canarias o Euskadi, que aseguran estar ya por encima de la capacidad que les atribuye el Estado. Baleares afirma atender a 897 menores frente a los 434 de capacidad ordinaria, Canarias cifra en unos 3.600 los menores que acoge frente a los 783 que recoge el decreto, y Euskadi sitúa su cifra en torno a 842, por encima de los 776 que establece el Estado. Murcia también sostiene que ya supera las 553 plazas que le asigna el decreto.

Esta futura reubicación ha reabierto también las diferencias entre el Gobierno central y la oposición. El Ejecutivo de Ceuta, presidido por el popular Juan Vivas, ha pasado de reclamar solidaridad al resto de comunidades a situar las devoluciones a Marruecos como primera opción. El PP nacional mantiene una posición similar sobre la necesidad de priorizar las devoluciones y la reagrupación familiar, aunque sus dirigentes han asegurado que sus comunidades cumplirán la ley si finalmente reciben una resolución de reubicación. 

Vox es más contundente y las comunidades donde el partido controla las competencias de infancia (Aragón, Castilla y León y Extremadura) no participaron en la última reunión preparatoria con el ministerio, en protesta por el mecanismo. Sin embargo, la formación no plantea por ahora romper los gobiernos autonómicos que mantiene con el PP, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando abandonó varios ejecutivos precisamente por el reparto de menores migrantes. La próxima reunión se llevará a cabo el 27 de agosto, en la que se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

El Gobierno central, por su parte, sostiene que la oposición política no permite bloquear un procedimiento que tiene respaldo legal. “Se pueden negar públicamente, pero nadie va a firmar una resolución contraria a una ley”, explican desde Infancia. El Ejecutivo confía así en que, una vez analizados los expedientes individuales y agotadas las vías de recurso que puedan plantear las comunidades, los menores que no puedan ser reagrupados o retornados sean trasladados a los territorios que determine el mecanismo estatal. La propia Fiscalía ya ha advertido de que intervendrá si alguna comunidad rechaza cumplir con las obligaciones legales de acogida.

Sara se quedó embarazada con solo 14 años. El proceso de gestación pasó desapercibido entre quienes debían cuidar de ella hasta el mismo día del parto, nueve meses después. Cuando comenzaron las preguntas, la adolescente señaló a su padrastro. El caso llegó a los tribunales, pero los jueces no fueron capaces de apreciar ningún delito de violencia sexual, a pesar de considerar probado que existieron relaciones entre ambos y que el acusado era efectivamente el padre del bebé.

El denunciado no negó los hechos, pero alegó encontrarse en un estado de inconsciencia durante el acto sexual, fruto de las altísimas dosis de alcohol ingerido. La menor, quien ocultó el embarazo a su familia, también exculpó al adulto y cargó con la responsabilidad afirmando que había sido ella quien había iniciado las relaciones sin que el adulto fuera consciente. La culpa es una de las consecuencias citadas con mayor frecuencia por las víctimas de violencia sexual en la infancia y la adolescencia, pero los jueces no supieron verlo. El padrastro de la joven fue absuelto.

"La indignación y la repulsa por unos hechos, por más justificada que esté su compartida extensión, nunca pueden actuar como un elemento que debilite el cuadro de garantías con el que una sociedad democrática quiere que sea enjuiciado cualquier acusado de un hecho delictivo", concluyeron los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra. 

Según el informe Por una justicia a la altura de la infancia, elaborado por Save the Children y basado en el análisis jurídico de sentencias, el 83% de los casos de violencia sexual contra niños que llegan a los juzgados terminan en condena. El estudio solo tiene en cuenta aquellos casos en los que existe resolución judicial, por lo que no figuran datos precisos sobre la tasa de sobreseimientos. En cuanto a las absoluciones, más de la mitad (58,9%) lo son por falta de pruebas.

Así le sucedió a Nuria. La Audiencia Provincial de A Coruña absolvió a su padre, denunciado por haber abusado de la joven cuando era menor. La absolución se apoyó en la ausencia de pruebas, pero también en el descrédito hacia el testimonio de la adolescente: "En el presente caso el análisis de todas las pruebas conjuntamente en los términos que quedaron expuestos nos llevan a la absolución del acusado", puesto que únicamente existió la declaración de la menor, cuyo testimonio, plasmaron los jueces en la sentencia, "genera dudas sobre su fiabilidad".

En diciembre de 2025, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidieron absolver a un hombre que había sido previamente condenado por un delito de abusos sexuales a una menor de 14 años. El motivo: apreciaron "serias dudas" sobre la solidez del relato de la joven. La justicia destacó además que la víctima había alterado su testimonio en las distintas fases del proceso judicial.

En este punto entra en juego un elemento clave: la prueba preconstituida. Se trata de una diligencia judicial que permite recoger anticipadamente el testimonio de una víctima con todas las garantías procesales, de modo que dicha declaración pueda ser utilizada posteriormente como prueba en el juicio. Su objetivo principal pasa por evitar que los supervivientes, más aún en el caso de los menores, se vean obligados a revivir lo sucedido una y otra vez en sede judicial. 

Según Save the Children, la prueba preconstituida solo se practicó en el 34,5% de los casos analizados y en un 1% fue solicitada pero no se efectuó. En un 63,8% de las resoluciones examinadas ni siquiera se menciona este elemento, por lo que no consta información sobre si llegó a tenerse en cuenta. En todo caso, advierte la organización, el hecho de que un dictamen judicial refleje la existencia de la prueba preconstituida no significa necesariamente que la denunciante no declare de nuevo en el juicio: "Observamos que incluso en el 60% de los casos en los que se ha grabado el testimonio, la víctima ha tenido que volver a declarar", lamentan.

La Audiencia Provincial de Salamanca reconoció, en una sentencia dictada en abril del año pasado, que el testimonio de la víctima no era suficiente para probar los abusos denunciados, pues no contaba con "la necesaria fuerza" debido a las "evidentes contradicciones existentes en sus variadas declaraciones y la inexistencia de corroboraciones periféricas que le doten de una mayor credibilidad". 

La denunciante había narrado agresiones sexuales por parte de la pareja de su madre, ambos denunciados con anterioridad por malos tratos. En ese extremo se atrincheraban también los jueces, quienes no comprendían que en aquella primera denuncia formulada la joven no hubiera expresado ningún episodio de abuso sexual: "Nada dijo [entonces] sobre esta supuesta agresión sexual que más tarde denunció y que hubiera sido muy fácil relatar", aseguraban los togados, sin ahondar en los motivos por los que una víctima puede tardar en verbalizar la violencia sufrida. 

"No es que los hechos analizados y que constituyen la base de la denuncia no sean ciertos, sino que no existe prueba bastante para, eliminada toda duda razonable, tener por ciertos los mismos y entender que sucedieran de la forma que se narra", concluían los jueces. 

El estudio La respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas, elaborado por Themis Mujeres Juristas en 2020, revela que "las sentencias absolutorias se basan fundamentalmente en el testimonio contradictorio de la víctima", poniendo de manifiesto que su relato "no es espontáneo" o que sus declaraciones en el juicio son "contradictorias con lo declarado en instrucción". En pocas sentencias, advertían ya entonces las expertas, "el tribunal aprecia que puede existir retracción en el testimonio de la menor por la convivencia con el agresor o la presión familiar".

En verano del año pasado, la Audiencia Provincial de Jaén condenó a nueve años y un día de prisión a un hombre de treinta años que había agredido sexualmente a una menor de once. En realidad, el acusado ya había pasado por los tribunales dos años antes y había resultado absuelto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó repetir el juicio, porque entendía que los primeros magistrados habían usado argumentos irracionales para justificar su decisión, cuestionando sistemáticamente la veracidad del relato expresado por la menor, una niña tutelada. 

Algo similar ha sucedido recientemente: el alto tribunal andaluz ha exigido celebrar de nuevo un juicio contra un acusado de abuso sexual infantil, al considerar que los jueces "no ofrecieron una justificación racional en torno al pronunciamiento absolutorio". Los hechos juzgados sucedieron hace nueve años, pero la víctima todavía no ha obtenido reparación.

Los menores denunciantes tuvieron en ambos casos que soportar la revictimización propia de dictámenes basados en prejuicios, pero también la dilatación de procedimientos judiciales que parecían interminables, una losa para su recuperación. "Más de un tercio de los procesos se prolonga más allá de los tres años y todavía hay procesos que llegan a durar más de cinco", expone Save the Children. Según sus datos, aproximadamente el 52% de los casos se resuelven en los tres primeros años, pero un significativo 40,9% de los procesos se extienden más allá del tercer año y un 12,1% dura más de un lustro. Las dilaciones indebidas están presentes en el 50,6% de las atenuantes.

Cuando Lidia tenía ocho años, sus padres se divorciaron. En ese momento, el progenitor de la pequeña pasaba tiempo con su hija a través de un régimen de visitas, compartiendo cama los fines de semana alternos en los que convivían. Allí fue donde le realizaría tocamientos e intentaría violarla, cuando solo tenía diez años. Los abusos se repitieron hasta que, dos años después, la pequeña contó lo sucedido en el colegio. El proceso judicial echó a andar un mes después de la denuncia, pero el juicio no tuvo lugar hasta cuatro años más tarde, tras haber sido suspendido y pospuesto. Al acusado, condenado a dos años y seis meses de prisión, se le aplicó una atenuante por dilaciones indebidas. Lidia arrastra secuelas graves desde entonces, fruto de lo sucedido y del proceso que vino después.

Con la justicia especializada, exponen desde las organizaciones, el proceso legal "no se alarga en el tiempo, facilitando la recuperación de los niños, niñas y adolescentes víctimas". 

Y es en el marco de la justicia especializada donde se encuadran las conocidas como Barnahus –casa de los niños, en islandés–, un modelo de atención integral centrado en la atención de los menores para evitar la victimización secundaria. El recurso permite realizar la grabación del testimonio en un entorno seguro, con profesionales especializados.

La primera de estas herramientas echó a andar en Tarragona en el año 2020. Nació como proyecto piloto y desde entonces se ha ido replicando por todo el territorio catalán, si bien son varias las comunidades que ya están implementándolo. La ley de protección a la infancia trató de incorporar el espíritu de este modelo al sistema judicial, apostando por una mejor coordinación entre administraciones, mientras que la conocida como ley del solo sí es sí trasladó estos principios al ámbito específico de la violencia sexual. 

Un estudio que evalúa el impacto del modelo en el caso de Tarragona, publicado en octubre de 2024 por la Universitat Rovira i Virgili (URV), expone las mejoras relevantes en cuestiones fundamentales como la duración de los procesos judiciales, la calidad probatoria, el número de sentencias condenatorias y la experiencia de las víctimas. Según concluyeron los expertos, este modelo conlleva una reducción generalizada de los casos que acaban en sobreseimiento: los archivos representan el 36,4% del total, frente al 57,4% registrado cuando no interviene este recurso.

Además, sólo un 11,6% de aquellos procedimientos en los que existía prueba preconstituida terminaron en sobreseimiento, una tasa que se eleva al 76,8% cuando no se pone en marcha este tipo de prueba. Barnahus también es un elemento clave en la reducción de los tiempos: la media de duración del proceso judicial se desploma hasta poco más de un año, la mitad de la media registrada en términos generales.

Pero para mejorar la atención judicial que reciben los menores en los tribunales, son necesarios recursos. La ley de protección a la infancia exige caminar hacia una justicia especializada, pero no ordena directamente la creación de nuevos juzgados. Fue la ley de eficiencia de la justicia la encargada de desarrollar finalmente la previsión de nuevos tribunales de instancia con secciones propias a finales del año pasado, pero solo se crearon tres secciones independientes: en Madrid, Barcelona y Málaga. A principios de julio, el Gobierno aprobó la creación extraordinaria de medio millar de nuevas plazas judiciales, la mayor ampliación hasta la fecha. Solo una de ellas será específica de violencia contra la infancia y la adolescencia. 

Nota al pie: todos los nombres propios usados en este artículo son ficticios.

Invisible, relegada al silencio y muchas veces impune. La violencia sexual durante la infancia constituye uno de los mayores fracasos sociales e institucionales de nuestro tiempo, el retrato impoluto de un sistema que enmudece y se demuestra incapaz de proteger a los más vulnerables. Supone, además, una quiebra de las expectativas vitales de la víctima y la desacralización de la familia como institución segura. Uno de cada cinco menores es víctima de violencia sexual, según el Consejo de Europa. En España, el 28,9% de las personas que tienen entre 18 y 30 años se reconoce como tal. Casi tres de cada diez jóvenes.

Esta última cifra proviene del estudio Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, confeccionado hace un año por el Ministerio de Juventud e Infancia. Se trata de la macroencuesta más completa en la materia hasta la fecha, basada en 9.037 entrevistas a personas jóvenes. Los resultados constatan que la violencia sexual en la infancia es estructural y no únicamente una dolorosa excepcionalidad, resulta más habitual de lo que aparenta y está marcada por un evidente sesgo de género: ellas se nombran como víctimas en mayor medida (33,6%) que los hombres encuestados (24,4%).

La adolescencia es el momento más peligroso para los menores. El 26% de las personas encuestadas se remonta a esta etapa cuando recuerda los abusos sufridos, frente al 6,3% que menciona la infancia y el 3,4% que habla de violencia continuada. Acercando la lupa a aspectos concretos como la etapa evolutiva, se puede constatar un viraje estadístico en términos de género: en la infancia, son los niños varones quienes tienden a sufrir más violencia (6,8%), en comparación con las niñas (5,8%). Ellos también padecen violencia sexual de manera habitual o recurrente en mayor medida (6,4%) que las chicas (4,1%). 

La noción de la familia como espacio seguro se desmorona en contextos de violencia durante la infancia. Es precisamente el entorno familiar el principal escenario de abusos, según el 46,6% de las personas entrevistadas. Le siguen el comunitario o vecinal (37,3%) y el escolar (36,9%).

Sin embargo, el perfil de los agresores varía sustancialmente según las características de la violencia y de las víctimas. En el caso de los abusos durante la infancia, el rostro de los abusos es precisamente el de quien se presupone garante del bienestar familiar: el padre, citado por el 21,6% de quienes expresan haber sufrido violencia durante la niñez. En cambio, durante la adolescencia entran en juego las relaciones afectivas: la pareja de la víctima es mencionada por el 34,1% de los encuestados. 

Los matices en función del género de quien responde a la encuesta son, una vez más, reveladores. Los hombres víctimas de violencia señalan mayoritariamente a sus padres (28,3%). Las mujeres, en cambio, señalan a sus novios (40,4%). 

El informe Agresión sexual en niñas y adolescentes, según su testimonio. Evolución en España (2019-2023), confeccionado por la Fundación ANAR a partir de las vivencias de 4.522 niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual que llegaron a la organización buscando ayuda, constata que los agresores son, sin apenas excepciones, hombres adultos: ellos constituyen el 94,3% y el 78,6% es mayor de edad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar sus datos sobre sentencias condenatorias dictadas a lo largo del año pasado y los resultados muestran que el 23,5% del total de condenas impuestas a personas adultas corresponden a delitos de agresión sexual contra menores de 16 años. En el caso de los menores condenados, este porcentaje se eleva hasta el 58,3%.

Es en la esfera jurídica donde también ha decidido poner el foco la organización Save the Children. En un análisis publicado el año pasado, la entidad concluyó que el 98% de las personas que se sientan en el banquillo de los acusados son hombres. "Este dato evidencia una marcada tendencia de género en la comisión de abusos sexuales a la infancia", estiman los autores. En ocho de cada diez casos analizados –345 sentencias dictadas en 2023 y 2024–, el agresor es un conocido de la víctima. 

El mismo estudio confirma que los principales victimarios en el ámbito familiar son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares (8%). Fuera del hogar, el 75,2% de los agresores eran conocidos o amigos de la víctima. El 63% son personas sin antecedentes y quienes sí los tenían eran, en su mayoría, por delitos que nada tenían que ver con la libertad sexual. "Estos datos muestran que por lo general los agresores de este tipo de delitos son difícilmente identificables como potenciales agresores sexuales de niños y niñas en base a sus antecedentes", afirman. 

El 52,5% de las personas que participaron en la encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia reconoce haber convivido con los abusos a lo largo de su vida. Nadie les tendió la mano, ninguna institución supo reconocer la violencia y no encontraron la ayuda necesaria para ponerle remedio. Solo un 9,6% denunció lo sucedido ante las autoridades, siendo los varones quienes en mayor medida dan el paso (14,3%) en comparación con las mujeres (6,1%). 

Pero sí hay algo que hacen tanto los chicos como las chicas: contárselo a alguien. Así lo indica el 27,2% de los supervivientes. La inmensa mayoría (61%) se apoya en sus amigos a la hora de romper el silencio. La amistad se entreteje como el principal colchón para amortiguar el golpe, por delante de las madres (30,3%).

Según Save the Children, son precisamente las madres quienes, una vez conocen los hechos, deciden denunciar formalmente lo sucedido. Ellas son las encargadas de dar el paso en el 38,8% de los casos denunciados, por encima incluso de las propias víctimas, una decisión no exenta de consecuencias. Naciones Unidas ha señalado en diversas ocasiones que el sistema judicial español no protege a los niños de padres abusivos y tiene un sesgo discriminatorio contra las mujeres. Las conocidas como madres protectoras han cargado desde hace años con el peso de una justicia que no da credibilidad a su palabra. 

En cuanto a la respuesta institucional, solo el 3,8% de los profesionales de la salud y la educación, espacios claves para la detección, decide dar la voz de alarma. 

La ausencia de herramientas a disposición de los menores, la falta de un entorno seguro que funcione como tabla de salvación y el silencio impuesto como única vía para seguir adelante dejan secuelas en quienes han sufrido esta forma de violencia. La Fundación ANAR indica que casi siete de cada diez problemas asociados a la violencia sexual (68,6%) tienen que ver con la salud mental. Los supervivientes hablan de miedo (21,7%), ansiedad (19,6%) y tristeza (18,8%). Entre las víctimas adolescentes aparecen además conductas suicidas (7,2%), autolesiones (5,2%), baja autoestima (3,5%), trastornos alimentarios (2,4%), depresión (2%) y adicciones (1,9%). Pese a los datos, un 70,3% de las víctimas no recibe ningún tipo de tratamiento psicológico en el momento de los hechos.

Además de las consecuencias directas sobre su salud, las víctimas también soportan el descrédito que sobrevuela a su alrededor, responsable de sembrar una duda perpetua que dificulta su recuperación. En seis de cada diez casos (63,4%) se han apreciado fallos en el entorno social de la víctima. La mayoría tienen que ver con actitudes negligentes (41,5%): es decir, la falta de atención, consideración o actuación cuando se conoce el problema. 

Pero también existe un miedo genuino a la revictimización que pueda sufrir la víctima durante el proceso (21,8%). Y así la inacción se configura erróneamente como una forma de protección. En el entorno se asienta también la negación (17,9%), la culpabilización de la víctima (9,8%) y la justificación de la violencia (9%), conductas que no solo apuntalan las secuelas psicológicas, sino que disuaden a los menores a la hora de denunciar y los condenan a vivir con el peso de lo sucedido durante largos años. 

Septiembre de 2013. La legislación española sitúa la edad de consentimiento sexual en los trece años. Es la cifra más baja en suelo europeo, solo por detrás de un territorio: el Vaticano. En aquel momento, existía un debate político y social en torno a la necesidad de elevar el umbral y abrir una reflexión sobre el consentimiento. El asesinato de una niña de trece años a manos de su pareja, un hombre de cuarenta, había hecho saltar las alarmas en el tablero político, varios años después de que Naciones Unidas llamara la atención sobre la laxitud de la ley española en esta materia. La reforma penal terminaría por situar la edad legal de consentimiento en los dieciséis, pero a la conversación alrededor la violencia sexual contra la infancia le quedarían todavía muchos tabúes que derribar. 

Especialmente en lo que respecta a los abusos que se reproducen en el mismo seno de la familia. Las organizaciones especializadas apuntan precisamente a ese extremo: el hogar como un espacio que no siempre resulta seguro para los menores. En ocho de cada diez casos, quien ejerce violencia es un familiar o conocido, mientras que dos de cada cinco víctimas señalan directamente al ámbito del hogar como escenario de violencia. 

Catalina Perazzo lleva más de una década investigando el problema estructural, sus múltiples expresiones y sus consecuencias en la vida de las víctimas. "Se trata de una violencia en la que impera la ley del silencio, se denuncia muy poco y se alimenta de la vergüenza de sus víctimas", especialmente cuando entra en juego "el chantaje" vinculado a la familia como institución, disecciona la portavoz de Save the Children. "Se sitúa el peso sobre los niños, señalados por romper la familia", lamenta. Ahí empieza la revictimización.

Pau Lluc escoge con cuidada precisión los datos que permiten demostrar aquello que lleva años siendo una certeza para quienes han visto sus vidas atravesadas por la violencia. Los estudios, las investigaciones y los análisis que se han ido consolidando en los últimos años "dinamitan la idea de que la familia siempre protege y dan de pleno en la diana de la familia patriarcal, ya que la mayor parte de las agresiones se cometen dentro de este contexto", asiente a preguntas de este diario. Lluc sufrió violencia sexual por parte de su padre cuando era una niña y comenzó a verbalizarlo públicamente con el firme propósito de construir un colchón para las víctimas. "En proporciones que el sociólogo David Finkelhor califica de epidémicas, son padres los que ejercen esta violencia", recalca la autora del poemario Despulles (Reclam editorial, 2024).

Afrontar la realidad de la violencia contra la infancia conlleva necesariamente señalarla. "Tenemos que perder el miedo a denunciar la violencia que se comete en el espacio donde más se ejerce: el hogar familiar. Y creo que tenemos que revisar también, desde un feminismo crítico, el papel que el patriarcado nos dio a las mujeres en el mantenimiento de la estructura familiar", asiente, "porque los trapos sucios –que decía la cultura popular– ya no se deben lavar en casa nunca más, como bien saben las cada vez más madres, conscientes y protectoras, con las que el sistema tan a menudo se ensaña". 

La ruptura del silencio se presenta entonces no solo como una necesidad para las víctimas, sino como un imperativo para el conjunto de la sociedad: "Si no vemos, ni nombramos, ni denunciamos la violencia intrafamiliar, continuaremos teniendo generaciones de niñas, niños y adolescentes sufriendo violencia sexual en silencio, entre las cuatro paredes de sus casas".

Pero poner nombre a los abusos experimentados en primera persona no es una tarea sencilla. "Habitualmente el abuso se da sin violencia" física explícita "aprovechando la confianza que existe", pero además "es vivido de una forma confusa y dolorosa", introduce Laura Rodríguez, psicóloga de la Fundación Vicki Bernadet. A la culpa y la vergüenza se suma "la preocupación por la reacción del entorno", que a menudo transita por la incredulidad, el descrédito y la negación de lo sucedido. Y de ahí que un porcentaje sustancial de las víctimas "no suelan revelarlo hasta entrada la adolescencia y, en la mayoría de los casos, cuando llega la edad adulta", en parte porque perciben el silencio como "una protección hacia uno mismo y hacia la estabilidad familiar". Callar por el bien común. 

Coincide Lluc. Si bien cada víctima afronta su situación en función de su contexto concreto, lo cierto es que en general "los procesos a la hora de verbalizar violencia sexual en la infancia son sumamente lentos", porque se trata de una violencia cimentada sobre las bases del abuso de poder, situaciones en las que "las víctimas se quedan atrapadas" porque casi nunca están "preparadas psicológicamente para comprender que las personas que aman les pueden hacer daño", así que la mera identificación de la violencia es compleja. "Las agresiones casi nunca empiezan de forma violenta y repentina, sino en forma de juego o confundido con los cuidados cotidianos", asiente. En este punto se hace evidente la importancia de una educación sexual reglada como herramienta de prevención.

A pesar de las dificultades, la superviviente destaca que las víctimas sí tienden a manifestar señales de la violencia sufrida. "El problema es que las personas adultas no las sabemos escuchar. Y aquí tenemos una gran responsabilidad como sociedad: tenemos que aprender a descifrar el lenguaje con el que nos hablan", subraya. 

Rodríguez comenzó a especializarse en violencia sexual contra la infancia hace algo más de dos décadas. Entonces, asegura la psicóloga, era un asunto "totalmente tabú". Los avances son innegables, pero el estigma no se ha diluido del todo. "Todavía no se está trabajando todo lo que se debería", especialmente en lo que respecta a la prevención. "Hay herramientas, pero pocas, y deberían ser más accesibles a los menores". 

Perazzo insiste en la misma línea: "Las personas que trabajan con menores deben tener herramientas para que estos se sientan seguros a la hora de contarlo", pero lo cierto es que todavía hoy sigue presente en el imaginario colectivo la idea de que la expresión de un episodio violento es una suerte de fantasía producto de la imaginación, algo así como "cosas de niños". 

El descrédito generalizado hacia su palabra está a la orden del día, a pesar de que "los estudios han dejado claro que la incidencia de casos que inventan es extremadamente baja", destaca Rodríguez. El problema, a su juicio, "tiene que ver con el hecho de que es difícil" para los adultos "aceptar que una persona de nuestra confianza ha podido abusar de nuestros hijos o hermanos". Se trata más de una "cuestión defensiva a nivel inconsciente, para no aceptar que esto ha pasado y tampoco tener que coger las riendas para hacer algo al respecto".

Según el informe Ojos que no quieren ver, confeccionado por Save the Children, el 85% de los colegios donde una víctima manifestó estar sufriendo violencia sexual no lo notificó. Así que los menores se enfrentan, sin ser conscientes, a una "sociedad que no está preparada para escucharles y a un sistema que todavía está lejos de estar a la altura de la infancia", remarca Pau Lluc. En ese contexto, se impone la necesidad no solo de interpelar al conjunto de la sociedad para aprender a escuchar a las víctimas, sino también para reconocer que la violencia contra la infancia "está completamente normalizada y forma parte intrínseca de la estructura patriarcal y adultocéntrica de nuestra sociedad".

A finales de los setenta, casi un centenar de intelectuales franceses enviaba una petición al parlamento galo solicitando la derogación de algunos artículos relativos a la edad de consentimiento sexual y la despenalización de las relaciones entre adultos y menores de quince años. Figuras de peso como Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir defendían sin matices que los menores estaban capacitados para prestar su consentimiento libremente y en condiciones de igualdad. 

Varias décadas después, el escritor español Fernando Sánchez Dragó presumía en uno de sus libros de haber mantenido relaciones sexuales con "lolitas" de unos trece años en Tokio (Japón).

Los ejemplos están por todas partes. Hace dos años, el alcalde conservador de Vita (Ávila) entonó, orgulloso y festivo, un cántico pedófilo frente a los vecinos de su pueblo. Se vio obligado a disculparse tras la indignación de quienes asistieron atónitos al espectáculo. A finales del año pasado, plataformas como Shein comercializaron juguetes eróticos con corporalidades infantiles. Y hace tan solo unos meses, Francia abrió una investigación contra Vinted por anuncios que hicieron sospechar de una presunta red de tráfico infantil encubierta. 

Rodríguez está convencida de que la "cosificación de la mujer y ahora también de la infancia" es un factor que "facilita una cultura patriarcal donde parece que se pueden traspasar los derechos de los otros", especialmente de los más vulnerables. La psicóloga pone el foco también en la pornografía, responsable de mostrar una "sexualidad alejada de la realidad, donde se cosifica a la mujer de forma vejatoria constantemente". En las webs pornográficas, el contenido asociado a términos como colegiala o adolescente se mantiene, a nivel global, entre los más populares. Un estudio publicado en The British Journal of Criminology concluyó en 2021 que la palabra teen –adolescente en inglés– era el término más frecuente en los tres principales portales porno del Reino Unido. También corren como la pólvora los vídeos generados por inteligencia artificial en los que personajes femeninos infantiles son modificados físicamente para mostrar un aspecto sexualizado. Según la organización WeProtect Global Alliance, entre 2020 y 2022 los deepfakes con temática sexual infantil aumentaron un 360%. 

"Tenemos un problema grave con la transmisión de los roles de género tradicionales que reproducen las estructuras de poder y sumisión", completa Pau Lluc. Una estructura responsable de socializar a "los hombres para ejercer violencia sobre las mujeres, sobre la infancia o para hacer la guerra". Mientras la base de esta estructura siga intacta, "continuaremos perpetuando diferentes tipos de violencia, entre otras la violencia sexual contra la infancia y adolescencia".

En su último informe, titulado La esencia de la infancia ha sido destruida, la Comisión Internacional Independiente de investigación de la ONU sobre el Territorio palestino ocupado, recapitula todas las formas en las que Israel está intentando acabar con el “futuro del pueblo palestino”: matanzas deliberadas de niños y niñas palestinos como parte del genocidio, violencia sexual contra los menores secuestrados por las fuerzas de ocupación, el uso de la tortura, las mutilaciones, el hambre y la falta de educación para lastrar sus vidas adultas, así como la privación de cualquier atisbo de esperanza de que algún día puedan tener una vida plena y en paz.

“Dejé de pintar por lo que está ocurriendo en mi país. Antes pintaba sin parar, pero ya no puedo. Es todo demasiado horrible”, explica Mohamed mientras nos enseña sus decenas de dibujos: el mapa de Palestina antes de ser ocupada por Israel, sus simbólicos olivos, los vestidos con su bordado tradicional. El niño de 15 años, con una discapacidad mental que le provoca un retraso madurativo, tiene aún el ojo enrojecido por la hemorragia que le produjo la paliza que le dieron unos soldados israelíes.

Aquel día, Mohamed decidió reunirse con su madre, que había ido a visitar a su primo enfermo en el hospital. A mitad de camino se encontró con que las fuerzas de ocupación habían cortado el camino con un checkpoint. Cuando se dispuso a cruzarlo, los hombres lo empujaron al suelo, los esposaron con unas bridas a la espalda y comenzaron a golpearle la cabeza y el resto del cuerpo con sus fusiles. “Me amenazaban con dispararme. Me preguntaban si era parte de una brigada. Les decía que no. Me tiraban del pelo, me sacudían la cabeza contra el suelo. Me quedé inconsciente por los golpes”. Lo cuenta meticulosamente, con las manos apretadas entre sí con fuerza, acompañado por su padre y con el apoyo psicológico de un trabajador de una ONG palestina dedicada a acompañar a las víctimas de la violencia sionista –omitimos el nombre de la entidad por la criminalización que sufren las organizaciones de derechos humanos palestinas por parte de Israel–.

“Cuando me desperté, vi que se habían alejado un poco y salí huyendo. Me gritaron mientras disparaban al aire. Pero yo no paré de correr”. Mohamed requirió ser hospitalizado por las heridas sufridas, aunque las más graves sean, probablemente, las que la Comisión Internacional Independiente para los Territorios palestinos ocupados ha denominado en su último informe “estrés traumático continuo”. En otros contextos violentos, los expertos suelen diagnosticar a las víctimas el síndrome postraumático. En Palestina, el "terror difuso y ambiental” que ha impuesto desde 1948 el Estado colonial sionista, “que no requiere bombardeos constantes para seguir siendo efectivo", ha provocado que los niños, niñas y adultos estén expuestos a graves violencias y vulneraciones de derechos fundamentales permanentemente, denuncia el informe. Todo ello, añade, es causante de un “trauma intergeneracional que afecta a toda la población palestina” desde hace décadas.

Además, los investigadores describen “una psique ocupada en la que se ha erosionado la libertad de jugar, imaginar, tener esperanza y desarrollar una identidad. La ocupación y el control israelíes han funcionado como mecanismos a largo plazo de dominación, subyugación y opresión, dañando así la memoria, la identidad y la esperanza a lo largo de las generaciones”. Algo que ha constatado esta periodista en sus viajes a Cisjordania y Jerusalén en los últimos tres años: ser conscientes de que pueden sufrir un genocidio sin que nadie lo impida, a la vez que padecen un agravamiento exponencial de la violencia de los ocupantes, ha provocado tal grado de desaliento que muchos niños y niñas no encuentran sentido a seguir viviendo. Hasta el punto de que algunos de ellos graban vídeos con su mensaje postmortem para que sus amigos los suban a las redes sociales cuando sean asesinados por los soldados israelíes o los colonos.

“Muchas noches no puedo dormir por los bombardeos y disparos. A menudo, los invasores nos obligan a abandonar nuestras casas en mitad de la noche. Nadie en el mundo vive así. Que se vayan de nuestro país. Ellos son europeos, que se vuelvan a Europa”, lamenta Mohamed en el salón de su casa familiar, un modesto habitáculo de dos habitaciones cerca de donde antes se levantaba el campo de refugiados de Jenin. Desde 2024, el Gobierno israelí ha demolido el de esta ciudad, así como los de Tulkarem, dejando sin hogar a más de 40.000 personas, en su mayoría, menores de edad pertenecientes a la quinta generación de refugiados palestinos. “¿Por qué no podemos vivir como los niños de España? Nuestra sangre es barata. Nos matan porque no somos importantes”, concluye Mohamed. Su padre insiste en que antes era un niño alegre y confiado. Ahora, es una aleación de dulzura y abatimiento.

El genocidio de la Franja de Gaza es la expresión más cruenta del continuum de limpiezas étnicas, masacres, desplazamientos, expolios, empobrecimiento y vejaciones con las que el proyecto colonial sionista lleva intentando acabar con el pueblo palestino desde 1947. Por ello, el jurista palestino Rabea Eghbariah sostiene que, igual que se tipificó el delito de genocidio tras el Holocausto y el de apartheid para acabar con el régimen sudafricano, se reconozca la Nakba como un delito de lesa humanidad porque solo así se podrá entender la realidad que ha impuesto Israel a Palestina en estos casi 80 años de ocupación.

Como expone Eghbariah en la entrevista publicada en el libro Genocidios (Galaxia Gutenberg, 2025), este crimen habría comenzado con la limpieza étnica y el desplazamiento masivo sobre los que se fundó en 1948 el Estado sionista, pero continuaría hasta nuestros días mediante un régimen político y jurídico creado para fragmentar al pueblo palestino e impedir así su derecho a la autodeterminación y al retorno de sus diez millones de refugiados.

En este sentido, para completar la Nakba, para sepultar el futuro del pueblo palestino, la comisión de la ONU demuestra con pruebas en el informe que “Israel ha atacado deliberadamente a niños”, contra los que está cometiendo “crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio”. Los especialistas concluyen que “al atacar a los niños, Israel está atentando contra la capacidad misma del pueblo palestino para existir y determinar su futuro”.

La investigación, titulada La esencia de la infancia ha sido destruida, se alza como una radiografía tan rigurosa como vívida del infierno en el que la ocupación israelí ha convertido la vida de los menores palestinos. Para asesinar a, al menos, 20.179 niños y niñas de Gaza así como provocarles lesiones a otros 44.143, el Ejército israelí ha empleado dos vías: “Directamente, disparándoles a sus órganos vitales con armas de precisión como drones y francotiradores; y mediante el uso de armas de alto impacto, provocando ataques generalizados y sistemáticos contra edificios residenciales, escuelas y campamentos de desplazados repletos de niños”, recoge el documento.

Además, el infanticidio incluye haber dejado a ”una nueva generación de niños palestinos que vivirán con una discapacidad de por vida”. Tal es la magnitud de esta nueva realidad que “la discapacidad entre los niños palestinos ha dejado de ser una condición médica individual para convertirse en una realidad demográfica determinante: un grupo de palestinos que crecen sin una o más extremidades, con dolor crónico y cicatrices visibles e invisibles”, apuntan los investigadores independientes.

Además, el equipo de la ONU ha indagado en el impacto que tendrá la malnutrición en el desarrollo y adultez de los menores que hayan sobrevivido al hambre empleada como arma de guerra, la destrucción del sistema sanitario en los neonatos y en los menores con enfermedades crónicas, así como la destrucción de los centros de acogida y orfanatos de la Franja.

Al mismo tiempo, la Comisión amplía el foco para abordar los pogromos que la población palestina está sufriendo e Cisjordania y Jerusalén Este, donde desde octubre de 2023, los soldados israelíes han acabado con la vida de más de 237 niños, y los colonos a, al menos, cinco. He entrevistado a varios de sus padres y madres. Todos ellos criaron a sus hijos con la conciencia de que podían matárselos en cualquier momento. Y, también, de que si ocurría, su muerte sería premiada con una total impunidad. Lo sabían porque es con el temor con el que se cría en Palestina desde el principio de la ocupación, pero que se ha vuelto asfixiante desde 2023 por el aumento exponencial de los asesinatos.

La Comisión recuerda que Israel, como potencia ocupante y como firmante de la Convención sobre los derechos del niño, es responsable de la protección de la infancia palestina. Por su parte, el Estado sionista ni siquiera respondió a los requerimientos de información de la Comisión para la elaboración del informe, que ha calificado tras su publicación de “farsa difamatoria” a la vez que a ha acusado a sus autores de parcialidad contra Israel.

Israel ha empleado los encarcelamientos arbitrarios de niños palestinos en condiciones infrahumanas desde su fundación. Antes de octubre de 2023, una media de 300 menores sobrevivían al año en las prisiones militares, sin el cumplimiento de las garantías más básicas: podían pasar meses presos sin que ellos ni sus familias supiesen de qué se les acusaba y sin comparecer ante un tribunal –y cuando ocurría, eran juzgados por un tribunal militar–. Tras el 7 de octubre de 2023, las cárceles israelíes se han convertido en centros de tortura y de desaparición y los niños de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, a menudo, son “recluidos con adultos, sometidos sistemáticamente a tortura y violencia física, sin acceso a abogados, padres ni información sobre su paradero. Esto ha generado una prolongada incertidumbre para sus familias, lo que equivale a una separación familiar forzosa. Su detención también puede constituir una desaparición forzada”, sostienen los expertos.

Además, “la Comisión también ha documentado incidentes de violencia sexual y de género contra niños y niñas palestinos, a menudo durante arrestos o detenciones, que les causaron graves daños físicos y psicológicos. En consonancia con las conclusiones previas de la Comisión sobre la violencia sexual cometida contra los palestinos, las fuerzas de seguridad israelíes utilizaron la violencia sexual como táctica de guerra para castigar, infundir miedo y tratar los cuerpos de los palestinos, incluidos los niños y niñas, como instrumentos de humillación y opresión colectivas, arraigadas en un patrón prolongado, étnico, de género e intergeneracional de ocupación y hostilidades israelíes”.

Como me contó, el verano pasado, Ibrahim (nombre ficticio), un adolescente que a sus 15 años había sido encarcelado ya tres veces. La última, durante casi un año. “Pegan a los presos continuamente y por todo. Una vez, uno que estaba enfermo se desmayó. Vinieron seis médicos. Lo rodearon y empezaron a darle patadas en la cara. Era compañero de celda. Se despertó por la paliza y le dijeron: ‘Listo, ya te hemos curado’. Juro por Dios que allí no hay medicinas, solo palos y escudos para pegarnos”. Ibrahim creció yendo a los entierros de sus vecinos, niños y adultos asesinados por los soldados israelíes cuando se enfrentaban con piedras o cócteles molotov a las invasiones del Ejército sionista del campo de refugiados de Cisjordania en el que nació.

“Antes del 7 de octubre, metían a seis en cada celda. Nosotros éramos once. Dormimos en el suelo, pisándonos al caminar. No nos dan ropa para cambiarnos, así que nos duchamos y nos la tenemos que volver a poner. La suciedad atrae a los insectos. Sufrimos una especie de sarna”, me explicaba con ansiedad poco después de encontrarnos con un conocido suyo y de nuestra traductora que acababa de ser puesto en libertad. No lo reconocieron. Había perdido más de 20 kilos durante la reclusión.

“La comida está tan asquerosa que aunque te mueras de hambre, prefieres no comerla. Al mediodía, nos daban un vasito de café con arroz crudo y un trozo de pollo medio congelado y sangriento”, nos explicó Mohamed, que en los dos meses que llevaba liberado había recuperado parte de su complexión. Sin embargo, no albergaba dudas de que volvería pronto a las mazmorras. “Una vez que entras en prisión ya sabes que nunca volverás a ser libre realmente. Se inventan todo tipo de excusas para detenerte una y otra vez”, lamentaba.

Desde el principio del genocidio, los bombardeos israelíes se sucedieron contra las escuelas, los institutos y universidades de la Franja de Gaza. Y muchos de los centros educativos que se salvaron de las detonaciones, han sido quemados después, de manera intencional, por soldados sionistas. A la vez, en Cisjordania y Jerusalén Este las fuerzas de ocupación y los colonos han cerrado y demolido colegios, imposibilitado acudir a las aulas mediante confinamientos, el bloqueo de las carreteras y el cierre de las verjas con las que controlan todas las entradas y salidas de todos los pueblos y ciudades. Un escolasticidio, como lo ha catalogado la politóloga palestina, y profesora del la Universidad de Oxford, Karma Nalbulsi, que “dificultará el desarrollo económico, el trabajo y las habilidades sociales” de los habitantes de la Franja, según el informe de 2025 de la misma Comisión.

Este año, los investigadores alertan de que “el daño cognitivo causado por la interrupción de la educación va más allá de los años perdidos. Reconstruye la infancia palestina en torno a la supervivencia en lugar del aprendizaje” y advierte de que al interrumpir sistemáticamente la capacidad de aprendizaje de los niños Israel está “saboteando los fundamentos intelectuales y sociales de la propia sociedad palestina”. Una sociedad, la palestina, que siempre ha otorgado un lugar prioritario a la educación y que, pese a todo, sigue esforzándose por garantizar este derecho a sus niños, ya sea impartiendo clases entre los escombros de la Franja, o retomando el curso escolar cada vez que Israel se lo permite en los otros territorios ocupados.

Una de las grandes dificultades que encuentran las organizaciones que trabajan en temas de salud mental con la infancia palestina es darles razones para querer vivir. La psiquiatra y psicoterapeuta palestina Samah Jabr, reconocida internacionalmente por su especialización en trauma colonial, me explicó cómo trabajar con unos niños y niñas que viven en un estado de “estrés traumático permanente”, como los hicieron sus padres, madres, abuelos…

—La terapia tradicional presupone que las amenazas que han provocado el trauma han terminado, que ahora estamos a salvo y que hay un futuro esperanzador. Estas tres suposiciones no funcionan en Palestina. El trauma es repetitivo, nunca termina y trabajamos en condiciones donde no hay seguridad. A menudo, la terapia requiere mucha reestructuración cognitiva para corregir los sesgos. Pero la evaluación de la realidad de los niños en Palestina es muy precisa, saben lo que sucede y no hay nada que corregir. ¿Qué les decimos entonces? Que no están solos, los acompañamos. Se trata de centrarse en la capacidad de los niños para ayudarlos a encontrar un lenguaje con el que puedan expresar lo que les duele. Porque cuando empiezan a contar su historia, pasan de ser víctimas a testigos de su propia victimización. En este sentido, la pregunta incorrecta es qué te pasa. Lo terapéutico es preguntar cómo afrontas lo que te sucedió y cómo podemos ayudarte.

Y para quienes se preguntan qué pueden hacer por la infancia palestina, la doctora Jabr, con más de tres décadas de experiencia trabajando en los Territorios palestinos ocupados, tiene un mensaje:

—Lo que estamos sufriendo los palestinos es mucha maldad y la mejor terapia para eso no son las intervenciones psicoterapéuticas más sofisticadas. La mejor terapia para la maldad es la bondad humana. Sabemos que los gobiernos extranjeros no nos consideran humanos. Por eso no nos aplican la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sabemos que el derecho internacional es una mentira. Pero si los palestinos no nos hemos radicalizado, si no nos hemos vuelto agresivos hacia el mundo, es porque vemos la diferencia entre los gobiernos y los movimientos populares. La solidaridad es terapéutica. Y el movimiento de solidaridad global con Palestina mantiene nuestra conexión con la humanidad.

*El viaje a los Territorios palestinos ocupados citado en este análisis fue posible gracias a una beca DevReporter, de Lafede.cat, en colaboración con la ONGD Mundubat. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovecha el lanzamiento de una de sus leyes más ideológicas, la del "concebido no nacido", para presumir de su compromiso con las familias, las madres y la vida. Un vistazo a las políticas públicas desarrolladas en la región, sin embargo, evidencia que sus promesas tienen mucho eslogan y poco impacto. La comunidad ya cuenta con líneas de ayuda a la maternidad y la crianza, pero el paso de los años ha demostrado que el grueso de las mujeres quedan sistemáticamente excluidas. 

La medida estrella de la líder regional, en lo que respecta al embarazo, es la ayuda dirigida a mujeres de hasta 30 años. Según las previsiones de la presidenta hace cinco años, cuando anunció la iniciativa, el ingreso de 500 euros al mes para madres hasta que sus hijos cumplan dos años podría llegar a unas 14.000 mujeres cada año. La realidad es que llega a la mitad.

Según datos oficiales, en el año 2025 el gobierno regional concedió 6.082 ayudas de este tipo. Ese mismo año, se registraron un total de 11.236 partos de mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 29 años. Es decir, al menos un 45,9% de esas madres se quedaron al margen de la prestación.

Los requisitos trazados por los conservadores en la comunidad explican, en parte, las limitaciones de la ayuda y su alcance relativo. Para obtener el ingreso, además de no haber cumplido la treintena –en este punto cabe destacar que la edad media en términos de maternidad no ha dejado de aumentar en la región–, las mujeres solicitantes deberán tener nacionalidad española o residencia legal en el país, estar empadronadas en la comunidad y haber residido en ella durante al menos cinco años. Con este telón de fondo, las principales perjudicadas son las mujeres extranjeras. 

En respuesta a una pregunta formulada por Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el gobierno autonómico reconoce que el año pasado fueron denegadas el 37,4% de las solicitudes presentadas por mujeres extranjeras, mientras que en el caso de las españolas la tasa de rechazo desciende hasta el 22,8%. Un año antes, el 21,8% de las peticiones formuladas por extranjeras no pasaron el filtro administrativo, diez puntos por encima en comparación con las solicitantes españolas. 

Pero, además, las cifras relativas a los dos últimos ejercicios muestran una tendencia preocupante: mientras que las solicitudes han descendido –pasando de 10.127 hace dos años a 8.278 el año pasado–, el porcentaje de rechazo ha crecido –del 14,17% al 26,5%–. Morales cree que los datos no solo constatan el fracaso de una medida anunciada como estrella, sino que además dan cuenta de un sesgo profundamente "racista". 

La literatura científica demuestra que la carga administrativa funciona como una barrera de acceso a derechos formales. A mayores requisitos, menor es la demanda, especialmente entre los grupos vulnerables. Una trabajadora social que tramita este tipo de ayudas confirma a este diario que el requisito de padrón con exigencias residenciales tan estrictas suele dejar fuera a las personas extranjeras. La misma fuente también destaca que el ingreso "tarda más de seis meses" en llegar desde que se confirma la ayuda.

Morales cree importante destacar que las políticas públicas enfocadas a la maternidad y la crianza están además atravesadas por un sesgo "clasista". Para explicarlo, sitúa la mirada en otra ayuda concreta: aquella pensada para la contratación de empleadas del hogar. "Aquí no se pide ni residencia legal, ni antigüedad alguna en el empadronamiento", subraya la parlamentaria. Todo, añade, "para pagarle a las familias pudientes una trabajadora doméstica". La subvención fija un requisito económico de 30.000 euros al año por cada miembro de la unidad familiar. Es decir, una familia con tres hijos e ingresos de 150.000 euros al año podría acceder a ella. El año pasado se concedieron 1.160 ayudas de estas características por un valor de 2,2 millones de euros.

Otro de los grandes anuncios de Ayuso tiene que ver con la prestación por nacimiento múltiple. En 2024, último ejercicio con datos, las solicitudes aprobadas se quedaron tan solo en 210. "El presupuesto pasó de tres millones a solo un millón porque las solicitudes son bajas y las aprobaciones aún más", denuncia Morales. 

Pero además, reflexiona la diputada, mientras la presidenta de la comunidad hace gala de su compromiso por la vida y la maternidad, son muchas las familias que se quedan en los márgenes. La Comunidad de Madrid desarrolló hace cuatro años una línea de ayudas destinadas a familias con menores en cuidados paliativos, financiada con 2,5 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation. Cuando los fondos se agotaron, la ayuda finalizó. En 2023, las solicitudes fueron 3.863, pero solo se concedieron 609. Es decir, únicamente el 15,7% del total.

El año pasado, la Comunidad anunció su intención de dar continuidad a esta prestación, aprobando nuevas ayudas para familias con hijos atravesados por patologías crónicas de alta o extrema complejidad. El presupuesto fijado es medio millón inferior al que procedía de los fondos europeos. "Saben de sobra que con esa dotación económica lo que van a vender es humo a las familias que peor lo están pasando, las que tienen a sus criaturas en cuidados paliativos", lamenta Morales. 

Por otro lado, el gobierno madrileño cuenta con ayudas individualizadas de desayuno escolar, un apoyo pensado para las familias más vulnerables cuyo impacto, sin embargo, está también en cuestión. Según la Plataforma de Infancia regional, la pobreza severa infantil alcanza porcentajes del 13,1% en la región, lo que se traduce en cerca de 150.000 niños, niñas y adolescentes en esta situación. Frente a estas cifras, la comunidad ha concedido para el presente curso escolar solamente 1.523 ayudas de desayuno escolar.

El Gobierno daba, hace unos días, una de las mejores noticias a las educadoras de 0 a 3 años, colectivo que lleva desde abril denunciando la precariedad y las condiciones en las que desempeña su trabajo. El Ministerio de Educación puso sobre la mesa una propuesta a los sindicatos para reducir a la mitad las ratios en el primer ciclo de Infantil, una medida que, según la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), va a permitir “ganar en salud emocional y física, además de poder dar la calidad e individualidad que necesitan los niños en esta etapa”.

La propuesta fija unas ratios muy inferiores de las actuales. En el curso de 0 y 1 año pasarían de 8 a 4 niños por educadora; en el de 1 a 2 años, de 14 a 8; y en el de 2 a 3 años, de hasta 20 a solo 8. “Estas relaciones numéricas serán de aplicación desde el curso escolar 2027/2028 para el primer curso del primer ciclo de la etapa y para su aplicación progresiva en los siguientes cursos escolares a los cursos segundo y tercero del primer ciclo, siendo de plena aplicación al comienzo del curso académico 2029/2030”, señala el texto. 

Aunque la medida ha sido recibida como una buena noticia, todavía quedan aspectos clave por definir, especialmente la financiación y la fórmula para hacer posible su aplicación. El Ministerio de Educación todavía no ha detallado estos aspectos, pero los datos actuales permiten estimar el alcance de las necesidades que habría que cubrir para alcanzar esas ratios.

La reducción de ratios planteada por Educación obligaría, en otros niveles, a abrir nuevos grupos allí donde las aulas superen los nuevos máximos. En el primer ciclo de infantil, sin embargo, la lógica es distinta: la existencia de la pareja educativa permitiría cumplir las nuevas ratios incorporando más educadoras a los grupos ya existentes.

A partir de la propuesta del ministerio y de los datos oficiales de escolarización y ratios vigentes, infoLibre ha calculado que la aplicación de las nuevas relaciones máximas de alumnado por educadora exigiría incorporar más de 41.800 nuevas profesionales, lo que representa un incremento del 125% respecto a la necesidad actual.

La matrícula nacional correspondiente al curso 2024-2025, según los últimos datos disponibles, asciende a 488.543 niños y niñas escolarizados en el primer ciclo de Educación Infantil. Según la distribución del alumnado por edades y de las ratios máximas vigentes en cada comunidad autónoma, el sistema requiere actualmente 33.582 educadoras. Con la implantación de las nuevas ratios, esa necesidad se elevaría hasta 75.415 educadoras, lo que obligaría a contratar 41.833 profesionales adicionales.

El aumento de personal no sería homogéneo y se concentraría en las comunidades con mayor volumen de alumnado de 0 a 3 años. Andalucía sería el territorio con mayor incremento, con 9.154 educadoras adicionales, seguida de Madrid (7.680), Cataluña (6.392) y la Comunitat Valenciana (4.470). A continuación aparecen Galicia (2.396), País Vasco (2.016), Castilla y León (1.862) y Castilla-La Mancha (1.819). En conjunto, estas ocho comunidades concentrarían alrededor de tres cuartas partes del incremento total de plantilla que se debería contratar para cumplir los nuevos ratios.

La propuesta del Gobierno no se limita al primer ciclo de infantil. También plantea reducir las de Primaria de 25 a 22 alumnos por aula; las de la ESO, de 30 a 25; y las de Bachillerato, de 35 a 30. En los dos primeros casos, un estudio del centro de políticas económicas de Esade ya ha calculado que su aplicación obligaría a habilitar 69.000 aulas y a incorporar unos 103.000 docentes a jornada completa.

¿Qué nos ha pasado? Cuando Francia creó la escuela infantil, fue para acabar con los asilos infantiles, esas guarderías inhumanas donde las trabajadoras dejaban a sus hijos y en las que la disciplina se imponía a varazos. En aquella época, una pedagoga excepcional, Pauline Kergomard, hablaba de “crímenes de lesa infancia”. Bajo su influencia, en 1881, Jules Ferry instituyó verdaderas escuelas para los más pequeños, definidas así por decreto: “Las escuelas infantiles son establecimientos donde los niños […] reciben los cuidados que exige su desarrollo físico, intelectual y moral”.

Ese modelo ha sido motivo de orgullo para Francia durante más de un siglo. Pero el país descubre ahora, horrorizado, que hoy se cometen “crímenes de lesa infancia” entre esas mismas paredes, de una forma que parece cada día más sistémica, en momentos que escapan al control del Ministerio de Educación y de los que hasta ahora nadie parecía preocuparse.

Hablamos de las horas de la comida y de la merienda, de los miércoles por la tarde y de las vacaciones, cuando las escuelas se transforman en centros de ocio. Los alumnos son confiados masivamente a monitores contratados por las administraciones locales, que no destinan los medios necesarios. Profesionales que —con demasiada frecuencia— no lo son realmente por falta de títulos, formación y controles.

Este “escándalo de las actividades extraescolares” —que también afecta a las escuelas primarias, aunque en menor medida— no deja de extenderse desde hace meses. Tras estallar en París hace ya un año, se ha propagado de Montpellier a Ruán, del pueblo de Morigny-Champigny, en Essonne, hasta Marsella, siempre con las mismas causas y los mismos efectos. Las mismas negaciones que generan las mismas catástrofes.

Es demasiado pronto para saber si los casos de violencia en las actividades extraescolares se han disparado en los últimos años. Sin duda, esa violencia ya estaba ahí, en todas sus formas —sexual, física y psicológica—, poco visible y apenas cubierta por los medios. Pero desde hace un año, la atención prestada a los niños, empezando por sus propios padres, se ha multiplicado por diez. Y las denuncias, en particular por abusos pedófilos, aparecen por todas partes.

Solo en la capital, según la Fiscalía de París, “un centenar de escuelas infantiles” —es decir, una de cada tres—, son objeto de investigaciones judiciales, así como “una veintena” de escuelas primarias y “una decena” de guarderías. Una ola sin precedentes. El martes 26 de mayo comenzó el juicio contra David G., un monitor acusado de una serie de agresiones sexuales en la guardería Baudin, en el distrito XI de París, el primer caso que prendió la mecha en abril de 2025.

Casi diez años después del #MeToo, este escándalo se suma a las denuncia de los delitos de pedofilia en la iglesia y en el deporte, después al #MeTooIncesto, y finalmente al “caso Bétharram” del año pasado, que permitió abordar los abusos cometidos en el ámbito escolar, en particular en los centros privados.

Aunque la mayoría de los abusos sexuales a menores se producen en el seno de la familia, siendo la iglesia la segunda institución más afectada, lo que ocurre hoy es, desde un punto de vista estadístico, una consecuencia lógica: la sociedad y sus medios de comunicación siguen ampliando la lista de lugares donde las víctimas son niños.

En Francia, de los 5,4 millones de adultos que sufrieron abusos sexuales durante la infancia, unos 170.000 fueron agredidos “por una persona que trabajaba en una escuela pública”, según estimaciones recogidas por la Ciivise, la Comisión Independiente sobre el Incesto y los Abusos Sexuales contra los Niños.

En este escándalo de las actividades extraescolares públicas encontramos ingredientes idénticos presentes en casos anteriores: la negación de la violencia y el silenciamiento de los niños; un sistema (des)organizado para no escuchar; alertas ignoradas, cuando no directamente ocultadas. Pero también tiene particularidades propias, retos específicos y lecciones que extraer.

En primer lugar, en el plano jurídico, algunas lagunas parecen urgentes de subsanar. En su investigación sobre las actividades extraescolares, Les Rois du silence (Los reyes del silencio), publicado el 21 de mayo por Robert Laffont, la periodista Victoire Haffreingue-Moulart recuerda que un ayuntamiento puede optar por no declarar su servicio extraescolar como “acogida colectiva de menores”.

En ese caso no tiene acceso a las subvenciones de la Caja Nacional de Prestaciones Familiares, pero se libra de una serie de obligaciones legales, entre ellas el cumplimiento de las ratios de personal y el control obligatorio de antecedentes penales del equipo. Lo mismo ocurre en el sector privado. Una aberración.

La Ciivise considera que esta "segmentación" del sector constituye un factor de riesgo y reclama, en un dictamen publicado a finales de abril, "la implantación de un protocolo nacional de declaración y control de las actividades extraescolares". También defiende la creación de "un circuito único de denuncia" que permita "acabar con la cultura del ‘arreglo local’ y con la ley del silencio".

Reforzar el sector de la animación se convierte también en una evidencia, empezando por su formación, incluida la de sus responsables. Resulta inaceptable que estos profesionales estén tan poco formados en la detección y prevención de la violencia, así como para cumplir sus obligaciones de denuncia. Evidentemente, eso cuesta dinero.

Más allá de estos temas organizativos, el escándalo de las actividades extraescolares nos dice algo esencial. Pone de manifiesto, de forma masiva, la violencia infligida a los más pequeños, aquellos que aún están dando sus primeros pasos en el lenguaje, que no dominan bien sus relatos y cuya palabra se considera aún menos creíble.

Veinte años después del fiasco judicial de Outreau, algunos especialistas proponen hablar de un #MeTooNiños o de un #MeToo de la primera infancia.

Como la sociedad sigue asociando la pedocriminalidad a la sexualidad más que como un sistema de dominación, le cuesta menos considerar la hipótesis de que un hombre haya violado a una adolescente que la de que haya agredido a una niña de infantil que acaba de levantarse de la siesta y a veces todavía lleva pañales. Tras algunas dudas, algunos padres denunciantes decidieron compartir las crudas palabras de sus hijos en los medios de comunicación para poner fin a la eufemización colectiva de delitos descritos durante demasiado tiempo como “jugar a los médicos”.

“La violencia sexual comienza muy pronto”, ha subrayado siempre la Ciivise. En los casos de incesto, comenzó antes de los 10 años en tres cuartas partes de las víctimas. En la escuela pública, es un tercio de los casos.

Las estadísticas publicadas el pasado mes de noviembre documentaron incluso lo impensable: en 2024 fueron atendidos en unidades médico-judiciales por abusos sexuales 614 bebés de entre 0 y 2 años —víctimas identificadas y denunciadas—, a penas la punta del iceberg. Cuatro meses antes, había estallado un escándalo de malos tratos a bebés en el servicio de neonatología del hospital de Montreuil. En marzo, Mediapart también reveló las sospechas que pesaban sobre un educador de primera infancia que trabajaba en una guardería.

Pero, ¿hemos puesto en marcha mecanismos para escuchar a los más pequeños? Incluso el famoso protocolo de entrevista denominado NICHD, para el que aún no están formados demasiados miembros de las brigadas de protección de menores, resulta inadecuado para niños y niñas de cuatro años.

En cuanto a los pequeños que no se expresan verbalmente, ya sea por su edad o por una discapacidad, no hay otra solución que escuchar sus dolencias y síntomas en lugar de sus palabras. Pero, en este ámbito más que en ningún otro, la justicia no sabe hacerlo, o lo hace muy poco. Las instituciones adolecen de una falta acuciante de unidades hospitalarias especializadas en la atención a víctimas menores (las valiosas UAPED). Al menos desde hace un año, la sociedad está aprendiendo a mirar de frente en lugar de apartar la vista.

Otra lección del escándalo es que desde hace años monitores y monitoras vigilantes alertaban, tanto en París como en otros lugares, sobre la magnitud de la violencia física, verbal y psicológica ejercida por algunos de sus colegas en las actividades extraescolares. El único resultado era acabar marginados o incluso apartados.

También llevaban años —hay que decirlo— sin que eso importara a unos padres demasiado ocupados, todavía insensibles al daño psíquico que genera la violencia educativa cotidiana y que, a veces, la practican ellos mismos, si nos fiamos de los alarmantes resultados de las encuestas periódicas de la Fundación para la Infancia.

Pero los especialistas no dejan de repetirlo: la violencia contra los niños forma un continuo en el que se inserta y anida la pedocriminalidad. Las violaciones y las agresiones no son más que una herramienta de dominación dentro de toda una panoplia destinada a "reducir al otro a su cuerpo y tomar posesión de él", según la Ciivise. El motor no es tanto el sexo como la violencia. Son dimensiones patriarcales y adultistas que se refuerzan mutuamente.

Admitir que adultos del ámbito extraescolar puedan, pervirtiendo su posición de autoridad, gritar, zarandear o humillar equivale, por tanto, a preparar el terreno. Todo abuso de poder acostumbra a los niños, los desarma frente al veneno de la sumisión y les priva de la capacidad de identificar conductas transgresoras.

En este sentido, resulta revelador que el monitor procesado el 22 de mayo en París por sospechas de violaciones a alumnos de infantil, que lleva tres noches entre rejas, ya hubiera sido denunciado por padres en otoño de 2025 por gritar de forma insoportable a alumnos de apenas 3 años. Igual de revelador es que el Ayuntamiento de París, como respuesta, se limitara a trasladarlo de distrito.

Ante este escándalo, que ya ha adquirido dimensión nacional, sería absurdo pensar que una bofetada conduce necesariamente a una agresión sexual, o que todas las formas de violencia son equivalentes. También sería preocupante que las comunidades de padres y los colectivos profesionales —extraescolares y docentes— cayeran en una lógica de desconfianza generalizada.

Pero seamos claros: la confianza a priori es un sinsentido estadístico en un país donde cada año 160.000 menores son víctimas de violencia sexual. Más allá de un cambio de paradigma en la forma de ver a los niños y sus derechos inalienables (reclamado por cada vez más activistas de la infancia), lo que necesitamos construir es una sociedad de vigilancia colectiva: no una sociedad de vigilantes, sino de personas que escuchan y que indagan.

"Solo sé que no sé nada", decía Sócrates. En materia de delitos contra menores, sí sabemos. Escándalo tras escándalo, aprendemos. Recordemos, pese a todo, que seguimos sin saber nada.

Traducción de Miguel López

Cuando el falso síndrome de alienación parental (SAP) comenzó a emerger en los juzgados, no fueron pocas las voces expertas que advirtieron de su trasfondo: la criminalización sistemática de las madres que buscaban proteger a sus hijos, especialmente en contextos de violencia de género. Aquella advertencia no cayó en saco roto, sino que tuvo calado en la legislación: hace ahora cinco años, el uso de este instrumento quedó prohibido por la ley de protección a la infancia, un veto que ha sido esta semana reforzado a través de la aprobación de un anteproyecto de reforma que busca extinguir esta práctica. 

El legislador despliega todas las herramientas a su alcance para desterrar definitivamente el falso síndrome de los tribunales, pero a lo largo de los años este se las ha arreglado para sobrevivir, sorteando las adversidades. Tiene algunos cómplices: los operadores jurídicos que creen firmemente en su existencia, a pesar de la carencia de base científica y de los reproches sostenidos por parte de las entidades internacionales especializadas.

Con este telón de fondo, el reto pasa por definir cuál es la manera de acabar con un falso síndrome que tiene mucho que ver con sesgos todavía muy presentes en la judicatura. Las juristas lo tienen claro: formación y sanciones.

Así lo explica la abogada Altamira Gonzalo. "Sanciones disuasorias y formación. Sin esos dos instrumentos se seguirá aplicando, porque es una manera de pensar, una ideología", introduce en conversación con infoLibre. El SAP, añade, existe en "muchas ocasiones aunque no se le mencione: cuando se utilizan prejuicios o se tilda a las mujeres de manipuladoras". 

El falso síndrome no solo hace acto de presencia en las resoluciones judiciales, sino también en los argumentos de las defensas o en los informes psicosociales que evalúan a los menores. Incluso en jornadas divulgativas dirigidas a profesionales, muchas veces bajo eufemismos que buscan darle una apariencia de rigurosidad e imparcialidad.

"Normalmente, cuando leemos un informe psicosocial o una sentencia, enseguida vemos cuándo se tiene formación y cuándo se ha aplicado el falso síndrome, aun sin mencionarlo", añade la jurista. 

Violeta Assiego, abogada y exdirectora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, insiste en que hablar del falso síndrome de alienación parental conlleva necesariamente hablar también del interés superior del menor y del derecho a ser escuchado. Es, a su juicio, una tríada indisociable. "Se utilizan muchas fórmulas para decir lo mismo: que las madres obstruyen, sobreprotegen o interfieren en el testimonio del niño", una creencia que condiciona "el derecho del niño a ser escuchado, porque al final se resta credibilidad al testimonio". 

El problema, coincide, tiene mucho que ver con la especialización. "Se necesita un grado de especialización en el que estas tres variables se aborden por gente muy especializada. Lo que está pasando es que personas sin cualificación en estas especialidades están tomando decisiones influidas por sesgos". 

El SAP quedó prohibido en la ley de protección a la infancia, hace ahora cinco años, pero el principal escollo identificado en este lustro ha sido la extraordinaria capacidad de adaptación y supervivencia de este instrumento en los pasillos de los tribunales. Tal vez ya nadie hable de ningún síndrome, pero el espíritu de la herramienta sigue enquistado en el sentir de muchos operadores jurídicos.

Un informe publicado el año pasado por Themis Mujeres Juristas se hacía eco de la existencia de métodos "similares a los utilizados en el falso síndrome de alienación parental (SAP) en los servicios de coordinación de parentalidad". En el 15,26% de las sentencias analizadas por las autoras, en las que se establecía la intervención de coordinación de parentalidad, existían antecedentes de violencia de género.

Lo cierto es que Naciones Unidas ha señalado a España en diversas ocasiones precisamente por la aplicación, directa o indirecta, de este falso síndrome en los tribunales. El Defensor del Pueblo también puso la lupa sobre el problema hace ahora dos años y subrayó que las madres siguen dándose de bruces contra un muro institucional que obstaculiza la protección de sus hijos y las revictimiza. 

Pero si el falso síndrome ya está prohibido por ley y pese a ello se sigue aplicando, ¿cuáles son las novedades que plantea la reforma y cómo prevé enyesar esa brecha entre la legislación y la realidad material de los juzgados?

La primera gran diferencia entre la nueva propuesta y la redacción actual es puramente semántica. La ley actual fija que los poderes públicos tomen "las medidas necesarias para impedir" este tipo de planteamientos, mientras que la reforma introduce una prohibición expresa y literal, según el texto consultado por este diario: "Queda prohibido el uso de planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental o cualquiera de sus reformulaciones". 

En caso de salir adelante, la modificación blinda que "no podrá ser utilizado en ningún procedimiento, judicial, administrativo o de otra clase, cualquier tipo de informe, bien sea de una entidad pública o privada, basado en estos planteamientos o en cualquier prejuicio que genere discriminación". Y de hecho estipula que "las resoluciones en las que se tenga en cuenta este tipo de planteamientos podrán ser impugnadas".

En los puntos de encuentro familiar, uno de los espacios donde las mujeres expresan mayores índices de violencia institucional, se establece que los profesionales deberán contar con "formación especializada en perspectiva de infancia, género, interseccional, trauma, enfoque de derechos humanos, violencia de género, violencias sexuales y violencia sexual en el ámbito familiar". En caso de que la entidad gestora del punto de encuentro no cumpla con los criterios contemplados en la ley, "especialmente en cuanto a la aplicación por parte de sus profesionales del síndrome de alienación parental", se procederá a la "resolución del contrato". A nivel formativo y en términos generales, la nueva norma apuntala el principio de diligencia debida "incidiendo en la prohibición" del falso síndrome.

Pero la reforma no perfila sanciones concretas. Tal y como confirman fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, "la ampliación hace una prohibición expresa, más garantista y que abre la puerta a la impugnación de las resoluciones donde se utilice", pero "no tiene régimen sancionador específico". 

Es uno de los puntos débiles que detectan algunas expertas.

"Si no se establecen sanciones para aplicar en caso de incumplimiento, la medida es totalmente ineficaz, se queda simplemente en una declaración de intenciones", introduce Altamira Gonzalo.

Asiente la jueza Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La magistrada se apresura a destacar que la prohibición "ya estaba vigente desde 2021", momento en el que se introdujo la necesidad de trabajar sobre un "régimen sancionador, pero no se consiguió". La posibilidad de impugnar resoluciones no está, en su opinión, a la altura. "¿Cuál es la consecuencia para el profesional, de la psicología, la psiquiatría, incluso forense, que lo aprecia en sus informes? Ninguna. Entonces no hay régimen sancionador y es lo mismo que había antes: una prohibición sin sanción", lamenta.

Rosell aclara que tanto las expertas que trabajaron por sacar adelante la primera ley, como aquellas que han puesto su grano de arena a la hora de moldear la presente reforma, "querían ir más allá, pero no se ha conseguido".

Assiego, en cambio, expresa dudas respecto a las sanciones como principal fórmula para erradicar el uso del síndrome. "El SAP ha permeado totalmente en el sistema y eso con una sanción no se resuelve", reflexiona. A su juicio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería llevar a cabo una "auditoría a los juzgados, para comprobar si las resoluciones judiciales están dando cabida" a esta noción. El Poder Judicial "tiene una responsabilidad de supervisión y debe velar" por el cumplimiento de la ley, enfatiza la abogada.

Este martes, el Consejo de Ministros dio un paso adelante en preservar los derechos de los menores tras aprobar la ampliación de la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia. Se pone así fin a las lagunas que presenta esta Ley Orgánica aprobada en 2021.

La reforma recoge varios cambios importantes que refuerzan el interés superior de los menores, poniendo énfasis en justificar cómo proteger mejor su bienestar físico, emocional y psicológico en los actos y resoluciones administrativas y judiciales.

La medida más destacada de esta ampliación de la ley es la obligación de escuchar al menor afectado sin tener en cuenta la edad, eliminando así la regla que establecía el derecho de escucha a partir de los 12 años o en menores con una “madurez suficiente”.

“La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia, por eso se eliminan las barreras que la dificultaban”, explicó Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, quien subrayó que la norma “pone en el centro el buen trato hacia las infancias” y plantea mecanismos claros y concretos para erradicar la violencia en la infancia.

Lucía Losoviz, responsable de Incidencia Política de Unicef España y en declaraciones recogidas por Efe, celebró también la medida, destacando que en estos procedimientos los menores “podrán estar acompañados por una persona de confianza y elegir el sexo de quien les entreviste, especialmente en casos de violencia o maltrato”.

Asimismo, los testimonios se recogerán a través de salas Gesell o Barnahus, lugares habilitados como entornos seguros para facilitar las declaraciones de los menores.

Por otro lado, la reforma de la ley impulsa la creación de un turno de oficio especializado en violencia contra los menores, con abogados formados en este tipo de delitos. La Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia contará con la capacidad de personarse ante casos de desprotección grave de los niños.

Unicef ha incidido en la importancia de que en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales se tenga que justificar e interpretar el interés superior del menor, “que dejará de ser una fórmula abstracta para convertirse en un principio con criterios claros”.

El nuevo texto incorpora una medida pionera: prohibir el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías similares que versan sobre la manipulación de uno de los progenitores sobre sus hijos para favorecer que rechacen al otro progenitor.

Rego lamentó que algunos tribunales se sirvan de estos planteamientos en resoluciones judiciales “para desacreditar a mujeres” y también por “la extrema derecha para golpear a las mujeres y al feminismo”.

España se convierte así en el primer país en prohibir el SAP por ley y las resoluciones basadas en este tipo de planteamientos podrán ser impugnadas.

A partir de ahora, si el menor expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá tenerlo en cuenta, investigarlo y poner en marcha las medidas pertinentes de protección para que, tal y como comentó Rego, “el niño y la niña viva en un entorno libre de violencia y alejado de sus presuntos agresores”.

La norma refuerza también que se negará la custodia compartida si existen indicios de que esta pueda afectar a la salud física, psíquica o emocional del hijo o hija. Por otro lado, solo será necesario el consentimiento de uno de los progenitores para que un niño o niña víctima de violencia pueda recibir atención psicológica, social o jurídica, evitando así que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación del menor.

Esta ley no aborda el régimen de visitas –algo que se hará en la ley de violencia vicaria–, pero sí establece criterios para poder estipularlas.

“A partir de la aprobación de esta ley, los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género serán también consideradas víctimas de violencia de género”, informó la ministra de Juventud e Infancia.

Por último, otra norma recogida en esta reforma es el endurecimiento de las condiciones para trabajar en entornos con menores, como centros educativos, clubes deportivos o espacios de ocio.

Ningún profesional que haya sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia podrá ejercer y seguir en contacto con menores en el ejercicio de sus labores.

“Los maltratadores no podrán trabajar con las infancias, quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así”, puntualizó la ministra.

6.467 niños llamaron el año pasado angustiados, pidiendo ayuda porque no querían seguir viviendo. Niños o adolescentes que tenían ya todo preparado, sabían cómo iban a hacerlo y estaban en una situación límite. Pero algo, en esos últimos instantes, les hizo marcar un número, el de ANAR, para pedir ayuda o para ser escuchados.

La cifra es terrible: detrás de ese número hay vidas, historias de niños o adolescentes que tienen toda la vida por delante pero que se sienten perdidos, sin horizonte, angustiados por un abuso, por un acoso escolar, por no sentirse protegidos o admitidos en un entorno.

La conducta suicida de menores de edad se ha convertido, por cuarto año consecutivo, en el principal problema atendido por las Líneas de Ayuda ANAR. Cuentan que de esos 6.467, 1.405 ya habían iniciado el intento de suicidio. Es ahí cuando los psicólogos activan todos los protocolos, con avisos a emergencias para que acudan a ese lugar, a ese domicilio o a donde estén, para evitarlo, mientras esa persona intenta mantenerlo al teléfono, hablando con él o con ella, escuchándole y buscando tiempo, un tiempo valiosísimo.

No somos conscientes de todo lo que eso supone y hoy quiero ponerlo en valor aquí. Profesionales que cada día escuchan historias terribles y que brindan su ayuda, de la mejor forma posible, salvando vidas.

Ellos, los trabajadores de ANAR, piden ayuda. Porque esos 6.467 niños o adolescentes sufrían algún tipo de violencia. Y eso sólo se soluciona trabajando no sólo con ellos, sino con el entorno. Con sus familias, con los centros escolares, con los amigos…

Pero nos hemos quedado con la punta del iceberg. Esa cifra representa los casos más graves que atendieron sólo el año pasado. La fundación ANAR recibió casi 20 mil llamadas. 20 mil llamadas de niños o adolescentes que no tenían con quién desahogarse, que habían sufrido algún tipo de violencia, que tenían ansiedad, que estaban tristes…

Hay muchos motivos detrás de ese aumento, detrás de esas llamadas. Y seguramente, en cada historia, los matices son fundamentales. Pero hay patrones que se repiten, que empiezan a suponer un repunte en este tipo de conductas y que tienen mucho que ver con las redes sociales. Se han convertido en un espejo en el que es imposible reconocerse. Hay vidas perfectas, viajes perfectos, cuerpos perfectos que son irreales e inalcanzables. Que generan frustración y muchísima ansiedad. Necesidad de ser algo que jamás será posible. Y que sería, incluso, perjudicial. Necesitamos gente diferente, cuerpos diferentes, vidas diferentes porque, en la diversidad, podremos crecer, aceptarnos. Y esto sí que tiene una fácil solución. Sabemos cuál es.

Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se celebrará por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a EFE. 

El encuentro pretendía abordar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías después de un año de funcionamiento del sistema.

La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera su convocatoria "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez. 

Sí han acudido a la reunión de forma presencial representantes del Gobierno autonómico de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que Ceuta se ha conectado por videoconferencia. 

En un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, Dávila ha señalado que no acudiría a la reunión, que iba a ser presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, porque ha sido convocada de forma ilegal, ya que el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades. 

Y ha cargado contra el Gobierno por querer continuar con lo que ha calificado como un "reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad": "No se me ocurre nada más inhumano", ha lamentado.

Sira Rego ha asegurado este miércoles que la acogida corresponsable de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades sigue adelante pese al intento del PP de bloquear este sistema y su plantón este miércoles en la sectorial que iba a tratar este asunto. En declaraciones a los medios, Rego ha calificado de "absolutamente lamentable" la actitud del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Rego ha manifestado su "profunda indignación" frente a un PP que, en su opinión, recurre al bloqueo procedimental porque "son incapaces de decir lo que realmente está sucediendo y es que es un partido que está abrazando las tesis racistas" y en contra de los derechos de la infancia.

En cualquier caso, la ministra ha aclarado que esta era una cita en la que se iba a informar a las autonomías sobre un nuevo real decreto para actualizar la capacidad ordinaria del sistema de acogida de las comunidades y dar continuidad al modelo. Y, aunque no se haya celebrado la reunión, las comunidades se dan por informadas, lo que permite jurídicamente al Gobierno "con todos los avales", seguir con la formulación del real decreto, que, ha garantizado, irá "de manera inminente" al Consejo de Ministros. 

La Cañada sigue a oscuras. Lo que comenzó como un corte del suministro de la red eléctrica el 2 de octubre de 2020, en plena pandemia, se mantiene desde hace más de cinco años en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que discurre por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid. Pero, de las 4.500 personas que viven allí, 1.800 están sufriendo algo que, en muchas ocasiones, es lo único que han conocido. 

Los niños y adolescentes de la Cañada sufren las consecuencias económicas, sociales y políticas de vivir apartados del mundo. Pero la posibilidad de salir de allí cada vez se hace más pequeña. Con la falta de electricidad, el ascensor social más efectivo de la democracia, la educación, se rompe ante una realidad: en la oscuridad y en el frío, no hay quien estudie. 

La excusa de Naturgy para dejar a toda una población sin luz fue que en el asentamiento había sobrecargas en la red debido a varios enganches ilegales. No ha habido soluciones reales, a pesar de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha establecido que se están violando derechos fundamentales como el de tener una vivienda digna. En este mismo escrito, se recoge que el Estado no está garantizando el derecho a la educación de la población de la Cañada. 

Precisamente, en la Cañada hay muchos que ni siquiera pueden ir a la escuela. Según un informe de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander, recogido por Vallecas Va, tan solo un 20% de los niños entre tres y seis años están escolarizados y de doce a dieciséis, solo el 24%. Los jóvenes tampoco pueden acceder a un centro que sea próximo, sino que se mueven hacia otras zonas madrileñas como Villa de Vallecas, Rivas-Vaciamadrid o Perales del Río, en Getafe, con alrededor de 1.296 desplazamientos diarios, según este mismo estudio. 

De ellos, no muchos logran superar la etapa. La falta de recursos en casa también hace que el abandono de la escuela llegue pronto. “Muchos de los chavales ven más viable ponerse a hacer una FP y quitarse los estudios rápido o directamente ponerse a trabajar para ayudar en casa”, cuenta María, profesora de un instituto de Vallecas, que escolariza a varios jóvenes de la Cañada. 

Tampoco si se quedan es fácil. Según el informe La Cañada Responde, realizado por el Centro Sira, junto al Grupo de Acción Comunitaria, un 78,4% de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Cañada Real tienen o han tenido dificultades en el aprendizaje y en su proceso educativo debido al corte del suministro eléctrico. Los propios familiares de los jóvenes acreditan en el estudio que sus hijos han empeorado su rendimiento y que su actitud frente a los estudios ha ido cambiando a peor. 

La propia forma en la que ha evolucionado la educación supone un problema para estos jóvenes. Ahora, con las nuevas tecnologías, tener una conexión a internet es casi indispensable para poder rendir en la escuela. De los libros de texto se ha pasado a los PDF y de los deberes a mano a las actividades interactivas. Algo que en la Cañada es prácticamente imposible. Y eso, en la escuela, se nota. 

Un 92% de la población en la Cañada tiene dificultades para realizar acciones que ahora nos resultan tan naturales como acceder al wifi o cargar el móvil, según el estudio de La Cañada Responde. “En la educación me ha afectado mucho. Justo antes de que cortaran coincidió con la pandemia y era todo online, así que tenía muchos problemas para poder cargar el ordenador e iba fatal el generador”, cuenta una de las entrevistadas por el Centro Sira.

“El acceso a poder estudiar en invierno a partir de las cinco y media de la tarde, o a poder tener internet para consultar o para realizar trabajos o aprender, está completamente delimitado”, explica Gabriela López Neyra, coordinadora del Centro Sira. La propia dependencia de los alumnos durante la pandemia, que ha derivado en un mayor uso de las TIC en las aulas, ha hecho que aquellos alumnos que no puedan optar a una conexión se queden atrás.

Tampoco sus padres pueden hacer mucho más por ellos. Desde el Centro Sira cuentan a infoLibre que, al no tener acceso a la electricidad, las tareas de casa se acumulan y, para solucionarlas, necesitan más tiempo y esfuerzo. Hasta hacer la comida se convierte en una odisea. “La estructura familiar también se ve afectada porque quienes son los proveedores de recursos sufren un impacto derivado de la falta de suministro eléctrico y no pueden atender a sus hijos”, denuncia López Neyra. 

La posición socioeconómica de los padres también condiciona la forma en que los hijos afrontan los estudios. Según un estudio de la Fundación Foessa, los estudios de los padres tienen un impacto directo sobre los estudios de los hijos. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en este informe, el 80,2% de las personas cuyas madres tenían estudios universitarios alcanzaron su mismo nivel. Pero si por el contrario, la madre no tenía estudios primarios, la cifra se reducía al 4,6%. Es simple: si los padres han podido estudiar, los hijos podrán estudiar. Y si no ha sido así, se convierte en casi una misión imposible. 

La distancia también es un gran impedimento a la hora de mantener la motivación por la escuela. La Cañada no tiene un centro propio y a los que pueden ir, en Rivas, Vallecas o Getafe, están a kilómetros y kilómetros del asentamiento. 

Antes de que consiguieran tener un autobús –un derecho que lograron hace solo seis años–, los alumnos tenían que ir en coche (si sus padres podían llevarles) o a pie. Aunque ahora pueden ir en transporte público, la mejora no ha sido suficiente. Los trayectos que hacen los alumnos para llegar a sus centros de estudio pueden durar horas y horas, si es que los autobuses pasan. Muchos de ellos tienen que esperar y perder un tiempo que, en muchas ocasiones, no pueden permitirse. 

De hecho, María cuenta que varios de sus alumnos no siempre llegan a la hora de clase. De nuevo, no porque no quieran, sino porque no pueden. “La ruta de la Cañada es complicada. Hay chavales que tienen que estar una hora esperando el autobús, llega tarde o no llegan porque la ruta falla. Entonces tienen más faltas y más retrasos, pero está justificado. No es solo una cuestión de ‘me da igual el instituto’. Son muchas las razones por las que puede haber absentismo”, cuenta María al otro lado del teléfono. 

La propia situación en la que se encuentran los vecinos de la Cañada causa que concentrarse sea una misión imposible. El informe del Grupo Sira también pone nombre a lo que muchos se imaginan que sucede cuando se corta el suministro eléctrico. En un entorno así, afloran el miedo, la ansiedad y el estrés. En concreto, el 90% de los vecinos de la Cañada sienten tristeza prácticamente a diario. 

Todo ello acompañado de la discriminación. En el mismo informe, los investigadores encontraron –a través de entrevistas– que un 54,3% de la población de la Cañada percibe que el estigma sobre ellos se ha agravado. Algo a lo que contribuye (como todo) la falta de electricidad. 

La imposibilidad de mantener una higiene debido a la falta de agua hace que el rechazo de los otros se encuentre con “justificación”. A ello también se le añade la etiqueta de criminalidad impuesta y normalizada por muchos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a justificar los cortes relacionando delincuencia y Cañada como si se tratasen de sinónimos. La frase “tener los Porsche ahí aparcados, bien; pagar las facturas, no”, todavía resuena en el asentamiento.

“Hay toda una narrativa institucional y mediática que ha conseguido criminalizar a la Cañada y eso afecta a los chavales que viven ahí. Al final cuando llegan a otros entornos, no saben si va a ser un lugar seguro, acogedor o si les van a juzgar; y eso hace que vayan a la escuela con esa percepción”, zanja López Neyra. 

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en el mes de febrero a 810.928 hogares en los que viven 2.477.021 personas, con una cuantía media de la prestación de 545,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina de este mes ha ascendido a 472,2 millones de euros, según recoge EFE. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado este viernes en un comunicado que más de dos tercios de los hogares que reciben dicha prestación contaban con menores, en tanto que representan el 41% de los beneficiarios (1.013.102). Además, el 17% de los hogares eran monoparentales, es decir, que solo tenían un adulto (normalmente mujer) a cargo de los menores.

Las mismas fuentes explican que el IMV tiene "un marcado perfil femenino", ya que el 68% de los titulares (551.113) y el 53,4 % de los beneficiarios (1.323.208) son mujeres.

En febrero de 2026, había 122.921 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone que los hogares protegidos han aumentado un 18%, mientras que los beneficiarios han crecido un 18,1%, hasta los 379.731, y desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a casi 3,5 millones de personas.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, en febrero llegó a 560.800 unidades de convivencia, con una cuantía media de 66,1 euros por cada menor y de 119,9 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años. 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que "la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social siguen bajando en España, hasta la cifra más baja de la serie histórica, y también entre las mujeres". Añade que el IMV es "una herramienta decisiva para reducir esta vulnerabilidad y avanzar en igualdad" y recuerda que desde su puesta en marcha ha protegido a 1,9 millones de mujeres.

Un juzgado ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el entrenador de fútbol base de un club de Málaga que fue detenido por abusar sexualmente de varios menores, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y recoge EFE.

El hombre, de 55 años, fue arrestado por la Policía Nacional como supuesto autor de dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos menores de edad.

El entrenador se acogió a su derecho a no prestar declaración ante el juez de guardia, algo que sí hizo uno de los tres menores que presuntamente fue víctima de los abusos sexuales, mientras que el resto de menores lo irá haciendo en el transcurso de la instrucción.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Málaga, en funciones de guardia, fue quien decretó el ingreso en prisión del arrestado, que está investigado por la presunta comisión de abusos sexuales, una calificación provisional que se irá determinando de forma definitiva durante la instrucción.

La causa seguirá en la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es la competente en la investigación de este tipo de delitos cometidos sobre los menores.

La investigación se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones de su hijo, a través de mensajería instantánea, con un entrenador de fútbol en un tono "muy afectivo", que iba más allá de la relación deportiva entre ambos, según informó la Policía Nacional. Fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo sobre el vínculo que le unía con el ahora detenido, averiguaron que el menor había sido agredido sexualmente, según ha informado este miércoles la Policía en un comunicado.

Tras oír al menor, los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga detectaron otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores de edad.

Las pesquisas policiales apuntan a que uno de estos menores también fue víctima de agresión sexual y provocación sexual, que se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador, mientras que la tercera víctima solo habría sido objeto de provocación sexual.

El Club Deportivo Conejito de Málaga, con el que estaba vinculado el entrenador detenido, asegura que ningún miembro de la junta directiva ni del cuerpo técnico conocían los supuestos hechos "de extrema gravedad" que se están investigando.

En agosto de 2024 una joven de 17 años, que estaba embarazada de 39 semanas, dio a luz en Burgos. Tras pasar por una cesárea, nació un niño que pesó tres kilos y medio. Pero no fue madre ella sola, tuvo al bebé junto a un hombre de 52 años. 

El padre de la criatura le sacaba 35 años. Ese nacimiento es el de mayor diferencia de edad entre ambos progenitores siendo uno de ellos menor de edad que tuvo lugar en 2024 en España. Pero no es un caso tan aislado como pueda parecer. Cada año decenas de hombres mayores de 30 años dejan embarazadas a menores de edad en nuestro país. 

Solo en 2024 hubo 63 nacimientos de esas características. Es una de las conclusiones del análisis que ha realizado infoLibre de los microdatos de la estadística de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La situación es clara: aún hoy se producen numerosos embarazos de chicas menores de edad y en muchas ocasiones el padre de la criatura es mucho mayor que ellas.

Al fijarse en los últimos cinco años, entre 2020 y 2024 —último ejercicio para el que hay datos disponibles de la estadística del INE—, la cifra sube hasta 335 menores de edad que han sido madres con un señor de más de 30 años.

El caso de Burgos es el de mayor diferencia de edad. Pero no es el único. En 2024 hubo 25 nacimientos en los que uno de los progenitores era menor de edad y la diferencia entre ambos era de al menos 20 años. Los siguientes con mayor diferencia se dieron en Valencia, donde una chica de 17 años tuvo un hijo de un hombre de 51, y en Toledo, donde otra chica de 17 años tuvo un hijo de un hombre de 49.

El patrón suele ser siempre el mismo: la madre ocupa el papel del progenitor de menor edad. Así pasó en 23 de esos 25 casos. Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de la ONG Save the Children en España, explica que "hay una razón cultural" para ello. 

"Se debe a la desigualdad de género y a cómo se concibe al hombre y a la mujer en la sociedad. Es parte del heteropatriarcado. Las niñas y las adolescentes están hipersexualizadas y, además, existen los mitos del amor romántico entre un hombre adulto maduro y una chica joven que no se dan a la inversa", cuenta la experta.

Estos embarazos, además, es fácil que escondan casos de abuso sexual infantil. "A un hombre de más de 30 años con una chica menor de 18 les separa una diferencia muy grande. Habría que estudiar caso a caso, pero es raro que se den relaciones consentidas y seguras", explica Perazzo.

Lo cierto es que a pesar de que en los últimos años han disminuido los embarazos infantiles en España, siguen produciéndose casos preocupantes. Como desvelaba infoLibre, aún a día de hoy hay niñas de menos de 16 años que se quedan embarazadas y dan a luz a hijos de hombres adultos. Más de 50 casos de ese tipo en los últimos cinco años.

Si en lugar de analizar únicamente los casos de menores de 16 años se amplía a todas las menores de edad —la propia OMS considera como infancia a todas las personas por debajo de los 18 años—, los casos se multiplican. 

Como ya se ha mencionado, ha habido más de 300 casos de menores de 18 años que han tenido hijos con hombres de más de 30 años en los últimos cinco años. Pero, de la misma forma, si en lugar de esa edad para los padres, se considera a todos los que tienen más de 25 años, la cifra escala por encima de los 800 casos.

En los últimos cinco años 841 niñas y adolescentes menores de edad han tenido un hijo junto a un hombre que tenía al menos 25 años. No solo la cifra es elevada, sino que es muy superior al fenómeno contrario. En ese mismo tiempo ha habido 52 chicos menores de edad que han sido padres junto a una madre de al menos 25 años.

Lo mismo sucede con el dato de 56 casos de niñas de menos de 16 años siendo madres con hombres adultos. Por contra, solo en una ocasión un niño menor de 16 ha tenido un hijo con una mujer de al menos 25 años. Pasó en 2023, cuando una mujer de 35 años dio a luz en Ceuta a una bebé fruto de su relación con un niño de 14 años.

"Estamos hablando en todos los casos de cómo se enfrentan los y las adolescentes a la sexualidad y a las relaciones con personas adultas. Por tanto, va a existir un desequilibrio de poder y una relación desigual por la diferencia de edad y madurez. Pero en el caso de los chicos los casos son poco significativos. Las cifras de violencia hacia las mujeres muestran algo mucho más estructural y por eso es necesario que pongamos ahí el foco", explica Perazzo.

De hecho, la tendencia es clara y suele situar a los hombres como los que más tienen hijos con menores de edad. Cada año unos diez hombres mayores de 40 años son padres junto a chicas que aún no tienen derecho a voto. En 2024 se registraron 13 casos de ese tipo. Del mismo modo, las mayores diferencias de edad entre progenitores —sin tener en cuenta que uno de los dos sea menor— las protagonizan hombres mayores.

En 2024 en España hubo 45 nacimientos en los que el padre tenía 34, 35 o 36 años más que la madre. Ninguna mujer sacaba tantos años al padre de su criatura. La diferencia máxima en la que una mujer era mayor que el padre fue de 20 años.

El caso más descompensado se dio en Lleida, donde una mujer de nacionalidad guineana de 29 años dio a luz a un hijo de un señor español de 65 años. El nacimiento se produjo en el mes de noviembre, a las 39 semanas de embarazo y el niño, que pesó 3,56 kilos, era el cuarto hijo de la mujer.

Más allá de la problemática con los embarazos infantiles y las relaciones desiguales por la diferencia de edad, en España, en general, nacen cada vez menos niños y niñas. En los últimos diez años el descenso de nacimientos ha sido de un 25,63%. Pero mirando solamente a aquellos de madres menores de edad, la caída es aún mayor: un 47,75%.

A pesar del descenso, se trata de una realidad que persiste. Cada año unas 1.500 menores de edad dan a luz en nuestro país. Decenas de ellas se convierten en madres junto a hombres adultos. En otros muchos casos, no se registran datos del padre.

"Tener relaciones con esa desigualdad con personas adultas tiene un impacto en cómo se desarrollan y relacionan esas niñas en su adolescencia pero también para cuando sean personas adultas. Solo que siga habiendo una niña sufriendo esa situación es algo ya muy grave", remata Perazzo.

“Instagram es una droga. Básicamente, somos camellos”. Esta frase, escrita por uno de los ingenieros de Meta en un arranque de sinceridad en un chat interno de la compañía propiedad del oligarca tecnológico Mark Zuckerberg, resume hasta qué punto las grandes plataformas son conscientes del producto que manejan. De cómo está diseñado y qué daño causa.

No es de extrañar que este haya sido uno de los primeros argumentos utilizados por la acusación en el histórico juicio de Los Ángeles (California) que por primera vez ha sentado en el banquillo a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos.

Los documentos filtrados en litigios recientes pintan un panorama demoledor: las empresas no solo conocen los riesgos, sino que diseñaron sus productos para maximizar el compromiso adolescente aunque el coste fuera la salud mental de toda una generación. 

Un informe interno de TikTok, filtrado en 2024, lo admitía sin ambages: “Los menores no tienen una función mental ejecutiva para controlar su tiempo de pantalla”. Es decir: son incapaces de desconectar, atrapados en el scroll infinito.

En 2019, pruebas piloto encargadas por Facebook demostraron que los usuarios que abandonaban la red durante una semana mostraban niveles menores de depresión, ansiedad y soledad. La investigación fue cancelada. Un empleado dejó constancia de su inquietud: ocultarlo les haría parecer “compañías de tabaco” que sabían del daño de los cigarrillos y callaban. La comparación no puede ser más reveladora.

La pregunta ya no es si estas plataformas son adictivas, sino por qué, conociéndolo, no implementan frenos. La respuesta es simple: menos tiempo de pantalla significa menos anuncios, y menos anuncios significan menos ingresos. 

El caso de la plataforma de juegos Roblox recientemente denunciada en Australia, un país pionero en la legislación para regular el acceso a redes sociales, añade otra capa de horror porque se ha convertido en terreno de caza para depredadores que la utilizan para manipular a menores con el objetivo final de obtener concesiones de índole sexual, imágenes íntimas o incluso un encuentro físico. La exposición a contenido gráfico se suma a un ecosistema donde la seguridad infantil queda sistemáticamente supeditada al crecimiento de usuarios activos.

Regular este paisaje resulta endiabladamente complejo. En Estados Unidos, la Sección 230 protege a las plataformas de responsabilidad por contenidos de usuarios, creando un escudo legal casi impenetrable. Los litigios actuales intentan cambiar el foco: el problema no es solo lo que se publica, sino el diseño negligente y adictivo de las plataformas mismas. Pero probar causalidad directa entre un algoritmo y un daño específico es un objetivo que todavía nadie ha conseguido alcanzar.

Lo confirma la doctora en Psicología Silvia Álava. “Determinadas redes sociales están pensadas para hackear la atención del cerebro y que intentemos estar en ellas el máximo tiempo posible”. Algo particularmente dañino “en el cerebro de niños o adolescentes, que es muchísimo más sensible” y está lejos de haber madurado lo suficiente. 

No obstante, precisa, y aunque la ciencia nos dice que hay una correlación entre el uso del móvil y un incremento de los problemas de salud mental, sobre todo de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria, aún no tenemos un estudio que diga “que hay una relación causal”, solo que es “un factor de riesgo”.

Son, en todo caso, evidencias suficientes para que gobiernos de todo el mundo traten de poner coto al problema. La cuestión es cómo hacerlo. Una verificación de edad robusta requiere, para muchos, datos biométricos cuyo almacenamiento masivo plantea riesgos monumentales de ciberseguridad. ¿Qué empresa merece custodiar los rostros de millones de menores? ¿Qué ocurre cuando esa base se filtra?

Sin embargo, Mar España, responsable de Control Z y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), no tiene dudas. La prioridad tiene que ser la defensa del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud física y mental de los menores y, para hacerlo, asegura a infoLibre, el problema no es la privacidad.

Son precisamente las grandes plataformas, subraya, las que la están vulnerando al perfilar a los menores a edades tremendamente tempranas con un único objetivo: “Cuanto más pronto se enganchen a las redes, más vulnerables van a ser y más cautivos serán de los productos y servicios que estas grandes plataformas ofrecen”.

Ahora mismo “hay muchísimos menores de 14 años en TikTok y en Instagram” precisamente "porque las redes no están cumpliendo adecuadamente los principios de privacidad". “Hay que ir hasta el fondo” para proteger a los menores. “Igual que no pueden consumir alcohol o conducir un coche. Esto es incluso más perjudicial. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es cuando las personas creamos hábitos de comportamiento, nuestros valores y cómo nos relacionamos con el otro”. 

Las redes no son, además, el único problema. A todo esto hay que sumar las cajas de recompensa (loot boxes) en videojuegos que operan mediante refuerzo intermitente —exactamente como las tragaperras— pero se perciben como entretenimiento, no como apuesta. Detectar y regular esta mecánica hasta que el daño económico o la adicción están consolidados resulta extremadamente difícil.

Hay, además, cierta tensión constitucional: algunos sectores advierten de que la prohibición de acceso a los menores puede limitar oportunidades legítimas de participación juvenil. O lesionar otros derechos. Laura Davara, socia del despacho de abogados especializado en derecho digital que lleva su nombre, y experta en educación digital, considera difícil verificar la edad sin incumplir la normativa de protección de datos. 

No se puede pedir el DNI, pone como ejemplo, porque ”incumple el principio de minimización, que es esa obligación de únicamente recabar los datos mínimos necesarios para cumplir con la finalidad” que se persigue. Tampoco es fan de la implantación de controles parentales en los dispositivos porque dan “una falsa sensación de seguridad. Yo animo a poner en Google cómo saltar control parental: te salen varios tutoriales”.

El riesgo principal de una regulación, a su juicio, “es que se vulneren derechos fundamentales. En primer lugar, el derecho a la privacidad. Una cosa es poner límites y otra censurar o espiar: podemos estar hablando de situaciones tremendamente graves”. En juego están, además, la libertad de expresión y “el tema del tipo de mensajes que se pueden limitar. ¿Dónde pones el límite?”, se pregunta. “Es algo muy, muy peligroso”. 

Mar España discrepa. “Las plataformas sociales tienen medios de sobra para verificar la edad”. Y pone un ejemplo que conoce bien, de su etapa al frente de la AEPD. La única plataforma de distribución de porno que entonces decidió voluntariamente adaptarse a los criterios de la agencia usando servicios de verificación de edad que respetan la privacidad perdió el 85% del tráfico. Es decir: el servicio logró una efectividad de 8,5 sobre 10. 

Esto no va de si “les quitamos derechos o no les quitamos derechos”, añade la psicóloga Silvia Álava. Cuando “tenemos evidencia de que hay algo que no funciona bien, que puede provocar problemas, hay que regular su uso, porque lo primero es la protección de la infancia, y la infancia llega hasta los 18 años”.

Frente a quienes dicen que es imposible impedir completamente el acceso, porque siempre habrá quien se lo salte, otros manejan con soltura la analogía de la prohibición del alcohol a los menores. El valor de una ley no reside solo en su capacidad de vetar, dicen, sino en su función pedagógica y simbólica.

Cuando no existe regulación, el problema permanece invisible, relegado a la responsabilidad individual de padres superados por los acontecimientos. Legislar contra cajas de recompensa o acceso a contenidos tóxicos, en cambio, emite un mensaje inequívoco: “Esto no es inofensivo, es un riesgo documentado”. Desnaturaliza lo que la inercia social había normalizado —que un niño de diez años pase seis horas diarias en una red diseñada para adultos— y rompe la aceptación pasiva del daño.

Davara advierte, en todo caso, de que “esto no es una cosa solo de plataformas. Es algo tan grande y tiene tal nivel de implicaciones que se tienen que tener en cuenta muchos más factores. No es algo solo de las familias, de los menores, de los centros educativos, de las plataformas, de las administraciones públicas o de los gobiernos”. 

Tampoco debería ser, añade, “una cuestión solo de la edad. Si ponemos el foco solo en la edad, nos vamos a quedar cortísimos. Yo lo digo siempre: todos tenemos un cuchillo en casa y podemos utilizarlo para cortar el filete o para cortarle el cuello a la persona con la que convivimos. Y es el mismo cuchillo”. La cuestión es no dejar "utilizar un cuchillo a gente que no tiene el conocimiento" para hacerlo.

De ahí la importancia, subraya, de la “educación digital”. “Yo soy una de las mayores partidarias, pero de una educación digital de verdad”. Más que de nuevas normativas. Ya hay varias, recuerda, “que imponen obligaciones a las plataformas. No digo que sean perfectas, porque no lo son. Tampoco digo que no haya que imponer más obligaciones”, pero lo importante es hacerlas cumplir, en particular la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Gracias a esta norma, recuerda, se han impuesto multas cuantiosas por diseños adictivos.  

Es cierto, como sostiene esta abogada, que las prohibiciones se pueden sortear usando, por ejemplo, VPN de fácil acceso. Pero la mayoría de usuarios no poseen conocimientos técnicos ni voluntad de complicarse constantemente la vida. Si una medida evita que el 70% de menores accedan a contenido tóxico, aunque el 30% restante lo consiga, el impacto en salud pública seguiría siendo considerable, subrayan sus partidarios. 

Entre tanto, sin regulación, toda la carga recae en padres que deben competir contra equipos de psicólogos conductuales y diseñadores de experiencia dedicados profesionalmente a minimizar la adicción. No se debe “poner todo el peso únicamente en las familias”, explica Álava, aunque tengan un trabajo que hacer de acompañamiento y alfabetización digital. “Las plataformas también tienen que proteger a los menores”. Están hechas precisamente “para enganchar, saben perfectamente que hay contenido que es nocivo”. No solo porno, recuerda, al que los niños están accediendo con ocho años, sino también contenido acerca de cómo autolesionarse, ideación de suicidio, o promoción de trastornos de conducta alimentaria. 

Hace décadas, obligar a usar cinturón generó resistencias: resultaba incómodo, paternalista, una intromisión estatal. La ley no evitó todos los accidentes, pero cambió la percepción del riesgo. Hoy, abrochárselo es acto reflejo, y mirar atrás asombra: ¿cómo permitimos que niños viajaran sin protección? Con las redes sociales, cada vez más personas buscan una transformación cultural semejante: pasar del salvaje oeste actual a una cultura de cuidado. 

En todo caso, subraya Mar España, “esto tiene que ser un pacto de Estado. Necesitamos consenso y aprobación urgente, pero incorporando el criterio de salud en el proyecto de ley de protección al menor en el entorno digital que probablemente se impulse en este periodo de sesiones. Porque no puede haber una ley donde el eje principal no sea la salud, desde la evidencia científica y la neutralidad política”. 

Consumir porno o redes sociales desde los 12 años y formar tu atención a través de vídeos cortos de 15 segundos afecta al desarrollo cognitivo, insiste la exdirectora de la AEPD. Nunca como ahora la salud física y mental de los adolescentes se ha visto tan perjudicada. “Los médicos están horrorizados de lo que están viendo en consulta”, remarca. Silvia Álava lo confirma: “Tenemos chicos y chicas que se nos están rompiendo”.

De ahí que la Asociación Española de Pediatría, con el respaldo unánime de todas las sociedades médicas, esté pidiendo prohibir las pantallas en la etapa infantil, la de “mayor plasticidad cerebral”. Recomiendan cero exposición hasta los seis años; de una hora máximo al día entre 6 y 12 años y dos horas máximo al día de 12 a 18 años. “Incluyendo deberes, enseñanza digital y ocio”, remarca España.

“Hasta que consigamos que esté tan mal visto que un adolescente tenga un smartphone con 13, 14 o 15 años —o un bebé, que es una salvajada—, como ahora está mal visto conducir estando borracho o sin el cinturón de seguridad”, habremos perdido “una o dos generaciones”, advierte.