Dos equivocaciones en dos votaciones del Partido Popular y del PSOE han marcado la agenda política en los últimos días. La de la formación de Alberto Núñez Feijóo el pasado 18 de septiembre, cuando votó a favor de una norma del Gobierno sin advertir —según insisten desde la formación conservadora— de que convalidaba las penas de presos que han cumplido condena fuera de España y la de los miembros de la mesa del PSOE en el Senado el pasado 17 de julio tras dar el visto bueno a la cesión de una sala de la Cámara Alta para la celebración de una cumbre antiabortista —sin tampoco ser conscientes de ello, según sostienen—.

Sendos fallos han generado perplejidad, tanto a propios como ajenos, ante lo ocurrido. Y las preguntas se acumulan: "¿Cómo es posible equivocarse en un asunto tan trascendente?; ¿Por qué nadie lo detectó antes?; ¿Los diputados no se leen lo que votan?; ¿Tienen sus señorías la formación suficiente? ¿Para qué sirven los asesores? ¿Quién es el responsable de decidir qué se vota en un grupo parlamentario?". Preguntas a las que tratará de responder infoLibre tras consultar con los equipos técnicos, diputados y portavoces de distintos partidos.

Comencemos con la función de los propios grupos parlamentarios. El Congreso los define como "el actor principal de la actividad parlamentaria", encargados de definir los turnos de intervención en los debates y cuya función principal es presentar iniciativas —con y sin rango de ley— para que sean aprobadas por la mayoría de la Cámara. Todos los grupos parlamentarios constan de una dirección con estructura propia y reparto de funciones: desde la propia presidencia de grupo a las portavocías y la secretaría general. Hay algunos diputados que no tienen un grupo propio porque no llegan al mínimo de diputados y se reparten en el Grupo Mixto, como Podemos, UPN o BNG.

"La dirección se reúne todas las semanas para abordar la agenda y establecer las prioridades, tanto legislativas como políticas", explican a infoLibre fuentes del Grupo Parlamentario del PP (GPP). "También es la que tiene la última palabra a la hora de decidir el sentido del voto de una ley o enmienda", prosiguen, "pero siempre consultando con el diputado especializado en el tema —el ponente de la Comisión, habitualmente— y también con la dirección nacional, en este caso Génova", sintetizan. En Esquerra Republicana, por ejemplo, se celebran dos reuniones semanales, según detallan fuentes de la formación, y se procura informar de lo más importante a la dirección de Cataluña, que suele tener la última palabra en materias sensibles como los Presupuestos.

En el caso de las formaciones del Gobierno, tal y como señalan fuentes del PSOE y Sumar, además de seguir el criterio del ponente de turno y de la dirección del grupo, quien marca la directriz cuando hay leyes de por medio es el ministerio competente, salvo casos en los que haya una discrepancia de fondo entre ambas formaciones. "Muchas veces nos pasan el articulado o las enmiendas ya hechas, para que las añadamos nosotros en el Congreso", confiesan.

Tras la equivocación de los conservadores, algunas miradas han apuntado hacia el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, pero en el PP señalan que el portavoz no tiene por qué conocer al detalle ni todas las leyes ni todas las enmiendas. "Sabe de qué va una ley en líneas generales, pero no conoce al detalle las enmiendas, para eso ya están los ponentes y también los asesores", explican voces del partido. Sin embargo, dentro del partido hay quien pide cambiar los protocolos y sistemas de trabajo del GPP para que Génova no tenga tanto peso frente al grupo.

Sobre el tema de los asesores, que se sufragan con cargo a las arcas de la Cámara, una de las quejas compartidas es que faltan perfiles con más experiencia. En el caso del PP, hay quejas entre los propios diputados de que se contrate a personas de Nuevas Generaciones para que "entren en la rueda" desde que salen prácticamente de la carrera, mientras que otros señalan que se apuesta por perfiles juniors porque el sueldo que se percibe no compensa las horas.

Los asesores son personal eventual de la Cámara y su contratación es discrecional, es decir, a criterio del grupo parlamentario. No tienen por qué tener una titulación concreta, pero lo que más suelen proliferar son perfiles con la carrera de derecho, ciencias políticas o periodismo. Dentro de esta categoría hay puestos de lo más diverso: asistentes, secretarios, coordinadores de grupo, directores de asuntos jurídicos, directores de comunicación o asesores especializados.

Sin embargo, no todos tienen los mismos sueldos. La figura base es la de asistente, con un sueldo mensual de 2.270 euros brutos al mes y 14 pagas (31.778 euros anuales), según los datos recabados por Demócrata. A partir de la categoría base se asciende en el escalafón (hay otros tres grados de asistente: nivel A, B y C) mediante la categoría de asistente-técnico (también contempla cuatro niveles) y la de asesor, que cobra el doble que un asistente: 63.557 euros. Al comienzo de la legislatura, la Mesa del Congreso acordó una cuota máxima de asistentes igual al número de diputados que tenga cada grupo parlamentario.

Se sigue un criterio proporcional entre el número de parlamentarios y el número de asistentes: a más diputados o senadores, mayor número de personal para ese grupo. En el año 2012 la Mesa del Congreso dio luz verde a que se pudiese intercambiar a estos asistentes por asesores . Fuentes parlamentarias justifican esta especie de intercambio de personal en el hecho de recurrir a personas de mayor cualificación profesional. Pero no ocultan que, en ocasiones, ha servido para recolocar a personas de confianza de los diferentes partidos políticos. 

"La figura del asistente, en el rango más bajo, lo que hace es llevar la agenda del diputado, programar las reuniones y demás, mientras que los asistentes se suelen dedicar a tareas más de fondo, como la de revisar las enmiendas o hacer análisis jurídicos. Pero del total no serán ni un tercio", explica una fuente que la legislatura pasada estaba en la coordinación técnica de un grupo, que lamenta que la figura del asesor esté "tan llena de prejuicios" pese a su importancia.

Con el dinero que se recibe de las subvenciones, los partidos pueden permitirse la contratación de estos asesores y asistentes, además de otros gastos que ocasionen el desempeño de la actividad de sus señorías. A menos representación, menos dinero. Y, por tanto, toca apretarse el cinturón. Los grupos pequeños, además, también deben repartir a sus diputados entre las diferentes comisiones, por lo que es habitual que un mismo diputado —por ejemplo de ERC, Bildu o el PNV— esté en cinco o seis comisiones a la vez, lo que implica más carga de trabajo.

"En un mundo ideal se leen todas las enmiendas, pero eso no pasa siempre. Lo grave es que le ocurra a formaciones como el PSOE y el PP que tienen más medios, pero el resto hacemos lo que podemos", resumen las fuentes consultadas. "Hay un truco recurrente en leyes que tienen 200 enmiendas. Si no llegas lo que haces es votar en contra de las de formaciones que están en tus antípodas y abstenerte en las de los partidos con los que tienes más sintonía", resumen.

El sentido del voto, como hemos explicado anteriormente, se decide entre la dirección del grupo y la nacional, que suelen consultar tanto con el diputado-portavoz de una comisión como con el equipo técnico-jurídico. En el caso del PP con la norma que conmuta penas en el extranjero, desde la formación conservadora admiten que les "preocupaba más" una enmienda de Junts que podría beneficiar al expresident Carles Puigdemont y no prestaron atención a la que registró Sumar, aunque tuvieron dos meses para analizarla. "Es un error y hay que apechugar", resumen en el PP. El caso del Senado es distinto, porque la petición llegó dos días antes de ser incluida en el acta de la Mesa de la Cámara.

Una vez que la ley o iniciativa sale de la Comisión, llega a pleno y en muchos casos con enmiendas 'vivas', es decir, que deben ser votadas por los 350 diputados para decidir si se incluyen o no en la norma. "Hubo plenos la pasada legislatura en la que estuvimos horas votando enmiendas, porque igual una misma ley tenía 250", explican fuentes socialistas. ¿Y cómo saben qué tienen que votar los diputados? El secretario general del grupo es el que suele marcar la posición del partido mediante un signo mientras se produce la votación para que el resto de sus señorías sepan qué botón pulsar.

¿Y conocen todos los diputados las leyes que están votando? Lo cierto es que no. "Los diputados rasos nos fiamos de lo que marca la dirección, no conocemos todas las leyes que van al pleno", confiesa una fuente de Sumar. "Nos repartimos el trabajo y cada uno es especialista en un área, es imposible saber de qué va cada ley. No lo sabe ni el portavoz ni tampoco el líder", zanjan.

El negocio del lobby –es decir, de la influencia a favor de intereses privados ante los poderes públicos– se vale de un creciente número de políticos ahora alejados de la primera línea y que ponen su experiencia y sus contactos al servicio de consultoras y grupos de diverso tipo que realizan tareas de cabildeo.

Hay al menos 35 en la muestra analizada por infoLibre, 33 de ellos en ocho empresas sobresalientes dentro de un sector que lamenta el "estigma" sobre la profesión y pide reglas claras [ver el despiece de este texto].

Destacan Llorente & Cuenca y Acento, referentes en el área de "asuntos públicos". El caso de Acento es particular, ya que tanto su fundador (José Blanco) como su presidente (Alfonso Alonso) han sido ministros, uno por el PSOE y otro por el PP, partidos de los que han sido número dos y portavoz parlamentario, respectivamente. En este caso, no es sólo que pongan expolíticos en nómina, es que son políticos destacados los impulsores.

En la muestra hay siete exministros entre socios, dirigentes y asesores, seis de ellos en empresas que hacen tareas de lobby, tanto del PSOE como del PP. Otros 12 han sido secretarios de Estado. Los parlamentarios de ámbito nacional suman 18, más un eurodiputado, la mayoría de los dos grandes partidos, pero no todos. El nacionalismo catalán está significativamente representado. Hay un exdiputado de Podemos en la lista.

El conjunto es variopinto. Figuran miembros de cámaras regionales y responsables de gabinetes presidenciales. Más: un exalcalde de una metrópoli, un antiguo jefe de Protocolo de la Casa Real. Y una consejera de Estado en ejercicio. En ocasiones, el camino es de vuelta: de trabajar en las empresas dedicadas a conseguir éxitos de sus clientes ante los gobiernos, de nuevo a lo público.

La consultora española Llorente y Cuenca (LLyC), nacida en 1995 y con presencia en doce países, cuenta con un listado de clientes que impresiona, con gigantes globales como Amazon, Microsoft, Cocacola, Airbnb, Bayer, McDonalds o Netflix y nacionales como Inditex, Iberdrola, Santander, Telefónica, Repsol, Naturgy, Caixabank y Mercadona, entre otros.

La compañía dispone de una destacable nómina de políticos en sus filas. Sobresale Jordi Sevilla, miembro del "consejo asesor" y director su "área de contexto económico", que fue diputado durante tres legislaturas con el PSOE (2000-2009) y ministro de Administraciones Públicas (2004-2007). Entre 2018 y 2020 fue presidente de Red Eléctrica Española, buque insignia del grupo Redeia, que tiene como máximo accionista al Estado a través de la SEPI y hoy está presidido por otra exministra socialista durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, en este caso de Vivienda, Beatriz Corredor.

Joan Navarro, que fue jefe de gabinete de Sevilla, es socio de LLyC y "vicepresidente de asuntos públicos". El papel de los políticos es especialmente interesante en el área de "asuntos públicos", porque es donde las empresas que hacen tareas de lobby –como LLyC– representan a sus clientes ante los responsables políticos.

También figuran como "senior advisors" de LLyC –algo así como "asesores principales"–, otras figuras que alcanzaron sus cotas de responsabilidad institucional durante periodos de poder socialista:

– Fernando Moraleda, diputado de 2008 a 2011 y ex secretario de Estado de Comunicación (2005-2008), en la era ZP. Lidera la "oficina de proyectos NextGen Agro" de LLyC, desde donde ayuda a las empresas a recibir fondos europeos, para lo que aporta su bagaje como portavoz de Agricultura en el Congreso y secretario general de Agricultura en el Gobierno.

– Luz Rodríguez es exdiputada (2016) y ex secretaria de Estado de Empleo (2010-2011). En LLyC es "senior advisor de asuntos públicos".

– José Martínez Olmos tuvo escaño en el Congreso (2011-2016) y el Senado (2016-2019). En ambos casos fue portavoz de Sanidad. En su currículo figura la Dirección General de Farmacia y la Secretaría General de Sanidad del Ministerio de Sanidad entre 2004 y 2011 (Zapatero). También se dedica a los "asuntos públicos" en LLyC.

– Maite Arcos fue directora General de Telecomunicaciones y Ordenación de Servicios Audiovisuales del Ministerio de Economía entre 2020 y 2021, con Nadia Calviño al frente. Además, es consejera de Enagas, entre cuyos accionistas coinciden el Estado (SEPI), Amancio Ortega, Blackrock y un fondo soberano de Emiratos Árabes. Enagas figura además en la lista de clientes que publicita LLyC. Arcos se ocupa de "asuntos públicos".

En cuanto a Alberto Medrán, es responsable de comunicación y marketing de LLyC. ¿Su trayectoria? Entre 2020 y 2022, director de la Oficina del Alto Comisionado de la Presidencia del Gobierno para la España Nación Emprendedora, organismo suprimido en 2023.

Ahora, LLyC y el PP. Uno de los miembros de la cúpula de la consultora es Iñaki Ortega, que fue diputado del PP en el Parlamento vasco entre 1998 y 2005 y fue presidente –al menos en 1997– de Nuevas Generaciones del PP en Euskadi. Además, hay cuatro ex secretarios de Estado con PP en el "consejo asesor" de LLyC. Cronológicamente:

– Nemesio Fernández, de Energía: 1996-1998.

– Ramón de Miguel, de Política Exterior y para la UE: 1996-2000.

– Carmen Martínez Castro, de Comunicación: 2011-2018. Antes había sido directora de Comunicación del PP desde 2006, es decir, "jefa de prensa" de Mariano Rajoy, una de las personas con acceso más directo al líder.

– Marisa Poncela, de Comercio: 2016-2018.

Aún quedan dos nombres por repasar en la consultora que preside José Antonio Llorente, ya al margen de los dos principales partidos de ámbito estatal. Jordi Xuclà, otro miembro del "consejo asesor" de LLyC, tiene una trayectoria ligada al nacionalismo catalán: fue diputado (2004-2019) bajo diversas marcas de la derecha convergente catalana, de CiU a PDeCAT. Xuclà, que en sus inicios fue presidente de las juventudes de Convergència, es hoy vicepresidente de la Internacional Liberal.

¿Y en la izquierda alternativa? Es miembro del "consejo asesor" de LLyC Alberto Montero, diputado entre 2016 y 2019 por Podemos primero y Unidas Podemos después. Fue presidente de la comisión de Empleo y Seguridad Social y portavoz de su grupo en la de Economía.

En Acento se da una suerte de gran coalición. Nacida en 2019, Acento Public Affairs –traducido: Acento Asuntos Públicos– tiene como figura de referencia a su socio fundador, José Blanco, exsenador (1989-1996), exdiputado (1996-2014), exministro de Fomento (2009-2011) y exportavoz del Gobierno (2011). A pesar de su su extenso currículo institucional, donde más poder acumuló fue en su partido, el PSOE, donde fue secretario de Organización de 2000 a 2008 y luego vicesecretario general hasta 2012. Blanco fue, con permiso de Zapatero, el piloto del PSOE desde la oposición a Aznar hasta la pérdida del poder, pasando por toda la etapa de gobierno.

Tras una legislatura como eurodiputado (2014-2019), el apodado Pepiño dio un sonado paso al sector privado montando la consultora Acento, en la que trabaja codo con codo con Alfonso Alonso, presidente de la empresa, exalcalde de Vitoria (1999-2007), exportavoz del PP en el Congreso (2008-2016, llegando a ser portavoz del grupo más de tres años) y exministro de Sanidad (2014-2016), todo ello con el PP.

Resultado: dos exministros, uno de cada signo político, un hombre de Zapatero y otro de Rajoy, se sitúan al frente de Acento, una consultora de "asuntos públicos" que ha entrado en el ecosistema lobista pegando fuerte y que tiene entre sus clientes a la Liga de Fútbol Profesional o a la multinacional farmacéutica Novartis, según su ficha en el registro de lobbies la UE.

Otro nombre propio con mayúsculas en Acento ha sido –ya no lo es– Antonio Hernando, que perdió la condición de socio de la compañía en 2021 para aterrizar en La Moncloa como director adjunto del Gabinete de la Presidencia, una decisión de Pedro Sánchez que lo devolvió al círculo de sus más estrechos colaboradores. Los primeros pasos en el partido del puño y la rosa tanto de Sánchez como de Hernando –que ahora ha vuelto al Congreso de los Diputados– se produjeron bajo la tutela de José Blanco, al que a menudo se cita como un promotor de ambos dentro del PSOE. El tercer miembro de aquella terna era Óscar López, actual jefe de gabinete del presidente.

Por debajo de Blanco y Alonso, hay una dirección con tres cabezas, una de las cuales es Miquel Gamisans, secretario de Comunicación (2016-2018) y secretario de Atención Ciudadana (2018-2021) del Govern de Cataluña, todo ello como independiente pero a propuesta de ERC. Gamisans fue director de comunicación de 2002 a 2004 de la entidad independentista Òmnium Cultural.

Con oficinas en Bruselas, Madrid y Barcelona, Acento tiene en un "consejo asesor" compuesto así:

– Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración entre 2010 y 2011, antes de ocupar escaño como diputado por el PSOE (2011-2015).

– La antigua diputada socialista Elena Valenciano (2008-2014), dos legislaturas eurodiputada, vicesecretaria general del PSOE entre 2012 y 2014, es decir, tras José Blanco, y considerada una dirigente en la órbita de Alfredo Pérez Rubalcaba hasta su fallecimiento en 2019. Valenciano es actualmente miembro del pleno Consejo de Estado, "supremo órgano consultivo del Gobierno".

– La coordinadora del "consejo asesor" es Elena Pisonero, del PP, secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes entre 1998 y 2000 y diputada entre 2000 y 2004.

– José María Lassalle, diputado del PP entre 2004 y 2016, emblema del ala más liberal del PP. Entre 2011 y 2016 fue secretario de Estado de Cultura; y entre 2016 y 2018 de Agenda Digital.

Acento fichó a Albert Soler, exdirector del Consejo Superior de Deportes, a principios de año, según desveló El Español. La consultora aclara a infoLibre que Soler ya no tiene vinculación con la compañía.

Vinces, con sede en Madrid, es una "consultora estratégica especializada en asuntos públicos" nacida en 2010 y que tiene oficinas en la capital de España, Barcelona, Bruselas y Lisboa. En Cataluña su director es Ernest Benach, presidente del Parlament de 2003 a 2010, por ERC. De la cúpula de Vinces forma parte también Ricardo Riquelme, director general de Medio Ambiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) entre 2012 y 2015.

Francisco Gómez Loarte, además de socio, es director del "departamento de operaciones corporativas" de Vinces, adonde llegó tras ser director del Gabinete del Secretario de Estado de la Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021.

Carlos Carnero, "senior advisor" de Vinces, fue eurodiputado socialista (1994-2009) y miembro de la convención que elaboró la Constitución Europea. También fue diputado en la Asamblea de Madrid entre 2020 y 2021. Hoy es uno de los siete acreditados que tiene Vinces para acceder al Parlamento europeo en representación de sus clientes, que abarcan los sectores industrial y farmacéutico, entre otros.

El "gabinete de incidencia pública" beBartlet nace en 2020 por impulso del economista Adrian Jofre y de politólogo Nacho Corredor, con experiencia en asesoría política y análisis para medios de comunicación. Diego Gago, director de "estrategia política" de la consultora, ha sido diputado del PP entre 2019 y 2023. La asesora de beBartlet Marta Pascal ha sido senadora (2018-2020) y diputada en el Parlament de Cataluña (2013-2018), comunidad donde ha centrado su vida política, siempre en el ámbito del nacionalismo en espacios como Convergència, Junts x Sí, PDeCAT y finalmente el Partit Nacionalista de Catalunya, un reciente y modesto grupo. Ahora se define como "people & politics connector". También figura como asesor de beBartlet Jordi Xuclá, el político convergente al que ya conocimos en LLyC.

El exdiputado en el Congreso Carles Campuzano (1996-2019), que hizo el camino desde CiU hasta el PDeCAT, fue asesor de beBartlet hasta su nombramiento como conseller de Derechos Sociales del Govern de Pere Aragonès (ERC) en octubre del año pasado. Ya no está en beBartlet [en la compañía piden que se escriba así para conservar un guiño cinéfilo a la serie El Ala Oeste de la Casa Blanca].

Kreab

La consultora Kreab, fundada en 1970 en Estocolmo (Suecia), tiene una sólida implantación en España, donde cuenta como director de Investigación –"director Kreab Research– con Daniel Fuentes, exsubdirector del Departamento de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno con Pedro Sánchez (2018-2020). El responsable de "asuntos públicos" es Miguel Ferre, que fue secretario de Estado de Hacienda de 2011 a 2016, con el PP. La ficha de Kreab en el registro de transparencia de la UE ofrece la imagen de un coloso, con una lista de clientes entre 2022 y 2023 que abarca los siguientes nombres: las big tech Google y Amazon, las megagestoras de fondos Fidelity y State Street y las IBEX Acciona y Red Eléctrica, entre una larga lista de nombres.

Kreab tiene como cliente también a STC, la operadora saudí, mayoritariamente participada por el fondo soberano saudí PIF, que se ha hecho con casi el 10% de Telefónica.

Harmon y Ernst & Young

En 2017 fue sonado el fichaje del socialista vasco Eduardo Madina por parte de Kreab. Secretario general del Grupo Socialista en el Congreso entre 2009 y 2014, Madina se enfrentó a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2014. Tras su derrota, se apartó de la primera línea. De aquellos que se enfrentaron al hoy presidente en las guerras internas de la década pasada, Madina es de los que no se han reconciliado, al menos públicamente.

En 2021 Madina dejó Kreab y se incorporó al lobby Harmon, con sede en Madrid, donde hoy es "socio de estrategia". El exdiputado es además asesor en Ernst & Young, que lo fichó en marzo para reforzar su área de "posicionamiento público", según publicó el medio especializado Dicomfidencial.

E&Y es una multinacional de servicios para empresas que junto a PwC, Deloitte y KPGM forma parte de las conocidas como big four. En la división española de E&Y, Madina está acompañado por Isabel García Tejerina, del PP, asesora principal de la firma, que fue diputada (2016-2020) y ministra de Agricultura y Medio Ambiente (2014-2018). Por E&Y también pasó, antes que Madina, su adversario político y amigo Borja Sémper, criado en el PP vasco, que en 2020 se incorporó como director de "relaciones institucionales", cargo que dejó a primeros de 2023 cuando Alberto Núñez Feijóo lo metió en la cúpula del PP.

Ana Palacio, que fue titular de Exteriores con Aznar (2002-2004) y diputada (2004-2006), es fundadora y cabeza del consejo consultor de Palacio & Asociados, una "asesoría jurídica y consultoría estratégica pública y privada" que figura en el registro de lobbies de la UE.

Palacio, miembro del patronato de FAES, representa en España a Albridge Stonebridge Group, una consultora estadounidense que "va más allá de abrir puertas" y que tiene entre sus clientes a la Fundación Rockefeller.

Carlos López Blanco, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información entre 2002 y 2004, con Aznar en el Gobierno, fue el hombre elegido para el aterrizaje en España de la consultora internacional Flint, de la que es asesor principal especializado en política europea.

Flint defiende los intereses de Google, Apple, Carlyle, Uber, Amazon, Meta, Astrazeneca, Siemens, Goldman Sachs, Iberdrola y la Superliga de fútbol, el proyecto de competición europea que abanderan el Real Madrid y el Barcelona.

También es fértil el campo de las asociaciones. Veamos.

Joan Clos, que fue alcalde de Barcelona (1997-2006), ministro de Industria, Comercio y Turismo (2006-2008), embajador en Turquía (2008-2010) y embajador en Azerbaiyán (2009), ejerce al mismo tiempo como presidente de Asval, una asociación de propietarios de viviendas que tiene al fondo de inversión Blackstone como integrante destacado.

Clos también preside en España la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci), una de las ramas del frondoso árbol del lobby del ladrillo en España. Y todo ello lo hace mientras mantiene su condición de miembro del Consell Assessor del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa.

En el enjambre de entidades en defensa de los intereses de los propietarios del ladrillo encontramos también a Ricardo Martí-Fluxá, secretario de Estado de Seguridad de 1996 a 2000, en la etapa de Jaime Mayor Oreja (PP) en Interior. Antes (1993-1996) fue Jefe de Protocolo de la Casa Real. Además de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), Martí-Fluxá preside también Tedae, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, un lobby armamentístico.

Hasta febrero de 2023, el director del área de "contexto político" de Llorente y Cuenca fue José Luis Ayllón, exdiputado del PP (2000-2019), que fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y, en los últimos meses de Rajoy, tras la marcha de Jorge Moragas, fue elegido por el presidente como su jefe de gabinete, es decir, como su mano derecha. Apenas le dio tiempo a ejercer el cargo unos meses. Rajoy lo encumbró en enero y en junio Pedro Sánchez ya era presidente. Tras ser apartado del poder, Ayllón recaló en Llorente y Cuenca y de ahí ha pasado este mismo año a la CEOE, donde ocupa el cargo de director del área de "asuntos públicos y relaciones con las Cortes", creado con su llegada.

La CEOE está dada de alta en el registro de transparencia de la UE, obligatorio para las entidades que desarrollan tareas de lobby ante las instituciones comunitarias. También figura en el listado de "grupos de interés" de la CNMC. No obstante, la CEOE no se considera un lobby. "Nuestra actividad no es equiparable a la que, legítimamente, puedan desarrollar grupos especializados en public affairs u ONG o asociaciones sociales o de otro tipo", señala un portavoz. "Porque las organizaciones empresariales tenemos un papel reconocido en la Constitución, como lo tienen los sindicatos o los partidos". La patronal reivindica su legitimidad para "colaborar con el poder público" y "defender los intereses económicos y sociales que le son propios, es decir, no limitados únicamente al diálogo social".

En el equipo directivo de la CEOE Ayllón coincide con Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la entidad, secretario de Estado de Economía entre 2014 y 2016, con Rajoy en La Moncloa. Mismo cargo, vicepresidente de la patronal, acredita Josep Sánchez i Llibre, diputado con CiU de 1993 a 2006, que fue además senador y diputado en el Parlament. También para la patronal trabaja, como presidenta de la Fundación CEOE, la exdiputada del PP Fátima Báñez (2000-2019), ministra de Trabajo durante el ajuste postcrisis (2011-2018). Ninguno de los tres mencionados en este párrafo están incluidos en los 35 políticos o expolíticos considerados en la lista para este artículo.

En este inicio del curso político los debates ideológicos han pasado a un segundo plano eclipsados por los insultos y descalificaciones de la tercera fuerza del país, Vox, que incluso se atreve a desacatar las órdenes de la presidencia de la Cámara Baja. Tras dos años de ultraderecha institucionalizada, esta semana se ha asistido a una escalada de agresiones verbales en el Congreso protagonizadas por Vox. Una ofensiva que se ha dirigido a otros parlamentarios pero también a la prensa.

Sucedió el pasado martes, mientras se debatía una reforma legal para castigar el acoso ante las clínicas donde se realizan abortos. Durante el turno de intervención de la portavoz socialista de Igualdad, Laura Berja, uno de los diputados de Vox la increpó desde su asiento. "Cállate ya, bruja" fue el descalificativo que empleó José María Sánchez García. No era la primera vez, a tenor de lo que afirman las fuentes consultadas por infoLibre, que aseguran que este mismo parlamentario ha empleado la misma táctica con otras mujeres diputadas.

Tras este incidente, el presidente en funciones de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, llamó al orden al diputado ultra en tres ocasiones hasta decretar su expulsión. Fue el portavoz del grupo, Iván Espinosa de los Monteros, el que lo frenó en el pasillo cuando este ya se disponía a salir del hemiciclo. Su insubordinación fue respaldada por el grupo parlamentario de Vox, al entender que la expulsión no había sido reglamentaria.

En este contexto, Gómez de Celis decidió suspender el Pleno durante cinco minutos. Según varios parlamentarios presentes en el hemiciclo, los diputados de Vox rodearon al presidente en funciones y se enzarzaron en una discusión. Finalmente, permitió que el diputado ultra permaneciera en la Cámara tras retirar el insulto. Pocos minutos después varios dirigentes de la formación, incluida la portavoz adjunta, Macarena Olona, abandonaron el hemiciclo vanagloriándose del logro conseguido. Olona fue cuestionada inmediatamente por la prensa acerca de la idoneidad de la frase de su compañero de filas. Su reacción se basó en atacar a la periodista que le había planteado esa pregunta, una contestación que ella misma viralizó a través de Twitter. "Ha llegado el tiempo de defenderse", clamaba la cuenta oficial del partido.

Este tenso episodio protagonizado por Vox ha reabierto el debate sobre cuál es la mejor estrategia para hacer frente a la ultraderecha desde las propias instituciones. La agresividad de la formación que dirige Santiago Abascal ha forzado al resto de grupos a hacer una reflexión. Sin embargo, tanto la Presidencia de la Cámara como las fuerzas políticas consultadas difieren sobre cuál es la mejor estrategia a seguir.

Batet actuará con contundencia contra los desplantes de Vox

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que en el momento del incidente asistía a un almuerzo con su homólogo en el Senado, Ander Gil, citó en la noche del martes al portavoz de Vox en su despacho. Batet recriminó a Espinosa de los Monteros la mala imagen ofrecida y le advirtió de que no aceptará "que Vox socave la autoridad de la Presidencia de la Cámara". Más allá de esta advertencia, según indican fuentes de la Presidencia, no hay "mucho margen de maniobra" porque "el reglamento es el que es".

Este reglamento indica que los diputados y los oradores solo pueden ser llamados al orden en cuatro supuestos: cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad; cuando en sus discursos faltaren a lo establecido para la buena marcha de las deliberaciones; cuando con interrupciones o de cualquier otra forma alteren el orden de las sesiones; cuando, retirada la palabra a un orador, pretendiere continuar haciendo uso de ella". La sanción implica la expulsión del diputado en cuestión del hemiciclo durante esa sesión y, en casos extremos, la prohibición de asistir también a la siguiente sesión.

No parece plausible, al menos de momento, que este reglamento cambie ya que ese trámite requiere de mayoría absoluta. Aunque las citadas fuentes aseguran que "se valorarán" todas las propuestas que lleguen a la Mesa, no habrá acuerdo en este sentido si no hay unanimidad. Sin embargo, según ha podido saber infoLibre, Batet ejercerá a partir de ahora un rol "más duro" contra estos desplantes de Vox.

Los partidos del Gobierno apuestan por un "cordón sanitario" contra la ultraderecha

El PSOE, fuerza mayoritaria en la Cámara Baja, aboga por tomar medidas para que no se repitan este tipo de situaciones "tan deplorables" y se evite que el hemiciclo se convierta en un "ring", en palabras de su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez. Los socialistas han decidido elevar una queja a la Mesa del Congreso para que se adopten las medidas necesarias contra actitudes como la protagonizada por Sánchez García que "van en aumento".

Desde el Grupo Parlamentario Socialista explican a este medio que Gómez ya ha trasladado una queja formal a Batet. "Queremos que frene el clima de crispación alentado por Vox", señalan. En ese sentido, exploran la posibilidad de llegar a un acuerdo con el resto de portavoces para hacer "un cordón sanitario" a la ultraderecha, aunque albergan ciertas dudas sobre la posición del Partido Popular y Ciudadanos en este punto. El líder del PP, Pablo Casado, siempre se ha negado a replicar este tipo de prácticas con Vox, al igual que su homóloga en Ciudadanos, Inés Arrimadas.

"Solamente hay dos partidos, dos únicos grupos parlamentarios que pueden hacer algo para frenar la espiral de odio de ultraderecha de emite Vox: PP y Cs que son los que los banquean apoyándose en ellos o haciéndolos socios de Gobierno en ayuntamientos y comunidades autónomas. También ayudaría que los medios de comunicación que publican bulos de ultraderecha dejen de hacerlo. A la ultraderecha se la para haciendo un cordón sanitario político y mediático", indican en Unidas Podemos.

Rufián (ERC) ya no responderá a Vox y Compromís aboga por confrontarlos

A juicio del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, "ya llegamos tarde a poder hacer una especie de cordón sanitario dialéctico": "Nosotros lo propusimos al inicio de la legislatura y en la moción de censura del propio Vox. Hubo grupos que no aceptaron porque prefieren confrontar y creemos que es algo que hacemos todos o no funcionará", reflexiona. Yo a partir de ahora no responderé directamente a los líderes de Vox. En cada uno de sus puntos interpelaré a sus votantes de clase trabajadora. Creo que es la vía. Al menos una nueva a explorar", explica. "Lo que no puede ser es que el otro día se convirtiera en delito el acoso frente a clínicas abortivas y mi madre solo se enterará de que a un tarado de Vox le echaron", lamenta.

Por último, deja también un recado a los medios, algunos de los cuales "equiparan" a agresores con agredidos, según el portavoz catalán. "Están Vox o PP llamando etarras o golpistas al Gobierno o a nosotros. Y nosotros, bueno... protestando por aquello de que nadie quiere ser insultado. Pero sales de aquí y lees 'nueva bronca en el Congreso'".

Por su parte, Joan Baldoví, portavoz de Compromís, aboga por poner a Vox "frente a sus propias contradicciones". "Yo trato de no entrar nunca en el marco que ellos quieren, lo que hago es ir a por los temas que no les resultan cómodos". "Aquí es importante incidir en que ellos no miran por el interés de la clase trabajadora, sino de los empresarios. Además, les molesta mucho que digamos que su líder es un parásito, que ha vivido de los chiringuitos que ellos tanto critican", razona. 

La derecha apuesta por "ignorar cordialmente" a Vox

En la derecha creen que la mejor receta es "ignorar" los exabruptos de Vox. "Nosotros en este tema mantenemos una posición que, a mi juicio, es la correcta: no entrar al trapo. Ignorarlos coordialmente, no entramos en sus descalificaciones, mientras que ellos siempre aprovechan cada circunstancia para lanzarlos una pulla. Si ellos nos atacan, nosotros no contestamos", explica Marta González, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular. La diputada conservadora explica que esa es la posición que mantuvo Pablo Casado en la moción de censura impulsada por Vox el pasado año. "Antes contemporizábamosmás –admite– pero ahora no tenemos ningún trato. Están super dolidos, nos tratan con mucha displicencia", relata.

Al mismo tiempo, González incide en que "no le parece asumible que ningún grupo acepte que tengan ese comportamiento con la prensa". Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, incide especialmente en la cuestión de los medios. "Quien ataca al periodismo, algo tiene que ocultar. Es fundamental que la sociedad lo sepa", expone, y cree que la solución es "poner el dedo en la llaga" y "denunciar qué es lo que buscan con esos argumentos ad hominem". Sin embargo, mantiene serias dudas sobre las soluciones consensuadas en el Congreso. "El PP no va a votar contra Vox, ni el PSOE contra Podemos. Porque han decidido ambos irse con el extremo de su rama ideológica en lugar de entenderse entre ellos y con nosotros".

El grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común va a presentar esta semana en el Congreso y el Senado varias iniciativas para pedir que tanto los diputados y los senadores como los miembros del Gobierno y altos cargos de la administración se rebajen el sueldo a la mitad, y el resto se done a las arcas públicas, para luchar contra el coronavirus durante el tiempo que dure el estado de alarma.

"Si estamos pidiendo sacrificios al conjunto de la ciudadanía, los cargos públicos debemos ser los primeros en dar ejemplo. Esto va de que todo el mundo debe arrimar el hombro y de estar a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir", ha explicado el presidente del grupo parlamentario confederal, Jaume Asens, en las redes sociales. En concreto, Unidas Podemos ya ha registrado en el Congreso y el Senado un escrito para que fije un porcentaje de rebaja del 50% sobre el total de retribuciones (el sueldo base y todos los complementos) de sus señorías durante el tiempo que dure el estado de alarma, según la propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Además, presentarán una proposición no de ley "para que el Gobierno reduzca el salario en igual proporción de todos sus miembros". "Eso afectará también a los subsecretarios, directores generales y el resto de altos cargos de la administración y de sus empresas públicas como RTVE", añaden.

Unidas Podemos plantea que el ahorro producido de esta forma en las nóminas de parlamentarios y cargos públicos se reintegre "íntegramente" al tesoro público para luchar contra el coronavirus. "Las cantidades no descontadas de los días anteriores y ya devengadas se descontarían de las nóminas futuras", afirman.

Asimismo, quieren dejar caro que se trata de una medida "extraordinaria y urgente" enmarcada dentro de "los esfuerzos presupuestarios que viene haciendo el Gobierno de España", no "porque se haya producido una reducción del trabajo por parte de los integrantes de este Grupo Parlamentario, que continúan realizando su actividad durante el estado de Alarma incluso con más intensidad de la habitual".

Además, Podemos y sus socios recuerdan que ya donan parte de su sueldo a proyectos sociales, como establece su Código Ético. No obstante, señalan que en este momento deben hacer "un esfuerzo mayor". "El momento es excepcional y deben adoptarse decisiones excepcionales y colectivas", explican. "El esfuerzo en la lucha contra la pandemia debe ser de todos y todas. Todo el mundo deberá asumir sacrificios para superar este reto civilizatorio. Eso también afecta a quienes ostentamos cargos públicos. Más que nadie, nosotros debemos dar ejemplo en este momento histórico", aseguran en un comunicado

Los partidos políticos han recordado este miércoles a las 193 víctimas del 11 de marzo el día en el que se cumplen dieciséis años de los atentados terroristas que asolaron las madrileñas estaciones de El Pozo, Santa Eugenia y Atocha.

En un mensaje en su perfil de Twitter, Pedro Sánchez ha pedido "memoria" para que la barbarie no se repita y ha asegurado que las víctimas del atentado "permanecen" en el recuerdo de los españoles. El presidente del Gobierno ha publicado este mensaje con una ilustración en negro con el hashtag '#Memoria11M' y el escudo monocromático de España."11M. Siempre en nuestra memoria. SIEMPRE" ha sido el mensaje que el PSOE ha compartido en la misma red social.

Por su parte, el Partido Popular ha trasladado su "cariño" a las víctimas y a sus familias y se ha reafirmado en su "compromiso de lucha contra el terrorismo". "Memoria, dignidad y justicia", han añadido en un apunte en la cuenta de Twitter de la formación conservadora.

Desde Podemos han querido destacar la "solidaridad y la valentía de quienes no dudaron ni un instante y salieron a la calle a ayudar a las víctimas o a reclamar la verdad ante un Gobierno que mintió a todo el país". "No olvidamos", han aseverado en la misma red social. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha enviado su cariño a las familias de las víctimas, a las personas que resultaron heridas, a los que ayudaron y a los que "se echaron a la calle contra las mentiras" tras "uno salvajes atentados".

Al mismo tiempo, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha recordado la mañana del 11 de marzo de 2004 como "uno de los días más negros" de la historia de España. Ha mostrado su apoyo a las víctimas y a las familias. "El dolor de aquella masacre terrorista jamás se borrará, pero tampoco la enorme solidaridad y generosidad demostradas por el pueblo español. Somos un gran país", ha asegurado.

Los recuerdos han llegado también desde diversas organizaciones. Una de ellas ha sido el Comisionado del Gobierno de Madrid para la Atención de Víctimas del Terrorismo.  Su titular, Ignacio García de Vinuesa, ha recordado que las víctimas "dieron mucho por defender nuestra democracia". Según García de Vinuesa "murieron y fueron brutalmente heridos en una guerra de un solo bando contra todos nosotros". "Nos marcaron para siempre", ha sentenciado.

Se trata de un aniversario marcado especialmente por las consecuencias del coronavirus. En Madrid, la crisis motivada por el brote de Covid-19 ha obligado a suspender el homenaje a las víctimas del 11-M y el concierto organizado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo que iban a presidir los Reyes este martes. Los únicos homenajes que se han mantenido han sido el que la Comunidad de Madrid celebra en la Real Casa de Correos , aunque contará con un número reducido de invitados, y la ofrenda floral que se realiza en el parque del Retiro, según informa Europa Press.

En su reunión de este martes, la Mesa del Congreso deberá decidir si admite o no a trámite analizar dos solicitudes para crear una comisión sobre Juan Carlos I, presentadas a raíz de conocerse que la Fiscalía suiza está realizando una investigación sobre una supuesta donación de 100 millones de dólares atribuida a Juan Carlos I y con destino a su amiga Corinna Larsen. Un dinero presuntamente vinculado con comisiones de Arabia Saudí. Esa donación corresponde a 2012, cuando aún era jefe de Estado.

Una de las peticiones fue registrada por Esquerra Republicana (ERC) y el Grupo Plural que comparten Junts, Compromís, Más País y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Su objetivo es investigar las presuntas cuentas irregulares de Juan Carlos I en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceros, así como determinar las consiguientes responsabilidades "civiles, éticas y políticas" del ex Jefe del Estado. La otra fue promovida por Unidas Podemos, que en un primer momento iba a firmar con el PNV y que no fue posible por problemas de agenda del grupo nacionalista, por lo que se presentó con la firma también de ERC. 

En su texto se habla de la "presunta comisión de, entre otros, posibles delitos de blanqueo de capitales" y se indica que "no resulta descartable que los mismos se estén ejecutando actualmente o se hubieran ejecutado con posterioridad" a la abdicación del rey Emérito, que tuvo lugar en junio de 2014. Momento, subrayan "en el que dejó de ser inviolable conforme al artículo 56.3 CE". En este contexto argumentan que "el óbice formal de ser actos cometidos durante el periodo de inviolabilidad no puede ser alegado en este caso". Proponen es que se investigue si, tras dejar la Jefatura del Estado, ha poseído, adquirido, utilizado o transmitido "capitales de presuntas comisiones ilícitas".

La presentación de esta iniciativa ahondó en las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas se desmarcaron de la petición y recordaron que los letrados siempre se han opuesto a ESTAS iniciativas de control de la Corona. "Es simplemente leerse la Constitución y saber que el Rey es inviolable", resumió la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra. Como auguraba el PSOE, en su informe los letrados repasan los antecedentes de iniciativas anteriores sobre la Corona, incluyendo la sentencia del TC sobre la declaración del Parlament contra la Monarquía. Concluyen que "no procede" tramitar ninguna de las comisiones de investigación.

La Mesa del Congreso decidirá este viernes si autoriza que once grupos parlamentarios convivan en esta recién estrenada XIV legislatura, lo que marcaría un récord en la reciente historia democrática e implicaría un incremento de al menos 1,27 millones de euros al año las subvenciones que otorga la Cámara, según informa Europa Press.

La llegada de Podemos y Ciudadanos tras las elecciones de diciembre de 2015 y después la irrupción de Vox tras los comicios del pasado 28 de abril ya revolucionaron el mapa habitual de seis o siete grupos parlamentarios (PP, PSOE, Izquierda Unida y entre dos y cuatro nacionalistas) que venía sucediéndose en las últimas décadas en el Congreso.

Pero, tras los comicios del pasado 10 de noviembre, el panorama se ha complicado aún más: se ha creado un nuevo grupo, el de EH Bildu, que por primera vez logra cumplir los requisitos para ello, y el Mixto se ha disparado hasta los 21 diputados de once partidos distintos, lo que ha impulsado las maniobras para tratar de formar nuevas agrupaciones parlamentarias.

Los letrados no avalan las fórmulas

Los letrados del Congreso no avalan ninguno de los dos grupos parlamentarios planteados para dividir el Grupo Mixto, ni el Múltiple que han presentado Junts, Más País, Compromís y BNG, ni el de España Plural impulsado por UPN, Coalición Canaria, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe. En ambos casos, según aseguran a Europa Press fuentes parlamentarias, los servicios jurídicos de la Cámara argumentan que no se cumplen los requisitos.

Por un lado, el informe recuerda que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, no se presentó en solitario, sino en coalición con Nueva Canarias, y la alianza no llegó al 15% de los votos en el archipiélago. Y por otro, cuestiona que UPN integre un grupo separado de los de sus socios de Navarra Suma: el PP y Ciudadanos. Por otro lado cuestionan el 5% del grupo Múltiple y esgrimen cifras de la Junta Electoral Central que les dejan al filo del 4,9%.

El Mixto dividido en tres

Tras las elecciones del 10N, los miembros del Mixto enseguida comenzaron a mover ficha y, tras varios días de cálculos sobre cómo organizarse, este miércoles se acabaron registraron dos grupos parlamentarios: uno denominado España Plural, conformado por UPN, CC, PRC y Teruel Existe, y otro con el nombre Grupo Parlamentario Múltiple, que integran Junts, Más País, Compromís y el BNG.

El Reglamento del Congreso establece que todos los partidos que tengan 15 o más escaños podrán constituir grupo, caso del PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos. Pero hay una segunda vía para hacerlo: superar los cinco diputados más el 5% de los votos en todo el país, la vía de Ciudadanos, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre, como han hecho PNV, ERC y Bildu.

Así, en el grupo España Plural, UPN, CC, PRC y Teruel Existe suman cinco escaños, el mínimo para intentar formar grupo y cumplen el segundo requisito, el de los porcentajes: los navarros, el cántabro y el turolense lograron más de un 15% de apoyos en sus respectivas provincias, y CC superó ese umbral en Santa Cruz de Tenerife, pero no así su socio electoral, Nueva Canarias, que no llegó a ese mínimo en Las Palmas de Gran Canaria. Por su parte, el grupo Múltiple que integra a los doce diputados de Junts, Más País-Equo, Compromís y BNG alega que superan el listón del 5% de los votos emitidos el 10N en toda España. En concreto, aseguran sumar el 5,09% del voto nacional.

En todo caso, la última palabra la tendrá la Mesa del Congreso, que este viernes estudiará los escritos presentados y tomará una decisión en función del Reglamento y de los variados antecedentes que se han ido produciendo en la historia reciente de la Cámara.

De ocho a once grupos de un día para otro

Si autoriza los dos grupos, tanto el de España Plural como el Múltiple, el Congreso pasaría de los siete u ocho grupos parlamentarios que han funcionado en las dos últimas legislaturas a tener once, tres más, con un Grupo Mixto que en principio quedaría en manos de los dos diputados de la CUP y de los partidos locales de Nueva Canarias y Foro Asturias.

Eso sí, el mapa podría ajustarse en unas pocas semanas. Así, Foro y Nueva Canarias podrían incorporarse después a España Plural, mientras que Más País, Compromís y BNG podrían abandonar a Junts para volver al Mixto. Ello facilitaría a Junts acabar logrando por vía indirecta lo que hasta ahora no podía conseguir en solitario, ya que, pese a tener ocho diputados, no llegaba al 15% de voto ni en Barcelona, ni en Tarragona ni en la media de Cataluña.

Tres grupos más implicaría, desde el punto de vista económico, un aumento de 1,27 millones de euros al año de las subvenciones que la Cámara venía otorgando a las formaciones parlamentarias de la XIII Legislatura. Ese montante incluye la subvención fija que el Congreso da a cada grupo –29.026,24 euros al mes– y el sueldo anual que recibiría el portavoz de cada uno de ellos –2.830,13 euros al mes por 15 pagas– y su adjunto–otros 2.211,66 euros mensuales también por 15 pagas–.

Debates más largos, comisiones más amplias

Pero, además, once grupos traería también consigo una mayor duración de los debates parlamentarios. Así, en aquellos donde el tiempo está tasado en el Reglamento, con 30 minutos por grupo, como es el caso de la investidura, se necesitarían cinco horas y media para completar la exposición inicial de los grupos. Asimismo, más grupos supone también aumentar el número de integrantes de las comisiones parlamentarias y de la Diputación Permanente, así como incrementar el dinero que se dedica mensualmente para complementos salariales de portavoces sectoriales.

Formar un grupo parlamentario garantiza igualmente una pregunta semanal al Gobierno en las sesiones de control, voz propia en la Junta de Portavoces e incluso poder acceder al cobro de las subvenciones por envío gratuito de propaganda electoral durante la campaña. Y las ventajas se prolongan para las siguientes elecciones, porque los que ahora lo consigan tendrán opción a participar en los futuros debates electorales y planes de cobertura informativa de los medios públicos.

El Consejo de Europa ha sacado a España de la lista de países que no cumplen satisfactoriamente sus recomendaciones para luchar contra la corrupción. Lo ha hecho en su último informe, aprobado en la reunión plenaria del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) celebrada entre el 17 y el 21 de este mismo mes, cuando analizó la más reciente evaluación sobre España y constató “avances” respecto al anterior, publicado en abril de 2018.

No obstante, ese análisis de las políticas para prevenir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales no se hará público hasta que las autoridades españolas lo autoricen. Tampoco se dará a conocer hasta que lo permita el Gobierno español un segundo informe sobre las políticas contra la corrupción entre los altos cargos de los gobiernos centrales y en los cuerpos de seguridad.

De forma que, mientras tanto, España sigue figurando en el último informe anual del Greco, publicado este martes y con datos hasta el 31 de diciembre de 2018, como uno de los 14 países –el Consejo de Europa lo integran 49 miembros– señalados por su “insatisfactorio” cumplimiento de las recomendaciones contra la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales. Le corresponde compartir ese dudoso honor con Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Portugal, Rumanía, Serbia y Turquía.

En ese momento de la evaluación, España no había aplicado la mitad de las recomendaciones sobre parlamentarios y la otra mitad, sólo parcialmente. Lo mismo que con los jueces. Respecto a los fiscales, había puesto en práctica todas las recomendaciones del Greco, pero sólo de forma parcial. Por el contrario, Finlandia ya había implementado completamente en 2017 el 100% de las recomendaciones para parlamentarios, jueces y fiscales. Suecia también ha cumplido al 100% todas las medidas contra la corrupción de jueces y fiscales y el 60% de las que se refieren a los parlamentarios. Reino Unido sólo falla en los jueces, para quienes ha aplicado completamente la mitad de las sugerencias del Greco. Junto con España, los más incumplidores resultan ser Turquía, Portugal y Serbia.

Con los jueces, menos cumplimiento

El informe anual del Greco lamenta que el ritmo de cumplimiento de sus recomendaciones se ralentizara en 2018: si en 2017 se aplicaron el 40,5% de ellas, un año después sólo se llega al 33,9%. La categoría de recomendaciones con menos éxito es la referida a los jueces –sólo se han puesto en práctica el 22,6%–, mientras que las más implementadas son las que protegen a los fiscales de la corrupción –el 45,2%–.

Para los parlamentarios, el Greco invita a los estados a conseguir que los proyectos de ley se tramiten “con la adecuada nivel de transparencia y consulta” y que los procedimientos de urgencia sean sólo excepcionales. También pide códigos éticos o de conducta para los diputados y procedimientos para gestionar los conflictos de interés. Además, los parlamentarios deberían publicar declaraciones de sus bienes, ingresos, intereses y deudas, así como los regalos, invitaciones y cualquier otro beneficio. Finalmente, el Consejo de Europa pide una regulación de las relaciones con los lobistas, y que la inmunidad parlamentaria no sea un impedimento para procesar a los diputados en casos de corrupción.

Catálogo de medidas

Para los jueces, el Greco reclama también códigos de conducta y mecanismos para gestionar los conflictos de interés pero, sobre todo, pide que todos los sectores de los gobiernos garanticen la independencia judicial. Que se prohíba que un juez pueda simultanear la toga con un escaño o una concejalía y se impida la recepción de favores, regalos o cualquier otro beneficio forma parte igualmente del catálogo de medidas necesarias según el Consejo de Europa. Así como la supervisión de la actividad de los jueces, definiendo con precisión las medidas disciplinarias en caso de mala praxis profesional.

Por último, para los fiscales el grupo exige mecanismos de selección “justos, transparentes y basados en el mérito”. E incluso sistemas para gestionar la asignación de casos a un fiscal así como su retirada.

La última ronda de evaluaciones puesta en marcha por el Greco insta a los gobiernos a aprobar códigos de conducta para ministros y altos cargos públicos, pero también a regular las “puertas giratorias”, a hacer públicas sus declaraciones de bienes y a regular las condiciones de inmunidad de los altos cargos. Con respecto a los cuerpos de seguridad, el Consejo de Estado cree que debería comprobarse de forma regular la promoción de los agentes y limitar los empleos a los que pueden acceder al dejar la policía, además de supervisar la mala praxis profesional de los agentes con investigaciones independientes, siempre con transparencia pública y protegiendo a los filtradores de corrupción.

Hemos sabido superar momentos de mucha tensión interna, con sanciones incluidas, para pasar a configurar un colectivo que lideró las iniciativas desde la oposición tras la victoria de Sánchez en las primarias. Después, ha trabajado aprendiendo sobre la marcha su nuevo papel para complementar las medidas legislativas de la agenda social aprobadas por el Consejo de Ministros y el Parlamento, además de defender y explicar durante nueve meses, en todos los foros públicos, las posiciones del Gobierno.

Me considero el último de la fila de esos 84, porque he aprendido de todos ellos y ellas, de sus conocimientos, preparación y esfuerzo. Suponía un reto sostener durante un tiempo imprevisible a un Gobierno socialdemócrata apoyado por una minoría de solo 84 votos. Lo mismo que mantener la cohesión interna en situaciones delicadas y ante votaciones con las que los enemigos del PSOE buscaban provocar controversias o indisciplinas. Pruebas superadas.

Hemos preservado la lealtad al nuevo proyecto del PSOE, ambicioso en lo social y con respuestas a los nuevos desafíos de la globalización y la sostenibilidad. Porque se trataba, como prioridad, de devolver la dignidad a la vida cotidiana de millones de familias, tarea inacabada que llevará años. Y hemos respondido a las iniciativas de unas derechas irresponsables que lanzaban propuestas tramposas y discursos llenos de falsedades. Los 84 hemos sido una piña tanto a la hora de proponer la superación real de los dramáticos efectos de la crisis económica, como en la defensa del diálogo como vía para encontrar salidas a la crisis de Cataluña o en la idea de la España plural e incluyente que queremos la mayoría.

Sé que ha habido momentos y votaciones complejas pero el grupo ha actuado como un bloque hasta el final, detrás de las portavoces Margarita Robles y Adriana Lastra, conscientes todos de lo que había en juego. Pero el rechazo a los Presupuestos sociales para 2019, consecuencia de la extraña confluencia de intereses entre las derechas y los partidos secesionistas de ERC, PDECat y Bildu, ha llevado al presidente a disolver el Parlamento por razones de coherencia democrática y de dignidad del propio Gobierno.

La aventura acaba para los 84 diputados resistentes que hemos vivido una experiencia apasionante y dura a la vez. Pero, en todo caso, gratificante en lo político y en lo personal. A partir del 28 de abril cada cual seguirá su camino: en la política, en la vida profesional o en la búsqueda de empleo, porque nada está escrito. Pero continuará nuestro vínculo.

Nos queda un ejercicio a realizar en las próximas semanas: rendir cuentas de nuestra labor en las respectivas circunscripciones. No importa que suene a pre-campaña, es nuestra obligación. Conscientes de que no hemos podido alcanzar desde el Gobierno todos los objetivos de justicia y transformación que nos propusimos para este periodo nacido en la inestabilidad y rodeado de incertidumbres. El bloqueo de la Mesa del Congreso, controlada por el PP y Cs, ha impedido la tramitación de una docena de leyes necesarias para el cambio.

No tengo dudas de que el balance final de la gestión de Gobierno, incluidas 19 leyes y 26 reales decretos, es muy satisfactorio. Aún con los errores y contradicciones propias de quien, de repente, aterriza en Moncloa y en los Ministerios y se ve ante la responsabilidad de gobernar un país tras el éxito inesperado de una moción de censura. Recogimos un país traumatizado por los casos de corrupción, en la engañosa senda de una recuperación económica orientada desde políticas que provocaban más desigualdades y más precariedad, en medio de un proceso de ruptura política y de la convivencia en Cataluña y con una fiscalidad enemiga de la justa redistribución de las cargas y del reparto de la riqueza.

Hemos llegado a una cita histórica y decisiva para el futuro de la democracia y de la cohesión social y territorial de esta España convulsa. Nadie sabe cómo evolucionará el Grupo Socialista a partir de los actuales 84. Pero los que lleguen tras las elecciones del 28A serán protagonistas del mandato ciudadano para frenar la involución del Estado Social y Democrático de Derecho.

La democracia se ve presionada por los grandes poderes económicos y por los fenómenos del populismo y de los nacionalismos. Precisamente cuando se cumplen 40 años de una Constitución que precisa una urgente actualización a los tiempos y no un paso atrás que supondría la desestabilización del Estado. _______________Odón Elorza es diputado socialista por Gipuzkoa

Las defensas de los políticos soberanistas en prisión preventiva por orden del juez instructor de la causa del proceso soberanista, Pablo Llarena, pedirán la semana que viene la puesta en libertad provisional de sus clientes tras la decisión del tribunal alemán descartando entregar al expresidente Carles Puigdemont por rebelión, ya que dicha resolución les refuerza en sus argumentos.

Así lo han explicado en una rueda de prensa conjunta los abogados Xavier Melero (Joaquim Forn), Marina Roig (Jordi Cuixart), Jordi Pina (Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull), Andreu Van den Eynde (Oriol Junqueras y Raül Romeva), Mariano Bergés (Dolors Bassa) y Olga Arderiu (Carme Forcadell).

Asimismo, Jordi Pina ha explicado que hace una hora ha presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación ante el juez Llarena contra la suspensión de los cargos electos y que en breve harán lo mismo los otros abogados de electos, también el de Puigdemont, y Andreu Van Den Eynde ha valorado: "No hay ninguna probabilidad de que esto acabe en una condena por rebelión".

En el escrito de Pina, el abogado rechaza la interpretación de Llarena que les tacha de "individuos rebeldes", supuesto necesario para aplicar la suspensión, porque es "absolutamente literalista y no corresponde con la interpretación del Tribunal Constitucional", y pide que si se estima el recurso, mientras se resuelve, se permita a los diputados mantener el voto por delegación.

Así, cita la sentencia 199/1987 que preveía la medida de suspensión para prevenir y combatir la acción de bandas armadas y organizaciones terroristas y "consideró sinónimas a los efectos de esta previsión legal la condición de 'rebelde' y de 'armada", que se caracterizan por usar armas de fuego, bombas, granadas, sustancias o aparatos explosivos o medios incendiarios.

En este sentido, asegura que en ningún momento sus clientes usaron este tipo de instrumentos y lamenta que "esta interpretación restrictiva del precepto que en su día sostuvo el Tribunal Constitucional ha sido inexplicablemente soslayada".

El Supremo notifica a Torrent la suspensión de los seis diputados investigados

El Tribunal Supremo (TS) ha notificado este viernes al presidente del Parlament, Roger Torrent, la suspensión de cargo público al expresidente Carles Puigdemont suspensióny a otros cinco diputados investigados por el proceso independentista.

Según han explicado fuentes parlamentarias, el Supremo ha enviado por correo certificado la notificación dirigida al presidente que ha entrado en el registro del Parlament pasadas las 11.00 de este viernes.

El Parlament está a la espera de un informe de los letrados solicitado por la Mesa de la Cámara para dirimir cómo debe aplicar esta suspensión a las puertas de un pleno que comenzará el martes por la tarde.

La Mesa del Parlament, el órgano rector de la Cámara, se reunió el jueves para abordar el tema, pero no tomó ninguna decisión alegando que no había recibido la comunicación oficial de que los diputados habían sido suspendidos.

La decisión del juez Pablo Llarena afecta a seis parlamentarios, cuatro de JxCat —Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez— y dos de ERC —Oriol Junqueras y Raül Romeva— y podría hacer perder a estos dos partidos y a la CUP la mayoría absoluta que ahora tiene en la Cámara.

En su auto de suspensión, el juez ha planteado que los seis diputados sean sustituidos de forma temporal por otros seis candidatos de las listas de JxCat y ERC para así no alterar la mayoría actual de la Cámara, pero ninguno de los dos partidos es partidario de ello.

El propio PSC recordó que la sustitución temporal de diputados no está prevista ni constitucionalmente ni en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), lo que añade incertidumbres a la situación de la Cámara catalana.

¿Se aplicará la suspensión?

En el Parlament está instalado el debate sobre si hay que aplicar automáticamente la suspensión dictada por Llarena, o hay que someterla a la votación del pleno y que sean los 135 diputados los que tengan la última palabra.

Cs y el PP ya han defendido que la suspensión es automática si así lo establece una resolución judicial, mientras que la CUP y JxCat aseguran que no es de aplicación obligatoria y tiene que ser el pleno quien decida.

El informe que Torrent ha encargado a los letrados pide que lo tengan hecho antes de la próxima reunión de la Mesa del Parlament, por lo que debería estar para antes del martes a las 10, justo unas horas antes de que empiece el pleno.

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, cree que "España necesita y merece que una mujer sea presidenta del Gobierno" porque llevaría al país "de nuevo a la vanguardia" y pondría asuntos como la conciliación "en el centro del debate", tiene intención si llega a la presidencia del PP de adoptar medidas para "ampliar las bases y la afiliación" de forma que "las cuotas no sean un problema" y combatir la corrupción con medidas como una "total separación entre los partidos y los contratos públicos".

En este contexto, ha reconocido que "muchísimos afiliados y compromisarios" le han planteado la posibilidad de vender la emblemática sede nacional del PP en la madrileña calle Génova, por considerar que quizá sea "demasiado", algo sobre lo que ella va a reflexionar.

"Como me lo ha planteado mucho afiliado de base, hay que darle una vuelta porque esa gente también tiene mucha visión de futuro y de cómo puede ser nuestro partido en el futuro con generosidad, humildad y volviéndonos a construir de abajo a arriba", ha señalado.

En Cataluña "se practica el apartheid" y no existe el "apaciguamiento"

Sáenz de Santamaría ha asegurado que ahora lo que toca en Cataluña es "firmeza" y llevar el Estado a esa comunidad autónoma. Según ha dicho, los independentistas practican allí el "apartheid" y "el apaciguamiento con esa gente no existe".

Así se ha pronunciado tras la reunión que este martes mantuvieron en el Palacio de La Moncloa Sánchez y Torra, en la que iniciaron una etapa de diálogo al coincidir en que hay margen para trabajar en la normalización de sus relaciones pese a la imposibilidad de un acercamiento respeto al derecho de autodeterminación. Ambos, que se reunieron más de dos horas y media, acordaron poner en marcha la comisión bilateral Generalitat-Estado.

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Sáenz de Santamaría ha afeado a la actual vicepresidenta socialista Carmen Calvo que esté "más pendiente" de la valoración que van a hacer los independentistas que de la defensa de España y del Estado en Cataluña. Según ha dicho, cuando gobernó el PP lo primero que procuraron es que los "constitucionalistas trabajaran juntos".

En este sentido, la exvicepresidenta ha dicho que ese contacto con los constitucionalistas es lo primero que debería haber hecho el Ejecutivo del PSOE, en vez de dedicarse a "hacer turismo" por la Moncloa con Torra. A su entender, a los primeros que tiene que defender Sánchez no es a los independentistas sino a los catalanes que se sienten españoles, y les gustaría poder vivir y hablar en libertad en Cataluña.

"Porque a Sánchez le hayan regalado el sillón de la Moncloa, no puede ir regalando España a trocitos. Lo que toca es firmeza, lo que toca es la defensa del Estado y llevar al Estado y al Gobierno a Cataluña, y no sacarlo", ha enfatizado, para añadir: "el apaciguamiento con esa gente no existe porque en Cataluña practican el apartheid".

Así, Sáenz de Santamaría ha recalcado que a los primeros que tiene que defender Sánchez no es a los independentistas sino a los catalanes que se sienten españoles, y les gustaría poder vivir y hablar en libertad en Cataluña.

La operación diálogo

Al ser preguntada si hace autocrítica tras la operación diálogo que impulsó con el Gobierno catalán, Sáenz de Santamaría ha resaltado que solo se reunió dos veces con el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para hablar de las 46 peticiones que Carles Puigdemont había trasladado a Rajoy.

Eso sí, ha dicho que solo les interesaba la autodeterminación y ya les dijo entonces que eso no se podía negociar porque "corresponde a todos los españoles". "Con quien más he dialogado en Cataluña y ésa es la gran diferencia con el señor Pedro Sánchez, es con los catalanes", ha enfatizado, para añadir que su diálogo ha sido sobre todo con la sociedad civil o las empresasempresas que lo estaban "pasando mal" en esta comunidad.

En este sentido, ha resaltado que el Gobierno de Mariano Rajoy "no ha cedido ni una sola competencia" al Gobierno de Puigdemont, "no ha retirado ningún recurso" ni ha "contaminado la política penitenciaria". A su entender, "a toro pasado" todos hacen críticas, pero ella "jamás" ha ido en contra de la ley y siempre va a defender la unidad de España.

La candidata a presidir el PP ha señalado además que el otro aspirante, Pablo Casado, "confunde las sumas", porque no se puede dar por sentado que quienes simpatizaron con la candidatura de María Dolores de Cospedal vayan a darle a él su apoyo en el cónclave del 20 y 21 de julio. "A mí esto de jugar a dividir entre señoras para ver si encuentro un hueco, no me gusta", ha comentado.

Santamaría ha incidido en que no se puede dar por sentado que los votos de Cospedal –"una mujer, como es mi caso"– se vayan a transferir a Casado, "otro perfil bastante diferente" y cuyo planteamiento político no tiene por qué "coincidir exactamente" con el de la ya ex candidata y el de quienes le dieron su apoyo en la primera vuelta. "Esto de jugar a dividir entre señoras para ver si encuentro hueco, no me gusta. Las señoras en este debate nos hemos comportado con una educación ejemplar, bastante más que algunos señores", ha dicho en este contexto. Para Sáenz de Santamaría, "lo importante" es que su lista resultó vencedora en "la mitad" de las circunscripciones, un total de 30, cuando Casado triunfó en 14. Aún así, afirma que "aún en los sitios donde uno puede pensar que tiene más afiliados no le tienen por qué coincidir con los compromisarios", que serán quienes tengan la última palabra en el cónclave.

El candidato a la presidencia del PP Pablo Casado ha contestado a Soraya Sáenz de Santamaría que "nadie es más que nadie por ser hombre ni por ser mujer" y que "nadie intenta dividir entre señoras por ser señoras ni por ser señores". "Nos estamos equivocando a la hora de hablar de señoras y señores", ha sentenciado. En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, ha dicho: "Nunca he hablado de géneros, nos estamos equivocando a la hora de hablar de señoras y señores. No creo en las cuotas ni en la diferenciación por género. No voy a comprar el discurso de la izquierda de colectivizar la sociedad. Nadie es más que nadie por ser hombre o por ser mujer y nadie intenta dividir ni por ser señoras ni por ser señores, estamos equivocando el enfoque de lo que tiene que ser un partido que vota los principios liberales".

Los cuatro presos independentistas catalanes que han salido esta mañana de la prisión madrileña de Valdemoro para ser trasladados a la de Lledoners (Barcelona) han llegado a la cárcel zaragozana de Zuera a primera hora de la tarde de este martes, donde pasarán esta noche. En sus celdas solo podrán disponer de lo imprescindible para pernoctar.

Según fuentes próximas al centro penitenciario, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras; el exconseller Raül Romeva; el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, solo podrán utilizar en Zuera productos de higiene personal, ropa y calzado para cambiarse y libros de lectura.

Viajan junto con otros presidiarios en un furgón de la Guardia Civil, una línea regular de Instituciones Penitenciarias que une las prisiones de Madrid con las de Barcelona. Esta mañana ha realizado una parada en la cárcel de Daroca (Zaragoza), donde se han quedado varios presos, para continuar después hasta Zuera, continuando este miércoles hasta Lledoners con una posible parada en la cárcel de Lérida.

Los cuatro presos del procès han llegado a Zuera sobre las 15.00 horas y han sido trasladados al módulo de Ingresos. Junqueras, Romeva y los dos Jordis han bajado con su equipaje, les han tomado las huellas y, como presos en tránsito, no de la prisión zaragozana, permanecerán hasta las 8.30 horas de este miércoles, distribuidos por parejas en dos celdas. No tienen derecho a recibir visitas, ni a realizar llamadas, pero sí pueden ser atendidos por el personal médico y de enfermería. Pueden bajar al economato y al patio, con otros presos, para después cenar y volver a sus celdas.

Las dos mujeres en prisión preventiva por el caso del 1O, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la ex consellera Dolors Bassa, permacían mientras en la madrileña cárcel de Alcalá Meco y se espera que este miércoles viajen directamente hacia Cataluña haciendo solo una parada técnica en Zuera.

Quienes todavía tendrán que esperar son los otros tres presos indepedentistas en prisión: los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull. Este martes el juez Pablo Llarena ha dado el visto bueno a su traslado a Cataluña.

Marlaska no ve "ninguna razón" para desconfiar de la Generalitat

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que "no hay ninguna razón para generar desconfianza" sobre la gestión que harán los Servicios Penitenciarios de la Consellería de Justicia de la Generalitat de Cataluña de los líderes independentistas que están siendo trasladados "sin ningún incidente" desde Madrid a prisiones de esta comunidad.

"Vivimos en un Estado de derecho con transferencias realizadas hace tiempo. ¿Cómo nos va a preocupar?", ha dicho al ser preguntado sobre las dudas que generan que los presos catalanes estén controlados por políticos abiertamente partidarios de su excarcelación y críticos con la investigación del Supremo.

"Tengamos confianza en el conjunto de las administraciones. No hay ninguna razón para generar desconfianza", ha enfatizado Grande-Marlaska.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el proceso independentista en Cataluña, insistió este jueves en que la decisión sobre el posible acercamiento a prisiones catalanas de los líderes soberanistas que están en prisión corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, informó Europa Press.

Así lo manifestó Llarena en una providencia en la que contesta a la petición cursada por las defensas de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart de ser trasladados, "por razones de vinculación familiar", a las prisiones de Quatre Camins, Brians II, Girona mujeres y Barcelona mujeres.

En concreto, el magistrado instructor responde a los escritos que remitieron al Supremo los directores de las cárceles donde están encarcelados estos cuatro procesados, Alcalá-Meco y Soto del Real, ya que son Forcadell, Bassa y los Jordis los que cursaron su petición a través del Ministerio del Interior.

En los escritos enviados al alto tribunal, los directores de los centros penitenciarios quieren saber si hay o no algún tipo de inconveniente para proceder al traslado de los presos. "No existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación", explica el juez en su providencia.

Esta es la primera respuesta que dio Llarena a las solicitudes cursadas por los nueve procesados en la causa del procés que están en prisión provisional para que puedan ser trasladados a cárceles catalanas ahora que la instrucción está prácticamente finiquitada.

Falta la respuesta a los de Estremera

Así, el juez contestó a las direcciones de Soto del Real, donde están Sánchez y Cuixart, y Alcalá-Meco, donde se encuentran Forcadell y Bassa. Todavía está pendiente de responder a las peticiones que lleguen desde la prisión de Estremera, en la que están encarcelados Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull.

En un auto de hace dos semanas en el que denegaba la libertad de Junqueras, Forcadell y Romeva, el instructor ya avisaba de que carece de competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer los líderes independentistas investigados que se encuentran en prisión preventiva.

Apoyándose en la jurisprudencia del Supremo, Llarena explicaba que a los órganos penitenciarios les corresponde organizar, gestionar y fijar la actividad y ubicación de los presos en los establecimientos, "lógicamente debe serles reconocida como función propia la distribución de los penados", ya que son ellos los que conocen la naturaleza de los centros y el número de plazas existentes.

El secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este martes que tiene constancia de que la vía unilateral para una nueva declaración de independencia "no está en la agenda" del Govern de Cataluña de Quim Torra, con quien se reunió este lunes en la Generalitat.

"Me consta que la vía unilateral no está en la agenda y esto no es una opinión, es información", ha sentenciado Iglesias preguntado por este asunto después de que el propio Torra, tras reunirse con él, afirmase que es necesario un nuevo 1 de octubre en Cataluña para avanzar en su objetivo de independencia.

"Al señor Torra le gustaría que Cataluña no formase parte de España. Ayer le traté de explicar que desde otros valores, con un encaje constitucional diferente reconociendo a Cataluña como nación, podemos compartir un Estado y desde los valores republicanos", ha explicado.

Según ha dicho, "eso va a implicar hablar de muchas cosas en las que no se está de acuerdo", pero hay que "apostar por el carril de diálogo y vías democráticas", ya que "el asunto de Cataluña es grave" y el "problema político en España con la plurinacionalidad y el encaje territorial" también.

En este contexto, se ha referido a la situación de los políticos independentistas en prisión preventiva para reiterar que tiene constancia de "la voluntad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "hacer lo que esté en su mano para facilitar" el acercamiento, "algo que es un principio humanitario de cualquier legislación penitenciaria".

En su opinión, "que los presos puedan estar cerca de las familias, que se pueda hablar con los presos, que formen parte de la interlocución a la hora de solucionar este conflicto es algo muy importante" en lo que hay que "remangarse" para "ayudar a que haya un diálogo".

"Es una vergüenza que Amnistía Internacional tenga que sacar los colores a nuestro país diciendo que aquí hay presos de conciencia. Yo no quiero vivir en un país en el que haya presos de conciencia, quiero vivir en un país en el que va a haber diferencias políticas, en el que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero en el que los problemas se pueden solucionar sentándonos todos en la mesa y teniendo altura de Estado", ha comentado.

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha explicado que habrá investidura como tarde el próximo lunes 14, "si puede ser de Puigdemont, pero si no, de otro candidato", según ha detallado este martes en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Artadi ha asegurado que su grupo parlamentario decidió que evitaría unas nuevas elecciones si dependía de ellos, y ha incidido en que si no se puede investir al expresidente catalán, se intentará más adelante: "Evidentemente probaremos la investidura de Puigdemont. Y si no, la dejaremos para más adelante. No renunciamos".

Aun así, ha subrayado que la decisión de quién será el candidato a la Generalitat no está tomada: "Es una discusión que está en el aire, pero es una decisión que tiene que acabar tomando el presidente".

Sobre el perfil del candidato, ha dicho que son muchas las cualidades que debe cumplir, pero en el momento actual debe contar con "un extra de transversalidad" y es importante la relación que tenga con otros grupos parlamentarios.

Además, ha precisado que tampoco está cerrada la formación de gobierno: "No hemos compartido nombres con ERC sobre consellerias. No lo tenemos cerrado al 100%, vamos paso a paso".

Preguntada por si estaría dispuesta a ser candidata, después de que su nombre haya sonado como posible presidenciable, Artadi ha asegurado: "Todos estamos a disposición del presidente Puigdemont".

Objetivo: no agotar el plazo máximo

JxCat y ERC se reunieron este lunes a última hora de la tarde para abordar cómo desencallar la investidura sin agotar el plazo máximo para hacerlo, que finaliza la medianoche del martes 22 al miércoles 23 de mayo.

Fuentes conocedores del encuentro han explicado que la reunión se produjo después de que el lunes por la mañana ERC señalara la necesidad de abordar de forma conjunta con JxCat una estrategia para concretar como materializar el desbloqueo de la legislatura.

Los republicanos reclaman a JxCat una investidura "efectiva", es decir, la de un candidato que no pueda ser impugnado por el Estado y pueda formar Govern de inmediato para dejar atrás la aplicación del artículo 155.

También piden no apurar hasta el último día en el que es posible investir a un presidente, ya que consideran que supondría asumir unos "riesgos" que ven innecesario ante el contexto actual de enfrentamiento entre el Estado y las fuerzas soberanistas.

Abordar como tarde la investidura el día 14 cumpliría las expectativas de los republicanos, ya que sería una forma de no arriesgar hasta el último momento.

El diputado del PSC en el Parlament Carles Castillo visitó "a título personal" al exvicepresidente Oriol Junqueras en la cárcel de Estremera el 1 de marzo, e informó antes al líder del partido, Miquel Iceta.

La número dos del PSC y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha explicado en una entrevista de La Xarxa recogida por Europa Press que es "ciertamente razonable y lógico que se haya ido a ver a cualquier compañero del Parlament que en estos momentos esté en una situación como está Junqueras".

Fuentes socialistas han explicado que Castillo quiso informar antes a Iceta para que tuviera conocimiento de su intención y que le dejó claro que la visita se ceñía al ámbito personal y por razones "humanitarias".

Castillo tiene la intención de volver a visitar próximamente al exvicepresidente Junqueras y también a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, encarcelada en Alcalá-Meco.

Prisión desproporcionada

El PSC siempre se ha calificado de desproporcionada la prisión preventiva para los presos soberanistas: ningún dirigente ha visitado oficialmente a los encarcelados pero algunos sí han pedido que se les acerque a cárceles catalanas.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, señaló a finales de febrero —antes de la visita de Castillo a Junqueras— que miembros del PSC se habían reunido con familiares de los presos y señaló que el partido no tenía la necesidad de irlo publicitando.

La parlamentaria Laura Pérez, exsecretaria general Podemos en Navarra, ha afirmado que ella sigue perteneciendo a la formación morada hasta que decida si recurre o no su expulsión del partido. En su opinión, la resolución de la Comisión de Garantías por la que se decidió su expulsión es "jurídicamente insostenible y éticamente insultante".

"Por lo pronto, yo sigo siendo de Podemos", ha afirmado Pérez a preguntas de los periodistas al término de la Mesa y Junta de Portavoces celebrada este lunes en Viana, en la que la parlamentaria ha representado a Podemos a pesar de estar expulsada del partido, según informa Europa Press.

En este sentido, Pérez ha remarcado que "ya dijimos que la portavocía la íbamos a ejercer de forma coral y rotatoria" y que "nos iremos turnando". Ha destacado, además, que el cambio de portavocía supuso "un mero trámite" teniendo en cuenta que "a efectos formales debe constar una persona como portavoz y otra persona como portavoz adjunta". "Pero de facto, según los usos y costumbres de la Cámara todos y todas somos coportavoces y, por lo tanto, no hay nada de extraño en que yo comparezca hoy aquí", ha agregado.

Ha manifestado, además, que "cabría señalar que el tiempo nos ha dado la razón", ya que, según ha dicho, "haber hecho esa modificación posiblemente ha imposibilitado que a día de hoy haya una persona menos en ese grupo parlamentario y la consiguiente pérdida de las mayorías suficientes en Mesa y Junta para poder tramitar las iniciativas del cuatripartito y del Gobierno".

Asimismo, Laura Pérez ha asegurado que los parlamentarios críticos con la dirección "queremos trabajar con normalidad" y "queremos desarrollar el compromiso que adquirimos con 46.000 votantes". "Eso es lo que vamos a seguir haciendo, trabajar y cumplir con nuestro programa político", ha garantizado.

Preguntada por el hecho de que represente a Podemos como portavoz del grupo parlamentario en la Mesa y Junta después de que haya sido expulsada del partido, ha querido matizar que "si bien la resolución de la Comisión de Garantías era ejecutiva desde su notificación, esta Comisión no tuvo en cuenta que, según el artículo 63.2 de los estatutos generales que priman por encima de los estatutos territoriales, esas resoluciones no son firmes hasta que resuelve la comisión de Garantías Estatal".

Así, ha afirmado que "por ahora, hasta que decida si recurro o no esa resolución, que por cierto es jurídicamente insostenible y éticamente insultante", ella sigue siendo de Podemos.

A su juicio, "si realmente creemos en la separación de poderes para que a una persona se la expulse, en este caso apartando mi supuesto particular, el resto de personas deberían ser objeto de expediente, tramitación, derecho de defensa y, posteriormente de resolución, cosa que no se está dando, por lo tanto, seguimos siendo todos y todas de Podemos".

Por otro lado, preguntada por si la letrada mayor podría ser suspendida, ha manifestado que "llegado el momento, si finalmente se produjera dicho cese ya nos pronunciaríamos". "Mientras tanto todo lo que existe en torno a este tema debería ser en su caso investigado. Todos tenemos el deber de defender que las instituciones están al servicio de la gente y no para fines de parte", ha concluido.

Laura Pérez, exsecretaria general de Podemos Navarra expulsada del partido, seguirá formando parte del grupo parlamentario de la formación morada en el Parlamento foral.

Así lo ha asegurado el portavoz parlamentario de Podemos, Carlos Couso, uno de los cargos afines a Laura Pérez. Según Couso, Laura Pérez "sigue estando en el grupo parlamentario mientras nadie diga otra cosa". "Hay independientes en los grupos, hay todo tipo de figuras, no hay ningún problema por eso", ha señalado.

Cabe recordar que los parlamentarios críticos con la dirección son mayoría en el grupo de la Cámara navarra, donde suman cuatro de los siete parlamentarios.

Carlos Couso ha advertido en declaraciones a los medios de comunicación de que "estamos en un proceso muy semejante al de Galicia y al de otras partes, donde parece que Podemos está muriendo".

En todo caso, Couso ha informado de que el grupo que apoya a Laura Pérez va a convocar una asamblea "abierta a las bases para que decidan qué es lo que va a pasar aquí". "No hay nada que no estuviera previsto, ya avisamos hace días por dónde iban a ir los tiros, sobre todo porque había un expediente que ya condenaba —a Laura Pérez— como medida cautelar. No nos ha sorprendido nada y vamos a seguir trabajando de momento y ya veremos lo que decidimos conjuntamente", ha asegurado.

Carlos Couso ha señalado que "estamos muy tranquilos, no vamos a dar pasos en falso porque nos preocupa mucho la estabilidad del Gobierno del cambio y vamos a andar con mucho cuidado porque lo que hagamos queremos que no afecte a eso". "Nosotros de momento no vamos a hacer nada, vamos a estar tranquilos, vamos a seguir trabajando", ha asegurado.

La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) ha propuesto en el Congreso extender el estatus jurídico que reconoce a las mascotas como "seres vivos dotados de sensibilidad", tal y como se recoge en la proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales (en fase de tramitación en la Cámara Baja), a todos los animales.

Se trata de una de las más de treinta enmiendas que la APDDA ha trasladado a los grupos parlamentarios de cara al futuro debate de esta propuesta legislativa, en las que, además, ha participado la asociación INTERcids-Operadores Jurídicos por los Animales, que agrupa a jueces, fiscales, abogados, procuradores, médicos forenses y fuerzas de seguridad.

Como principales iniciativas para "mejorar" la proposición de Ley, la asociación plantea una nueva definición de "animal de compañía", con la intención de uniformizar un término que en la actualidad presenta una absoluta disparidad y discrepancia normativa y jurisprudencial.

Además, llaman a regular las cláusulas testamentarias relativas a los animales de compañía, para garantizar su destino en condiciones de protección y bienestar, y se hacen precisiones sobre el daño o sufrimiento moral por la pérdida o el daño causado a una mascota, así como sobre la recuperación por parte de quien haya abonado los gastos de curación o de otra índole de un animal, con independencia de su cuantía.

En otro ámbito distinto, se proponen enmiendas para evitar que la resolución de la venta de animales quede sujeta a la devolución o sustitución del animal.

Asimismo, la APDDA propone extender la intervención en la custodia y salvaguarda de animales --además de en los casos de pérdida o abandono ya previstos-- a los casos de desamparo en situaciones de emergencia, tales como accidentes de tráfico, catástrofes naturales, incendios en domicilios, violencia de género, desahucios, acumuladores (síndrome de Noé), muerte o enfermedad de personas que vivan solas o tengan que ingresar en un hospital, residencia geriátrica o prisión, o precinto de naves industriales.

Incluir a animales de producción y recreo

Otra novedad es la inclusión de enmiendas al texto que reconocen las repercusiones en el ámbito civil del vínculo existente entre los malos tratos a animales y la violencia doméstica y de género y el maltrato infantil, para una mejor protección de las víctimas en estos casos.

El objetivo de estas enmiendas, según ha explicado la APDDA, es "que el nuevo régimen jurídico de los animales no quede reducido en la práctica a los animales de compañía". Por eso, incluye expresamente menciones a la protección de las leyes especiales que afectan a los animales de producción y de recreo, que también son seres vivos dotados de sensibilidad, como va a establecer el artículo 333, a partir de la presente reforma.

En esta misma línea, se enmiendan también la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, ofreciendo dos alternativas a los grupos parlamentarios: una opción es impedir tanto la hipoteca como la embargabilidad de todos los animales; y otra, garantizar, al menos, el bienestar de los animales de producción o recreo que sí podrían hipotecarse y negar, en todo caso, su subasta para liquidar sociedades de gananciales o disolver comunidades de bienes.

El Parlamento Vasco ha aprobado los Presupuestos de Euskadi para 2018 gracias al acuerdo que, por segundo año consecutivo, han alcanzado el PNV, el PSE-EE y el PP en torno a las cuentas de la comunidad autónoma, que ascienden a 11.486 millones de euros. EH Bildu y Elkarrekin Podemos han votado en contra, al considerar que los presupuestos son "antisociales" y "regresivos".

La aprobación definitiva de las cuentas se ha producido con los 37 votos a favor del PNV y el PSE-EE, socios de gobierno en el Ejecutivo autonómico, la abstención de ocho parlamentarios del PP, y el voto en contra de los 27 representantes que suman EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Este es el segundo año consecutivo en el que el gabinete de Iñigo Urkullu logra aprobar sus cuentas a través de un acuerdo con el Partido Popular, que a cambio de su abstención ha logrado introducir modificaciones presupuestarias por valor de 30 millones de euros (un 0,26% del total del presupuesto), y ha obtenido el compromiso del PNV y el PSE-EE de rebajar el tipo nominal del impuesto que pagan las empresas por sus beneficios.

Las consecuencias de este pacto con el PP han sido el motivo principal de las críticas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos a los presupuestos. Estas formaciones han denunciado que el PNV y el PSE han aceptado las "imposiciones" de los 'populares' para imponer políticas "neoliberales, regresivas y antisociales".