La reforma laboral ha conseguido reducir el empleo temporal en un 30% en las empresas privadas durante los dos años que lleva en vigor. Pero en las administraciones públicas el ritmo está muy lejos de ser ejemplar. En 2022 y 2023 sólo han recortado en un 6,68% los puestos eventuales, cinco veces menos, por tanto, que el sector privado. Y en las empresas de propiedad estatal el resultado es aún más decepcionante: el empleo temporal incluso ha crecido un 3,5% en los dos últimos años, al menos según se desprende de los microdatos de la última Encuesta de Población Activa, correspondientes al tercer trimestre de 2023.

Es más, en 2022, el primer año en que la reforma laboral desplegó sus efectos, las empresas públicas españolas redujeron en un 27,2% sus trabajadores temporales, por lo que ahora tienen 10.411 menos que el año precedente. Pero en 2023 los aumentaron en un 18,12%, y eso sin contar el cuarto trimestre, cuyos datos no se conocerán hasta el próximo 26 de enero. De forma que, si en el primer trimestre de 2022 el número de empleados temporales en las empresas estatales era de 38.194, en el tercer trimestre de 2023 se elevaron a 39.540. Como también han crecido los indefinidos, un 12,8% en estos dos años, en el sector público empresarial la tasa de temporalidad se ha quedado en el 21,4%, sólo un punto y medio menos que en el inicio de 2022. Aun así, se mantiene siete puntos por encima de la tasa del sector privado, que se sitúa en el 14,2%.

En el conjunto de las administraciones públicas, la tasa de temporalidad alcanza el 29,75%, por lo que ha descendido 2,7 puntos desde el primer trimestre de 2022. Es decir, en las empresas estatales se ha reducido casi la mitad que en el resto del sector público.

Con estos números no sólo se está incumpliendo la reforma laboral, sino que es poco menos que imposible que se aplique la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, que fija en un 8% la tasa de empleos temporales a la que deben llegar las administraciones públicas el 31 de diciembre de 2024.

El sector público empresarial lo conforman desde Adif y Renfe o Enaire y el ICO –21.480 trabajadores– hasta las 14 empresas donde la SEPI tiene una participación mayoritaria –76.350 empleados–: Correos, Navantia, Tragsa, Paradores, RTVE… La estabilidad en el empleo en cada una de ellas es muy dispar. En Renfe, sólo el 4,2% de sus 14.490 trabajadores tenía un contrato temporal en 2021, el último año cuyas cuentas publica en su página web. La que mayor temporalidad sufre es Tragsa, con un 67,9% de empleados eventuales en septiembre de 2023. En Navantia, el 93,75% de la plantilla –4.547 personas– es indefinida, según declara en su web.

De hecho, nada más entrar en vigor la reforma laboral, la dirección de Tragsa se presentó ante sus trabajadores como la avanzadilla del “cambio cultural” que el Gobierno quería imprimir en el sector público empresarial. La compañía es uno de los denominados “medios propios instrumentales” de la Administración, como también Ineco o Isdefe, por lo que sólo trabaja con los encargos que les hacen las instituciones públicas. El presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, anunció entonces que las empresas públicas iban a ser el “referente” en materia laboral para el sector privado, abocado al mismo cambio de cultura: “Tenemos que ser ejemplares”, proclamó Casas Grande en un vídeo distribuido entre la plantilla. “Esto es una política de Estado”, dijo, así que es necesario “vencer inercias e incomodidades”.

Dos años después, sin embargo, la temporalidad en Tragsa, lejos de reducirse, ha crecido 5,7 puntos porcentuales. En la filial, Tragsatec, alcanza el 71,3%, según los datos de la empresa a septiembre de 2023. El grupo ha multiplicado su actividad los últimos años, con una producción que en septiembre se elevaba a 1.240,8 millones de euros, un 32,5% por encima de la cifra acumulada hasta ese mismo mes de 2022. Su cartera de pedidos supera en un 14,3% la firmada el año precedente para los tres primeros trimestres.

Así que también ha explotado la contratación de personal con el que hacer frente a tantos encargos. La plantilla ha crecido nada menos que un 46,2% desde que entró en vigor la reforma laboral. La componen 24.539 trabajadores, de los cuales 12.154 pertenecen a la filial, donde el aumento de personal ha sido del 50,8%. De los 7.755 nuevos empleados del grupo, 6.222 son temporales. Estos han crecido un 59,6% en los dos últimos años, mientras que los fijos sólo lo han hecho un 24,2% –un 14,2% en 2023–.

Mientras, las plazas que salen a concurso para hacer realidad ese “cambio cultural” en Tragsa son 2.213 correspondientes a la tasa adicional de estabilización y 1.581 correspondientes a la tasa de reposición específica. En Tragsatec son 2.383 –200 de ellos fijos discontinuos– y 673, respectivamente. En total, 6.850 plazas en cuatro fases, de las que ya se han finalizado dos –2.830–, asegura el propio grupo a infoLibre. Pero esa cifra es insuficiente para hacer indefinidos a los dos tercios temporales de la plantilla, lamentan las fuentes sindicales consultadas.

Una parte de estos eventuales, no obstante, se encuentran cubiertos por la excepción que permite hacer la reforma laboral con los contratos temporales que sean necesarios para gestionar los fondos de recuperación de la UE. La última estadística del SEPE muestra que en 2022 se formalizaron en toda España 22.402 contratos eventuales acogidos a esta excepción, mientras que en 2023 se han quedado en 17.766.

Según explican las fuentes sindicales, la empresa está utilizando contratos de sustitución como “transición” hacia la fijeza, cubriendo el periodo de tiempo necesario hasta que sale a concurso la plaza de que se trate. O bien, al acabarse el contrato, los temporales pasan unos meses “en la nevera” y se les vuelve a contratar después, aseguran.

A preguntas de infoLibre, Tragsa reconoce que el aumento del número de encargos que le hacen las administraciones públicas, sobre todo los financiados con los fondos Next Generation, ha hecho crecer el empleo temporal en la empresa. Y que un "volumen importante" de los nuevos contratos se acogen a la excepción permitida por la reforma laboral para los fondos europeos. En concreto, cifra en 3.727 los contratos de este tipo firmados por Tragsa en los dos últimos años. Es decir, el 60% de los temporales. Los contratos de sustitución, con los que “se cubren temporalmente los puestos de trabajo hasta que acaba el proceso de selección par su cobertura definitiva”, ascienden a 2.426.

Pese a estas dificultades, el objetivo del grupo es haber creado 13.700 empleados fijos “a finales de 2024 y principios de 2025, en la senda de las previsiones del Plan Estratégico 2024-2038” , apunta.

En cualquier caso, en 2023 se ralentizó tanto en el sector público como en el privado la rebaja de la temporalidad que con tanto ritmo reflejaron las estadísticas en 2022. En las administraciones públicas el número de trabajadores eventuales se recortó en 49.800 personas durante los tres primeros trimestres del año pasado, mientras que en el mismo periodo de 2022 la reducción alcanzó los 51.900 empleados. En todo 2022, la rebaja de temporales fue superior, 62.700 personas.

En el sector privado, 2023 fue aún peor. Mientras que en los tres primeros trimestres de 2022 los trabajadores eventuales disminuyeron en 534.300 –y nada menos que en 921.300 en todo el año–, en el mismo periodo de 2023 la tendencia se ha revertido: los temporales aumentaron en 179.000 personas. Como entre enero y octubre también crecieron los fijos, la tasa de temporalidad del sector privado ha quedado en el 14,2%, apenas por debajo del 14,8% con que terminó 2022, pero aun así medio punto por encima del 13,7% con que se inició 2023, y que ha sido el mínimo histórico hasta la fecha. Durante 2022, la tasa se redujo nada menos que 7,3 puntos porcentuales.

“En el sector público la tasa de temporalidad está enquistada”, explica Trinidad Molina, responsable de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Para que bajara, deberían salir a concurso plazas suficientes que transformen los eventuales en indefinidos. Como no se aprueban, el número de interinos no se reduce, o al menos no en la cantidad necesaria para cumplir ni de lejos con ese 8% que exige la ley. Así, muchos de ellos continúan acumulando años en puestos sin plaza. Las culpas se reparten entre las propias empresas, que deben pedir las plazas, y el Ministerio de Hacienda, que debe aprobar las convocatorias, añade Trinidad Molina. Según destaca, la temporalidad es aún más acusada en las empresas públicas municipales.

La Encuesta de Población Activa también revela cuál es la duración de los contratos temporales que se siguen firmando en el sector público. Apenas los hay de un día y los de menos de un mes no superan los 11.000, un 43,8% menos que antes de la reforma laboral. También se suscriben menos contratos de duración inferior a los dos años –una caída del 17,5% en los de uno a dos años, los más habituales, que sumaron 146.600 en el tercer trimestre de 2023–. Pero, por el contrario, crecen los de dos años, un 4,6%, y se han disparado los de más de tres años, un 46,6%.

El compromiso del Gobierno con la UE para todas las administraciones públicas es convertir en fijos a 300.000 empleados temporales. En Correos se puso en marcha el año pasado un “proceso de estabilización”, una convocatoria de empleo de 7.757 plazas. Los sindicatos piden otras 4.000 más para 2024. Paradores ha obtenido autorización para cubrir 1.127 puestos mediante contratos indefinidos, un plan que debe quedar ejecutado antes del 31 de diciembre de este año. La empresa cuenta con una plantilla de 3.892 trabajadores, de los cuales el 31,1% son temporales, según los datos que el Gobierno facilitó al senador de Compromís Carles Mulet en una respuesta escrita. RTVE pretende hacer fijos a 1.082 trabajadores, además de haber convocado 767 plazas fijas de acceso libre.

La reforma laboral aprobada en diciembre tiene como objetivo declarado el combate contra la contratación temporal abusiva. Pero al mismo tiempo dejó abierto un resquicio que permite a las administraciones firmar este tipo de contratos, pese a que la tasa de temporalidad en las entidades públicas se sitúa en el 32,4%, 10 puntos por encima de la que sufren las empresas privadas. En algunos sectores de la administración pública los empleos temporales llegan a suponer incluso hasta el 50% de la plantilla. También en diciembre se aprobó una ley de medidas urgentes en las que el Gobierno se comprometía a rebajar al 8% la tasa de empleos temporales en las administraciones antes del fin de 2024.

Sin embargo, la disposición adicional quinta de la reforma laboral permite a las administraciones y empresas públicas suscribir contratos temporales siempre que estén “asociados a la estricta ejecución de Plan de Recuperación”, y “solo por el tiempo necesario para la ejecución” de esos proyectos. Esa excepción se ha traducido, hasta el momento, en 4.701 contratos temporales en el sector público en sólo cinco meses.

Los 140.000 millones de los fondos europeos concedidos a España para salir de la pandemia suponen un enorme desafío de gestión para unas administraciones menguadas en recursos humanos tras años sin tasa de reposición ni concursos para rejuvenecer –sólo el 8,5% de los empleados públicos tiene menos de 30 años– y aumentar plantillas. Miles de proyectos, licitaciones y expedientes deben ser tramitados y resueltos por un número insuficiente de funcionarios. La Administración General del Estado ha perdido el 13,5% de sus empleados desde 2010, de acuerdo con los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que elabora el Ministerio de Política Territorial.

De forma que, desde mayo y hasta agosto, las administraciones públicas han aprovechado el hueco que les ofrece la reforma laboral firmando 4.701 contratos temporales, según aparece en las estadísticas de contratos del Servicio Público de Empleo (SEPE), que ha creado un epígrafe específico para ellos. Además, el grupo más numeroso lo forman los que duran menos de siete días, 1.214, que equivalen al 25,8% de estos contratos temporales. Y los que duran menos de un mes representan el 28,8%, casi un tercio. La reforma laboral castiga los contratos de duración inferior a 30 días con un recargo en las cotizaciones que la empresa paga a la Seguridad Social, precisamente en un intento por desincentivar este empleo ultrabreve e hiperprecario al menos en el sector privado.

Otros 1.073 contratos son de seis meses a un año, el 22,8%. Sólo el 14,9%, 702 contratos hasta el momento, se han firmado para más de un año. Es más, las administraciones ya han suscrito 34 prórrogas de estos contratos temporales, 21 de ellas son hasta tres meses. La mayoría de los nuevos contratos, 30, se han suscrito en Andalucía. Eso sí, el 85,6% de los empleos son a tiempo completo.

Entre el detalle sobre los contratos temporales vinculados a los fondos europeos llama la atención que se han hecho 44 contratos a directores ejecutivos, financieros, de recursos humanos o comerciales. El grueso de estos 4.701 nuevos contratos corresponde a titulados superiores, licenciados e ingenieros, 1.026. También han sido contratados 52 abogados y 237 especialistas en contabilidad y finanzas. Otros 214 son administrativos. En total, más de la mitad, el 53,4%, son titulados superiores o doctores.

Pero también destaca que un bueno número de estos contratos temporales se han firmado para empleos de peones agrarios y forestales o de la construcción, que suman 506. También se han colado gracias a esta excepción legal 239 contratos temporales para vigilantes de seguridad y 123 para empleados de limpieza, así como dos camareros, cuatro dependientes, nueve auxiliares de enfermería y 44 albañiles.

Estos contratos se explican porque la misma disposición adicional excluye del veto a los contratos temporales aquellos que sean necesarios para ejecutar “programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la UE”, aunque no tengan vínculo alguno con los de recuperación.

Para ayudar a las infradotadas plantillas públicas, el Gobierno ha tenido que recurrir, como en otras muchas ocasiones, a los conocidos como “medios propios”: empresas públicas a las que hace “encargos” o “encomiendas”, no contratos. Igual que ha ocurrido antes con la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por ejemplo, los diferentes ministerios se están rascando los bolsillos para que Tragsa, Ineco o Isdefe se encarguen de la avalancha de expedientes, proyectos y contratos necesarios para convertir los fondos europeos en actividad económica real. “La disposición adicional quinta [de la reforma laboral] se ha hecho pensando en nosotros”, repetía el director de Recursos Humanos de Tragsa en un webinar, al que tuvo acceso infoLibre, donde explicaba cómo se está adaptando la empresa a la prohibición de contratar temporales. Tragsa, que presta servicios medioambientales y de desarrollo rural, también desarrolla habitualmente un buen número de programas y planes ligados a fondos europeos.

Por sexos, el 51,2% de los contratos temporales financiados con fondos europeos fueron firmados por hombres. Y con jóvenes: el 37,3% de los trabajadores así contratados tienen entre 25 y 34 años. Por comunidades autónomas, es Andalucía donde más se han creado estos empleos, 1.084, seguida de Galicia, con 766 y Madrid, con 597. Cataluña se ha llevado 566 y Extremadura, 472. 

“Vamos a darle la vuelta a la tortilla”. El director de Recursos Humanos de Tragsa, Álvaro Aznar, resume con esa frase el “cambio cultural” que va a emprender la empresa pública en los próximos meses para cumplir la reforma laboral. La tortilla es el 62% de trabajadores temporales que emplea la sociedad mercantil, un porcentaje escandaloso para cualquier empresa, pero más aún para una de titularidad estatal. La reforma laboral recién aprobada está obligando a todo el sector público empresarial agrupado en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) a cambiar en pocos meses lo que ha sido una constante de décadas. No todas las empresas públicas tienen un porcentaje tan elevado de empleados temporales, pero en cualquier caso superan con mucho el 26% que es la tasa media nacional. El objetivo de Tragsa ahora es que ese récord del 62% –67% en la filial, Tragsatec– de su plantilla, integrada por 16.408 personas, sea fija. Y para ello tienen unos plazos: la tortilla debe estar perfecta y en el plato el 31 de diciembre de 2024.

Así, en esos dos años, Tragsa tiene previsto hacer fijos a 3.182 trabajadores en su filial, Tragsatec, y a 2.804 en la matriz del grupo, según han confirmado a infoLibre fuentes sindicales. Un total de 5.986 trabajadores, el 36,5% de la plantilla, van a consolidar sus contratos. Todos tendrán que presentarse a un concurso-oposición –ya han empezado a hacerlo– porque, para acceder a un puesto público, deben respetarse los principios de igualdad, mérito y capacidad. En este caso, se concede un 40% de la puntuación final a la antigüedad y el 60% restante es el resultado de una prueba psicotécnica, un test competencial y una entrevista personal. Antes del 1 de junio deberán haberse publicado todas las ofertas de puestos de trabajo y antes del 31 de diciembre, todas las convocatorias para las pruebas de selección. El compromiso del Gobierno con la UE para todas las administraciones públicas es convertir en fijos a 300.000 empleados temporales.

En un webinar difundido el pasado 8 de febrero, Álvaro Aznar explicó en detalle el procedimiento que la empresa va a seguir para culminar lo que bautiza como “la Gran Estabilización”. Un proceso que debería ser similar en el resto de las empresas de la SEPI. La presentación corre a cargo del presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, quien asegura que el Ministerio de Hacienda y Función Pública les ha confiado el reto de ser los pioneros dentro de la SEPI: “Queremos que seáis los primeros”, dice que le ha instado el Gobierno. Las empresas públicas van a ser el “referente” en materia laboral para el sector privado, abocado al mismo cambio de cultura: “Tenemos que ser ejemplares”, proclama Casas Grande. Por lo que no puede haber “atajos” en el cumplimiento del nuevo “paradigma”, subraya, no sin antes reconocer que hasta ahora se han llevado a cabo “prácticas poco aceptables” en materia de contratación. “Esto es una política de Estado”, así que es necesario “vencer inercias e incomodidades”.

España es la campeona europea del empleo temporal. Sólo Polonia tiene un porcentaje mayor de trabajadores eventuales. El de los españoles dobla la media de la UE. Desde los años 80 y al menos hasta la aprobación de la reforma laboral, el 90% de los contratos que se registran cada mes en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) son temporales. Hasta ahora, todos los intentos por cambiar la adicción de las empresas por los contratos eventuales habían sido un fracaso. Los cambios en el Estatuto de los Trabajadores pactados por los sindicatos, la patronal y el Gobierno el pasado diciembre se proponen de nuevo cambiar esa dinámica testaruda del mercado laboral español, obligando a las empresas a utilizar el contrato indefinido como modelo ordinario para emplear a un trabajador y restringiendo el uso del temporal a las sustituciones de otros empleados y a la cobertura de picos de producción. Por tanto, desaparece el contrato por obra y servicio, hasta ahora uno de los reyes del empleo eventual. En 2021 se firmaron casi siete millones de un total de 19,38 millones de contratos, el 36%.

Según el Análisis del personal de sector público estatal no administrativo, que publica el Ministerio de Hacienda y cuya última edición corresponde a 2019, las 139 sociedades mercantiles estatales emplean a 88.199 trabajadores, de los cuales el 37,47% son temporales. Es decir, 11 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Si se cuenta todo el sector público empresarial, la plantilla asciende a 152.131 personas, de las que casi el 24% son temporales. Donde más cuota de eventuales hay es en las 35 fundaciones públicas –Fundación del Teatro Real, Fundación ICO, Fundación Biodiversidad–, el 43,32% de sus 1.856 trabajadores.

En la SEPI, que agrupa a 15 empresas participadas de forma mayoritaria –desde Navantia y Tragsa hasta la Agencia Efe y el Hipódromo de la Zarzuela– y a nueve con participaciones minoritarias –Red Eléctrica, Hispasat, Enagás–, trabajan 79.118 personas, de las cuales 55.059 pertenecen a Correos. De estos últimos, el 29% son temporales.

Finalmente, en los llamados medios propios instrumentales de la Administración, como Tragsa, Ineco o Isdefe, que sólo trabajan con los encargos que les hacen las administraciones públicas, las cifras son dispares: en Ineco no superan el 50% y en Isdefe son mucho menores, un 20,6%. Entre 2019 y 2021, la plantilla de Tragsa ha crecido un 19,75%, pero sus temporales han aumentado mucho más, casi un 34%. En Tragsatec el alza ha sido de un 42,25% en dos años.

Además de la reforma laboral, las empresas públicas deben adaptarse a la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, que establece en un 8% la tasa de empleos temporales a la que debe reducirse la actual, el 32%, cuando llegue el 31 de diciembre de 2024. Ese porcentaje es, para los responsables de Recursos Humanos de Tragsa, “impensable”. Su objetivo, según explica Álvaro Aznar en el webinar, se quedará en un 25%-30% para la matriz Tragsa y en un 30-35% para la filial Tragsatec.

En todo caso, el cambio en los hábitos de contratación necesita de un giro previo en la gestión, que a partir de ahora deberá ser “más horizontal y transversal, más de funciones o áreas y menos de encargos”, plantea.

Si es así, quizá se evite uno de los peligros que los sindicatos ven acechando en el futuro. Los empleados públicos concursan y obtienen su plaza fija, lo que no quiere decir que sean funcionarios: pueden ser despedidos como cualquier trabajador del sector privado. Cuando se acabe el encargo para el que han sido contratados, se quedarán en la calle con una indemnización de 20 días, en lugar de los 12 que corresponden a los temporales. La reforma laboral recién aprobada deroga la disposición de la anterior de 2012 que permitía los despidos colectivos en las administraciones públicas. Pero los sindicatos consultados no las tienen todas consigo y temen que, cuando vuelva una crisis y las finanzas del Estado necesiten recortes, la falta de encargos a los medios propios instrumentales se solucione de nuevo recurriendo a los ERE.

En 2013, Tragsa presentó a los sindicatos el que por entonces fue el mayor despido colectivo en una empresa pública, pensando en principio para 1.639 trabajadores. Tuvo un recorrido muy accidentado, que incluyó su anulación por la Audiencia Nacional y la posterior rehabilitación por el Tribunal Supremo. Para cuando finalmente se ejecutó, en diciembre de 2015, la cifra de despedidos quedó reducida a 555. Pero al mismo tiempo, la plantilla de temporales se disparaba: la empresa llegó incluso a ofrecer contratos temporales a los mismos trabajadores que había despedido.

Hoy, en cambio, Tragsa presume de llevar cuatro años seguidos con beneficios. En 2021 alcanzó su cifra récord: ganó 24,9 millones de euros tras facturar 1.808 millones y abona dividendos a las administraciones que forman parte su junta general de accionistas: además de la SEPI y el Estado, todas las comunidades autónomas, 37 diputaciones, los cabildos canarios y los consells baleares.

Esa tendencia hacia la contratación temporal va a ser una inercia difícil de vencer en Tragsa y en otros medios propios. Al igual que Ineco e Isdefe, suman un buen número de encargos para gestionar los fondos de recuperación de la UE. En total, al menos 133 millones de euros cobrarán entre las tres empresas para ayudar a las administraciones a tramitar ayudas. La cifra para ejecutar proyectos financiados por esos fondos es muy superior. Y la reforma laboral les permite emplear a trabajadores temporales para llevar a cabo todos esos contratos. “La disposición adicional quinta [de la reforma laboral] se ha hecho pensando en nosotros”, repite en un par de ocasiones en el webinar el director de Recursos Humanos de Tragsa. infoLibre ha preguntado a Tragsa, a Ineco, a la SEPI y al Ministerio de Hacienda qué volumen de empleo temporal van a suponer esos nuevos contratos, sin obtener una respuesta. Pero no será pequeño. En 2021 Tragsa recibió 92 encomiendas para ejecutar proyectos del Plan de Recuperación. De momento, Ineco ha firmado 18 encargos sólo para tramitar expedientes y desarrollar labores de apoyo y asistencia técnica, mientras que Isdefe tiene otros 11.

Como contrapartida del vuelco laboral que van a dar las empresas públicas, cabe destacar un ahorro: en cotizaciones sociales. Las que pagan tanto las empresas como los trabajadores por desempleo son mayores para los contratos temporales que para los indefinidos. Por los primeros se paga un 8,3% del salario bruto y por los segundos, un 7,05%.

La llegada de los millonarios fondos europeos para la recuperación era una buena noticia que escondía un gran temor. La tramitación de expedientes y ayudas constituye un auténtico órdago para la capacidad de gestión de las administraciones públicas. El volumen de dinero que debe repartirse triplica el presupuesto de los fondos estructurales. A España le corresponden 140.000 millones de euros, entre transferencias y créditos, casi tres veces más de lo que recibió como fondos estructurales del Presupuesto de la Unión entre 2014 y 2020. Además, tiene que gastarlos a toda prisa: los compromisos deben estar fijados antes de que termine 2023 y ejecutados antes de 2026. Es más, el 70% de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) –141.128 millones de euros para España– deben comprometerse antes de que acabe este año. El resto, antes de diciembre de 2024.

Uno de las principales dificultades para digerir la lluvia de millones es la falta de recursos humanos en las administraciones, infradotadas de personal técnico cualificado. De forma que el Gobierno ha tenido que recurrir, como en otras muchas ocasiones, a los conocidos como “medios propios”: empresas públicas a las que hace “encargos” o “encomiendas”, no contratos, para suplir la carencia de plantilla. Igual que ha ocurrido con la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por ejemplo, los diferentes ministerios se están rascando los bolsillos para que Tragsa, Ineco o Isdefe se encarguen de la avalancha de expedientes, proyectos y contratos necesarios para convertir los fondos europeos en actividad económica real.

Sumando los encargos que aparecen publicados en la Plataforma de Contratación del Estado, sólo en tareas de apoyo y asistencia técnica el Gobierno se va a gastar al menos 133,12 millones de euros, de momento, en pagar a las tres empresas citadas. Aunque el monto total del dinero que recibirán de los fondos de recuperación será muy superior. Sólo Tragsa recibió en 2021 un total de 160 millones de euros gracias a 92 encomiendas de la Administración, el 7% de las que firmó ese año. La mayoría de las que corresponden a su filial Tragsatec –11 encargos por un importe de 16,9 millones de euros– son para apoyar la gestión burocrática de las ayudas europeas, de acuerdo con el registro que aparece en su propia página web, pero la matriz Tragsa recibirá 8,48 millones por ejecutar proyectos financiados con los fondos, desde la restauración del ecosistema en las Tablas de Daimiel y de la flora en Los Yébenes (Toledo) o el Monte Pinar de Valsaín hasta actuaciones en el Parque Nacional de Cabañeros.

Pero los que mayor número de encargos han recibido son Ineco, en principio una firma especializada en ingeniería y consultoría del transporte, e Isdefe, dedicada a la ingeniería de sistemas para la defensa. La primera ha firmado al menos 18 encomiendas por importe de 57,33 millones de euros, mientras que la segunda se ha hecho con otras 11 por valor de 50,4 millones. Todas para apoyar la gestión de las ayudas europeas.

Todos los ministerios han recurrido a medios externos para dar salida al volumen extra de trabajo que están suponiendo los fondos de la UE. Transportes y Movilidad el que más, con 27,2 millones, pero también Trabajo y Seguridad Social o Cultura repiten encargos. Además, Adif suma 30,32 millones en encomiendas a Ineco para que le apoye en la gestión. IDEA, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, se ha gastado 4,6 millones en solicitar la ayuda de Isdefe. Y Cultura empleará 6,5 millones de su presupuesto en cuatro encargos para Tragsatec. El Museo del Prado ha destinado 2,64 millones de euros para pagar a Isdefe por su “apoyo en la “transformación digital” de la pinacoteca. También el Instituto Geológico y Minero y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han tenido que recurrir a Tragsatec e Ineco, respetivamente, para que les den “soporte técnico” y les ayuden en la redacción de proyectos.

¿Los encargos más caros? Los 15,54 millones de euros que Adif pagará a Ineco por su asistencia técnica para gestionar proyectos de obras de conservación y mantenimiento. O los 11,96 millones en que está tasada la encomienda de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial con Isdefe para que le apoye en la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones destina 10,06 millones para la asistencia que le proporciona también Isdefe en el Plan de Conectividad, el de Desarrollo del 5G y el Spain Audiovisual Hub. Al Ministerio de Transportes le costará 9,65 millones de euros que Ineco le ayude en la gestión de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 y de la Ley de Movilidad Sostenible. El ministerio justifica el encargo de los servicios de apoyo a Ineco “por el volumen de recursos humanos y materiales necesarios” para acometer la tarea.

Todos estas encomiendas supondrán la contratación de un buen número de empleados temporales por parte de las tres empresas públicas mencionadas, que ya de por sí tienen un enorme volumen de trabajadores eventuales. La reforma laboral recién aprobada permite a la Administración suscribir contratos temporales a fin de emplear al personal que sea necesario para ejecutar los programas que se financien con fondos europeos. Es una de las excepciones a la consideración del contrato indefinido como ordinario que ha consagrado ahora el Estatuto de los Trabajadores. infoLibre ha preguntado a Tragsa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, del que dependen las dos primeras, por el número de empleos temporales que implicarán las múltiples encomiendas para tramitar las ayudas europeas, pero no ha recibido contestación.

En estos momentos, las empresas de la SEPI se encuentran en plena fase de adaptación de sus plantillas a la reforma laboral. Para hacerlo, tienen un plazo de tres meses, que comenzó a correr el 1 de enero. Y no será una labor pequeña. El 61,37% de la plantilla del grupo Tragsa –16.408 trabajadores— es temporal; en la filial Tragsatec es incluso mayor, el 67,15%. Entre 2019 y 221, la plantilla del grupo ha crecido un 19,75%, pero sus temporales han aumentado mucho más, casi un 34%. En Tragsatec el alza ha sido de un 42,25% en dos años. La tasa temporalidad media en España es muy inferior, un 26%. Y la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, aprobada también el pasado diciembre, obliga a las administraciones y a las empresas estatales a rebajar su tasa de trabajadores eventuales hasta el 8%. Además, en el Plan de Recuperación el Gobierno se compromete a “estabilizar al menos 300.000 puestos de trabajo” antes del 31 de diciembre de 2024. En Ineco la tasa de temporalidad roza el 50%, según fuentes sindicales, pero en Isdefe es menor: un 20,6% según consta en su informe de información no financiera.

Las empresas públicas, tanto los medios propios como el resto de las sociedades mercantiles integradas en la SEPI, calculan estos días sus necesidades de plantilla para hacer frente al volumen ordinario de trabajo. Esas cifras deberán estar listas y ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda para ofrecer un plan de estabilización antes del 1 de junio.

Este miércoles se constituyen dos esperadas comisiones de investigación que indagarán sobre las causas e irregularidades en torno al accidente de tren Alvia 04155 y el siniestro de Spanair JK5022. La investigación sobre la tragedia ferroviaria se pone en marcha casi siete meses después de haber sido aprobada y casi cinco años después de que la curva de Angrois, en Santiago de Compostela, dejara en sus vías a 81 personas sin vida y a más de 140 heridos. Aquella que atañe al accidente de Spanair, por su parte, se abre dos meses después de que fuera aprobada y tras haber transcurrido casi diez años desde que 154 personas perdieran la vida y otras 18 resultaran heridas graves.

La comisión de investigación sobre el accidente del tren de alta velocidad fue rechazada por el Partido Popular en reiteradas ocasiones en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Galicia, en este último caso gracias a la abstención de los socialistas gallegos. En cuanto a Spanair, la comisión reclamada por las víctimas fue vetada por conservadores y socialistas en el Senado. El viraje del PSOE y su consiguiente apoyo han resultado clave para poner ahora en marcha ambos procesos de investigación. Aunque no será hasta el miércoles cuando se decidirá quién presidirá ambas comisiones, las apuestas hasta el momento apuntan al PDeCAT como grupo al frente de la comisión sobre el accidente de Angrois y a Unidos Podemos respecto a la tragedia de Spanair.

Representantes de las víctimas repasan con infoLibre algunas de las principales cuestiones que deberán analizar las investigaciones que se abren paso en la Cámara Baja.

  SPANAIR y EL SISTEMA DE AVIACIÓN CIVIL

Un total de 172 personas, entre tripulantes y pasajeros, esperaban viajar de Madrid a Gran Canaria a bordo del vuelo JK5022 el 20 de agosto de 2008. Fueron 154 los viajeros que perdieron la vida después de que el avión fuera siniestrado instantes después del despegue. Diez años después, las víctimas ven cómo una de sus principales peticiones, la de abrir una investigación parlamentaria, se cumple. Los pasos que debe dar la comisión son, para los afectados, evidentes. "Tenemos muy claro dónde queremos que vaya, otra cosa es que lo consigamos", confiesa Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022.

Pilar Vera rechaza desvelar el listado de comparecencias que tiene en mente porque "va a depender de que los grupos acepten esa lista", pero promete que "va a haber sorpresas". Al frente del Ministerio de Fomento se encontraba, en el año de la tragedia, la socialista Magdalena Álvarez. Las víctimas, no obstante, apuntan a otros muchos responsables. "Nuestros enemigos son Fomento, Aena, Aesa, el fabricante, la compañía aérea, la aseguradora…", relata Vera. Se trata de "enemigos tan poderosos, que no interesa aclarar lo que pasó, así que lo tenemos francamente complicado". 

Fallos de seguridad

Pilar Vera entiende como factor clave y de necesaria investigación aquel que respecta a los fallos de seguridad. Tal y como se ha revelado en los años posteriores al accidente, el sistema de seguridad no avisó al piloto de los fallos en cuanto al despliegue de los flaps y slats del avión –los alerones y estabilizadores necesarios para el despegue–. Es importante, a su juicio, analizar el sistema "antes del accidente" porque "se estaba viendo venir".

Lo ocurrido en los instantes previos al despegue fue que dos técnicos de mantenimiento detectaron una avería que provenía del mal funcionamiento de un relé que suministraba corriente a la aeronave. La pieza fue desconectada sin tener en cuenta que entre sus funciones se encontraba la de asegurar el funcionamiento del TOWS, un sistema sonoro que avisaba a los pilotos sobre la configuración del avión.

El informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), conocido cuatro años después de la tragedia, concluyó que "el TOWS no fucionó y, por tanto, no alertó a la tripulación de que la configuración de despegue del avión era la inapropiada". El organismo zanjó su análisis con la imposibilidad de "determinar fehacientemente la causa por la que el sistema TOWS no funcionó", una conclusión que sirvió para que el Ministerio de Fomento cerrase la investigación.

Informe opaco

Precisamente el informe de la CIAIAC es otro de los eslabones en la cadena de acontecimientos posteriores. El documento responsabilizó a los pilotos e ignoró cuestiones clave como antecedentes respecto a fallos de seguridad que previamente se habían producido en naves de características similares. El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) concluyó, tras un análisis pormenorizado, que el informe resultó ineficaz, contenía errores, tergiversó la verdad y ocultó datos.

COPAC criticó, en sintonía con la opinión de las víctimas, que el objeto de la investigación se centró en eludir responsabilidades, en lugar de conocer la verdad y poner los medios para evitar que este tipo de tragedias se repitan. El organismo, de hecho, solicitó "la reapertura de la investigación técnica para rectificar los numerosos errores del informe y llegar hasta el final de las causas que provocaron el accidente".

Desclasificación de documentos

Actualmente las víctimas mantienen ante la Audiencia Nacional un recurso respecto a la negativa del Gobierno de desclasificar los papeles del accidente. El recurso ha sido admitido a trámite y el tribunal ha requerido "con carácter urgente" al Ministerio de Fomento que remita el expediente de la solicitud de la asociación, para poder pronunciarse. 

Pilar Vera entiende que la posesión de dichos documentos sería un incentivo para reabrir la causa, de modo que la asociación intentará que la comisión los requiera. La presidenta de la asociación confía en que la comisión sirva para realizar "una radiografía de la aviación civil española que casi diez años y 154 muertos después no ha corregido ni una sola de las causas" que provocaron el accidente, porque "el informe oficial las oculta".

  Alvia: asumir responsabilidades

La catástrofe del Alvia se llevó por delante las vidas de 81 personas el 24 de julio de 2013 y dejó a más de 140 heridas. El proceso judicial sobre las causas que originaron el accidente hace ahora cinco años, aunque de lento avance, permanece abierto. La Plataforma de Víctimas del Accidente Alvia 04155, no obstante, denuncia las muchas trabas en el desarrollo de la investigación, los desplantes por parte de representantes políticos y la escasa independencia de los organismos investigadores.

El pasado 12 de abril el presidente de la organización, Jesús Domínguez, se reunió con la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, que dirigía la cartera de Fomento en el momento del accidente, para exigir responsabilidades. La conservadora rechazó pedir perdón a las víctimas.

Sistema de seguridad

En junio de 2012, Renfe solicitó desconectar el sistema de frenado automático ECTS/ERTMS en la línea Ourense-Santiago de Compostela, tramo donde se produjo el siniestro. El motivo: fallos puntuales que generaban retrasos en los viajes. Horas después de recibir la solicitud, Adif autorizó la desconexión. Tras la decisión de retirar el sistema de seguridad, afirma el portavoz de las víctimas, Jesús Domínguez, ninguno de los organismos propuso un sistema alternativo equiparable en términos de seguridad para compensar las carencias que esta medida implicaba.

El tren se puso en servicio, tal y como ha revelado recientemente Adif, sin realizar el análisis de riesgos independiente al que estaba obligado por haber prescindido de este tipo de herramienta de seguridad. La consultora pública Ineco, de hecho, sólo realizó un informe de evaluación externa hasta el kilómetro 84,144, dejando fuera la curva en la que tuvo lugar el accidente.

Ahora, señala Jesús Domínguez, "sabemos por vía judicial que faltan informes de seguridad obligados a hacer", así que la pregunta es "cómo Fomento pudo poner en funcionamiento una línea que no funcionaba".

Publicidad engañosa

Otra de las claves que debe ocupar a la investigación parlamentaria atañe precisamente a la "publicidad engañosa por parte del Estado antes del accidente". "Se nos vendió que la línea y el tren de alta velocidad contaban con todos los sistemas de seguridad", recuerda Domínguez.

Los sistemas de seguridad que anunciaba el Gobierno antes de la puesta en marcha de la línea de alta velocidad "no estaban instalados o bien estaban desconectados", de modo que el proyecto inicialmente anunciado poco tiene que ver con el finalmente impulsado. Domínguez sostiene que en las notas de prensa del Ministerio de Fomento se informó sobre una línea que contaba con toda la seguridad y con un sistema de conducción automática que posteriormente se demostró inexistente.

Falta de independencia

Del mismo modo que sucede con el accidente de Spanair, tras la tragedia de Angrois "hay obligación del Estado y del Gobierno de investigar lo ocurrido de manera independiente". La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) realizó un informe que, sin embargo, ha sido censurado por la Comisión Europea debido a su parcialidad. Bruselas, de hecho, ha instado a reabrir la investigación y "llevarla a cabo con total independencia".

La Agencia Ferroviaria Europea (ERA) ya emitió en abril de 2017 un duro informe crítico con la investigación realizada por la CIAF sobre el accidente. El organismo europeo concluyó que hasta el momento no se habían abordado las causas del accidente, "precisamente las que afectan a las empresas públicas Renfe y Adif", asevera Domínguez. El presidente de la plataforma destaca, asimismo, que el Gobierno de Mariano Rajoy "trató de ocultar dicho informe durante meses".

Responsables políticos

Más allá de las muchas trabas en el transcurso de la investigación y de las lagunas detectadas a nivel técnico, Domínguez subraya como una de sus principales críticas la actuación de los responsables políticos. En el foco, dos figuras: José Blanco y Ana Pastor. El portavoz de las víctimas recuerda que quien "vendió la línea fue José Blanco", exministro de Fomento hasta diciembre de 2011, mientras que el accidente ocurre bajo el mandato de Ana Pastor. Ellos, apunta, deben ser los principales comparecientes.

Además "se intentó negar que era un accidente de alta velocidad", tal y como expresó el entonces secretario de Estado de Infraestructura, Rafael Catalá. Fue también el actual ministro de Justicia a quien se dirigió Pastor el mismo 25 de julio de 2013 con el objetivo de abrir  una "auditoría sobre el total cumplimiento de la legislación reguladora del sector ferroviario y sobre seguridad en la circulación" respecto a la línea Ourense-Santiago de Compostela. Así al menos lo señaló la propia exministra en sede parlamentaria, poco más de dos semanas después de la catástrofe. Las víctimas desconocen el resultado de tal auditoría y si finalmente llegó a realizarse.

El presidente de las víctimas también señala la responsabilidad del actual secretario de Estado de Infraestructura y expresidente de Renfe en el momento del accidente, Julio Gómez Pomar. En diciembre de 2011, el jefe de maquinistas de la estación de Ourense envió un correo electrónico a sus superiores en el que indicaba una serie de anomalías y peculiaridades detectadas en la línea tras sus primeros momentos de vida. El mensaje llegó a hasta cinco cargos de Renfe que, sin embargo, ignoraron las advertencias.

Domínguez no olvida tampoco el trato recibido por parte del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En el primer aniversario del accidente, la plataforma de víctimas escribía una misiva que llevaba por título Medalla para la minoría. Antidisturbios y policía secreta para la mayoría de las víctimas y familiares. La carta relataba lo ocurrido durante un acto organizado por la Xunta de Galicia el 24 de julio de 2014. Núñez Feijóo había anunciado días antes su intención de entregar medallas a las víctimas, pero éstas rechazaron en su mayoría el ofrecimiento. Pese a ello, decidieron acudir al evento, a las puertas de la Cidade da Cultura (Santiago de Compostela), para exigir una comisión de investigación y expresar su sentir un año después del accidente.

"Queríamos explicarle de forma pacífica cuál era nuestra postura y el por qué de nuestra negativa. Pero cuál sería nuestra sorpresa cuando, una vez desplazados allí, a pesar de las dificultades por la lejanía del lugar y a los impedimentos de muchos de nosotros para desplazarnos por las secuelas del accidente, nos encontramos con que una auténtica muralla de fornidos policías, armados con pistolas y porras, nos impidió la entrada, a pesar de que portábamos los certificados de defunción de los familiares fallecidos o los certificados del hospital", exponían entonces las víctimas. "Ante nuestra sorpresa e indignación, los policías nos dijeron que cumplían órdenes y que acudiría un responsable en unos minutos para darnos explicaciones. Nadie vino, ninguna explicación se nos dio".

El presidente de la plataforma espera de la comisión "profesionalidad" para constatar "con los hechos que hay, que el Estado engañó" no sólo a los afectados, sino también a la ciudadanía. Los responsables deben, sostiene, "pedir perdón y asumir lo que se ha hecho mal para que cambien las cosas y para que, de producirse otra catástrofe donde esté implicada la administración pública, no se utilice el dolor de las víctimas".

El juez que instruye la causa por el accidente del tren Alvia que dejó 80 muertos en julio de 2013 en Angrois (Santiago) ha decidido investigar al director de seguridad en la circulación de Renfe, Antonio Lanchares, por su implicación en la evaluación de riesgos de la línea en la que se produjo el siniestro.

Además, citó en la misma calidad de investigados, para "garantizar el legítimo derecho de defensa", a tres técnicos de la consultora Ineco (cuyo accionariado se lo reparten Enaire, Adif y Renfe) que realizaron un informe de evaluación sobre la línea de alta velocidad que conecta Ourense con la capital gallega.

Así consta en un auto con fecha de este 19 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, con el que el instructor llama a declarar el 7 de noviembre a las 9,30 horas a Lanchares y a las 12,00 horas de ese mismo día a una de las personas responsables del informe de Ineco. Para el día 8 llama a los otros dos autores del documento, a las 9,30 horas y a las 12,00 horas, respectivamente.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, pidió identificar a estas personas el pasado 15 de septiembre, y era previsible que, tras aportar los nombres la operadora ferroviaria y la abogada del Estado (en nombre de la empresa de consultoría), fuesen citados. Así las cosas, declararán todos en calidad de investigados.

De esta forma, son seis ya los investigados por el siniestro, al sumarse estos cuatro al maquinista Francisco Garzón Amo, que circulaba despistado porque había recibido una llamada del interventor; y al ex jefe de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.

"Correponsabilidad" de Lanchares

Tanto la citación de los técnicos de Ineco como la de Lanchares se derivan de la declaración de Cortabitarte, de la que, según recuerda el instructor en el auto, "se infiere" que "la tarea de evaluación de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea no era una competencia exclusiva de Adif, sino compartida con la operadora ferroviaria".

Renfe, teniendo en cuenta la declaración del ex responsable de seguridad de Adif, "en caso de advertir alguna situación de riesgo, podría incluso cuestionar u oponerse a la emisión del preceptivo certificado de seguridad que habría de emitir la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif", recoge el juez.

Ello, añade, "sitúa a Lanchares en situación equiparable a la del propio Cortabitarte, de tal modo que cualquier posible defecto en la evaluación de riesgos que pudiere tener incidencia causal en la generación del siniestro sería corresponsabilidad de ambos".

Por ello le llama a declarar en calidad de investigado, y también sin "obviar" que Lanchares fue quien solicitó "la desconexión del ERTMS", que fue autorizada "el mismo día" por Cortabitarte "sin que conste que, con carácter previo, se hubiere realizado una previa evaluación del riesgo". Si bien esta medida se preveía temporal, tal y como destaca el juez, "a la postre se mantuvo" y estaba vigente en el momento del accidente.

Andrés Lago indica que "no es este todavía el momento de valorar qué incidencia causal pudo tener" la desconexión del ERTMS embarcado, pero sí ve "necesario esclarecer si tal decisión fue precedida o no de una correcta evaluación de los riesgos". "Particularmente", según agrega, "a la hora de conjurar el riesgo de descarrile por exceso de velocidad o descuido del maquinista".

Para recabar "explicaciones"

El juez hace hincapié en su auto en que a los técnicos de Ineco los cita en calidad de investigados "inicialmente" y "para salvaguardar su derecho de defensa", algo que no explicita para Lanchares.

Como a él, los cita después de que el alto cargo de Adif investigado apuntase a su labor. "Según se desprende de la declaración prestada por Cortabitarte, la función de tales técnicos no se limitaba a una mera función auditora exenta de capacidad decisoria o propositiva, sino que eran dichos técnicos los encargados de efectuar la evaluación de riesgos y, en caso de resultar alguno que no fuera despreciable, comunicar a Adif las medidas necesarias para conjurar el mismo", comenta el juez.

También señala que el responsable del administrador ferroviario adujo "los términos contractuales que rigen entre el Adif e Ineco, según los cuales era competencia de esta última realizar un análisis del registro de situaciones de peligro resultante así como de las medidas adoptadas para la reducción de riesgos o su eliminación, haciéndolos tolerables para la administración".

Precisamente para "recabar las explicaciones" de los técnicos al respecto, les cita en calidad de investigados.

Otras decisiones

Por otra parte, Lago reclama a Renfe en su auto la documentación que solicitó en su día el abogado que defiende al maquinista, Manuel Prieto. También añade algunas cuestiones para que responda la Agencia Ferroviaria Europea, de la que está pendiente la elaboración de un informe requerido por el juez.

La respuesta a este requerimiento se ha retrasado toda vez que el envío se realizó a una dirección errónea. Ahora, el titular del juzgado ordena también librar comisión rogatoria por el cauce procesal ordinario, para que se cumpla este extremo.

Por último, no estima "procedente de momento" la petición de QBE, la aseguradora de Renfe, que había solicitado que prestase fianza Allianz para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudiesen declararse.

La Generalitat valenciana se convirtió el pasado 31 de octubre en accionista de la empresa pública Tragsa. Hasta ese momento la valenciana era la única comunidad autónoma –junto con Castilla y León– que no participaba en el capital de compañía, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y tutelada por el Ministerio de Agricultura –al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) pertenecen el 39% de sus acciones–. Ese día, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, firmó ante notario y fotógrafos la compra de una acción de Tragsa, por valor de 8.171 euros y alabó la “amplia experiencia” de la empresa pública, así como “la alta cualificación de sus recursos humanos, su compromiso con el I+D+i y su respeto al medio ambiente”. “Con la compra de esta acción”, destacó Soler, “fomentamos la participación del Consell en la red de empresas públicas estatales”.

Pero, al mismo tiempo, la Generalitat sacaba a concurso un servicio que la filial de Tragsa, Tragsatec, lleva prestando más de 10 años: el mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones informáticas necesarias para gestionar las ayudas de la Unión Europea a los agricultores y otros programas de desarrollo rural. La encomienda de gestión de Tragsatec termina en febrero de 2017. A partir de ese momento, el servicio lo ejecutarán empresas privadas. El expediente de contratación fue aprobado por la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria el pasado 10 de octubre, 20 días antes de que el Gobierno valenciano entrara en el capital de Tragsa. El acuerdo del Consell que autorizó la operación tiene fecha anterior, el 30 de septiembre.

La pérdida de esa encomienda significará el despido de casi toda la plantilla de Tragsatec en la Comunidad valenciana, advierten fuentes sindicales. Son unas 160 personas, de las que sólo se salvarán los 35 que trabajan para la Confederación Hidrográfica del Júcar. Los despidos se producen cuando aún no se ha cumplido un año de la ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que perdieron su trabajo 555 empleados del grupo público. La delegación valenciana fue la tercera más afectada por los despidos, sólo por detrás de Extremadura y Asturias.

El caso es empresas tecnológicas como Indra u Odec están interesadas en hacerse con el contrato, que tiene un valor estimado de 3,058 millones de euros, repartidos en dos años y una prórroga de 20 meses. De hecho, Odec ya ha contactado a través de Linkedin con algunos de los trabajadores de Tragsatec que prestan el servicio para la Generalitat, como puede verse en el correo adjunto. “Tragsatec no puede licitar este concurso y, por tanto, sus técnicos tendrán que pasar a formar parte de otras empresas que estén interesadas en él”, explica un jefe de Odec a un empleado del grupo público, “si estás interesado en que podamos licitar en este concurso con tu CV dentro del equipo de técnicos del nuevo proyecto, por favor ponte en contacto conmigo”.

Entre Hacienda y Agricultura

Un portavoz de la Conselleria de Hacienda explica a infoLibre que la UE aconseja no utilizar encomiendas de gestión, por lo que, en febrero, cuando acaba la que firmó la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, “habrá que decidir si se internaliza el servicio o se saca a concurso público”. Cuando se le apunta que Agricultura ya ha publicado la licitación –apareció en el Diario Oficial el 18 de noviembre–, el portavoz remite a Agricultura para cualquier aclaración adicional. Lo cierto es que Hacienda delegó en la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria la capacidad para contratar servicios de tecnologías de la información el pasado 16 de junio.

Por su parte, el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, dice desconocer lo que va a ocurrir con la encomienda de Tragsatec, que “firmó la Dirección General de Tecnologías de la Información [dependiente de Hacienda]” y no su departamento. En lo que sí coincidieron ambas consellerias es en justificar el cambio en las recomendaciones de la Unión Europea contra el uso de la encomienda de gestión como herramienta para contratar. Hacienda niega problemas de coordinación entre ambos departamentos.

Los pliegos de cláusulas administrativas del contrato argumentan la “ineludible necesidad” del concurso en la “insuficiencia de medios” de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria para realizar esas tareas informáticas.

Según el comité de empresa de Tragsatec en Valencia, sólo en ayudas del Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) se reparten en la comunidad autónoma unos 130 millones de euros acerca de 100.000 agricultores. En otras ayudas cofinanciadas por la Unión Europea la cifra alcanza los 45 millones de euros, distribuidos entre 16.000 agricultores. Desde los años 80, Tragsatec ha sido la empresa encargada de ejecutar todos los desarrollos informáticos necesarios para gestionar la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común desde los años 80.

Las tareas que han salido a concurso se refieren a la gestión informática de las ayudas del Feader, pero también del cese anticipado de la actividad agraria –jubilación anticipada–, del Portal de Captura de Solicitudes, los recursos y alegaciones a expedientes o el Sistema de Información Gráfica de Parcelas Agrícolas. Es decir, todo el trabajo desarrollado hasta ahora por Tragsatec en la Comunidad Valenciana, resaltan las fuentes sindicales.

Controvertidas encomiendas de gestión

La encomienda de gestión es un instrumento que lleva tiempo en el punto de mira, tanto de la Unión Europea como del Tribunal de Cuentas español e incluso de la Intervención General del Estado. Se trata de contratos que las administraciones públicas suscriben con los llamados “medios propios”, tal es caso de Tragsa –Agricultura–, Mercasa –que gestiona la red de mercados mayoristas– o Isdefe –Defensa–. Las adjudicaciones se hacen sin concurso público y las empresas cobran según unas tarifas prefijadas por el Gobierno. Estos medios propios no pueden competir con empresas privadas en concursos públicos ni pueden rechazar los encargos que les hacen las administraciones.

Tanto Bruselas como la Intervención del Estado reclaman que se restrinja su uso –el Tribunal de Cuentas quiere una mayor regulación–. También han pedido su limitación, por ejemplo, las empresas de ingeniería, que protestan contra lo que consideran competencia desleal de estas compañías públicas.

Las dudas sobre las encomiendas de gestión se refieren sobre todo a su uso abusivo e injustificado. También a su falta de publicidad y transparencia. Pese a que la Ley de Transparencia obliga a la publicación de las encomiendas, Tragsa recurrió ante el juez una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente de Hacienda, que le instaba a publicar en su portal de transparencia las encomiendas que firma con las comunidades autónomas.

Además, dicen sus críticos, a veces las encomiendas se utilizan para encargar a estas empresas estatales tareas que exceden de su objeto social, por lo que luego deben subcontratar una gran parte del trabajo a firmas privadas.

Por el contrario, el Ministerio de Agricultura alegó en su momento ante la Intervención General del Estado que, si bien la encomienda de gestión “no es un contrato, tampoco es un vergonzante pseudocontrato, sólo un instrumento jurídico distinto”. Y pide a la Administración que abra un debate técnico-jurídico sobre la regulación de este instrumento para “normalizar” su uso.

El caso es que, de restringirse al máximo o eliminarse las encomiendas de gestión, el futuro de Tragsa, que vive exclusivamente de ellas y no puede competir en el mercado con empresas privadas, se vería seriamente amenazado. Según cifras del propio Ministerio de Agricultura, el departamento mantiene un total de 347 encomiendas de gestión, por importe de 406,8 millones de euros. En 2015 Tragsa perdió 21,7 millones de euros.

El 43% de los despedidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Tragsa dio por finalizado el pasado jueves tienen más de 50 años. Tras dos años de litigio judicial en torno al ERE, la empresa pública comenzó a ejecutarlo en Nochevieja. 555 despidos después, lo ha cerrado. De ellos, 308 correspondieron a la matriz y 247 a la filial, Tragsatec. En la primera, 133 superaban los 50 años de edad. En la segunda sólo fueron 45.

Ese porcentaje en la matriz obligará al grupo público a pagar la penalización conocida como enmienda Telefónica, una medida pensada para “evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los despidos colectivos”. Al menos ése es el título que dio el Gobierno al capítulo del decreto de marzo de 2013 en que se precisaron las condiciones en que las empresas deben pagar una penalización al Estado por despedir a trabajadores mayores de 50 años. El castigo no ha sido obstáculo para que la matriz de Tragsa haya cargado precisamente sobre ese grupo de trabajadores el grueso del ERE.

En una sentencia de junio del año pasado, la Audiencia Nacional avaló la enmienda Telefónica precisamente porque la medida “persigue un objetivo socialmente loable”: proteger a los mayores de 50 años, “un colectivo especialmente vulnerable” al que perder el empleo le supone convertirse en parados de larga duración, argumentaban los magistrados.

Desde que el Gobierno del PSOE creó la enmienda Telefónica, en 2011, hasta el pasado 31 de diciembre, el Estado ha recaudado 225 millones de euros de 29 empresas con beneficios que despidieron a mayores de 50 años. La aportación al Tesoro equivale a las cotizaciones sociales y prestaciones de desempleo de esos trabajadores despedidos que los servicios públicos de empleo deberían pagarles hasta que alcanzaran la edad de jubilación. La factura fue por un total de 8.109 trabajadores.

A la empresa pública Tragsa el ERE le ha costado un total de 12 millones de euros, de los que 7,7 millones corresponden a la matriz. La cifra más que triplica los beneficios con los que el grupo prevé cerrar el ejercicio de 2015, 3,5 millones de euros. Esos 12 millones, según las fuentes consultadas por infoLibre, no incluyen ni el pago de la enmienda Telefónica ni lo que le han costado a Tragsa, por ejemplo, la asesoría jurídica del ERE y el plan de bajas voluntarias que contrató con Willis Iberia. Un plan que excluía expresamente a los trabajadores de entre 50 y 60 años y que no ha llegado a aplicarse.

Los 555 despedidos de Tragsa han recibido indemnizaciones de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades, el máximo establecido en la reforma laboral para los despidos objetivos por causas económicas, organizactivas o de producción.

Temporales para sustituir a fijos

El sindicato CSI-F asegura que el objetivo del ERE era sustituir a trabajadores fijos con antigüedad por otros temporales y más baratos. De hecho, el mismo día en que Tragsa anunciaba que había puesto punto final a los despidos, colgaba en el portal Infojobs tres ofertas de empleo temporal para 46 veterinarios en Asturias y Extremadura. En ambas comunidades acaba de despedir a otros 53 veterinarios. Este lunes Tragsa ha colgado un nuevo anuncio en el mismo portal de empleo: 13 analistas programadores para la sede en Madrid de su filial, con un contrato de un año renovable. También se ha comunicado a algunos de los despedidos que pueden enviar sus currículos a Infojobs en cuanto se publiquen en ese portal las ofertas por el puesto de trabajo que ocupaban hasta hace sólo un par de semanas. Además, UGT ha denunciado que a los despedidos se les ha recomendado no demandar en los tribunales a la empresa si quieren ser contratados de nuevo para empleos temporales.

La dirección de Tragsa asegura que un informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Tribunal Supremo que avaló el ERE la autoriza a contratar temporales e incluso a recontratar a quienes ha despedido para puestos eventuales. De hecho, Tragsa aumentó en 2015 el número de sus trabajadores temporales en 1.155 personas, lo que se tradujo en un alza del 42,2% en ese capítulo del gasto de personal.

El carácter público de una empresa no garantiza la estabilidad en el empleo ni la no discriminación a los trabajadores de mayor edad. También la firma estatal de ingeniería Ineco acometió un ERE en 2013. Fueron despedidos 383 trabajadores alegando posibles pérdidas futuras. Los mayores de 50 años fueron excluidos expresamente de los perfiles afectados. Desde entonces, han sido contratadas 276 personas a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

Mucho se ha hablado de cómo el Gobierno ha colado el aforamiento de Juan Carlos I en el proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público. Pero ha pasado casi inadvertida una enmienda que el PP ha presentado en el Senado y que permitirá despedir, sin necesidad de acreditar una causa y con una indemnización de ocho a 12 días por año, a casi 50.000 trabajadores de las administraciones públicas.

En esa situación se van a encontrar hasta el 50% de las plantillas de algunos ayuntamientos, cientos de investigadores del CSIC y las universidades o quienes hayan ganado sentencias por cesión ilegal de trabajadores en organismos públicos y ministerios a lo largo de los últimos años.

La enmienda añade tres apartados al artículo 28 del citado proyecto de ley, que a su vez modifica el Estatuto Básico del Empleado Público. Con ese cambio se pretende reducir, si no eliminar, la figura del “indefinido no fijo”, que fue creada por el Tribunal Supremo, en sentencias de 1996 y 1998, para dar cobertura a los trabajadores que son contratados en fraude de ley por una Administración pública.

Hasta ahora, cuando un ayuntamiento, comunidad autónoma o ministerio vulneraba la normativa sobre contratos temporales, el trabajador pasaba a ser considerado indefinido, tal y como ocurre si el infractor es una empresa privada. Pero en las administraciones ese empleado sólo permanece en el puesto hasta que la plaza es cubierta mediante una oposición, regida por los principios de igualdad, mérito y capacidad. O bien hasta que esa plaza es amortizada. Con la reforma laboral, además, el Gobierno permitió a las administraciones públicas recurrir a las causas económicas, organizativas o de producción para despedir a su personal laboral. A cambio de indemnizaciones de 20 días por año trabajado, al igual que en las empresas privadas.

Catálogo de puestos que no se van a cubrir

Pues bien, el Gobierno pretende ahora que las administraciones puedan amortizar las plazas y despedir a los miles de indefinidos no fijos sin necesidad de acudir a las causas económicas, organizativas o de producción, y concediéndoles las indemnizaciones mínimas, de ocho a 12 días por año de servicio, que el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores reconoce a los contratados temporales.

Sólo se salvarán aquéllos cuyos puestos la propia Administración declare como de “de necesaria cobertura”. Y la enmienda deja claro qué empleos no entran en esa categoría. No sólo “los destinados a cubrir una necesidad temporal”, sino también los incluidos en “un proyecto o prestación específica” o en contratos de externalización de servicios. Además de las llamadas “adscripciones en colaboración social”; es decir, los desempleados que realizan trabajos “en beneficio de la comunidad”, en su mayoría para ayuntamientos. Y, finalmente, los firmados para cumplir las encomiendas de gestión, los encargos que hacen las diferentes administraciones a empresas públicas como Tragsa, Ineco o Isdefe.

La enmienda hace mención específica a los contratados en virtud de proyectos de investigación científica y técnica que se prolonguen durante más de tres años. A ellos no se les aplicará el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe encadenar contratos temporales durante más de dos años o firmar contratos por obra y servicio de más de tres. Si se superan esos plazos, el trabajador afectado pasa a ser indefinido. El Gobierno, sin embargo, no quiere que esa protección beneficie a los investigadores. Sí la mantiene, en cambio, para los contratados por organismos públicos o agencias estatales –desde el Servicio Público de Empleo hasta la Agencia de Protección de Datos, por citar sólo dos–.

“La Administración se está haciendo un traje a medida para ella misma que le garantiza la impunidad en materia laboral”, denuncia Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. El sindicato calcula en unos 50.000 los posibles afectados, el Ministerio de Administraciones Públicas no ha facilitado a infoLibre ninguna cifra. Así, los ministerios o ayuntamientos incumplen la legislación laboral pero, a diferencia de las empresas privadas o de los propios trabajadores, sin consecuencias. La enmienda precisa que se podrán amortizar las plazas cubiertas por indefinidos no fijos “cualquiera que fuera la causa que hubiera motivado la declaración del trabajador como indefinido no fijo”.

Cuando las administraciones vulneran la ley

No es menor la mención, porque son decenas las sentencias que cada año condenan a la Administración por cesión ilegal de trabajadores. La memoria de la Abogacía del Estado incluye las demandas por este delito entre los “principales asuntos masa”, con múltiples demandantes o juicios repartidos por todo el territorio nacional, a los que debe atender. Se trata de una práctica antigua y habitual de las administraciones: en lugar de aumentar la plantilla de funcionarios, recurren a firmas privadas, que suministran personal para hacer el mismo trabajo que los empleados públicos, en las mismas oficinas y con sus mismos horarios y jornadas, pero con sueldos inferiores.

El Tribunal de Cuentas ya llamó la atención a las administraciones en 2010 cuando presentó una moción a las Cortes Generales donde pedía que estas prácticas fueran “desterradas”. El órgano fiscalizador recordaba los 102 trabajadores que fueron incorporados en la Oficina Española de Patentes y Marcas tras ser condenada por los tribunales. Otro tanto ocurrió con 19 empleados del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), o con otros cuyo número no precisa en las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Tajo o en la Seguridad Social. “La enmienda del PP, tal y como está presentada, incumple el 100% de la moción que aprobó por unanimidad el Congreso”, recuerda Raúl Olmos, quien también asegura que contraviene la Constitución, la directiva comunitaria sobre estabilidad en el empleo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pero es que en la propia Abogacía del Estado hay más de un centenar de desempleados, trabajando con adscripciones en colaboración social, denuncia Raúl Olmos. Unos cincuenta están en Madrid y el resto, repartidos por el resto del país. La mayoría cobra el subsidio. Algunos llevan más de ocho años compaginándolo con el sueldo que perciben de su trabajo, por las tardes, en la Abogacía del Estado. “El Ministerio de Justicia”, explica el dirigente de CCOO, “contestó a nuestras denuncias en 2010 con la frase: 'Obviamente ocupan puestos estructurales”. El pasado 27 de diciembre, el Tribunal Supremo reconoció el carácter indefinido del puesto que ocupaba una desempleada en la Consejería de Empleo de Canarias con una de estas adscripciones en colaboración social. Según la sentencia, los servicios que prestó durante más de dos años eran “actividades normales y permanentes de la Administración”.

Curiosamente, la enmienda se presenta justo cuando el mismo tribunal acaba de anular los despidos de 156 trabajadores interinos de la Universidad Politécnica de Madrid. El Alto tribunal dictamina que para amortizar sus plazas –el TS equipara a laborales y a indefinidos fijos en lo que a extinción del contrato se refiere– es necesario recurrir a los trámites del despido colectivo –periodo previo de consultas, 20 días de indemnización– establecidos en la reforma laboral. Precisamente lo contrario que quiere imponer ahora el PP a través de su enmienda.

El CSIC y los ayuntamientos, en el disparadero

Pero donde puede caer como una bomba el cambio legal es en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según Olmos, los contratados temporales ascienden a 4.500. El motivo: “No existe planificación de la actividad investigadora”, apunta. Y el número de sentencias contra el CSIC por superar el límite para encadenar contratos temporales llega a las 300.

Aun así, el mayor volumen de afectados está en los ayuntamientos. En algunos de Canarias, la mitad del personal es indefinido no fijo, asegura Raúl Olmos. Se trata de un defecto de los propios ayuntamientos, reconoce, que han formado sus plantillas “por aluvión” o que no han convocado oposiciones durante años, como en algunas provincias andaluzas. Ahora ya no pueden hacerlo: la Ley de Presupuestos del Estado prohíbe los procesos de consolidación del empleo público.

“El objetivo de la medida es aplicar a todos los principios de igualdad, mérito y capacidad, que deben regir los procedimientos de acceso al empleo público”, defiende por su parte un portavoz del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. “Muchos de ellos son enchufados; otros, trabajadores que denunciaron en los juzgados”, destaca. En todo caso, el texto, “no está cerrado y se va a negociar con los grupos parlamentarios”, avanza. CCOO también hablará con los partidos políticos, pero para impedir que la enmienda salga adelante. En principio, el Senado debatirá el proyecto de ley el 6 de julio, de forma que regrese al Congreso el día 13 para su aprobación definitiva.

La cruenta guerra que en 2010 libraron los controladores con el entonces ministro de Fomento, José Blanco, cambió, quizá para siempre, el perfil del control aéreo en España. No sólo se recortaron los sueldos de estos operarios en un 40% –que ganaban más que el ministro, como reveló el propio Blanco en plena huelga–, sino que también comenzó la privatización de tarea tan sensible e incluso su rebaja hacia el low cost. low cost

Ese mismo año se instaló en los aeropuertos de El Hierro y La Gomera un nuevo tipo de lo que los técnicos conocen como Servicio de Tránsito Aéreo. Se denomina AFIS (Servicio de Información en Vuelo de Aeródromo) y sus críticos lo consideran poco menos que un control aéreo de segunda clase. Según las normas internacionales, el AFIS sólo puede implantarse en aeropuertos con baja densidad de tráfico. En España sólo esas dos islas canarias, así como los aeródromos de Burgos y Huesca desde 2011 cuentan con el sistema.

El sistema consiste básicamente en que sus operarios sólo proporcionan al piloto información sobre las condiciones meteorológicas o del aeródromo, también sobre otros aviones en las inmediaciones pero, a diferencia de los controladores, no pueden dar instrucciones a las aeronaves. Con el AFIS, es el piloto quien debe tomar la decisión de dónde aterriza o despega tras recibir los datos. Los controladores al uso, en cambio “ordenan el tráfico y asumen la responsabilidad de separar a los aviones entre ellos” tanto en aproximación como en despegue y en el área de maniobras, explica David Guillamón, secretario de Comunicación de USCA, el sindicato de controladores.

Además, los operarios del AFIS tampoco son controladores aéreos. Les basta con tener el bachillerato y hacer un curso de nueve semanas – cinco de teoría y cuatro de práctica– para entrar en una torre de control. Los controladores deben ser, al menos, diplomados universitarios, y su instrucción completa, incluida la práctica, puede durar de 20 meses a tres años de acuerdo con los estándares europeos. Aunque, se queja David Guillamón, la reforma Blanco también devaluó la formación de los controladores españoles, al dar entrada a entidades privadas –previamente sólo la estatal Senasa podía instruirlos– y reducir los 20 meses de curso habituales a sólo ocho.

Antes únicamente la pública Aena contrataba controladores. Desde 2011 también existen operadores privados. En concreto dos: Saerco y Ferronats, que se reparten el control aéreo de un total de 13 aeropuertos. Según Guillamón, estos controladores privados no cobran más de 35.000 euros brutos al año. Los operadores del AFIS, menos aún, asegura. AENA no ha querido precisar a infoLibre cuál es el sueldo de estos técnicos.

En manos de Ineco

Pese a estas diferencias, Aena subraya que el AFIS ofrece “la misma garantía de seguridad” que el control aéreo habitual y que, desde su estreno en 2010, no se ha producido “ningún incidente digno de mención” en ambas islas. También asegura que Binter Canarias, la compañía que opera en El Hierro y La Gomera, no ha remitido queja alguna.

El caso es que el AFIS es un servicio que no proporciona Aena. Esta compañía pública lo ha subcontratado con la también estatal InecoInecoen los cuatro aeropuertos donde funciona: es la única empresa que ha recibido la certificación necesaria para suministrar el servicio en España. Obtuvo el contrato por designación directa de la Dirección General de Aviación Civil.

El coste del AFIS y el control aéreo en El Hierro es de 424.051 euros al año, según la respuesta que en su día recibió del Gobierno el senador de Coalición Canaria Narvay Quintero, y ello sin contar los gastos de Seguridad Social. El AFIS sólo funciona dos días a la semana, sábados y domingos, que soportan menos tráfico. Los cinco días restantes funciona la torre de control normal. Antes de instalarse este nuevo sistema, AENA pagaba en El Hierro a siete controladores. Hoy, a ninguno, según la respuesta que el Ejecutivo dio a otra pregunta, ésta del diputado de CiU Pere Macías. AENA no ha querido explicar a infoLibre cuántos operarios AFIS y cuántos controladores trabajan en El Hierro y La Gomera para Ineco.

¿Ahorro real?

Tanto USCA como el senador sospechan del precio que Aena está pagando a Ineco por este servicio. Guillamón cifra en menos de 600.000 euros –brutos– el coste de un equipo de seis controladores para los siete días de la semana. Aena abona a Ineco 424.051 euros –netos– por los operarios AFIS, más baratos que los controladores y por sólo dos días de trabajo, y por los controladores al uso los cinco días restantes. Pero además paga otros 1,09 millones por el “resto de los costes del Servicio de Tránsito Aéreo”, hasta sumar 1,51 millones. Aena tampoco ha accedido a indicar a infoLibre qué tipo de costes son ésos. Es decir, concluye Guillamón, en realidad el coste del AFIS resulta ser muy superior al del control aéreo tradicional. “El nivel de eficiencia de este servicio es claramente inferior al de control: funciona un 25% del tiempo pero se lleva el 28% del gasto del Servicio de Tránsito Aéreo”, resume el senador en una de las preguntas que acaba de remitir al Gobierno.

Curiosamente, el argumento utilizado por la propia Aena para instalar el AFIS es el ahorro de costes,un 75% respecto al control aéreo al uso, según su memoria de 2010. Si es así, ese ahorro no se ve en las cuentas de El Hierro. Los gastos de personal de ese aeropuerto han aumentado un 16,5% desde 2009 hasta 2012, el último año del que la compañía estatal proporciona datos: pasaron de 1,88 millones de euros a 2,19 millones. Aunque ahora ya no paga a los siete controladores que trabajaban allí antes de implantar el AFIS. Aena tenía en 2012 a un total de 32 empleados en nómina en El Hierro, de los cuales cuatro realizan las tareas de ingeniería y mantenimiento de la torre de control, según explicó el Gobierno al diputado Pere Macías. Es la misma plantilla que en 2011, cuando gastó en personal 1,69 millones, medio millón menos.

La austeridad y la lucha contra el derroche en las administraciones públicas es uno de los estandartes que con más entusiasmo ha enarbolado el Gobierno. Con especial atención a los gastos de personal. Una de sus primeras medidas fue ponerle un tope a los sueldos de los altos cargos y directivos, tanto de la administración como de las empresas públicas. Poco después suprimió la paga extra de Navidad para los empleados públicos. E incluyó en la reforma laboral la herramienta que ha permitido despedir al personal laboral fijo de las administraciones y a las plantillas de las empresas estatales. Hasta batir récords: desde 2012 se han destruido 361.000 empleos públicos, un 11%, dos puntos porcentuales más que en el sector privado.

“El empleo público debe adaptarse a la realidad económica”, declaró entonces el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para justificar las medidas.

Esa realidad, sin embargo, debe de ser variable o bipolar porque, en la práctica, se están produciendo distorsiones que han soliviantado los ánimos de las plantillas y cuestionado tanto los motivos como los procedimientos. En sociedades 100% estatales como Ineco y Tragsatec, dedicadas a la ingeniería, por ejemplo, buena parte de sus plantillas está cobrando por debajo de lo estipulado en el convenio de su sector. Las empresas se niegan a pagarles el 0,8% de subida salarial que les correspondía el año pasado. Alegan que ese aumento sobrepasaría la masa salarial fijada para 2013, un desfase prohibido por la Ley General de Prespuestos del Estado. Pero, al mismo tiempo, los sueldos de los directivos de ambas compañías escapan con soltura de los recortes, y los bonus y pluses siguen repartiéndosebonus con la generosidad de una firma privada. Aunque esas empresas hayan pasado por el trauma de un ERE. Y tengan beneficios o pérdidas.

“Para unas cosas somos públicos y para otras, privados”, se queja Álvaro Enrile, de la sección sindical de CCOO en Ineco. Más de la mitad de la plantilla de esta empresa, una de las 12 españolas que construyen el AVE a La Meca, cobra menos de 1.000 euros al mes, asegura. Un técnico junior percibe 1.200 euros; el sueldo mensual de un ingeniero debería ser, según el convenio del sector, 1.687 euros.

“Ese 0,8% son unos 150 euros al año, una cantidad ridícula que afecta sólo a los perfiles técnicos medios y bajos y a los administrativos, el chocolate del loro”, explica Manuel Cabrera, también de CCOO en Ineco.

No se tocó el plus más voluminoso

Precisamente de esa masa salarial, cuya cuantía debe remitir cada empresa, fundación o consorcio estatal al Ministerio de Hacienda en el primer trimestre, y que no puede superar la del ejercicio anterior, quedan excluidos los sueldos de los máximos directivos.

En Ineco, de los 2.830 empleados, 202 pertenecen a la estructura. El 92,9% restante está cubierto por el convenio colectivo de la empresa, que en materia retributiva se remite a las tablas salariales del convenio del sector de ingeniería. Pese a generar siempre beneficios, Ineco ejecutó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en 2013 que supuso el despido de 390 trabajadores, con la indemnización mínima legal, 20 días por año.

También entonces se recortaron las retribuciones de los jefes de división y de departamento, así como de los miembros de la estructura técnica. A ambos se les suprimió la retribución variable. Además, a los primeros se les redujo un 5% la retribución fija y a los segundos, un 10%. Lo que no se tocó fue el complemento de desplazamiento, que en muchos casos es el plus de mayor volumen.

Todos los complementos

Según el listado de personal de la empresa –al que ha tenido acceso infoLibre– a 30 de noviembre de 2012, es decir, antes de efectuarse los recortes salariales antes citados, en Ineco había 60 directivos que cobraban más de 100.000 euros brutos al año. Eran 188 los que tenían sueldos superiores al del presidente del Gobierno, que es de 78.158,04 euros anuales. El mayor salario de la empresa entonces era de 185.042,99 euros. Se trata de un empleado de la estructura con 11 años de antigüedad y un sueldo fijo de sólo 56.031,35 euros anuales, pero con un complemento de destino –también el mayor de Ineco– que lo dobla: 104.190,41 euros.

Además de la retribución fija, los empleados públicos también cobran un complemento de puesto: el de mayor cuantía es 13.000 euros, que en Ineco sólo percibe un jefe. Otros 62 ingresan 9.000 euros por en este concepto. Más voluminosa es la retribución variable, hasta 23.000 euros anuales, que también cobra sólo un miembro de la estructura. Otros tres reciben 15.000 euros. Un total de 25 personas superan los 10.000 euros al año de complemento variable. Más cuantioso es el plus por desplazamiento, que si es internacional puede, como se ha dicho antes, duplicar el salario fijo. Siempre supera los 30.000 euros. Se les paga a los trabajadores desplazados para ejecutar proyectos fuera de España.

El caso es que la empresa no se encuentra a gusto con las restricciones salariales que les impone la política de austeridad del Gobierno. El pasado mes de noviembre, su presidente, Pablo Vázquez, solicitó en una reunión a Pilar Fabregat, inspectora general del Ministerio de Fomento, del que depende, que “flexibilizara” esas limitaciones. Según las fuentes consultadas, Vázquez se quejó de las “dificultades” que esos topes salariales imponen a la gestión de los recursos humanos en Ineco: le impiden captar, retener y promover el “talento” en un sector “en profunda competencia” y con una cartera internacional del 53%. En resumen, pedía más dinero para hacer fichajes más caros.

El ERE del año pasado tampoco fue obstáculo para que la empresa repartiera entre la plantilla superviviente otro complemento, el de beneficios. Un 3% se abona en junio y el 1,5% restante en noviembre. Como la empresa alcanzó un beneficio antes de impuestos equivalente al 75% del presupuesto, no tuvo inconveniente en distribuir esas cantidades mientras despedía a 390 trabajadores.

Reparto de pluses el pasado lunes

El patrón se repite en otra empresa pública también del sector de ingeniería. Tragsatec, filial del grupo Tragsa, se encuentra inmersa en pleno ERE, el mayor de un grupo público, que suma 1.336 despidos. Las retribuciones de sus 4.000 trabajadores dependen, al igual que los de Ineco, del convenio sectorial de ingeniería, y tampoco ellos perciben el 0,8% de subida correspondiente a 2013 para no alterar la masa salarial fijada por la empresa.

Claro que el pasado lunes, mientras se sucedían los despidos en sus delegaciones de Extremadura (14 trabajadores) y La Rioja (dos), sus directivos cobraban la DPO (Dirección por Objetivos) correspondiente a 2013, según fuentes sindicales. El año pasado la empresa perdió 11 millones de euros.

Durante la negociación del ERE los sindicatos se opusieron a los despidos argumentando que el problema del grupo era una cúpula directiva inflada y con unos sueldos escandalosos. Denunciaron que unos 200 altos cargos cobran más que el presidente del Gobierno. Según los datos sobre la masa salarial que la dirección facilitó entonces a los representantes sindicales, de los 504 trabajadores ubicados en la sede madrileña de Tragsa, 200 son directivos. El coste medio del personal en ese centro de trabajo es de 109.000 euros anuales, mientras que en el resto de la empresa –otras cinco unidades territoriales– no supera los 35.000.

Sólo la filial cuenta con un organigrama de unos 450 directivos, explican fuentes sindicales. Sus retribuciones suman 30 millones de euros netos al año. A esa cifra habría que añadirle otros 18 millones de euros, el 37% de las remuneraciones que perciben los directivos de la matriz con cargo a los presupuestos de Tragsatec. Es una partida “intragrupo”, que pretende retribuir los servicios de administración, recursos humanos, auditoría, etcétera que Tragsa presta a su filial.

La respuesta del grupo público a las peticiones sindicales para recortar los sueldos de la cúpula y reducir el número de despidos fue siempre tímida o directamente negativa. Alegaban que no era materia de discusión para una mesa que negociaba un ERE. En Tragsatec, por ejemplo, sólo aceptaban una rebaja de 75 euros por cada 10.000 de la retribución por objetivos.

Las mutuas vuelven a 2010

Mención aparte merece el caso de las mutuas de trabajo. El pasado enero la Audiencia Nacional dictaminó que los salarios de los trabajadores de estas peculiares entidades están sujetos a los mismos límites que el personal laboral de las empresas públicas. Por tanto, sus retribuciones deberían retrotraerse a los niveles de 2010. Eso se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del 15%, según UGT.

Con las mutuas se repite la confusión entre los modos de la empresa pública y la privada que desconcierta en las sociedades mercantiles estatales. A los trabajadores de las mutuas se les aplica el convenio de seguros para establecer sus condiciones laborales. Pero el Gobierno les impone las restricciones salariales del sector público. Según la Audiencia Nacional, la Ley de Presupuestos está por encima del convenio colectivo. Y da por bueno el argumento del Ejecutivo de que el personal de las mutuas forma parte de las Administraciones Públicas. Es una vieja discusión. Las mutuas son “asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro cuyo objeto exclusivo es colaborar en la gestión de la Seguridad Social”. Son pues, entidades privadas, como le gusta recordar a la CEOE, pero forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, según consta en el anteproyecto de ley de mutuas que ha elaborado el Gobierno.

Sin embargo, una vez más, sólo las retribuciones del personal no directivo de las mutuas están sometidas a las restricciones presupuestarias del Estado. “Las retribuciones variables se siguen pagando”, protesta Rafael Pérez Cantero, responsable de Mutuas de CCOO. Por el contrario, los 22.000 trabajadores de estas entidades, asegura, pueden perder unos 5.000 euros si se confirma la sentencia, que los sindicatos han recurrido.

Las remuneraciones de los máximos directivos de las mutuas también están sujetas a los límites del real decreto 451/2012 de 5 de marzo, que topó los salarios de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. Nunca podrán ganar más de 210.000 euros brutos al año, incluida la retribución variable y en especie. La fija no puede superar los 105.000 euros.

Límites en el anteproyecto de ley

En cualquier caso, los fraudes de Mutua Universal (2007) y Mutua de Canarias (2009) pusieron a estas entidades en el ojo del huracán tras destaparse irregularidades contables, malversación de fondos, nepotismo y sueldos fuera de control. El Tribunal de Cuentas yainstó al Gobierno en un informe de 2009 a establecer “un límite cuantitativo a las retribuciones de los cargos directivos de las mutuas, así como a limitar su incremento anual”, tanto de sus salarios como de los pagos en especie, “de forma que no superen las previstas para los altos cargos del Gobierno y de la Administración”. Así que el anteproyecto de ley de mutuas pone un tope a la remuneración del sueldo de los directores gerentes, que “no podrá superar la de su presidente ejecutivo”.

Eso sí, mientras sus retribuciones “básicas” no podrán sobrepasar las de los directores generales de la Seguridad Social, las “complementarias” son libres, semejantes de nuevo a las de una empresa privada: dependerán, dicen el anteproyecto, “de la dimensión de la mutua y de la eficiencia de la gestión”.

Lo que habría que preguntarse es por qué el Gobierno ha considerado necesario prohibir a los directivos de las mutuas realizar determinadas operaciones o firmar ciertos contratos. Ni ellos ni sus familiares “hasta el cuarto grado”, bien sea “en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad”, ni las sociedades en que éstos posean más del 10% del capital podrán comprar ni vender activos de la mutua, ni firmar contratos de ejecución de obras o servicios o suministros.