GESTIÓN PÚBLICA

Tragsa disparó un 36% el empleo temporal y un 72% las subcontrataciones mientras pedía 1.336 despidos

Tragsa aumenta en 1.155 trabajadores su plantilla temporal antes de despedir a 1.336 fijos

La empresa pública Tragsa disparó en 2015 sus gastos de personal temporal un 37,6% y un 71,6% los de subcontrataciones, el mismo año en que batallaba en los tribunales para despedir a 1.336 trabajadoresdespedir a 1.336 trabajadores. El grupo tuvo que aumentar un 35,7% el número de sus empleados temporales para hacer frente a una cifra de negocio que también creció un 43%, alcanzando los 885,27 millones de euros. Tragsa facturó casi un 16% por encima de lo presupuestado y un 21% más que en 2012, el último año que cerró con beneficios –14,66 millones–. Aun así, terminó 2015 con unos números rojos de 21,7 millones de eurosrojos, lo que quiere decir, no obstante, que los redujo un 29% respecto a 2014, según las cuentas de la propia empresa a las que ha tenido acceso infoLibre.

A finales de 2015 el Tribunal Supremo dio la razón a Tragsa, declaró ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la Audiencia Nacional había anulado previamente y, el 31 de diciembre, comenzó a notificar despidos. A lo largo del mes de enero se deshizo de 555 trabajadores, muchos menos de los inicialmente planteados. Y, al mismo tiempo, inundó Infojobs de ofertas de empleo temporales. Un total de 175 hasta finales de abril sólo en la filial, Tragsatec, según cálculos sindicales.

En los tres primeros meses del año en curso, el grupo ha seguido aumentando su gasto en personal eventual, un 8,5%, más de lo que ha reducido, gracias a los despidos de enero, el gasto en personal fijo, un 7,6%. De hecho, en la filial, el gasto en temporales ha crecido un 26,6%, mientras que en trabajadores fijos ha caído un 7,3%. Traducido en número de empleados, hasta abril Tragsatec ha aumentado su personal eventual un 30,7%. Tras el ERE, la plantilla del grupo público la componen 10.345 personas, de las que 6.692 corresponden a la matriz.

Otro tanto ha ocurrido con las subcontrataciones, en las que el grupo público se ha gastado casi un 5% más que hace un año. En Tragsatec siguen disparadas un 34%. Por ley, Tragsa no puede subcontratar con empresas externas más del 50% de cada proyecto que ejecute.

Aumenta la cartera de pedidos

Y es que la filial aumentó su volumen de negocio en el primer trimestre un 21% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, resultado de una cartera de pedidos que también engordó un 30%. Los únicos clientes de Tragsa son las administraciones públicas –ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos–. Por tanto, la política de recortes del gasto público de los últimos años hirió de muerte las cuentas del grupo. Y el rebote de la inversión en año electoral le ha devuelto una cierta alegría. La filial, incluso, ha vuelto a beneficios, 2,9 millones de euros, lo que supone mejorar sus resultados casi un 149% por encima de los tres primeros meses de 2015.

Pero hay otro dato de las cuentas del grupo público que llama la atención: el aumento de los llamados gastos de estructura, que incluyen lo que le cuesta la cúpula directiva. En 2015, éstos ascendieron a 82,73 millones de euros, un 50,2% más que el año anterior e incluso un 15,3% por encima de lo que se gastaba en 2010, mucho antes de que la crisis forzara a la empresa a hacer recortes de plantilla. Desde que Tragsa presentó el ERE, en octubre de 2013, una de las denuncias recurrentes de los sindicatos se refiere a la “inflada” cúpula directiva del grupo.

Cementerio de enchufados políticos

CCOO reveló entonces que hasta 200 altos ejecutivos de la empresa pública cobran más que el presidente del Gobierno. El sueldo de Mariano Rajoy está fijado en 78.996 euros al año. El presidente de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, ingresa 183.205 euros anuales; es el presidente con el sexto mayor sueldo de todas las compañías estatales.

Sólo en la sede que el grupo tiene en la calle del Conde de Peñalver en Madrid, donde trabajan 504 empleados, el coste medio del personal era en 2013 de 109.000 euros, mientras que el coste medio de la plantilla en toda la empresa no superaba los 35.000 euros.

Los sindicatos se quejaban de que Tragsa se había convertido a lo largo de los años de un auténtico “cementerio de elefantes” de enchufados políticos procedentes de todos los partidos. Así, al mismo tiempo que la empresa negociaba con los representantes de los trabajadores el mayor ERE de una empresa pública1.639 despidos fue la cifra inicial–, contrató a un exalcalde del PP de El Escorial (Madrid) –luego imputado en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid–, al yerno de un diputado andaluz del mismo partido y al primo del secretario general del Ministerio de Agricultura. También tiene contrato en la empresa una hija del socio de bufete en Jerez de la Frontera (Cádiz) de Miguel Arias Cañete.

El mismo día que se ejecutaban los primeros despidos del ERE en Canarias, la empresa pública empleaba como gerente en el archipiélago a un alto cargo del PP en La Gomera. Meses más tarde, en octubre de 2014, Tragsa estuvo a punto de contratar como su gerente en Galicia a un exalcalde del PP de Santiago, imputado en dos causas por corrupción. La noticia abortó la operación.

Creado en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda. El resto del capital se lo reparten las comunidades autónomas. Su misión es ejecutar para la Administración pública obras y servicios, a través de Tragsa, así como proyectos e ingeniería a través de Tragsatec. No puede rechazar las encomiendas de gestión que le haga el Estado, “aunque pierda dinero”, precisan los sindicatos, porque cobra según unas tarifas prefijadas.

CCOO demanda a la empresa pública Tragsa por ejecutar un ERE encubierto en su filial en la Comunidad valenciana

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