El alto el fuego alcanzado en la madrugada del miércoles entre Irán y Estados Unidos hundió inmediatamente el precio del petróleo y el gas con la expectativa de que se recupere el tráfico de materias primas a través del famoso Estrecho de Ormuz, pero 24 horas después el comercio de energía sigue prácticamente congelado. Los transportistas no confían por ahora en la seguridad de la región mientras Irán avisa que todo aquel que quiera cruzar deberá pedir permiso al Ejército iraní. A esta situación se suma que la agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, publicó que el paso está de nuevo cerrado por los intensos bombardeos de Israel sobre el Líbano.

Los registros de metaneros, petroleros y navíos mercantes mostraron este miércoles un incremento de la actividad alrededor de ese estrecho de apenas 50 kilómetros, pero solo cuatro barcos lo cruzaron por completo en las horas siguientes al acuerdo. Los dos primeros fueron el Daytona Beach, de Liberia, a las 8.59 horas del miércoles (hora española), y el carguero griego NJ Earth, a las 10.44 horas.

La cifra no muestra un incremento del tráfico frente a los peores días de conflicto, puesto que desde que comenzó la guerra han atravesado ese tramo 124 cargueros, con una media de 3,36 al día, según datos de Tanker Trackers, una compañía de seguimiento de barcos. De hecho, es la cifra más baja de lo que va de mes de abril. Otra empresa similar, Marine Traffic, también calcula que hay casi 500 portadores de combustible amarrados en el Golfo Pérsico esperando a que se abra el estrecho: 426 petroleros, 34 buques con GLP y 19 metaneros.

El sector marítimo permanece expectante todavía, por mucho que el secretario de Guerra de EEUU dijese el miércoles que Ormuz "está abierto" y que su ejército está supervisando la región. Al escaso flujo de barcos se suman declaraciones poco motivadoras como la del secretario general de la Organización Mundial del Comercio, Arsenio Domínguez, que dijo horas después de dictarse el alto el fuego que estaba trabajando en "mecanismos apropiados" para garantizar el movimiento con diferentes naciones. Una coalición de países de la OCDE, entre ellos Alemania y Japón, dijeron también el miércoles que ayudarán a esa seguridad.

Las primeras reacciones de este miércoles de las grandes compañías transportistas fueron comedidas. El gigante Maersk publicó que por ahora no piensan cruzar el estrecho hasta que no haya más garantías. "En este momento adoptamos una postura prudente y no vamos a realizar ningún cambio en servicios concretos", difundió la naviera.

La realidad es que dos días después del alto el fuego de dos semanas no está claro qué condiciones hay para poder cruzar ese estrecho ni cuál es el acuerdo real que tienen Estados Unidos e Irán. En la madrugada del miércoles, el ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi dijo que durante los siguientes 14 días habría un paso "seguro" pero siempre "en coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas". Por otra parte están los diez puntos de Irán sobre los que Trump ha accedido negociar, y donde en teoría está incluido que la república controle un peaje de dos millones de dólares por cada navío que atraviese ese paso.

Sobre este asunto, este miércoles el presidente Donald Trump dejó caer además a la prensa que plantea crear una joint-venture –un acuerdo empresarial– con Irán para dividirse los beneficios de ese peaje. El Financial Times también publicó que Irán pretende además cobrar un peaje de 1 dólar por cada barril de crudo que cruce Ormuz y que se podría pagar mediante criptomonedas, lo que en la práctica equivale a alrededor de un peaje del 1% por barril, según su precio actual. 

Según los analistas de Kpler, una empresa dedicada a analizar el tránsito de materias primas, este peaje iraní –tanto si se cobra por barco como por barril– es por ahora un mecanismo extremadamente arriesgado porque técnicamente el país está sancionado por Estados Unidos, y cualquier compañía que pague por ese tránsito sería técnicamente perseguida por el Tesoro estadounidense.

Como posible solución, los expertos de Kpler creen que Omán podría ser el recolector de ese dinero, en forma de pagos directos o de criptomonedas, y que este país transfiera después el dinero a Irán. El sistema no es perfecto pero podría funcionar si Washington hace la vista gorda. De todas formas, el compromiso alcanzado entre las dos potencias incluye retirar todas las sanciones primarias y secundarias que ahora sufre Irán.

Tampoco invitan al optimismo los numerosos bombardeos realizados por ambas partes en las 24 horas siguientes al alto el fuego. Irán llevó a cabo decenas de ataques con drones sobre los países del Golfo este miércoles, destacando sobre el resto el bombardeos del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, que permite al petroestado desviar el crudo hacia el Mar Rojo y esquivar el bloqueo de Ormuz. Mientras que Irán sufrió un ataque sobre su refinería de Lavan solo horas después de anunciarse la supuesta paz. Al mismo tiempo, Israel bombardeó el Líbano –un aliado de Irán– en lo que la prensa local describió como el mayor ataque desde que comenzó el conflicto, con más de 100 bombardeos en solo 10 minutos, incluidos ataques sobre la capital del país.

En todo caso, el precio de los combustibles ha caído drásticamente este miércoles en los mercados ante la previsión de que Ormuz vuelva a operar en los próximos días. El petróleo Brent se ha abaratado alrededor del 13% y el gas natural en Europa (el TTF) lo ha hecho un 15%, aunque su precio es notablemente superior a antes del conflicto.

Janiv Shah, analista de Rystad Energy, una consultora de energía, advirtió este miércoles que paradójicamente el alto el fuego podría mantener elevados los precios del crudo si las compañías prefieren esperar a que la guerra termine definitivamente dentro de 14 días, confiando en que ese sea el desenlace. "Las refinerías deberían aprovechar esta oportunidad para reanudar las compras. Sin embargo, el propio período de transición podría suponer el siguiente reto. Si las refinerías retrasan sus compras a la espera de nuevas caídas de los precios mientras los flujos físicos siguen siendo limitados, la escasez de productos podría agravarse incluso en un contexto de distensión", valora el experto en una nota.

Las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, en el suroeste de Irán, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural, han sido alcanzadas este lunes por un ataque aéreo israelí-estadounidense, informaron medios iraníes y recoge EFE.

“Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh”, reportó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. 

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha indicado que la planta atacada representa "aproximadamente el 50% de la producción petroquímica iraní" y que, tras un ataque previo contra otra instalación la semana pasada, ambas infraestructuras -responsables, afirma, de alrededor del 85% de las exportaciones petroquímicas del país persa- han quedado "inhabilitadas".

"Esto representa un duro golpe económico para el régimen iraní, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares", sentenció el titular de Defensa.

Los ministros de Economía y Comercio de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria pidieron a la Comisión Europea a través de una carta publicada este sábado un impuesto a los beneficios de las empresas energéticas para distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

"El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que supone una carga considerable para la economía europea y para los ciudadanos europeos. Es importante que esta carga se distribuya de manera equitativa", señalaron los ministros en la carta, fechada el 3 de abril y dirigida al comisario europeo de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, según informó hoy en X el titular de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo.

Para ello, los ministros de los cinco Estados miembros proponen que el Ejecutivo Europeo desarrolle medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas a través de un "instrumento de contribución a escala de la UE sustentado en una base jurídica sólida".

"Ya en 2022 se introdujo un instrumento similar mediante una contribución solidaria temporal (...) como medida de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía" provocada por la invasión rusa de Ucrania, recordaron los ministros.

Sin embargo, plantearon a la Comisión estudiar si los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas petroleras multinacionales pueden incluirse de una manera más específica de lo que se hizo en 2022.

Los ministros de Economía aseguraron que esta "solución europea" permitiría financiar "ayudas temporales, especialmente para los consumidores, y frenar el aumento de la inflación, sin imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos".

Asimismo, mandaría "un mensaje claro" que quienes se beneficien de la guerra deben aportar "para aliviar la carga que recae sobre la población en general".

"Nos complace que la Comisión Europea haya prometido examinar rápidamente la cuestión", concluyeron.

La UE ha gastado 14.000 millones de euros adicionales en importar hidrocarburos el primer mes de guerra en Oriente Medio, dijo este martes el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien apremió a los Estados miembros a buscar fórmulas para reducir el consumo de diésel y queroseno.

"Nos enfrentamos a una situación muy seria (...). No hay que hacerse ilusiones de que será corto, porque no lo será" dijo en una rueda de prensa al término de una reunión extraordinaria por videoconferencia de ministros de Energía de los países de la UE.

El político danés indicó que desde el inicio del conflicto el 28 de febrero los precios del gas han aumentado un 70% y los del petróleo un 60%, y subrayó que la principal preocupación concierne al diésel y combustible para aviones, el aumento de las restricciones en el mercado del gas, el contagio a los precios de la electricidad y el impacto en la industria.

"Mejor estar preparados que lamentarlo", añadió.

El comisario había pedido ya a los países que consideraran medidas para reducir el consumo de combustibles fósiles en una carta enviada a las capitales antes de la reunión, basándose en un documento de recomendaciones publicado recientemente por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Estas incluyen aumentar el teletrabajo cuando sea posible, reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 km/h, fomentar el transporte público, alternar el acceso de coches privados a las carreteras en grandes ciudades según el día o evitar los viajes en avión cuando haya alternativas.

Jørgensen no fue claro sobre la reacción de los ministros a esas recomendaciones, que sí respaldó en conferencia de prensa el titular de Comercio, Energía e Industria de Chipre, Michális Damianos, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

"Reducir la demanda energética sigue siendo una pieza central" de la estrategia comunitaria, dijo el chipriota.

Por su parte, el comisario dijo que "no hay una solución única": "No esperamos que todos los Estados miembros implementen los diez puntos, pero es una muy buena caja de herramientas", comentó.

Preguntado si son convenientes medidas como las adoptadas por España para bajar impuestos al combustible, que no reduciría el consumo sino que podría incentivarlo, Jørgensen dijo entender que "los distintos países tienen distintas circunstancias".

"Estamos en una situación que puede empeorar y hacer que la reducción de demanda sea necesaria", apostilló.

La Comisión Europea presentará "pronto" una "caja de herramientas" con otras posibles medidas para afrontar una crisis de precios prolongada, añadió el comisario.

Bruselas intentará hacer los contratos por diferencia (CfD) y los acuerdos privados de compraventa de energía eléctrica (PPA) más amplios y fáciles de aplicar, además de recomendar reducir impuestos a la electricidad y facilitar opciones financieras.

Algunas de esas iniciativas ya se ensayaron en 2022 al calor de la crisis de precios del gas desatada por la invasión de Rusia sobre Ucrania, aunque entonces la carestía afectó principalmente al gas y se contagió a la electricidad, mientras que ahora hay "una gama más amplia de problemas".

Por ello, la Comisión también baraja ahora otras soluciones más radicales que ya se introdujeron entonces, como poner un tope a los precios mayoristas del gas o capturar los "beneficios caídos del cielo" de las compañías energéticas si los precios siguieran subiendo.

"Es una posibilidad", dijo Jørgensen, quien insistió en que "nadie sabe cómo de larga será la crisis, pero es muy importante subrayar que no será corta".

Aunque mañana hubiera paz en la región, la infraestructura energética en Oriente Medio ha sido dañada y "no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible", sostuvo.

La crisis energética derivada de la guerra de Irán ha llegado en un momento crítico para el sector gasista europeo. Antes del 1 de enero de 2027, los países de la Unión deben cortar por completo sus importaciones de Rusia de todo tipo de combustibles. Como parte de ese compromiso, antes del 1 de marzo todos los gobiernos debían enviar un informe a la Comisión Europea sobre cómo se desharán del gas y el petróleo ruso. Al menos 19 países ya han enviado el suyo, pero España no aclara si está en esa lista.

infoLibre ha preguntado en numerosas ocasiones por este documento, que será clave para la seguridad energética del país durante los próximos años, pero no ha obtenido respuesta. Fuentes de la Comisión Europea dijeron recientemente a este diario que 19 países ya han mandado el suyo, pero sin aclarar el nombre de esos Estados.

España y el resto de socios se comprometieron a elaborar este plan en el que tienen que especificar cómo planean sustituir esa entrada de gas, buscando nuevos socios o comprando más a los aliados actuales. El año pasado, el 13% del gas natural que importó la Unión Europea procedió de Rusia, y en España representó el 11,4% del total, según datos de Enagás. Entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2026 esa dependencia ha crecido drásticamente, hasta el 17%, según fuentes del sector basadas en datos de empresas de flujo de metaneros.

El Golfo Pérsico, la región que podría sustituir ese vacío, está ahora en guerra de manera indefinida, de manera que las opciones se reducen. Catar es el segundo mayor exportador de gas del mundo y su planta de Ras Laffan –ahora cerrada por la guerra, y semidestruida– representa el 20% del gas licuado (GNL, el que viaja por barco) que se consume en el mundo.

Esta disrupción es, además, a muy largo plazo. Por una parte, las instalaciones destruidas en Ras Laffan tardarán entre cinco y siete años en repararse, mientras que las naves que no han sido directamente bombardeadas podrían tardar meses en estar operativas. A esto se suma que Catar tiene numerosos proyectos en desarrollo para ampliar aún más sus exportaciones, pero se han paralizado por el conflicto. Este país ya ha anunciado que su nueva planta North Field East, que iba a empezar a operar en el tercer trimestre de 2026, sumando 24.000 millones de metros cúbicos de gas (24 bcm, en la jerga del sector) al mercado global cada año, se pospone al menos hasta 2027.

En medio de este caos, las potencias europeas deben dejar por escrito a quién van a comprar su gas el año que viene. España solo importa de Catar el 2% de su GNL, pero sumado al agujero que dejará Rusia y a que el mercado internacional del gas sufre ahora una competencia internacional enorme por la guerra, no será fácil buscar nuevos vendedores.

En los últimos días, según publicó Bloomberg, el Gobierno español y Naturgy han tenido conversaciones con Argelia, un histórico proveedor de gas, para que aumente sus exportaciones a la península. El gasoducto que une los dos países cruzando el Mediterráneo tiene margen para aumentar su caudal un 14%, hasta los 32 millones de metros cúbicos diarios, aunque siempre está la posibilidad de traer más todavía mediante metaneros.

En el resto del mundo, otros grandes productores de combustibles tienen planeado aumentar también su producción de gas este año, según pronostica Oxford Energy. En 2025 la capacidad mundial de exportación de gas por barco fue de 593 bcm de metros cúbicos de GNL, y en 2026 se estima que se sumarán otros 53 bcm más, principalmente por parte de Estados Unidos, Canadá y Australia, que abrirán nuevas plantas o ampliarán las ya existentes.Según ese análisis, Europa será la región del planeta que más aumentará sus compras de GNL, seguida de China y el Sudeste Asiático.

La otra opción es romper la promesa de los 27 países y posponer el fin del gas ruso, como ya han propuesto algunos países. Estados Unidos ha levantado temporalmente las sanciones al Kremlin para que las compañías rusas puedan vender su petróleo y balancear la ausencia del Golfo. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue el primero en reclamar que Europa haga lo mismo con el gas natural.

El pasado domingo le siguió el primer ministro belga, Bart de Wever, que pidió "normalizar las relaciones con Rusia y recuperar el acceso a energía barata". Sin embargo, tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía, rechazaron tajantemente la idea.

Según ha confirmado la Comisión Europea a infoLibre, son ya 19 países los que han remitido sus planes para abandonar el gas ruso en los próximos nueve meses, y cuatro lo han enviado para deshacerse del petróleo. España no importa crudo ruso desde mayo de 2022 ni productos refinados desde diciembre de ese año, por lo que solo debe enviar el documento correspondiente al gas natural.

El informe que debe remitir cada país es por ahora confidencial porque contiene datos sensibles de las empresas que comercian con Rusia, pero la Comisión publicará en abierto un resumen de la información recopilada un mes después a haber recibido todos los reportes. 

En concreto, estos planes incluyen los datos básicos de importaciones directas o indirectas desde Rusia, el calendario de eliminación, las opciones alternativas y medidas alternativas que puedan ayudar, como la electrificación o el uso de biogás. Asimismo, los Estados tendrán que calcular si las medidas encarecerán la factura del gas, aunque la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, adelantó en diciembre en una entrevista en infoLibre que en el trabajo previo que han realizado garantizan que no habrá repercusión en los precios de la energía.

"Hemos hecho un análisis y preguntado a las empresas qué podía ocurrir, y nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de suministro y que los precios de los consumidores no se distorsionen", dijo la ministra en esa conversación.

Argelia ha sido durante las últimas dos décadas el principal proveedor de gas natural de España, y el Gobierno aspira a que esta relación se estreche para capear la crisis energética. Sin embargo, parece que no va a poder garantizarse un suministro mucho mayor del actual porque la tubería que une los dos países ya funciona prácticamente al 100% de su capacidad. Una segunda opción es incrementar las compras de gas licuado por barco (conocido como GNL), pero Argelia tiene la mayor parte comprometido con otros compradores. A esto se suma que Italia, que ha perdido su suministro de Catar, busca desesperadamente comprar más combustible al país norteafricano.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, visitó esta semana el país norteafricano en un encuentro que llevaba meses programado, pero que ha ganado un enorme protagonismo por la crisis energética derivada de la guerra en el Golfo. Tras reunirse con el presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, y con el ministro de Hidrocarburos, Mohamed Arkab, Albares dijo este jueves que “Argelia es un suministrador de gas fiable y constante con el que tenemos una larga tradición de suministros que queremos profundizar y renovar”.

De la reunión salió el compromiso de llevar a pleno rendimiento la tubería Medgaz, que conecta ambos países a través del Mediterráneo y que tiene capacidad para mover 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año (o 10 bcm, en la jerga del sector), una cuarta parte de las importaciones anuales de gas de España. En realidad, el gasoducto lleva operando prácticamente al 100% de su capacidad desde enero de 2026, un ritmo no visto en la última década y un 10% superior al año pasado.

Por mucho que el Medgaz funcione a pleno rendimiento, España necesita mucho más combustible en los próximos nueve meses. El mercado global de gas licuado acaba de perder el 20% de su suministro diario por el cierre del Estrecho de Ormuz. A esto se suma que el 31 de diciembre de este año, todos los países europeos deben dejar de importar gas ruso. España importó el año pasado de Rusia el 11,4% de su gas, y de Catar, el 3%.

Ese déficit difícilmente se compensará con nuevas importaciones de Argelia. Con la conexión Medgaz ya a pleno rendimiento, la única solución está en los barcos metaneros, un negocio que Argelia explota, pero donde hay poco margen de crecimiento. Fuentes del Ministerio de Exteriores señalan, de hecho, que esta vía comercial no ha estado sobre la mesa en la visita del ministro Albares.

El año pasado España importó por barco 1,9 bcm de gas natural de Argelia, según datos de Kpler, una empresa de seguimiento de metaneros, lo que equivale al 20% de lo que España recibió por tubería de ese país. El problema es que las compras de GNL dependen de acuerdos que hay que negociar continuamente en un mercado abierto y global (el conocido como mercado spot), de manera que cualquier país dispuesto a pagar más por ese combustible se puede hacer con el cargamento. A esto se suma que Argelia ya tiene acuerdos a largo plazo para vender GNL a Turquía, Francia e Italia. Según Gonzalo Escribano, experto en Energía del Real Instituto Elcano, de los 14,5 bcm de GNL que Argelia vendió en 2024, solo 4,5 bcm fueron en spot.

Los expertos tampoco creen que Argelia vaya a incrementar su producción de gas natural a corto plazo, porque es un país que históricamente ha tenido muchos problemas para mejorar su infraestructura gasista, pese a ser una potencia energética global. "El gas argelino lleva muchos años siendo una decepción. No creemos que los flujos de gas argelino vayan a aumentar de forma significativa a corto plazo", opina Andreas Schroeder, director de Análisis Energético de ICIS, una consultora energética.

Alun Davis, investigador principal de gas en Europa de la consultora S&P, también ve otras piedras en el camino. Primero, que la demanda de gas de su propia población está creciendo rápidamente y se ha comido el escueto incremento de producción que ha logrado tener desde 2020, por lo que cada vez tiene más dificultades para exportar. Segundo, que en este momento los precios del GNL en el mercado spot de Asia son más elevados que en Europa, de manera que ahora tiene un incentivo mayor para vender su gas a Asia antes que a España.

A estos problemas se suma la enorme presión y competencia que ejerce Italia. Este país importó el año pasado el 32% de su gas licuado desde Catar, un país que no va a poder exportar GNL en varios meses por los bombardeos de Irán. De hecho, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó este miércoles Argelia con el mismo objetivo que Albares.

Italia lleva cuatro años mejor posicionada que España para adquirir gas argelino tras la fuerte disputa diplomática que se produjo entre Argel y Madrid alrededor del Sáhara Occidental. El conflicto ha quedado enterrado esta semana gracias a la visita del ministro español de Exteriores, pero el daño sobre el sector energético se mantiene. Aquel choque supuso el cierre del gasoducto Argelia-Marruecos-España, una segunda conexión entre la Península Ibérica y Argelia que tenía una capacidad de exportación similar a Medgaz.

Tras esa ruptura, parte de los envíos cancelados se redirigieron hacia Italia, que cuenta con una tubería con Argelia (TransMed) cuatro veces mayor que la española, capaz de enviar anualmente 39 bcm de gas natural. A través de ese gasoducto se enviaron el año pasado 20,2 bcm de gas, según Energy Intelligence, de manera que Italia podría incrementar un 100% esas importaciones sin recurrir a barcos metaneros.

Alun Davis opina que esa ventaja es crucial en la carrera entre España e Italia por el gas argelino. "Dado que Italia es, en esencia, el único mercado con capacidad de importación disponible a través del gasoducto desde Argelia, y que los precios del mercado italiano suelen ser más altos que los españoles, cabría esperar que Italia se beneficiara de cualquier posible aumento de las exportaciones que Argelia pudiera generar", valora el experto.

Schroeder, analista de ICIS, advierte también de que aunque Italia y España sean socios, no se puede esperar que los dos países vayan a cooperar en estas conversaciones. "Italia se enfrenta a una escasez de gas porque es el país europeo más dependiente de Catar. Tendrá que asegurarse de garantizar los volúmenes de suministro a corto plazo y su prioridad no será ayudar a sus vecinos ni a otros países de la UE en momentos de crisis", opina.

No obstante, la agencia Bloomberg asegura que la visita de Meloni tuvo un resultado limitado. Sonatrach, la compañía gasista nacional de Argelia, comunicó a Italia que si quiere comprar más GNL tendrá que hacerlo en el mercado spot, pagando el sobreprecio que tiene ese combustible sobre el que se vende en contratos a largo plazo. 

El pasado viernes, los expertos de ENTSO-E, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, hizo público su informe sobre el apagón del pasado 28 de abril en España (ver aquí). Casi 500 páginas donde se describe minuciosamente lo sucedido y se apunta a una serie de errores en cadena, una suerte de tormenta perfecta donde fallaron muchas cosas a la vez. ¿Dónde quedan ahora las horas de tertulias y centenares de columnas que clamaban contra las renovables como las culpables del desastre? Un sistema de la complejidad que tienen hoy las redes eléctricas difícilmente se viene abajo por un solo motivo. Y aunque ha hecho falta casi un año de indagaciones para saber con exactitud qué ocurrió, a las pocas semanas ya se tenía información suficiente como para descartar acusaciones infundadas que apuntaban a las renovables como chivo expiatorio. Sin embargo, a las pocas horas de recuperarse el suministro eléctrico, analistas de muchos medios –sobre todo los conservadores– pontificaban acusando con vehemencia a unas u otras causas. Curiosamente, quienes querían exhibir su crítica a este Gobierno apuntaban sin recato a las renovables, y sólo a ellas, como las causantes del desaguisado.

Lo que me ha animado a traer aquí este asunto no es el informe en sí, cuyas conclusiones y recomendaciones ya han sido difundidas y a las que yo no tengo nada que aportar. Tampoco pretendo aprovechar la ocasión para hacer una –otra– defensa de las renovables, que saben que hago cada vez que tengo ocasión. Lo que me lleva a traer aquí este episodio es la reflexión sobre la necesaria rendición de cuentas de quienes tenemos un espacio en la conversación pública. Quienes nos asomamos con asiduidad a micrófonos radiofónicos, cámaras de televisión y columnas como esta tenemos una responsabilidad importante. Nuestros análisis ayudan a quienes nos siguen a formarse una opinión sobre los asuntos de actualidad, conformando la conversación pública, uno de los pilares fundamentales de la democracia. Esto debería llevarnos a elevar los estándares de exigencia del oficio.

Nos critican llamándonos “todólogos”, y es cierto. Nadie sabe de todo. Pero la virtud del analista –lo de tertulianos lo dejo para otros géneros– consiste justamente en saber de qué sabe y de qué no. En aquellos asuntos que maneja porque tiene una sólida formación o porque forman parte de algunas de sus áreas de expertise podrá emplearse a fondo. Lo reconocerán porque reaccionará con rapidez, hablará con precisión y será capaz de cartografiar la complejidad, lo que se sabe y lo que falta por conocerse, las cuestiones seguras y esas otras que navegan la incertidumbre respecto al tema en cuestión. 

Del resto de asuntos, aquellos de los que no se es especialista, cabe diferenciar dos tipos: los que suelen formar parte de la conversación de forma habitual y cualquier analista tiene el fondo de armario conceptual necesario, y aquellos que necesitan de conocimiento especializado. Entre los primeros se encuentran eso que suele llamarse politics, el histórico de las relaciones de los líderes y corrientes de las formaciones políticas, las tensiones que recorren la vida política habitual, etc. Para no equivocarse mucho en este campo, bastará con que el analista, aunque no siga con minuciosidad el día a día de una formación o un líder, tenga buena información –propia o la que le proporcionan los periodistas–, algo de memoria y un poco de perspectiva histórica, nada más. Su inteligencia le hará valorar cuándo puede arriesgar más y cuándo menos.

El problema viene cuando ese o esa analista que tiene que sentarse delante de un micro cuando casi no ha amanecido se encuentra con un tema de fuerte impacto social, del que nada sabe y cuya complejidad y especificidad imposibilita que pueda tener un juicio razonable, como ocurrió con el apagón. En ese caso son muchos y muchas los que buscan a alguien que pueda saber más que ellos y ellas y que ideológicamente esté en su bando y se limitan a repetir lo que aquel sujeto dice. Se darán ustedes cuenta porque reproducen argumentos que no entienden, y se nota. ¿Recuerdan a quienes nos hablaban de la generación asíncrona como si cada día pasaran unas horas en el CECRE (Centro de control de energías renovables, en las instalaciones de Red Eléctrica, digno de ver, por cierto)? Otros, no pocos, van buscando razonamientos de un lado y otro e intentan articular discursos de ambigüedad medida, sabedores ya de que caminan de puntillas por el asunto en cuestión. Sólo unos pocos, unas pocas, se atreven a decir aquello que parece prohibido: “no lo sé”. Probablemente serán penalizados por sus seguidores, que les leen o escuchan ansiosos de conocer su veredicto, pero estarán ejerciendo su función democrática con la honestidad intelectual y la responsabilidad imprescindible.

El del apagón es sólo un ejemplo de los muchos que se encuentran en la conversación pública. Si ha sido este asunto el que me ha llevado a esta reflexión es porque es un aspecto del que algo conozco por mi desempeño profesional y del que sé perfectamente qué sé y sobre todo, qué ignoro (que es mucho más), incluso todo lo que se ignoraba –porque no se podía saber aún– mientras corrían ríos de tinta. Seguro que hay otros temas que no me han llevado a plantear este asunto porque desconozco su complejidad, y probablemente yo habré caído también en la tentación de repetir lo que otros dicen sin saber exactamente qué es lo que está en cuestión.

Quienes disponemos de una tribuna pública tenemos una enorme responsabilidad. Ejercerla implica decir “no lo sé” cuando no lo sabemos, aunque cueste. La ciudadanía sabe distinguir entre quien habla de oídas y quien lo hace con propiedad. Desconfíen de quien pretenda hacer creer que es capaz de conocer y opinar de todo y en todo momento. Carece de lo fundamental: saber qué es lo que no sabe. 

El paquete de hasta 80 medidas que conforman el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio han entrado este domingo en plena vigencia, tras su publicación la víspera en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el próximo jueves el Congreso dictaminará su convalidación.

El plan cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye, entre otras medidas, rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21% de IVA al 10%); así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.

En el apartado fiscal destacan, especialmente, la suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7 % y que pagan las compañías; la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad que pagan los consumidores (del 5,11% actual al 0,5%); y la congelación del precio máximo de venta del butano y propano.

Asimismo, el Ejecutivo dio luz verde a otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado en crisis previas. Este último es muy probable que no salga adelante en la Cámara Baja, por el rechazo ya anunciado de formaciones como Junts, PP y Vox.

Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros destaca, igualmente, la prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos del conflicto.

También ha entrado en vigor un plan de movilidad sostenible, que obligará a las compañías de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno a que faciliten los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo; así como una suspensión de la causa de disolución por pérdidas, ya acordada previamente respecto del COVID-19.

Sectores de la economía relacionados con el transporte, la agricultura o la ganadería han mostrado su disconformidad parcial con el paquete de medidas del plan anticrisis, en especial en el colectivo de la movilidad por carretera (logística, mercancías y autobús).

Patronales como CETM, Fenadismer, UNO (logística) y Confebus califican como "claramente insuficientes" las medidas aprobadas por el Gobierno. Incluso, las dos primeras organizaciones no descartan movilizaciones en el transporte de mercancías por carretera si no se atienden sus peticiones.

Desde la organización de Agricultores y Ganaderos (COAG) consideran que estas medidas son "necesarias", pero avisan de que serán "insuficientes" si la situación se prorroga "más allá de 15-30 días", mientras que Asaja cree que el plan “queda abierto, sin concreción, es pobre y lejos” de la situación.

El sindicato CCOO se ha sumado a los sindicatos agrarios y ha reclamado al Gobierno más medidas fiscales y transferencias directas dirigidas a los colectivos más vulnerables.

Desde otro ángulo, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha valorado la reducción del IVA a los combustibles como "una mejor alternativa a la nefasta experiencia" del descuento de 20 céntimos por litro aplicado tras la invasión rusa de Ucrania.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha aplaudido las rebajas fiscales de los carburantes, que calcula que reducirá en "unos 8 euros" el precio del depósito medio.

En cuanto a las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme no han valorado aún el plan presentado por el Gobierno. Se espera que lo hagan en los primeros días de la semana entrante.

Sí han mostrado, en cambio, su "firme rechazo" a la aprobación de una congelación temporal de los precios del alquiler, al ser una medida “ajena” al conflicto en Oriente Medio y una “injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada”.

Casi un año después del apagón del 28 de abril, un grupo de medio centenar de expertos europeos ha concluido que el origen del episodio fue un problema de sobretensión de la red, una anomalía que no tiene precedentes en el continente. Los autores achacaron el incidente a una "tormenta perfecta" de diferentes problemas mientras subrayan que las energías renovables son absolutamente seguras, incluso si suponen el 100% de la generación de un país.

Esto no va sobre energías convencionales o renovables, sino sobre control de tensión. Y todos los tipos de generación pueden controlar la tensión", repitió en varias ocasiones este viernes Damian Cortinas, presidente del consejo de administración de ENTSO-E, la Asociación de Gestores Europeos de Redes de Transporte de Electricidad, durante la presentación del informe final sobre las causas del incidente. También han participado en el estudio expertos de todo el continente de ACER, la agencia europea de reguladores eléctricos.

Desde el mismo día del apagón, las renovables han estado en el punto de mira de una parte del sector energético, aunque los expertos en redes eléctricas ya dijeron que la participación ese día de más centrales térmicas no habría cambiado el desenlace. Los críticos subrayaron que ese exceso de solar y eólica redujo la inercia de la red, un parámetro imprescindible para controlar la frecuencia, pero el nuevo informe calcula que un 20% más de inercia no habría ayudado. "Los resultados indican que una inercia adicional habría tenido un impacto mínimo en la evolución del incidente", se lee. De hecho, la frecuencia habría caído incluso más rápido en ese escenario.

Lo que sí avisaron los expertos entonces, y ahora subraya el análisis, es que las renovables deben aportar control de tensión dinámico al sistema, una tarea que en aquel momento solo realizaban las instalaciones tradicionales, principalmente las centrales de gas natural. Esta modificación ya se ha introducido en los procesos de operación de la red eléctrica española y esta misma semana se ha inaugurado con medio centenar de instalaciones, y otras tantas se unirán próximamente.

El problema es que solo las plantas renovables construidas posteriormente a 2020 tienen instalada la tecnología para hacerlo –porque fue entonces cuando se hizo obligatorio en Europa–, y una de las recomendaciones del informe de este viernes es que se obligue también a las renovables más antiguas a adaptarse para realizar ese control de tensión dinámico

Cuando se señala la necesidad de que las renovables controlen la tensión, se apunta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la encargada de fijar los conocidos como procesos de operación del sistema eléctrico, los parámetros que deben cumplirse para garantizar la seguridad. Este organismo llevaba cinco años haciendo pruebas sobre cómo las renovables, principalmente la fotovoltaica, pueden inyectar en la red potencia reactiva –una clase de energía que permite controlar la tensión–, y esperaba introducir este mecanismo en 2026, pero con el apagón aceleró el trabajo y estuvo listo en apenas un mes, el 12 de junio.

Como ya ocurrió en el informe preliminar que presentaron en octubre, en el nuevo análisis los expertos no han señalado a ningún culpable concreto, aunque señalan problemas cuya responsabilidad recae en todos los actores del sistema: las grandes empresas eléctricas, el operador de la red (Red Eléctrica), la CNMC y el Ministerio de Transición Ecológica

"Tenemos recomendaciones para que esto no vuelva a ocurrir, pero nuestro cometido no es atribuir culpables. Eso depende de la interpretación que hagan las autoridades nacionales", dijo Cortinas el viernes. Preguntado por si Red Eléctrica tenía más responsabilidad que los demás por su papel de gestor de la red, insistió en que no hubo una única causa. "Fue una combinación de todas ellas, una tormenta perfecta".

El estudio de ENTSO-E volvió a destacar conclusiones ya conocidas, como que "algunas" las grandes plantas de ciclo combinado que debían controlar la tensión no cumplieron con su cometido– pese a que reciben una remuneración por ello, que en 2025 ascendió a 1.200 millones de euros– y no absorbieron toda la potencia reactiva que se ordenó.

También explican que muchas instalaciones de generación se desconectaron de la red cuando la tensión era elevada, pero por debajo de lo que la normativa obliga a soportar, lo que agravó la situación de manera drástica porque eso generó un efecto dominó que aumentó aún más la tensión y provocó que otras plantas se desconectasen. La red de transporte tiene una tensión media de 400 kV, pero todos los que se conectan a ella deben soportar picos de hasta 435 kV. De 19 subestaciones que examina el informe, solo seis se desconectaron dentro del rango legal, nueve incumplieron y del resto no se tienen datos concluyentes.

Lo que sí han aportado nuevo en este análisis es el papel que jugaron las desconexiones de paneles solares de pequeño tamaño (inferior a 1 MW) instalados en casas, oficinas o fábricas, un área gris que es extremadamente difícil de controlar. Aunque individualmente son instalaciones pequeñas, ese día se desconectaron por la inestabilidad de la red una cantidad ingente –alrededor de 800 MW– en los minutos e instantes previos al apagón, según ENTSO-E, incrementando aún más la tensión en el sistema.

También es cierto, destacan los autores del trabajo, que España tiene unos baremos legales de tensión demasiado grandes. Mientras que lo normal en Europa es que el límite de tensión en la red de transporte esté en 420kV (también en Portugal), en tope en España es de 435 kV. Dos horas antes del apagón ya se alcanzaron tensiones en algunos puntos superiores a 420 kV, unas cifras que en otros países habrían levantado las alarmas, pero que en España entran dentro de rango. Por eso los expertos de ENTOS-E piden rebajar ese tope al umbral estándar del continente. La CNMC también solicitó este cambio el jueves al Ministerio de Transición Ecológica dentro de su paquete de respuesta al incidente.

Otro de los problemas que destacaron fue el fallo de respuesta de las reactancias, unas máquinas que se instalan en subestaciones eléctricas para controlar la tensión de la red. En España y en muchos otros países se activan y apagan de manera manual, y eso provocó que no se conectaran a tiempo todas las reactancias necesarias aquella mañana. En los minutos previos al apagón, Red Eléctrica las desconectó para incrementar la tensión de la red, que era inusualmente baja en ese momento, pero cuando la tensión comenzó a subir de manera descontrolada, solo se conectó el 58% de la capacidad de reactancia con la que contaba el sistema eléctrico español. Los expertos proponen que ese mecanismo se automatice, como ocurre en Francia.

Los directivos de ENTSO-E insistieron durante la presentación del estudio en que muchos de las correcciones que proponen no solo van destinadas a España, sino que toda Europa, y la propia organización de gestores tienen que aprender de la experiencia ibérica. "Nunca antes había ocurrido algo así. Lo más importante que sabemos ahora es que estos problemas de sobretensión pueden afectar a gran escala y que pueden apagar un país entero. Y que ahora sabemos qué tenemos que hacer para corregirlo", subrayó Damian Cortinas.

Este viernes el Ejecutivo ha dado a conocer el Plan de Respuesta Integral ante la guerra en Oriente Medio. Tras una semana de contactos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la respuesta a la crisis se articularía en dos reales decretos. El primero, centrado en temas de vivienda; y un segundo, más amplio, que busca una "reducción drástica de la fiscalidad energética" con bajadas de impuestos en los carburantes, la electricidad y el gas.

Los dos decretos, que se han aprobado en el Consejo de Ministros, entrarán en vigor cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —previsiblemente este sábado— y luego contarán con 30 días para su ratificación. El segundo, que incluye las medidas fiscales, pasará por el Congreso la semana próxima, ya que cuenta con los avales necesarios, según explican fuentes del Ejecutivo. En cuanto al primero, relativo a la vivienda, es más polémico y requerirá previsiblemente de más tiempo para negociarlo con los grupos parlamentarios. Cabe recordar que las medidas antidesahucio, prorrogadas desde 2020 —cuando se implantaron para responder a la crisis del covid y se mantuvieron por la guerra de Ucrania—, decayeron en febrero al no obtener respaldo en el Congreso por los votos negativos de PP, Vox y Junts.

La vivienda ha estado en el centro de la polémica durante toda la negociación. A lo largo de esta semana, el ala de Gobierno de Sumar insistía en ella, pero el Ministerio de Economía pedía tiempo para valorar el impacto de la crisis en este ámbito. Finalmente, este viernes, se ha incluido una propuesta para prorrogar por dos años todos los contratos de alquiler que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

El plan también prohibirá a las empresas que reciban ayudas públicas despedir a los trabajadores por razones económicas mientras dure esta crisis. Por otro lado, trata de imponer medidas para evitar que las rebajas se transformen en un aumento de los beneficios empresariales y no lleguen a la gente. Así, articula un control de los márgenes de las empresas que vigilará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El escudo social se complementa con un bono social eléctrico para familias vulnerables que será del 42,5% y se ampliaría al 57,5% para los casos severos. También propone reforzar el bono social térmico, prohibir el corte de suministros a los consumidores vulnerables y flexibilizar por ley los contratos de suministros de energía para empresas y autónomos.

En el ámbito laboral también se ha acordado acelerar la implementación de planes de movilidad sostenible. Así, las empresas deberán promocionar formas de movilidad colectiva para sus trabajadores, de forma que su factura en combustibles se reduzca. Esta era una regulación que se esperaba para el año próximo, pero que ahora se adelanta en el marco de la crisis por la guerra de Irán.

En la parte que toca a la energía, las bajadas impositivas son el centro de la propuesta. El Ejecutivo reducirá el IVA del gasóleo, gasolina y otros combustibles del 21% al 10%, lo que se traduce en un ahorro de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante o de 20 euros por depósito medio. También se reduce el impuesto especial a los hidrocarburos y se aplica una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.

El paquete contempla una bajada del IVA de la electricidad y el gas natural al 10% y también lo hace para otros productos como los pélets y la leña. El impuesto especial eléctrico, que se refleja en las facturas de los hogares, se reduce del 5% al 0,5%, y se suprime temporalmente el impuesto al valor de la producción de energía eléctrica, que pagan las empresas. Todo junto supone, según el Ejecutivo, una rebaja fiscal del 60%. Por otra parte, a la bombona de butano y propano también se le aplicará un tope de precio.

En este punto es donde la CNMC tendrá un papel importante, para controlar que las compañías no absorban las bonificaciones y terminen cobrando un precio superior a los consumidores. Según ha explicado Sánchez, se ampliará la supervisión y las sanciones a las empresas que lleven a cabo estas prácticas.

Por sectores, el Ministerio de Economía había insistido esta semana en la necesidad de respaldar a aquellos que tienen una mayor incidencia en la cesta de la compra, en aquellos que sufrirían un choque más severo con el precio de la energía disparado o los que no podían abastecerse de materias primas necesarias para su producción. Por eso el plan pone el foco en la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias electrointensivas.

Primero ofrecerá una ayuda extraordinaria y temporal de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional. Ayudas para la compra de fertilizantes y líneas de financiación pública. En este último caso, se han anunciado préstamos ICO/MAPA/SAECA, creados para ayudar a compensar las pérdidas de rentabilidad en el campo y la pesca.

Sobre la industria, se planean bonificaciones del 80% de los peajes eléctricos a las empresas electrointensivas, lo que les supondría un ahorro de 200 millones de euros en total.

Para completar el paquete de respuesta en lo que tiene que ver con el consumo energético, el decreto de ayudas incluye una deducción del IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y para la instalación de placas solares. También mantiene otra deducción del 15% en el IRPF por comprar vehículos eléctricos "enchufables" y de pila de combustible y la simplificación de los procedimientos administrativos para renovables.

El miedo a una guerra energética con ecos de la crisis del petróleo del 73 y la dramática situación humanitaria en Gaza y Líbano, junto a la que puede abrirse en Irán, provocan un giro sustancial en la posición de la Unión Europea sobre Oriente Medio. Todavía no de 180 grados como para condenar las operaciones militares ilegales de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, pero sí muy distanciada del cuestionamiento al orden internacional basado en reglas que pronunció hace apenas diez días la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

La cumbre europea deja una llamada clara en favor del multilateralismo y en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, esa organización tan atacada por el estadounidense Donald Trump. El propio secretario general de la ONU, António Guterres, estuvo en Bruselas y dentro de la reunión agradeció personalmente a “los líderes de la UE por su decidido apoyo al multilateralismo y el derecho internacional”, en medio de una discusión continuada luego sobre la situación en Oriente Medio.

El Consejo Europeo declaró que “los acontecimientos en Irán y en la región amenazan la seguridad regional y global” y pidió claramente “una desescalada y la máxima contención a todas las partes”, en una llamada no sólo a la República Islámica sino también a los Estados Unidos e Israel, mientras “deplora la pérdida de vidas de civiles” y pedía “vigilar estrechamente el impacto de amplio alcance de las hostilidades, incluyendo la estabilidad económica”. Críticas a la guerra y sus consecuencias que no se habían escuchado, por ejemplo, a Von der Leyen, al tiempo que reconocimiento explícito de un fuego en Oriente Medio muy peligroso para los intereses europeos.

“Esta cumbre se celebra en un momento muy trascendental”, alertó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a la guerra en Irán “ilegal" y que "ya empezamos a sufrir" no solo "en términos de vidas humanas, de desplazados y refugiados, sino también desde el punto de vista del bolsillo de nuestros ciudadanos”. La gran mayoría de los líderes comparten este mensaje, convencidos de que “la UE no quiere verse arrastrada a un conflicto sobre el que no fuimos consultados”, criticó Luc Frieden, primer ministro de Luxemburgo. “Sólo nos involucraremos una vez que el conflicto termine”, recalcó el canciller alemán, Friedrich Merz, ante la posibilidad de que su país participe en una operación como la de garantizar el paso en el Estrecho de Ormuz. “Necesitamos hablar de los precios de la energía” porque “hemos visto una rápida subida en Europa y en todo el mundo”, expresó el canciller.

Ese debate era uno de los dos platos fuertes de una cumbre inicialmente destinada a empezar la negociación sobre el presupuesto comunitario para 2028-2034 y a potenciar la competitividad de los 27 con medidas industriales, ayuda financiera a la inversión e innovación y simplificación administrativa. Sin embargo, las crisis políticas y las guerras internacionales rodean a la Unión como los romanos la aldea gala de Astérix y Obélix. Por ello, la agenda tuvo que enmendarse.

El segundo plato fuerte fue la discusión sobre Ucrania, ante el bloqueo húngaro del préstamo ya aprobado en diciembre de 90.000 millones de euros para Kiev. El primer ministro Viktor Orbán no dio su brazo a torcer en medio de acusaciones de mantener una actitud “inaceptable”. “No voy a apoyar aquí ninguna decisión en favor de Ucrania mientras los húngaros no sean capaces de obtener el petróleo que nos pertenece”, se enrocó Orbán en referencia a la falta de suministro a su país por culpa del roto oleoducto de Druzhba, en Ucrania, una causa que para él “es un cuento de hadas”. Tal fue el voltaje de este debate interno, que Orbán recabó el apoyo de otro euroescéptico, el eslovaco Robert Fico, y sólo 25 socios comunitarios pudieron aprobar un comunicado de solidaridad y respaldo a Kiev.

Por esperada, la división de la familia europea no enturbió el crucial debate sobre Oriente Medio, una región en la que las guerras y conflictos se suceden, puerta trasera mediterránea, importante fuente de suministro de hidrocarburos y potencial emisor de refugiados hacia el viejo continente. El miedo a una doble crisis, energética, con el petróleo en máximos de los últimos cuatro años, y migratoria, por los miles de desplazados fruto de las bombas israelíes, centró gran parte del debate de la cumbre, de ahí que se discutiesen “posibles formas de mejorar la situación en la región, especialmente en Líbano, Gaza e Irán”, según una fuente comunitaria.

Las tesis de España, que condenan la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel, han ido calando en las cancillerías europeas. Aunque todavía no existe una condena explícita, sí se aprecia “una convergencia creciente de todos los Estados miembros”, en palabras de una fuente diplomática. Ese acercamiento se basa, según la misma fuente, en el convencimiento de que, en defensa del interés europeo, es necesario preservar elementos clave como el respeto a las reglas internacionales. En el caso del Estrecho de Ormuz, además, "las preguntas que se plantean son muchas, como cuáles son los siguientes pasos de EEUU".

“Lo que es importante para todos nosotros en la Unión Europea, lo que queremos ver, es el fin de la guerra”, lamentó la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que añadió: “Estamos definitivamente viendo el caos que se está causando en Oriente Medio, pero también las ramificaciones que tiene en el resto del mundo”. El 85% de lo hidrocarburos que navegan por el Estrecho de Ormuz llevan destino Asia, lo que implica que potencias como China, Japón, Corea del Sur o India saldrán al mercado en busca de otras fuentes de petróleo y gas, añadiendo más presión a los envíos que recibe Europa.

Europa responsabiliza explícitamente a Irán de la actual situación por atacar a los países del Golfo, pero también implícitamente a la acción militar de Estados Unidos e Israel, como causa directa de esta respuesta. “Ayer por la noche hablé con el presidente Trump y él mismo habló de cesar los bombardeos contra las infraestructuras civiles”, reconoció el presidente francés, Emmanuel Macron, quien demandó “una moratoria sobre los bombardeos a las infraestructuras y los civiles” ya que “el precio del gas y petróleo ha aumentado desde que empezó la guerra, pero también si las capacidades de producción son destruidas tendrá un impacto duradero”.

Europa teme que la escalada continuada de los precios del petróleo y del gas termine por trasladarse desde las gasolineras a la cesta de la compra de los hogares y a las cadenas de suministro de las empresas, provocando una onda inflacionista. Dentro de la cumbre, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, informó que ya prevé como mínimo una inflación del 2,6% este año, siete décimas más que lo informado en diciembre, “porque los precios energéticos serán más altos debido a la guerra en Oriente Medio”. Es, aun así, una predicción optimista. Ese marco se calcula suponiendo que la normalización del suministro de hidrocarburos del Golfo empiece ya, pero si no fuera así, el BCE habla de un escenario adverso del 3,5% y de otro severo con una inflación del 4,4% en la eurozona. Cualquiera de las previsiones implica la subida de tipos de interés este año, lo que frenará la economía del continente para disgusto de los líderes reunidos en Bruselas.

El mercado global de energía ha pasado de la tensión al pánico. Irán ha cumplido en las últimas 24 horas su promesa de poner en la diana las mayores instalaciones de gas y petróleo del Golfo Pérsico después de que Israel atacase su campo gasista de South Pars, el mayor yacimiento del mundo. Donald Trump intervino este jueves asegurando que Estados Unidos no estuvo detrás de este bombardeo, pero no disuadió a la república islámica para frenar la escalada.

En la mañana del jueves los mercados asumieron que la guerra se había descontrolado y que Irán estaba dispuesto a dinamitar toda la infraestructura energética de la región, aunque con el paso de las horas la situación se calmó. El barril de petróleo en Europa cotiza ya a su nivel más alto en cuatro años (107 euros), mientras que el gas natural se ha encarecido un 110% en las últimas tres semanas.

Las subidas de precio más recientes se produjeron tras los bombardeos en la noche del miércoles de Irán sobre Ras Laffan, el principal centro catarí de conversión de gas natural a gas natural licuado (GNL), un proceso imprescindible para transportar después ese combustible en barcos a cualquier punto del planeta. Irán también atacó tres refinerías de petróleo en Arabia Saudí y Kuwait.

Sin embargo, a lo largo del jueves los mercados se apaciguaron ante los diferentes mensajes que llamaron a la calma. El ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas, dijo en la tarde del jueves que por ahora se han "moderado" en su respuesta y que solo han usado una "fracción" de su arsenal, pero que están listos para ir a por más. "No habrá NINGUNA moderación si nuestras infraestructuras vuelven a ser atacadas", publicó en X.

Los expertos pronostican que tanto el precio del gas como del petróleo pueden subir considerablemente, pero Trump ha pasado a una estrategia basada en lanzar mensajes tranquilizadores sobre el conflicto para frenar la sangría, garantizando que ha dado la orden a Israel de no volver a disparar contra infraestructuras energéticas de Irán. 

Los expertos coinciden en que las primeras víctimas de la guerra energética estarán en Asia, destino del 80% del gas catarí. China e India son sus mayores compradores, pero pueden permitirse adquirir combustible más caro a otros vendedores o sustituir el gas por carbón a la hora de generar electricidad. Mientras, otros países, como Pakistán o Bangladesh, que dependen en un 99% y un 72% del gas natural del Golfo, están al borde del colapso. El primero ha tenido que cancelar las celebraciones de su fiesta nacional este fin de semana por falta de recursos y en Bangladesh han establecido un racionamiento de combustibles.

Jaime Concha, editor en Energy Intelligence, explica a infoLibre que Europa está también empezando a perder los nervios. "Hasta el miércoles, el mercado europeo estaba más o menos contenido, pero los nuevos ataques han cambiado radicalmente la situación. El panorama a futuro ha cambiado porque lo que antes podía recuperarse en semanas, ahora serán meses. No sabemos cuánto puede durar el conflicto y la Unión Europea tiene de aquí a finales de agosto para rellenar sus depósitos de gas para el próximo invierno", subraya.

A esto se suma que el invierno que acaba de terminar ha sido más frío de lo habitual, y los depósitos europeos de gas se encuentran especialmente raquíticos, con el volumen más bajo en estas fechas desde 2022. A partir de ahora habrá que competir con todavía más países para abastecerse en los próximos meses. "Ahora comienza el momento crítico", opina Jaime Concha.

Thierry Bros, experto en gas y profesor de la Universidad Sciences Po, pronostica que los precios del gas, de hecho, subirán más todavía, y este jueves se preguntaba en X cómo es que los mercados no han reaccionado peor a las noticias de las últimas horas. Calcula que si Catar permanece ocho meses sin exportar nada de GNL, el mundo perderá tanto gas natural como Rusia dejó de suministrar a Europa entre 2021 y 2022, una situación que llevó al gas europeo a cotizar a más de 300 €/MWh durante los peores días. Ahora está en 60 €/MWh.

QatarEnergy, la compañía nacional de gas catarí, ya adelantó este jueves que no volverá a exportar por el Estrecho de Ormuz hasta que el tránsito sea seguro, y tras tres semanas de conflicto no se vaticina un final. Esta empresa representa el 20% del GNL del mundo y es el segundo mayor exportador tras Estados Unidos.

A esto se suma que Ras Laffan, el complejo catarí que fue atacado en la noche del miércoles por Irán, ha quedado parcialmente dañado, según confirmó la compañía a la agencia Reuters. Ha perdido el 17% de la capacidad de exportación y esas instalaciones tardarán entre tres y cinco años en repararse, dejando fuera del mercado mundial 12,8 millones de toneladas de GNL al año, algo menos del 2% del consumo global.

La energética catarí dijo también que va a paralizar indefinidamente sus contratos a largo plazo con Italia, Bélgica, Corea del Sur y China. Italia podría sufrir un agujero importante en su suministro, ya que Catar supone un tercio del gas licuado que importa. Según citaba este jueves Bloomberg, el banco Morgan Stanley pronostica que si el Estrecho de Ormuz sigue cerrado durante tres meses, será la mayor interrupción del suministro de GNL en los cincuenta años de historia del sector.

La Habana era este martes de todo, menos maravillosa. Sus ciudadanos, sentados en las orillas de las aceras y visiblemente agotados tras casi 24 horas sin energía eléctrica, califican la situación de la isla de “crítica” y una realidad “extrema”. “Crítico. Demasiado crítico es lo que estamos viviendo. La realidad es tan crítica que ya no se puede más y por eso suceden las cosas que nunca habíamos pasado como las protestas, la gente tirándose para la calle, la escasez de alimentos”, dijo a EFE Carmen de La Caridad Valdés Leyva, vecina del municipio Centro Habana.

La nación caribeña permanecía mayormente sin electricidad en la mañana de este martes después del sexto apagón nacional en menos de año y medio. Según datos oficiales, la Habana, una de las ciudades donde más rápido se está recuperando el servicio, tenía a mediodía un 45% de sus clientes con suministro, según informaciones de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 y tras el bloqueo petrolero que EEUU inició en enero vive una paralización casi total de la economía y el aumento del descontento social.

En los últimos días han tenido lugar varias protestas, las más relevantes en La Habana y Morón, la última de las cuales acabó de forma violenta y con cinco detenciones. “No pensamos vivir esto y ya se está haciendo una realidad bastante fea (...) Si nos tiramos (para la calle) nos reprimen. Está la violencia y una que es madre trata de velar y 'aguantar' a los hijos para que no lo hagan. Pero llega el momento que ya no se puede más”, detalló Valdés Leyva.

En Cuba la situación energética era ya crítica antes de este nuevo apagón nacional. Solo en La Habana los cortes eléctricos llegaban a 15 horas diarias de manera continua y en las provincias lo hacían por periodos de hasta dos días.

Tras el último apagón masivo, las escuelas de la capital estuvieron operativas este martes sólo por la mañana; mientras el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informaba en redes sociales que se lograba restablecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con lentitud. “Desde ayer (este lunes) sin corriente. Sin luz, sin agua. Al no tener corriente, no funciona nada. Y cuando la pongan (energía eléctrica) será por circuito (...) Entonces quita por aquí, pon por allá y son parches y parches”, comentó molesto a EFE Juan Ochoa Martínez, un transeúnte de La Habana.

La isla sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, por “una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, informó el Minem en redes sociales, y hasta la fecha no han detallado la causa. “Aquí todos los días se va la luz. Y desde ayer (este lunes) llevamos 25 horas sin corriente. Estamos con velas para alumbrarnos (...) La comida se echa a perder y tenemos que tener los refrigeradores vacíos”, contó perturbada a EFE Ana Margarita Peña Torres, vecina de la barriada de San Leopoldo en la capital cubana.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EEUU. El Gobierno cubano destaca sobre todo el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

El Gobierno presentará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, un paquete de medidas para mitigar el alza de los precios de la energía, ha anunciado este lunes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, según recoge EFE.

"Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales a lo largo de esta semana (...) Es un plan de respuesta integral y eso es muy importante. No se trata de tomar medidas, solo parches, sino pensar una visión más a largo plazo", ha apuntado Aagesen a su llegada a un Consejo de Ministros de Energía de los países de la UE celebrado en Bruselas.

Agregó que el Gobierno está trabajando "con los agentes sociales y con propuestas de los grupos parlamentarios", sin concretar la fecha exacta para presentar las iniciativas que alivien el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía.

Sin entrar en detalles, la vicepresidenta avanzó que el paquete contendrá medidas de "protección a los más vulnerables" y también a "aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero".

El Ejecutivo también introducirá "medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto" así como "medidas antifraude", agregó.

También el Ministerio de Economía esta preparando una serie de medidas que incluyen rebajas fiscales para contener el precio de la electricidad, mientras que continúa estudiando cómo abaratar los costes de los carburantes, con especial atención a los sectores más afectados, que son el campo y el transporte.

Desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la volatilidad del mercado ha sido máxima. Desde que Irán cerrara el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del flujo marítimo global de crudo, el tráfico lleva interrumpido casi por completo.

A los urbanistas cubanos siempre les ha fascinado el concepto de la estática milagrosa, la asombrosa capacidad de persistencia de los viejos caserones de La Habana, deslucidos por el salitre y el abandono. Algunos resisten en pie con la ayuda de puntales de madera y de vez en cuando pierden un pedazo de fachada o se desploma una balconada, como fueron cayendo, uno tras otro, los principios de una revolución que vive apuntalada desde hace tiempo y afronta hoy, siete décadas después del desembarco del Granma en las costas orientales de la isla, su hora más amarga: la amenaza de demolición de Donald Trump.

La piqueta del presidente estadounidense es, no obstante, tan movediza como su discurso. De la muerte del régimen por asfixia económica decretada por Trump se ha pasado en poco tiempo a la apertura de una vía de diálogo. Así lo reveló este viernes el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, al admitir que “funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos para buscar soluciones a las diferencias bilaterales entre los dos países”, en referencia al bloqueo energético decretado por Washington hace un mes y medio. “Son procesos largos que se hacen con mucha discreción, hay que establecer canales de diálogo, agendas para la negociación… Ahora estamos en la fase inicial de ese proceso”, detalló el mandatario. En un gesto más de distensión, Cuba anunció también la próxima liberación de 51 presos, gracias a la mediación del Vaticano. Organizaciones de Derechos Humanos estiman que en la isla hay más de mil prisioneros políticos.

Desde que Trump impuso a la isla el bloqueo petrolero, la isla sufre una escasez de combustible angustiosa. Hace tres meses que no entra un carguero con crudo en la isla, según Díaz-Canel, para quien el impacto en la población está siendo “inconmesurable”. De los aproximadamente 110.000 barriles de petróleo que precisa diariamente, Cuba produce unos 40.000, un crudo pesado que sólo sirve para alimentar a las vetustas centrales termoeléctricas. Caído en desgracia Nicolás Maduro, ya no llegan los 35.000 barriles que enviaba diariamente Caracas. Tampoco los 17.000 barriles de México, ni ningún buque ruso. 

La situación es hoy todavía más dramática que la experimentada durante el denominado Periodo Especial de los años 90. A Fidel Castro le costó sacar el país adelante tras el desmoronamiento de la Unión Soviética pero finalmente encontró un nuevo salvavidas en la Venezuela de Hugo Chávez a finales de esa década. Hoy Cuba está más aislada que nunca. De México, históricamente solidario con La Habana, recibe ayuda humanitaria y el afecto de su presidenta, Claudia Sheinbaum.

En todo caso, sería aventurado hablar de un colapso energético en Cuba, advierte desde Washington el economista cubano Ricardo Torres en conversación telefónica con infoLibre. “Como Cuba produce alrededor del 40% del crudo que consume (para generar electricidad), nunca va a haber una situación de cero absoluto que pondría el país patas arriba. El problema es la gasolina y el diésel, que sí dependen de las importaciones”. Profesor en la American University de la capital estadounidense, Torres precisa que el colapso es, ante todo, vital: “Una gran parte de la sociedad cubana llega exhausta a esta crisis. Para muchos, ya hay un colapso, ya había una situación muy dura antes de enero que no se puede desconocer. Años de carencias y dificultades, apagones de muchas horas... Las vidas de estas personas no tienen sentido y no merecen ser vividas en esas condiciones. Pero no hemos llegado todavía a un colapso en el sentido de que haya un gobierno que no pueda mantener un mínimo de orden o de funcionalidad de los servicios públicos. ¿Cuándo llegará ese momento? No lo sé”.

Para tratar de capear el temporal, el Gobierno cubano aprobó a principios de mes un decreto-ley que permite la creación de empresas público-privadas. Ante la gravedad de la situación, Díaz-Canel se ha mostrado ahora abierto a un cambio de rumbo: “Nos tenemos que centrar, de inmediato, en implementar las transformaciones urgentes, las más necesarias, que hay que hacerle al modelo económico y social”, dijo hace unas semanas. Una retórica que suena a disco rayado. Algo parecido ofreció Raúl Castro a partir de 2011, ya al mando del país por la prolongada convalecencia del Comandante en Jefe. Se aprobaron entonces algunas reformas y aumentó el número de cuentapropistas (pequeños empresarios). Pero la apertura fue tan sólo un parche coyuntural. “Creo que el anuncio de la creación de empresas mixtas también puede leerse como un parche”, sostiene Torres: “Hay medidas que ya estaban contempladas en diciembre, no sé si tienen que ver con una hipotética negociación ahora. Esto se parece mucho a lo de siempre. Al final, es el Ministerio de Economía el que tiene la última palabra sobre la empresa mixta, como sucede con la inversión extranjera. Siempre quieren mantener el control de todo. La realidad es que la mayoría de las empresas estatales están sobreviviendo apenas, y ahora quieren utilizar la baza del sector privado para salir a flote. Huele mucho a revivir un muerto”.

La estructura económica planificada ha seguido prácticamente intacta desde la denominada Ofensiva Revolucionaria de 1968, cuando Fidel echó el cierre de los últimos comercios privados y el Estado absorbió toda la actividad productiva. El Periodo Especial de los años 90 dio paso a una tímida flexibilización y hubo voces que auguraban incluso una adaptación del exitoso modelo vietnamita, el Doi Moi (el conjunto de reformas que abrió la economía al mercado bajo el control político del Partido Comunista). Castro viajó a Hanoi en febrero de 2003. Cuando regresó de su gira asiática, en lugar de tantear una apertura económica, redobló la defensa a ultranza del modelo socialista y la intensificación de la “batalla de ideas”. De reformas, ni hablar. El bloqueo seguía siendo el único argumento que justificaba todos los males de la Revolución. Sin duda, ese embargo comercial, económico y financiero (impuesto por Estados Unidos en 1962) ha tenido unos efectos devastadores en las vidas de varias generaciones de cubanos, pero la errónea planificación estatal y la excesiva dependencia de la URSS también incidieron en la decadencia económica sufrida a partir de la década del 90. Hoy, con la industria turística bajo mínimos, muchas familias subsisten gracias a las remesas que llegan desde el extranjero. La inflación está desbocada y el salario promedio de 7.000 pesos (unos doce euros) apenas alcanza para comprar un cartón de 30 huevos y una botella de aceite.

Las versiones sobre unas hipotéticas negociaciones entre Cuba y Estados Unidos se han sucedido en el último mes. Según el medio digital estadounidense Axios, un nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, habría mantenido contactos informales con Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense de ascendencia cubana. Otro miembro del clan familiar, Alejandro Castro Espín, único hijo varón de Raúl, también ha sido mencionado como interlocutor. Para zanjar especulaciones sobre quién pilota el acercamiento, Díaz-Canel ha dejado claro que la estrategia la lidera él mismo junto con Raúl Castro (de 94 años y retirado de la primera línea de la política desde hace un lustro). El diario USA Today publicó recientemente, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca, que un hipotético acuerdo incluiría la salida del mandatario cubano y una garantía de inmunidad para la familia Castro. Ese pacto afectaría al sector turístico (con la flexibilización de los viajes a la isla), energético y a la gestión de los puertos. “Ha habido una gran cortina de humo en torno a los contactos entre Washington y La Habana, sobre todo por parte de Estados Unidos. Trump está preparando a la opinión pública, principalmente al sector de Miami más reacio a un mero cambio cosmético”, asegura Torres.

La guerra de agresión a Irán ha situado a Cuba en un segundo plano. Trump ha insistido en que la isla será su próximo objetivo. Y ahí, según Torres, se verá la dimensión de lo que Estados Unidos está buscando: “Cuba podría ofrecerle accesos ventajosos en el sector turístico, o en el energético, accesos a la producción de níquel o cobalto, minerales críticos de los que Cuba posee reservas importantísimas. O la garantía de que no suscribirá acuerdos militares o de seguridad con China y Rusia. O la liberación de presos políticos. Y todo eso Cuba lo puede ofrecer sin cambiar el modelo completamente, sólo con algunos ajustes y algo de aire al sector privado. A Estados Unidos y a Trump tal vez le sirva contar, a 90 millas, con un país que no es amigo de tus enemigos. Y no necesariamente tiene que convertirse en una democracia liberal al estilo occidental”.

Con interminables apagones diarios y colas eternas ante los surtidores de combustible, Cuba está llegando a su límite de supervivencia. El malestar de la población es creciente y comienzan a verse algunas muestras de protestas en las calles y en la universidad. No obstante, no hay en la isla una oposición articulada y en la retina de los disconformes está todavía muy viva la feroz represión que siguió a las manifestaciones de julio de 2021, con cientos de detenidos. Mientras tanto, la estática milagrosa protege a los inquilinos del Palacio de la Revolución, conscientes, eso sí, de que alguna que otra vez se derrumba una casona en Centro Habana.

El Gobierno ya prepara un paquete de medidas que incluye rebajas fiscales para contener el precio de la electricidad, mientras que continúa estudiando cómo abaratar los costes de los carburantes, con especial atención a los sectores más afectados, que son el campo y el transporte.

Así lo ha detallado este jueves el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una conferencia de prensa tras la reunión del equipo económico del Gobierno con la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO, para abordar las medidas con las que hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán.

Cuerpo ha insistido en que la reunión ha sido "muy productiva" y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, ya que la situación está "lejos" de la que generó la guerra en Ucrania; y de "prudencia y cautela", porque el impacto final en los precios va a depender de la duración del conflicto y por el momento no hay "información fidedigna" al respecto.

La prioridad para el Gobierno, según ha remarcado el titular de Economía, es cerrar el texto y que éste responda "con rigor y responsabilidad" a los efectos que ya se están viendo, además de que recoja las sugerencias planteadas por los sectores, agentes sociales y grupos parlamentarios.

Respecto a la posibilidad de que el texto se apruebe en el próximo consejo de ministros, tal y como ha avanzado esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Carlos Cuerpo se ha limitado a señalar que lo importante es que "esté preparado" para aprobarlo "en los próximos días".

"El principal desafío que tenemos radica en la evolución de los precios de los carburantes, especialmente del diésel", ha dicho el ministro, quien ha aclarado que esta situación tiene "especial afectación" en ciertos sectores, como el campo o el transporte por carretera, por lo que ha garantizado que es a ellos a los que se va a prestar una atención especial.

Respecto a la posibilidad de que se pongan en marcha de nuevo bonificaciones directas (como la de 20 céntimos por litro de combustible aplicada al inicio de la guerra en Ucrania), Cuerpo ha reconocido que es "una de las medidas que menos nos aconsejan" sectores y agentes sociales, algo que se tendrá en cuenta a la hora de decidir cómo se ataja la subida de los carburantes.

El paquete de medidas también incluirá iniciativas para "minimizar" el impacto del conflicto en el precio la electricidad, que serán "esencialmente medidas fiscales".

Cuerpo ha señalado que hay consenso sobre el efecto positivo de las medidas que se adoptaron durante la guerra de Ucrania -que incluyeron la rebaja del IVA de la electricidad al 10% y la suspensión del impuesto de generación eléctrica-, por lo que esos serán los "instrumentos" con los que se trabajará en los próximos días.

También ha señalado que la evolución de los mercados de gas es "muy lejana" a la observada al inicio del conflicto en Ucrania, aunque "está todo preparado por si fuera necesario implementar el mecanismo ibérico".

Tenemos "los deberes hechos" en materia energética, con más renovables y un abastecimiento más diversificado, ha añadido Cuerpo, al tiempo que ha reconocido que se espera que el encarecimiento de los carburantes afecte a los datos de inflación de marzo y abril.

No obstante, ha considerado que todavía es pronto para saber si impactará en los tipos de interés, porque "ahora mismo no hay ningún impedimento ni restricción a la oferta de crédito".

En ese sentido, ha subrayado la "importancia de ayudar al sector del transporte" para evitar que la subida de los carburantes se traslade al resto de la economía.

En cualquier caso, ha recordado que ahora están vigentes las reglas fiscales europeas, por lo que el paquete de medidas tiene que ser compatible con la reducción del déficit comprometida con Bruselas, algo que no ocurría en 2022, cuando estas normas estaban en suspenso y había mayor "flexibilidad" para gastar.

Cuerpo ha añadido que "no se dan las condiciones de recesión para que se active la cláusula de escape general" que dejaría de nuevo en suspenso las reglas fiscales, aunque la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó el miércoles que se solicitaría su activación en caso de que el conflicto empeorase.

El paquete de medidas que prepara el Gobierno incluirá asimismo un escudo social, con medidas como los ERTES u otras encaminadas a proteger a los más vulnerables, y un ejemplo de ellas podría ser la prohibición del corte de suministro.

Por último, se contemplan medidas de corte estructural, con el objetivo de seguir avanzando en la electrificación de la economía y en la expansión de las renovables.

Medio centenar de plantas solares trabajan ya en España para controlar la tensión de la red, el principal problema que llevó al apagón del pasado 28 de abril. Inmediatamente después de aquel incidente histórico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cambió la regulación para que las instalaciones renovables pudiesen regular este parámetro y diez meses después han comenzado a hacerlo, según señaló este miércoles Red Eléctrica (REE), el operador del sistema eléctrico.

Concha Sánchez, directora general de Operación de REE, dijo que ya hay 50 instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos que aportan tensión a la red, sumando una potencia total de 4,4 GW, de las que la inmensa mayoría son plantas fotovoltaicas. Hay otras 50 plantas que ya han superado las pruebas y se sumarán próximamente a este servicio, y se espera que en los próximos meses se sumen cientos de parques más. Por ahora, ninguna cobra por realizar este control de tensión, pero empezarán a hacerlo el 17 de marzo.

Durante la presentación de las magnitudes del sistema eléctrico de 2025, Sánchez comentó que "ampliar el servicio de control dinámico de tensión a un número más amplio de la generación" permite tener "un número más amplio de unidades que aporten ese recurso". Es decir, cuantas más instalaciones puedan controlar la tensión de la red, más eficiente será el proceso y menor será su coste para los consumidores.

El trabajo del control de tensión es imprescindible para evitar apagones. La tensión es un parámetro muy sensible de la red eléctrica que tiene que mantenerse dentro de un umbral (medido en kV) y si se dispara por arriba o por abajo puede provocar averías en todo el sistema, de manera que productores y consumidores de luz se desconectan automáticamente por seguridad cuando se descontrola. Eso es lo que ocurrió el 28 de abril: una subida salvaje de la tensión provocó una cascada de desconexiones por seguridad de plantas de producción eléctrica –algunas antes de tiempo, que están siendo investigadas– hasta que se produjo el apagón.

El control de tensión dinámico siempre ha formado parte de la programación de la red eléctrica, pero hasta ahora solo podían realizarlo las centrales de ciclo combinado de gas, las nucleares y las plantas de carbón. Esas instalaciones son compensadas económicamente por estar encendidas para ofrecer ese servicio y desde el apagón se ha incrementado el número de unidades que reciben esa orden de REE para garantizar que no se repite ese cero eléctrico.

El problema es que mantener encendidas estas plantas solo para ese proceso encarece notablemente la factura de la luz. En 2025, todos los consumidores pagaron unos 1.200 millones de euros por ese trabajo a las grandes energéticas. Pero como ahora ese control lo pueden realizar también las renovables, la factura de ese servicio será mucho menor. En concreto, la CNMC ha decretado que las plantas solares y eólicas que controlen tensión recibirán un euro por cada megavoltio amperio activo por hora (1 €/MVArh) que absorban o inyecten a la red eléctrica. Los MVArh son unidades de potencia reactiva, un tipo de energía que hay que controlar para evitar subidas y bajadas de tensión en la red.

Las empresas de energía solar se quejan de que ese precio que van a cobrar no es suficiente ni para cubrir sus gastos. Según cálculos de UNEF, la patronal fotovoltaica, un ciclo combinado de gas cobra ahora entre 106 y 110 €/MVArh, y ellos van a recibir 1 €/MVArh, insuficiente para cubrir los gastos de realizar ese servicio por la noche. En cambio, solicitan a la CNMC que incremente su retribución hasta los 5 o 10 €/MVArh, que seguiría siendo entre diez y veinte veces menos del coste actual, subraya Héctor de Lama, director técnico de UNEF.

"Si nos habilitamos para controlar tensión, nos comprometemos a hacerlo también en las horas en las que no hay sol. Y para poder soltar reactiva a esas horas necesitamos comprar electricidad en el mercado y aumentar la potencia contratada, y eso es muy caro. Ahora mismo no sale rentable", opina el experto.

Aunque ahora no sea económicamente viable para las renovables participar en el control de tensión, medio centenar de estas instalaciones están adscritas a esta labor porque –aparte de una pequeña retribución– reciben lo que se conoce como prioridad de despacho. La normativa obliga a que las instalaciones que aporten seguridad a la red, como un control de tensión, sean las últimas a las que se puede ordenar apagarse si hay demasiada producción de electricidad. Ocurre a menudo en las horas de mucho sol y baja demanda, durante las cuales, algunas plantas solares se desconectan de manera forzosa porque no hay demanda suficiente de energía.

El hecho de que más plantas controlen tensión –y lo hagan a menor precio– debería reducir próximamente los costes de los servicios de ajuste de la red, los costes que tiene equilibrar la red eléctrica para que funcione de manera segura. No obstante, De Lama no cree que esto vaya a ocurrir a corto plazo porque todavía son pocas las plantas renovables adscritas al nuevo sistema. "Esto debería hacer que trabajen menos ciclos combinados de gas, pero no se notará hasta que haya muchas más renovables. Como el control de tensión es zonal, puede haber un efecto desborde. Si mucha solar que aporta o absorbe reactiva está en un mismo sitio, solo desplazará a un ciclo combinado, y si está muy dispersa por España, no consigues desplazar a ninguno. Probablemente habrá un impacto mayor sobre las plantas de gas de Castilla-La Mancha o Huelva, donde hay mucha fotovoltaica".

Según dijo también Concha Sánchez este miércoles, esa operación en modo seguro que se activó tras el apagón encareció en 516 millones de euros la gestión del sistema en 2025, una subida de la luz del 2%, o unos 3 euros al mes para un consumidor medio. Otro estudio de la consultora energética Nera cifraba ese coste en 1.100 millones, el número que también han replicado las compañías eléctricas y el doble de lo que afirma Red Eléctrica, pero Sánchez cargó contra esos cálculos argumentando que "tienen otra terminología (sic)". 

400 millones de barriles de petróleo. Esa es la cifra de reservas estratégicas que la Agencia Internacional de Energía (AIE) pondrá en el mercado para reducir los precios del crudo, disparados por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Es la mayor liberación de activos de este tipo de la historia.

Una medida sin precedentes para un momento crítico. Después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su socio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu decidieran un ataque coordinado contra Irán con el objetivo de hacer caer el régimen de los ayatolás, las alarmas se dispararon en el mercado mundial del petróleo. El país persa tenía su particular 'botón rojo': el cierre del estrecho de Ormuz, un corredor por el que pasa una quinta parte del flujo de petróleo mundial. Y ante la amenaza, no dudaron en apretarlo.

Las consecuencias se han notado rápidamente. La volatilidad de los precios del crudo ante la decisión ha sido máxima. El pasado martes, se disparó hasta 29%, hasta situarse cerca de los 120 dólares, un máximo en 4 años. Es cierto que después bajó y cerró en un ascenso del 6,76%, una tendencia que ha continuado en la jornada de este miércoles, en la que ha caído alrededor alrededor del 6%.

Sin embargo, y más allá de las subidas concretas, la volatilidad del mercado es máxima, imposible de prever las consecuencias geopolíticas de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Este martes, por ejemplo, la perspectiva de un conflicto corto, después de que Israel señalara que no quería una "guerra interminable" y de las palabras de Trump en las que decía que la intervención podría estar llegando a su fin, hacía subir el optimismo de los mercados.

A eso se sumaban las declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, en las que afirmaba que Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas, en referencia a EEUU. También las declaraciones en la noche del martes en las que el magnate estadounidense afirmaba que había destruido 16 barcos con minas iraníes, amenazando con ataques “a un nivel nunca visto” si se minaba Ormuz.

Por esta volatilidad, la AIE ha decidido actuar. Su idea es compensar con esos 400 millones de barriles inyectados al mercado a lo largo de, al menos, los próximos dos meses, la quinta parte del petróleo perdida en bloqueo de Ormuz para evitar una escalada masiva en los precios que pueda provocar una crisis económica.

No es la primera vez que la AIE toma una medida de este tipo, aunque sí de una forma tan masiva. El recurso de la liberación es bastante excepcional y se asocia a coyunturas económicas que pueden ser particularmente peligrosas para la economía. La última, por ejemplo, fue durante el inicio de la guerra de Ucrania en 2022. Aunque en ese momento, tan solo se liberaron 180 millones en dos fases, menos de la mitad de los que se inyectan en el mercado ahora.

Las otras ocasiones en las que se ha acudido a la medida fueron tres: la primera, en 1991 tras el estallido de la primera Guerra del Golfo en 1991, la segunda durante los huracanes Katrina y Rita que golpearon EEUU en 2005, y una tercera en 2011, en el contexto de la guerra en Libia que provocó la caída del régimen de Muamar el Gadafi.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, señaló que la decisión se tomó por unanimidad de los 32 países miembros y recordó que antes de la guerra por allí salían unos 15 millones de barriles diarios de crudo y otros 5 millones de barriles de derivados del petróleo.

Pero ¿qué son exactamente estas reservas y cómo han llegado hasta ahí? Los miembros de la AIE, entre los que está España, tienen la obligación de disponer de al menos el equivalente de 90 días de importaciones en reservas estratégicas, que pueden estar directamente controladas por los gobiernos o por la industria, para hacer frente a situaciones excepcionales, en particular por la interrupción del suministro. Por ejemplo, para esta liberación, España aportará el equivalente a 12 días de sus suministros, que en total permitirían que nuestro país pudiera aguantar hasta 105 días de autonomía en cuanto a crudo.

En cuanto a la forma de proceder de España, la liberación de reservas estratégicas puede realizarse cuando se considera que existe una posible escasez de suministro, por lo que el Consejo de Ministros, mediante acuerdo, puede adoptar medidas destinadas a garantizar el abastecimiento del mercado petrolífero, incluyendo la intervención de las existencias mínimas de seguridad, incluidas las estratégicas, bajo control directo de Cores.

Esto fue lo que sucedió tras el inédito apagón del 28 de abril de 2025, cuando para evitar un eventual desabastecimiento se aprobó una resolución el 29 de abril que estableció una reducción transitoria de 3 y 4 días, respectivamente, para los grupos de productos de productos de gasolinas auto y aviación, y de gasóleos de automoción, otros gasóleos, querosenos de aviación y otros querosenos. Posteriormente, se estableció un periodo transitorio para la reducción de estas reservas que se prolongó hasta el 1 de enero de 2026.

El principal cometido de la AIE está en mantener la "seguridad energética" en el mundo, sobre todo para prevenir crisis como la del 1973, provocada también por una escalada belicista en la región. En este caso fue la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba a Israel y Egipto, y durante la cual los socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidieron cortar el suministro a los países que apoyaron al país Hebreo durante el conflicto. Eso provocó una ola inflacionaria en el precio del crudo que lastró la economía mundial durante años.

De esa crisis se fundó, en noviembre de 1974 la AIE, para coordinar medidas en situaciones de crisis, asegurando así el suministro de petróleo a fin de evitar nuevos problemas económicos. Los miembros de la agencia son Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Grecia, Nueva Zelanda, Australia, Portugal, Finlandia, Francia, Hungría, República Checa, Corea del Sur, Eslovaquia, Polonia, Estonia, México y Lituania.

Los economistas llevan una semana discutiendo sobre si el mundo está ya sumido en una nueva crisis energética, la cuarta de los últimos cincuenta años. Hasta este fin de semana pesaba más la idea de que este desastre era temporal porque los precios de la energía estaban lejos de los peores días de 2022, pero los acontecimientos del fin de semana llevaron el lunes a un subidón del petróleo y el gas. Sin embargo, tan rápido como se disparó, su precio volvió a desplomarse después de que Donald Trump anunciase en televisión que la guerra "está prácticamente terminada".

El barril de petróleo superó este lunes el umbral psicológico de los 100 dólares por barril y rozó por momentos los 120 dólares, casi el doble de su coste antes de la guerra. Para después caer incluso por debajo del precio del viernes, hasta alrededor de los 90 dólares. Está por ver si la bajada continúa en los próximos días y si se traslada al precio del combustible. Las gasolineras de España marcaban este lunes una subida del diésel de más del 21% y de la gasolina de alrededor de un 10%.

El gas natural también comenzó la jornada descontrolado en los mercados y en Europa superó el lunes los 60 dólares, el doble que hace dos semanas, aunque cerró el día en 55 dólares. Su precio habitual suele estar entre 30 y 35 euros. Trasladar ese pico al recibo del gas es más complicado, pero en la factura eléctrica el golpe se nota entre los hogares con una tarifa regulada (conocida como PVPC). La subasta eléctrica de este martes se ha disparado un 380% respecto a la semana pasada hasta su nivel más alto en un año, aunque el precio que captura el consumidor no ha subido tanto, un 40%.

Gonzalo Escribano, experto en energía y geopolítica del Real Instituto Elcano, participó este lunes en un encuentro de la patronal gasista española y dibujó un futuro enormemente pesimista. "Cuando valoramos los diferentes escenarios posibles, estamos en el peor de los peores. Estamos en una escalada descontrolada, con ataques a infraestructuras energéticas y un recién nombrado líder cercano a la Guardia Revolucionaria que complicará la desescalada", valoró Escribano.

En ese momento ningún analista valoraba lo que el presidente de Estados Unidos anunciaría horas después, que al III Guerra del Golfo está cerca de terminar, o al menos eso es lo que dijo Donald Trump. Según explicó a una periodista del canal CBS por teléfono, Irán "no tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea". Y añadió que Estados Unidos está "muy por delante" de su planificación original, que estimaba una campaña de cuatro o cinco semanas.

Hasta ese momento, los expertos valoraban un escenario realmente negro. Irán anunció que Mojtaba Jamenei, hijo del recientemente asesinado Alí Jamenei, será el nuevo líder del país, una decisión que se había interpretado como un desafío a Estados Unidos. Coincidiendo con este nombramiento, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo este domingo que el conflicto entra "en una nueva y peligrosa fase". El sábado, Estados Unidos bombardeó por primera vez una planta desaladora iraní, según denunció este país, y el domingo Irán hizo lo mismo con una desaladora en Bahréin. Esta era otra línea roja que preocupaba a los expertos porque abre la puerta a migraciones masivas en la región si se pone en riesgo el acceso al agua.

Aunque el gas y el petróleo alcanzaron precios extremadamente preocupantes el lunes, a lo largo del día esos números se suavizaron de forma parcial después de que las grandes potencias emitieran un comunicado para calmar la situación. Los ministros de economía del G-7 publicaron, tras una reunión, que están preparados para liberar petróleo de los almacenes de emergencia si la situación empeora. "Estamos preparados para tomar las medidas necesarias, incluyendo el apoyo al suministro mundial de energía con la liberación de reservas", aseguraron. Esas reservas equivalen al menos a 90 días de importaciones.

El optimismo de Trump y la decisión del G-7 fueron indispensables para calmar a los mercados, pero está por ver que eso se traslade a la realidad porque la situación es extremadamente volátil. Por ejemplo, este lunes la OTAN interceptó un misil balístico procedente de Irán que tenía como objetivo a Turquía, un país miembro de la Alianza Atlántica. Baréin también declaró este lunes el cese de sus exportaciones de energía después de sufrir un ataque en una de sus refinerías, mientras que Arabia Saudí logró interceptar un ataque de drones sobre su campo petrolífero de Shaybah.

A medida que pasan los días también se ven afectadas otras ramas de la economía global, no solo la energía. El famoso Estrecho de Ormuz, que lleva una semana prácticamente cerrado, también sirve para que los países del Golfo exporten diferentes materias primas, como fertilizantes, al resto del planeta, y la interrupción de este transporte aumenta todavía más la probabilidad de una recesión económica global por la inflación. 

En una llamada con periodistas este lunes en la que participó infoLibre, Gerard Reid, experto en finanzas y energía, alertó de este problema: "Hablamos del petróleo y del gas, pero también es el el sulfuro de las baterías, el sulfuro de los fertilizantes, el aluminio… Esto es muy serio y cada día que pasa va a peor".

En esa conversación también intervino Janek Steitz, director de Clima y Energía de Dezernat Zukunft, una consultora económica alemana. Según un análisis que acaban de elaborar, si el conflicto se alarga y Ormuz permanece cerrado dos meses, la zona euro sufriría una inflación durante el próximo semestre de entre el 1% y el 2%. En el peor escenario, en el que Ormuz permanece asediado durante seis meses, la inflación superaría el 3%.

La electricidad de origen renovable que se descarta cada día continúa creciendo a medida que aumenta la potencia fotovoltaica instaladas en España. Los vertidos de origen solar alcanzaron el 2,5% de toda la luz generada por esta tecnología en 2025, un máximo histórico y el doble que en 2024, y se espera que ese porcentaje siga siendo elevado en 2026 y 2027.

Esos descartes de energía fueron mucho mayores en Extremadura y Ciudad Real, donde numerosos nudos de la red eléctrica tuvieron más de un 30% de vertidos, según cálculos de la consultora Aurora Energy. Su informe también prevé que ese atasco en la red se vaya corrigiendo en la próxima década, y que el embudo de renovables se desplazará al norte de la península, especialmente a Galicia.

Los vertidos de energía renovable se producen porque la electricidad producida por plantas solares, eólicas o hidráulicas no puede ser absorbida por la red. Estas instalaciones generan energía cuando hay sol, viento o agua, pero no siempre esa luz puede ser utilizada, de manera que el operador de la red eléctrica obliga a que algunas instalaciones se apaguen, desperdiciando esa energía potencial que se produciría a coste cero. A menudo se argumenta que la energía renovable se desecha porque no hay demanda suficiente para consumirla, lo cual es cierto, pero el análisis de Aurora Energy detalla que el 86% de esas restricciones se activan por congestiones en la red eléctrica.

Esa congestión se produce porque en los últimos cinco años España ha más que duplicado la fotovoltaica y la eólica instalada, pero la red eléctrica no ha crecido al mismo ritmo, de manera que los cables de alta y media tensión no tienen capacidad para transportar toda esta energía a los puntos donde se consume. Como la mayoría de estas renovables se concentra en zonas poco pobladas, hay que llevar esa luz hasta los polos de población, de manera que se producen fuertes cuellos de botella en la red, explicó este jueves Javier Pamos, consultor de Aurora, en una llamada con periodistas.

"El problema es que los centros de producción de energía renovable en España están completamente separados de la demanda. Si esta infraestructura no está bien diseñada o dimensionada como para compensar esta diferencia, lo que ocurre es que las redes se congestionan y Red Eléctrica tiene que cortar producción en unos nudos y activarla en otros para compensar esa diferencia", explicó el experto.

En concreto, en 2025 se tiraron nada menos que 3,6 teravatios hora (TWh) de luz por orden de Red Eléctrica, un 110% más que en 2024. La cifra equivale al 1,6% de toda la electricidad que se consumió en España el año pasado.

Otros países vecinos también sufren el mismo problema, ya que los vertidos de electricidad son inevitables hasta que se comiencen a instalar a gran escala baterías en la Unión Europea. Esas baterías permiten almacenar la luz que no se pueda verter a la red en las horas de sol o de viento, y consumirla en las horas siguientes, una manera de maximizar el beneficio del dueño de la planta renovable y de bajar el precio de la luz para todos los consumidores en las horas de mayor demanda.

Badajoz, Cáceres y Ciudad Real son las provincias con mayores vertidos de electricidad renovable debido a que son polos muy importantes de producción de energía solar. Si la media de vertidos en España es del 2,5%, en esas zonas es de entre el 5% y el 30%, según el estudio de Aurora. Solo la provincia de Badajoz concentra alrededor del 20% del conjunto de vertidos en la España peninsular, aunque también hay problemas en Aragón y en algunos nudos del sureste.

En 2025 el porcentaje de pérdidas de electricidad fue mucho mayor que en 2024, y se espera que en 2026 se reduzcan ligeramente (hasta 3,05 TWh), así como en 2027 (3,38 TWh). En 2025 se ha producido un récord porque hubo factores puntuales que dispararon los vertidos: los incendios récord de agosto, que obligaron a cortar líneas eléctricas, y el apagón de abril, que incrementó el uso de centrales de ciclo combinado y desplazó a las renovables para garantizar la estabilidad.

Otro factor que está disparando los vertidos en España en los últimos años son las altas temperaturas de verano, debido a que el calor reduce la eficiencia de las líneas eléctricas para transportar energía y aumenta los problemas de cuellos de botella en la red. Esto explica que la inmensa mayoría de la electricidad vertida se concentra en julio y agosto.

En la próxima década, los analistas calculan que el mapa de plantas que sufrirán desconexiones forzadas se desplazará hacia el norte de España, donde ahora no hay prácticamente problemas. Se espera que en esa zona se instale una gran cantidad de molinos de viento, tanto en suelo como en el mar, y al mismo tiempo se concentrará allí un "limitado refuerzo de la red eléctrica". En 2035, los cuellos de botella se ubicarán en todas las provincias gallegas, especialmente en Ourense. También en Castilla y León, Asturias, País Vasco, Cantabria y Aragón.