Las principales aerolíneas continúan este domingo con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región, según informa EFE. 

Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo, mientras que Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad Tel Aviv hasta el 3 de marzo y prevé evaluar la operativa a partir de esa fecha. 

La compañía ha señalado que está en contacto constante con las autoridades competentes para "priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación". Ambas aerolíneas han flexibilizado su política de cambios para facilitar alternativas a los personas afectadas. Además, el vuelo diario a la ciudad de Doha, en Catar, operado por Iberia, sigue cancelado.

La compañía francesa Air France ha prolongado hasta el martes 3 de marzo inclusive la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad. 

Las aerolíneas turcas Turkish Airlines y Pegasus han cancelado más de un centenar de vuelos a Catar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes, Omán, Irán, Irak, Líbano y Jordania. 

Por su parte, Emirates ha suspendido temporalmente todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta el lunes 2 de marzo y ha ofrecido distintas opciones para las personas que tengan un vuelo reservado antes o hasta el 5 de marzo, según ha señalado en la red social X.

Los secuestros han existido públicamente desde al menos el siglo XIX. El hecho de raptar a una persona y pedir un rescate económico ha sido una forma muy extendida de ganarse la vida para bandidos de toda índole. Y actualmente, como todo, este fenómeno criminal ha evolucionado. Ese cambio ha provocado que la sofisticación de quienes cometen este tipo de delitos haya llegado a su culmen.

Por ello, la principal preocupación de quien comete un secuestro es cobrar el rescate que solicita y, si es posible, que el pago sea imposible de rastrear por las autoridades policiales. El dinero efectivo es un buen método que lo permite, y ahora, también las criptomonedas. Por eso, organizaciones criminales se están centrando en estos últimos años en los secuestros de empresarios con algún tipo de relación con este último método de pago.

Lo hacen, en primer lugar, porque, según qué cartera de Crypto tenga la víctima, la disponibilidad del dinero en líquido puede ser instantánea, aunque hablemos de millones de euros. Si fueran transferencias bancarias ordinarias, cuando se ordenan ciertas cantidades deben pasarse unos controles extra que pueden bloquear la transacción.

Además, identificar una cuenta bancaria internacional es una tarea más sencilla, aunque se usen testaferros. En cambio, si se cobra un rescate con moneda virtual, el abanico de posibilidades para camuflar el origen del dinero es más amplio. Por eso se pagan ya en Cryptos importantes alijos de cocaína, así como de otras drogas sintéticas.

Desde principios de 2025 han aumentado exponencialmente en todo el mundo los secuestros o los robos a empresarios relacionados con criptomonedas, en los últimos años se han producido 231 hechos registrados: se han dado casos en España, en la mayoría de países Unión Europea, en Estados Unidos y en varios países asiáticos.

El último caso conocido, especialmente grave, ocurrió en la madrugada del 26 de noviembre. Las alarmas saltaron cuando se descubrió el cadáver de un chico ucraniano de 21 años dentro de un Mercedes calcinado en la calle Marlen-Haushofer-Weg en Viena (Austria). La policía austríaca resolvió este crimen indicando que el móvil del asesinato era el robo de criptoactivos.

La víctima era el hijo de un político ucraniano de Jerson y sus supuestos asesinos son también compatriotas. Conforme cometieron el crimen huyeron a su país, donde días después fueron detenidos. La víctima es el hijo del vicealcalde de Járkov. Se sabe por la autopsia que recibió bastantes agresiones antes de morir, por las heridas que le infligieron. Los ejecutores querían saber las contraseñas de las billeteras de criptomonedas. Se detectaron movimientos importantes, de miles de euros, el día del asesinato, y también le incautaron en Ucrania a los dos detenidos otros tantos miles de euros en efectivo.

Este es el último caso relevante europeo, pero ha habido otros llamativos en España. En uno de ellos se activó al GOES de la Policía Nacional. Fue el pasado 1 de febrero, con el objetivo de liberar a un británico que estaba siendo retenido en una vivienda de Estepona, y de detener al que un grupo de criminales que le exigía 30.000 euros para que fuera liberado. Después han llegado otros casos.

El pasado agosto, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Álvaro Romillo, más conocido como Cryptospain, denunció que su casa fue asaltada con él y su familia dentro. Según indicó en la denuncia, un comando armado penetró en su hogar y le robó 1,2 millones de euros en criptomonedas. Le obligaron a transferirlas, junto a relojes de lujo. Aquello parecía un aviso de algunas de las víctimas que habían perdido su dinero, ya que buscaban 40 millones de euros.

Toda la información habría que ponerla en cuarentena, porque ese empresario duerme en prisión por la estafa millonaria piramidal del caso Madeira Invest en la que se esfumaron más de 200 millones de euros, precisamente en todo tipo de criptomonedas. Y precisamente ahora está en prisión provisional porque la Guardia Civil descubrió que sólo por una de las cuentas en Singapur de Álvaro Romillo habían pasado 29 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable.

Donde este tipo de secuestros ha pasado a ser un problema más que serio ha sido en Francia. En los últimos meses, la Gendarmería y la Policía francesa han tenido un duro trabajo para detener a varios comandos que han raptado o que han intentado secuestrar a personas que han logrado ser millonarias gracias a esta tecnología aplicada a los criptos.

Lo más reciente ocurrió el lunes de esta semana, cuando, en un pueblo del Valle del Oise, un comando abordó a un ejecutivo del sector sanitario francés y lo secuestró en plena calle. A las pocas horas lo liberaron. Resulta que su hijo vive en Dubái y es un reconocido inversor de criptomonedas.

A principios de año y en el mismo país sucedió algo similar con otro familiar de un inversor cripto. Por lo visto, son un objetivo más sencillo para las organizaciones criminales. Al último comando se le une el que el pasado 22 de noviembre fue detenido en Chalon-sur-Saône. Eran miembros de una banda que había intentado hasta cuatro veces secuestrar al mismo inversor de criptomonedas.

Hay que remontarse al verano, concretamente al 29 de agosto, para conocer la historia un chico suizo de 22 años que había sido secuestrado en Valence (Francia), lo que motivó la activación del GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional). El equipo de operaciones especiales de la Gendarmería tuvo que intervenir porque se sabía que el comando podría estar fuertemente armado.

El resultado de la intervención fue la detención de siete personas que pretendían con hacerse con cientos de miles de euros que este chico poseía en cryptos. Le tendieron una trampa para que acudiera a un lugar con el pretexto de un negocio, pero el resultado fue fatal. Acabó retenido cuatro días y le realizaron 30 heridas con cúter para que les facilitase las contraseñas de sus monederos virtuales.

Pero aquella no era la primera intervención del GIGN francés en un caso de secuestro por un móvil económico de cryptos. La más importante ocurrió en enero, y se desarrolló para liberar a David Balland, cofundador del desarrollador de billeteras frías de criptomonedas Ledger y a su mujer, de la que no se detalló su identidad.

El objetivo principal de aquel secuestro era Balland, y las mejores unidades del GIGN se desplegaron para que la operación acabara bien. Las víctimas estuvieron retenidas más de 24 horas en dos lugares diferentes. A Balland le cortaron un dedo, y la prueba visual de ello la enviaron a los socios de su empresa para que viesen que iban en serio. Querían millones de euros, aunque acabaron detenidos. No se supo si realmente los secuestradores consiguieron algún botín, aunque la mayoría acabaron en prisión.

Desde agosto han ocurrido secuestros relacionados con el mundo de las criptomonedas en España, Filipinas, Francia, Noruega, Sri Lanka, Tailandia, Canadá, Israel, Estados Unidos, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Austria y Rusia. Y la tendencia no va a cesar, porque muchas organizaciones criminales han puesto su ojo a este mundo crypto que ha generado nuevos millonarios, y sobre todo porque saben que pueden realizarse transferencias millonarias en segundos. Todo esto ya genera un aumento de la seguridad privada de muchos de estos millonarios que actualmente son anónimos.

Una acción policial colectiva que involucra a 24 personas originarias de Europa del Este tuvo su punto culminante en las últimas horas. 14 de esas personas se encuentran bajo medidas cautelares restrictivas después de que se haya destapado un negocio multimillonario de vehículos robados en Italia y España que terminaron en Dubái. No se trata de un fraude en la adquisición mediante el impago de IVA como se ha visto en ocasiones muy recientes, sino de robos de coches de marcas y modelos muy concretos, la mayoría todoterreno híbridos de alta gama, que tienen todos los ingredientes que llevan a pensar en delincuencia por encargo.

En el caso concreto de Italia, la banda criminal ponía sus ojos en lugares como Forte dei Marmi, Viareggio y Cortina: destinos VIP para seleccionar coches de lujo para robar. Sabían que en esos enclaves localizarían los modelos que buscaban.

Una vez identificados los objetivos, los vehículos eran geolocalizados, lo que permitía a los cómplices atacar a su antojo, incluso en los domicilios de las víctimas. Los vehículos eran trasladados a Bélgica, donde se modificaban para eliminar los rastros de sus auténticos propietarios, y terminaban en contenedores con destino a los Emiratos Árabes Unidos, donde eran revendidos.

Este modus operandi probado habría generado decenas de millones de euros para la organización. La Unidad de Investigación de los Carabineros de Reggio Emilia, bajo la coordinación del fiscal Calogero Gaetano Paci, puso fin a la serie de robos.

Por este motivo, en la madrugada del 7 de octubre de 2025, en las provincias de Reggio Emilia, Parma y Cremona, y simultáneamente en Marbella (España), donde también se producían robos, y en Amberes (Bélgica), se llevó a cabo la fase operativa de una compleja investigación contra una organización criminal transnacional compuesta por ciudadanos de Europa del Este. Principalmente los detenidos son moldavos, pero también rusos, rumanos y ucranianos, especializados todos ellos en el robo de coches de lujo.

Los vehículos robados, principalmente Range Rover, Lexus y Toyota, fueron sustraídos en Italia (Reggio Emilia, Parma y Cremona) y España (Marbella), y posteriormente 'limpiados' mediante la sustitución de los números de chasis y la colocación de matrículas clonadas, falsas y adquiridas ilegalmente. Los vehículos fueron transportados a Amberes y posteriormente enviados en contenedores a Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde fueron comercializados. La investigación, denominada 'Palma', fue llevado a cabo por los Carabineros de la Unidad de Investigación de la Comandancia Provincial de Reggio Emilia, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Policía Federal Belga, todos ellos bajo la coordinación de la citada Fiscalía de Reggio Emilia y el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, con la magistrada Laura Sánchez Díaz, y el apoyo de Eurojust.

En el marco de la fase decisiva de la investigación de Palma se llevaron a cabo nueve detenciones (seis personas están en prisión y otras tres bajo arresto domiciliario), en el marco de 16 registros domiciliarios que se saldaron con el descubrimiento entre España e Italia de coches robados, equipos electrónicos para decodificar llaves de contacto y abrir los vehículos, así como numerosos ordenadores y teléfonos móviles que ahora están siendo investigados.

Europol también ordenó la incautación de activos por valor de más de dos millones de euros y proporcionó apoyo de coordinación y análisis para la investigación de Palma. Personal especializado del grupo 'AP Furtum' reunió a las distintas unidades de investigación implicadas en el caso, organizó dos reuniones operativas en su sede y participó en reuniones celebradas en Madrid, Málaga y Reggio Emilia en los últimos meses.

Eurojust, que actúa como puente entre las autoridades judiciales de los Estados miembros, facilitando el intercambio de información y la coordinación de las investigaciones, brindó apoyo entre las autoridades judiciales italianas, españolas y belgas.

La investigación contó con el apoyo de la Red @ON, una red financiada por la Comisión Europea y gestionada por la Dirección de Investigación Antimafia italiana (DIA), que, mediante la financiación de misiones operativas y el alquiler de equipos tecnológicos, facilitó la investigación.

Las actividades de investigación llevadas a cabo por los Carabineros de Reggio Emilia, iniciadas a principios de 2024, han permitido la identificación de aproximadamente un centenar de coches de lujo robados en Italia (Reggio Emilia, Bolonia, Milán, Parma, Lucca y otras provincias del centro y norte de Italia), además de en España. (Marbella), con un valor que supera los 10 millones de euros.

Los Carabineros, además, llevaron a cabo una compleja investigación, con el valioso apoyo de la sección de criptomonedas, pues todos los pagos (tanto por la venta de los vehículos como para compensar a los miembros de la organización) se realizaron en la criptomoneda estable USD.

El modus operandi revelado por la investigación demostró que se instalaron dispositivos en los autos de lujo que iban a ser robados, lo que facilitó la localización mientras se desplazaban. Esto permitió a los criminales realizar investigaciones forenses en los hogares de las víctimas o en las áreas de estacionamiento donde se encontraban.

Una particularidad que surgió del análisis de la estructura criminal es que la misma se encontraba organizada de manera piramidal, teniendo cada uno de los asociados un rol específico y desempeñando una tarea concreta, que iba desde la comisión misma de los hurtos y el posterior reciclaje de los vehículos y/o sus componentes, hasta la alteración de números de chasis y placas de circulación, así como el apoyo logístico, tareas que cada uno desempeñaba en la ejecución de la actividad delictiva común.

Había personas dedicadas en exclusiva a la búsqueda e identificación de los vehículos objeto de robo, otras expertas en la alteración del software de a bordo, arranque y robo de los vehículos, y otras para el almacenamiento, desmontaje de componentes, alteración de los números de chasis y falsificación de matrículas, reciclaje o traslado de vehículos robados al extranjero o registro de locales para ocultar los vehículos robados.

La economía de Juan Carlos de Borbón parece ir viento en popa en la Perla del Desierto. Y la liquidación de la abultada deuda que mantenía con su círculo más cercano da buena cuenta de ello. Un lustro después de su aterrizaje en Abu Dabi, donde huyó en plena investigación sobre su fortuna, el rey emérito ya ha devuelto todo lo que le prestó su círculo cercano para saldar las deudas con Hacienda. Millones generados, según dicen en su entorno, con la venta de algunos derechos y algunas operaciones comerciales en las que participa el emérito a miles de kilómetros de distancia del fisco al que defraudó.

El monarca abandonó España en el verano de la pandemia. Lo hizo, según dejó escrito en una carta, para facilitar la labor a su hijo, Felipe VI, ante "la repercusión pública" que estaban generando "acontecimientos pasados de mi vida privada" –eufemismo para referirse a la aparición de la fortuna que ocultó al fisco–. Lo cierto es que por entonces la situación en Zarzuela se había convertido en insostenible, con un goteo continuo de informaciones sobre negocios oscuros y cuentas en paraísos fiscales. Tan a podrido olía todo que Felipe VI anunció su renuncia a la parte que le correspondiera de la herencia y a retirar la asignación económica anual a su padre.

Para comenzar su nueva vida, el emérito eligió la península arábiga. Justo, el epicentro de su fortuna oculta. En 2008, la autocracia saudí le transfirió 65 millones de euros a una cuenta opaca en Suiza. Y dos años después, el sultán de Baréin le regaló otros 1,4 millones. Pero el exjefe de Estado no eligió ninguno de estos dos Estados. Prefirió instalarse en Emiratos Árabes Unidos, donde también tiene un buen círculo de amistades plagado de jeques y príncipes. Y es desde ese pequeño país del golfo pérsico desde donde ha seguido el desarrollo y la culminación de las investigaciones que le han perseguido.

Pese a todo, el monarca ha esquivado el mazo de la justicia. Y una investigación penal contra él por fraude fiscal ya se torna imposible, a la luz del cerrojazo impuesto hace unos meses por el Tribunal Supremo. Lo cual no quiere decir, sin embargo, que no se haya encontrado reproche alguno en sus acciones. Si el emérito se ha librado ha sido, más bien, por una combinación de prescripción, inviolabilidad y regularización fiscal. Porque la investigación realizada en su día por la Fiscalía del Alto Tribunal puso de manifiesto que Juan Carlos de Borbón ocultó durante años parte de su fortuna al fisco.

Así, el decreto de archivo del Ministerio Público puso de relieve que el emérito "no incluyó" en sus autoliquidaciones de IRPF "rentas y rendimientos obtenidos en las cuentas abiertas" en un banco suizo por la fundación Lucum, cuyo titular real era el exjefe de Estado. Y llegó a cifrar en hasta 56 millones de euros lo que defraudó entre 2008 y 2012. Pese a estos hechos contrastados, la Fiscalía no presentó querella porque "los posibles delitos fiscales" cometidos hasta 2011 "estarían prescritos" y el de 2012 "no sería susceptible de reproche penal" porque "estaba protegido por la inviolabilidad" –su abdicación no se produjo hasta 2014–.

Más allá de su etapa como jefe de Estado y de Lucum, la investigación también abordó el uso de fondos de un empresario mexicano amigo suyo para "gastos particulares" del monarca o los "cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamientos" originados por Juan Carlos I y abonados por la Fundación Zagatka, constituida en Liechtenstein por su primo. En ambos casos, al verse ya acorralado, el monarca decidió regularizar su situación con el fisco, lo que implica reconocer la deuda con Hacienda, para librarse del delito. En el primero, pagó 678.393,72 euros. En el segundo, 4,41 millones de euros.

Esta última cantidad, según se recoge en el decreto de archivo del Ministerio Público, procedía de los préstamos que le hicieron una docena de personas físicas y jurídicas. Un dinero que, según ha adelantado este miércoles el diario El Mundo, ya ha sido devuelto por el monarca. Esto supone que el emérito ha conseguido a lo largo de estos cinco años desde Abu Dabi recaudar más de cuatro millones para liquidar la deuda que tenía con el círculo de empresarios y aristócratas de confianza que le hicieron los préstamos para regularizar su situación fiscal.

Parte de esos ingresos proviene de la venta de sus derechos de imagen para la elaboración de un documental. Pero no solo eso. También, siempre según el citado medio, de su intermediación en operaciones comerciales. El papel del monarca como comisionista siempre ha sido un secreto a voces. Desde los últimos compases del franquismo, cuando en plena crisis del petróleo el dictador pidió ayuda al príncipe para que intercediese ante sus hermanos árabes. "A cambio de estos servicios, cobró una comisión y a todo el mundo le pareció muy normal", relata la periodista Rebeca Quintans en Juan Carlos I, la biografía sin silencios (Akal, 2015).

Unos negocios, sin embargo, realizados desde la más absoluta opacidad. En 2023, el emérito dejó de ser residente fiscal en España, si bien sus visitas al país son cada vez más frecuentes. Y esto le permite seguir engordando su fortuna lejos de la lupa del fisco español al que un día defraudó. O no dar explicaciones sobre quién financia los aviones en los que viaja o quién costea su vida en Abu Dabi. En este sentido, no obstante, la normativa de regalos de la Casa Real deja claro que los miembros de la Familia Real, a la que pertenece el emérito, "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones".

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este sábado aumentar en 548.000 barriles diarios su oferta de petróleo a partir del 1 de agosto, un volumen superior en 137.000 bidones al de los tres meses anteriores y al que se esperaba en los mercados, según informa EFE.

El incremento, que corre a cargo de ocho de los 22 Estados integrantes de la alianza petrolera, ha sido sancionado en una reunión telemática, informó este sábado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

Esos 'petroestados' -Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán- aceleran así, por segunda vez, el ritmo con el que están devolviendo al mercado los 2,2 millones de barriles diarios que retiraron en 2023 de forma voluntaria y adicional a otras reducciones de todo el grupo.

"Los ocho países participantes implementarán un ajuste de producción de 548.000 barriles diarios en agosto de 2025, a partir del nivel de producción requerido para julio de 2025", señalaron los ministros del sector de las citadas naciones en la nota.

El comunicado alude al plan inicial acordado en diciembre para revertir lentamente los 2,2 millones de barriles diarios recortados, con aumentos mensuales de 137.000 bidones diarios, a partir del 1 de abril.

El aumento pactado para agosto "equivale a cuatro incrementos mensuales", destacaron los ministros tras asegurar haber revisado hoy "las condiciones y perspectivas del mercado mundial" en la reunión que, tras ser adelantada en un día (inicialmente se había programado para mañana, domingo), duró poco más de diez minutos.

Al igual que en los tres meses anteriores, el grupo justifica la apertura de los grifos con una visión optimista sobre la evolución de la oferta y la demanda petrolera en los próximos meses, desestimando el escepticismo persistente en el sector, en medio de una gran incertidumbre económica.

Resalta así "la solidez actual de los fundamentos del mercado, reflejada en los bajos inventarios de petróleo", aunque también recuerda su disponibilidad a suspender o revertir el plan de aumentos en cualquier momento, si lo considera necesario.

El recorte total que están deshaciendo 'los Ocho' es adicional al de 3,66 millones de bidones diarios que la OPEP y sus diez naciones aliadas mantienen vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Tres socios de la OPEP -Venezuela, Irán y Libia- están exonerados de estos compromisos debido a las limitaciones involuntarias que afrontan sus industrias petroleras por diversas causas, desde sanciones hasta conflictos armados.

La decisión de hoy llega en un momento de gran volatilidad de los 'petroprecios', con fuertes oscilaciones que reflejan altibajos vinculados a múltiples conflictos, desde la guerra arancelaria hasta las tensiones bélicas en Medio Oriente y en Ucrania.

Tras el estallido de la llamada 'Guerra de los 12 días' entre Israel e Irán a mediados de junio, los 'petroprecios' se dispararon más del 12 %, hasta rozar los 80 dólares el barril, pero luego, tras un alto el fuego entre las partes, volvieron a la baja.

El crudo Brent, de referencia para Europa, cerró la semana a 68,30 dólares por barril, con un retroceso del 0,73 % respecto al cierre del jueves.

Los ministros de 'los Ocho' volverán a reunirse el 3 de agosto para revisar la situación y fijar el nivel de su oferta petrolera a partir de septiembre.

Una investigación llevada a cabo por el periódico holandés NRC, socio de infoLibre en la red de medios de investigación EIC (European Investigative Collaborations) revela que el exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo puede haber incurrido en un conflicto de intereses tras aceptar dinero por parte de Qatar para mediar en una demanda contra el emirato por financiar el terrorismo.

En el año 2018, el exfiscal aceptó liderar una demanda interpuesta por un grupo de refugiados sirios contra Qatar por financiar al grupo terrorista Jabhat al-Nusra. Para ello, su equipo reclutó en Países Bajos a los refugiados, prometiéndoles una compensación millonaria, algo que finalmente no se produjo.

Es ahora cuando se sabe que el exfiscal Ocampo, según la investigación de NRC, firmó un contrato con Qatar por el cual recibiría un salario mensual y un bono multimillonario si actuaba como “mediador” para resolver los casos en curso contra el emirato.

Stuart Time, profesor de la City St. George's University de Londres, afirma que estos hechos son un claro conflicto de intereses. "Un representante nunca debe actuar para dos partes simultáneamente. Todo profesional sabe que eso es inaceptable. Sea cual sea el camino que tome, está perjudicando a una de las dos", dice.

Además, han surgido dudas sobre las pruebas presentadas en la demanda al conocerse que un testigo sirio que afirmó tener información privilegiada sobre la financiación de Al-Nusra por Qatar, recibió cientos de miles de euros en su cuenta bancaria. Los pagos se realizaron a través de una consultoría holandesa, que admite que el dinero se transfirió como un “encubrimiento”.

En declaraciones a NRC, los demandantes sirios dicen que se sienten utilizados y que han sufrido consecuencias negativas por culpa del juicio.

Desde entonces, Ocampo se ha retirado del caso y se ha negado a responder a la mayoría de las preguntas que al respecto le ha hecho NRC. Sin embargo, ha publicado una declaración en su sitio web personal. En ella asegura que, mientras llevaba el caso, contactó con Qatar. "Le sugerí que creara un fondo especial no sólo para las víctimas de Al-Nusra, sino para todas las víctimas sirias. Que, en lugar de negar la responsabilidad ante los tribunales, acogiera a todas las víctimas, incluidas las afectadas por el régimen de Assad", explica.

"Tras años de una relación difícil", añade, "Qatar me contrató como mediador para facilitar un acuerdo con las víctimas de Al-Nusra. Un año después, la mediación fracasó y no se llegó a ningún acuerdo. La razón principal fue que Qatar quería conocer la identidad de quienes financiaron el fondo para litigios". 

EDGE, uno de los grupos líderes mundiales en tecnología avanzada y defensa, e Indra, una empresa líder mundial en tecnología de la información y sistemas de defensa con presencia en más de 140 países de todo el mundo y un actor relevante en los principales programas europeos, han alcanzado un acuerdo para la constitución de una nueva entidad conjunta (joint venture), denominada PULSE, con sede en Abu Dhabi. PULSE pretende promover las capacidades locales de desarrollo y fabricación de sistemas radar de última generación, respaldada por una sólida cartera de pedidos de clientes existentes y potenciales en mercados de alto potencial en todo el mundo. El acuerdo consolida y refuerza la colaboración entre ambas compañías, iniciada en 2023.

El director general y CEO de EDGE, Hamad Al Marar, y José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, han suscrito en Madrid el acuerdo Joint Venture, que incluye los Pactos de Accionistas, en presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles; la Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; el presidente de EDGE Group, H.E. Faisal Al Bannai; el presidente ejecutivo de Indra, Marc Murtra; y responsables del Ministerio de Defensa español, entre otras personalidades.

En el acto de firma celebrado en el Ministerio de Defensa español, el presidente de EDGE, H.E. Faisal al Bannai, afirmó: “La constitución de PULSE marca un hito transformador en el avance del panorama de defensa global, al ofrecer sistemas radar de tecnología punta. Esta joint venture entre EDGE e Indra aborda brechas de capacidad críticas y muestra el poder de la innovación y la transferencia de tecnología para mejorar la excelencia operativa y la seguridad global. Refleja nuestro esfuerzo para crear alianzas significativas que impulsen el progreso y fomenten la estabilidad en regiones clave”.

Marc Murtra, presidente de Indra, destacó: “Este acuerdo, en asociación con EDGE, proveerá la siguiente generación de sistemas radar. Incluirá una avanzada intraestructura de investigación, laboratorios e instalaciones de pruebas, todas ellas ubicadas en Emiratos Árabes Unidos. Este es un paso importante que permitirá a Indra ampliar su huella internacional y desarrollar nuestra valiosa relación con EDGE”.

La nueva entidad, denominada PULSE, se focalizará en la ingeniería, desarrollo, fabricación, integración y mantenimiento de sistemas radar y sus componentes, tanto existentes como de futuro, así como en su comercialización en mercados de alto potencial, abriendo numerosas oportunidades de negocio internacional.

El acuerdo dará lugar a la creación de dos sociedades. La primera de ellas, estará participada en un 50,01 por Indra y en un 49,99 por EDGE, y estará centrada en el desarrollo, diseño, integración, venta y mantenimiento de radares de última generación. La segunda, participada en un 50,01 por EDGE y en un 49,99 por Indra, se encargará de la fabricación de estos radares en una nueva factoría de última generación en Abu Dhabi.

El objetivo de la nueva joint venture es incrementar la capacidad de producción y las ventas de radares, dotar de nuevas capacidades de radar a los Emiratos Árabes Unidos mediante la transferencia de conocimiento y experiencia, así como la formación y desarrollo de profesionales locales cualificados. Está previsto que la empresa cuente inicialmente con profesionales altamente especializados de Indra y empleados emiratíes, tanto recién graduados y jóvenes profesionales como ingenieros, técnicos y perfiles comerciales.

También está previsto mejorar estratégicamente las capacidades locales de investigación y desarrollo que allanen el camino para el desarrollo de la tecnología de radar de próxima generación, a través del establecimiento de infraestructuras de investigación avanzadas, laboratorios e instalaciones de prueba mejoradas, la adquisición de tecnologías de vanguardia, la colaboración con expertos líderes y la implementación de programas de capacitación especializada para los equipos de investigación.

El director general y CEO de EDGE, Hamad Al Marar, señaló: “PULSE es la mejor prueba del poder de la colaboración, combinando las capacidades de EDGE y de Indra para diseñar, desarrollar y fabricar sistemas radar de última generación y exportarlos a nuestros clientes clave. Al invertir en instalaciones de producción avanzadas, estamos posicionando Emiratos Árabes Unidos como un hub global de innovación en radar, dando forma al futuro de la tecnología de defensa en los dominios aéreo, terrestre y marítimo. PULSE también encarna nuestra visión estratégica de expandir la capacidad industrial de Emiratos Árabes Unidos en tecnologías avanzadas y establecer capacidades soberanas, impulsando la autosuficiencia y la innovación a escala global”.

José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, explicó: “En Abu Dhabi tenemos previsto crear una nueva factoría de última generación con la tecnología más sofisticada, preparada para dar respuesta a la gran demanda prevista de los sistemas radar más innovadores para los próximos años. La nueva entidad que vamos a crear con EDGE nos ayudará a acelerar la transformación del negocio de defensa hacia un perfil y una mentalidad más internacional, tal como marca nuestro Plan Leading the Future”.

El nuevo negocio, PULSE, contará también con derechos preferentes para los pedidos actuales y futuros adjudicados a Indra y a EDGE de radares basados en la tecnología pactada dentro del acuerdo. Además, se generarán nuevas oportunidades en mercados internacionales de alto potencial, de acuerdo con el objetivo marcado en el Plan Estratégico de Indra Leading the Future.

La policía de Dubái ha detenido a Othman El Ballouti, el capo belga de la Mocro Maffia que le vendió un apartamento de lujo en el emirato al considerado por la Guardia Civil como el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, El Tigre.

Según el comunicado hecho público por la policía dubaití, El Ballouti, de 37 años, ha sido arrestado a petición del Gobierno belga, que lleva años pidiendo su extradición a los Emiratos Árabes Unidos. El narcotraficante, además, estaba en orden de búsqueda y captura internacional, pues sobre él pesaba una alerta roja de la Interpol, acusado de acusado de participar en el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas.

El Ballouti ha sido entregado a la Fiscalía Pública de Dubái para someterlo a los procedimientos legales relacionados con la extradición, asegura el comunicado de la policía emiratí. La prensa belga informa también de que un magistrado de la Fiscalía federal ha viajado a los Emiratos para negociar no sólo la extradición de El Ballouti, sino también la de otros delincuentes igualmente detenidos y buscados por las autoridades del país europeo: Stefan Panic, presunta mano derecha de otro narcotraficante, Flor Bressers, y Salahdin K., que ya fue condenado en Amberes.

España ha solicitado a las autoridades dubaitíes la extradición de Alejandro Salgado Vega, hasta ahora sin éxito. Un juzgado de Algeciras lo reclama por un alijo de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón, que fue capturado en 2020 y que permitió situarle en la cabeza de una gran organización que movía grandes cantidades de droga en puertos de los cinco continentes.

A diferencia de El Ballouti, que hasta ahora se encontraba en libertad, El Tigre pasó un año en prisión, condenado por consumir droga –un delito que implica penas muy severas en los Emiratos– en su propia casa un día de agosto de 2022. Fue liberado a principios de este año. El inmueble donde fue detenido era una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, y que figura a nombre de su esposa, según pudo comprobar la investigación Dubai Unlocked en los registros inmobiliarios a los que ha tenido acceso. Le costó 5,65 millones de euros.

Pero el apartamento que le vendió El Ballouti es otro, que sí figura a nombre de Alejandro Salgado Vega: situado en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros de altura–, cuenta con tres habitaciones, distribuidas en 188 metros cuadrados. El Tigre se lo compró a su colega belga en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros. En total, en los registros inmobiliarios del emirato aparecen cuatro inmuebles a nombre de la pareja.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

El periódico belga HLN asegura que el magistrado desplazado a los Emiratos negociará también con las autoridades locales cómo se pueden confiscar los bienes propiedad de los detenidos. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que El Ballouti está considerado “el hombre más rico de Amberes”. En Dubái posee al menos nueve inmuebles, sin contar la que vendió a El Tigre, como reveló Dubai Unlocked, la investigación que llevó a cabo el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con el periódico financiero noruego E24 y basada en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Los medios belgas del consorcio pudieron contar hasta 53 propiedades a nombre de una decena de delincuentes de ese país huidos a Dubái, valoradas en unos 56 millones de euros.

El pasado septiembre, Othman El Ballouti fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Este mismo viernes será de nuevo juzgado en Bélgica por la imortación ilegal de 11 toneladas de cocaína. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. 

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, ha cifrado en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

Las autoridades dubaitíes han sido siempre muy renuentes a conceder la extradición a los criminales buscados por otros países. No obstante, han concedido algunas, con cuenta gotas. Desde 2021 un emiratí, Ahmed Naser Al Raisi, alto funcionario del Ministerio del Interior de los Emiratos, preside la Interpol. En su comunicado, la Policía de Dubai reafirma su “compromiso con la colaboración global para combatir el crimen organizado transnacional, fortalecer las alianzas internacionales y compartir conocimientos para garantizar la seguridad de las comunidades de todo el mundo y, al mismo tiempo, construir una sólida red de seguridad global”.

En noviembre de 2015, cuando ya era un hombre buscado en todo el mundo, el narcotraficante Raffaele Imperiale firmó la venta de acciones de una empresa inmobiliaria de los Emiratos Árabes Unidos a Marwan Al Maktoum, hijo del emir de Dubái, Mohamed Al Maktoum. El napolitano, uno de los grandes capos de la Camorra, residió y tuvo negocios en España durante años. En 2014 fue detenido en el emirato, adonde había huido, a resultas de una orden de detención emitida por la justicia española, que reclamaba su extradición.

También fue un auténtico pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái. La empresa conjunta con el hijo del emir, de la que Imperiale era fundador y presidente del consejo de administración, construyó cinco villas de lujo en la isla artificial de Palm Jumeirah, que se vendieron por más de 25 millones de euros.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 16 de noviembre de 2015. Ante un notario en el barrio residencial de Al Barsha, al oeste de la ciudad, dos hombres firman un contrato que establece una transferencia de acciones de una empresa. La sociedad inmobiliaria AA Real Estate and Development tiene un nuevo socio mayoritario: “Su Alteza Marwan Al Maktoum, hijo del soberano de Dubái, el emir Mohamed Al Maktoum. Le transfiere el 51% de su participación accionarial otro emiratí, un tal Atif Ahmed Karrani, que, sin embargo, no está presente ese día. Lo que hace extraordinario ese hecho es el nombre de su representante: Raffaele Imperiale, traficante de drogas de profesión que ahora colabora con la Justicia italiana.

En Dubái, un representante puede ser cualquier ciudadano mayor de 21 años sin impedimentos legales, al que se le haya asignado un poder notarial. ¿Por qué eligió Karrani a Imperiale? Porque el narcotraficante formaba parte del trato, aunque, formalmente, ya había abandonado la estructura corporativa.

El pasado de la inmobiliaria así lo sugiere: AA Real Estate fue fundada en 2013 por el propio Imperiale, que también era el presidente del consejo. Karrani, antiguo gestor del registro de la propiedad en Dubái, era en cambio su “patrocinador”. En aquel momento –la ley cambió en 2021–, para invertir en Emiratos –excluidas algunas zonas francas– era necesario tener como accionista mayoritario a un ciudadano emiratí.

Cuando los fiscales de España e Italia le identifican como un poderoso narcotraficante internacional, Imperiale se hace sustituir por respetables hombres de negocios que le ayudarían a invertir en propiedades inmobiliarias emiratíes sin comparecer en persona. Es gracias a estas inversiones que el narcotraficante puede llevar la máscara limpia de empresario. Él mismo lo confesará después ante los magistrados italianos.

Para contar esta historia, la cadena de televisión holandesa RTL Nieuws y el periódico italiano IrpiMedia, en colaboración con el consorcio de investigación OCCRP e infoLibre, tuvieron acceso a documentos oficiales en los que los nombres de Raffaele Imperiale y Marwan Al Maktoum figuran en la misma página. Los reporteros cruzaron esta información con entrevistas a decenas de fuentes y con filtraciones del registro de la propiedad de Dubái, compartidas por la organización estadounidense C4ADS en la investigación Dubai Unlocked. De este modo, los periodistas pudieron rastrear inversiones inmobiliarias hasta entonces desconocidas y atribuibles a Raffaele Imperiale en el emirato.

Ni Imperiale ni Marwan Al Maktoum han respondido a las numerosas peticiones de comentarios que les enviaron los medios autores de esta investigación. Contactado por teléfono, Karrani se negó a responder ninguna pregunta, limitándose a añadir: “Se trata de una vieja historia que he cerrado”.

La presencia del nombre de Imperiale en las escrituras notariales es importante porque empresas como AA Real Estate han transformado el horizonte de Dubái a lo largo de los años gracias a sus enormes inversiones inmobiliarias. Mientras tanto, durante el actual reinado del emir Mohamed Al Maktoum, la ciudad se ha ganado la reputación de refugio dorado para delincuentes.

Su hijo Marwan, según consta en los documentos oficiales del Registro Mercantil de Dubái, siguió siendo socio de AA Real Estate hasta mayo de 2018, cuando fue sustituido por otro ciudadano emiratí. La empresa sigue activa, pero su licencia expiró en 2022.

Originario de Castellammare di Stabia, Raffaele Imperiale suministraba drogas a la familia de la Camorra de los Amato-Pagano desde los años 90, y más tarde también al clan 'ndrangheta de los Morabito-Palamara-Bruzzaniti. Según los investigadores, su organización se convirtió en un “proveedor global de servicios” en torno a la cocaína, que vendía al por mayor a otras “organizaciones delictivas estructuradas”, auténticos “clientes fieles”.

Durante una década, el napolitano pudo dirigir el tráfico de cocaína desde el emirato, blanqueando sus beneficios mediante inversiones en lujosos proyectos inmobiliarios de Dubái. Allí fue detenido en 2021, para ser deportado y entregado a las autoridades italianas al año siguiente.

En el momento de la firma del contrato de venta de las acciones de AA Real Estate, Imperiale ya era un hombre buscado en todo el mundo. Su nombre ya había saltado a los titulares en 2014: el Gobierno español había solicitado su extradición y fue arrestado en Dubái, pero quedó en libertad enseguida. Apenas un mes antes de la reunión ante el notario de Al Barsha, un juez de instrucción de Nápoles había ordenado la detención de Imperiale por tráfico internacional de drogas.

En esas fechas, la federación de la que forma parte Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, aún no había firmado un acuerdo de cooperación judicial con Italia, que solo está en vigor desde 2019. Su extradición desde el país árabe era imposible para Italia, pero no para España, que cuenta con un acuerdo de este tipo desde 2009.

Contactada al respecto, la Fiscalía de Nápoles rechazó hacer declaraciones alegando que aún hay investigaciones en curso.

Ya en 2010, en busca de un lugar más seguro desde el que dirigir sus negocios ilegales, se había trasladado hasta Dubái desde España, país que había elegido como base de operaciones durante cinco años. También tuvo negocios legales, como un restaurante, en la calle de Santa Engracia de Madrid llamado Perla di Napoli. “Presenta platos con salsas sobreabundantes y sabores un tanto imprecisos, ya sean unos espaguetis amatriciana o unas gambas dello chef recargadísimas de curry. Correcto su Dolcetto d’Alba Roccabella 2005”. Ese fue el párrafo con el que lo despachaba en septiembre de 2008 el crítico gastronómico de El Mundo, Fernando Point –así firmaba el recientemente fallecido Víctor de la Serna sus artículos culinarios–. No es de extrañar que la calidad de su menús no constituyera la prioridad en Perla di Napoli. El restaurante, según ha podido comprobar, ya no existe. Y sus vecinos no lo recuerdan con especial cariño, precisamente. “No sé quiénes eran sus dueños y no quiero saberlo. No dejaron muy buena impresión”, resume suspicaz quien atiende en un comercio próximo.

En julio de 2014, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 32 personas en la Operación Tarantela, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Entonces se anunció la desarticulación de varios clanes de la Camorra en España, dedicados al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. De hecho, se bloquearon 40 inmuebles valorados en ocho millones de euros. Los investigadores, que llevaban tras la pista desde 2011, sostenían que el dueño real de todo ese patrimonio era Rafaelle Imperiale.

Sin embargo, a los pocos días, el juez Andreu dejó en libertad en cargo a 30 de los 32 detenidos. Sólo una persona fue a prisión. Otro más fue liberado sin cargos. Y en octubre de 2017, tres años después  después de la macrooperación, la causa fue sobreseída provisionalmente y archivada.

Como queda dicho más arriba, Raffaele Imperiale, que tiene ahora 49 años, fue un auténtico pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái. Una, en concreto, le permitió establecerse como empresario del sector en el emirato.

Fue en 2003 cuando el emir Mohamed Al Maktoum dio a conocer un proyecto futurista, concebido por él y desarrollado por la empresa pública Nakheel: Las Islas del Mundo, un complejo de 300 islas artificiales con la forma de los cinco continentes frente a la costa de Dubái.

En las actas recogidas entre 2023 y 2024 por la Fiscalía de Nápoles, con la que empezó a colaborar, Imperiale contaba que había pagado a Nakheel, en 2008, 13 millones de euros, más una parte en negro. Con ese dinero compró una de las islas, Taiwán. Un privilegio reservado a unos pocos: sólo las islas más caras, apenas el 6%, estaban disponibles para su compra como islas privadas, según explicó el director del proyecto en una entrevista a Vanity Fair. “Presumía ante todo el mundo en Dubái, incluso haciéndome pasar por empresario. Este proyecto era mi 'tarjeta de visita”, relató Imperiale en referencia a Taiwán.

El juez de Instrucción de Nápoles ordenó la incautación de la isla en junio de este año. Considera que el valor de la propiedad –que calcula entre 30 y 50 millones de euros en la actualidad– es “muy inferior a lo que era sin duda el beneficio” del narcotráfico dirigido por Imperiale.

Por tanto, a través de un proyecto inmobiliario impulsado por la familia Al Maktoum y realizado a través de una sociedad vinculada a la misma familia real, Imperiale ha blanqueado “con toda seguridad” los beneficios obtenidos con la cocaína porque, prosigue el juez italiano, “no surgen elementos de los que deducir que [...] [la isla] pertenezca a una persona ajena al delito”.

De hecho, según declaró a los magistrados napolitanos, Imperiale pagó a Mario Sarnataro –empresario inmobiliario y comerciante de oro originario de Nápoles pero residente en Dubái– para que fingiera que la isla estaba a nombre de una de sus empresas.

IrpiMedia pudo comprobar a través del Registro de la Propiedad de Dubái que Taiwán sigue siendo propiedad de Rajaa Trading Investments Management, una empresa emiratí que, según las declaraciones de Imperiale, es propiedad de Sarnataro. El juez de instrucción opina que el registro de la isla es “sólo formal, de hecho ficticio”.

Entre 2008 y 2011, el narcotraficante comunicó a Sarnataro que quería construir 10 villas en los 10.000 metros cuadrados de la isla de Taiwán. El proyecto nunca vio la luz pero, para llevarlo a cabo, Imperiale necesitaba una mano que creara una empresa “a cuyo nombre [la isla] debería registrarse”. Sarnataro le ofreció Rajaa. Imperiale la compró por 400.000 dirhams –unos 80.000 euros– y en 2011 le cedió el título de propiedad de Taiwán.

Sin embargo, según argumentó el narcotraficante ante los fiscales italianos, “la isla pertenece a Mario Sarnataro”, porque el empresario sigue siendo formalmente “beneficiario de Rajaa”. Como la empresa estaba registrada en una zona franca de Dubái, los periodistas no pudieron rastrearla ni verificar la exactitud de la información facilitada por Imperiale a los magistrados. 

Mario Sarnataro, por el momento, no está siendo investigado y no consta que haya cometido ningún delito.

Convertido en un respetado empresario inmobiliario, Imperiale fundó en 2013 AA Real Estate and Development, la inmobiliaria de la que dos años después Marwan Al Maktoum, hijo del emir, se hizo socio mayoritario. Tiene su sede frente a Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera que se extiende frente a la costa de Dubái, en la planta 34 de la Concord Tower. Es la sede de la empresa “legal” de Imperiale, como escriben la periodista Daniela de Crescenzo y el inspector de la policía financiera Tommaso Montanino en su libro Los narcos.

Compartiendo una oficina de casi 800 metros cuadrados, con muebles de piel de cocodrilo y puertas de nogal californiano, se encuentran otras empresas con nombres similares, entre ellas AA Investments & Development –de la que Imperiale es socio directo en un 15%–. Se la confiscó el juez de Nápoles con la orden de detención de octubre de 2015.

Entre 2012 y 2017, AA Real Estate vendió cinco villas de arquitectura geométrica, que se iban a construir en la punta de la fronda M de Palm Jumeirah. El proyecto inmobiliario se llama M State. Cada villa tiene al menos cinco dormitorios, una piscina infinita e impresionantes ventanales con vistas a decenas de metros de playa privada.

Si para la isla de Taiwán, el proyecto de desarrollo inmobiliario de Imperiale, se había quedado sólo en el papel, con M State pasó de la representación futurista a la realidad. Consultando los registros catastrales, IrpiMedia calcula que las cinco villas se vendieron en 2014 sobre plano –es decir, cuando aún existían poco más que los cimientos– por un total de más de 26 millones de euros. Hoy, con la obra terminada, la propiedad central, Villa Aurum –que tiene seis dormitorios en lugar de cinco, gimnasio y sala de cine– vale sólo ella esa cifra.

Al igual que había ocurrido con Taiwán, durante la fase de construcción del proyecto inmobiliario el nombre de Imperiale desapareció de los expedientes: el 28 de septiembre de 2014, la empresa de la que era socio, AA Investment, canceló sus acciones en AA Real Estate. Así pues, formalmente, Raffaele Imperiale ya no tenía nada que ver con el proyecto inmobiliario. Como en el caso de Taiwán, le sucedió Mario Sarnataro a través de la sociedad AGK Consulting. 

“M State fue mi proyecto, importante y valioso, desde la concepción hasta la realización. Estas exquisitas villas se hicieron realidad gracias a mi pasión por el diseño y la vida de lujo”, explicaba Sarnataro en una entrevista a una publicación comercial emiratí. “Dubái es una ciudad de crecimiento, riqueza y encanto, y puede albergar propiedades tan exclusivas que satisfacen claramente las necesidades de estilo de los particulares con grandes patrimonios”. Sarnataro no respondió a varias solicitudes de comentarios enviadas por los medios que firman esta investigación.

Su relación con Imperiale, según la versión contada por el narcotraficante a los fiscales, pudo haber comenzado en 2006-2007 en Madrid, donde Sarnataro “se dedicaba a hacer trabajos para restaurantes italianos, entre ellos el Perla de Napoli, [...] y nació una relación de amistad”.

Cuando ambos se reencontraron unos años más tarde en el emirato, en el exclusivo restaurante italiano Roberto's, Sarnataro dijo a Imperiale que “trataba con una empresa gubernamental [de la familia real emiratí] para la que importaba materiales [puertas, etcétera]”.

Prueba de ello son los contratos firmados con Emaar Properties, la empresa emiratí de promoción inmobiliaria que construyó en Dubái el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. El segundo mayor accionista de Emaar sigue siendo el propio emir, Mohamed Al Maktoum, a través de su propia sociedad de inversiones. Emaar no respondió a las preguntas que los medios participantes esta investigación le hicieron llegar sobre su relación con Sarnataro.

Según los hallazgos de IrpiMedia a partir de las filtraciones del Registro de la Propiedad de Dubái, Mario Sarnataro figuraba como propietario de 20 inmuebles en el emirato. Entre ellos, dos villas en Palm Jumeirah y cuatro lujosos pisos en el Oceana Hotel and Apartments y en las Royal Amwaj Residences. Los documentos del Registro de la Propiedad de Dubái muestran que Sarnataro posee actualmente seis propiedades. Los registros de transacciones de estas propiedades, en las que el empresario aparece como comprador desde 2017 hasta la actualidad, ascienden al cambio actual a casi 20 millones de euros.

Dubái es una monarquía autoritaria gobernada por la dinastía Al Maktoum desde hace casi 200 años. “La policía y la judicatura de los Emiratos Árabes Unidos no son tontas. Disponen de sofisticados servicios de inteligencia con acceso a mucha información”, comenta Matthew T. Page, experto en corrupción asociado al instituto británico Chatham House, “por lo que es lógico suponer que sabían quién era Raffaele Imperiale. Significa que Dubái hace la vista gorda conscientemente ante delincuentes como él”.

La reputación de Dubái es desde hace tiempo la de un paraíso para delincuentes o presuntos delincuentes. Entre estos últimos se encuentra Daniel Kinahan, sospechoso de estar a la cabeza de una organización criminal que importa grandes cantidades de cocaína a Europa. En octubre de 2024, los Emiratos Árabes Unidos firmaron un tratado de cooperación judicial con Irlanda, allanando el camino para la posible extradición de Kinahan.

Por otro lado, el holandés Ridouan Taghi, el bosnio Edin Gačanin, y el chileno Ricardo Riquelme Vega, alias Rico, fueron condenados en los Países Bajos. En 2017, a la boda de Daniel Kinahan en el hotel Burj al Arab de Dubái, asistieron todos ellos: Taghi, Gačanin y Riquelme. Junto con Raffaele Imperiale. 

En 2022, la operación Desert Light, coordinada por Europol, condujo a la detención de Gačanin y de decenas de personas más entre Europa y Dubái, acusadas de formar parte de un supercártel que supuestamente controlaba un tercio del comercio de cocaína sólo en Europa. Entre ellos, dos objetivos de alto valor, como los etiqueta Europol, reclamados por la Justicia española: Ryan James Hale, un ciudadano británico, miembro del clan de los Kinahan, que residió en la Costa del Sol, pero debió abandonarla tras sufrir un intento de secuestro, y Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan, con pasaporte de Panamá.

En un gráfico elaborado por las autoridades bosnias, los presuntos miembros de esta megaorganización aparecen con apodos: El chileno, es decir, Riquelme; Pasta, es decir, Imperiale, y Mr. Cuscús, vinculado a la organización de los Kinahan. Los holandeses Taghi y Gačanin, forman parte de la banda de Tito y Dino. 

A pesar de su evocador nombre, el supercártel no parece ser una organización rígida y estructurada. Más bien, como se explica en un análisis de la fundación Insight Crime, se trata de un “exitoso ejemplo de crowdsourcing, en el que diferentes actores criminales ponen en común su dinero para comprar cocaína al por mayor a precios más bajos”. 

La fluidez del supercártel es relatada por Imperiale en un testimonio prestado en 2023 en Nápoles ante fiscales italianos y en presencia de sus homólogos holandeses. Según el narcotraficante de Campania, en 2016, el chileno Riquelme quería mandar matar a alguien en Dubái. “Y yo le digo: ‘¿Estás loco? Si quieres matarlo, pídeme consejo, yo vivo allí desde hace años y te diré cómo hacerlo. Si lo quieres matar así, qué te parece, después van a detener a todo el mundo, ¿eso es lo que quieres?”, reconstruye Imperiale.

Todavía refiriéndose a Riquelme, continúa: “A él le gustaba aparentar que había creado un megacártel, pero no era cierto, porque yo tenía mi negocio, Danny [Kinahan] el suyo, Rico el suyo y Taghi el suyo. [...] Mientras Rico estaba allí, todos éramos amigos, pero cada uno con su propia organización. Los irlandeses siempre estaban en contra de Rico y decían: ‘No debes cometer asesinatos aquí, somos tus amigos, pero vivimos aquí, aquí están nuestros hijos, éste es un país neutral [...]”.

De hecho, los asesinatos habrían llamado la atención y obstaculizado los negocios y las inversiones de los capos en Dubái. E Imperiale deja claro que no impugna el método, sino el lugar: “Si lo hubieran eliminado, me habría alegrado mucho, pero en lugar de en Dubái, quería que lo mataran en España, en Países Bajos, en Italia, en Colombia... [...] Es decir, es importante que esto quede claro, porque si no parece que quiero defender a esa gente. Nunca lo habría hecho en Dubái, esa es la verdad”.

Efectivamente, en Dubái, Imperiale ni se escondía ni tenía que preocuparse por la Justicia italiana. La situación no cambió hasta 2021, tras años de solicitudes de extradición rechazadas y de presiones políticas por parte del Gobierno de Roma.

Tras ser acogido libremente entre jeques y hombres de negocios, Imperiale fue detenido por la policía dubaití, oficialmente por estar en posesión de un pasaporte falso. Fue deportado al año siguiente y colabora con la policía desde 2023.

En octubre de este año, el juzgado de instrucción de Nápoles lo condenó a 15 años y ocho meses de prisión en un procedimiento abreviado, y ordenó la confiscación de la isla de Taiwán. Esa isla, que según los jueces fue comprada con dinero procedente de la cocaína y que Imperiale afirma haber adquirido directamente a una empresa perteneciente a la familia real de Dubái.

La cumbre del clima de la ONU que arrancó este lunes en Bakú, Azerbaiyán, (COP29) se enfrenta a un escepticismo similar al que suscitaron las negociaciones climáticas en la COP27 de Sharm el Sheij (Egipto) y en la COP28 de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), también potencias exportadoras de combustibles fósiles, según informa EFE.

Algunas críticas radican en el hecho de que el presidente de la COP29, Mukhtar Babayev, ocupara un alto cargo en la compañía estatal de petróleo SOCAR; rechazo muy parecido al que generó el presidente de la COP28 de Dubái, el doctor Sultán Al Yaber, por estar al frente de la cuarta petrolera más grande del mundo. Azerbaiyán exportó en 2022 26,6 Mt de crudo en 2022, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, y 22,6 bcm de gas natural.

Emiratos Árabes Unidos (EAU), por su parte, es el séptimo productor de crudo del mundo, según la misma fuente, mientras que Egipto es también un principal exportador de combustibles fósiles, tanto gas como petróleo y derivados.

Pero que una cumbre del clima se celebre en un país petrolero no necesariamente significa que las negociaciones estén condenadas al fracaso, recuerdan varios ecologistas y especialistas consultados.

De hecho, fue en Dubái (EAU) donde en diciembre de 2023 los cerca de 200 países representados en la COP28 llegaron a un acuerdo “histórico”, celebrado por los gobiernos más ambiciosos en la lucha climática, así como por analistas y por organizaciones de la sociedad civil. En este acuerdo se mencionaba explícitamente la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles para hacer frente a la crisis climática.

Por otro lado, el país que más cumbres del clima de la ONU ha acogido hasta la fecha, además de Alemania (sede de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) es Polonia, muy dependiente del carbón, el combustible fósil más sucio.

Desde Ecologistas en Acción en España, el coordinador de Clima Javier Andaluz, presente en todos estos procesos multilaterales, señala que en las negociaciones, “a nivel técnico”, prácticamente no afecta que la presidencia de la cumbre caiga sobre un país petrolero. El papel del anfitrión, precisa Andaluz, es el de “facilitar las discusiones y los debates entre países para alcanzar distintos acuerdos en función de su mandato”.

Así, la presidencia de una COP es una suerte de “moderador” de las discusiones, mientras que la delegación del país se encarga de poner sobre la mesa su postura, o la que su grupo negociador adopta en cada caso.

Donde Andaluz precisa que sí influye más el anfitrión de una cumbre es en la segunda semana, el “tramo político donde son los propios ministros los que proponen distintos temas, el nombrar facilitadores o cofacilitadores, que suelen ser de otros países muy distintos, para la gestión de precisamente ese acuerdo”.

La norma para la presidencia es que sean “lo más neutrales y asépticos posibles”, agrega este experto, pero señala que “la presencia tiene una potestad muy particular, que es que si detecta que hay un acuerdo o cree que puede desatascar, puede presentar documentos concretos, cosa que no pueden hacer individualmente los países”.

Y, “que aquí haya un país petrolero, que tiene intereses claros con el gas, hace que en esas propuestas, que a veces son muy fundamentales en los tramos finales de la cumbre, vayan mucho más del lado de los intereses posibles”, argumenta el ecologista, que aclara que en cualquier caso “no puede desbalancear mucho”.

Coincide con esta visión la experta en diplomacia climática Marta Torres-Gunfaus, directora del programa de clima en el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), con sede en París. “La presidencia de las COP tiene un papel, que es limitado, pero sí organiza la agenda, crea una dinámica para que las decisiones se tomen por consenso, etcétera; si no eres suficientemente ágil, esto se puede complicar y hace que las negociaciones sean más lentas y se alarguen”, señala Torres-Gunfaus.

Así, más que el enlace con los combustibles fósiles, esta especialista sostiene que tiene más importancia la capacidad organizativa del país anfitrión. “La responsabilidad de la ambición es más de los países que son mayores y tienen capacidad de estar empujando que de la presidencia”, añade.

Torres-Gunfaus apunta algo más: los países dependientes del petróleo y el gas, como han sido los últimos tres anfitriones de las cumbres, “representan un problema que tienen muchos otros” y que hay que encarar, dice, mediante “soluciones muy prácticas y muy reales”. El hecho de alojar allí una cumbre, dice, puede incluso centrar más el foco del asunto en los principales culpables del calentamiento global: los combustibles fósiles.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989 por el G-7 para luchar contra el blanqueo de capitales, retiró el pasado febrero de su lista gris a los Emiratos Árabes Unidos. Consideró entonces que el país del Golfo Pérsico había hecho “progresos significativos” en ese ámbito, incluidas mejoras en la capacidad para investigar y procesar a los infractores. Sin embargo, tras revelar OCCRP en su investigación Dubai Unlocked que delincuentes convictos, fugitivos y personas bajo sanción internacional poseen propiedades en Dubái, el GAFI tiene dudas.

“Pediremos cuentas a los Emiratos Árabes Unidos por las medidas que hayan tomado o dejado de tomar”, ha anunciado Raja Kumar, presidente del GAFI, al periódico noruego E24 que, como infoLibre, es miembro del consorcio de investigación OCCRP.

Los expertos del GAFI revisarán ahora las conclusiones de Dubai Unlocked, que tendrán en cuenta cuando evalúen de nuevo los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos para combatir el blanqueo de capitales. “Estudiarán la información pública disponible”, aseguró Raja Kumar. “La investigación que ha hecho OCCRP es información pública de la que dispondrán”, añadió.

Según desveló Dubai Unlocked, en manos de extranjeros había en 2022 un mínimo de 198.000 inmuebles residenciales, más unas 20.000 propiedades “sobre plano”. Entre ellas los inmuebles propiedad de 475 españoles, con un valor agregado de 232 millones de dólares –215 millones de euros–.

La investigación localizó en Dubái las cinco viviendas de Cándido Nsué Okomo, cuñado del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. Nsué Okomo alquila una de ellas a un narco bosnio.

También el inmueble de Massoud Zandi Goharrizi, un hispanoiraní en busca y captura por estafa desde 2022. Amigo de lo más granado de la élite empresarial y política española, está detrás del fiasco de Star Petroleum, una empresa con la que intentó dar un pelotazo con un yacimiento petrolífero en Sudán del Sur. O la de Jamal Satli, dueño de medio Málaga CF, imputado en Astapa, uno de los mayores casos de corrupción en la Costa del Sol. Y Antonio José Boluda, otro empresario acusado de estafa y alzamiento de bienes por la descapitalización de NMR 1926, el que fue el mayor operador de carbón del puerto de Gijón hasta 2021.

Dubai Unlocked también reveló cómo los agentes inmobiliarios del emirato animan a los clientes a pagar en efectivo cuando compran una propiedad y preguntan poco sobre el origen del dinero, en contra de las normas del GAFI. Un comportamiento, indica Kumar, que también se tendrá en cuenta en la próxima evaluación que hagan a la autocracia del Golfo. “Abogados, contables, proveedores de servicios a empresas, agentes inmobiliarios… todos ellos tienen que poner de su parte para garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, recalcó el presidente del GAFI.

En 2020, el GAFI instó a los Emiratos Árabes Unidos a “tomar medidas urgentes para detener eficazmente los flujos financieros delictivos que atrae”. Al considerar insatisfactorios sus esfuerzos en esa dirección, el organismo internacional incluyó al país dos años después en su lista gris, lo que supone un mayor seguimiento de las medidas adoptadas por los gobiernos para frenar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pero lo sacó de ese esquema de vigilancia este año, anunciando que el emirato había realizado “progresos significativos”, incluidas mejoras en la capacidad para investigar y procesar a los infractores.

La medida provocó la inmediata reacción de muchos países e instituciones críticos. Por ejemplo, algunos parlamentarios de la Unión Europea argumentaron que el país del Golfo sigue siendo un centro mundial de blanqueo de dinero.

La vicepresidenta del Partido Verde Europeo, la danesa Kira Marie Peter-Hansen, deja claro que Dubai Unlocked demuestra que tenían razón al estar preocupados. “Ahora podemos ver que nuestras críticas a la decisión del GAFI de retirar a los Emiratos de la lista de países de alto riesgo en delitos económicos, incluido el blanqueo de dinero, estaban plenamente justificadas”, declaró.

Tras la exclusión de Emiratos de la lista del GAFI, la Comisión Europea propuso retirar a la autocracia del Golfo de su propia lista de países de alto riesgo. Pero el Parlamento Europeo se opuso a la propuesta de la Comisión el 23 de abril en una resolución formal, que mencionaba su preocupación por los ciudadanos rusos sancionados que residen en Dubái.

El Observatorio Fiscal de la UE ha constatado que las inversiones rusas en propiedades residenciales de Dubái alcanzaron los 6.300 millones de dólares tras la invasión de Ucrania, una prueba de los “controles inadecuados o directamente inexistentes” de los Emiratos, según el eurodiputado conservador checo Luděk Niedermayer. “En las circunstancias actuales, me parece perfectamente justificado que los Emiratos sigan en esa lista”, zanjó.

“Dubai Unlocked demuestra que los Emiratos Árabes Unidos siguen teniendo grandes carencias a la hora de atajar los casos de blanqueo de capitales. Es bien sabido que el sector inmobiliario es uno de los más propensos al blanqueo de capitales y de los que más atención y diligencia debida requiere. Parece que Dubái ha hecho negocio mirando hacia otro lado”, asegura Markus Ferber (CSU), eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo (PPE) y miembro del subcomité de fiscalidad.

“Las recientes revelaciones [de Dubai Unlocked] también arrojan luz sobre la decisión del GAFI de retirar a los Emiratos de su lista de jurisdicciones sometidas a una mayor vigilancia. La investigación sugiere claramente que esta medida ha sido prematura. El GAFI haría bien en examinar muy de cerca si realmente todas las prácticas descubiertas por Dubai Unlocked han sido suficientemente abordadas por los Emiratos”.

Por su parte, un portavoz de la Comisión Europea indica que el Ejecutivo comunitario está “reflexionando actualmente sobre los posibles pasos siguientes tras la objeción del Parlamento Europeo [a la salid de Emiratos de la lista] y mantiene su compromiso de cumplir con su obligación de actualizar la lista de la UE tras las decisiones del GAFI”.

Suliman Baldo, director de la organización anticorrupción Sudan Transparency and Policy Tracker, advierte, además, de que el dinero blanqueado en Emiratos también alimenta los conflictos. “La retirada de los Emiratos Árabes Unidos de la lista gris del GAFI parece desconcertante, dadas las pruebas de que el contrabando de oro de África a Dubái se utiliza para financiar guerras civiles en Sudán y otros países subsaharianos”, denunció al OCCRP el pasado mes de marzo.

La revista Foreign Affairs publicó el pasado febrero que Dubái se había “convertido en punto de destino del oro extraído de las zonas controladas por las RSF”, las Fuerzas de Apoyo Rápido, uno de los grupos implicados en la guerra civil de Sudán. Según Naciones Unidas, han expulsado de sus hogares a unos 11 millones de personas desde abril de 2023. El GAFI era consciente de este problema en 2023 y señaló en un informe como uno de las actividades más peligrosas la de los comerciantes de metales preciosos.

En Noruega, los descubrimientos de Dubai Unlocked han tenido repercusiones directas. Norges Bank confirmó a E24 que el Fondo de Pensiones Global (Statens pensjonsfond utland), conocido también como el Fondo del Petróleo, posee acciones en Emaar, el mayor promotor inmobiliario de Dubái. Ese fondo soberano, que gestiona cerca de 17.000 millones de coronas noruegas –1.500 millones de euros– en nombre de los contribuyentes del país nórdico, se nutre de los ingresos del Gobierno de Oslo procedentes del petróleo y el gas.

A finales de 2023, el fondo de pensiones noruego poseía acciones de dos sociedades de Emaar: Emaar Properties y su filial Emaar Development. El valor de sus inversiones ascendía entonces a unos 4.000 millones de coronas noruegas –353 millones de euros–. El fondo financia a ambas empresas desde 2010 y 2017, respectivamente. En los últimos cinco años, el precio de las acciones de Emaar y su filial ha aumentado un 66% y un 89%.

En respuesta a las conclusiones de Dubai Unlocked, los Emiratos se limitaron a señalar a través de sus embajadas en el Reino Unido y Noruega que “se toman muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”.

Entre los delincuentes que han adquirido inmuebles a Emaar se encuentra la esposa del mafioso irlandés Daniel Kinahan y un blanqueador de la Camorra.

“Es demasiado pronto para decirlo, pero la información que surge de esta investigación es algo que nos tomamos muy en serio. Por tanto, hemos optado por compartir la información con el Consejo de Ética”, asegura la directora de Comunicación de Norges Bank, Marthe Skaar. El banco es el gestor del fondo. Y el Consejo de Ética, que es nombrado por el Ministerio de Finanzas, evalúa si una empresa puede ser excluida del fondo, en caso de que se detecte el riesgo de que contribuya a la comisión de delitos financieros graves u “otras violaciones particularmente graves de las normas éticas fundamentales”. Skaar también dice que la entidad hará “un seguimiento” de Emaar y su filial. Norges Bank, subraya, espera que las empresas en las que invierte cuenten con medidas claras para prevenir el blanqueo de capitales.

“Si los apartamentos se pagan con dinero que se origina en un delito, la persona que recibe el producto de la venta recibirá dinero del delito. El dinero no se blanquea al pasar por una empresa, que luego paga dividendos al fondo con dinero que se origina en el crimen”, advierte a E24 el profesor de Derecho de la Universidad de Bergen Jon Petter Rui. Es decir, el Fondo de Pensiones del Gobierno noruego puede haber estado ganando dinero con actividades delictivas durante años, beneficiándose de las inversiones en Emaar.

El promotor inmobiliario dubaití no contestó a las preguntas que E24 le formuló al respecto de sus mecanismos para controlar la procedencia del dinero con que se compran sus propiedades.

Pero Maíra Martini, del grupo de defensa Transparencia Internacional, se pregunta por qué las autoridades emiratíes no habían actuado antes de que OCCRP publicara la existencia de tal cantidad de delincuentes y corruptos en Dubái. “La mayoría de los casos descubiertos por los periodistas se basan en datos de los que disponen las autoridades de Emiratos”, apunta.

“Espero que [el GAFI] haga preguntas sobre los fallos de las autoridades emiratíes en estos casos”, concluye Martini.

Dubai Unlocked descubrió a decenas de delincuentes convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos de todo el mundo que residen en el emirato tras haber adquirido allí, sin ningún tipo de traba, carísimas propiedades. Entre ellos hay algunos españoles con cuentas judiciales pendientes. Los documentos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, que han servido de base para la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y del periódico financiero noruego E24, han permitido ahora localizar a otro ciudadano español bajo investigación judicial.

El empresario murciano Antonio José Boluda Sánchez puso en 2021 en concurso de acreedores Natural Mining Resources 1926 SL (NMR), una empresa que, tras convertirse en sólo dos años en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón, desapareció dejando un reguero de deudas de 190 millones de euros. En estos momentos, Boluda, oculto tras un vasto entramado societario que se extiende de Costa Rica a Dubái y la India, ha acumulado media docena de demandas en juzgados de Madrid y Asturias. Se le acusa de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. También se le atribuyen otros dos delitos, relacionados con el propio concurso, de estafa procesal y falsedad en documento mercantil. La Agencia Tributaria le imputa siete delitos contra la Hacienda Pública. Y cinco de sus clientes internacionales –dos empresas marroquíes, dos suizas y una búlgara– han acudido a tribunales de arbitraje en Suiza y Londres para cobrar.

Además, en 2020 y 2021 recibió 6,6 millones de euros públicos, en ocho avales del ICO para paliar los efectos del covid-19, según se puede comprobar en la base nacional de datos de subvenciones.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo, que ha acumulado los procedimientos del resto de los juzgados, recibió un informe de la Guardia Civil en la que se detallan las escuchas telefónicas practicadas a Boluda, a David Rodríguez Menéndez, quien figuraba como administrador único de MNR y fue su rostro visible en el tiempo en que operó en El Musel, así como a otros implicados. Los agentes elaboraron 16 oficios policiales entre julio de 2021 y octubre de 2022, de los que se desprende que ambos ocultaron información económica sensible a los auditores y presentaron a los acreedores datos financieros inexactos ya desde el preconcurso. También aseguran que ambos intentaron hacer perdurar las estructuras societarias y mantener el acceso a la financiación bancaria para su lucro personal, no para conseguir la viabilidad de la empresa. “Descapitalizaron” NMR “en su beneficio particular”, recalcan los investigadores en el informe, al que ha tenido acceso infoLibre.

Según los documentos inmobiliarios a los que ha tenido acceso infoLibre, una de las sociedades creadas por Antonio José Boluda, Obsidian Mining & Steel DMCC, consta como propietaria en 2022 de un apartamento de 307 metros cuadrados y tres habitaciones en The Royal Atlantis Resort & Residences, el edificio más vanguardista y lujoso de Dubái. El precio de la operación, firmada en mayo de ese año, fue de 4,5 millones de euros. Pero, dos años después, en los portales inmobiliarios del emirato se ofrecen apartamentos del mismo tamaño en The Royal Atlantis por el doble de esa cantidad.

Obsidian Mining & Steel DMCC fue registrada en abril de 2017 en el Dubai Multi Commodities Center, una de las Zonas Libres del emirato, donde no se pagan impuestos sobre la renta o los beneficios, no hay restricciones de ningún tipo para repatriar capitales y donde se permite a los extranjeros poseer el 100% de las sociedades. Ahora se llama Anchorage International DMCC. Como administrador figura Ahmed Salah Abdelshafy Mohamed Derbala, el mismo que aparece como responsable de Al Daksyd Metallurgies. Esta es una de las múltiples sociedades dubaitíes cuya propiedad atribuye la Guardia Civil a Antonio José Boluda.

En el emirato, Antonio José Boluda tiene o ha tenido registradas al menos media docena de sociedades, según puede comprobarse en los diferentes registros comerciales del emirato. Varias de ellas remiten al supuesto DSA Group suizo con el que NMR se presentó en Asturias para hacerse con las operaciones de carbón en El Musel y después para comprar la fábrica de amortiguadores Vauste: DSA Resources DMCC, DSA Enterprises DMCC y DSA Group DMCC. También figura como administrador de DSA Resources India Private Limited en Nueva Delhi. Según los registros comerciales españoles, DSA Resources DMCC era la propietaria de Graham Automotive SL y Graham Magnesium SL, que fueron utilizadas por Antonio José Boluda para comprar Vauste en noviembre de 2019. Sólo siete meses después de adquirirla, Vauste entró en concurso de acreedores, su plantilla terminó cobrando del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y entró en liquidación en julio de 2021.

Otras sociedades dubaitíes en las que Boluda figura como administrador son Origin Resources, que aparece con la misma dirección dubaití que Obsidian Mining & Steel, y The Khan Resources FZE.

infoLibre ha preguntado a Antonio José Boluda por el apartamento de Dubái, así como por su residencia fiscal y el estado actual de las demandas legales interpuestas contra él. A través de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada de Proton Mail, el empresario asegura que “cesó en sus funciones como director de Obsidian Mining & Steel en 2021”, y que se ha “desvinculado” de ella para dedicarse “a otras actividades del sector energético”. Dice que la vivienda nunca ha sido de su propiedad, sino de Obsidian Mining & Steel, de la que indica que es una “empresa con capital y socios emiratíes”.

Sin embargo, en los registros de Cedar Rose, una empresa de inteligencia empresarial especializada en Emiratos Árabes Unidos, Antonio José Boluda figura como administrador de Obsidian Mining & Steel al menos desde enero de 2022, cuatro meses antes de que adquiriera el apartamento en The Royal Atlantis. Desde julio de 2023 aparece también otro administrador, Rawda Hashem Abdulnoor Alajmani. Además, la dirección IP de Anchorage International, el nombre actual de Obsidian, es actualmente la misma que la de otras sociedades como Terranova Commodities, creada en noviembre de 2022 y con dirección en la misma oficina del centro empresarial de La Finca donde Boluda ha domiciliado buena parte de su enorme entramado societario. O como Mercurio Continental Limited, registrada en Londres en enero de 2022 y en la que Antonio José Boluda figura como director y socio mayoritario.

Pero hay otros datos que ligan al empresario murciano con Obsidian Mining & Steel más allá de 2021, cuando dice que cesó como director, y con el apartamento de Dubái. Según los documentos de Dubai Unlocked, el correo electrónico que Obsidian Mining & Steel facilitó en 2022 a una web inmobiliaria del emirato es uno de B26 Group, la marca comercial de NMR. Y la dirección de contacto que aún hoy figura en la página web de B26 Group es la misma del centro empresarial de La Finca donde Boluda tiene domiciliadas buena parte de sus sociedades.

Un indicio más aparece en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, que se prolongaron hasta octubre de 2022 cuando, a tenor de la respuesta del empresario murciano, ya se había “desvinculado” de Obsidian Mining & Steel. En una grabación de septiembre de ese año, Boluda y el entonces director financiero de NMR, Pedro Hernández Hoffman, hablan de Obsidian como si aún estuviera bajo su control. De hecho, se refieren a una propuesta de David Rodríguez Menéndez para repartirse las empresas: Boluda se queda con DKTK Energy y él con NMR, S & M Explotaciones Mineras y White Clay. Boluda rechaza enérgicamente la oferta y el director financiero habla de “darle DKTK Energy [otra empresa del grupo, propietaria de dos hipotecas sobre terrenos de Vauste] a Obsidian” [...] “pues el dinero de Vauste te lo vas a quedar tú [Boluda]”. “David firmó lo de Obsidian”, afirma Boluda, quien se niega a “regalar NMR” a su exsocio.

La Guardia Civil destaca en su informe que Antonio Boluda llegó a presumir en otra conversación de que tenía “60 millones en Dubái” e incluso de que estaba “en trámites de instaurar otra red de empresas destinada a reintroducir ese capital en España”. Los agentes también ponen en duda la existencia de los “supuestos dubaitíes” cuyas reclamaciones esgrimía una y otra vez el empresario murciano ante sus interlocutores. La Guardia Civil considera “curioso” que los mencione como acreedores cuando el propio Boluda actuaba como representante de la empresa dubaití en otras operaciones.

En las grabaciones realizadas por los agentes, Boluda reconoce que fue precisamente la ampliación de capital de NMR –en realidad, dos en un periodo de sólo seis meses entre 2019 y 2020– de 5,3 a 24,77 millones, lo que alertó a la Agencia Tributaria: la había suscrito otra de sus sociedades dubaitíes, RB Commodities.

Es más, el informe también revela que Boluda y Rodríguez Menéndez utilizaban testaferros. En concreto, la Guardia Civil ve indicios de blanqueo en algunas de las operaciones pergeñadas por ambos, a través de bienes que tenían “titulados en España mediante hombres de paja o directamente en el extranjero”.

La trabajada red societaria urdida por Antonio José Boluda se completa con compañías registradas en Chipre, Reino Unido y Costa Rica. La propiedad y la administración de muchas de ellas las comparte el empresario murciano con su mujer, Bianca de Vlas, e incluso con una de sus hijas, Kelly Boluda de Vlas, quien participó en 2002 en el concurso de talentos Popstars-Todo por un sueño, de Telecinco. Entre las decenas de sociedades que el matrimonio ha ido registrando –y cambiando de nombre a lo largo de los años– la mayoría comparten dos domicilios sociales. Como queda dicho, uno de ellos se ubica en el centro empresarial de La Finca, la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde acostumbran a residir, por ejemplo, los jugadores del Real Madrid, entre otros millonarios.

Pero el currículo de Boluda va más allá del interminable listado de sociedades que ha registrado en España y en otros dos continentes. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a él y a su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravado por la cuantía, los 3,3 millones de euros que habían robado a Banesto cuatro años antes utilizando otras dos sociedades: Alania Continental Group SL y Megacorp Metal SL. Firmaron con el banco un contrato Banesnet, por el que la entidad adelantaba las cuantías de los recibos emitidos por Alania Continental pese a que no obedecían a ”actividad empresarial alguna”. Por el contrario, dice la sentencia, la intención del matrimonio era “enriquecerse ilícitamente” tras no devolver el importe de los últimos 71 recibos. Boluda y su mujer aceptaron de conformidad la pena solicitada por el fiscal después de reintegrar el dinero al banco.

También falló en su contra la Audiencia Nacional en 2015, cuando dio la razón al Tribunal Económico Administrativo Central y a la Agencia Tributaria, que habían destapado otra operativa ilegal con dos nuevas sociedades, AB Worldwide Corporation SL y Multidynamic Corporation SL. Boluda, dice el tribunal, utilizaba la primera “para vaciar” a la segunda de su responsabilidad patrimonial por las deudas que había contraído. Multidynamic vendió inmuebles a AB Worldwide, por precio inferior al de mercado, para ocultarlos e impedir que fueran embargados por Hacienda. Ambas sociedades eran administradas por Boluda e incluso compartían domicilio social. Esa dirección, así como la propia vivienda de Antonio José Boluda y la de David Rodríguez Menéndez, fueron registradas cuando los dos socios y sus esposas fueron detenidos por la policía años después, en octubre de 2022.

Con estos antecedentes, Natural Mining Resources 1926 SL (NMR) irrumpió en 2018 en Asturias prometiendo millones en inversiones y 3.000 empleos. Sólo un par de años después se había convertido en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón. Pese a actuar en un sector tocado de muerte por las cada vez mayores exigencias medioambientales a la industria, en plena fase de descarbonización, NMR presumía en su web de una cifra de negocio de 139,1 millones de euros y 6,1 millones de beneficios en 2019 y de haber ingresado aún más en 2020: 295 millones, que le permitieron ganar nada menos que 46,6 millones de euros durante la pandemia.

Mientras, había comprado una empresa en estado de derribo, Vauste Spain, la fábrica asturiana de amortiguadores y componentes para el automóvil que antes se llamó Tenneco y antes aún Monroe. También había comenzado a explotar dos minas, una de antracita en Pilotuerto, y otra de arcilla en La Espina. La televisión pública asturiana, RTPA, le dedicaba reportajes resaltando sus logros. NMR, fundada sólo unos meses antes de pisar el puerto del Musel, incluso se convirtió en el patrocinador del Real Oviedo en agosto de 2020. Por medio millón de euros, los jugadores carbayones lucieron durante un año las siglas de la empresa en sus camisetas y el estadio pasó a llamarse NMR Carlos Tartiere.

Pero la historia de éxito comenzó a desinflarse enseguida. En junio de 2020, Vauste había entrado en concurso de acreedores y despedido a la mitad de sus trabajadores. Antes de acabar el año, NMR dejó de pagar a su escasa plantilla y a algunos proveedores.

En abril de 2021 NMR solicitó el preconcurso de acreedores y en noviembre, el concurso, con una deuda de 101 millones de euros. La aparición de nuevos acreedores la ha terminado elevando, tres años después, a 190 millones. Una buena parte de esa deuda, 50 millones de euros, son impagos a NMR de otras empresas de Boluda.

Detrás de Natural Mining Resources 1926 SL estaba Antonio José Boluda Sánchez, pero la cara visible de la empresa en Asturias era David Rodríguez Menéndez que, según publicó en su día la prensa local, había pasado de vigilante de seguridad en una mina a primer ejecutivo de la empresa de Boluda. También ha figurado como administrador y socio de un puñado de las sociedades de lo que podría llamarse grupo NMR: NMR Bunkering, NMR Minerals y NMR Maritime Services. Aunque la lista incluye unas cuantas más: NMR White Clay, NMR Energy 1977, NMR Steel & Solid Fuels, NMR Bulk Terminal…

Nacho Fuster, secretario general de Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y miembro del comité de empresa de Vauste, recuerda la visita de David Rodríguez y de Antonio José Boluda cuando el fondo alemán Quantum Partners les vendió la fábrica, en 2019. Antonio José Boluda era quien mandaba. Pidió expresamente reunirse con Fuster y le anunció que iba a ser necesario “reestructurar” la plantilla. En cambio, opina el sindicalista, Rodríguez Menéndez era un “xateru”, como se adjetiva en bable a una persona limitada en cuanto a palabra, forma y modales. “Entonces estaba aprendiendo inglés”, se sonríe Nacho Fuster.

En cualquier caso, el asturiano sigue apareciendo como administrador –y es el socio único desde octubre de 2023– de Natural Mining Resources 1926 SL, la operadora de carbón del Musel, sólo que desde el pasado febrero se llama Special Anthracites SL. Ahora se dedica únicamente a vender el carbón de la mina de Pilotuerto, situada en el concejo asturiano de Tineo. Tiene una página web, íntegramente en inglés, en la que se presenta como la única mina de antracita de Europa y presume sin rubor de etiquetas medioambientales: “Green Today, Sustainable Tomorrow” [Verde hoy, Sostenible mañana]. Ni David Rodríguez ni los responsables de la empresa han atendido a la solicitud de contacto de infoLibre.

La mina de Pilotuerto era explotada por otra sociedad de Boluda, S& M Explotaciones Mineras, que también solicitó el concurso de acreedores, en julio de 2022. Su único socio es Río Blanco Limited, domiciliada en Chipre. La Guardia Civil también la vincula con el murciano a través de la dubaití RB Commodities. El propietario de la mina era el conocido empresario leonés Victorino Alonso, que se la arrendó a NMR y pasó a engrosar la lista de acreedores del concurso con una deuda de 820.000 euros porque no se le abonaba el alquiler. Special Anthracites SL la explota ahora en calidad de propietario.

La ristra de impagos de NMR es larguísima. A Hacienda por el impuesto de sociedades, a la Autoridad Portuaria de Gijón, a las empresas estibadoras del puerto, incluso al Real Oviedo, que no recibió el medio millón comprometido por el patrocinio. Endesa Generación la demandó en 2021 por una venta de carbón excedente de sus centrales térmicas, en proceso de cierre. La empresa de Boluda no pagó la mercancía y la eléctrica lo acusó de estafa. La Fiscalía llegó a pedir cinco años de cárcel para los responsables de la empresa del Musel. Un portavoz de Endesa explica a infoLibre que el procedimiento fue archivado en 2023 porque el juez no consideró acreditada la falsedad documental y la estafa. Pero la compañía energética sigue personada en el concurso de acreedores.

En teoría, NMR había dado con una fórmula aparentemente lucrativa: importaba carbón ruso o kajazo, por ejemplo, que luego mezclaba con otro que se extraía de minas asturianas y con el excedente de las centrales térmicas que se estaban cerrando. Luego lo exportaba a centrales térmicas de Marruecos. Pero la mezcla de carbón de buena calidad con residuos de lavadero, que tienen más cenizas y menos poder calorífico, es más barata y sólo resulta rentable si la bajada de precio se compensa con un aumento del volumen de venta, explica a infoLibre el profesor de la Universidad de León José Camino Llerandi.

El resultado quedó lejos de ser el esperado. Dos empresas marroquíes, Safi Energy Company (Safiec) y la compañía pública de electricidad y agua ONEE no recibieron los cargamentos de carbón contratados con NMR y reclamaron indemnizaciones de 49,8 y 18 millones de euros, respectivamente. Tanto ellas como las empresas suizas MIR Trade AG y Telf AG, dos comercializadoras internacionales de materias primas, las que traían el carbón de Rusia y Kazajstán, tuvieron que acudir al Centro Suizo de Arbitraje y a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres para reclamar indemnizaciones a NMR por incumplimiento de contrato. Todos los laudos han sido favorables a las empresas suizas y marroquíes, y reconocidos por el juzgado español donde se dirimen las causas contra la empresa de Boluda.

El comercializador de carbón suizo Kaproben y el búlgaro Stone Sales CZ Ltd también presentaron en 2021 demandas contra NMR en sendos juzgados de Pozuelo de Alarcón: la primera por apropiación indebida y la segunda por estafa. Telf AG, que ya en su día llevó a NMR a los tribunales, acaba de interponer otra demanda contra la empresa pública EBHI (European Bulk Handling Installation), que gestiona la terminal de descarga de graneles del puerto de Gijón, y contra la consignataria Marítima del Principado. Telf AG intenta así recuperar las 160.000 toneladas de carbón –10 millones de euros– que vendió a NMR, pero que está nunca pagó y que desaparecieron de El Musel mientras supuestamente estaban en depósito de EBHI. La compañía suiza acusa a la sociedad pública de apropiación indebida y estafa, según adelantó el periódico Público. En concreto, responsabiliza a su directora general y al director de operaciones de EBHI.

Para los trabajadores de Vauste, la justicia no ha llegado a tiempo. El concurso de acreedores fue declarado culpable en octubre de 2023, cuando la empresa llevaba liquidada más de dos años. El pasado septiembre, un juzgado de lo Mercantil de Gijón adjudicó a un supermercado mayorista las parcelas donde se levanta la antigua fábrica de amortiguadores. Supercash ofreció 3,6 millones de euros por los 10.900 metros cuadrados de terreno. Las fincas estaban hipotecadas a favor de otra de las sociedades de Boluda y su esposa, NMR 1977 –luego DKTK Energy–, que había concedido a Vauste un préstamo de 2,25 millones de euros. Es decir, el empresario era al mismo tiempo prestamista y prestatario.

A día de hoy, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid sigue tramitando el concurso de acreedores de NMR como voluntario. La propuesta inicial de convenio fue rechazada por el juez, que está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso contra esa decisión presentada por NMR, según indica a infoLibre el administrador concursal, AC Ius Aequitas Administradores Concursales.

De Antonio José Boluda ya no queda apenas rastro en Gijón. Aunque Nacho Fuster aún recuerda las protestas de los vecinos por el ruido del helicóptero negro que solían utilizar tanto Boluda como David Rodríguez y que hacían aterrizar cerca de El Musel. O los enormes rusos que una vez le flanquearon la entrada en la caseta de obras que luego se convertiría en 336 metros cuadrados de oficinas, cuya propiedad ha revertido a la Autoridad Portuaria.

Una de las razones por las que Dubái se ha convertido en el resort favorito de decenas de fugitivos de la justicia internacional es el escaso interés que sus autoridades muestran en cumplir con las solicitudes de extradición de otros países. El pasado verano Francia tenía pendientes con el emirato 26 solicitudes de extradición de otros tantos delincuentes. La Fiscalía de los Países Bajos lleva al menos 13 casos de blanqueo y contra sospechosos escondidos en Dubái, según la fundación holandesa Investico –miembro de OCCRP–. Bélgica pide al emirato la entrega de otros 20 criminales, según el periódico belga De Tidj –también socio de OCCRP–.

España, por su parte, ha remitido a los Emiratos Árabes Unidos 60 comisiones rogatorias de carácter penal desde 2020. De ellas, 53 siguen pendientes de tramitación, según cifras oficiales obtenidas por infoLibre. En ese mismo periodo, los Emiratos sólo han enviado una solicitud a España. De carácter civil, las autoridades españolas han mandado siete comisiones rogatorias a la autocracia del Golfo, y ésas sí, han sido todas contestadas.

Entre las peticiones de extradición españolas destacan las de dos capos del supercártel detenidos en la Operación Desert Light, en octubre de 2022, y la de Alejandro Salgado Vega, conocido como El Tigre, capturado en agosto de ese año en el emirato y considerado el más importante narcotraficante español de cocaína del mundo. En estos momentos hay cuatro ciudadanos españoles encarcelados en Dubái.

Todas las solicitudes, no importa el país, se encuentran paralizadas por una mezcla letal de falta de voluntad y rigidez burocrática de la justicia emiratí. En julio de 2023, Países Bajos aprobó un tratado de extradición con los Emiratos. Bélgica lo firmó en diciembre de 2021. Francia, en 2018. Irlanda está negociándolo ahora. España tiene uno desde 2009, por tanto, no es precisamente una recién llegada a la cooperación judicial con los Emiratos. Pero los resultados siguen siendo decepcionantes para los europeos, pese a que los ministros de Justicia de casi todos los países antes citados han visitado el país del Golfo en el último año para intentar acabar con la renuencia de su sistema judicial a la entrega de criminales extranjeros.

El ministro belga, Paul van Tigchelt, voló a Abu Dabi el pasado mes de marzo e incluso habló con su homólogo emiratí de la incautación de las propiedades que tienen allí los delincuentes pendientes de extradición. “La cooperación en materia de confiscación es nueva. La Fiscalía [belga] las está pidiendo [las incautaciones], ya hemos identificado una serie de casos, aunque aún no hemos enviado solicitudes concretas de incautación. Pero están en camino”, aseguró Van Tigchelt a la revista belga Knack –socio de OCCRP–.

Desde junio de 2023, los Emiratos han extraditado a tres presuntos delincuentes: el capo albanés Franc Gergely, por ordenar desde Dubái el asesinato de un compatriota; el narcotraficante Nordin El Hajioui y un delincuente financiero al que, de momento, sólo se identifica como François D.

La referencia del ministro belga a la confiscación de propietarios no es baladí. Fran Gegerly figura como dueño registrado de al menos 10 inmuebles en el emirato, según los datos de Dubai Unlocked, una investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En el proyecto han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

De acuerdo con el análisis realizado por De Tidj y Knack, el valor de los ocho apartamentos y dos villas que el capo albanés afincado en Bélgica tenía a su nombre en Dubái suma 18 millones de euros. Una cifra a la que habría que añadir los 600.000 euros que Gegerly ingresó por alquilar algunos de esos inmuebles. Además, las propiedades fueron adquiridas sobre todo en 2020, el año del asesinato por encargo del que se acusa al albanés. Buena parte de ellas las ha ido vendiendo, con el consiguiente beneficio.

Los medios belgas de OCCRP también han localizado los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Otro tanto ocurre con los delincuentes reclamados por los Países Bajos. Jos Lejedkkers, a quien la Policía considera uno de los principales capos europeos de la cocaína, compró un apartamento de 164 metros cuadrados en la isla artificial Palm Jumeirah valorado en casi 650.000 euros.

Pero el pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái fue Raffaele Imperiale, un narcotraficante de la Camorra con negocios en Marbella que ya en 2013 abandonó Países Bajos para instalarse en el emirato. Como publica IrpiMedia –socio de OCCRP–, invirtió 30 millones de euros en comprar una isla artificial, llamada Taiwán y situada en un complejo aún en construcción conocido como The World. También encargó el diseño de 10 villas por valor de 20 millones de euros. Fue detenido en 2021 en una villa en Emirates Hills, donde residía desde un año antes.

Ciro Arianna y su hermano Giuseppe, dos empresarios investigados por la Fiscalía de Nápoles por contrabando de cigarrillos desde los Emiratos, fueron propietarios en Dubái igualmente. Poseían un piso de 143 metros en la Sunrise Bay Tower y otro en la Sport One Business Tower, respectivamente, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP.

A diferencia de otros narcos europeos, Imperiale fue extraditado a Italia rápidamente, sólo siete meses después de ser detenido, pero por utilizar un pasaporte falso. Italia, que tiene un tratado de extradición con los Emiratos desde 2019, había empezado a pedir la entrega de Imperiale en 2016. En 2017 fue condenado allí a 18 años de prisión. Es decir, desde la primera solicitud hasta su extradición habían pasado seis años. Entretanto, tres peticiones habían sido desatendidas, resalta Irpimedia.

No obstante, con los italianos Dubái ha sido bastante generoso. Poco después de Imperiale, entregó a Raffaele Mauriello, a quien se buscaba por asesinato; a Bruno Carbone, socio de Imperiale, y a Gaetano Vitagliano, tesorero de otro clan de la Camorra. También fue detenido en el emirato Ciro Guglielmo Filangieri, jefe del clan Giuliano.

Edin Gačanin, de origen bosnio pero con pasaporte holandés, entra en la categoría de supercapo y también reside en Dubái. Fue uno de los seis detenidos por Europol en la Operación Desert Light, en la que también participó la Guardia Civil. Lo reclama la justicia de los Países Bajos. Dubai Unlocked ha localizado el apartamento donde vivía uno de sus lugartenientes, Dženis Kadrić. Ex policía bosnio, de 36 años, se encargaba de la seguridad de Gačanin desde que dejó el cuerpo. Kadrić compartía apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo, con su esposa. El casero al que pagaban el alquiler, 133.800 euros en tres años, es un cuñado del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema.

Mientras, su jefe, Gačanin, fue condenado a siete años de prisión y al pago de una multa de un millón de euros por un tribunal de Rotterdam. Se le consideró responsable de un envío de cocaína a través de los puertos de Rotterdam y Hamburgo. El juicio se celebró en noviembre de 2023 y, según publicó entonces el diario holandés NRC, la sentencia se dictó con el pacto previo de la fiscalía y la defensa. Gačanin había declarado por teleconferencia desde Dubái.

Allí permanece en libertad, pendiente de extradición, desde que las autoridades dubaitíes le sacaron de la cárcel a los dos meses de ser detenido en Desert Light. Según el Gobierno emiratí, Países Bajos cursó la solicitud de entrega fuera de plazo, algo que los holandeses niegan.

También fue detenido en la misma operación de Europol y puesto en libertad a los pocos meses Zouhair Belkhair, cuyo rastro sí aparece en Dubai Unlocked: un apartamento de 168 metros cuadrados y cuatro millones de euros en The Residence, en Marina Gate, que ya no está a su nombre desde el año pasado. Lo tuvo alquilado en 2020, a razón de 3.130 euros al mes.

Otro de los capos del supercártel desmantelado por Europol es Hoesny Ajaray, reclamado por Bélgica y Francia. A su nombre figura un terreno de 900 metros cuadrados en La Mer Maisons, que compró por 1,57 millones de euros en 2021, presumiblemente para construir una villa.

También figura en la lista de Desert Light Ryan James Hale. Aunque británico, pertenece al clan irlandés de los Kinahan, una de las mayores bandas criminales de Europa. Christopher Kinahan y sus hijos Daniel y Christopher Junior llevan casi una década escondidos en Dubái. The Irish Times –otro miembro de OCCRP– ha identificado también las numerosas propiedades del clan irlandés en el emirato, desde una mansión de 2.238 metros cuadrados en Emirates Hills a nombre de la mujer de Christopher Senior –por la que pagó 6,05 millones de euros–, un apartamento de 300 metros en Elite Residences –893.588 euros– y otra villa en Parkway Vistas de seis dormitorios, hasta una oficina de 114 metros en una torre de 55 plantas en Jumeirah Lake.

La peculiaridad de los Kinahan es que han ido vendiendo los inmuebles durante los dos últimos años, desde que en abril de 2022 su nombre apareciera en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU, que ofrece una recompensa de 13,9 millones de euros por cualquier información sobre ellos. También han ido cerrando las sociedades que habían registrado en Dubái.

Ryan James Hale, que se dedicaba a blanquear el dinero negro de los Kinahan en la Costa del Sol, también es uno de los dos detenidos en Dubái cuya extradición pide España, junto con el panameño Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan. La UCO de la Guardia Civil bautizó como Operación Faukas a su participación en Desert Light. La Fiscalía de Marbella está tras la extradición del británico. La de Valencia, detrás de la del panameño, a quien se responsabiliza de un alijo introducido en el puerto de la capital levantina. Como el resto del supercártel, siguen en libertad en el emirato y con la extradición en el limbo judicial dubaití.

Además, España pide a Dubái la extradición de un tercer gran capo, no relacionado con Desert Light pero, como los citados más arriba, considerado igualmente un Objetivo de Alto Valor. La diferencia con los anteriores es que Alejandro Salgado Vega, El Tigre, ha permanecido más de un año en prisión. Le pilló la Policía dubaití consumiendo drogas en su propia casa, un delito duramente castigado por las leyes locales. Según ha confirmado su abogado en España, Javier Yagüe García, El Tigre salió de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Al tiempo, avanza por fin el procedimiento para extraditarle, aseguran a infoLibre fuentes judiciales. Aunque con los obstáculos que parecen ser la tónica habitual de la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, ahora han pedido que se les traduzcan los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición.

Se trata de las mismas maniobras dilatorias que Dubái empleó cuando Brasil le reclamó a Danilo Vunjao Santana Gouveia, acusado de blanqueo de capitales y fraude por una estafa piramidal masiva de bitcoins. Fue puesto en libertad porque los brasileños no enviaron al emirato los 10 volúmenes del sumario contra este empresario traducidos al árabe.

En el caso de Alejandro Salgado Vega, el juzgado español ni siquiera recibió una comunicación oficial de las autoridades dubaitíes comunicando su detención. Si en Algeciras se enteraron fue sólo porque se lo comunicó la Guardia Civil, aseguran las mismas fuentes.

“La cooperación judicial que nos presta Dubái es muy limitada, prácticamente inexistente”, resume a infoLibre un responsable gubernamental europeo con competencias en la materia. Pese a que España tiene con los Emiratos Árabes Unidos un convenio completo que incluye la asistencial judicial mutua, las extradiciones y el traslado de condenados y fue firmado hace ya 15 años, a la hora de aplicarlo “surgen 1.000 problemas”. “Siempre ponen pegas, te vuelven a pedir datos que ya les has dado, o resulta que no los habías pedido bien… te marean, no hay manera de conseguir una colaboración eficaz”, lamenta. Preguntado por la causa, concluye: “La contumacia hace entender que se trata de una falta real de voluntad por parte de Dubái”.

Además, el problema es común a todos los países europeos que, como Bélgica, Países Bajos y Suecia, por ejemplo, hacen frente en los últimos tiempos a una amenaza para ellos inédita: el crimen organizado. De hecho, la preocupación ya se ha manifestado en reuniones de los responsables gubernamentales en Bruselas. Dubái suele ser el único nombre concreto que se menciona cuando se discute sobre jurisdicciones no cooperativas. Las fuentes consultadas reclaman que la solución se busque a nivel político y a escala europea. “Que se afronte de modo global y se meta en la agenda de la UE”, urgen.

A preguntas de OCCP, las autoridades dubaíties responden que sostienen una “continua persecución de los delincuentes mundiales” y que trabajan “en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”. exponen que han firmado 45 tratados de asistencia mutua legal con otros tantos países. Según sus cifras, los Emiratos se han incautado de más de 1.362 millones de euros entre diciembre de 2021 y junio de 2023 en casos relacionados con el blanqueo de capitales, y han impuesto multas por blanqueo por importe de 29 millones de euros, además de incautarse de activos por valor de 233 millones.

Buena muestra del papel protagonista que Dubái ha alcanzado en el mapa mundial del crimen es el Centro de Inteligencia Criminal Antidroga (CICA), recién creado en España y que quiere funcionar como una plataforma de intercambio de información entre Europa y América para combatir el narcotráfico internacional. Financiado por la UE y dirigido por la Guardia Civil, en el CICA van a trabajar analistas de España, Portugal, seis países latinoamericanos –Colombia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Brasil y Panamá– y Dubái. La idea es atacar toda la estructura del narcotráfico, desde el origen de la droga, en América, y su destino, en Europa, hasta el emirato, “donde se encuentran los cabecillas”, explica el comandante Javier Valdenebro, jefe del grupo de Drogas de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil y coordinador del proyecto GDIN, del que forma parte el CICA. Ya están trabajando en unos 130 asuntos, asegura, aunque su objetivo no son los “resultados inmediatos” en forma de operaciones, sino hacer un “análisis estratégico para descubrir nuevas tendencias”.

La idea del CICA es que los analistas alternen estancias de cinco meses en España y cuatro meses en sus respectivos países. En febrero todos ellos habían enviado ya sus analistas… excepto Dubái. A finales del mes de abril, el delegado emiratí aún no había aterrizado en España.

¿Qué quiere el CICA de Dubái? “Nos interesan los fugitivos, los Objetivos de Alto Valor que se esconden allí, y el blanqueo de capitales, algo sobre lo que ya estamos trabajando”, indica el coordinador del proyecto. Según destaca, la colaboración con la policía del emirato es “buena” –“Hay buena predisposición”–, pero también “lenta”.

Trabajo no les va a faltar si no cambian las condiciones de las que aún disfrutan en Dubái criminales de toda clase. Hajli El Harraj, un español de origen marroquí al que se consideraba el jefe del cártel del Sur, no debió de tener muchas dudas cuando huyó de España en junio de 2022, justo cuando iba a ser detenido. Sólo hizo escala en Marruecos, estaba de camino a Dubái. Con él, sin embargo, las autoridades del emirato fueron expeditivas: lo detuvieron en octubre y lo extraditaron dos meses después.

Otro ejemplo. El cabecilla de la organización que se desmanteló en la Operación Jumita, en junio de 2021, había creado una red de empresas en Dubái para blanquear sus ganancias. Importaba cocaína a través del puerto de Algeciras, donde incluso tenía en nómina al jefe de Operaciones de la terminal de la naviera APM Maersk. El caso aún está en fase de instrucción y el juicio no se celebrará hasta por lo menos el mes de febrero de 2025, aunque antes el Tribunal de Justicia de la UE deberá resolver la cuestión prejudicial presentada por la defensa de los implicados sobre la legalidad de la desencriptación de sus conversaciones telefónicas.

Y una posible señal de alerta: Melanie, la mujer de Karim Bouyakhricham, el capo holandés de la Mocro Maffia, vive en Dubái, tal y como recuerda el auto de la Audiencia Provincial de Málaga que lo dejó en libertad el pasado mes de abril tras pagar una fianza de sólo 50.000 euros. Se encuentra en paradero desconocido y pesa sobre él una orden internacional de busca y captura.

1. ¿Qué es Dubai Unlocked?

Dubai Unlocked es una investigación internacional sobre los propietarios de inmuebles en Dubái. Con sus lujosos clubes de playa, tiendas de lujo y rascacielos ultramodernos, el emirato es conocido como el patio de recreo de los ricos y famosos del mundo.

Pero las laxas normativas que aplica también han convertido su mercado inmobiliario en un imán para otra clase de élites mundiales: delincuentes, fugitivos, políticos e individuos bajo sanción internacional que buscan esconder su dinero en el extranjero.

Dubai Unlocked, una colaboración en la que participan 74 medios de comunicación de todo el mundo, revela quién posee qué en el centro financiero más pujante de Oriente Próximo, y cómo el emirato ha abierto sus puertas a cientos de personas acusadas de todo tipo de delitos.

2. ¿En qué se diferencia Dubai Unlocked de otras investigaciones?

Dubái lleva años siendo señalado como uno de los principales destinos para blanquear capitales ilícitos, especialmente a través de su mercado inmobiliario. Mientras que otras investigaciones se han centrado en las propiedades de personas procedentes de regiones y países concretos, Dubai Unlocked es el primer proyecto de este tipo que analiza las propiedades en el emirato a escala mundial. También se basa en datos más actualizados, gracias a la filtración de un nuevo conjunto de registros de la propiedad, en gran parte de 2022 y 2020.

Los periodistas hemos identificado a decenas de propietarios de Dubái sobre los que creemos que es de interés público escribir, desde presuntos blanqueadores de dinero y capos de la droga hasta políticos acusados de corrupción y empresarios sancionados por financiar el terrorismo.

3. ¿Por qué Dubái es un centro de blanqueo de capitales?

Dubái no es la única ciudad donde se sabe que delincuentes y cleptócratas limpian su dinero en efectivo a través del sector inmobiliario. Pero los expertos afirman que tiene varios puntos de atracción, sobre todo para quienes huyen de las fuerzas de seguridad occidentales o de las sanciones internacionales.

Hasta hace poco, el emirato carecía de tratados de extradición con muchos países, lo que lo convertía en destino obligado para fugitivos de todo el mundo. Aunque en los últimos años las autoridades emiratíes han aumentado su cooperación con los gobiernos extranjeros, siguen siendo conocidas por su falta de coherencia en las respuestas que dan a las solicitudes de extradición.

Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades emiratíes utilizan a sospechosos de alto perfil como “moneda de cambio”. “Incluso si afirman que han detenido a personas o congelado sus activos, puede que sólo sea a efectos de comunicados de prensa”, asegura.

Algunos agentes inmobiliarios de Dubái también han cultivado la reputación de hacer preguntas mínimas sobre el origen de los fondos de sus clientes. Hasta 2022, los agentes inmobiliarios, brokers y abogados no estaban obligados a informar a las autoridades sobre grandes transacciones en efectivo o en criptomonedas.

Por último, el mercado inmobiliario dubaití es uno de los más dinámicos del mundo y ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión en su cambiante silueta urbana. Con el valor de la propiedad en alza, las inversiones inmobiliarias ofrecen una vía no sólo para blanquear fondos ilícitos, sino también para obtener beneficios adicionales.

“Las políticas del emirato tienen el efecto secundario de garantizar que los activos se revaloricen con el tiempo”, afirma Colin Powers, investigador principal y redactor jefe del Noria MENA Program, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro. 

Según los economistas de The EU Tax Observatory y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos filtrados, la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái tenía un valor estimado de 160.000 millones de dólares en 2022.

4. ¿De dónde proceden los datos inmobiliarios de Dubái?

Los registros inmobiliarios que constituyen el núcleo de este proyecto proceden de múltiples filtraciones de datos, en su mayoría del Departamento de Suelo de Dubái, así como de empresas de servicios públicos de titularidad estatal o municipal. En conjunto, los datos proporcionan una visión detallada de cientos de miles de propiedades en Dubái e información sobre su propiedad o uso, en gran parte a partir de 2020 y 2022.

Los datos fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Posteriormente se compartió con el medio financiero noruego E24 y con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre y que coordinó el proyecto de investigación con decenas de medios de comunicación de todo el mundo.

5. ¿Qué contienen los datos sobre la propiedad?

Los datos incluyen el sujeto de control de cada propiedad, así como otra información identificativa como su fecha de nacimiento, número de pasaporte y nacionalidad. En algunos casos, los datos recogían el nombre de los inquilinos en lugar de los propietarios.

Según los economistas del Observatorio Fiscal de la UE y del Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos filtrados, la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái tenía un valor estimado de 160.000 millones de dólares en 2022. Para este proyecto, optamos por destacar a unas 200 personas, entre presuntos delincuentes, fugitivos, políticos y personas bajo sanción internacional, que han sido propietarios de más de 1.000 inmuebles que encontramos en los datos y verificamos posteriormente.

6. ¿Cómo se han verificado estos datos? ¿Qué sabemos de ellos y qué no sabemos?

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad extranjera en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos filtrados, así como confirmando su condición de propietarios, utilizando registros oficiales e investigando en fuentes abiertas y otras filtraciones. Los periodistas sólo han incluido a personas en el proyecto si su identidad podía confirmarse de forma independiente a través de otras fuentes.

También se recurrió al registro de Dubái para averiguar si las personas que aparecían en los datos seguían siendo propietarias de los inmuebles.

En algunos casos, los reporteros no pudieron determinar la situación actual de la propiedad, por lo general porque se ha vendido recientemente. Entonces se hicieron esfuerzos adicionales para confirmar que la persona había sido propietaria del inmueble, por ejemplo cotejando la información de su pasaporte con una base de datos pública del gobierno sobre propietarios de inmuebles. 

En los casos en que los datos filtrados no dejaban claro si la persona había sido inquilina o propietaria de un inmueble, los periodistas también pudieron confirmar su propiedad comprobando los datos sobre alquileres, donde se puede confirmar si un inmueble ha sido alquilado alguna vez. En algunos casos también fue posible acceder a contratos de alquiler en los que figuraban los nombres o la nacionalidad de los propietarios. 

7. ¿Cómo eligieron los periodistas a quién investigar? ¿Qué pasa con la protección de la intimidad?

Los periodistas sólo han revelado los nombres de los propietarios de inmuebles en Dubái en casos de interés público. Esto incluye a los propietarios que han sido condenados o acusados de delitos, que se enfrentan a sanciones, o que son funcionarios públicos o sus asociados, incluidos los acusados de corrupción o quienes han mantenido sus propiedades ocultas al público.

Hemos optado por no escribir sobre celebridades u otros particulares que no cumplan estos criterios.

8. ¿Qué ha hecho Dubái para combatir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario?

En marzo de 2022, los Emiratos Árabes Unidos recibieron un duro golpe a su reputación cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de control mundial contra el blanqueo de capitales creado por el G8, los señaló por “deficiencias” en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La medida, que amenazaba con empañar la imagen de Dubái como centro financiero de primer orden, desencadenó un esfuerzo concertado de las autoridades emiratíes para endurecer la legislación y aumentar la cooperación con las fuerzas de seguridad extranjeras en materia de extradición.

Según las autoridades emiratiés, agentes inmobiliarios, brokers y proveedores de servicios a empresas han intensificado la notificación de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales se ha triplicado desde 2022.

Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los negocios realizados, y la obligación de informar de los agentes inmobiliarios sólo se aplica a las ventas, dejando los alquileres como un agujero negro.

Las autoridades dubaitíes –incluidos los ministerios de Interior, Economía y Justicia– y la Policía de Dubái no respondieron a las preguntas detalladas que sobre los hallazgos de la investigación les formuló OCCRP, pero las embajadas de los Emiratos Árabes Unidos en el Reino Unido y Noruega enviaron una breve respuesta a los periodistas, afirmando que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”.

“En su continua persecución de los delincuentes globales, los Emiratos Árabes Unidos trabajan en estrecha colaboración con socios internacionales para interrumpir y disuadir todas las formas de financiación ilelgal”, añade el comunicado. “Los Emiratos Árabes Unidos se comprometen a continuar estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”.

9. ¿Cuántos medios de comunicación participaron en Dubai Unlocked?

Periodistas de 74 medios de comunicación contribuyeron al proyecto. Junto con OCCRP y E24, son:

● Africa Uncensored

● Age y Sydney Morning Herald

● Al Jazeera

● AZDA TV

● Centro Bielorruso de Investigación (BIC)

● BIRD

● Buro Media

● Civilnet

● Context Investigative Reporting Project Rumanía

● Red de reportajes de investigación de Chipre

● DARAJ

● Dawn

● De Groene Amsterdammer

● De Tijd

● Delfi

● Der Spiegel

● Der Standard

● Diario Rombe

● Direkt36

● E24

● Economy Post

● El Universal

● Etilaat Roz

● Expresso

● Forbes

● Frontier Myanmar

● Frontstory.pl/Fundación de reporteros

● Proyecto de rendición de cuentas del Gobierno

● infoLibre

● inside story

● Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

● Investico

● investigace.cz

● Centro de investigación de Jan Kuciak

● Laboratorio de reportajes de investigación - IRL

● Irish Times

● IrpiMedia

● iStories

● Knack

● Centro coreano para el periodismo de investigación (KCIJ) - Newstapa

● KRIK

● Le Monde

● Le Soir

● Lighthouse Reports

● Malaysiakini

● Malta Today

● Mikroskop Media

● NIRIJ

● Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción

● Oštro

● paper trail media

● Rappler

● Reporter.lu

● Esquemas, proyecto de investigación del servicio ucraniano de RFE/RL

● Shomrim

● Siena

● SIRAJ

● Slidstvo.Info

● Straits Times

● SVT

● Tempo

● The Age

● The Confluence Media

● The News International Pakistan

● The Nikkei

● The Sydney Morning Herald

● The Times

● Times of Malta

● Twala

● VG

● Vlast

● Yle

● Zamaneh Media

● ZDF

Desde el piso 37 del rascacielos más alto de Dubái, la esposa de un presunto miembro de un cártel bosnio de la droga publicaba en TikTok un vídeo tras otro del elegante apartamento de alquiler de la pareja, en el que a menudo aparecía su gato gris. Las imágenes proporcionaban pistas suficientes para identificar la ubicación exacta del apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo; también revelaron el dato de que la vivienda pertenecía a otro individuo en el punto de mira de la policía: Cándido Nsué Okomo, ex director general de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial, que está siendo investigado por blanqueo de capitales en España. Okomo es cuñado del presidente Teodoro Obiang Nguema, a cuya familia la Fiscalía francesa acusa de saquear los recursos públicos del país africano, que dependen en gran medida de los ingresos del petróleo.

No está claro si el inquilino, Dženis Kadrić, conocía las presuntas fechorías de su casero Okomo y viceversa. Pero su coincidencia en un contrato de alquiler es un emblema del moderno Dubái, donde el secretismo y años de políticas indulgentes han llenado sus registros inmobiliarios de propietarios de dudosa reputación.

James Henry, profesor de Justicia Global en la Universidad de Yale y experto en paraísos fiscales, compara los Emiratos Árabes Unidos, la federación de siete emiratos que incluye a Dubái, con “la escena del bar de La guerra de las galaxias”. La cantina de Mos Eisley donde Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi conocen a Han Solo y Chewbacca entre piratas, contrabandistas y sicarios.

“Entras y ves a los cleptócratas, a la izquierda a los oligarcas, en medio a los blanqueadores de dinero y al fondo a los brokers rusos de materias primas que lo utilizan para eludir las sanciones [por la guerra de Ucrania]”, describe Henry. “Todos ellos se benefician del secreto financiero”.

En el caso del altísimo piso de Okomo, los periodistas de KRIK, socio serbio de OCCRP, emplearon primero vídeos de TikTok para vincular el apartamento con el presunto miembro del cártel de los Balcanes, un expolicía que fue detenido en Bosnia en febrero por pertenencia a una banda organizada, contrabando de drogas y blanqueo de dinero. Fue puesto en libertad en mayo, pero sigue bajo investigación. Los especialistas en geolocalización del medio de investigación Bellingcat usaron después los vídeos para identificar el apartamento concreto. La propiedad de Okomo fue confirmada por un contrato de alquiler de 2023 y su aparición en una filtración de datos inmobiliarios.

Okomo no es el único propietario acusado de delincuencia que los periodistas han encontrado en esa filtración: tras una investigación de seis meses dirigida por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre, y el medio financiero noruego E24, descubrieron al menos decenas delincuentes convictos, fugitivos, figuras políticas acusadas de corrupción y personas bajo sanción internacional que han sido propietarias de al menos un bien inmueble en Dubái. Aquí puede consultar la lista de los más destacados.

Por ejemplo, no muy lejos de la propiedad de Okomo en Burj Khalifa se encuentra un apartamento en el Hotel Burj Lakel que pertenece a Shwan Mohammad Almulla, un británico nacido en Irak que fue acusado en Estados Unidos en 2021 por una trama de sobornos para obtener millones en contratos de reconstrucción en ese país árabe.

Costa abajo, en las Grandeur Residences, un edificio situado en Palm Jumeirah, el famoso archipiélago artificial con forma de palmera, se encuentra el apartamento del holandés Joseph Johannes Leijdekkers, de 32 años, también conocido como Chubby Jos, que figura en la lista de los más buscados de la Unión Europea por tráfico de estupefacientes.

Y en la cercana Palm Tower tiene su piso Danilo Vunjao Santana Gouveia, un empresario brasileño conocido como Dubaiano. Acusado de blanqueo de capitales y fraude por dirigir presuntamente una estafa piramidal masiva de bitcoins en su país de origen, desde entonces ha emprendido una carrera como músico en Dubái, que detalla en una cuenta de Instagram con fotografías donde posa en varios lugares de la ciudad, incluido el rascacielos con forma de vela Burj Al Arab Jumeirah.

Estos y otros muchos propietarios verificados por OCCRP y sus socios deberían haber hecho saltar inmediatamente las alarmas en la evaluación básica de riesgos de cualquier empresa. Sin embargo, parece que a ninguno de ellos se le impidió comprar propiedades a su nombre. Ni Kadrić, ni Okomo, ni Almulla ni Leijdekkers ni Santana Gouveia han respondido a las preguntas que les ha hecho OCCRP al respecto.

Los datos filtrados, que son principalmente de 2022 y 2020, fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin fines de lucro de Washington DC, que investiga el crimen y los conflictos internacionales. A continuación, se compartieron con el medio financiero noruego E24 y con OCCRP, que coordinó Dubai Unlocked, un proyecto de investigación en el que participan periodistas de 74 medios de comunicación de 58 países.

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad inmobiliaria en manos extranjeras en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos, así como confirmando su condición de propietarios, utilizando registros oficiales e investigando en fuentes abiertas y en otras filtraciones.

Desde traficantes de cocaína australianos hasta familiares de dictadores africanos y financieros de Hezbolá sancionados, los resultados revelan cómo el emirato ha abierto sus brazos a personajes sin escrúpulos de todo el mundo. “Corruptos y personas políticamente expuestas que evitan la rendición pública de cuentas utilizan jurisdicciones secretas como los Emiratos Árabes Unidos para ocultar activos a plena vista”, denuncia Maria Giuditta Borselli, gestora de carteras de C4ADS.

Las autoridades dubaitíes –incluidos los ministerios de Interior, Economía y Justicia– y la Policía de Dubái no han respondido a las preguntas detalladas que les ha formulado OCCRP, pero las embajadas del emirato en el Reino Unido y Noruega han enviado una breve respuesta, asegurando que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”. Aseguran que sostienen una “continua persecución de los delincuentes mundiales” y que trabajan “en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”. “Los Emiratos”, añaden, “se comprometen a continuar estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”. 

Hace 40 años, Dubái era un enclave anodino de Oriente Próximo, donde una tormenta de arena podía atravesar casi sin obstáculos desde el desierto de Arabia hasta el Golfo Pérsico. Hoy es un centro financiero mundial que presume de contar con una de las siluetas urbanas más reconocibles del mundo: una jungla de acero futurista donde empresarios y altos ejecutivos hacen negocios por valor de miles de millones de dólares, influencers alardean de una existencia envuelta en lujo y Tom Cruise escala Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, para la cuarta entrega de Misión imposible.

El emirato no es ni mucho menos el único lugar en el que delincuentes y personas políticamente expuestas (PEP) esconden su riqueza en propiedades de lujo. Los inmuebles de Nueva York y Londres también son conocidos por atraer dinero negro. Pero los expertos afirman que Dubái tiene mucho que ofrecer, y no sólo por su amplia gama de rascacielos y villas de lujo.

Según los economistas de The EU Tax Observatory y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos de Dubai Unlocked, el valor de la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái ascendía a 160.000 millones de dólares en 2022.

Otro factor de atracción, destacan los expertos, son las respuestas incoherentes que da el emirato a las peticiones de ayuda de las autoridades extranjeras para detener y extraditar a fugitivos.

Hasta hace poco, los Emiratos Árabes Unidos carecían de tratados de extradición con muchos países –no así con España, que firmó un convenio de asistencia judicial mutua en materia penal en 2009–, lo que convertía a Dubái en un imán para fugitivos de todo el mundo. Aunque en los últimos años las autoridades emiratíes han aumentado su cooperación con las fuerzas de seguridad extranjeras, el Gobierno de Dubái sigue siendo conocido por sus ambiguas respuestas a las solicitudes de extradición.

Los hermanos Gupta, nacidos en la India y acusados de saquear los fondos públicos de Sudáfrica por sus estrechos vínculos con el expresidente del país Jacob Zuma , son un ejemplo reciente. A pesar de que existe un tratado de extradición entre ambas naciones, el año pasado los Emiratos desestimaron discretamente la solicitud de Sudáfrica de extraditar a Atul y Rajesh Gupta, imputados por blanqueo de dinero y fraude. La decisión causó indignación Sudáfrica, donde las autoridades han declarado que los Emiratos no han dado “respuestas satisfactorias” sobre los motivos de la denegación.

Las autoridades dubaitíes no han contestado a las preguntas específicas que OCCRP les ha enviado sobre los Gupta, pero reafirman sus esfuerzos contra “todas las formas de financiación ilegal”. Los Gupta y Zuma tampoco han respondido a las solicitudes de comentarios cursadas por el consorcio de medios.

Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades emiratíes utilizan a fugitivos de alto perfil como “moneda de cambio”. “La existencia de acuerdos de extradición entre naciones no es necesariamente clave para que las personas sean extraditadas o no”, explica. “Lo que importa es lo que Dubái quiera a cambio y si esa nación tiene algo que desee lo suficiente como para hacer un trueque”.

Al ser preguntado por la trayectoria del país en materia de extradiciones, Sauod Abdulaziz Almutawa, jefe del Centro de Delitos Financieros de la Policía de Dubái, destaca los recientes arrestos de individuos con notificaciones rojas, emitidas por Interpol, y asegura que las solicitudes de extradición, que deben pasar por los tribunales locales, tardan más en tramitarse, y a menudo tienen que enfrentarse a despachos de abogados con mucho dinero.

“Estamos aumentando nuestra capacidad, incrementando y desarrollando nuestros recursos [...] para satisfacer las expectativas de nuestros homólogos extranjeros”, añadió en una entrevista concedida a la televisión pública sueca SVT el pasado marzo.

En los últimos años, las autoridades emiratíes han endurecido las leyes contra el blanqueo de capitales, sobre todo desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de vigilancia contra el blanqueo de capitales del G8, incluyera en 2022 a Emiratos en su lista gris por no combatir eficazmente los flujos de dinero ilícito. El Gobierno emiratí, que supuestamente había presionado para salir de la lista, recibió una buena noticia el pasado mes de febrero: el GAFI reconocía los “significativos progresos” de Emiratos y los eximía de la vigilancia adicional.

Pero algunos expertos advierten de que la medida es prematura o está motivada por razones geopolíticas. “Las recientes reformas del código penal y del sistema judicial pueden haber bastado para sacar a Dubái de la lista gris del GAFI este invierno, pero no han modificado sustancialmente la naturaleza del mercado inmobiliario”, afirma Colin Powers, investigador y redactor jefe del Noria MENA Program, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro.

“Las reformas no cambian lo que hace que el mercado inmobiliario sea tan atractivo para almacenar riqueza”, apunta, resaltando la facilidad que tienen los compradores para ocultar su propiedad tras fideicomisos, sociedades de cartera y fundaciones.

Una consulta realizada de forma encubierta en marzo a un agente inmobiliario de la empresa líder del sector en Dubái, Damac, sugiere que todavía hay comerciales dispuestos a mirar hacia otro lado cuando se trata del origen de los fondos de sus clientes. Durante una visita a una propiedad de Damac, uno de ellos dijo a los reporteros de la televisión sueca SVT que podían comprar el piso con “bolsas de dinero en efectivo” o con criptomonedas y no se les haría “ninguna pregunta” sobre el origen de sus fondos.

“Tratándose de propiedades, no te van a preguntar desde ningún departamento... especialmente el propio promotor”, aseguraba el agente inmobiliario. “Cualquiera que quiera comprar puede hacerlo”, resumió. También describió cómo, comprando inmuebles al contado, los clientes evitan las preguntas de los bancos sobre el origen de su dinero. “Si vendes la propiedad y luego transfieres todo el importe a la cuenta bancaria, entonces no hay problema, no te van a preguntar de dónde traes el dinero en efectivo para comprar la propiedad y luego ponerlo en el banco”, detalló el comercial.

Consultado más tarde, un representante de Damac respondió que la empresa comprueba los antecedentes de sus clientes y que no es su política recomendar a los clientes que compren en efectivo. “Si su reportero encubierto hubiera seguido adelante en el proceso de venta más allá del mero primer encuentro con un comercial, habría sido testigo del escrutinio y las medidas reforzadas que aplicamos a las transacciones que activan las alertas rojas”, declaró el portavoz Damac, añadiendo que se investigarían las declaraciones del agente.

Cuando se le informó de la conversación con el comercial, el jefe de la unidad policial de lucha contra el blanqueo de capitales, Sauod Abdulaziz Almutawa, mantuvo que el emirato tiene una “tolerancia de riesgo cero ante el incumplimiento [normativo]” y que toma medidas contra quienes hacen la “vista gorda” ante el delito. “Dubái no es un refugio seguro para los fondos ilícitos de los delincuentes. Dubái es un refugio seguro para el comercio legal, para personas honradas que trabajan duro y se han ganado lo que tienen de otra manera”, añadió.

Según las autoridades emiratíes, agentes inmobiliarios, brokers y proveedores de servicios a empresas han intensificado la notificación de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales se ha triplicado desde 2022. Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los negocios realizados, y la obligación de información para los agentes inmobiliarios actualmente sólo se aplica a las ventas, dejando los alquileres como un agujero negro. 

Melissa Sequeira, responsable de atención al cliente de Themis, una empresa con sede en el Reino Unido y Emiratos que ayuda a sus clientes a gestionar los riesgos de la delincuencia financiera, elogia el endurecimiento de la ley en Dubái y el aumento de las inspecciones a los agentes inmobiliarios en los últimos años. Pero señala que el cambio sobre el terreno es aún un trabajo en curso, sobre todo entre las empresas más pequeñas con recursos limitados, en un sector en el que hace sólo unos años “se podía comprar una propiedad sólo con el pasaporte”. El objetivo es cambiar el “tono de los altos directivos, que están más centrados en los beneficios que en frenar las repercusiones financieras globales y negativas de la delincuencia”, aclara Sequeira.

Jodi Vittori, profesora de la Universidad de Georgetown que estudia la corrupción y la financiación ilegal, sugiere que la actual guerra en Oriente Próximo puede ser un factor a tener en cuenta en lo que respecta a la salida de los Emiratos de la lista gris del GAFI. Dado que Estados Unidos espera que los Emiratos y otros aliados de la zona le ayuden en la ingente tarea de reconstruir Gaza, podría considerarse insostenible canalizar su financiación a través de un país señalado por el GAFI.

“La complicidad de los Emiratos en la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada socava los esfuerzos occidentales para luchar contra todo tipo de delitos, desde el tráfico de fentanilo hasta la trata de seres humanos y los flujos financieros ilegales”, indica Vittori. “Pero será difícil para los gobiernos occidentales”, advierte, “pedir a los Emiratos que reconstruyan Gaza y al mismo tiempo presionar al GAFI para que vuelva a incluirlos en su lista gris de blanqueo de dinero o los sancione de alguna otra manera”.

OCCRP ha enviado a las autoridades dubaitíes una batería de preguntas sobre los mecanismos de control que aplican para luchar contra el blanqueo de dinero, así como sobre la colaboración judicial que prestan a otros países en la persecución de delincuentes internacionales. También se les ha preguntado sobre los propietarios de inmuebles en búsqueda y captura. A través de su Embajada en Oslo, ponen en valor sus acciones contra el blanqueo de capitales, mencionando su Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y el Terrorismo (EO AMLCTF), que se dedica a organizar sesiones de divulgación –dice que 40– para profesionales del sector privado.

También exponen que han firmado 45 tratados de asistencia mutua legal con otros tantos países. Según sus cifras, los Emiratos se han incautado de más de 5.400 millones de dírhams –1.362 millones de euros– entre diciembre de 2021 y junio de 2023 en casos relacionados con el blanqueo de capitales, lo que les lleva a asegurar que esa cifra se encuentra entre los más altas del mundo, en términos generales y relativos, en comparación con los ingresos obtenidos de esas actividades delictivas. Y enumeran las multas que han impuesto por blanqueo, un total de 115 millones de dírhams –29 millones de euros–, tanto el Banco Central de Emiratos como el Ministerio de Economía, así como las incautaciones de activos por valor de más de 925 millones de dírhams –233 millones de euros–. Esas multas, añaden, incluyen a instituciones financieras.

El interés de Abu Dabi para adquirir el 100% de Naturgy ha supuesto un golpe en la mesa en el sector energético español. Tras dos jornadas de especulaciones, el miércoles el grupo emiratí Taqa anunció su intención de hacerse con la totalidad de la principal gasista española y Naturgy reconoció que mantienen conversaciones sobre esta cuestión, que supondría poner en manos de capital extranjero no solo el suministro de gas y electricidad de millones de hogares, sino de infraestructura estratégica del país. La compañía dirigida por Francisco Reynés controló en 2022 el 52% del gas natural que entró en España por tubería y el 29% del que se importó mediante barcos.

La antigua Gas Natural Fenosa es de lejos la principal gasista de España. Tiene 2,01 millones de contratos de gas con hogares y empresas, y cuenta con otros 1,58 millones de clientes con tarifa de último recurso de gas, la regulada por el Gobierno, y juntos suman el 45% de la cuota de mercado. En el sector eléctrico es el tercer actor tras Iberdrola y Endesa, con 4,4 millones de suministros entre libres y regulados, el 14,5% del total del mercado, según la CNMC. En total, Naturgy produjo en 2023 el 10,4% de la electricidad generada en España y vendió el 20,7% del gas que se consumió en el país, según la información publicada en sus cuentas anuales. 

Además de dominar las ventas minoristas, también es uno de los grandes generadores de electricidad y el mayor importador de gas natural del país, por lo que controla un recurso clave para el futuro de la economía. Es dueña de más de una decena de centrales de ciclo combinado, tiene participaciones minoritarias en dos de las cinco centrales nucleares del país, opera nueve centrales hidroeléctricas y cada año aumenta su cartera solar y eólica. En España también controla 57.000 kilómetros de tuberías de gas y 115.000 kilómetros de redes eléctricas.

Ante este panorama, el Gobierno ya ha adelantado que tomará partido en la operación, si se produce, ya que considera a Naturgy una empresa estratégica para el futuro del país. Antonio Canyora, profesor de la Universidad Pontificia Comillas y antiguo director de Unión Fenosa, opina que la gasista "es un elemento central del suministro de gas en España", puesto que domina tanto el sector regulado como el libre, y fue la artífice de la red de gas ciudad durante el siglo pasado. Sobre las posibles trabas a la compra-venta de la compañía, Canyora cree que lo más complicado vendrá por su implicación en la infraestructura gasista del país y su relación con la CNMC. "Las tarifas y peajes de la parte regulada son impuestas desde fuera, pero es que además tiene una gran implicación en el desarrollo de la red. Si entra un nuevo accionariado tendrá que decidir cuánto invertir en un momento en el que se necesita ampliar la red gasista", afirma el experto.

La división internacional de la compañía tiene incluso más valor que su cartera de clientes en España, ya que Naturgy cuenta con acuerdos comerciales para adquirir gas natural a largo plazo con al menos seis países. Su principal socio histórico es Argelia, con quien comparte la titularidad del gasoducto Medgaz por el que llega gas a Almería, unos 5.000 millones de metros cúbicos al año. También tiene pactada la compra de gas licuado mediante barcos para las próximas décadas con Estados Unidos, Rusia, Trinidad y Tobago, Nigeria y Omán, con los que introduce unos 15.000 millones de metros cúbicos de gas al año, según la organización internacional de países importadores de gas natural licuado.

Daniel Stemler, reportero de Energy Intelligence afincado en Madrid, explica la energética con sede en Madrid es también una potencia europea y tiene la cuarta mayor cartera de comercio de gas licuado de la Unión Europea, tras Shell, TotalEnergies y BP. "Es curioso porque la prensa europea apenas habla de Naturgy, pero es sin duda uno de los grandes actores del mercado", afirma. El experto también se sorprende de que entre las empresas emiratíes, sea Taqa la que trate de entrar en Naturgy, ya que siendo un país exportador de gas, esta empresa se dedica fundamentalmente a la energía limpia. "Es llamativo porque Taqa no tiene prácticamente negocio de gas natural licuado (GNL), sino que está más involucrada en proyectos renovables en Estados Unidos y Emiratos Árabes. Puede que sea su manera de entrar en el negocio del gas, pero en si hablamos de empresas emiratíes tendría más sentido una inversión de Adnoc [la mayor petrolera y gasista de ese país]", añade Stemler.

El acuerdo de Naturgy con Rusia, que finaliza en 2038, ha provocado reiterados roces de la gasista con el Gobierno. Tras la invasión de Ucrania, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido en varias ocasiones a las energéticas españolas que rompan lazos con las compañías rusas, en clara alusión a Naturgy, pero durante la presentación de resultados de 2022, Reynés ya dejó claro que su contrato con el consorcio ruso Yamal LNG se ejecutará hasta el final. "Naturgy es una compañía que cumple con sus compromisos y los lleva a término hasta las últimas consecuencias. Obviamente, si hubiera un motivo justificado para romper el contrato lo haríamos, pero a día de hoy no lo hay", señaló en febrero de 2023. El Gobierno maniobró también 2020 para frenar la división de Naturgy en dos empresas, una con el negocio regulado del gas y la luz, y otra con los liberalizados. En 2021 volvió a intervenir para obligar al fondo australiano IFM a garantizar las inversiones renovables en Naturgy a cambio de entrar en su accionariado, como después ocurrió, con el 15% actual.

Las conversaciones anunciadas este miércoles deberán contar de nuevo con el visto bueno del Gobierno, que ya ha manifestado en casos como el de Telefónica o con la propia ley antiopas su intención de proteger sectores estratégicos. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, adelantó este miércoles que el Ejecutivo espera que el capital que entre en la compañía "sea claro, transparente y a ser posible español", cerrando la puerta a la entrada de los emiratíes. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, añadió después desde Washington que España tiene "los instrumentos normativos necesarios para proteger nuestros intereses estratégicos", dando a entender que podría interponerse en la operación mediante la exigencia a Taqa de cumplir con determinados objetivos. "A veces, esta protección conlleva la entrada del Estado en la participación, como es el caso, por ejemplo, de Telefónica. Pero, por ejemplo, en el caso de Orange y MásMóvil, lo que conllevó es una serie de requisitos para que se mantengan las inversiones y el mantenimiento también del empleo en España", añadió Cuerpo.

Por su parte, el grupo energético Taqa envió este miércoles un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), confirmando que mantiene conversaciones con Criteria, el brazo industrial del banco La Caixa y máximo accionista de Naturgy. También confirmó que está en contacto con los fondos CVC y GIP, segundo y tercer accionista de Naturgy, para hacerse con sus participaciones. Estos dos últimos cuentan cada uno con más del 20% de las acciones de la gasista, y como confirmó Taqa en su escrito a la CNMV, "si dicha adquisición se produjera, debería formularse una oferta pública de adquisición por la totalidad del capital de Naturgy", ya que la normativa obliga a adquirir el 100% de una cotizada si se pretende comprar más de un 30% de la compañía.

En los últimos meses también ha habido otros acercamientos de compañías de Oriente Próximo a energéticas europeas. La semana pasada trascendió que Adnoc, la mayor petrolera de Abu Dabi, barajó comprar total o parcialmente la británica BP, la mayor empresa del sector en el continente. Aramco, la mayor petrolera del mundo afincada en Arabia Saudí, también se disputa con Shell la compra de Pavilion Energy, que tiene oficinas en Madrid tras adquirir en 2019 la cartera de gas natural licuado de Iberdrola, y está presente en otros países de Europa.

La Justicia rodea a los espías de Emiratos Árabes Unidos. Según informaciones de la agencia AFP, Mediapart y la radio televisión suiza RTS, fiscales franceses y suizos han abierto tres investigaciones judiciales contra la agencia de inteligencia privada Alp Services, con sede en Ginebra, sospechosa de llevar a cabo operaciones clandestinas en Europa por cuenta de los servicios secretos de los Emiratos.

Estos procedimientos judiciales, que se refieren en particular a una supuesta elaboración de perfiles ilegal, espionaje por cuenta de una potencia extranjera, difamación y blanqueo de dinero, se basan en las revelaciones de los Abu Dhabi Secrets, publicadas entre marzo y julio de 2023 por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, gracias a miles de documentos filtrados de Alp Services y obtenidos por Mediapart, socio de EIC al igual que RTS.

A las denuncias en Francia y Suiza se añaden otras dos en Estados Unidos, una contra Alp Services y el profesor de la Universidad George Washington Lorenzo Vidino y otra contra el mismísimo Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

A cambio de al menos 5,7 millones de euros, la empresa suiza desplegó durante años todos sus recursos para perjudicar a los enemigos de los Emiratos, en concreto Qatar y los Hermanos Musulmanes: investigaciones dirigidas contra el Elíseo y la Unión Europea, operaciones de influencia y campañas de desprestigio mediante artículos falsos y la manipulación de ciertos medios de comunicación, donde Alp disponía de una red de periodistas a sueldo. En España, fue Okdiario el medio que publicó hasta seis reportajes escritos por la agencia de detectives suiza.

Las investigaciones judiciales apuntan personalmente al emblemático y controvertido jefe de Alp Services, Mario Brero, de 77 años, condenado en Francia por haber intervenido en el escándalo del grupo nuclear francés Areva, y colaborador de Alexandre Benalla, antiguo consejero y guardaespaldas de Emmanuel Macron.

Según las informaciones de Mediapart, que confirman las de AFP, en el otoño de 2023 la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar contra Alp, confiada a la Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas (BRDP) de la Policía Judicial de París, a raíz de una denuncia presentada por la periodista, escritora y cineasta francesa Rokhaya Diallo, por recogida, tratamiento y comunicación ilícitos de datos personales.

Diallo, conocida por su activismo antirracista y feminista, es una de las víctimas de la operación ilegal de recogida de datos a gran escala revelada por los Abu Dhabi Secrets. Alp facilitó a las autoridades emiratíes los nombres de más de 1.000 europeos presuntamente vinculados a los Hermanos Musulmanes, entre ellos 160 españoles y más de 200 residentes en Francia, acusados de formar “una red de tipo mafioso continental”.

Sin embargo, muchas de las personas que figuraban en la lista no tienen ninguna relación con la Hermandad: el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon, la teniente de alcalde de Marsella y exsenadora Samia Ghali, el periodista y activista Taha Bouhafs y un periodista de Mediapart son algunos de ellos. En España fueron falsamente señalados sin pruebas como islamistas radicales políticos, feministas, representantes de organizaciones islámicas y activistas contra la islamofobia. Pero en los numerosos mapas de relaciones enviados por Alp Services a la autocracia del Golfo llegaban a aparecer hasta el narcotraficante Marcial Dorado, el expresidente madrileño Ignacio González o el exconseller valenciano Rafael Blasco, ambos del PP.

Un señalamiento que se convierte en problemático por cuanto que los Hermanos Musulmanes están clasificados como organización terrorista por los Emiratos Árabes Unidos.

De forma que, al asociar falsamente a Rokhaya Diallo con los Hermanos Musulmanes, Alp le ha causado “un daño considerable a su reputación y está fomentando su acoso”, explica su abogado, Vincent Brengarth.

El pasado 15 de enero, Mediapart y su periodista presentaron una denuncia ante la Fiscalía de París por los mismos delitos. “Uno de nuestros periodistas ha sido identificado erróneamente como informador de los Hermanos Musulmanes por la agencia Alp Services y, al hacerlo, ha sido entregado a los servicios secretos emiratíes. Este expediente atenta indebidamente contra su seguridad y su reputación, así como contra las del periódico”, declara Carine Fouteau, presidenta de Mediapart.

En apoyo de su denuncia, el digital francés ha proporcionado a los tribunales un documento interno de Alp Services en el que se enumeran los ciudadanos franceses cuyos nombres fueron enviados a los Emiratos Árabes Unidos, así como una foto que prueba que Alp presentó infografías similares a su agente emiratí, el jeque Matar.

Los investigadores de la Brigada de Represión de la Delincuencia se pusieron en contacto con Mediapart, pero aún no han sido citados a declarar. “En principio, estamos dispuestos a cooperar con las autoridades judiciales para ayudar a descubrir la verdad y evitar que se repitan este tipo de actos, sea cual sea el país”, asegura Carine Fouteau.

La investigación judicial es muy delicada, dada la luna de miel política y económica entre París y Abu Dabi, cimentada por la venta de armas y la determinación compartida de luchar contra el islamismo. El presidente francés, Emmanuel Macron, mantiene una estrecha relación personal con su homólogo emiratí, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, conocido como MBZ.

Casualmente, otra presunta víctima de Alp Services, Sihem Souid, portavoz catarí en Francia y Bélgica, ha tenido grandes dificultades para llevar su caso ante los tribunales. Mediapart y The New Yorker revelaron que Alp la había estado vigilando, tomando fotos de su domicilio y luego la había puesto en el punto de mira como parte de una operación bautizada como Constelación y diseñada para desprestigiar a los contactos de Qatar en Bruselas.

Sihem Souhid presentó una denuncia ante la Fiscalía de París el 30 de marzo de 2023, pero fue desestimada sólo 13 días después por “falta de pruebas suficientes para constituir una infracción”. Contactada al respecto la Fiscalía, no ha proporcionado una respuesta.

El 25 de abril, Sihem presentó una segunda denuncia, esta vez ante la Fiscalía de Créteil, una ciudad del departamento de Val-de-Marne, próxima a París. Pese a cursar dos requerimientos, no tuvo éxito. El 2 de octubre, presentó una tercera denuncia, de carácter civil, para que se abriera una investigación judicial, confiada a un juez de instrucción independiente. Gracias a esta acción, el fiscal abrió finalmente una investigación preliminar el 30 de octubre de 2023 por allanamiento de morada, robo y violación del secreto o supresión de correspondencia, según la Fiscalía de Créteil.

Además, Mario Brero está siendo investigado en su propio país. El 5 de diciembre de 2023, la Fiscalía Federal suiza (MPC) reunió en una sola investigación varios procedimientos abiertos basados en los Abu Dhabi Secrets. Alp Services, Mario Brero y su socia, Muriel Cavin, son sospechosos de haber cometido seis delitos, según un documento judicial obtenido por RTS.

Una primera tanda de procedimientos, por espionaje, actividades ilegales a favor de un Estado extranjero, calumnias e injurias, se inició a raíz de tres denuncias. Una de ellas fue presentada por la ministra belga de Medio Ambiente, Zakia Khattabi, miembro del partido Écolo, que fue erróneamente incluida en la lista de personas próximas a los Hermanos Musulmanes en el marco de la operación que también se investiga en París.

El segundo denunciante, el islamólogo Tariq Ramadan –que también está procesado por violación en Francia, pero fue absuelto del mismo delito en Suiza–, declinó explicar a EIC de qué acusa a Alp Services. Se desconoce quién presentó la tercera denuncia.

El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores suizo también ha denunciado a Alp ante la MPC por incumplimiento de la obligación de declarar una actividad: la legislación suiza exige que las agencias de inteligencia privadas declaren que trabajan para un Estado extranjero, cosa que Alp no hizo.

Por último, la MPC también ha procesado a la agencia de Mario Brero por blanqueo de capitales, como consecuencia de un chivatazo de la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales (MROS) suiza. La Policía Federal, de la que depende la MROS, declinó hacer comentarios. Pero la investigación de EIC reveló que Alp Services fue pagada por un centro de investigación emiratí llamado Al Ariaf, que servía de tapadera a los servicios secretos. Resulta que Mario Brero y Muriel Cavin también tenían un contrato de trabajo ficticio con Al Ariaf: los directores de Alp, con sede en Ginebra, estaban empleados oficialmente como “documentalistas” en Abu Dabi.

Cuando se contactó con ellos a través de sus abogados, Mario Brero y Muriel Cavin no respondieron.

Farid Hafez, politólogo austriaco de la Universidad de Salzburgo, fue una de las víctimas de la Operación Luxor, una gigantesca investigación policial llevada a cabo en noviembre de 2020 por el Gobierno austriaco. Hafez se encontró entre las treinta personas detenidas bajo sospecha de tener vínculos con el terrorismo y el islamismo radical. Al final, sin embargo, no se presentaron cargos contra ninguna de ellas, y la operación se consideró ilegal en 2021. Traumatizado, Farid Hafez abandonó Austria para instalarse en Estados Unidos.

La Operación Luxor se basó en parte en un informe del académico Lorenzo Vidino, especialista en islamismo radical y profesor en la Universidad George Washington que, según reveló investigación de los Abu Dhabi Secrets, fue pagado por Alp Services como parte del trabajo que hizo para los Emiratos. Un detalle inquietante: los correos electrónicos enviados por Mario Brero a su controlador emiratí, revelados por la revista austriaca Profil, sugieren que el jefe de Alp conocía la Operación Luxor dos meses antes de que se pusiera en marcha.

En su denuncia, Farid Hafez acusa a Alp y a Vidino de ser responsables de la campaña de difamación contra él que condujo a su detención, al presentarle falsamente como un islamista próximo a los Hermanos Musulmanes. Lorenzo Vidino reconoció a EIC que había facilitado información a Alp Services, pero afirmó que desconocía la identidad del cliente de la agencia. El académico es miembro del consejo científico del Real Instituto Elcano desde 2020.

A finales de marzo, Hafez, presentó una denuncia en Washington contra Alp y contra Lorenzo Vidino.

Finalmente, en enero de 2024, Hazim Nada, un estadounidense de origen egipcio que ha creado una comercializadora de petróleo en Suiza, presentó también una denuncia en Estados Unidos por las actividades de Alp Servicios al servicio de Emiratos. Basándose en que su padre era un destacado miembro de los Hermanos Musulmanes, la agencia suiza llevó a cabo una campaña para desacreditarlo, presentándolo como un islamista radical. La operación fue tan eficaz que los bancos cerraron las cuentas de su empresa y ésta quebró. Alp y Emiratos le “arruinaron la vida”, declaró a The New Yorker.

La batalla legal de Hazim Nada promete ser muy difícil. Ha optado por demandar a todos los que participaron en la campaña pero también al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, pese a que una ley estadounidense concede inmunidad legal a los Estados extranjeros. El empresario egipcio reclama 2.800 millones de dólares –2.624 millones de euros– a Alp Services, a sus directivos, a uno de sus empleados y a un periodista suizo cercano a la empresa.

Israel está usando el hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza, donde un millón de personas se encuentran a las puertas de la catástrofe alimentaria, según los análisis de la ONU. Más de tres cuartas partes de su población, de 2,2 millones de habitantes, han sido forzados a abandonar sus casas desde que el territorio palestino fue invadido por las tropas israelíes en octubre de 2023. Gaza acapara el interés informativo y político mundial, pero no es el único lugar del planeta donde la población civil se ha convertido en objetivo militar y es atacada con armas muy distintas a los tanques y las bombas. De hecho, cuando la guerra llegó a la Franja, Sudán llevaba ya seis meses de cruento conflicto interno, que la ONU llega a calificar como “una de las peores pesadillas humanitarias de la historia reciente”.

En Sudán los desplazados se elevan a seis millones de personas, mientras que la hambruna amenaza a 18 millones, el 40% de la población. Las ciudades están siendo saqueadas, los hospitales y las escuelas destruidos, no hay corredores humanitarios, se suceden las masacres, las ejecuciones callejeras y las violaciones de mujeres.

Una de las armas empleadas para sembrar el terror y expulsar a los civiles de sus poblados es el fuego. Ambos bandos incendian pueblos enteros, algunos incluso más de una vez, en lo que constituye una nueva campaña de limpieza étnica y tiene también la consideración de crimen contra la humanidad. En algunos casos se ha utilizado la quema de poblados igualmente en las luchas que mantienen tribus árabes rivales. Entre el 15 de abril de 2023 y el 29 de febrero de este año, al menos 180 incendios han destruido 108 poblados en Sudán, sobre todo en la región de Darfur, según el análisis llevado a cabo por el proyecto Sudan Witness, del Centro para la Resiliencia de la Información (CIR).

Gracias al uso de imágenes de satélite, el sistema de información sobre incendios de la NASA y la geolocalización, los investigadores de Sudan Witness han podido verificar la información obtenida a partir de vídeos e imágenes difundidas en internet.

“Mediante análisis de fuentes abiertas, hemos documentado las pautas de numerosos incendios en Sudán y la devastación generalizada que causan. Desde que estalló el conflicto el pasado mes de abril, el fuego parece haberse convertido en un arma de guerra que ha provocado desplazamientos masivos”, explica Anouk Theunissen, jefa del equipo Sudan Witness.

Los incendios son obra, sobre todo, de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR, Rapid Support Forces en inglés) y sus milicias aliadas, pero también el ejército contribuye a la destrucción con sus bombardeos aéreos. Ambos bandos no sólo combaten entre sí, sino que, además, en el caso de las FAR, llevan a cabo una campaña de violencia étnica contra los masalit, que están huyendo hacia el oeste, al vecino Chad. Fuego, falta de alimentos y saqueos fuerzan a los miembros de esta etnia africana a huir de las milicias árabes y hacinarse en penosas condiciones en los cada vez mayores campos de refugiados de Chad, donde Médicos Sin Fronteras cifra en 550.000 el número de sudaneses. Según The New York Times, llegan a 2.000 por día.

La limpieza étnica reproduce la violencia contra los grupos no árabes perpetrada por la milicia Yanyauid hace 21 años en Darfur, cuando quemaron pueblos enteros y más de 300.000 personas fueron asesinadas, según las cifras de un informe del Parlamento británico y de la ONU. Fue bautizado como el “primer genocidio del siglo XXI”.

No sólo las milicias cometen crímenes de guerra. El ejército sudanés usa aviones en contra de su propia población. Hace apenas un mes, bombardearon el principal mercado de la ciudad de El Daein, la capital de Darfur oriental, matando a 10 personas. Los heridos se contaron por decenas y cientos de viviendas quedaron destruidas, según informó The Guardian. Sudan Witness ha verificado imágenes correspondientes a tres incendios diferentes, tanto en zonas residenciales como comerciales de El Daien, así como impactos de metralla en construcciones de ladrillo.

En la mayoría de los casos, no obstante, son las Fuerzas de Apoyo Rápido las responsables de los incendios. Es el caso del ocurrido en El Geneina en junio del año pasado, cuando los milicianos de las FAR saquearon la residencia del sultán de los masalit en esa localidad. Al mismo tiempo, ardieron edificios próximos y se encontraron cadáveres en las calles colindantes a la residencia. Los milicianos colgaron en las redes sociales vídeos delante de la casa, mientras proclamaban que allí ya no vivía ningún masalit, “sólo árabes”, y se veía detrás de ellos el humo de las casas próximas quemadas. Sólo cinco días después, más de un millar de personas fueron asesinadas en El Geneina por miembros de las FAR, que perseguían y disparaban a los no árabes por las calles.

Misterei, cuya población es en su mayoría masalit, sufrió incendios en mayo y en octubre del año pasado. Pese a que sus habitantes huyeron a Chad tras el primer ataque, en el segundo quedó arrasada más del 60% de su superficie, unos 3.750 metros cuadrados.

Lo mismo ocurrió en Kordofán del Sur, donde se repitieron los incendios en diciembre y luego el pasado febrero. También se quemaron los poblados vecinos de Al Takma, Habila y Jabal ad Dayr.

En Kubum y Mukjar, en Darfur del sur, los enfrentamientos entre dos tribus árabes rivales, Bani Halba y Al Salamat, terminaron en la quema de varias aldeas. Los incendiarios son milicianos con uniformes de las FAR, que hacen alarde de sus ataques en múltiples vídeos. Pero que compartan uniforme no significa que no se maten en ellos. Para distinguirse utilizan cintas de colores que añaden a sus ropas: el blanco identifica a los milicianos de Bani Halba y el azul a los de Al Salamat. El 8 de agosto murieron 30 personas en Kubum en combates entre ambas tribus. Una semana más tarde, los incedios los sufrieron miembros de Al Salamat en los poblados de Buro y Awstani. El 7 de septiembre, Markundi fue atacada a sangre y fuego por los Al Salamat. Diez días más tarde, los Al Salamat volvieron a incendiar Kubum, el mercado y los tukuls, las casas de planta redonda que se construyen con barro, paja o madera en la mayor parte de África.

El dictador Omar Al Bashir, que llegó al poder tras dar un golpe de Estado en 1989, fue el adalid de la islamización de Sudán y se apoyó en las milicias Yanyauid en su lucha contra el Ejército de Liberación Sudanés, levantado en armas contra el Gobierno en 2003. Las masacres y violaciones de derechos humanos cometidas entonces llevaron a la Corte Penal Internacional a ordenar su captura por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad.

Cuando cayó Al Bashir en 2019, tras una ola de protestas populares, el gobierno de transición, que prometía democracia y fue reconocido internacionalmente, duró poco al ser derrocado por una junta militar en la que compartían poder el general Abdel Fatah Al Burhan y el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti. La alianza se rompió porque los dos cabecillas discrepaban en el plazo de tiempo necesario para dejar el gobierno en manos civiles y en cómo deberían integrarse las FAR en el Ejército regular. El pasado abril estalló de nuevo la guerra civil. Hemedti cuenta con el apoyo de los mercenarios de Wagner y el respaldo financiero y logístico de Emiratos Árabes Unidos, según publicó The New York Times el pasado septiembre. Tanto los rusos como los jeques ansían el oro de los yacimientos sudaneses.

El país lleva casi un año de guerra y de catástrofe humana que no tiene visos de acabar ante la indiferencia internacional. Los esfuerzos diplomáticos se multiplican en Ucrania e Israel, entre denuncias por los ataques a la población civil. El pasado 17 de enero, los aviones del ejército sudanés atacaron Zurug, la principal base de las FAR en Darfur del norte. Los destrozos en la zona eran evidentes: cráteres, edificios convertidos en escombros y viviendas incendiadas, según pudo constatar Sudan Witness. Munición pesada había impactado en la zona residencial de Zurug. El ejército sudanés, como el israelí en Gaza, justifica sus ataques con el argumento de que los milicianos de la FAR se esconden entre la población civil. “En un momento en que los periodistas tienen acceso limitado a Sudán”, destaca Anouk Theunissen, “las fuentes abiertas desempeñan un papel fundamental para mostrar al mundo lo que está sucediendo- y para garantizar la existencia de un archivo de datos verificados que sirva de apoyo a los esfuerzos de justicia y rendición de cuentas en el futuro”.

Meta eliminó en 2023 dos redes de cuentas falsas en Facebook e Instagram creadas por otras tantas empresas españolas de software espía, Mollitiam Industries y Variston IT. La compañía de Mark Zuckerberg lo revela en su más reciente informe sobre amenazas, publicado este mismo mes y donde da cuenta de la supresión de seis redes distintas de cuentas falsas pertenecientes a ocho empresas con domicilio social en España, Italia y Emiratos Árabes Unidos. Las cuentas suprimidas las empleaban estas compañías para poner a prueba sus propias capacidades para infectar y extraer información de posibles objetivos.

Tanto Mollitiam Industries como Variston IT ya han sido señaladas por Reporteros sin Fronteras y por Google por sus actividades de espionaje al servicio de gobiernos extranjeros. Según publicó el año pasado infoLibre, Mollitiam ha vendido programas espía tanto al Ejército de Colombia, que los utilizó para espiar a periodistas, activistas y políticos, como a la dictadura de Vietnam. Reporteros sin Fronteras la incluyó en 2020 entre los 20 depredadores digitales de la libertad de prensa. La revista colombiana Semana desveló ese mismo año las operaciones ilegales que los militares habían llevado a cabo en lo que se conoció como el escándalo carpetas secretas. Pero tres años después, el Ejército seguía utilizando el software espía de Mollitiam, según desveló una investigación del consorcio Forbidden Stories, basada en una filtración de correos internos del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y en la que participó este periódico.

Otra investigación, llevada a cabo por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece también infoLibre, destapó que Mollitiam había suministrado al régimen vietnamita, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos, uno de sus programas más publicitados, que lleva el nombre de Invisible Man.

Además, la empresa española firmó en 2019 un acuerdo de confidencialidad con la compañía francesa Nexa, que también había vendido su software estrella, Predator, al Gobierno de Vietnam. Al mismo tiempo, Mollitiam proporcionó a Nexa un folleto de presentación de sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, le ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en los que se había especializado la francesa y su socio israelí Intellexa. Esa fue una de las revelaciones de los PredatorFiles, la investigación de EIC que desveló la venta a dictaduras, con la complicidad europea, de material de vigilancia de estas empresas.

Mollitiam es una pequeña empresa con sede en Toledo, nacida en 2018 y con una facturación media de 1,12 millones de euros anuales entre 2019 y 2021. Sus promotores tienen una larga experiencia en el sector de la cibervigilancia. Los socios mayoritarios, Esther y Samuel Álvarez González, ya crearon en 2007 el Grupo In-Nova, que en 2016 trabajó para el Ejército de Brasil en la formación de un grupo de élite especializado en luchar contra el cibercrimen. Ya antes, en 2012, es la empresaria española en Perú, cuando la Fundación In-Nova, que ella preside, firmó un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) peruano. En 2014 Esther Álvarez viajó a Ecuador, donde expuso sus conocimientos sobre ciberdefensa. Cuatro años después, In-Nova figuraba como habilitada en el Registro de Proveedores de Bienes Estratégicos del Gobierno ecuatoriano.

En Colombia, los hermanos Álvarez crearon la empresa In-Nova Colombia SAS, que dirige un proyecto de consultoría con el Comando de Apoyo Tecnológico del Ejército (COATE). Como publicó infoLibre, en 2016 In-Nova participó en un proyecto de cooperación tecnológica entre España y Colombia para la transferencia de conocimiento en relación con sistemas autónomos de navegación y plataformas aéreas, con aplicación en vehículos aéreos no tripulados (UAV o drones), dirigido a oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas.

Mientras, en España, Mollitiam vendió a la Guardia Civil en 2019 y por 302.500 euros un sistema de monitorización remota de comunicaciones desde móviles. También una herramienta para monitorizar redes sociales por 18.059, según publicó en su día El Salto. A In-Nova, el Ministerio de Defensa le adjudicó en 2015 el suministro de un prototipo de red de comunicaciones tácticas y, entre 2018 y 2022, cuatro contratos más por un importe total de 134.950 euros. Una de esas licitaciones fue para un sistema de interceptación.

Pues bien, según Meta, Mollitiam creó el año pasado una serie de cuentas falsas en Facebook e Instagram con las que ponía a prueba la capacidad de sus propias herramientas para infectar y extraer información de posibles objetivos. El informe detalla que la empresa toledana utiliza enlaces para loguear IP que le permiten rastrear las direcciones IP, la serie numérica que identifica a un ordenador u otro dispositivo en internet. También se dedica al phishing y a otras técnicas de ingeniería social –con las que se manipula a los usuarios para que revelen información confidencial, transfieran dinero o se descarguen programas maliciosos, por ejemplo– contra “opositores políticos, periodistas, activistas anticorrupción y contra los abusos policiales en España, Colombia y Perú”, asegura la compañía de Zuckerberg.

infoLibre ha preguntado a Meta por los periodistas, opositores y activistas que han sido objeto del espionaje de Mollitiam Industries tanto en España como en los otros dos países citados, pero la compañía estadounidense se ha negado a ampliar los datos incluidos en su informe. También le ha preguntado si ha presentado alguna denuncia en los tribunales de esos tres países, porque la ingeniería social es un delito. Facebook empezó a enviar en 2015 alertas de seguridad a los usuarios víctimas de ataques de este tipo de empresas o directamente de algún gobierno. También lo hace ahora con los usuarios de Instagram. Las actividades ilegales de Mollitiam Industrias en Colombia y Perú ya habían quedado al descubierto, pero no las llevadas a cabo en España, que Meta no ha querido concretar.

Tampoco Mollitiam y Variston han contestado a las preguntas que sobre el informe de Meta les ha enviado infoLibre.

La operativa de Variston IT es similar a la de Mollitiam Industries. “Usa cuentas falsas para desarrollar y probar exploits [programas que aprovechan las vulnerabilidades de una aplicación o sistema informático], compartiendo enlaces maliciosos y haciendo llamadas entre ellas en lo que parece un intento de validar su capacidad de ataque a iOS y Android”.

Variston IT es una empresa con sede en Barcelona cuyos propietarios y administradores son el alemán Ralf Dieter Wegener y el indio Ramanan Jayaraman. Según el ranking de empresas exportadoras de la empresa semipública Cesce –Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, que asegura las operaciones internacionales de las empresas españolas–, Variston exportó por valor de 14,36 millones de euros en 2021, casi un 10% más que el año anterior. Todas sus ventas fueron al extranjero. Fundada en 2018, tiene un capital social de 100.000 euros y una plantilla de 87 trabajadores. Según Meta, posee una filial en Italia, TrueLIT, también implicada en la creación de las cuentas falsas de Facebook e Instagram.

Sus actividades quedaron al descubierto cuando el Grupo de Amenazas de Google publicó en noviembre de 2022 que uno de los productos de Variston IT, Heliconia, explotaba vulnerabilidades de Chrome, Firefox y Microsoft Defender. En marzo de 2023 reveló que Variston o uno de sus clientes o socios había utilizado enlaces maliciosos enviados por SMS a usuarios ubicados en Emiratos Árabes Unidos. La página de destino a la que eran dirigidos los usuarios atacados era idéntica a la de Heliconia que había denunciado Google cuatro meses antes. En el descubrimiento de este ataque intervino también el Security Lab de Amnistía Internacional.

Meta y Google coinciden a la hora de advertir ante el enorme y rápido crecimiento de la industria del software espía. Estas empresas “han desarrollado capacidades que antes sólo estaban disponibles para gobiernos con mucho dinero y experiencia técnica”, destacaba Google en su informe de noviembre de 2022. La cibervigilancia puede ser legal dependiendo de las leyes nacionales de cada país, pero, añade, “a menudo se utiliza de manera perjudicial para llevar a cabo espionaje informático contra determinados grupos” de personas: periodistas, activistas de derechos humanos, opositores políticos o disidentes.

Incluso puede tener el apoyo financiero de los Estados. Es el caso de Mollitiam Industries. Para desarrollar una de sus herramientas, llamada Phoenix y que la propia empresa define como “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”, la empresa de Toledo contó con una subvención de 641.827 euros, abonados a partes iguales por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)– y por el Gobierno español, a través del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación). La subvención le fue concedida en 2019 y el resultado fue “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknets y deepwebs”, tal y como se publicita en su página web.

Pero no fue la única ayuda pública que recibió Mollitiam Industries. En mayo de 2021, el CDTI le concedió 450.000 euros en una operación para promover la innovación empresarial en la que también invirtió el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures. La subvencionó con otros 410.394 euros a través de los proyectos Cien y Eureka, según figura en las cuentas de 2021 de Mollitiam.

Además, una ayuda de 59.636 euros sirvió a Mollitiam Industries para desarrollar el proyecto Electro I+D, que mide el nivel de “resiliencia en redes OT (civiles y defensa) frente a ciberataques”. El 80% del dinero vino de Europa, vía Feder, y el resto lo puso la Junta de Castilla-La Mancha. Esas mismas instituciones le otorgaron 50.751 euros para el proyecto Cibermarkint, “una plataforma Osint de inteligencia artificial”. Finalmente, recibió del Gobierno manchego una nueva ayuda de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión.

En total, se embolsó más de 1,6 millones de dinero de los contribuyentes en cinco años.

Meta explica en el informe que sus hallazgos permiten rastrear dónde están enfocando ahora las empresas de software espía el desarrollo de sus herramientas. La creación de cuentas falsas para probar sus nuevas armas de infección es sólo una primera fase de lo que el informe de Zuckerberg llama “cadena de ataque” de los programas espía. “Aunque el debate público suele centrarse en la fase de explotación [la última, tras las de reconocimiento e intervención, cuando los dispositivos y cuentas de los usuarios ya han sido comprometidos], es fundamental interrumplir el ciclo de vida completo del ataque en las primeras fases”, advierte Meta.

Este miércoles terminó en Dubái la 28 cumbre del clima de la ONU, catalogada muchos expertos como la segunda más importante tras la COP21 de 2015, donde se firmó el Acuerdo de París que pactó limitar el calentamiento global a 1,5 grados. En esta ocasión, las casi 200 naciones presentes en Emiratos Árabes han acordado por primera vez alcanzar las cero emisiones netas de CO₂ en 2050, lo que equivale a abandonar ese año la quema de carbón y buena parte del petróleo y el gas natural. Cada cumbre climática suele dejar un gran titular que eclipsa el resto de negociaciones, y en este caso las que han recibido menos atención han sido las conversaciones para proteger la naturaleza y los acuerdos para apoyar económicamente a los países en desarrollo en la transición energética y la adaptación al cambio climático. 

Pedro Zorrilla fue el representante de Greenpeace en la COP28 y siguió las negociaciones durante los 14 días de cumbre. Afirma que las conversaciones sobre la financiación del Sur Global "es en lo que menos se ha avanzado, de hecho, es el punto que más decepcionó a los activistas de la cumbre". Los observadores insisten en que los países en desarrollo reciben una cantidad ínfima de lo que necesitan para protegerse del cambio climático. El Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Financiación Climática publicó durante la COP28 que se necesitan 2,4 billones de dólares anuales invertidos solo en los países emergentes y en desarrollo (sin incluir China) para cumplir con los objetivos climáticos. 

Los países ricos pactaron dirigir desde 2020 y de forma anual 100.000 millones de dólares a estas naciones, y esa meta se incumplió en 2020 y 2021, aunque parece que se cumplió en 2022, según los datos provisionales. Pese a que el compromiso no se ha consumado todavía de forma oficial, en la COP29 del año que viene esa cifra se tiene que renegociar para incrementarse. El principal destino de ese fondo son proyectos para instalar energías renovables en países en desarrollo, pero estos reclaman desde hace años más dinero a la adaptación al cambio climático, como obras públicas para evitar inundaciones o reducir el impacto del calor en las ciudades. 

Estas naciones con pocos recursos piden avanzar en el llamado Global Goal on Adaptation —un programa global de adaptación— y duplicar hasta 40.000 millones de dólares anuales el dinero destinado a esta partida, pero las negociaciones no han avanzado durante la COP28 y se han pospuesto al año que viene, cuando se negociará también ampliar la financiación total más allá de los 100.000 millones. El problema, denuncian los activistas, es que esos países sufren ya los daños del cambio climático y no pueden esperar. 

El único gran avance en materia de apoyo económico de la COP28 fue la puesta en marcha del llamado fondo de pérdidas y daños —funciona aparte del fondo de 100.000 millones anuales— para que los países más vulnerables al cambio climático puedan reparar las consecuencias de las inundaciones, sequías, tifones o subidas del nivel del mar. Su creación fue el gran logro de la COP27 de 2022, y el primer día de la COP28 se aprobó su puesta en marcha. El problema es que las contribuciones económicas a este fondo son voluntarias y durante la cumbre apenas se anunciaron aportaciones por 770 millones de dólares, menos del 2% de la cuantía anual necesaria para cubrir estos daños. Estados Unidos, el país más rico del mundo, apenas aportará 17,5 millones de dólares, menos que España.

Las conversaciones sobre naturaleza y biodiversidad también quedaron marginadas en Dubái, con escasos avances que han sido criticados por los ecologistas. Al fin y al cabo, la naturaleza es la mayor herramienta para luchar contra el cambio climático, ya que cada año los bosques y océanos absorben la mitad del CO₂ que emiten los humanos.  

Alicia Pérez-Porro, coordinadora científica del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), estuvo la semana pasada en la cumbre de Dubái y afirma que "la naturaleza sigue siendo la gran desaparecida en la COP", e incluso los pabellones dedicados a la biodiversidad estaban a las afueras del recinto. "Es significativo cómo nos alejaron de las negociaciones", señala esta bióloga marina. 

En el balance global pactado en la COP28 han salido menciones bienintencionadas relacionadas con la naturaleza, pero vacías de compromisos claros. Lo más interesante es la necesidad de proteger y restaurar los ecosistemas y mantener su integridad, como dictó el acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la llamada a acabar con la deforestación de aquí a 2030, pero sin objetivos cuantificables ni métodos de seguimiento. Tampoco se ha incluido una mención a reducir las emisiones en el campo de la agricultura.