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De Ada Colau al PP: todos los partidos apoyan el radicalismo islámico según los informes de Emiratos

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su teniente de alcalde, Jaume Asens, el pasado abril.

Un acto celebrado con motivo del Día Internacional contra la Islamofobia en Barcelona, el 12 de septiembre de 2015, despierta las sospechas de los investigadores que rastrean las huellas de la Hermandad Musulmana en España para el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Aparece reseñado en un informe del 21 de septiembre de 2018 titulado George Soros, financista de la Hermandad Musulmana, donde se enumeran los destinatarios de los fondos que el inversor y filántropo de origen húngaro dona a todo tipo de organizaciones contra el racismo y la islamofobia en Europa. Lo hace a través de la Open Society Foundation, que tiene su sede europea en Barcelona.

El documento, uno de los muchos obtenidos por Mediapart y compartidos con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, une a Soros con la exalcaldesa Ada Colau en la financiación de la campaña contra la islamofobia que atribuyen los detectives de la agencia suiza Alp Services a los Hermanos Musulmanes. A la que era alcaldesa de Barcelona le reprochan que haya destinado 100.000 euros a esa actividad y ponen bajo la lupa a dos de sus asesores musulmanes. También a Jaume Asens, entonces cuarto teniente de alcalde de Barcelona, que como abogado recurrió la condena contra un imán de Vilanova i la Geltrú. Además, hasta su entrada en el Ayuntamiento presidía Observatorio Desc, un organismo que produjo un documental sobre la tragedia del Tarajal con fondos proporcionados por la Open Society Foundation del inversor húngaro. “Formar parte del aparato de propaganda de los Hermanos Musulmanes, con fondos de Soros, es la parte no escrita de su currículum”, le ataca el informe.

“Sí, defendí a Mohamed Mrabet, imam de la mezquita de Vilanova i la Geltrú, porque soy abogado penalista”, aclara a infoLibre Jaume Asens, quien explica que el caso le llegó a través de la asociación Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura y por encargo de Amnistía Internacional. Mrabet fue absuelto por el Tribunal Supremo, que en una sentencia inusual –destaca Asens– confirmó las torturas que había sufrido a manos de la policía. El abogado, especializado en este tipo de denuncias, admite que el imam de Vilanova estaba “radicalizado”, lo que no significa, según precisa, que cometiera los delitos que se le imputaban: enviar a muyahdin a luchar a la guerra de Irak en 2006.

Cuando llegó al Ayuntamiento de Barcelona en 2015, como concejal de Barcelona en Comú, Asens, en el área de Derechos Humanos, tenía a su cargo también la Oficina de Asuntos Religiosos. Y dice sentirse “muy orgulloso” de la política de integración llevada a cabo con todas las comunidades religiosas. “Se trata de que no se creen guetos, que son el caldo de cultivo de la radicalización”, apunta. “Por eso, intentamos abrir las mezquitas para combatir los prejuicios, hablamos con los imames, instauramos la Noche de las Religiones...”. Tras los atentados de Las Ramblas y de Ripoll, además, se “reforzaron” aún más estas actividades, “poniendo más el oído en los barrios y haciendo un trabajo preventivo”. Todo lo contrario, resume, de lo que se sugiere en el informe enviado al Gobierno de los Emiratos. Asens lamenta que Barcelona sea una de las pocas ciudades en España donde se hace este tipo de trabajo. 

Dos meses después de redactarse ese informe, en noviembre, Okdiario publicó una información donde denunciaba una supuesta alianza entre separatistas catalanes y radicales islámicos diseñada, según decía, “para ampliar su base social entre los inmigrantes”. El periódico de Eduardo Inda centraba su atención en el evento contra la islamofobia de septiembre de 2015.

Pero no es éste el único documento en el que los investigadores al servicio de Emiratos arrojan sospechas sobre las relaciones entre las organizaciones musulmanas, los partidos políticos y los gobiernos autonómicos. En un powerpoint titulado Combatir a los Hermanos Musulmanes en Europa, donde se describen las investigaciones previstas entre agosto de 2017 y febrero de 2018, Alp Services cita como “apoyos políticos” de la organización islámica en España tanto a ERC y a PNV como al PP y al PSOE.

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De hecho, los detectives afean en sus informes al consejero valenciano Rafael Blasco sus “excelentes relaciones” con el Consejo Islámico de Valencia, con el que llegó a un acuerdo en 2007 para crear un cementerio interreligioso y al que concedió una subvención de 131.000 euros en 2009 para “promover la integración de ciudadanos vulnerables”. También les parece cuestionable que Blasco se reuniera en 2012 con el Consejo Nacional Sirio, después de que el Parlamento autonómico aprobara por unanimidad una declaración contra la represión del Gobierno de Bashar Al Assad contra su propio pueblo. Y no dejan de destacar el currículo delictivo del político del PP valenciano, condenado a seis años en la cárcel por el caso Cooperación, el desvío de seis millones de euros públicos en teoría destinados a ayuda al desarrollo.

Los dos imames de Andorra

Ni siquiera Andorra escapó al radar de los detectives suizos. Aunque en el Principado no había mucho que rascar. Apenas un folio de informe donde se menciona a los dos imames de las dos mezquitas andorranas. Alp reconoce que allí no hay una “presencia relevante” de los Hermanos Musulmanes, pero al mismo tiempo desconfía de que éstos hayan desaprovechado la posición estratégica de Andorra entre España y Francia y su carácter de centro financiero.

Para terminar, dejan caer que el discurso de ambos imames es “próximo” a las ideas de la Hermandad porque atacan la islamofobia, piden derechos políticos para los inmigrantes y reclaman una mezquita más grande y un cementerio islámico.

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