El ex secretario general del PP Teodoro García Egea ha anunciado este jueves su retirada de la política y la renuncia a su escaño en el Congreso para centrarse en su actividad profesional dentro del mundo tecnológico. De hecho, lo ha trasladado apenas dos horas después de presentar públicamente su libro Criptoeconomía, donde —a preguntas de los periodistas— había evitado aclarar si seguiría en política y si mantendría su acta de parlamentario, ha recogido Europa Press.

La decisión de dejar la Cámara Baja se produce cuando se cumple poco más de un año de su salida de la Secretaría General del PP tras una profunda crisis que acabó con el liderazgo de Pablo Casado. El 22 de febrero de 2022, García Egea presentó su dimisión como número dos del partido, después de meses de enfrentamiento con el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El propio García Egea ha confirmado que comunicó a Feijóo hace dos semanas su decisión de dejar su acta de diputado en un encuentro "muy cordial" en el que le manifestó su intención de "centrarse al cien por cien en su actividad profesional". Sin embargo, a Cuca Gamarra, actual secretaria general del partido, se lo ha trasladado apenas un minuto antes de anunciarlo a la prensa, según fuentes conservadoras.

"Hoy es mi último pleno. Siempre he defendido la vida política como una carrera de relevos. Hay que dar el máximo mientras uno está en pista y pasar el relevo al siguiente cuando toque y creo que ese momento ha llegado", ha arrancado su comparecencia en el Congreso, donde ha anunciado que deja su acta pero que "servirá a España" desde la sociedad civil.

García Egea, que llegó al Congreso en 2011, ha explicado que a partir de ahora se centrará "al cien por cien" en su actividad profesional, desde la docencia y la investigación. "He sido fiel a mis principios", ha proclamado, para añadir que "la coherencia y la defensa de los principios" es "lo más importante".

En su comparecencia, ha asegurado que ha trabajado por España desde el PP "en una de las etapas más difíciles" de la democracia" por la "fragmentación total" en el espacio de centroderecha, unido a la "inestabilidad" y la "confrontación". "Ha sido personalmente un honor para mi servir a España desde la primera línea del PP y desde este mismo momento me pongo a disposición de los españoles para servir a España como un afiliado más en esta nueva etapa", ha añadido.

García Egea, que desde julio ocupaba la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, no ha cerrado por completo la puerta a poder regresar a la política. "La vida es muy larga y todo puede pasar en cualquier momento", ha declarado al ser preguntado si descarta volver en el futuro.

Además, ha asegurado que él va a practicar ahora "lo mismo" que él pedía cuando era secretario general del PP: "lealtad", "trabajo" y "entrega". "Lo mismo que yo pedía antes, es lo que la nueva dirección van a tener de un humilde afiliado, que es lo que soy a partir de ahora", ha aseverado, para subrayar después que España "necesita al PP gobernando" y espera que "sea posible" en las próximas elecciones.

El ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, participa este viernes en Madrid en una jornada que reúne a todos los expertos y empresas cripto de Europa, una cita tecnológica que se produce tras la quiebra de la plataforma de compraventa de criptomonedas y otros activos criptográficos FTX, según informa Europa Press.

García Egea, que ocupa la Presidencia de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso desde el pasado mes de julio, será uno de los ponentes invitados de estas jornadas, que contarán con más de 20 ponencias de expertos, inversores y referentes DeFi y Web.

En concreto, Crypto Plaza organiza este viernes la cuarta edición del Crypto Plaza Forum en el Palacio Neptuno de Madrid, al que asistirán mas de 400 profesionales de la industria cripto, incluyendo importantes proyectos del ecosistema.

Tras su paso por la Secretaría General del PP, García Egea —experto en el sector del blockchain y los criptoactivos— ha vuelto al sector tecnológico y compagina su labor parlamentaria con charlas y conferencias en materia tecnológica tanto a nivel nacional como internacional.

La dirección del Grupo Popular en el Congreso ha decidido reservar una presidencia de comisión para Teodoro García Egea, que fue secretario general del partido hasta la abrupta salida de Pablo Casado de la Presidencia del PP el pasado mes de marzo, según informa Europa Press. El que fuera mano derecha del anterior líder conservador, fue señalado por los barones como el culpable de la gestión del conflicto entre la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso. Tras aquella grave crisis interna, que se solventó con la elección de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del partido, Casado dejó su escaño en el Congreso y su número dos en Génova decidió mantener su acta en la Cámara Baja.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, en el marco del reajuste que se ha hecho en el Grupo Popular tras la llegada de Feijóo se ha decidido reservar para el exsecretario general una presidencia de comisión, cargo con el que se suele compensar a los dirigentes que dejan de serlo, así como a los exministros.

En concreto, García Egea será nombrado presidente de la Comisión de Seguridad Vial, un puesto que hasta ahora venía ocupando el diputado Juan José Matarí, quien este jueves será elegido vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Esto le supondrá a Egea 1.551,58 euros más en su sueldo de diputado.

Esa vicepresidencia la ejercía hasta ahora el diputado por Guadalajara José Ignacio Echániz, que a su vez va a ser elegido, también este jueves, nuevo presidente de la Comisión de Defensa.

Desde el inicio de la legislatura era el diputado por Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro quien presidía la Comisión de Defensa, un puesto al que ha renunciado tras ser recuperado para la dirección parlamentaria por su portavoz y ahora también secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Ahora ese cargo lo ocupará Echániz, que era uno de los portavoces adjuntos del grupo en la anterior etapa y que preside la delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP).

Echániz es un diputado de larga trayectoria que fue consejero de Sanidad en Madrid con Alberto Ruiz Gallardón y en Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal. Esta legislatura ejerció la portavocía del PP en la Comisión de investigación del accidente del vuelo de Spanair, ponente de la ley de eutanasia y miembro de mesa en la comisión sobre la gestión de las vacunas del coronavirus.

Además, el PP va a cambiar también este jueves sus dos puestos en la Mesa de la Comisión de Igualdad, una Vicepresidencia y una Secretaría que hasta ahora ocupaban, respectivamente, Carmen González Guinda y Ana Zurita.

Madrid, 7 de junio de 2021. La periodista de infoLibre Alicia Gutiérrez desvela en exclusiva que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, había mediado en la operación quirúrgica de un familiar del entonces número dos del PP, Teodoro García Egea. La investigación se publica tras los reiterados intentos de este diario por conseguir una versión oficial de todos los afectados. Y se apoya sobre varios mensajes de móvil que ambos políticos se cruzaron en el transcurso de un pleno celebrado a mediados de abril en la Asamblea Regional de Murcia. Un intercambio de Whatsapp que este diario reprodujo como base de la información y al que posteriormente se agarraron López Miras y García Egea para llevar a la autora de la exclusiva y a este diario a los tribunales por revelación de secretos. Ahora, casi un año después de la denuncia contra la que cargaron de forma unánime periodistas y colectivos, el juez ha decidido dar carpetazo al asunto, una decisión que han recurrido el presidente murciano y el ex secretario general del PP.

La información publicada era de gran relevancia. Al fin y al cabo, ponía de manifiesto las gestiones realizadas por el jefe del Ejecutivo murciano con el secretario general de Salud en relación con un familiar cercano de García Egea. A media mañana, López Miras informaba al número dos del PP sobre cuándo entraría en quirófano el paciente en cuestión. "Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde", rezaba un mensaje reenviado. "Cojonudo", contestaba García Egea, que completaba su respuesta con un segundo mensaje: "Pero creo que tienen que verlo un cardiólogo". "OK. Voy a verlo", responde López Miras. A continuación, el presidente murciano escribe de nuevo un mensaje al alto cargo de salud, que es quien le había informado en un primer momento de la fecha: "OK. Asegúrate de que lo citan por favor. Creo antes tiene que verlo un cardiólogo. Gracias". El día 20 el familiar fue operado.

Tras la publicación de la información, las reacciones políticas fueron extensas. "Se saltaron los grupos de edad para vacunar a sus amigos y se saltan las listas de espera quirúrgicas para adelantar una operación a un familiar", criticó el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, calificó el hecho de "gravísimo", un calificativo que, junto al de "inmoral", utilizó también el diputado de Compromís, Joan Baldoví. También algunos miembros de Ciudadanos cargaron públicamente contra los políticos que protagonizaron la exclusiva. "En caso de ser cierto, se demostraría, una vez más, que el PP en la Región de Murcia utiliza las instituciones como si fueran su cortijo", escribió en redes sociales la coordinadora autonómica de los naranjas en suelo murciano, Ana Martínez Vidal.

Antes de hacer pública la información, este diario trató por varias vías de recabar la versión de García Egea, López Miras y el PP, sin que se le permitiera incluir nada oficial. De hecho, la formación conservadora tardó varias horas en pronunciarse al respecto. El primero en hacerlo fue el responsable de Justicia del partido y consejero madrileño, Enrique López, quien admitió que el ex secretario general del PP solicitó información al presidente murciano sobre su familiar. "Una cosa es pedir información y otra es intermediar", sostuvo.

Al día siguiente, fue el vicesecretario de Comunicación de la formación, Pablo Montesinos, quien fue preguntado al respecto en La hora de la 1 de TVE. "En el partido hemos sido muy claros desde el primer momento. La información no es verdad, es falsa, y el PP emitió un desmentido y presentó una demanda en los tribunales. No voy a dedicar ni un minuto a una información que no es cierta", se limitó a decir a preguntas del director de infoLibre, Daniel Basteiro. Aquella denuncia, centrada en un delito de revelación de secretos, no cuestionaba en ningún momento que el contenido de la noticia fuera cierto ni que los mensajes no se produjeran. Sin embargo, Montesinos no quiso aclarar qué de lo que se publicó era falso.

El director adjunto de El Mundo, Joaquín Manso, también presente en el programa, insistió al vicesecretario de Comunicación del PP. Pero el resultado fue prácticamente el mismo. "Que un partido que pretende ser alternativa al Gobierno de España reaccione a una información que considera falsa pidiendo prisión para los periodistas me parece absolutamente impropio", espetó al portavoz conservador, que respondió, una vez más: "Hemos dicho que la información es falsa y que lo hemos llevado a los tribunales". 

No fue la única muestra de solidaridad que este diario y la autora de la exclusiva recibieron tras la ofensiva judicial de los conservadores. El apoyo fue unánime por parte de periodistas y colectivos. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) lanzó un comunicado, al que se sumaron otras organizaciones de informadores como la FAPE, en el que resaltaba que la noticia era "de interés público". "La jurisprudencia ha determinado en varias ocasiones que, si la información es veraz, ha sido contrastada y resulta de interés público, prevalece sobre otros derechos", rezaba el texto, en el que se defendía que la periodista de este diario "no violó el secreto de las comunicaciones" puesto que, "en el ejercicio de su actividad periodística", tuvo "acceso al intercambio de unos mensajes que consideró de interés para los ciudadanos".

Una ola de solidaridad que pudo volver a verse tras la declaración ante el juez de la autora de la exclusiva y del director de infoLibre. Mostraron su apoyo en redes sociales Reporteros Sin Fronteras, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la red de activistas Xnet, medios como El Salto. Y, también, algunos periodistas a título individual –Maruja Torres, Ramón Lobo, Rosa María Artal, Xabier Lapitz, Pilar Velasco, Diego Suárez o Javier Valenzuela– y diferentes políticos: Pablo Echenique, Sira Rego, Rita Maestre u Odón Elorza, entre otros.

La justicia da la razón a infoLibre frente al presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el ex secretario general del PP Teodoro García Egea. Ambos dirigentes de la formación conservadora interpusieron en junio de 2021 una denuncia por revelación de secretos, un delito que puede conllevar una pena de hasta cinco años de prisión. La demanda fue presentada a raíz de la publicación de una noticia que llevaba por título "El presidente de Murcia medió en la operación quirúrgica de un familiar de García Egea: “La van a programar para el día 20” y que firmó la periodista Alicia Gutiérrez. La empresa editora del diario también fue denunciada y, por ello, tanto Gutiérrez como el director de infoLibre, Daniel Basteiro, tuvieron que declarar en calidad de investigados el pasado mes de diciembre.

En el texto se reproducían dos imágenes en las que se podía ver al presidente regional hacer gestiones por whatsapp con el secretario general de Salud, Andrés Torrente, y transmitir datos sobre la operación de un o una paciente al número dos del PP a nivel nacional. Ese paciente era familiar del propio García Egea. El número dos del PP nacional exclamaba un agradecido "cojonudo" al recibir la información de carácter privado y personal que al resto de los ciudadanos les es facilitada no por el presidente regional sino por sus centros de salud u hospitalarios de referencia. Es ese "secreto" el que motivó la acción judicial tajante y en cuestión de horas por parte del PP.

Durante este año de proceso judicial, la información ha sido reconocida como cierta y contrastada por la Fiscalía, el juez y hasta los propios denunciantes. En un primer momento, el PP la tachó como "falsa" y arremetió contra infoLibre, al que han arropado numerosas asociaciones de periodistas, colectivos en defensa de la libertad de prensa y ciudadanos particulares frente a lo que ha sido considerado un intento de intimidación a la prensa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha decidido ahora decretar el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones al entender que "existe una preponderancia del derecho a la información", que este periódico "tuvo diligencia en el contraste" de los datos y que no se ha podido "acreditar" que infoLibre "conociera necesariamente" que la "captación" de las imágenes de Whatsapp incluidas en la noticia "tuviera un origen ilícito", algo que, por otra parte, jamás ha sido probado. La resolución recoge buena parte de la argumentación de la Fiscalía. A pesar de los argumentos del magistrado y el Ministerio Público, tanto López Miras como el ex secretario general conservador han decidido presentar un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid que podría alargar el proceso y seguir minando los recursos económicos de la cabecera.

"No está determinada la conducta con respecto a ninguno de los denunciados", señala el juez en un auto fechado el pasado jueves 12 de mayo.

El juez destaca que la periodista que firmaba la exclusiva, Alicia Gutiérrez, "tuvo diligencia en el contraste de los datos de la noticia antes de su publicación". De hecho, este periódico consultó antes de publicar la información a García Egea, a López Miras y al PP, por varias vías, por escrito y con tiempo suficiente para ofrecer una versión de lo sucedido, pero no hubo autorización para incluir ninguna. Fue una vez publicada cuando miembros de la dirección de la formación conservadora salieron en público a decir que era "falsa". Luego, en cuestión de horas, llegó la denuncia por un delito que comporta penas de prisión para periodistas, algo insólito en democracia, especialmente por la publicación de informaciones ciertas que afectan a destacados dirigentes políticos.

El juez ha tomado esta decisión tras recibir un escrito del Ministerio Público, fechado a finales de abril, en el que se solicitaba el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. El fiscal señalaba que no quedaba "acreditada" la "comisión dolosa de los hechos" al entender que de las pesquisas llevadas a cabo no era posible "determinar" si la conversación de Whatsapp había sido "captada intencionalmente" o si se trató de "una captación casual y, por tanto, no delictiva en origen".

El Ministerio Público, además, destacaba en su escrito que la conducta de la periodista y el diario "no podría ser calificada de antijurídica atendiendo a criterios jurisprudenciales". Las imágenes de Whatsapp, señalaba el fiscal, se habían publicado "como soporte gráfico de una noticia", estando "amparada" la "labor periodística" en el derecho a la libertad de información que se recoge en el artículo 20 de la Constitución. "Sin que el ejercicio de dichos derechos se haya excedido, entendemos, de la publicación de los datos estrictamente necesarios para la publicación del hecho noticiable, y ello por cuanto, según la noticia, la conversación de Whatsapp publicada reflejaba un presunto caso de corrupción entre los políticos que mantenían la misma, Fernando López Miras y Teodoro García Egea", concluía la Fiscalía, que insistía en que nunca se aportaron "datos sin interés noticiable y que afectasen a terceros no implicados".

El jefe del Ejecutivo murciano y el ex número dos del PP ya han interpuesto recurso de apelación contra la resolución ante la Audiencia Provincial de Madrid. "La decisión de acordar el sobreseimiento de las presentes actuaciones es prematura, y se adopta sobre la base de una serie de conclusiones que no se han derivado de las diligencias de investigación ya practicadas sino que se sustentan en meras conjeturas o suposiciones", sostienen. Un escrito en el que llegan a asumir que la noticia fue contrastada: "Las diligencias practicadas hasta ese momento evidenciaron de manera incontestable que la información publicada, pese a ser contrastada, afectaba al núcleo más íntimo de la vida privada de una persona anónima y contenía datos que permitían perfectamente localizarle". ¿Y cuáles eran esos datos? Que residía en Murcia, que necesitaba ser operado, la fecha de la operación y la necesidad de ser atendido previamente por otros especialistas. También aseguran que se dio información sobre la patología, que llegan a mencionar, algo que nunca se hizo.

En el mismo mes, este diario desveló que el hospital había operado al familiar de García Egea antes que a pacientes con la misma prioridad y que ya estaban en lista de espera. También que el pariente fue atendido por el cardiólogo horas después del mensaje del número dos del PP a López Miras en el que se evocó esa consulta.

La Fiscalía de Madrid ha solicitado el archivo de la denuncia presentada contra el exlíder del PP Pablo Casado y Teodoro García Egea por un delito de revelación de secretos en el caso del contrato del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al considerar que supone "un ejercicio de hipótesis y elucubraciones" a raíz de declaraciones realizadas en los medios de comunicación, han informado fuentes fiscales, recogidas por Europa Press.

En un escrito, el representante del Ministerio Público solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 19 que no se admita a trámite y que se archive la denuncia interpuesta por el abogado Esteban Gómez Rovira, quien se querelló contra los exdirigentes del PP por manejar supuestamente datos fiscales y bancarios de Tomás Díaz Ayuso, algo que consideraba incurría en un delito de revelación de secretos.

Para el fiscal, la denuncia es "un ejercicio de hipótesis y elucubraciones" a raíz de las declaraciones realizadas por ambos políticos en los medios de comunicación.

En su opinión, a través de dichas manifestaciones el denunciante llega a una conclusión "carente de apoyo" o corroboración en hechos acreditados de cara a solicitar una diligencias de investigación "a los fines de corroborar sus sospechas, lo que resulta no ajustado a Derecho y debe conllevar su archivo".

Según el denunciante, ambos exdirigentes del PP podrían haber incurrido en el citado delito a raíz de una entrevista radiofónica en la que Casado se refirió a un comportamiento "no ejemplar" por parte de Tomás Díaz Ayuso por el cobro de 300.000 euros como consecuencia de un contrato que celebró con la Comunidad de Madrid.

Del mismo modo, cita a García Egea porque en una comparecencia ante los medios de información realizó unas declaraciones sobre un supuesto cobro de comisiones relativo a dicho contrato, en beneficio al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

En primer lugar, la Fiscalía pide que no se admita a trámite la denuncia puesto que "la conducta denunciada no aparece ni mínimamente probada, invocando genéricamente un posible delito de revelación de secretos, pero sin soporte probatorio alguno y sobre la base de meras hipótesis".

En este sentido responde al denunciante que se precisa la existencia de datos acreditados, "al menos con carácter indiciario", para llevar a cabo una investigación "lo que no sucede en el presente caso". Es más, explica que el abogado se limita a reproducir "simples" titulares de noticias periodísticas o "supuestas sospechas carentes de sustento" sin desarrollar siquiera en qué consisten los hechos supuestamente delictivos ni identificar sus posibles autores.

La Fiscalía argumenta para oponerse a la admisión a trámite de la querella que en ninguna de las comparecencias ante la prensa de ambos políticos se llegó a exponer ni el cómo, ni cuándo, ni quiénes proporcionaron los supuestos datos fiscales y bancarios, "lo que implica numerosas incógnitas, pudiendo ser incluso información no verdadera, o bien, que no tuviera su origen en los modelos de Hacienda 347 o 303 a los que concluye el denunciante". Señala, además, que ni el propio perjudicado ha formulado denuncia al respecto.

El escrito remitido al juez sostiene, por último, que el denunciante, "sobre la base de unas informaciones periodísticas", pretende que se practiquen diligencias penales para corroborar sus sospechas, "lo que implica insoslayablemente, la práctica de diligencias prospectivas o predelictuales, incompatibles con los principios que rigen en el Derecho Penal y por ende ilícitas".

El ex secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha señalado que los resultados del PP en las pasadas elecciones en la Comunidad de Madrid "se debieron a la moción fallida" en la Región de Murcia, en referencia a la victoria de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"La moción de censura en Murcia ha sido el gran acontecimiento a la hora de reunificar y explicar el resurgimiento del Partido Popular", ha asegurado García Egea en una entrevista en El Periódico de España, recogida por Europa Press, en la que ha incidido en que si esta no hubiese sido "abortada", "el resultado de las elecciones en Madrid hubiese sido muy distinto".

Asimismo, ha recordado que aquella moción de censura fue el motivo de la convocatoria de elecciones en Madrid, ante la que los ciudadanos "entendieron que, efectivamente, había una amenaza clara en cuanto a la posibilidad de que Cs apoyara al PSOE".

Sobre la moción, ha rememorado también que cuando el presidente del PP, Pablo Casado, se enteró, mostró su "extrañeza" porque entendía que había una "muy buena relación" con la dirección de Ciudadanos. Tras enterarse de que se iba a presentar la moción, Casado informó a Ayuso y empezó a prepararse la convocatoria electoral en Madrid.

En este contexto, García Egea ha relatado que intentó ponerse en contacto con dirigentes nacionales de Ciudadanos, llegando a hacerlo con Carlos Cuadrado, pero no con la líder de la formación, Inés Arrimadas. Así, ha subrayado que fue con la anterior dirección de Cs, con la de Albert Rivera, con la que el PP fue responsable de "tomar una decisión clave en todo el desarrollo y crecimiento del centroderecha".

"Pese al rumbo que marcó (Rivera), hubo quien quiso retorcer artificialmente esa voluntad y ese origen de lo que debiera ser el partido Ciudadanos", ha lamentado, para señalar que la "decisión de formar los gobiernos de PP y Cs ha permitido que hoy el PP sea la gran referencia", y que ambos partidos "ocupen el gran centro político desde el cual, ahora, se podrá llegar al Gobierno de España, una vez que el PP resuelva el congreso extraordinario que ha convocado".

El ex secretario general del PP ha destacado también el papel del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la gestión de la moción. Así, ha explicado que para que esta fracasará, él no tuvo que "pedir nada", sino que fue López Miras quien "jugó un papel importante a la hora de que los diputados de Cs, incluso los diputados de Vox, confiarán en su palabra".

Este no es un artículo entregado con ardor a defender que “Casado, sí” o “Casado, no”. El PP se ha encargado de resolver esa disyuntiva con un sopapo ensordecedor y algunos que antes decían “sí” y ahora dicen “nunca jamás” pretenden convertir al aún líder del PP en un juguete de la izquierda. No cuela. 

Casado comenzó su andadura como líder del PP acusando a un Gobierno democrático de ser ilegítimo y acabó abonando una conspiración de Estado por la cual alguien había orquestado un pucherazo al cambiar el voto del Alberto Casero, al parecer un muy eficaz asesor de Teodoro García Egea que tuvo una mala tarde y una mucho peor resaca. 

Por el camino hemos tenido la sombra de sospecha sobre los fondos europeos, la equiparación del Gobierno y fuerzas políticas democráticas con bandas terroristas o regímenes dictatoriales, un chorreo a los empresarios por llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral con los sindicatos y muchas fotos en granjas. Y mientras, Vox acaricia el 18% de los votos en Castilla y León, inasequible a los intentos por copiar sus formas para taponar su ascenso. El balance de estos tres años de Casado está lejos de ser brillante. Y si lo expreso generosamente es porque ya se sabe que en España se entierra muy bien. A veces, hasta a uno mismo, por lo que se ve. 

Este es un artículo sobre el porqué y sobre el cómo. En estos momentos, sabemos que en menos de una semana ha ocurrido lo impensable en España. Cuántos análisis han caducado de repente. Ni el PP es un partido muy presidencialista en el que no se podía derribar al líder desde dentro, ni Génova tenía el control orgánico del partido ni el Comité de Dirección era una guardia pretoriana que aplaudiría a su jefe. Casado estaba desnudo, como escribimos hace menos de 10 días en infoLibre, aunque él no lo supiera. Ni nosotros hasta qué punto, a decir verdad. 

Pero, ¿por qué? ¿Por qué ha caído Casado? ¿Cuál ha sido la razón de peso? ¿Ha sido derribado por investigar internamente (que no filtrándolo a los medios) la posible corrupción de su compañera de partido y examiga Isabel Díaz Ayuso? ¿Por unos supuestos tanteos para un espionaje que no ha sido probado ni esclarecido?

Esas dos cuestiones, la corrupción y el espionaje, implican el manejo de fondos públicos y la posible comisión de delitos. Pero han pasado a un segundo plano. En el PP nadie quiere preguntarse por qué Tomás Díaz Ayuso cobró con una empresa interpuesta de la Comunidad de Madrid que preside su hermana en lo peor de la pandemia o por qué no se conocen ya todas sus facturas y trabajos. Todo lo que hemos tenido son declaraciones a remolque, leídas por una presidenta regional que primero aseguraba que no había nada y luego vino a decir, al más puro estilo Rajoy, que “todo es falso salvo alguna cosa”.

Nadie debería estar más ansioso por la transparencia que aquellos que, estando bajo la sombra de sospecha, juran y perjuran que no tienen nada que ocultar. Aclarar si hubo corrupción acabaría con el debate de raíz. Si la hubo, es Ayuso la que no puede seguir, algo que ahora queda en manos de la Fiscalía (que lo tiene muy fácil). Si no la hubo y Casado lo afirmó sin pruebas (o hasta recurrió al espionaje) para perjudicar a una rival interna, el fin de Casado no haría falta explicarlo.

Quizás como dijo el Gran Wyoming en El Intermedio esta semana, “la corrupción es como el pelo en la espalda. Puedes tenerlo, pero lo más importante es que no se vea”. Y ahí parece estar el pegamento de todos los críticos: la aversión a un escándalo público. Que haya motivos reales para la preocupación o que sea necesario esclarecerlos, con el partido liderando ese esfuerzo, da igual. Haya lo que haya, sea lo turbio que sea, que no salga a la luz.

Más que razones, en la caída de Casado ha habido intereses. Y esos, y la forma implacable en la que fueron perseguidos, sí pueden describirse con facilidad. Dejan al descubierto que las intenciones no eran precisamente puras. Se fueron concretando en cascada y por fases. Se demostró que para algunos, el fin justifica los medios. Y los medios fueron estos:

Acoso y derribo mediático. Cuando algunos dirigentes medían sus palabras, algunos medios se encargaron de hacer de avanzadilla. En el lapso de unos pocos minutos, dos periódicos publicaron el miércoles por la noche sendas informaciones presentadas como exclusiva (si lo sacan dos medios, difícilmente puede ser una exclusiva). Ahí comenzó todo. Sacaron a la luz la posible corrupción de Ayuso, pero ese era sólo el elemento secundario y no explorado. El titular era el espionaje, que la hacía quedar a ella como víctima y a Casado como verdugo. Después se sumaron otras cabeceras que la Comunidad de Madrid ha podido cultivar en los últimos años con más intensidad (y presupuestos públicos) que la dirección de Génova. 

¿Es casual que, habiéndose dilatado durante meses el supuesto espionaje y la supuesta investigación periodística, dos medios rivales la publiquen al mismo tiempo tres días después de las elecciones en Castilla y León? ¿Cómo se entiende que los mismos medios que respaldaron a Casado y Egea hasta el día anterior comiencen a pedir las más altas responsabilidades de forma casi repentina? ¿Por qué les dio igual que Casado anunciase el sábado el cierre del expediente a Ayuso horas después de anunciar su apertura si era la supuesta persecución a Ayuso lo que denunciaban? ¿No debería haber calmado eso las aguas? ¿Por qué no hubo ni un atisbo de duda o ponderación de posturas? ¿Por qué se primaron las dimisiones inmediatas en cuestión de horas en vez de una discusión en los órganos del partido? Las respuestas exigen seguir el rastro de los intereses. Por cierto: la primera reunión como tal de un órgano del PP no se produjo hasta el lunes, cuando algunas cabeceras influyentes ya habían dictado sentencia. 

¡La calle ha hablado! En una democracia, y más en España, los partidos son instituciones que vehiculan la participación política y tienen unas normas y procesos reglados. Sin embargo, a toda esa fuente de legitimación algunos intentaron oponer una manifestación llena de insultos de personas sin identificar. Quizás nadie pueda demostrar quién estuvo tras esa convocatoria, por más eco que se le diera, pero sí es fácil contrastar que ni Ayuso ni el resto de barones pidieron que no se celebrara. ¿Puede alguien que quiere presidir el PP otorgar (aunque sea callando) carta de naturaleza a quien se manifiesta de esa manera frente a la sede de su propio partido? 

Los navajazos. Un hilo en Twitter ejemplifica las altas traiciones a Casado dentro de su equipo. 

Si el jueves Casado logró una cascada de apoyos frente a Ayuso, el lunes la inmensa mayoría publicaron los mensajes contrarios. Algunos dimitieron de cargos sin importancia (pero el escaño, ni soltarlo, que a eso es más difícil volver). ¿Por qué retiraron su apoyo a Casado en menos de 72 horas si Génova guardaba silencio? “Nos desangramos”, decían algunos, dando aire a la profecía autocumplida. Las polémicas en España duran hasta que surge la siguiente, pero muchos de los más firmes apoyos de Casado concluyeron que tan solo unas horas de crisis ya todo era irreversible y hacía falta un mirlo blanco. Abandonaron al que, en algunos casos, les dio la oportunidad de entrar en política. Eso sí, cuando se le ocurrió acudir al Congreso y se sentó entre ellos, antes su familia, lo volvieron a aplaudir para hacer más tétrica la escena. Pelillos a la mar. No es nada personal.

La “unidad” por la fuerza. Cuando en una organización hay discrepancias, lo lógico es que se debatan y se resuelvan. El PP (pero también el PSOE y otros) han incorporado a sus estatutos las primarias justamente para eso. Pero en esta ocasión, las fuerzas vivas de la organización se han conjurado contra ese funcionamiento orgánico que será respetado (¡qué remedio!) pero cuyo espíritu no interesa. En ausencia de elecciones a corto plazo, se ha impuesto la idea de que sólo puede haber una candidatura y las reuniones formales dentro del partido deben limitarse a constatar los manejos en privado. Así se demostró este miércoles, con todos los barones proponiendo a Feijóo casi con las mismas palabras. El congreso debe ser extraordinario, facilitando una sucesión exprés y con aún menos debate. Como si no hubiera cosas de las que hablar. Eso sí, las decisiones de la madrugada de este jueves se tomaron por "unanimidad". Como no podría ser de otro modo.

La paz de los cementerios. Cuando La Sexta anunció una entrevista con García Egea mientras muchos medios trataban de confirmar su dimisión, buena parte del Madrid mediático pensó que se desahogaría. Vimos justamente lo contrario en una persona que se ha vanagloriado de ser tan fiera y temida. “Se me está poniendo acento gallego”, dijo, derrotado, antes de alabar a Feijóo, tragarse sus palabras sobre Ayuso y recordar que está a disposición del partido para cualquier “destino” que quiera darle, quién sabe si a cambio de esa entrevista y no entorpecer la transición en el poder. En las redes se comenzó a especular con que el PP había perdido un secretario general pero había ganado un eurodiputado. No en vano, García Egea es joven (37 años) pero tiene una gran experiencia, toda en el PP.

No sería de extrañar que pronto, muy pronto, Casado haga declaraciones similares y acabe alabando el gran ejercicio de democracia interna que está a punto de producirse en el PP y del que esta semana sólo ha sido un prólogo. Han matado al rey. ¡Viva el rey!

Paz para los caídos. Y para los que vienen. 

Teodoro García Egea tiene fama de enérgico y de combativo y por eso su intervención en el programa El Objetivo (La Sexta), a las pocas horas de dimitir como secretario general del PP, sonó a un intento de complacer a todos con palabras más propias de quien no ha roto nunca un plato que de quien hasta este martes coleccionaba toda clase de reproches por parte de sus compañeros. 

Elogió a Pablo Casado, que es quien forzó este martes su renuncia. Habló bien de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, responsable del desmoronamiento del proyecto político en el que llevaba trabajando casi cuatro años justo cuando encaraba la recta final hacia las elecciones generales. Apeló a la unidad en torno a quienes vengan después, que son, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, los que les han dado la puntilla. Y hasta se mostró comprensivo hacia los que hace cuatro días cerraban filas con Casado y este martes pedían su cabeza en las redes sociales.

Egea dice que no sabe si Casado tiene intención de presentarse a la reelección en el congreso extraordinario que se avecina, aunque de sus palabras sólo cabe deducir que existen pocas posibilidades. Porque al ya ex número dos de Génova le parece que el de Casado es un “proyecto político agotado” y justificó su renuncia como una manera de “facilitar la transición” hacia una nueva dirección. 

Después de resistirse durante varios días a dar un paso atrás, Egea se presentó en el plató de La Sexta como partidario de “asumir responsabilidades” y como un defensor de la convocatoria del congreso para “dar voz a los afiliados”. Ha llegado a esa conclusión en las últimas horas, se justificó, después de hablar con numerosos dirigentes del partido, precisamente coincidiendo con la catarata de voces que han dado la espalda a la continuidad de Casado y han reclamado un cambio en la dirección del partido.

Hoy, aseguró, volvería a pedir explicaciones a Ayuso sobre el contrato de la Comunidad de Madrid del que se benefició el hermano de la presidenta durante la primera ola de la pandemia. “No hemos hecho nada malo”, remarcó. Igual que Casado, cree que hizo lo correcto y sostuvo que cuando se dirigieron a ella sólo les movía el deseo de prevenir un caso de corrupción que pudiese afectar al partido.

Si en algo se equivocaron, indicó, fue en la manera de trasladar lo que hicieron. “Hay cosas que no hemos comunicado bien”, admitió, y otras que son simplemente falsas, como la acusación de haber espiado o intentando espiar a la presidenta de Madrid.

Los ciudadanos deben preguntarse, reflexionó, si quieren que los partidos hagan preguntas cuando reciben información sobre supuestos casos de corrupción que les afectan o si deben simplemente “tirarla a la papelera”. “A veces la vida no es justa, pero hay que aceptarla”.

Aun así, no hubo reproches para Ayuso. Sólo elogios a su aportación al partido. Incluso admitió sin rodeos que las explicaciones de la presidenta, aunque tardaron meses en llegar, habían despejado cualquier duda que pudiera tener sobre el caso que afecta a su hermano. 

Por negar, llegó incluso a tratar de convencer a la entrevistadora, Ana Pastor, de que nunca ha habido una guerra entre ambos, como si la batalla que mantuvo desde el verano pasado por el control del PP de Madrid nunca hubiera tenido lugar. O como si la semana pasada la presidenta de Madrid no hubiese desencadenado el terremoto que ha acabado con el sueño de Casado de ser el adversario de Pedro Sánchez en las próximas elecciones.

Pablo Casado quedó este martes solo y expuesto a las condiciones que los barones quieran aceptar para facilitarle la salida de la presidencia del PP después de que su intento de atrincherarse en Génova 13 durase apenas unas horas.

A la cascada de deserciones de altos cargos de su equipo, de sus grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado e incluso de los barones que hasta el lunes habían optado por la ambigüedad, se unió a media tarde la pérdida de su principal escudero, Teodoro García Egea, forzado a dimitir por exigencia prácticamente unánime de la plana mayor del partido como principal responsable de la gestión del conflicto entre la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso que ha acabado desencadenando la mayor crisis del partido desde su fundación.

Sin García Egea, que después de casi cuatro años moviendo piezas creía tener bajo su control el aparato orgánico del PP en toda España, Casado ya no tiene detrás de quién parapetarse. Sin más recursos de los que echar mano y todavía convencido de que la semana pasada hizo lo correcto cuando cuestionó la honorabilidad de la presidenta de Madrid asumiendo en primera persona las dudas sobre la participación del hermano de Díaz Ayuso en un contrato de suministro de mascarillas en la primera ola de la pandemia, ahora sólo le queda negociar una salida digna con los barones del partido.

Los ha citado para este miércoles, a las ocho de la tarde, en la sede de Génova. A todos menos a Ayuso, a la que considera responsable de su defenestración. Allí estarán los demás, encabezados por Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego al que la inmensa mayoría de los dirigentes del partido, incluida la presidenta madrileña, están avalando para que dé un paso al frente y presente su candidatura a la presidencia del PP en el congreso extraordinario que con toda probabilidad convocará el martes que viene la Junta Directiva Nacional del partido.

Feijóo está listo para aceptar. Lo único que espera es una petición unánime que disuada a cualquiera dispuesto a rivalizar con él. Quiere que su candidatura sea de unidad y eso implica que ni siquiera sea contestada por Casado. En cuanto la consigna, dará el paso. Y se subirá al tren que dejó pasar en 2018 para convertirse, probablemente a finales de marzo, en el nuevo presidente del Partido Popular. El tercero procedente de Galicia de los seis que la formación ha tenido en sus 33 años de historia, después del fundador, Manuel Fraga, y del predecesor de Casado, Mariano Rajoy, a quienes le unen estrechos vínculos.

A la espera de esa reunión, no ha trascendido si Feijóo y el resto de barones ofrecerán a Casado seguir como presidente hasta la celebración del congreso pero privándole de cualquier responsabilidad en su organización, que quedaría en manos de una comisión de nueva creación. O si, por el contrario, a la vista de la gravedad de la crisis sufrida por el PP y de su resistencia a ceder el poder, no le dejarán otro camino que dimitir.

La incertidumbre este martes era tan grande que, a la hora de redactar esta información, nadie sabía a ciencia cierra si Casado mantendrá su semanal enfrentamiento dialéctico con Pedro Sánchez. García Egea sí suspendió su participación, que será asumida por otro diputado del PP. 

La intención de los barones, en todo caso, es aclarar este miércoles la situación de Casado y su papel en los próximos días para que, al menos, el PP pueda poner fin al espectáculo de división, enfrentamiento y traición que ha ofrecido desde que la semana pasada estallaran las hostilidades entre el presidente nacional e Isabel Díaz Ayuso.

La Junta Directiva Nacional que se reunirá el próximo martes en Madrid para decidir la convocatoria del congreso extraordinario sólo puede tomar esa decisión por mayoría de dos tercios de sus aproximadamente 400 miembros. Pero a la vista de las posiciones hechas públicas en las últimas horas ya nadie duda de que la propuesta saldrá adelante.

En este órgano, el máximo del partido entre congresos, tienen presencia todos los dirigentes y cargos públicos relevantes del partido, así como un buen número de militantes designados a dedo por el presidente.

El grueso está formado por los diputados en el Congreso (88), los senadores (100) y los eurodiputados (13), a los que hay que sumar los alcaldes de las ciudades de más de 50.000 habitantes (35), 52 presidentes provinciales del partido, 51 representantes de la estructura autonómica de la formación (entre presidentes, secretarios generales y líderes regionales de Nuevas Generaciones), 30 vocales designados directamente por Casado, el presidente de Nuevas Generaciones y nueve vocales en representación de la organización juvenil y los 13 miembros del comité ejecutivo, entre ellos Pablo Casado.

Si no tiene rival, como desea, Feijóo se hará con la presidencia del PP antes incluso del congreso, probablemente en la tercera semana de marzo. Si se presenta otro candidato, necesitará sumar más del 50% de los votos, superar en más del 15% al segundo y vencer en más de la mitad de las circunscripciones.

En cualquier caso, convencer a Casado para que diese un paso atrás y aceptase el cambio en el liderazgo del partido no está siendo sencillo. Hasta este lunes él y quien era hasta ahora su mano derecha, Teodoro García Egea, estaban convencidos de que tenían respaldo suficiente para resistir la ofensiva de los barones e incluso hacer frente a una candidatura liderada por Alberto Núñez Feijóo en un congreso extraordinario.

Pero este martes la presión para que dimitiera y diese paso a Feijóo en un congreso extraordinario de unidad se incrementó. 

A media tarde, fuentes del PP confirmaron que Casado convocaría la Junta Directiva Nacional para el martes 1 de marzo y que en ella se decidirá la convocatoria del congreso extraordinario que ya reclama la mayoría de los dirigentes del partido. Y poco después se confirmó la dimisión de Egea. 

Previamente se había sumado a la mayoría que exige un congreso extraordinario el barón hasta ahora más cercano a Casado y a Egea. El presidente tránsfuga de la Región de Murcia, Fernando López Miras, admitió por fin en la mañana del martes que la situación del partido es “insostenible”. También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó su dimisión como portavoz del equipo de Casado, descontento con la gestión que Génova ha hecho del enfrentamiento con la presidenta de Madrid.

Durante toda la jornada ha sido constante el goteo de diputados y cargos públicos que han ido marcando distancias con Casado y que han exigido dimisiones y un congreso extraordinario. Varios dirigentes del grupo parlamentario en el Congreso suscribieron un comunicado conjunto pidiendo la destitución inmediata de Egea y la convocatoria del congreso con el fin de poner freno a la situación "de extrema gravedad" que vive el PP y que, en su opinión, exige “una respuesta eficaz inmediata”. Se trata de dirigentes próximos a la portavoz en la Cámara, Cuca Gamarra, que el lunes fue una de las personas que amenazó con dimitir si Casado no abría la vía del congreso extraordinario. Y que hasta hace poco defendían sin reservas a Casado en su pelea con Ayuso.

A ellos se han sumado también varios parlamentarios gallegos, entre ellos la ourensana Ana Vázquez, la número dos en el Senado, y hasta organizaciones territoriales como el PP andaluz o el aragonés.

Un grupo de dirigentes del Grupo Popular en el Congreso han suscrito un comunicado conjunto pidiendo la destitución inmediata del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la convocatoria de un congreso extraordinario para resolver la crisis interna.

En el comunicado, recogido por Europa Press, se señala que el PP está sufriendo una situación "de extrema gravedad" que exige "una respuesta eficaz inmediata", y por ello han querido fijar posición "desde la lealtad" al presidente del partido, Pablo Casado, y "respaldando" lo manifestado por la portavoz, Cuca Gumarra, y por la ex presidenta del Congreso, Ana Pastor, que se distanciaron del líder del PP en la maratoniana jornada de reuniones de este lunes.

Su exigencia es "poner fin de manera inmediata" al proceso de fragmentación interna provocado tras la bronca con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su primera receta es "la destitución inmediata" de Teodoro García Egea.

Además, "y con la finalidad de restablecer la normalidad y la pujanza" del proyecto del PP, reclaman "de manera urgente" que se convoque un congreso extraordinario "en el que se elijan las personas que deberán dirigir el partido y, por consiguiente, que estarán llamadas también a liderar el cambio necesario que demanda el Gobierno de nuestro país".

El escrito lleva la firma del secretario general del Grupo Popular, el canario Guillermo Marsical, y le acompañan varios portavoces parlamentarios: Pablo Hispán, del área de Internacional y ex jefe de gabinete de Casado; José Ignacio Echániz, que lleva temas de Sanidad; Mario Garcés, portavoz económico del grupo; Carlos Rojas, uno de los portavoces de Interior; Sandra Moneo, portavoz de Educación; y Adolfo Suárez Illana, el otro representante del PP en la Mesa del Congreso junto con ana pastor.

Teodoro García Egea, mano derecha Pablo Casado y al que todos en el PP culpan de la gestión del conflicto entre la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso, presentó la dimisión en la tarde del martes, informa Europa Press. Los barones del partido, 16 presidentes en representación de todas las comunidades autónomas, con la única excepción de Navarra, ultimaban este martes una fórmula para ofrecer una salida digna a Pablo Casado que implique su renuncia a la dirección del PP, que ha ocupado durante casi cuatro años, y ponga fin a la mayor crisis del partido desde su fundación. Está por confirmar que la renuncia de García Egea sea suficiente para contentar las exigencias de los barones.

Convencer a Casado para que diese un paso atrás y aceptase el cambio en el liderazgo del partido no está siendo sencillo. Hasta este lunes él y su mano derecha, Teodoro García Egea, estaban convencidos de que tenían respaldo suficiente para resistir la ofensiva de los barones e incluso hacer frente a una candidatura liderada por Alberto Núñez Feijóo en un congreso extraordinario.

Pero este martes la presión para que Pablo Casado dimita y abra paso a Alberto Núñez Feijóo en un congreso extraordinario de unidad se incrementó. En la misma proporción que la soledad del todavía presidente del PP. Cada vez son más las voces que exigen su caída y la de Egea, al que muchos consideran el gran responsable de la crisis.

Uno de los últimos en sumarse a la mayoría que exige un congreso extraordinario es también el barón hasta ahora más cercano a Casado y a Egea. El presidente tránsfuga de la Región de Murcia, Fernando López Miras, admitió por fin en la mañana del martes que la situación del partido es “insostenible” y reclamó la celebración de un congreso extraordinario.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó su dimisión como portavoz del equipo de Casado, descontento con la gestión que Génova ha hecho del enfrentamiento con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante toda la jornada ha sido constante el goteo de diputados y cargos públicos que han ido marcando distancias con Casado y que han exigido dimisiones y un congreso extraordinario. Un grupo de dirigentes del grupo parlamentario en el Congreso suscribieron un comunicado conjunto pidiendo la destitución inmediata de Egea, y la convocatoria del congreso con el fin de poner freno a la situación "de extrema gravedad" que vive el PP y que, en su opinión, exige "una respuesta eficaz inmediata". Se trata de dirigentes próximos a la portavoz en la Cámara, Cuca Gamarra, que el lunes fue una de las personas que amenazó con dimitir si Casado no abría la vía del congreso extraordinario.

A ellos se han sumado también varios parlamentarios gallegos, entre ellos la ourensana Ana Vázquez, la número dos en el Senado, el PP andaluz, entre otros muchos dirigentes, y organizaciones territoriales.

No fue hasta esta tarde cuando Casado empezó a dar pistas sobre la posibilidad de ceder. Había convocado para el miércoles por la tarde una reunión con todos los barones territoriales del partido de las que ha excluido a Ayuso —la única presidenta que no preside el PP en su comunidad— con el fin de testar sus demandas, tratar de pactar un calendario para el congreso y conocer de primera mano hasta qué punto está dispuesto Feijóo a liderar el partido. Ahora ese es el escenario más probable para escenificar su retirada, de común acuerdo con los barones.

Las dudas del presidente gallego, muy reacio a dar el paso si implica una larga y dura batalla por el control del PP, alimentaron todo el fin de semana las esperanzas de Casado de permanecer en el puesto.

En ese contexto es en el que la práctica totalidad los 17 presidentes autonómicos del PP, si no todos, renovaron una exigencia común: que Casado renuncie a seguir como presidente y acepte que la única solución pasa por un nuevo liderazgo que el consenso general dentro del partido cree que debe ocupar Feijóo.

En las filas contrarias a Casado sentó muy mal que el lunes el todavía presidente del partido haya optado por atrincherarse en el cargo. Así que en las últimas horas su estrategia se ha centrado en movilizar a los que exigen un congreso extraordinario con el fin de convencerle de que no tiene posibilidad de ganar y acabe renunciando a dar la batalla.

La enorme grieta abierta en el seno del Partido Popular está llena de protagonistas principales, actores que desempeñan papeles entre bambalinas y personajes secundarios sin los cuales no es posible entender la trama. Son los siguientes:

Presidente del PP desde 2018. Fue él quien decidió, en los primeros meses de 2019, que su amiga Isabel Díaz Ayuso encabezase la candidatura del partido en las elecciones de la Comunidad de Madrid de mayo de ese año. Hasta hace pocos meses alardeaba de su relación personal con ella, pero empezó a recelar de su figura a medida que iba ganando peso en la política nacional y, sobre todo, desde que después de las elecciones de mayo de 2021 reclamó para sí la presidencia del PP madrileño, lo que ha abierto un conflicto interno que amenaza su propio liderazgo y que ha desbaratado todos su planes para construir la imagen de un líder nacional fuerte y en condiciones de enfrentarse a Pedro Sánchez.

Presidenta de la Comunidad de Madrid. Amiga personal de Casado hasta que las relaciones entre ambos derivaron en un enfrentamiento abierto, construyó un perfil nacional durante el primer año de la pandemia ejerciendo en la práctica como eje de la oposición del PP al Gobierno de Pedro Sánchez. Cabeza visible del sector más derechista del PP, su discurso y su trayectoria la han convertido en la versión nacional del trumpismo: mensajes populistas y dominio absoluto de la escena mediática. Con esos mimbres aprovechó la fallida moción de censura de Murcia para adelantar las elecciones en Madrid, consolidar definitivamente su figura y desafiar el poder de Casado dentro del partido. Siempre ha negado tener interés en ser presidenta del PP en España, pero todo el mundo da por hecho que dará ese paso si Casado cae o pierde las elecciones de 2023. Muchos la consideran la única dirigente del PP capaz de recuperar el voto de la derecha que se ha ido a Vox.

Diputado por Murcia y mano derecha de Casado, en los últimos tres años se ha ganado la animadversión de buena parte del partido como consecuencia de su estrategia para hacerse con el control de la maquinaria provincia y autonómica de la organización allí donde los barones y los líderes locales del PP no pudieron hacerle frente. Ayuso le considera su principal adversario y le había responsabilizado hasta este jueves de los intentos de acabar con ella, a pesar de que todos en Génova saben que Garcia Egea no da ningún paso sin el visto bueno de Casado. A él se le atribuyen operaciones tan turbias como la que dio lugar a la compra de voluntades de diputados tránsfugas de Ciudadanos para impedir la moción de censura de Murcia. El año pasado denunció a infoLibre después de que este diario revelase los mensajes que había intercambiado con el presidente murciano, Fernando López Miras, para que supuestamente intercediese en favor de un familiar que estaba en una lista de espera quirúrgica.

Alcalde de Madrid. Debe su cargo también a Pablo Casado, pero a diferencia de Ayuso siempre se ha mantenido fiel al presidente del PP, que acabó nombrándole portavoz nacional del partido. Almeida, que a pesar de todo mantiene buenas relaciones con la presidenta de Madrid, es el único dirigente conservador cuyo tirón en la capital es equiparable al de Ayuso. Su nombre fue utilizado por Génova como posible alternativa a la presidenta en el congreso regional del PP, que debe celebrarse antes del mes de junio. En el centro de la conspiración contra Ayuso figura uno de sus asesores, Ángel Carromero. Y algunas informaciones aseguran que un empleado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid fue quien intentó contratar a una empresa de detectives para buscar pruebas contra la presidenta, algo que él ha desmentido.

Director de comunicación de Isabel Díaz Ayuso. Fue la mano derecha de José María Aznar desde su etapa como presidente de Castilla y León hasta la mitad de su primer mandato en la Moncloa, en el año 1998. A él se atribuye la exitosa estrategia política de Isabel Díaz Ayuso y su dominio de la escena mediática, que la ha convertido en una pieza esencial del PP y una aspirante al liderazgo del partido. En 2011 fue condenado por llamar nazi al doctor Luis Montes, anestesista y excoordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), y en 2013 fue detenido por haber conducido en estado de embriaguez. Al realizarse la pruebas se descubrió que cuadriplicaba la tasa máxima permitida. Chocó con varios coches aparcados y también con un peatón en el barrio del Retiro, en Madrid. Hasta que el conflicto interno escaló en intensidad, era el gran enemigo a batir por parte de Génova.

Asesor, hasta este mismo jueves, del alcalde de Madrid y uno de los hombres de absoluta confianza de Teodoro García Egea y de Pablo Casado. Se hizo famoso en 2012 cuando fue condenado en Cuba por el homicidio imprudente en accidente de tráfico de Oswaldo Payá, dirigente de la oposición cubana. Entonces ya era secretario general de Nuevas Generaciones de Madrid. Las gestiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero consiguieron que La Habana aceptase que el cumplimiento de la condena se llevase a cabo en España, aunque en apenas unas semanas Carromero se benefició del tercer grado. En 2013 el PP le abrió expediente disciplinario por haber formalizado 50 cambios de afiliación del distrito de Salamanca al de Moncloa-Aravaca con el objeto de manipular el censo para influir en las elecciones locales del partido. Él es el dirigente al que García Egea habría encargado contactar con detectives para hallar pruebas que permitiesen acabar con la carrera política de Ayuso, algo que el número dos del PP niega. A primera hora de la tarde del jueves presentó su dimisión como asesor de Almeida.

Exministro de Justicia con Mariano Rajoy, expresidente de la Comunidad de Madrid y exalcalde de la capital. Las informaciones publicadas en las últimos días aseguran que fue él quien avisó a José Luis Martínez Almeida de que un empleado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) había contratado a un detective para buscar pruebas que permitieran relacionar a Ayuso con el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de su hermano. Según el alcalde de Madrid, la persona que le avisó lo hizo con el conocimiento de la presidenta de la Comunidad.

Exministro de Justicia y de Fomento con Mariano Rajoy. Las informaciones publicadas en las últimas horas le identifican como la persona que avisó a Isabel Díaz Ayuso de que Génova estaba intentando contratar detectives en busca de pruebas de la supuesta comisión cobrada por su hermano por su mediación en la adjudicación de un contrato de suministro de mascarillas en plena pandemia. Este mismo jueves ha negado haber sido él y ha asegurado que está volcado en sus actividades privadas. En 2021 se incorporó al despacho Carles Cuesta Abogados, un bufete especializado en recuperaciones empresariales, refinanciaciones de deuda y derecho concursal. 

Hermano de la presidenta de Madrid. La dirección del PP busca pruebas de que cobró una comisión ilegal de 280.000 euros a cambio de que la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso adjudicase a dedo, en plena pandemia, un contrato de suministro de mascarillas por valor de 1,5 millones de euros. Según la presidenta, lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que ella entrara en política. Las sospechas sobre su caso se hicieron públicas hace meses y movieron la oposición madrileña a demandar sin éxito en noviembre que la Asamblea de la Comunidad aprobase la creación de una comisión de investigación.

 Empresario. Es el administrador de Priviet Sportive SL, la empresa que obtuvo a dedo, como otras muchas, un contrato por un valor de 1,5 millones para suministrar mascarillas en los peores días de la pandemia. Reside en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila) donde Ayuso y su hermano Tomás solían veranear. Las acusaciones de corrupción se basan en que supuestamente obtuvo el contrato gracias a la mediación de Tomás Ayuso, lo que habría reportado al hermano de la presidenta una comisión ilegal de 280.000 euros. La adjudicación se llevó a cabo en abril de 2020 para la obtención de mascarillas FFP2 y FFP3. La empresa Priviet Sportive SL se dedica a la importación y exportación de prendas textiles.

Director de la agencia de detectives Mira. Asegura que le contactaron “personas vinculadas a alguna empresa (de una institución) en la que gobierna el Partido Popular”, en referencia a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo del Ayuntamiento de Madrid. En declaraciones a 7nn.tv aseguró que lo que le pedían, la obtención de los movimientos bancarios y datos tributarios de Tomás Ayuso no sólo era “ilegal” sino que quienes se lo solicitaron no tenían “interés legítimo” en la obtención de esa información. Gutiez ya declaró en 2012 en relación con el espionaje entre altos cargos del PP de Madrid que afectó al exvicepresidente de la Comunidad Ignacio González. La agencia Mira, bautizada por el exidirigente local del PP Manuel Cobo como “la gestapillo”, fue la responsable del espionaje que sufrió González en Colombia, encargado supuestamente por el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y por el que fuera tesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta, ya fallecido, en 2008.

Sería un folletín o un programa de televisión de serie B si no fuese porque se trata del principal partido de la oposición. El primero desde hace casi un año en intención de voto, según la mayoría de las encuestas.

La decisión de la dirección del PP de Pablo Casado de ir con todo contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, divulgada este miércoles a través de El Confidencial y El Mundo y confirmada después por fuentes de Génova, marca un camino sin retorno en la batalla interna entre ambos dirigentes por controlar el partido después de que la arrolladora victoria de la lideresa madrileña en las elecciones de mayo de 2021 sembrase la discordia entre quienes, hasta entonces, se presentaban en público como los mejores amigos.

El PP está roto, exhibe sin tapujos sus heridas y amenaza con implosionar. El cisma abierto en el partido fundado por Manuel Fraga no tiene precedentes. Diputados y altos de cargos del partido comenzaron este mismo jueves a tomar partido. Unos con Casado. Otros con Ayuso. Partidarios de la presidenta madrileña acudieron a la sede de Génova para exigir la dimisión del líder nacional. Y los barones, estupefactos, apenas podían disimular su incredulidad ante semejante confrontación sólo tres días después de que Vox haya desafiado la hegemonía del PP en el campo de la derecha y a apenas unos meses antes de que Juanma Moreno tenga que poner su gestión en juego en las elecciones andaluzas.

Fue Casado en persona quien eligió a Ayuso para liderar la candidatura del PP de Madrid en un momento crítico para su partido. Una oportunidad que ella aprovechó, con ayuda de un equipo liderado por Miguel Ángel Rodríguez, exdirector de comunicación de José María Aznar, para construir un discurso político propio, muy próximo a Vox y claramente inspirado en el trumpismo, así como para reivindicarse y exigir el control de la organización política conservadora en la Comunidad de Madrid.

La negativa de Génova a cederle el aparato madrileño, históricamente el más influyente de España y actualmente en manos de una gestora afín a Casado nombrada en los tiempos en que Cristina Cifuentes se vio obligada a dimitir tras la divulgación de un vídeo que la mostraba robando productos en una tienda, está en el origen de la pelea. 

En septiembre se hizo evidente que Ayuso no iba a ceder y que estaba dispuesta a dar la batalla hasta el final. Un final que algunos en Génova creen que puede incluir un combate a cara de perro por la dirección nacional y la candidatura del partido a la presidencia en 2023. Así que la dirección nacional, sabedora del tirón que la presidenta tienen entre los afiliados del partido, de los que depende en gran medida la elección del líder regional del PP, decidió poner toda la carne en el asador para acabar con ella.

Eso activó la llamada Operación Cremas, la búsqueda de información que pudiese ser utilizada en contra de Ayuso como en su día se hizo con Cifuentes —el vídeo que acabó con su carrera la mostraba sustrayendo productos de cosmética en un hipermercado—, a partir de varias informaciones sobre la adjudicación supuestamente irregular de contratos de suministro de mascarillas por valor de 1,5 millones de euros a una empresa administrada por Daniel Alcázar Barranco, residente en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), donde Ayuso y su hermano Tomás solían veranear. 

El pasado mes de noviembre este asunto provocó un serio enfrentamiento en la Asamblea de Madrid después de que su presidenta expulsase a una diputada de Más Madrid por pedir explicaciones.

Génova alimenta la idea de que Tomás Ayuso se embolsó una cuantiosa comisión ilegal por este contrato —algunos medios hablan de 280.000 euros— y encargó a Ángel Carromero, uno de los hombres de confianza de Teodoro García Egea, que hasta el jueves formaba parte del equipo de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, la búsqueda de pruebas. 

Carromero se hizo famoso en 2012 cuando fue condenado en Cuba por homicidio imprudente en el accidente de tráfico de Oswaldo Payá, dirigente de la oposición cubana. Las gestiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero consiguieron que La Habana aceptase que el cumplimiento de la condena se llevase a cabo en España, aunque en apenas unas semanas Carromero se benefició del tercer grado y desde entonces ha ido viviendo de diferentes cargos que dependen de su partido.

El PP pidió en octubre explicaciones a Ayuso y supuestamente amenazó con sacar a la luz pruebas sobre el caso que afectaría a su hermano. En ese momento el enfado de Génova con la presidente madrileña era enorme después de que la lideresa desbaratase la convención nacional del partido de València. 

Fue Pablo Casado en persona, según reconocieron este jueves Ayuso y García Egea, quien pidió a la presidenta madrileña explicaciones por este supuesto caso de corrupción.

Ayuso negó ya entonces las acusaciones, pero Génova siguió adelante. Carromero, por orden de la dirección del partido, según las informaciones publicadas en las últimas horas —que han sido desmentidas tajantemente por la dirección nacional del PP y el alcalde de Madrid, que es para quien trabajaba hasta ahora—, habría entrado en contacto con varias empresas de detectives para sondear su la posibilidad de obtener pruebas contra Ayuso. 

Buscaban, según el diario El Mundo, un extracto de cuenta bancaria del hermano de Ayuso y la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria de la empresa Priviet Sportive SL a la que la Comunidad había otorgado en plena pandemia el contrato para la compra de mascarillas. Querían saber si esta compañía le había abonado alguna cantidad.

Una de las personas contactadas por Carromero fue, según su propio testimonio, Julio Gutiez, director de la agencia de detectives Mira, quien decidió revelar las intenciones de Génova. No está claro todavía —hay varias versiones— si avisó directamente al equipo de la presidenta o si se lo trasladó al exministro de Mariano Rajoy Rafael Catalá. 

Según una de las versiones difundidas, fue el también extitular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón quien habló en diciembre con el alcalde de Madrid para avisarle de que Ayuso sabía que Génova había puesto en marcha una investigación para acabar políticamente con ella vinculándola al supuesto caso de corrupción de su hermano. Y que, lo que afectaba directamente a Almeida, para llevarla a cabo alguien de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) se había puesto a buscar detectives. La presidenta de Madrid asegura que fue ella misma la que puso los hechos en conocimiento del alcalde, cuya actuación en este asunto ha defendido públicamente.

Almeida, en una insólita rueda de prensa en la que se negó a responder preguntas que no tuviesen que ver con su corporación municipal pese a que es el portavoz nacional del PP, confirmó en la mañana de este jueves que “alguien”, con conocimiento de Ayuso, le avisó en diciembre de que un empleado de la EMVS del Ayuntamiento de Madrid se había reunido con un detective para encargarle la investigación contra la presidenta. 

No obstante, aseguró, las pesquisas llevadas a cabo para confirmar este hecho no dieron frutos. El detective, explicó, ha negado ese contacto y no hay constancia de que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo haya suscrito con él ningún contrato. “Una vez hechas estas averiguaciones concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión y que no hay ningún contrato”, zanjó.

Sus explicaciones no han convencido a casi nadie, y menos que a nadie a Ciudadanos, su socio de gobierno. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, anunció inmediatamente que no da ni mucho menos por terminado un asunto que considera gravísimo y que el alcalde le ocultó. Y que va a apoyar la creación de la comisión de investigación que ha propuesto la oposición, lo que abre un brecha de consecuencias impredecibles en el gobierno de la capital a año y medio de las elecciones municipales.

De hecho, la dimisión en la misma tarde del jueves de Ángel Carromero parece desmentir a Almeida y confirmar que el asesor del alcalde y estrecho colaborador de Casado y García Egea sí tuvo algo que ver con la Operación Cremas.

En Génova creen que Ayuso está detrás de la publicación de las informaciones que han revelado el supuesto espionaje y, sobre todo, han sacado a la luz el intento de la dirección nacional de acabar con ella echando mano de un supuesto caso de corrupción. Con ello, sospechan, la presidenta de Madrid estaría intentando obligar a Casado a cortar la cabeza de su mano derecha, Teodoro García Egea, aprovechando el momento delicado que vive el partido después del fracaso de su estrategia en las elecciones de Castilla y León.

En rueda de prensa, Ayuso aseguró que aunque el contrato que ha sido puesto en cuestión se materializó en abril de 2021, ella se enteró de su existencia meses después por boca de Pablo Casado cuando en septiembre fue “a su despacho para hablar de la situación del partido y del congreso”. “Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dosier se lo habían filtrado desde La Moncloa”.

La presidenta madrileña sostiene que preguntó a su hermano para saber si había cobrado una comisión ilegal y que este le “confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa” pero “que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado”. Ayuso no explicó si cobró y cuánto por ese contrato y se limitó a afirmar que ni ella ni su Gobierno intervinieron “para adjudicar ni ese, ni ningún otro contrato a nadie” de su “entorno”. “Nunca”, aseguró, ha “ayudado” a su hermano “para conseguir absolutamente nada en su vida laboral”.

Sin embargo, el número dos del PP, Teodoro García Egea, no da por buena la versión de Ayuso. También en rueda de prensa mantuvo que la presidenta madrileña sigue sin aclarar el “supuesto cobro de comisiones relativas a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid” en “beneficio de su entorno”.

El número dos de Casado confirmó que el PP decidió el pasado 20 de octubre abrir una “averiguación interna” mediante la cual Génova emplazó a la presidenta“ a “aportar más información con el propósito de aclarar definitivamente el asunto. Pero ha sido en vano. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna aclaración”. 

Garcia Egea, en nombre de Casado, relacionó el caso “con las diferencias entre la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso respecto al PP de Madrid”. Según él, Ayuso reaccionó a la petición de información con “una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias” que “han hecho mucho, muchísimo daño a nuestra organización en estos últimos meses”.

El secretario general del PP acusó directamente a Ayuso de intentar utilizar “las siglas” del partido “para blindarse ante problemas en las que eventualmente pueda verse envuelta”. Algo que Génova no está dispuesta a permitir: “El honor del Partido Popular es ahora nuestro activo más valioso y todos nuestros cargos tienen el deber político y moral de colaborar en su preservación. Se puede tener un buen resultado electoral”, remachó aludiendo a la principal fortaleza de Ayuso, “pero eso no exime el deber de rectitud y lealtad”.

La presidenta madrileña, remarcó García Egea, reconoció “que han existido pagos” pero aun así “ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas”, contra Casado y la dirección del PP que tendrán consecuencias.

“Los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder en derecho” y el partido va “a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones judiciales oportunas”.

La dureza de la respuesta de García Egea estuvo a la altura de la declaración sin preguntas de la propia Ayuso, pronunciada apenas una hora antes, en la que llegó a acusar a la dirección del PP de “fabricar corrupciones” contra ella y hasta de incumplir la ley de partidos: “Yo sólo quiero que de manera democrática se dé la voz a los afiliados y se actúe conforme a la ley, pues desde hace un año se está incumpliendo la Ley Orgánica de Partidos Políticos en numerosos puntos”.

“Ahora que ya se sabe públicamente, y que ellos lo admiten, pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional”, exigió la presidenta madrileña, que también defendió su lealtad al PP, puesta en cuestión por del equipo de Casado: “Si hubiera querido atacar a mi partido, habría contado todo lo que sabía hace meses. Pero no lo hice. Y así he participado en mítines, hasta en siete actos en la campaña de Castilla y León y en otras tantas entrevistas, intervenciones…”

Por primera vez, Ayuso fue directamente contra el líder del PP, hasta hace poco su mentor y figura de referencia dentro del partido: las acusaciones contra ella, “que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos”. Y no buscan desvelar la verdad sino desprestigiarla “personal y políticamente”.

Pero ella, en todo caso, siente que ya no le debe nada. “He devuelto mi compromiso con Pablo Casado pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 a la mayoría absoluta que, estoy convencida, tenemos hoy. No cabe mayor ejemplo de lealtad a mi casa. Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí”.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este jueves que los servicios jurídicos del partido están estudiando si proceden acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante las "acusaciones gravísimas, casi delictivas" contra el presidente Pablo Casado y la dirección nacional. Además, ha avanzado que el PP le abrirá un expediente informativo para "culminar las averiguaciones que se han llevado a cabo". "Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas", ha asegurado, para recalcar que "se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime de rectitud y lealtad".

García Egea se ha pronunciado así después de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, en las que ha denunciado que la dirección del PP la ha acusado de corrupción "sin pruebas". "No puede haber algo más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia. La familia es lo más importante que tenemos", ha subrayado la presidenta madrileña en una comparecencia sin preguntas.

Apenas una hora después, en una comparecencia en la sede nacional del PP, García Egea ha arrancado su intervención asegurando que su obligación es asegurar que el partido está "libre de toda sospecha" y que sus cargos están comprometidos con la "ejemplaridad y la transparencia". Según ha subrayado, ése es el mandato que asumió la actual dirección del PP y en esta línea él seguirá trabajando.

Por eso, ha dicho que cuando en septiembre del año pasado el PP recibió información sobre un "supuesto cobro de comisiones" sobre un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid "en beneficio" del entorno de Ayuso, Pablo Casado convocó a la presidenta madrileña en su despacho para aclarar los hechos y ella se comprometió a hacerlo "de forma inmediata". Según ha agregado, el PP supo entonces que esa información estaba también en manos de la oposición y algunos medios.

Poco después, ha proseguido, informó a la presidenta el 20 de octubre de que el partido ponía en marcha el "procedimiento de buenas prácticas" e iniciaba "una averiguación interna, que ha enmarcado en el "protocolo habitual" y que, según ha dicho, "no prejuzga nada". Ella, ha continuado, quedó emplazada a aportar más información para aclarar definitivamente el asunto y "hasta el día de hoy". "Ha sido en vano, no hemos recibido ninguna aclaración", ha enfatizado García Egea, para recalcar que su obligación como secretario general es "cerciorarse de la verdad como ha hecho siempre con todas las informaciones que he recibido con todos los cargos públicos a los que han afectado, sean cuál sean su ámbito territorial y orgánico".

Tras asegurar que la verdad "siempre se abre paso y que es imposible taparlo todo, todo el tiempo", ha desmentido de "forma tajante" que la dirección nacional haya contactado con una agencia de detectives o cualquier tipo de agente externo o que haya elaborado un dossier sobre Ayuso porque en ese caso sería "cesado". También ha rechazado que la dirección del PP le hayan imputado la comisión de un delito. "Nunca", ha proclamado.

Además, ha señalado que muchos se preguntarán si este asunto guarda relación con las diferencias estos meses entre Génova y Ayuso con respecto a la fecha del congreso y "la respuesta es que sí". Y ha criticado que, a raíz de la petición de aclaraciones ante las informaciones de "presuntas irregularidades" y se le consulte a ella por su "veracidad", hayan recibido una campaña "masiva de ataques, calumnias e infundios" como las de este jueves, en alusión a la comparecencia de la presidenta madrileña.

A su entender, son "ataques injustos" e "intolerables" que han hecho "muchísimo daño" a la organización y a sus militantes, que iban acompañados de la exigencia para hacer ya el congreso regional cuando su convocatoria estaba ya fijada por la Junta Directiva Nacional. "Esta dirección nacional no puede aceptar que nadie utilice las siglas de nuestra organización para blindarse ante problemas en los que eventualmente pueda verse envuelto", ha avisado.

García Egea ha resaltado que "lo único" que ha pedido la dirección del PP es "colaboración leal" y "aclaraciones" en el ámbito interno, "nada más" como se hace con "todos los cargos del partido". "Se puede tener un buen resultado electoral pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad", ha manifestado.

Sin embargo, ha dicho que Ayuso, "tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas" contra Casado y toda la dirección nacional del PP, una reacción que "nunca" pudieron imaginar porque es "algo nunca visto en la historia" del Partido Popular.

Por eso, el número dos de Casado ha anunciado que los servicios jurídicos ya está actuando ante las acusaciones que se han vertido y se le abrirá expediente informativo. "Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a un partido que le ha dado todo", ha aseverado. Además, ha destacado que desde la dirección del PP "lo único que se ha hecho es apoyarla en sus momentos de mayor dificultad y soledad cuando nadie creía en ella y todo el mundo la atacaba". "Yo mismo, el pasado 2 de junio la apoyé públicamente para presidir el PP de Madrid", ha recordado.

Dicho esto, ha anunciado que los servicios jurídicos del partido están estudiando acciones legales que "puedan proceder en derecho" y ha avanzado que el partido también le abrirá un expediente informativo para "culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo". "Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas", ha señalado.

García Egea ha dicho compartir con Ayuso que "la familia es lo más importante" que se tiene y, por eso, ha dicho que él no tolerará "una sola acusación más sobre su honorabilidad y sobre los centenares de miles de afiliados del PP" tras esta acusación "tan injusta y tan cruel" a la dirección nacional del partido que "le ha dado todo". Además, se ha mostrado convencido de que el PP "recuperará su unidad" y su "fuerza", y España "tendrá por fin" el Gobierno que "merece".

Al ser preguntado si esa información sobre el contrato sanitario le llegó al PP de Moncloa, como ha apuntado Ayuso, ha dicho que él no va a desvelar conversaciones privadas pero ha añadido que si esa información obraba en manos de otras personas, también podían disponer de ella los "adversarios políticos".

Preguntado si el PP pensó estos meses que Ayuso no era la persona idónea para presidir el PP, ha señalado que Casado le ha dado estos 17 años puestos más importantes que el de presidir el PP madrileño. "Los afiliados son los llamados a elegir al presidente del PP de Madrid y ésa era nuestra intención", para criticar que se "presionara" para adelantar un congreso cuando ya había un calendario fijado.

En cuanto a si la dirección nacional del PP tiene pruebas de que el hermano de Ayuso haya cobrado una comisión de 280.000 euros por mediar en un contrato a favor de un amigo de la familia, ha señalado que la propia Ayuso ha comentado que "existe una relación comercial entre esas dos personas y, por tanto, eso tendrán que aclararlo". Preguntado de nuevo si tenían información de esa presunta ilegalidad por qué no acudieron a la Fiscalía, ha reiterado que cuando reciben estas informaciones actúan en el ámbito interno, sin "prejuzgar nada".

Intervención íntegra de Teodoro García Egea:

El equipo de Pablo Casado, capitaneado por Teodoro García Egea, se fue el domingo a la cama con un suspiro de alivio después de acabar el recuento como la fuerza más votada pero sabiendo ya que el reto que tiene por delante es quizá el más importante de cuantos les ha tocado afrontar desde que se hicieron con las riendas del PP. en el verano de 2018.

El dilema es sencillo. Tienen que elegir entre dar entrada a Vox a las tareas de gobierno o negarse a aceptar esa posibilidad. Aparentemente, Génova ha optado por la segunda opción. 

García Egea, siguiendo las instrucciones de Casado, ha propuesto al presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, que negocie con los grupos minoritarios, (Soria Ya, UPL, Por Ávila y Cs) un pacto de investidura con el que redondear su exigua mayoría de 31 a una mucho más amplia de 39 escaños. Seguiría sin ser bastante como para que Mañueco fuese elegido presidente, pero sí lo suficientemente amplia, a ojos de Génova, como para obligar a Vox o al PSOE a abstenerse y evitar una repetición de elecciones de incierto desenlace.

Para dar credibilidad a su plan, la dirección nacional del PP ha hecho saber que en ningún caso formará un gobierno de coalición con Vox. Asegura que los que firmó con Cs en tres comunidades no han funcionado —uno de ellos aún está en vigor en Andalucía— y que la única manera de que la Junta tenga “estabilidad” es que sea monocolor.

La propuesta tiene, en principio, escasas posibilidades de salir adelante. Este mismo lunes se encontró con tres obstáculos. Uno inesperado y dos más previsibles. El inesperado la protagonizó Mañueco, que no sólo se niega a rechazar la posibilidad de dar entrada a Vox en su Gobierno sino que ha dejado bien claro que será él quien negocie, no Génova. Hace tres años fue García Egea el que dio forma a los acuerdos con Ciudadanos en Murcia, Madrid y Castilla y León, así que su declaración sonó más a advertencia: no dejará que Casado se inmiscuya en una negociación que quiere basar exclusivamente en la realidad de Castilla y León. 

Su junta directiva nombrará este martes una comisión para iniciar los contactos con las demás fuerzas políticas de las Cortes, empezando por el PSOE y Vox.

Los otros dos obstáculos, los previsibles, llegaron de la mano de estos dos partidos. Los ultras no dejan espacio para las dudas: en su primera rueda de prensa tras la jornada electoral, su candidato a la presidencia, Juan García Gallardo, dejó claro que las reglas del juego han cambiado. Bajo ninguna circunstancia apoyarán la investidura de Mañueco a menos que el PP firme un pacto programático que les dé entrada en la Junta en proporción a su peso dentro de la coalición, lo que significa que querrán al menos un tercio de las consejerías además de una vicepresidencia. 

Más controvertida fue la negativa del PSOE. La posición oficial de la Ejecutiva es que tampoco, de ninguna manera, facilitarán un gobierno del PP para evitar que dé entrada en la Junta a la extrema derecha. Pero no todos están de acuerdo: el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cree que quizá su partido deba asumir la responsabilidad de impedir que Vox pueda gestionar presupuestos públicos y desarrollar sus políticas de extrema derecha aunque el precio a pagar sea facilitar la investidura de Mañueco.

Puente, el político socialista con más proyección en Castilla y León al margen del candidato, Luis Tudanca, que el domingo amagó con una retirada después del resultado de las elecciones, fue el único que discrepó en público con la dirección del PSOE. Pero, según fuentes socialistas consultadas por infoLibre, no es el único que piensa así, lo que a pesar de la posición oficial del partido alimenta la posibilidad de que ese debate se abra camino en las próximas semanas en la medida en que fragüe la hipótesis de un acuerdo de coalición PP-Vox.

No obstante, fuentes de Moncloa insisten en que queda “descartado” facilitar el gobierno de Mañueco, y se ciñen a lo que ha dicho la Ejecutiva Federal. Aseguran que la posición expresada por Óscar Puente lo fue “a título personal”.

A favor de esta posibilidad se pronunció este lunes Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas, que ha pasado de tener 12 procuradores a un solitario escaño, defendió un pacto PP-PSOE como la mejor solución para impedir la entrada de Vox en su primer gobierno autonómico.

El calendario obliga a a tomar las primeras decisiones antes del 10 de marzo. Ese día se constituyen las Cortes y se elige la Mesa mediante un procedimiento que exige pactos previos para quien quiera hacerse con la presidencia, un puesto clave desde el punto de vista del control de la actividad del legislativo autonómico. La lógica de las coaliciones en España sugiere que Vox reclamará esa silla, lo mismo que hizo Ciudadanos hace tres años. Pero no podrá conseguirla si no llega antes a un acuerdo con el PP, sobre todo si el PSOE negocia con Unidas Podemos, Soria Ya y UPL.

Pablo Casado reunirá este martes a la dirección del partido, incluidos sus barones, para analizar el resultado y escuchar opiniones después de ver cómo su estrategia en Castilla y León se daba de bruces con la realidad. 

Para el líder del PP dar entrada a la extrema derecha en el Gobierno de la Junta es un problema. En primer lugar, porque le dejaría en evidencia ante sus socios del Partido Popular Europeo, la mayoría de los cuales son partidarios de aislar a los ultras en las instituciones (hay excepciones en Finlandia, Italia y Austria). Y en segundo lugar porque pondría negro sobre blanco que ese pacto sería también posible en Andalucía y, sobre todo, en España después de las elecciones generales de 2023.

De ahí que su prioridad, al menos en estos momentos, sea buscar la abstención de Vox o del PSOE. Si los dos votan en contra de la investidura de Mañueco habría que repetir las elecciones en Castilla y León y en Génova creen que eso obligará a los socialistas o quizá a los de Santiago Abascal a abstenerse y abrir así la puerta a un gobierno del PP en minoría pero en solitario. 

El fracaso estratégico en Castilla y León, que este lunes fue ampliamente reconocido por la derecha mediática, no es el único problema que Casado deberá afrontar en las próximas semanas. A la decisión de Mañueco de ignorar a la dirección general y pilotar personalmente la negociación de su investidura se suma la inmediata resurrección del pulso con Isabel Díaz Ayuso. 

La presidenta de Madrid felicitó a Mañueco en la noche electoral a través de Twitter con una foto en la que no aparecía Casado y sí Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno: 

Su consejero de Educación y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, cree que los resultados del domingo confirman la necesidad de que el congreso del PP de Madrid se adelante para poder preparar las elecciones municipales de 2023, a las que Ayuso quiere llegar teniendo bajo control el partido en la región y poder así decidir las candidaturas sin tener que pasar por el filtro de Génova. 

En una entrevista en Telemadrid, Ossorio evitó hacer una propuesta concreta, pero defendió las bondades que a su juicio tiene llegar a acuerdos con Vox y rechazó sin paliativos la posibilidad de pactar la investidura con el PSOE. “Es imposible, el PSOE ya no es el PSOE, es el sanchismo”, zanjó. 

El equipo de Ayuso sabe que, en contra de lo que Génova pretendía, el resultado electoral en Castilla y León no sólo ha debilitado a Casado sino que que refuerza aún más lo específico de la victoria de Madrid de hace un año. Y se dispone a hacer valer ambas cosas para que, en contra de los deseos del líder nacional, la presidenta madrileña se convierta cuanto antes en la máxima responsable del PP madrileño.

Ni un tuit. Ni una declaración en una rueda de prensa. Ni una referencia en una intervención pública. El líder de la oposición, Pablo Casado, y su número dos, Teodoro García Egea, que además es el hombre fuerte del partido en la Región de Murcia, han mirado para otro lado después de ver las imágenes del asalto protagonizado por un grupo de unas 30 personas que este lunes desbordaron a la policía y paralizaron el pleno del Ayuntamiento de Lorca para impedir la aprobación de una medida destinada a limitar las macrogranjas en el municipio murciano.

El silencio de los dos dirigentes del PP contrasta con la rapidez con la que a menudo se movilizan en redes sociales contra cualquier acto que consideran contrario a las normas democráticas, especialmente si se produce en Cataluña o en el País Vasco.

O en Madrid, cuando se trata de Vox:

Sí habló de este asunto el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, aunque en términos muy generales y en respuesta a los periodistas que le preguntaron después de una reunión de partido celebrada en el Senado. “Rechazamos todo tipo de violencia”, aseguró antes de añadir, a renglón seguido, que eso “es compatible además con reivindicar el trabajo de nuestros ganaderos y agricultores”.

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, relacionó directamente el asalto con el Gobierno de Pedro Sánchez, y en concreto con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en referencia a las declaraciones que hizo en un diario británico criticando las macrogranjas. “Los ganaderos tienen un problema porque tienen un Gobierno absolutamente lamentable con un señor que está insultando a la calidad de la carne española”, proclamó.

Sí condenó expresamente lo ocurrido el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y su partido en la Región, horas después de que el PP de Lorca justificase el asalto y pusiese sordina a lo ocurrido. 

“Todos debemos rechazar cualquier tipo de violencia”, escribió López Miras en Twitter, “más aún” si “impide el funcionamiento de instituciones democráticas como el pleno de un ayuntamiento”. Aunque, añadió, simpatizando con los supuestos motivos de los asaltantes: “Junto a la condena de estos actos, pido diálogo y consenso antes de tomar decisiones que comprometan el futuro de tantas familias”.

Dirigentes del PP llevan tiempo celebrando en privado cada vez que grupos de personas insultan o intentan agredir a miembros del Gobierno o líderes del PSOE y de Unidas Podemos. Consideran que el malestar social de una parte de la sociedad, que ellos creen generalizado, juega a su favor. 

En un acto político celebrado en noviembre pasado, el número dos del PP, Teodoro García Egea, llegó a mostrarse comprensivo con las personas que intentaron agredir a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a pesar de asegurar que sentía “el mal rato” que había tenido que pasar. “Es un síntoma del agotamiento de Gobierno”, señaló entonces. Al PP “nadie nos tira huevos por la calle”. “La calle no puede más”, justificó. “O cambian de rumbo, o no van a poder salir”, conlcuyó.

El PP confeccionó incluso un vídeo de propaganda con aquellas declaraciones:

Menos tibio se mostró Vox. La extrema derecha española no sólo no ha condenado el asalto a una institución democrática municipal sino que sus dirigentes se han mostrado comprensivos con quienes desbordaron por la fuerza a la policía para forzar la suspensión del pleno del ayuntamiento e impedir que los legítimos representantes de los vecinos de Lorca adoptasen medidas para poner límites a las macrogranjas.

“Comprendemos la desesperación a la que están llevando los políticos de la Agenda 2030” a los ganaderos y agricultores, aseguró el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. El dirigente ultra también restó importancia al asalto diciendo que no hubo daños materiales ni personales, a diferencia, subrayó, de lo que según él sucede cuando “la izquierda violenta” se manifiesta “cada vez que Vox consigue una victoria".

La cuenta oficial de Vox en Twitter retuiteó una anotación del sindicato Solidaridad, considerado afín a la ideología ultra, jaleando a las personas que decidieron ignorar el cordón policial e irrumpir por la fuerza en el edificio en el que iba a tener lugar el pleno municipal de Lorca.

“Ya está bien de políticas globalistas que juegan con el pan de los trabajadores. Solidaridad con los hombres del campo que ven cómo se pretende acabar con su sustento y su forma de vida”, escribieron junto a las imágenes del asalto:

Ciudadanos sí se desmarcó del PP y de Vox. Su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, acusó a ambos partidos por igual de “justificar” el asalto y denunció que sus protagonistas entraran “con violencia” en el lugar en el que se iba a celebrar el pleno del Ayuntamiento de Lorca “alterando” el orden público y, por tanto, “incumpliendo la ley”. Las declaraciones de los dirigentes del PP y de Vox, aseguró, son “infames”.

“Ciudadanos no justifica ni tolera la violencia buena o mala porque sea de derechas o de izquierdas, sino que la condena sistemáticamente”, subrayó Bal. Las normas jurídicas están para cumplirlas porque, de lo contrario, en el país regirá “la ley de la selva”.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha insistido en que el PP reclamara en los tribunales a través de las denuncias de ayuntamientos y autonomías y ante Bruselas si es necesario el reparto de los Fondos destinados a políticas activas de Empleo de la UE para evitar que sea "el dedo del presidente", Pedro Sánchez, el único criterio.

En el acto de apertura del XIV Congreso Regional del PP de Castilla y León que se ha celebrado en León, García Egea ha lamentado que el único criterio que ha primado a la hora de repartir estos fondos es dárselo a "territorios que voten PSOE", según informa Europa Press. "El PP no pregunta a quien se vota, da fondos para vecinos e infraestructuras, sin embargo, el Gobierno pregunta dónde han votado al PSOE para invertir fondos UE, convenidos bilaterales", ha lamentado.

Así, ante los cerca de 800 compromisarios que se concentraron en el Palacio de Congresos de León, el secretario general de los conservadores ha criticado que el PSOE deje "en peores condiciones" a las autonomías que han votado al PP.

Ante esta situación, García Egea ha insistido en que el PP reclamará ante los tribunales un reparto justo de fondos con el fin de que las autonomías gobernadas por los conservadores no sean "menos que nadie", al tiempo que ha asegurado que se reclamará ante Europa si es necesario.

"El PSOE ha castigado a Castilla y León, le niega lo que le corresponde", ha lamentado el líder conservador, quien ha recordado que en su día el PP planteó una oficina de fondos de la UE para que se repartieran en base a unos criterios objetivos y no en base al "sectarismo". "¿Alguien sabe dónde ir a solicitar los fondo UE?, solo el dedo del presidente, lo llevaremos a Bruselas si es necesario defendernos de un gobierno sectario", ha zanjado.

El secretario general del PP también ha insistido este sábado en que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, debe "irse a su casa" tras sus declaraciones sobre la calidad de la carne producida por la ganadería extensiva. "No hay una España vaciada, hay una España llena de oportunidades, hay ministerios y políticos vacíos como Garzón", ha señalado.

García Egea también ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "penalizar al que trabaja y crea empleo". "Si te dedicas a ocupar viviendas o a ir a las marchas de los etarras te dejan tranquilo, si creas prosperidad estás fastidiado", ha reseñado.

En este sentido, ha tachado de "desastre" el Gobierno central, un punto en el que se ha referido a asuntos como la reforma laboral. "¿Hay alguien al mando de este desastre que nos gobierna?", se ha preguntado el secretario general del PP, quien ha lamentado que a Pedro Sánchez le "molesten" comunidades como Castilla y León, algo que demuestra con acciones como el "cierre" de Navacerrada.

"Cada vez que sube la gasolina o la luz sirve para pagar a ministros como Garzón que fuera de España hablan mal de España", ha manifestado, tras lo que ha insistido en que no se puede permitir que la gente que "vive y trabaja en el campo" se sientan "atacados" por unos señores "que no han pisado una ganadería en su vida". "No permitamos que desde Madrid nos digan qué hacer", ha zanjado.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, puso este lunes en marcha el calendario electoral en el que el PP de Pablo Casado lleva meses trabajando para relanzar las expectativas electorales de su líder, al que las últimas encuestas situaban en horas bajas.

Mañueco ha justificado la convocatoria anticipada de elecciones para el 13 de febrero en una supuesta “traición” de sus socios de gobierno de Ciudadanos, los mismos que le hicieron presidente en 2019 a pesar de que la candidatura más votada había sido la del PSOE. Les ha culpado de “pactar los presupuestos” autonómicos con los socialistas “a espaldas del presidente”, subrayó hablando de sí mismo en tercera persona, y de tratar de“ chantajearle”.

“Se han dado la mano para quebrar el principio de igualdad entre provincias. El chantaje funciona con Sánchez, conmigo no. Me hubiera gustado agotar la legislatura pero esta situación es insostenible”, proclamó en una rueda de prensa sin preguntas. 

El presidente de Castilla y León añadió a los motivos para convocar elecciones en estos momentos, en plena sexta ola de la pandemia, la creencia de que el PSOE estaba planeando presentar, a partir del mes de marzo, una moción de censura con el apoyo entre otros de Ciudadanos.

“La estabilidad [parlamentaria] se había roto por las intrigas de Tudanca [el líder autonómico del PSOE]. Existía riesgo de moción de censura” y “un gobierno frankestein sostenido en tránsfugas seria nefasto” para Castilla y León”, aseguró.

Mañueco no sólo ha convocado elecciones sino que ha expulsado de su gobierno a los consejeros de Ciudadanos. Tiene dos objetivos: competir abiertamente con ellos por el electorado de centro derecha y privarles de la plataforma electoral que supone estar en la Junta de aquí al día de las elecciones.

Hace meses que el presidente de Castilla y León amaga con la convocatoria anticipada basándose en la mera hipótesis de una moción de censura de PSOE y Ciudadanos. Nunca ha puesto sobre la mesa ninguna prueba de que semejante moción sea algo más que un temor, pero la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tampoco las tenía cuando convocó elecciones anticipadas basándose en la misma idea para construir el relato de que su Gobierno estaba amenazado por na operación de la izquierda con el apoyo de los naranjas, justo lo que acababa de ocurrir en la Región de Murcia.

Y lleva tiempo buscando una excusa que le permita anticipar las elecciones en su comunidad aprovechando que las encuestas anticipan una victoria del PP. Lo intentó a la vuelta del verano cuando tenso la cuerda para intentar que fuese Ciudadanos quien rompiese el Gobierno. Pero los naranjas resistieron el órdago y se mantuvieron dentro de la coalición aun a costa de la humillación pública a la que Mañueco acababa de someter a su consejera de Sanidad, Verónica Casado.

La estrategia de Mañueco es la de Casado y así la ratificó el PP a través de un comunicado en el que respalda la decisión. El líder del PP, que puso hace semanas al partido en modo electoral, lleva apostando por elecciones anticipadas en Castilla y León y Andalucía desde que sus propias expectativas electorales comenzaron a flaquear en las encuestas, zarandeadas por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Casado necesita victorias parciales que impulsen de nuevo su propia candidatura, tal y como hizo Ayuso en Madrid el pasado mes de mayo. 

El presidente andaluz, Juanma Moreno, todavía no ha puesto fecha a su propia convocatoria, que con toda probabilidad se celebrarán en junio o en octubre. Ese es el calendario que Génova buscaba: dos citas electorales consecutivas que espera muy favorables y que le sirvan de puente hacia las municipales, autonómicas y generales de 2023. 

De momento, fuentes del Gobierno andaluz consultadas por infoLibre sostienen que Moreno “en absoluto” se verá influido por la decisión de Mañueco. “Andalucía tiene su propio ritmo, su propia agenda“. El presidente Moreno lleva desde su investidura, en enero de 2019, trabajando un perfil andalucista, que chocaría con la decisión de ir a rebufo del adelanto en Castilla y León. 

Moreno ha afirmado que su previsión es que las elecciones andaluzas sean como muy pronto en junio, aunque podría llevarlas hasta después del verano, o adelantarlas si la legislatura se hace impracticable y no logra aprobar nada en el Parlamento por el voto negativo de la izquierda y Vox. Él dispone del botón rojo para disolver el Parlamento e ir a las urnas. Su socio, Cs, reclama agotar toda la legislatura y celebrar los comicios a finales de 2022. Las elecciones no pueden ser en julio ni en agosto.

Los partidos de la oposición intentan acelerar sus ritmos. En el PSOE Juan Espadas, elegido líder del partido en junio, acaba de librarse de sus obligaciones como alcalde de Sevilla y aún debe darse a conocer por toda Andalucía. Juan Marín ha sido elegido candidato de Cs con el voto de poco más de 800 militantes y el partido sumido en una crisis agónica. Vox aún no ha decidido formalmente quién será su candidato, aunque en la práctica Macarena Olona se comporta como si estuviera en campaña. Unidas Podemos tampoco ha aclarado quién encabezará su papeleta, siendo Toni Valero, coordinador andaluz de IU, la figura con mayor visiblidad en la comunidad durante esta legislatura. Adelante Andalucía sí tiene candidata: Teresa Rodríguez, que se presentará por tercera vez tras dos intentos con Podemos. En cuanto a la España Vaciada, que centra sus expectativas en Jaén, unas elecciones pronto dificultarían el desarrollo de una candidatura con posibilidades.

Las últimas encuestas publicadas hace poco más de un mes en Castilla y León pronosticaban una victoria del PP —en 2019 ganó el PSOE— muy cerca de la mayoría absoluta y un retroceso de los socialistas que les dejaría en torno a los 30 escaños en unas Cortes en las que tienen asiento 81 procuradores. Ciudadanos y Vox intercambiarían posiciones (los naranjas pasaría de 12 a 1 escaños y los ultras de uno a 10 u 11); Podemos mantendría posiciones (tiene dos procuradores). El resto de asientos (entre dos y tres) serían para Unión del Pueblo leonés(UPL) y Por Ávila (XAV) en la primera prueba de fuego para las plataformas de la España vaciada.

La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional de las diligencias previas abiertas por el juzgado de Instrucción número 7 de Murcia sobre un supuesto trato de favor del presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, para adelantar una intervención sanitaria a un familiar del secretario general del PP, Teodoro García Egea, informa Europa Press.

Cabe recordar que el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia acordó incoar estas diligencias previas por esta denuncia por presunto cohecho presentada por Podemos e Izquierda Unida contra López Miras y un responsable de la Consejería de Salud. En la resolución, fechada el 2 de diciembre, el magistrado pedía al Ministerio Fiscal que informara "acerca de la viabilidad jurídica" de la denuncia interpuesta, "con carácter previo a decidir acerca de si se dirige formalmente o no el procedimiento contra los denunciados", informa Europa Press.

Pues bien, el fiscal Juan Pablo Lozano ha respondido a este requerimiento y sostiene en su escrito que, de forma contraria a como infieren los denunciantes, los hechos en sí mismos "no suponen la comisión de delito alguno, por más que López Miras haya podido utilizar su cargo para obtener esa información y al margen de la valoración extrajurídica que pueda hacerse de esa conducta".

En el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público cree que si la fecha de la intervención estaba fijada para el día 20 de abril de 2021, y el secretario general del PP se interesa por conocer la fecha de la intervención de su familiar, "parece evidente que el paciente y García Egea desconocían tal fecha, pues si no, carecería de sentido esa solicitud de información que se le pide a López Miras".

Para el fiscal, la información publicada por infoLibre "no permite deducir que López Miras hubiese actuado con abuso de su cargo tratando de agilizar la intervención del pariente de García Egea a instancia de éste soslayando el orden prefijado en las listas de espera, sino que sólo acredita que López Miras le comunica a su interlocutor la fecha concreta de la misma porque ha realizado alguna gestión para obtener esa información".

"Esa mera gestión de obtención de información para conocer la fecha concreta de la operación que parecería que realizó López Miras a través del secretario general es lo único que podría derivarse de lo publicado, y esa conducta por sí misma, no integra ningún tipo penal", ha aclarado Lozano en su escrito.

Finalmente, el fiscal también considera "incoherente" que los denunciantes hayan omitido como denunciado al aforado García Egea. "Llama la atención que la denuncia no se presente de forma íntegra contra los 3 supuestos intervinientes en tales hechos que se denuncian como delictivos, pues aunque uno de ellos pudiera ser aforado ante el Tribunal Supremo, los hechos relatados parecen inescindibles y deberían valorarse conjuntamente la actuación de los tres, cualquiera que fuera el resultado final".

En una rueda de prensa y al ser preguntado pro este asunto, López Miras ha mostrado su "respeto absoluto" a las resoluciones judiciales, "como siempre".