Las filas de ERC se han levantado este martes con otro día de acusaciones y reproches cruzados a un mes y medio del Congreso para decidir su dirección política. El partido encara el congreso del 30 de noviembre con dos candidaturas favoritas, la de Oriol Junqueras y la de Xavier Godàs, a la que han dado apoyo Marta Rovira y Pere Aragonès. Hasta llegar a la fecha del congreso, la pugna está arrojando a la luz una división interna evidente. Este martes el mismo Ernest Maragall ha afirmado que “no se cree que Oriol Junqueras no supiera nada de los carteles” que fueron colgados por su propio partido para atacarle durante las elecciones municipales.

Esta mañana se ha filtrado el informe que el responsable de Cumplimiento del partido, Xavier Mombiela, realizó el pasado julio. El informe asegura que Junqueras conocía que los carteles contra el líder de ERC fueron un acto de falsa bandera, como avanzó RAC1. Oriol Junqueras siempre ha afirmado no tener conocimiento de una estructura ‘b’ del partido que desarrollaba acciones de comunicación al margen de las oficiales. Pero este lunes Marta Rovira le acusó de maniobrar contra ella tras despedirse de la secretaría general del partido. 

El informe avanza que no se ha encontrado al ideólogo de los carteles pero que el responsable de la ejecución fue Tolo Moya. InfoLibre ha podido hablar con el mismo Moya, que afirma que “es una vergüenza que se haya filtrado un informe que la comisión de garantías ha dicho que no es correcto”. Según fuentes del partido confirmadas por infoLibre, el informe está aún en revisión por la comisión de garantías de ERC, que debe confirmar la sanción a los responsables. Hasta la fecha se planteaba expedientar con sanciones leves a Sergi Sabrià, exviceconsejero de comunicación y mano derecha de Pere Aragonès y al exsecretario de comunicación Marc Colomer. También aplicar sanciones muy graves al exdirector de comunicación Tolo Moya y graves para el militante de l’Anoia que encargó los carteles. 

Según Moya, el último consejo nacional pactó que las investigaciones del informe debían concluir después del 30 de noviembre “para no torpedear el congreso” que decidirá la dirección política del partido. En ese consejo la misma Marta Rovira confirmó que la investigación seguía abierta porque se habían incorporado nuevas investigaciones. Por este motivo, ERC se negó a mostrar a principios de octubre las facturas de la campaña b tras pedirlo un miembro del consejo nacional, Joan Puig. No obstante, fuentes del partido consultadas por infoLibre, afirman que el informe “es definitivo” porque pasó por la ejecutiva, aunque “siempre se puede abrir si se aporta algún dato nuevo”, concluyen las fuentes.

Cuatro candidatos se presentan para liderar el partido en el congreso del próximo 30 de noviembre. Oriol Junqueras bajo la candidatura de ‘Militància Decidim’, Xavier Godàs liderando la candidatura de ‘Nova Esquerra Nacional’, Helena Solà con ‘Foc Nou’ y Xavier Martínez-Gil en nombre de Recuperem ERC. Marta Rovira y Pere Aragonès se han posicionado en diferentes ocasiones a favor de la candidatura Nova Esquerra Nacional, a quien este martes añade el apoyo de Ernest Maragall. Lo ha desvelado este martes el líder en RAC1, afirmando que el partido necesita “una renovación interna y una reconexión externa”  a la vez que lanzando un dardo hacia Junqueras tras decir que “no cree en soluciones personalistas y carismáticas como hacen otros”.

Dirigentes históricos de ERC mostraron también su apoyo a la candidatura de Nova Esquerra Nacional el jueves pasado, entre quienes hay el expresidente del partido Joan Puigcercós, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Josep Huguet, Marta Cid, Marina Llansana o Pau Ricomà, y exconsejeros de legislaturas anteriores com Meritxell Serret o Manel Balcells. También apoya la candidatura Anna Simó, la exconsejera que comparte con el responsable del informe, Xavier Mombiela, la secretaría de Finanzas y Política de l’Hospitalet.

El entorno político de Marta Rovira inició esta última ofensiva a Junqueras este lunes durante el último día de Rovira como secretaria general del partido. La exsecretaria afirmó que “ninguna decisión se ha tomado al margen de los órganos del partido que corresponden”. Fue aún más allá cuando se preguntó si “constituir un grupo paralelo en Madrid para negociar la amnistía”, “negociar con el PSC qué altos cargos se quedan en el gobierno” o “negociar acuerdos de las diputaciones con personas de ERC que no están en la dirección”, es también constituir estructuras paralelas del partido. El pacto que ERC hace en 2023 junto a PSC y Comuns para gobernar en la Diputación de Barcelona, tercera institución con más presupuesto de la comunidad, es uno de los detonantes de la mala relación con Junqueras. Este lunes Rovira explicó durante su última intervención como secretaria general que el pacto “la hizo sufrir mucho” y que “no se explica en términos de gobernanza y objetivos”. Un pacto que habría cerrado el ahora candidato a la secretaría adjunta de ERC para la candidatura de Junqueras, Oriol López. El pacto llegó dos días después del resultado electoral del 23 de julio, con una fuerte bajada electoral del partido republicano tanto en las generales como en las autonómicas.

El otro episodio que añadió la división interna actual en ERC fue el intento de Junqueras de presentarse como candidato para las elecciones al Parlament en otoño de 2023 en detrimento de Pere Aragonès. Al líder aún no se le había aplicado la amnistía y estaba inhabilitado por el Supremo, y la secretaria general le recordó que el candidato de ERC debía ser quien era Presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Ahora el partido afronta un congreso en un mes y medio con el reto de que este proceso de división no afecte a una desafección de la militancia durante el proceso electoral interno.

ERC ha decidido suspender temporalmente de militancia al militante de L'Anoia (Barcelona) y al exdirector de comunicación del partido Tolo Moya, implicados en el caso de los carteles ofensivos contra el Alzheimer y el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall y su hermano, Ernest Maragall, y ha planteado la expulsión del primero.

Fuentes republicanas han explicado que la Ejecutiva del partido de este viernes ha decidido abrir cuatro expedientes, dos de ellos de carácter leve al exviceconseller del Govern y exvicesecretario de comunicación del partido, Sergi Sabrià, y al también exvicesectetario de comunicación, Marc Colomer.

Al militante de L'Anoia se le ha abierto un expediente muy grave, que podría comportar la expulsión definitiva del partido, mientras que el de Moya es de carácter grave y podría suponer la suspensión de militancia durante dos años, y los leves solo comportan una advertencia.

En un comunicado, el partido ha informado de que se trata de medidas provisionales, a la espera de que los afectados presenten alegaciones y la Comisión de Garantías de ERC lo avale.

La Ejecutiva del partido ha recibido este viernes el informe del responsable de Cumplimiento sobre este caso, y ha ratificado el texto, que incluye "la elaboración de un nuevo protocolo interno para el diseño y gestión de campañas y activismos".

El objetivo de este nuevo protocolo es el de "nunca superar los límites éticos, como pasó con el caso de los carteles", y el informe también reclama una auditoría interna para despejar las dudas generadas sobre esta campaña en el partido.

La Ejecutiva de los republicanos se ha conjurado "para que estos hechos no se vuelvan a repetir" y ha reclamado que se lleven a cabo todas las investigaciones para dilucidar las dudas generadas por esta campaña comunicativa.

La alcaldesa en funciones de Barcelona y candidata de BComú, Ada Colau, ha abogado por compartir la alcaldía de la capital catalana con el candidato de ERC, Ernest Maragall, y el del PSC, Jaume Collboni, durante la próxima legislatura.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este martes recogida por Europa Press, ha defendido que Maragall ocupe el liderazgo durante el primer año de mandato, ella lo haga el siguiente año y medio y Collboni finalice la legislatura al frente del consistorio durante el mismo periodo de tiempo.

"Es cierto que no es habitual plantear una alcaldía compartida, es cierto también que se han acabado estas mayorías absolutas y que ahora tenemos en general un panorama político más fragmentado", ha reflexionado, y ha recordado que durante estos cuatro años las tres formaciones han pactado los proyectos de ciudad juntos, en sus palabras.

Ha dicho que tanto Maragall como Collboni están "dispuestos a hablar de ello", si bien ve desconfianzas mutuas y pesar.

Ha calificado de positivo que Maragall ocupe la alcaldía inicialmente "por toda la trayectoria larga que tiene, si es su último mandato en el Ayuntamiento" y ha considerado que a Collboni le puede beneficiar ser el titular del puesto a final del mandato.

Colau la ve una propuesta realista y perfectamente viable, y ha dicho que compartir la alcaldía es un "incentivo suficiente porque todos tienen un momento donde puede imprimir su línea, su carácter" y a la vez implica corresponsabilizarse del Ejecutivo durante todo el mandato.

Así, ha defendido que "hay las fórmulas para repartir las áreas, que dentro de las áreas pueda haber concejales cruzados" para garantizar el trabajo en equipo.

Ha insistido en "un pacto de gobierno y no de investidura" basado en un acuerdo programático muy detallado, puesto que a su juicio los tres partidos tienen muchas cosas en común.

La actual alcaldesa en funciones ha reiterado al ganador de los comicios y alcaldable de Junts, Xavier Trias, de que "no puede gobernar" con sus 11 concejales, lo que ve una victoria por la mínima.

Ha criticado que un pacto de Trias con ERC haría que los republicanos "se supeditara a Convergència después de todas las críticas y la distancia que han mantenido" y ha augurado que no podrían aprobar presupuestos.

Sobre un acuerdo de Trias con los socialistas, ha erigido al PSC como "los grandes opositores a Convergència".

Asimismo, ha dicho que "está descartado desde el minuto cero" que Collboni sea el alcalde de la capital catalana con el apoyo del PP y los votos externos de los comuns.

Colau ha insistido en que está centrada en la ciudad de Barcelona y ha descartado encabezar una lista de los comuns en las próximas elecciones catalanas.

Ernest Maragall (Barcelona, 1943) ganó las últimas elecciones municipales en su ciudad. Por un estrecho margen y frente a una Ada Colau (Barcelona en Comú) que revalidó el bastón de mando gracias a un acuerdo con el PSC, con el que ha gobernado en coalición estos años, y el apoyo inesperado de Manuel Valls (Barcelona pel Canvi- Ciudadanos), que acabó poniendo tierra de por medio y regresando a Francia.

Asegura estar "motivado" y deseando un debate "de fondo", ajeno a los personalismos y centrado en el modelo de ciudad. Mucho ha cambiado desde 2019, entre otras cosas, la importancia del procés independentista. Tanto, que los presupuestos de la Generalitat para este año nacen de un pacto entre ERC y el PSOE, reflejo de los pactos en el Congreso de los Diputados.

Cuatro candidaturas (la suya propia, la de Colau, la de Jaume Collboni, del PSC y la de Xavier Trias, de Junts per Catalunya) parecen tener opciones de ganar unas elecciones en las que los pactos serán fundamentales. Desde su despacho en la plaza de Sant Jaume atiende a infoLibre convencido de que, ahora sí, es su momento.

En el Congreso y en el Parlament, ERC ha colaborado con el PSOE/PSC y con Unidas Podemos/Comunes. ¿Estarán unidos también sus destinos en Barcelona? ¿Es esa ya la manera de hacer política en Barcelona, Cataluña y España?

Hay que respetar la particularidad de Barcelona y hacer la distinción entre los otros tres partidos [Junts, PSC, comunes, que cotizan al alza en las encuestas]. Mi proyecto es de izquierda transformadora, inteligente, ambiciosa, con unas profundas raíces en los términos de equidad, dignidad y cohesión social, que ahora mismo están en juego. Es una creciente distinción con lo que representa un socialismo que, desde un punto de vista de proyecto de ciudad, es cada vez más conservador. Y también en relación a una izquierda [en referencia a los comunes] que ya ha dado de sí todo lo que podía. Lo que ofrezco se dirige a un amplísimo porcentaje de ciudadanía, más amplio que cualquier otra fuerza.

¿Qué ingredientes tiene su propuesta?

Incluye una dosis de crecimiento económico asociado a unas determinadas variables y sectores. Este gobierno progresista durante ocho años ha generado mayor desigualdad. Barcelona es una ciudad bipolar, con unas potencias indiscutibles y una evidente y creciente desigualdad de ciudadanos que luchan por sobrevivir más que por decidir cómo viven. Eso está asociado a un determinado modelo productivo, a una dependencia de un casi monocultivo turístico, a una cierta renuncia a una economía de mayor valor añadido. Proponemos poner sobre la mesa el concepto de salario mínimo de ciudad, que es algo que está probado, experimentado y aplicado en otros entornos, en otras ciudades.

¿Es viable?

En Barcelona los números reales nos acercarían a los 1.500 euros [brutos y en 14 pagas], si hablamos del 60% del salario medio. No defiendo privilegios, defiendo la misma capacidad, dignidad y cohesión social.

El 67% de barceloneses asegura que es difícil encontrar piso, según un informe del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. El precio medio del alquiler en Barcelona es de 1.067 euros, cuando el SMI es de 1.080 en 14 pagas. ¿Qué hacemos con el acceso a una vivienda digna?

Ha sido el gran déficit de los gobiernos actuales. La señora Colau se comprometió a generar 8.000 nuevas viviendas en sus dos mandatos. La cifra real son 2.342 en ocho años. Ahí es donde estamos. Está pendiente la regulación [de los alquileres] del Estado; la catalana, que nos tumbaron desde el Constitucional; y están pendientes las regulaciones suplementarias que podamos adoptar en el Ayuntamiento. De las que se adoptaron, hay una muy especial, que es la del 30% [en relación a la medida que obliga a los promotores a destinar tres de cada diez pisos nuevos en Barcelona a vivienda asequible]. ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Cuántas viviendas han aparecido al amparo de esa regulación? ¿Cuánto da el 30% de 0?

El Ayuntamiento habla de 200.

¡Caramba! [ríe] Lo que hay que hacer es decidir urbanísticamente en qué puntos de la ciudad estamos en condiciones de hacer aparecer nueva construcción.

¿Se puede?

Claro que se puede crecer, en pocas semanas se va a hacer la aprobación inicial del plan director urbanístico, que habla de más de 20.000 viviendas posibles en suelo urbano. Y esa cifra aún podría crecer más.

La Generalitat debe 1.300 pisos a la mesa de emergencia, denuncia el Ayuntamiento.

Estoy de acuerdo. La Generalitat tiene que ponerse ahí con toda la energía. Uno de los elementos de mi proyecto va a ser ese, el establecimiento de alianzas entre Ayuntamiento y Generalitat.

¿Qué ha fallado?

Hasta ahora ha habido gobiernos más bien de dominio conservador en ese ámbito concreto, pero ahora se abre una oportunidad y vamos a aprovecharlo. El 30% famoso ha conseguido paralizar la inversión inmobiliaria en Barcelona.

¿Usted lo quitaría?

No, lo adaptaría, lo pondría al día de un modo inteligente. Hay que acordar la tasa de retorno de esas inversiones y tiene que ser socialmente aceptable, compatible con la aparición de vivienda asequible. En ese terreno lo estamos haciendo mucho peor que Madrid.

Su partido en el Parlament ha pactado con fuerzas conservadoras, como Junts y Ciudadanos, además del PSC, una ley antiokupas, mientras estas han bajado un 20% en Barcelona desde 2019. Las entidades en defensa del derecho a la vivienda temen que sirva para perseguir a familias vulnerables que ocupan pisos de bancos vacíos. ¿Usted puede asegurar que no será así?

Con esa ley hacemos frente a ese fenómeno, que es complejo y que tiene algunos elementos que deben ser combatidos, porque también hay auténticas empresas…

¿Son la mayoría?

No, ¡qué va!

Han votado con el gobierno municipal para evitar revertir la supermanzana (o superilla, en catalán) que se está haciendo en estos momentos en el Eixample, la mayor transformación urbanística que propone el ejecutivo de Colau, pero a la vez han pactado con Junts evitar que se puedan construir nuevas supermanzanas. ¿Están ustedes a favor o en contra?

No me parece el modelo. La experiencia lo va demostrando día a día. Tiene efectos secundarios dentro del propio ámbito afectado y sobre todo en el entorno que ponen en cuestión la bondad del instrumento. Es mejor partir de un diseño de efectos globales, equilibrados en el conjunto de la ciudad. Las superilles están gentrificando y expulsando familias. Nosotros avisamos antes de que sucediera eso. Hay una opinión mayoritaria que coincide con la crítica.

El 4 de marzo se prevé una gran movilización en Barcelona para protestar contra las infraestructuras que ha pactado su partido con el PSC para desencallar los presupuestos de la Generalitat: el macroproyecto del Hard Rock en Tarragona y el Cuarto Cinturón en el Vallès. Además, el ejecutivo de Pere Aragonès estudia una nueva propuesta de ampliación del aeropuerto del Prat, en el que se plantea una pista flotante sobre el mar de 3,4 km de largo y con un coste de 2.100 millones de euros, 400 millones de euros más que la de Aena. Todo ello en un contexto de emergencia climática.

No está asumido, está pactado que hay que estudiar y establecer un comité de expertos. El Govern y nosotros exigimos que cualquier decisión que se tome tenga en cuenta el cambio climático. Prefiero esperar a que el informe de los técnicos diga cuáles son los equilibrios y las mejores opciones.

¿Pero qué le parece la última propuesta sobre la ampliación del aeropuerto del Prat que ha salido a la luz?

Es un problema estético, en estos momentos. Es una propuesta que tiene unos elementos de espectacularidad que parecen difíciles de encajar. Hay ocho o nueve propuestas, seguro que el comité de expertos va a aportar concreciones sobre la actualización del aeropuerto. Lo importante es cómo conectamos con Reus y Girona, cómo respetamos el medio ambiente, cómo garantizamos conexiones intercontinentales. Hay que huir del simple crecimiento turístico.

¿Entonces?

No me convence ninguna opción, pero no soy yo ni quién debe, ni mucho menos, decidir sobre cuál es buena y cuál es mala.

Defienden en Barcelona la implantación de una tasa a los cruceros, pero el presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, de su mismo partido, está en contra porque dice que eso haría que las empresas se fueran a otros puertos del Mediterraneo que no tuvieran ese tributo. ¿En qué quedamos?

El presidente del Port de Barcelona hace de presidente del Port de Barcelona, no representa ni a Esquerra Republicana ni al grupo municipal, que tendrá opinión propia sobre eso.

¿Barcelona está perdiendo pie respecto a Madrid en cuanto a su pujanza económica o cultural?

Nuestro problema no va a ser nunca competir con Madrid o estar en permanente dependencia. Hay datos en todos los sentidos y algunos son de clara ventaja de Barcelona en algunos aspectos: la tasa de paro, por ejemplo, es inferior en Barcelona. El debate que yo propongo sobre el modelo productivo en Barcelona seguramente no tiene el mismo sentido en Madrid y no tiene por qué tenerlo. Aquí tenemos carácter propio, tenemos personalidad. Barcelona tiene que volver a ser referencia como gran capital europea.

Estamos aceptando dependencias y pérdidas de personalidad como consecuencia de los modelos de globalización que se habían impuesto en los últimos 20 años y que ahora están en cuestión, afortunadamente. Nos están comprando las ciudades. Pues Barcelona no se vende y no se va a dejar comprar. Barcelona no puede seguir creciendo en el sentido de ciudad franquicia. Que otros lo acepten o no es su problema.

¿A Barcelona le ha pasado factura el procés?

Los datos y la evidencia demuestran lo contrario. Ha habido una cierta inhibición de Barcelona como institución.

¿Barcelona tiene que ser entendida como un símbolo?

Lo que no debe es inhibirse. Tiene que expresar su diversidad y mantener esa personalidad y cualidad social, de dignidad del espacio público, de calidad urbanística… la ciudad ha perdido empuje en ámbitos concretos, como vitalidad creativa.

¿Qué balance hace de la gestión del Gobierno de coalición? ¿Teme un Gobierno de Feijóo con Abascal?

El riesgo está ahí. Tenemos que preguntarnos cómo hemos llegado a esa situación, qué estamos haciendo desde la izquierda para facilitar que muchos electores que siempre han votado a la izquierda ahora se planteen votar no ya a la derecha, sino a la ultraderecha.

ERC es una fuerza decisiva en el parlamento español, condiciona muchas leyes y apoya al gobierno de coalición.

No sé si es nuestra obligación, pero es nuestra responsabilidad. Ayudamos a la gobernación desde una perspectiva progresista. Estamos ante un cambio de etapa, también en Barcelona, porque todo ese movimiento [en referencia a Unicas Podemos], que es una reacción absolutamente no sólo justificada sino absolutamente legítima y necesaria, no fue capaz de convertirse en proyecto de transformación.

Yolanda Díaz y Ada Colau están muy unidas.

Las veo cada vez más delimitadas en un ámbito concreto, que ya ha dado de sí. Ada Colau ha tenido ocho años para verificar si su proyecto de transformación llevaba alguna parte y la desigualdad está creciendo en la ciudad.

Lo que está claro es que tras el 28 de mayo habrá que elegir. ¿Se ve gobernando con Trias, Collboni o Colau?

Quiero ganar con una mayoría clara que me permita las mejores condiciones para conseguir un gobierno amplio, estable y distinto al actual en ese sentido.

Con Colau, no, ¿entonces?

He venido a sustituirla, a ganar y creo que estoy en condiciones de conseguirlo.

Pero la gente querrá saber con quién va a pactar su partido.

El elector tiene que decidir a qué partido le otorga mayor confianza y qué posibilidades de gobernación quiere. Aspiro a que el voto de los ciudadanos sea en base a la ciudad que ofrezcamos. Estas elecciones no van ni sobre una persona ni sobre un partido y aun menos sobre si volvemos al 2015 o el 2019.

¿Ve a Trias o Collboni como su primer teniente de alcalde?

Yo me veo como alcalde.

¿Y de primer teniente de alcalde?

Ya veremos, cuando tengamos el mapa completo.

El Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona ha archivado provisionalmente la investigación por el espionaje con el software Pegasus al conseller Roger Torrent y al concejal de ERC Ernest Maragall.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el juez ha dictado este archivo provisional a la espera de que Israel responda a la comisión rogatoria para esclarecer el espionaje.

El juez esperaba esta información de Israel desde hace más de un año y medio, cuando hizo el requerimiento para investigar el caso que involucra a la empresa israelí NSO.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el exconseller de Acción Exterior de la Generalitat y diputado de ERC en el Parlament, Ernest Maragall, han presentado en los juzgados de Barcelona una querella contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán y la empresa NSO Group por la presunta intercepción de comunicaciones y "espionaje informático".

En un comunicado emitido este jueves y recogido por Europa Press, ambos han anunciado la querella contra Sanz Roldán, que era el director del CNI cuando se produjeron estos presuntos ataques informáticos en los teléfonos de Torrent y Maragall a través del programa Pegasus, un sistema de la empresa NSO Group que solo está al alcance de policías y sistemas de inteligencia estatales.

Según ambos políticos republicanos, esta semana Whatsapp ha confirmado que son unas 1.400 las personas afectadas por este ataque en 2019 y la querella pide que se tome declaración como investigados a Sanz Roldán y a los responsables de la empresa NSO Group.

La querella recoge que el presunto espionaje se habría producido entre el 29 de abril y el 10 de mayo de 2019, un día después de las elecciones generales y el día que comenzó oficialmente la campaña electoral de las municipales y europeas, y "podría haberse iniciado antes de las fechas mencionadas e incluso podría haberse extendido más allá", han avisado.

Reuniones de campaña

Durante estas fechas, Torrent y Maragall tuvieron reuniones con miembros su partido, ERC, y de coordinación con otros partidos políticos; y Torrent también se reunió con la Mesa del Parlament, la Junta de Portavoces, el Grupo Parlamentario de ERC y responsables y trabajadores de la Cámara.

El presidente del Parlament también mantuvo reuniones con miembros del Observatorio Ciudadano contra la corrupción, participó en actos y reuniones de campaña electoral de las municipales y europeas, así como con periodistas y representaciones consulares.

Maragall también se reunió con el Grupo Parlamentario de ERC y el Grupo Municipal de ERC Barcelona; participó en reuniones con el equipo de campaña de las municipales, así como encuentros con Foment del Treball, Adif, Barcelona Global y Xarxa de ciutats, y tuvo reuniones con periodistas, también off the record, y actos de campaña y conversaciones con miembros de la lista y del Govern.

La supuesta intercepción de las comunicaciones de realizó, según la querella, aprovechando una vulnerabilidad de la aplicación de mensajería Whatsapp, por la que el sistema se introducía dentro del teléfono móvil de las víctimas y le permitía acceder a toda la información del terminal.

Esta intromisión permitió "monitorizar sus dispositivos con funciones de control absoluto (robo de información y datos, control de la cámara y el micrófono, control de geoposicionamiento, etc.)", asegura la querella, que busca aclarar los hechos y descubrir quién hay detrás de este presunto espionaje.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el diputado de ERC y exconseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, han puesto en conocimiento del relator de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, David Kaye; la comisaria por los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, y de Amnistía Internacional el caso de "espionaje político" del que aseguran ser víctimas mediante el software Pegasus.

En diversas cartas consultadas por Europa Press, Torrent y Maragall han afirmado que "el espionaje a ciudadanos y representantes políticos constituye una agresión inaceptable a los derechos fundamentales".

"El hecho de que las instituciones del Estado puedan pasar por alto estos hechos sin tomar medidas oportunas, nos obliga a tomar todas las actuaciones de las que dispongamos para impedir que este tipo de prácticas resulten impunes", han criticado.

En la misiva, Torrent también ha avisado a la comisaria Dunja Mijatovic de que "habría podido ser espiada", ya que ambos mantuvieron una reunión en Estrasburgo (Francia) el 14 de mayo de 2019, cuando asegura que fue víctima de este presunto espionaje y se ha disculpado por ello.

"Dado que es posible que haya sido una de las personas espiadas a través de mi dispositivo, le pido amablemente que evalúe la información más reciente y que realice todas las medidas que considere apropiadas para aclarar" este asunto, ha sostenido Torrent.

El presidente del Parlament ha explicado que ha pedido explicaciones al Gobierno central y que nueve grupos políticos representados en el Congreso también han exigido que el Ejecutivo rinda cuentas y que se realice una investigación sobre el caso.

Reunión telemática

Además, Maragall ha invitado a los tres representantes internacionales a reunirse con él telemáticamente "para explicar los detalles de este caso", que ha calificado de un ataque inaceptable y deplorable a los derechos fundamentales.

Han recordado que tanto el relator de la ONU como Amnistía Internacional han denunciado "reiteradas veces el uso abusivo e ilegal de Pegasus en diversos países como México, Marruecos o Arabia Saudí contra periodistas, activistas y políticos", y han destacado que esta herramienta solo puede adquirirse por gobiernos y agencias de inteligencia.

Ambos políticos catalanes han alertado de que si no se pone en marcha una investigación exhaustiva, si lo ocurrido no se aclara, "la confianza en las instituciones y los principios básicos de la democracia estarán gravemente socavados".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha lamentado que haya espionaje de su móvil haya espionaje de su móvil y del teléfono del exconseller y concejal de Barcelona Ernest Maragall, ambos de ERC: "Todos intuíamos que había guerra sucia y ahora tenemos pruebas".

En una entrevista del diario Ara recogida por Europa Press, afirma que "en los próximos días" se querellarán contra el director del CNI en 2019, Félix Sanz Roldán, como ya ha anunciado esta semana, y ahora debe coordinarse con Ernest Maragall y ver en qué juzgado lo hacen.

Sobre por qué considera que fue el CNI, responde que todos los indicios que ha recopilado Citizen Lab, a través, también, de WhatsApp, y todas las pruebas contextuales "llevan a inferir que ha sido un servicio de inteligencia".

Además de la querella, se estudiará si el Parlament puede hacer algún tipo de denuncia: "Se han atacado líneas móviles que son del Parlament y yo he tenido relación con muchos diputados durante aquel periodo, con muchas instituciones del país y con líderes sociales, líderes políticos y también líderes económicos".

No está satisfecho de la reacción del Gobierno: "Las declaraciones no me sirven. Quiero hechos", dice, y añade que habló con la ministra de Defensa: él le dijo que, si está tan segura de que el CNI no tiene nada a ver, no debe tener inconveniente en que se investigue. Roger Torrent cree que una de las vías de reacción al problema puede pasar por una comisión de investigación en el Parlament o en el Congreso.

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha anunciado este jueves que tanto él como el portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, se querellarán contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sánz Roldán por el supuesto espionaje a sus teléfonos móviles. En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Torrent ha explicado que Roldán "era el máximo responsable en el momento del ataque", que se produjo entre abril y mayo de 2019, aunque ha señalado que la querella podrá ampliarse "si hay otras personas responsables".

A su juicio, "hay evidencias y unos indicios contextuales y factuales" que les han hecho dirigir la "responsabilidad hacia el CNI". Por ejemplo, según Torrent, el hecho de que NSO, la compañía israelí que vende el programa usado para al ataque, solo venda el software a gobiernos y servicios de inteligencia. "Los hechos son muy graves, la situación es muy grave y nos parece que nos toca plantear la investigación política, analizar lo que ha pasado, depurar responsabilidades, pedir explicaciones pero también hacer la investigación que haga falta para que salga a la luz quién está detrás", ha explicado Torrent.

En este contexto, el presidente del Parlament ha desvelado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le instó este miércoles en una conversación a acudir a la Justicia para denunciar este supuesto 'hackeo' cometido a través de un fallo de seguridad de WhatsApp, que se instaló entre abril y mayo de 2019 en 1.400 móviles en el mundo.

Robles negó implicación del CNI

Así, Torrent ha explicado que pidió a Robles que el Gobierno "colabore" lo máximo posible desde un punto de vista político "pero también judicial" por si la autoridad así lo reclama a la hora de "esclarecer los hechos". "Es de interés común saber qué ha pasado y saber quién hay detrás. El Gobierno que se declara el más progresista de la historia debería ser el primer interesado en investigar, depurar responsabilidad y anticipar que el espionaje político no se va a producir nunca más en el Estado español", ha sostenido.

A su juicio, de la recomendación de Robles de acudir a los tribunales se deduce "que hay voluntad" por parte del Ejecutivo "para ver quien hay detrás" del ataque y para "investigar sin tapujos, sin límites y con transparencia". En este sentido, Torrent también ha apuntado que la titular de Defensa negó, "como es normal", que el CNI esté detrás del 'hackeo'. "Es evidente que lo niegue, porque sino lo que estaría haciendo es colaborar en la comisión de un delito", ha añadido.

El dirigente catalán ha advertido que las acciones legales emprendidas este jueves llegarán hasta el final, y ha pedido colaboración para saber quien "está detrás". "Es un hecho que hoy afecta a independentistas, pero mañana puede afectar a cualquiera", ha zanjado.

El móvil del exconseller de Exteriores de la Generalitat y actual líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, también habría sido presuntamente —al igual que el del presidente del Parlament, Roger Torrent— objetivo en 2019 del programa espía llamado Pegasus, según indica una investigación de El País y The Guardian.

Como apunta el diario, el programa Pegasus también se habría utilizado presuntamente contra el teléfono de Maragall a través de un fallo de seguridad de la aplicación WhatsApp, que permitió entre abril y mayo de 2019 introducir dicho programa en hasta un total de 1.400 terminales.

El programa —desarrollado por la compañía israelí NSO— permite escuchar conversaciones, leer mensajes, acceder al disco duro, hacer capturas de pantalla, revisar el historial de navegación y activar por control remoto la cámara y el micrófono de los dispositivos.

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido a Manuel Valls, líder de la plataforma BCN Canvi, que "a Ciudadanos no nos va a dar lecciones de defensa del constitucionalismo nadie" y ha subrayado que la formación naranja no va a recibir "lecciones de aquellos que han hecho alcaldesa de Barcelona a una de las personas más sectarias y populistas que tenemos en España".

Inés Arrimadas, que ha asistido en Pamplona a la constitución del Parlamento de Navarra, ha criticado a preguntas de los medios que "Valls ha salido a criticar ferozmente a Ciudadanos y a defender a Colau diciendo que no es tan mala y que es muy diferente de Ernest Maragall" y ha precisado que Ciudadanos "no forma parte ya de ese proyecto, tenemos grupo propio, por cierto, con más concejales que los que tiene el señor Valls, y nosotros vamos a seguir siendo la voz del constitucionalismo".

Así, ha señalado que "a nosotros no nos va a dar lecciones de defensa del constitucionalismo nadie, porque nosotros nos hemos partido la cara en Cataluña, porque hemos sufrido amenazas de muerte, agresiones, persecuciones, y por tanto, vamos a seguir siendo la voz de los constitucionalistas que saben que tener a Colau en el Ayuntamiento de Barcelona es tan mala idea como tener a Ernest Maragall".

En ese sentido, Arrimadas ha afirmado, "con humildad, que nos han dado la razón a las 48 horas de formarse el Ayuntamiento, y es que Colau ha hecho como primera medida lo que habría hecho Ernest Maragall, que es poner la fachada del Ayuntamiento de Barcelona como tablón de anuncios del separatismo".

"Nosotros que hemos quitado lazos amarillos, símbolos impuestos del separatismo, a costa a veces de amenazas de muerte, no podemos permitir hacer alcaldesa a una señora que como primera medida y como prioridad para Barcelona tenía volver a poner el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento", ha insistido.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha admitido este martes que se ha planteado en ocasiones dejar la política durante las últimas semanas de negociaciones para la investidura, y se ha emocionado al reconocerlo: "Pienso en mis hijos".

Lo ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, que se ha interrumpido yendo a publicidad cuando Colau se ha emocionado, y después ha pedido disculpas y ha señalado los costes personales de la situación y críticas y acusaciones que ha recibido: "Me he sentido decir traidora, 'butiflera'".

En la plaza Sant Jaume tras la investidura se oyeron gritos de "puta, zorra y guarra" y fue durísimo, ha explicado, y ha pedido a todas las formaciones que condenen los hechos --que asegura que no son representativos del independentismo--, porque se vivió una situación de degradación que no se debería tolerar. También lo denunció en Twitter Laura Pérez, concejal de Barcelona En Comú en el Consistorio. 

Ha lamentado que se la haya acusado de querer aferrarse a la silla al ser investida con votos del PSC y de la plataforma de Manuel Valls, y que hayan llegado también críticas de Ernest Maragall (ERC), cuando lleva décadas en política y ha formado parte del "aparato" del PSC durante años, según ella.

Sobre el apoyo de ediles de Valls, ha insistido en que no le gusta y ha defendido: "He venido aquí para gobernar incluso asumiendo contradicciones", y no debía renunciar a su objetivo de gobernar por unos votos que no había pactado ni ido a buscar, porque tenía todo el derecho a presentarse a la investidura, ha aseverado.

Ha resaltado que este tipo de acuerdos "no es nuevo, pasa en todas partes" y, sobre el hecho de que Valls pidiera el voto precisamente para echarla, ha sostenido que esta situación no se la imaginaban los comuns y tampoco Valls, y que la política también es defender un proyecto en base a unos resultados.

Colau, que se reunirá con Valls como con el resto de grupos, seguirá manteniendo distancias con él al margen de la ruptura de Cs, que se ha "acercado a la extrema derecha con mucha facilidad", lo que ha generado incomodidad y finalmente ha llevado a la ruptura, ha dicho Colau, aunque Cs ha asegurado que rompe con Valls por apoyarla.

Probable último mandato

Colau ha recordado que no dio el paso a la política para quedarse y que a menudo se ha planteado estar durante solo dos mandatos en el cargo: "Seguramente este será mi último mandato. No puedo decirlo categóricamente" pero no se ve manteniéndose en la institución más tiempo por ahora, ha señalado.

Preguntada por qué habría dicho ella si el exalcalde Xavier Trias hubiera sido reelegido con votos de PSC y Cs para evitar que ella fuera alcaldesa pese a ser la más votada, ha admitido que lo hubiera criticado pero que habría sido legítimo: "Todos hacemos acuerdos cumpliendo con las reglas del juego", y antes hacer acuerdos era puntual, cuando ahora es habitual por la fragmentación, según ella.

Valls y Torra

La alcaldesa ha criticado que Valls se negara a estrechar la mano al presidente del Govern, Quim Torra, después de la investidura en la Generalitat: "Por muchas discrepancias que se tengan, cuando hay un cargo institucional se deben tener unas mínimas formas".

Después de que este lunes volvieran a colocar el lazo amarillo en solidaridad con los independentistas presos en la fachada del Consistorio, Colau ha resaltado que no lo hacen para buscar diferencias con el PSC y que ya habían abordado de forma genérica que cada grupo municipal mantendría su posición en este ámbito, aunque prevean gobernar juntos.

"Para desjudicializar la política y para que la gente salga cuanto antes de la cárcel necesitamos que el partido socialista sea un aliado", ha dicho Colau y, preguntada por si liderará manifestaciones si hay una sentencia condenatoria, ha indicado que quienes tienen responsabilidades de gobierno deben ir más allá de la crítica y buscar soluciones efectivas.

Colau ha confiado en que se articule un Gobierno central de izquierdas y ha señalado que, aunque mantienen diferencias con los socialistas, los comuns y ellos se han encontrado cuanto éstos han mirado a su izquierda y "cuando ha hecho el paso de alejarse del bloque del 155 y las políticas neoliberales".

Preguntada por las negociaciones en la Diputación de Barcelona y por si los comuns apoyarían al PSC o a ERC, que quedaron empatados, ha defendido también un acuerdo de izquierdas: "Me encantaría que hubiera un tripartito de izquierdas en la Diputación" como el que no se ha podido articular en la ciudad y defendían los comuns, ha dicho.

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha avisado este sábado a la candidata de BComú, Ada Colau, si en su investidura recibe los votos del candidato de BCN Canvi-CS, Manuel Valls, serán una "hipoteca permanente".

En una entrevista del diario Ara recogida por Europa Press, Maragall ha dicho que el voto de Manuel Valls "será decisivo para la investidura, pero será decisivo cada semana". Maragall ha dicho que quiere recuperar el diálogo con BComú, confía en que podrán alcanzar un acuerdo y se ha mostrado convencido de que será alcalde de Barcelona.

Colau trabajará para superar los "vetos cruzados" entre ERC y PSC

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona en funciones, Ada Colau, apuesta por un tripartito entre BComú, ERC y PSC, y ha asegurado que en la semana que falta para la investidura trabajará para superar los "vetos cruzados" que se han impuesto las dos últimas formaciones y conseguir un acuerdo de gobierno izquierdas, estable y transversal en el Ayuntamiento, según ha dicho. "Ni yo ni BComú seremos el trofeo de nadie", ha advertido la alcaldesa en funciones y segunda en las elecciones municipales en una rueda de prensa este sábado.

Preguntada por si aceptaría el apoyo del líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, para mantenerse en la Alcaldía, ha asegurado no estar pactando ni haciendo "operaciones extrañas" con el candidato, pero no ha aclarado si estaría dispuesta a aceptar o no sus votos –ha asegurado que la cuestión está fuera de lugar–.

Colau ha destacado que, durante las dos ultimas semanas, su prioridad ha sido negociar un tripartito de izquierdas sin centrarse en quién debía ser alcalde y ha apuntado que si finalmente han planteado su candidatura ha sido porque la suya es la única candidatura de "consenso". La alcaldesa en funciones no ha precisado si, en caso de no conseguir un acuerdo de las tres fuerzas, estaría dispuesta a investir al candidato de ERC, Ernest Maragall, aunque ha recordado que queda una semana y ha dicho que no dan nada por "imposible".

En cualquier caso, ha defendido que todo pacto que se aparte del gobierno de "izquierdas, amplio y estable" que avalaron las bases de BComú el viernes deberá ser sometido de nuevo a la consideración de la militancia. El diputado de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha dicho este sábado que descarta rotundamente una ruptura del candidato de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, con el partido por el acuerdo de investidura a la Alcaldía de Barcelona: "No existe riesgo de ruptura. Lo descarto rotundamente", ha dicho.

Collboni dice que "no tendría sentido" investir a Colau sin un pacto de gobierno

El último en pronunciarse este sábado ha sido el candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona y tercero en las elecciones, Jaume Collboni. El socialista ha afirmado que "no tendría sentido" investir a la alcaldesa en funciones y candidata de BComú a la reelección, Ada Colau, si antes no llegan a un acuerdo de gobierno con ellos.

En una rueda de prensa este sábado por la tarde junto a la socialista Laia Bonet, ha asegurado que sus prioridades son garantizar una Alcaldía progresista, un "buen gobierno" y que Barcelona no esté subordinada al proceso soberanista. Pero ha apuntado que "no sería responsable" por parte de Colau presentarse a la investidura sin tener pactados los apoyos para garantizar un gobierno de progreso.

Cs descarta "rotundamente" una ruptura con Valls

En el bando naranja, en declaraciones a los periodistas también este sábado en Barcelona, Martín Blanco ha insistido en que la opción prioritaria de Ciudadanos es investir al alcaldable del PSC, Jaume Collboni, aunque ha remarcado que el comité de negociación, donde también participará Valls, será quien lo decida.

Martín Blanco ha recordado los requisitos de Ciudadanos para la investidura: "El gobierno de Barcelona tiene que estar comprometido con los valores constitucionales, con la unidad de España y no jugar al populismo". "No nos negamos a sentarnos a hablar con nadie", ha dicho, aunque ha añadido que ve difícil que la candidata de BComú, Ada Colau, acepte decir que España es un estado democrático y constitucional perfectamente homologable a los del resto de Europa. Ha insistido en rechazar cualquier pacto de gobierno con partidos independentistas y ha dicho que priorizarán los acuerdos con partidos "nítidamente constitucionalistas".

Martín Blanco ha dicho que Cs pedirá en el pleno del Parlament una auditoría de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) para conocer cómo se ha gestionado el dinero, cómo ha revertido en la sociedad y cómo mejorar la gestión.

Ha dicho que Cs quiere poner en la agenda pública las políticas sociales y ha criticado que el gasto social en Catalunya "está muy por debajo de la media nacional y de la UE". También ha valorado el primer año de gobierno del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha considerado que ha mantenido una "política de confrontación".

Las consultas a las bases se cruzan el camino de la izquierda hacia posiciones de poder. Dos casos, Barcelona y Navarra, este último directamente conectado con la posible formación de una mayoría para investir presidente a Pedro Sánchez, ilustran cómo la obligación autoimpuesta de consultar a los militantes las decisiones postelectorales chocan con los intereses inmediatos de la dirigencia política. Ambos casos, que experimentaron este viernes giros y tensiones, están pendientes de resolución, pero tienen algo en común: la existencia de presiones y maniobras para reducir en lo posible el margen de decisión de la totalidad de los militantes. Son problemas que la derecha no tiene. PP, Cs y Vox concentran la decisión sobre los pactos en sus líderes –Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal– y el más estrecho círculo en torno a estos.

Con la gobernabilidad estatal, autonómica y municipal en juego, los partidos maniobran para lograr el doble objetivo de maximizar su poder contraviniendo lo mínimo posible sus compromisos previos, sin provocar crisis internas ni enojo en las bases. Los grupos de izquierdas, como PSOE, Unidas Podemos y Barcelona en Comú, lo hacen además con la obligación de consultar a las bases sobre cualquier pacto postelectoral. No obstante, allí donde surgen dudas sobre la posible respuesta de las bases, saltan chispas e incluso se pone en duda la obligatoriedad de las consultas o su carácter vinculante.

En la segunda mayor ciudad de España, Barcelona, Ada Colau podría presentarse a una votación de investidura de incierto resultado sin someterse a la consulta de la totalidad de los inscritos, como sí hizo en 2017 cuando les preguntó si romper con el PSOE de Miquel Iceta tras la aplicación del 155. El motivo es que esta vez no hay un pacto que someter a consulta, lo que hace que la consulta sea una posibilidad y no una obligación. Colau sí sometió este viernes su voluntad de acudir a la investidura ante el plenario de activistas, el equivalente al consejo o comité estatal de otros partidos, al cuya reunión acudieron cerca de 500 personas. Este órgano tiene entre sus funciones "validar las grandes decisiones políticas". Es decir, no se saltó los reglamentos de BeC, pero tampoco convocó a la totalidad de los inscritos para una consulta. Colau salió airosa de la votación: obtuvo 457 síes y 27 noes. Si llegara a algún pacto antes de la investidura, debería someterlo obligatoriamente a la votación de unos 10.000 inscritos. Si llega sin haber pactado nada, le vale con este aval del plenario.

En Navarra la candidata socialista, María Chivite, rechaza de plano hacer presidente al candidato conservador de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Cs, que ofrece a Pedro Sánchez en Madrid los dos diputados de UPN en el Congreso, opción que podría interesar en Ferraz. Los Estatutos y el reglamento del partido son claros: debe decidir de manera obligatoria, exclusiva y vinculante la militancia navarra. Pero ya se han alzado voces en el PSOE (Carmen Calvo) que han puesto en duda que la soberanía de la militancia navarra esté por encima de la decisión última de Ferraz.

PSOE: Mucho en juego en Navarra

En cuanto a consultas a las bases, sobre el papel no hay duda en el PSOE: los pactos los deciden las bases. La posición de los socialistas es ahora clave en la definición de los gobiernos autonómicos de Canarias y de Navarra, que a su vez pueden tener influencia en la propia investidura de Pedro Sánchez, especialmente en el caso de la comunidad foral. Pamplona es ahora mismo un punto caliente del tablero negociador. Y en las manos de los militantes del PSN puede recaer una decisión con repercusiones en toda España.

La normativa interna emanada del 39º congreso, el que aupó a Sánchez a la Secretaría General en junio de 2017, lleva la vitola de materializar aquella promesa del hoy presidente de "devolver el PSOE a las bases". Atendiendo a la letra de sus Estatutos y su reglamento, la militancia debe ser consultada sobre los acuerdos postelectorales en todos los ayuntamientos y comunidades autónomas, siendo la expresión de su voluntad totalmente vinculante. Menos claro está qué y cómo y cuándo se pregunta. Y cómo será la aplicación en la plaza Navarra.

Los Estatutos establecen que la Comisión Ejecutiva Federal, es decir, la dirección del partido, y las ejecutivas autonómicas, insulares, provinciales o municipales deberán convocar consultas en el nivel territorial que corresponda sobre los acuerdos de gobierno o sobre el voto para la investidura de otro partido. El reglamento federal que desarrolla los Estatutos establece que las consultas a las bases en estos casos son obligatorias y vinculantes. Además, se realizarán "al nivel territorial que corresponda". Es decir, en cada municipio o comunidad se debe realizar una consulta con los militantes de ese municipio o comunidad. Traducción al caso: no votaría toda la militancia del PSOE lo que hacen en una sesión de investidura los diputados del PSN en Navarra, sino que lo decidiría la militancia navarra. Eso, al menos, dice la normativa.

Las negociaciones de gobierno a múltiples bandas conspiran para complicar la ecuación navarra. La coalición conservadora de UPN, PP y Cs, llamada Navarra Suma, ha obtenido 20 escaños, por 11 del PSN, 9 de Geroa Bai, 7 EH Bildu, 2 de Podemos y 1 de Izquierda-Ezkerra. Con esos números, el PSN tiene la llave. UPN ha ofrecido a los socialistas el voto favorable a Sánchez de sus dos diputados en el Congreso si el PSN deja gobernar a Navarra Suma en la comunidad foral. A esta opción se opone la candidata socialista, María Chivite, que se quiere presentar a la investidura, eso sí, con una línea roja: no pactar nada con EH Bildu, pese a que se apoyo es imprescindible para salir investida.

Ferraz no ha frenado los planes de Chivite, pero ha dado síntomas claros de mirar con agrado la hipótesis del intercambio con UPN, al que no se han opuesto ni PP ni Cs. Carmen Calvo llegó a decir este jueves que Ferraz, que tiene como "prioridad" la formación de gobierno a nivel estatal, se reserva la "última decisión de algunas cuestiones trascendentales". Pero el propio presidente, preguntado el jueves al respecto, dijo que la decisión es de la militancia navarra: "Está reglado y tasado en los estatutos del partido. Con lo cual, en fin, es que en eso no hay cuestión, no hay debate, es así”.

Así las cosas, y con los Estatutos y el reglamento en la mano, sería obligatorio y vinculante preguntar a la militancia navarra –sólo a la navarra– por una posible abstención que hiciese presidente al candidato de Navarra Suma, Javier Esparza. También sería obligatorio preguntar a la militancia navarra –sólo a la navarra– por un acuerdo de gobierno con Geroa Bai y otras fuerzas políticas, con una formulación que podría hacer referencia o no al hecho de que esta fórmula requeriría la abstención de EH Bildu. En la memoria del socialismo navarro aún persiste el agostazo, una maniobra política de Ferraz en 2007 por la que el secretario de Organización, José Blanco, impidió la formación de un gobierno entre Nafarroa Bai, PSN e IU, dando el gobierno a UPN en coalición con la Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN). Todo gracias a la abstención del PSN. "Tenemos en la mente presente el agostazo", advirtió este jueves el secretario de Organización de los socialistas navarros, Ramón Alzórriz.

Hay más plazas donde el PSOE tiene frentes abiertos. En Canarias el PSOE de Ángel Víctor Torres es la fuerza más representada, con 25 escaños, pero la mayoría absoluta está lejos, en 36. Sería alcanzable con fuerzas progresistas: Nueva Canarias (5), Podemos (4) y Agrupación Socialista Gomera (3). Junto con los socialistas, podrían sumar 37. Ocurre que el segundo partido más votado es Coalición Canaria, que gobierna las islas desde 1993 y tiene 20 escaños. Y no sólo eso. También tiene dos diputados en el Congreso, cuyo apoyo podría necesitar Sánchez. Al día siguiente de las elecciones el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se mostró abierto a un pacto con Coalición Canarias en las islas –"tenemos que abordarlo–, pero lo cierto es que los socialistas canarios se mueven para conformar un acuerdo con los partidos progresistas sin que hasta la fecha haya intervenido Ferraz.

Con la normativa en la mano, la militancia canaria tendría que decidir si se gobierna con CC o con las fuerzas progresistas.

No habrá ni siquiera que mirar los reglamentos en Extremadura y Castilla La Mancha, donde el PSOE ha obtenido mayoría absoluta. La ecuación es también fácil a priori en Baleares, Asturias y la Rioja, donde hay números para un gobierno del PSOE apoyado en otras fuerzas de izquierdas. En Cantabria el PSOE podría completar, como hizo durante la pasada legislatura, la mayoría del PRC de Miguel Ángel Revilla.

Todas estas decisiones –los pactos liderados por el PSOE con ayuda de Podemos u otras fuerzas de izquierdas y el apoyo a Revilla– deberían, con el reglamento en la mano, ser consultadas de forma obligatoria, exclusiva y vinculante a las bases de las respectivas comunidades. Lo mismo ocurre con el pacto que ha alcanzado el PSOE de Javier Lambán con los conservadores del PAR, al que esperan atraer a Ciudadanos.

La toma de decisiones sobre pactos en el PSOE se volvería potencialmente más conflictiva en caso de pacto con Ciudadanos, siempre que haya alternativa. Aún se recuerda el cántico "¡con Rivera no!" con el que los militantes lanzaron su particular advertencia a Sánchez la misma noche del 28 de abril. Sánchez tomó nota. No obstante, este es un escenario lejano. Ciudadanos niega apoyo al PSOE casi por sistema, y siempre cuando el PSOE tiene la alternativa de Podemos. Rivera ha sido claro e insistente en que votará no a la investidura de Pedro Sánchez.

Barcelona en Comú: paso al frente de Colau

En 2017 Barcelona en Comú planteó una pregunta a sus más de 9.500 inscritos: "Dado el apoyo del PSC/PSOE a la aplicación del artículo 155, ¿Barcelona En Comú debe poner fin al pacto de gobierno con el PSC en la ciudad para gobernar en solitario?". De los alrededor de 3.800 participantes, un 54,18% votó por la ruptura. Y Ada Colau rompió con el PSC. Ahora Barcelona en Comú vuelve a estar en una encrucijada, pero más difícil.

Las municipales han propiciado un empate a diez concejales entre ERC y los comuns, aunque con los independentistas como fuerza más votada. Ello ha dado la iniciativa al candidato de ERC, Ernest Maragall, que no encuentra socios suficientes para su investidura. Colau dice que estaría dispuesta si también se suma el PSC de Jaume Collboni (8), pero este no quiere. Y Colau rechaza la fórmula de ir con ERC y la derecha de Junts. Así las cosas, Manuel Valls, que ha logrado 6 concejales, ha ofrecido el apoyo a BeC de sus ediles –aunque no es seguro que todos lo siguieran por ese camino– para evitar, si Collboni también se suma a la maniobra, un gobierno independentista.

La actual alcaldesa ha rechazado públicamente la propuesta, pero al mismo tiempo este viernes los comuns han anunciado que se presentará candidata a la investidura. Formalmente pretende el apoyo de ERC y PSC, aunque ambos socios potenciales se vetan entre sí y rechazan la fórmula. La decisión de Colau podría, como cualquier asunto "de especial relevancia", ser sometida a votación de las bases, de la misma forma en que se hizo en 2017. No obstante, desde BeC señalan que El Comú, como se llama al órgano conformado por el conjunto de las bases, sólo tiene que ser consultado si hay un acuerdo que someter a consulta. Es decir, "si hay pacto", como apuntan desde BeC. Se remiten a su reglamento, que establece que El Comú debe ser consultado para "aprobar o rechazar pactos con otras fuerzas políticas". En este caso, en efecto, no hay pacto, por lo que formalmente no hay obligación de preguntar. Pero sí existe esa posibilidad, como la hay para "cualquier asunto que se considere de especial relevancia", como dice el reglamento. La pregunta ahora es: ¿Considerará Colau "de especial relevancia" la decisión de presentarse a una investidura en la que podría salir investida alcaldesa con el apoyo del PSC y Valls, aunque no tenga un acuerdo con ellos?

infoLibre trasladó a BeC la pregunta de si no se consideraba esta una decisión de "especial relevancia" que justificara la consulta a todos los inscritos. La respuesta fue que se trata, en efecto, de un "asunto relevante", motivo por el cual se llevó al plenario, que también es un órgano representativo y de gran relevancia. Los comuns subrayan que, al no haber pacto, no hay obligación de convocar a los 10.000 inscritos del Comú, y recalcan la legitimidad del plenario. Dicho órgano es un espacio deliberativo para la "toma de decisiones estratégicas", según el reglamento. Entre sus funciones está la de "validar las grandes decisiones políticas".

Este viernes el plenario validó la decisión de Colau de presentarse a la investidura. La candidata de Barcelona en Comú salió victoriosa de la votación: obtuvo 369 y 17 noes. Ahora se da una situación curiosa. Si llegara a algún pacto antes de la investidura, el día 15, debería someterlo obligatoriamente a la votación de unos 10.000 inscritos en el Comú. Si ese día llega sin haber pactado nada, no lo necesitará. El PSC ya ha advertido de que quiere un acuerdo previo. 

Unidas Podemos: preguntar antes de gobernar

Los Estatutos de Podemos señalan que es competencia de la "Asamblea Ciudadana Estatal", es decir, de todas las personas filiadas, "aprobar o rechazar cualquier pacto o alianza preelectoral o postelectoral, de gobierno o de investidura, con otras fuerzas políticas". El documento establece también que se "podrá" convocar la asamblea ciudadana para llevar a cabo "consultas de carácter vinculante sobre elementos de gran relevancia política por decisión del secretario general –actualmente Pablo Iglesias–, la mayoría simple del Consejo Ciudadano, un 10% de los afiliados y un 20% de los círculos activos. Por procesos similares se rigen las asambleas autonómicas y municipales, según establecen los Estatutos.

El documento organizativo de Podemos, aquel con el que el equipo de Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique ganó Vistalegre II, le da al conjunto de los inscritos la facultad de "aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral, así como de gobierno, en que participe Podemos". Es una formulación similar a la recogida en este documento para las asambleas autonómicas y municipales. Con esta letra, podría discutirse si hay que consultar a las bases para un acuerdo postelectoral en el que Podemos no sea gobierno, por ejemplo, para abstenerse y dejar gobernar a Sánchez sin entrar en el Ejecutivo. Ahora bien, es difícil entender que cualquier pacto postelectoral pueda quedar fuera de lo que la normativa del partido llama "asuntos de especial relevancia política u organizativa", sobre los que debe pronunciarse siempre la asamblea ciudadana del nivel que corresponda.

La secretaría de Organización de Podemos no ve margen para la incertidumbre y asegura que cualquier decisión de pacto postelecteral se adoptará en el ámbito que corresponda, estatal, autonómico y municipal, mediante consulta a las bases del territorio concernido. Además no habrá –subrayan– imposiciones desde Madrid. Desde Podemos señalan específicamente que tendrá que haber consultas allí donde sean necesarios pactos, como Baleares, Asturias o La Rioja, y recuerdan que Iglesias es un convencido de esta fórmula que ya ha manifestado públicamente que la posición de Podemos en relación con la investidura y la formación de gobierno será sometida a la voluntad de la militancia. La voluntad clara de la dirección de Podemos es entrar en el gobierno.

En cuanto IU, los Estatutos son claros para el caso de que haya que entrar en un Ejecutivo, sea el estatal o uno autonómico o local: "La posibilidad de un acuerdo de gobierno se considerará motivo inexcusable para la convocatoria de referéndum a cualquier nivel de dirección". No obstante, la dirección de IU ya se ha mostrado contraria a entrar en gobiernos con el PSOE.

Merece comentario el caso de Más Madrid. Íñigo Errejón, candidato en la Comunidad de Madrid, se ha mostrado abierto a un pacto PSOE-Cs-Más Madrid. El caso es meramente hipotético, porque todo apunta a un acuerdo PP-Cs-Vox. Pero, en caso de que la idea de Errejón pudiera llegar a materializarse, ¿tendría que pasar por las bases? Reglamentariamente no sería obligatorio. "No está regulado", señalan desde el partido de Manuela Carmena e Íñigo Errejón, donde explica que hasta el momento las decisiones recaen en los grupos municipal y autonómico.

PP, Cs y Vox: decisiones en la cúpula

Los partidos conservadores se calientan bastante menos la cabeza que los de izquierda con las consultas. No hay por qué preguntar a las bases sobre pactos postelectorales según los estatutos de PP, Ciudadanos y Vox. El caso de la fuerza ultraderechista es curioso, porque renovó sus estatutos en febrero, tras su éxito electoral en Andalucía, para eliminar incluso las primarias. En el poco tiempo que lleva en primera línea Vox ya ha retrocedido en democracia interna. No se prevén en Vox mecanismos de participación de la militancia en lo referente a la decisión sobre los pactos postelectorales.

El PP, en cambio, ha hecho algún avance en democracia interna. Pablo Casado se convirtió el año pasado en el primer líder elegido en primarias. No obstante, no ha dado ningún paso para abrir a la decisión de los pastos postelectorales al conjunto de la militancia. El partido, cuestionado por infoLibre por el órgano responsable de la decisión final sobre los pactos, señala al comité constituido tras las elecciones del 26M, que coordina la posición a nivel estatal, autonómica y de ayuntamientos. El equipo está dirigido por el secretario general, Teodoro García Egea, mano derecha de Pablo Casado, y por el vicesecretario Javier Maroto, la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, y la coordinadora de campaña de las municipales y autonómicas, Cuca Gamarra. Es decir, un estrecho círculo de colaboradores del presidente del partido. El PP considera incluso en sus estatutos una "infracción muy grave" que se asuman acuerdos "de carácter político" con otros partidos sin consultar con los "órganos jerárquicamente superiores del partido o de los grupos institucionales".

La posición y la normativa ante la formación de gobiernos del PP, el segundo partido más votado, y Vox, el quinto, no tiene ahora excesiva relevancia a priori, ya que ambas formaciones son inequívocas en la línea a seguir: quieren pactos entre ellos y con Cs allí donde sea posible, si bien la formación de ultraderecha dice que condiciona su apoyo que la formación naranja negocie directamente en una mesa a tres, no como en Andalucía. De hecho, PP y Vox alcanzaron ya este viernes un "principio de acuerdo" para gobernar en las localidades donde suman mayoría. Sin ninguna consulta a las bases.

Más relevante es lo que haga Cs, que tiene la llave de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón y Murcia, así como de los ayuntamientos de once capitales: Madrid, Zaragoza, Huesca, Burgos, Palencia, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, Granada y Jaén. El partido indica que la decisión corresponde al comité de negociación de gobiernos creado tras las elecciones. Lo lidera el secretario general, José Manuel Villegas, y forman también parte los responsables de Organización, Fran Hervías, Acción Institucional, José María Espejo, y Comunicación, Fernando de Páramo. El núcleo duro de Rivera. Todas las "propuestas de negociación", que se definirán en diálogo con los niveles autonómicos y municipales de los partidos, serán trasladadas al Comité Ejecutivo, la dirección del partido, según explicó Inés Arrimadas en la constitución del comité.

El líder BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, ha planteado medidas de "responsabilidad" este martes para evitar que sea alcalde de Barcelona el ganador de las elecciones, Ernest Maragall (ERC), y para ello ha ofrecido susu votos "sin condiciones" a la todavía alcaldesa y segunda en los comicios, Ada Colau (BComú), y a Jaume Collboni (PSC).

Valls alega que la prioridad es evitar que la capital catalana tenga un alcalde independentista. Por ello ha pedido en rueda de prensa a Colau posicionarse, sin concretar si él apostaría por ella o por Collboni como alcalde. Ha remarcado que habla en nombre de todo su grupo –incluyendo a los ediles electos de Cs–.

"No es momento de establecer condiciones previas ni ultimátums", ha sentenciado Valls, que ha dicho que no le compete a él mover ficha y que no entra en debates de izquierdas ni derechas, aunque ha avisado de que no aceptará ninguna lección de izquierdas porque él es un socialdemócrata progresista –lo ha dicho después de que Colau descartara pactar con su grupo y tacharlo de derechas–.

"Tenemos la posibilidad de evitar que Barcelona tenga un alcalde independentista", ha proclamado Valls, que ha pedido superar los mensajes lanzados en la campaña y trabajar en este sentido porque es un momento histórico.

Sin líneas rojas en Ciudadanos

Preguntado por si el líder de Cs, Albert Rivera, le ha marcado líneas rojas en este debate, ha respondido: "A mí no se me pone ninguna línea roja", y ha defendido un cordón sanitario frente a la extrema derecha, a los populistas y al nacionalismo.

Sobre la reunión que mantuvo este martes con la dirigente de Cs Inés Arrimadas, ha destacado que tienen una relación de confianza y también de cariño y, aunque no ha dado más detalles, ha insistido en que esta oferta de apoyo a Collboni y Colau la lanza en nombre de los seis ediles electos.

Ha asegurado que, aunque sus resultados han estado "muy lejos de las expectativas" y han sido decepcionantes, continuará en Barcelona y trabajando para evitar un alcalde independentista, porque es su compromiso con la ciudad y es algo posible, ha remarcado.

Ciudadanos se desmarca de Valls al rechazar a Colau

No obstante, Ciudadanos se ha desmarcado del planteamiento de Manuel Valls. En un comunicado, el partido liderado por Albert Rivera admite que el resultado electoral no les permite gobernar la ciudad y, por tanto, estarán "en la oposición". Pero "si hubiera que impedir que haya un alcalde independentista o populista" en la capital catalana, los concejales de Ciudadanos negociarían con un candidato que no sea ni independentista ni populista", indica Cs.

"Ciudadanos está dispuesto a negociar con condiciones con Collboni para que la ciudad de Barcelona sea una ciudad abierta y constitucionalista", añade. De esta manera, el partido naranja rechaza que tanto Maragall como la candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, accedan a la Alcaldía y propone que el nuevo regidor sea el candidato del PSC, Jaume Collboni.

El partido más votado en las elecciones fue ERC, que consiguió diez concejales, los mismos que Barcelona en Comú, y por detrás quedaron el PSC, con ocho ediles, BCN Canvi-Cs con seis, Junts con cinco y el PP con dos.

Para hacer alcalde a Collboni, habría que sumar los votos de Barcelona en Comú, del PSC y al menos otros tres votos de otro grupo, y lo mismo necesitaría Colau para volver a ocupar el cargo sin contar con los partidos independentistas. Si no se alcanzara ningún acuerdo antes del día 15 de junio, Maragall se convertiría en alcalde automáticamente.

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona y ganador de los comicios, Ernest Maragall, ha anunciado este lunes que buscará contactar de forma "inmediata" con el candidato de JxCat, Quim Forn, y la aún alcaldesa, Ada Colau (BComú), para abordar la gobernabilidad de la ciudad y encontrar los pactos para garantizar su investidura como alcalde, informa Europa Press.

En rueda de prensa, ha dicho que el mejor escenario sería "un gobierno municipal de amplio espectro" en el que hubiera miembros de ERC, JxCat y BComú, pero ha dicho que hoy por hoy es imposible porque JxCat y BComú se autoexcluyen, por lo que ha concluido que con toda probabilidad tendrá que gobernar en solitario.

Ha considerado "inverosímil" que pueda haber un pacto a tres bandas entre Colau, Jaume Collboni (PSC) y Manuel Valls (Cs) que le barre a él el paso a la Alcaldía de Barcelona, y ha concluido que estas tres formaciones son demasiado heterogéneas para ponerse de acuerdo.

El candidato a la alcaldía de Barcelona por parte de de ERC, Ernest Maragall, ganaría a Ada Colau (BComú) en las elecciones municipales, según una encuesta publicada este martes por El Periódico de Catalunya que recoge Europa Press.

ERC obtendría 11 concejales, BComú nueve o diez y el PSC de Jaume Collboni subiría hasta nuevePSC, con lo que ERC vencería en los comicios pero necesitaría pactar para poder gobernar en la ciudad.

En cuanto a los candidatos, Colau es la preferida para ser alcaldesa con un 24,5%, seguida de Maragall con un 18,3%, aunque los candidatos independentistas obtienen mejor nota que ella: Maragall un 5,9; Joaquim Forn de JxCat un 5,8, y Jordi Graupera de Barcelona és Capital un 5,7, a los que siguen Collboni con un 5,4 y Colau con un 5,3.

Por distritos, en todos se muestra la preferencia de que Colau siga siendo la alcaldesa excepto en Sarrià-Sant Gervasi, donde se decantan por Valls (Valls22,8%) y el Eixample, que prefiere a Maragall (25,4%).

La encuesta se ha realizado entre el 1 y el 4 de mayo a partir de 803 entrevistas telefónicas a personas residentes y empadronadas en Barcelona mayores de edad.

Este martes comenzó la cuarta jornada del juicio a los líderes independentistas encausados por el procés catalán. Después de que declarasen el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn, fue el turno de otros exmiembros del Govern que instigaron el referéndum del 1-O: Jordi Turull (Presidencia) y Raül Romeva (Exteriores).

Turull, del mismo modo que Forn, respondió a las preguntas que lanzadas por la defensa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y también se ha negado a responder a las de Vox —que ejerce de acusación popular—; una estrategia totalmente distinta a la que siguió Junqueras durante el primer día de interrogatorio, donde se negó a contestar a las acusaciones. A las 16 horas se retomó la sesión con las respuestas de Romeva a su abogado, Andreu Van den Eynde.

Así te lo hemos contado en directo en infoLibre:

18.05: Finaliza la sesión.

18.02: Defiende Romeva que ni creyó, ni cree que la celebración del referéndum fuera un delito. "No lo era. No lo es. Si en el año 2005 el Legislativo elimina de forma expresa este supuesto del Código Penal, en tanto organizador del referéndum tengo que pensar que no estoy cometiendo ningún ilícito penal".

17.54: Las preguntas del abogado defensor derivan a los sucesos del 1 de octubre. "Había una firme determinación cívica y pacífica para llevar a cabo la votación. Vi violencia, la que ejercieron de forma desproporcionada las fuerzas de seguridad del Estado, nunca por parte de la ciudadanía", defiende Romeva.

17.40: "Me dirijo a los demócratas. Es delirante que se acuse a cualquiera de las acciones que realizamos de ilícito penal. No tiene ningún sentido y lo rechazo de plano", asegura el exconseller.

17:30: Las únicas armas que han habido han sido los de la Guardia Civil. Es pernicioso decir que hubo un alzamiento. (...) Una democracia que cercena el derecho la protesta es una democracia frágil" sentencia Romeva.

17.25: El interrogatorio del abogado de Romeva entra en los episodios de septiembre y octubre de 2017 que provocaron la causa. El exconseller tira de pragmatismo para asegurar que su labor jamás buscó impulsar la violencia, base de las acusaciones del delito de rebelión: "Es mucho más probable alcanzar el objetivo legítimo que nos hemos propuesto por medios no violentos que por medios violentos".

17.19: Romeva ha explicado las labores de las que se encargaba el departamento de Exteriores. Defiende que en ningún momento se cometió ninguna ilegalidad, ya que no se apropió en ningún momento de ninguna tarea que le estuviera reservada al Estado, asegura.

17.01: "Rechazar las propuestas que hacen los ciudadanos de Cataluña para tratar una cuestión que les afecta no solo no se puede considerar inconstitucional (...) sino que es perfectamente compatible con aquello que deberíamos entender como el diálogo constitucionalista continuado". El exconseller de Exteriores entiende que el derecho a la autodeterminación casa con la Carta Magna y asegura que no entiende el texto legal como algo "sagrado" que no se puede tocar. "El Estado de Derecho no puede subvertir el principio de legitimidad democrática".

16.55: "Cuando defiendo una república catalana, pongo de manifiesto unos valores por encima de una circunstancia temporal. Quienes defendemos estos valores estamos acusados, quienes los amenazan, se sientan entre los acusadores" dice Romeva, en referencia a la acusación popular de Vox. El exconseller vuelve a hacer referencia a la sentencia del Estatut para defender el diálogo ante unas conexiones y unos puentes "rotos". En los años previos a lo que se considera el comienzo del procés, este diálogo fracasó, explica: "Hasta 20 intentos pidiendo un diálogo para abordar una cuestión que para mucha gente era primordial en sus vidas".

16.48. "Me defino, fundamentalmente, como un demócrata, como un republicano y como un europeísta y, circunstancialmente, estoy independentista". Explica Romeva que antes de 2010 se consideraba "federalista", pero que el rechazo del Constitucional al nuevo Estatut creó el principio de la "ruptura emocional" de muchos sectores con España que hizo virar a mucha gente como él al independentismo.

16.39: "Siempre he entendido el derecho a la autodeterminación como un derecho que evoluciona a través de los tiempos. Es un debate que es interesante hacerlo, con relación a que el derecho a la autodeterminación es un derecho que se se circunscribe a los casos de descolonización. Y eso es así, en parte", reconoce Romeva. Pero en los últimos años se han incorporado nuevos supuestos, matiza. "Uno de ellos es en el caso en el que se ha intentado todo antes", explica. "No hay ni un solo tratado europeo que prohíba explícitamente el derecho a la autodeterminación".

16.30: Comienza la declaración del exconseller de Exteriores, Raül Romeva. Solo responderá las preguntas de su abogado. Comienza desgranando su carrera institucional y política.

16.25. El abogado de Jordi Turull expone una serie de tuits del exconseller con la intención de demostrar que en ningún momento se incitó a la violencia, sino a una movilización cívica.

16.24: "Su firmeza y la decisión de plantar cara a la Fiscalía tendría que provocar la vergüenza general de todos los que han desatado una represión indecente. ¡Gracias por tu firmeza!", ha expuesto el expresident Carles Puigdemont sobre la declaración de Turull, en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

16.22: "De los 135 diputados en el Parlament, 107 llevaban en sus programas el derecho a decidir. Fuimos al Congreso a solicitar un referéndum" en 2014, explica Turull. Ni siquiera se tomó en consideración por la Cámara, afirma, lo que, a su juicio, evidencia la falta absoluta de una intención de dialogar y negociar.

16.19: Le pregunta su abogado a Turull si lanzó la orden a la ciudadanía de que evitara el cierre de los colegios donde se estaba votando el 1-0. El exconseller asegura que "en absoluto", y argumenta que para eso se estableció el censo universal. "Les dijimos que si este colegio está cerrado, que fuera a otro".

16.00: Se retoma la sesión con las preguntas de las defensas al exconseller Jordi Turull. Los abogados empiezan proyectando un vídeo donde se pretende demostrar que las manifestaciones de septiembre de 2017 fueron de carácter festivo.

14.00: Continúa el interrogatorio al exconseller Jordi Turull por su implicación en el procés independentista. Después de las cuestiones de la Fiscalía, Turull responderá a la Abogacía del Estado y a su defensa. No contestará a lo que le pregunte Vox, que en este juicio ejerce de acusación popular. Aquí puedes leer nuestra crónica de la mañana.

13.45: La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que convoque elecciones catalanas si no consigue los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos del Govern. "Esperemos que sean coherentes y que, si no los aprueba, convoquen elecciones, como ha hecho el presidente Sánchez", ha asegurado en rueda de prensa.

13.30: 

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha anunciado este martes que todos los miembros del Govern suspenderán su agenda pública del jueves 21 de febrero, día en que hay convocada una huelga general por el sindicato Intersindical-CSC. Buch ha precisado que no es que el Govern se sume a la huelga, sino que respeta el derecho de los catalanes a hacerla, y en este caso aún es "más sensible" con este derecho —en alusión velada a que la huelga se ha convocado formalmente por motivos sociales, pero con el trasfondo de protestar contra el juicio del 1-O—.

13.25: 

El portavoz del PP en la Cámara, Ignacio Cosidó, ha reiterado que uno de los objetivos de su partido en las próximas elecciones generales de abril es revalidar la mayoría para "restaurar el orden constitucional en Cataluña" mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

13.20: El Senado celebra esta semana su último Pleno antes de disolverse por la convocatoria electoral del 28 de abril y cierra una legislatura en la que ha adquirido protagonismo por aprobar, por primera vez, medidas de intervención de Cataluña al amparo del 155. Esta capacidad constitucional hace que el resultado electoral en el Senado tenga una trascendencia que no ha tenido en el pasado. Las iniciativas corresponden al Gobierno, pero el Senado tiene que dar su aprobación.

13.15: PP y Cs han manifestado este martes en el Senado que uno de sus objetivos en las elecciones generales es que haya una mayoría en la Cámara Alta que apueste por aplicar otra vez el 155 en Cataluña, a lo que el PSOE les ha replicado que ese artículo exige el incumplimiento "de manera objetiva" de la ley y les ha exigido que lo respeten.

13.05: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acudirá este miércoles a Madrid para dar respaldo a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que declara en el Tribunal Supremo en el juicio a los impulsores del 1-O. Junto a Colau se personará una delegación de eurodiputados en la que estará la colíder de Los Verdes/Ale, Ska Keller.

13.00: Además de reiterar que no se utilizó "ni un euro" de dinero público para organizar el referéndum ilegal del 1-O, Turull también ha asegurado que no sabe de dónde sacó el Govern las urnas para llevar a cabo la consulta.

12.55: 

Durante su declaración Turull ha reiterado en numerosas ocasiones que la convocatoria de referéndums "no tiene reproche penal" y que, ante las impugnaciones del Gobierno central a determinadas leyes o las advertencias que llegaban del Constitucional el Ejecutivo, entonces presidido por Carles Puigdemont, tenía que hacer un "ejercicio de equilibrio" entre "lo que dicen las leyes" y su "compromiso con los ciudadanos de Cataluña".

12.50: 

Ese "compromiso" con los ciudadanos es la respuesta del Govern al "movimiento independentista" que, en su opinión, "va de abajo hacia arriba". "No se buscaba la determinación ciudadana, sino que ésta ya existía y había que darle una solución política", ha afirmado.

12.45: En la sesión del juicio, en laque este martes declara Jordi Turull, el exconseller ha asegurado que, lo que hizo el Govern respecto a las continuas desobediencias a las resoluciones del Tribunal Constitucional que dejaban en suspenso las leyes de desconexión y de referéndum, fue un "ejercicio de ponderación" entre "lo que dicen las leyes" y su "compromiso con los ciudadanos de Cataluña".

12.40: Ya se conoce el orden de las comparecencias de los políticos que declararán como testigos en el juicio del procés a partir del próximo martes: 

12.35: El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de jugar con la lengua de manera "soez" al asegurar que los independentistas catalanes tienen "pavor" a dialogar sobre el conflicto catalán. "Es un insulto a la inteligencia", ha apostillado.

12.30: El conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, ha asegurado que Raül Romeva —que declarará al finalizar Turull— demostrará en el Tribunal Supremo su "integridad, valentía y una convicción en defensa de la paz, los derechos humanos y la democracia". "Hoy en Madrid, mañana en Londres, París y Nueva York. Iremos donde sea para explicar la verdad: que se celebra un juicio injusto contra presos políticos, que lo único que hicieron fue ejercer la democracia hacia sus últimas consecuencias", ha subrayado.

12.25: El candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha afirmado que "el Estado español acabará pagando un coste muy alto por esta barbaridad antidemocrática", refiriéndose al juicio por el procés. Maragall ha añadido que hoy el Parlamento Europeo debe estar atento a lo que sucede en la sala, pese a que el presidente de esa cámara, Antonio Tajani, "se empeñe en negar la cuestión catalana".

12.20: Un grupo de 13 jóvenes que se han identificado como estudiantes de Derecho en Barcelona han esgrimido pancartas con lemas en favor del independentismo y contra el sistema judicial español en el auto de inauguración del World Law Congress que acoge el Teatro Real en Madrid y en el que participaban la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

12.15:

 Como ya hizo Junqueras en su interrogatorio, Turull ha remarcado que no se emplearon fondos públicos para llevar a cabo el 1-O, después de que el Tribunal Constitucional le retirase al Govern las partidas presupuestarias que estaban destinadas al referéndum.

12.10: El exconseller de Presidencia, Jordi Turull, que declara este martes en el Supremo; ha negado que la Generalitat utilizase dinero público en la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.

12.00: Torra y Puigdemont tenían previsto celebrar una conferencia en el Parlamento Europeo pero el presidente de la Eurocámara la vetó, por lo que ambos dirigentes tuvieron que hacerla en un hotel de Bruselas.

11.55: 

Ambos han arremetido especialmente contra el presidente del Parlamento Europeo, el conservador italiano Antonio Tajani, al que han acusado de actuar al dictado de los partidos españoles de "extrema derecha" por no haber autorizado que la conferencia que han pronunciado en un hotel de lujo de Bruselas tuviera lugar en las instalaciones de la Eurocámara.

11.50: El presidente de Cataluña, Quim Torra, y su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont, han lanzado este lunes duras críticas contra la Unión Europea por no censurar el juicio a los líderes independentistas del procés y por no aceptar el rol de mediador internacional que le reclama el movimiento soberanista.

11.45: El parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado este martes que el Estado tiene a Cataluña "enjuiciada" y que le quiere "cortar las alas" con el juicio contra los dirigentes soberanistas. Egibar, que se encuentra en Madrid como representante del Parlamento vasco en el juicio al procés, ha afirmado que "desde el inicio" existe "una razón de estado" contra la voluntad de Cataluña de "decidir libre y democráticamente su camino".

11.40: A pesar de que los independentistas tumbaron el proyecto de Presupuestos de Sánchez, poniendo fin así a la legislatura, el presidente no los veta de cara a los futuros pactos poselectorales tras las generales del 28 de abril, como tampoco ha vetado a ninguna otra fuerza.

11.35:

 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ve al independentismo con "pavor" a dialogar porque no quiere admitir ante los elementos del soberanismo más radicales que les han "mentido" al hacerles creer que la independencia es posible cuando en realidad no tienen más salida que "volver a la senda constitucional".

11.30: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su respeto por las decisiones de los magistrados que juzgan el procés con respecto a los tiempos del procedimiento, y ha indicado que hay una "norma no escrita" para que la situación electoral no influya en el juicio; en relación a la posibilidad de acelerar el procedimiento para evitar que la declaración de testigos coincida con la campaña electoral.

11.20:

 Lo ha hecho después de que Turull acusara al fiscal Jaime Moreno de faltar al respeto a los ciudadanos de Cataluña con su escrito de acusación. "Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente militarizada que les dices ve aquí y lo hacen, sea independentista o de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, de derecha o de izquierda, sino que tiene criterio", ha afirmado.

11.15:

 La declaración de Turull ha presenciado un encontronazo con el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que ha interrumpido sus manifestaciones para advertirlo de que no debe aprovechar su turno de respuestas para hacer juicios de valor.

11.00: El presidente del Parlament, Roger Torrent, y los expresidentes de la Cámara Ernest Benach, Núria de Gispert y Joan Rigol han anunciado que este miércoles organizarán un acto de apoyo a la expresidenta de la institución Carme Forcadell. Según ha explicado el Parlament en un comunicado, el acto está impulsado por el colectivo #FreeForcadell y se celebrará en torno a la una y media de la tarde en el Teatro Luchana de la capital con motivo de la inminente declaración de la expresidenta en el Tribunal Supremo por el juicio del 1-O.

10.55:

 La consellera de Presidencia, Elsa Artadi, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar con "venganza" contra la Generalitat al haberles retirado la seguridad cuando viajan al extranjero. Artadi ha asegurado que Sánchez tomó esta decisión al día siguiente de que los independentistas rechazaran los Presupuestos.

10.50:

 Por parte de ERC, han acudido el consejero de Exteriores, Alfred Bosch; el candidato a la alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall; la portavoz y diputada en el Parlament, Marta Vilalta; la portavoz en el Parlament, Anna Caula —que ha entrado en la Sala—, y los portavoces en el Congreso, Joan Tardà y Gabriel Rufián. Igualmente han acudido varios senadores, algunos diputados del Parlament, varios diputados en el Congreso y la candidata a las elecciones europeas, Diana Riba.

10.45: Como viene siendo habitual, los políticos encausados han estado arropados por varios miembros de partidos independentistas. Así, a la sala ha entrado la diputada de JxCat, Gemma Geis, mientras que fuera están la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, la diputada Anna Geli el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujoy.

10.35:

 A continuación, Marchena ha informado a Turull de que tiene derecho a responder a las preguntas que considere oportuno, tras que el acusado ha comunicado que contestará a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a su defensa, pero no a la acusación popular que ejerce Vox.

10.30:

 El exconseller de Presidencia, Jordi Turull, ha comenzado su declaración expresando su queja por no poder hacerlo en catalán y no contar con una traducción simultánea. Nada más sentarse para comenzar a responder, Turull ha recordado que él es uno de los acusados que pidió declarar en catalán y contar con traducción simultánea. Según ha explicado, lo solicitó "no tanto por un tema emocional", sino por tener "todas las garantías", ya que considera que "la espontaneidad" es una circunstancia muy "importante tanto para el acusado como para el tribunal".

10.25:

 El Supremo ha zanjado el asunto asegurando que el mensaje del senador del PP no mancha la imparcialidad del presidente de la Sala de lo Penal ni afecta a la del resto de sus compañeros, pues es algo que debe interpretarse como una opinión "inaceptable" realizada en ámbito político y que no es trasladable al ámbito jurisdiccional.

10.20: Los abogados de los acusados solicitaron que Marchena fuese apartado tras revelarse su nombre como posible presidente del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), en el marco del pacto fallido entre el PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces. A esto se sumó la polémica generada por el whatsapp enviado por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía que la elección de Marchena permitiría controlar "desde atrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

10.15:

 El Supremo también se reúne hoy para deliberar el incidente de nulidad que el abogado de Sànchez, Turull y Rull ha presentado contra la decisión de no apartar del tribunal al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los otros seis miembros de este órgano. Previsiblemente esa petición sea rechazada, es decir, el tribunal no anulará la decisión de mantener a Marchena.

10.10: Entre dichos cargos se encuentran el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés. El Supremo quiere acabar cuanto antes esta parte del proceso para evitar que lo que digan los políticos en sus declaraciones contamine las campañas electorales de los próximos meses.

10.05:

 Está previsto que la Sala finalice la fase de los interrogatorios en tres o cuatro días y se de paso a la testimonial, donde diversos cargos políticos —en activo cuando ocurrieron los hechos que se juzgan— declararán como testigos en el Alto Tribunal.

10.00: Comienza el interrogatorio al exconseller de Presidencia Jordi Turull. Está previsto que, si da tiempo en la jornada de hoy, después de Turull sea el turno de otro exconseller, Raül Romeva (Exteriores).

9.50:

 Como ya hizo Joaquim Forn la semana pasada, Turull también contestará a las preguntas de la Fiscalía, algo a lo que se negó el exvicepresident, Oriol Junqueras en su turno.

9.45: Este martes empieza en el Tribunal Supremo la cuarta sesión del juicio del procésprocés. Hoy le corresponde responder al interrogatorio de sus abogados y las acusaciones al exconseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull.

Este jueves ha comenzado el tercer día del juicio contra los dirigentes independentistas que instigaron el procés en Cataluña. Se inicia durante esta jornada el turno de los interrogatorios a los acusados. Durante los dos últimos días las defensas expusieron sus alegaciones y, a continuación, fueron respondidas por las acusaciones.

El primero en declarar ha sido el exvicepresident Oriol Junqueras, según el orden establecido en la lista del escrito de acusación de la Fiscalía, aunque se ha negado a responder a las preguntas de Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox —ejerce de acusación popular— y solo se ha limitado a la defensa. Junqueras es el encausado al que se le solicitan penas más elevadas: 25 años de prisión y 25 de inhabilitación por los presuntos delitos de rebelión, agravada por condición de jefe o promotor, y de malversación de caudales públicos.

Después, ha sido el turno al exconseller de Interior Joaquim Forn, que sí que ha accedido a las preguntas de la acusación aunque ha arrancado su declaración asegurando que la Fiscalía ha hecho de su escrito de acusación un "relato peliculero".

Así te hemos contado en infoLibre la tercera jornada del juicio del procés:

18.25. El magistrado instructor de la causa por rebelión contra los líderes independentistas catalanes, Pablo Llarena, descarta reactivar la orden europea de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que tiene previsto participar el próximo lunes en un acto en el Parlamento Europeo, porque entiende que su situación no ha variado. Consultado por Europa Press, el magistrado, de quien aún depende la situación de Puigdemont, pues se instruye en una pieza separada de la enviada ya a juicio sobre el procés, ha explicado que "nada ha cambiado" respecto de las razones que le llevaron a retirar la euroorden que dictó en su momento contra el expresident.

En España, el político sigue procesado, aunque dado que se encuentra en fuga y así no puede ser juzgado, no se han formulado acusación contra él. No obstante, si entrase en territorio español sería detenido, pues a todos los efectos, dentro del país está reclamado por la justicia.

18.15. Concluye la declaración de Forn [Ampliación][Ampliación]. Marchena da por terminada la sesión y anuncia que se retomará el próximo martes a las 10 de la mañana. 

18.10. Melero pregunta a Forn por su discursión con Enric Millo, el delegado del Gobierno en aquel momento, durante el 1 de octubre: "Estuve llamando al Delegado del Gobierno desde el mediodía y le envié las imágenes de un colegio. Le pregunté si eso era dar cumpliento a la instrucción dada desde el TCJ. Tuvimos una conversación elevada de tono y le exigí que parase los hechos de violencia extrema". El exconseller explica que tras esa llamada cesaron estos actos de violencia: "No puedo decir que tuviese una relación directa".

18.00. Forn: "El día 1 por la mañana terminó la coordinación con el Ministerio de Interior". Asimismo, el exconseller aclara que los Mossos "en ningún momento" tuvieron conocimiento de los planes de la Policía. 

17.50. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha sido el primero de los doce acusados que hace uso de la prerrogativa que le concedieron los magistrados para levantarse del banquillo y seguir la vista sentado cerca de su abogado defensor. Tras finalizar su interrogatorio, Junqueras no ha vuelto a su sitio y ha estrenado su prerrogativa colocándose en una silla que permanecía libre justo detrás de su abogado, Andreu Van Den Eynde.

17.45. Sobre la declaración de Interior del riesgo de cara al 1-O con fecha del 28 de septiembre, Forn asegura que "no era posible prever ningún tipo de violencia generalizada". El objetivo, según el exconseller, de su departamento era hacer "todo lo posible" para conservar la convivencia. "Estos gastos extraordinarios fueron aprobados en su integridad en el Consejo de Ministros", explica Forn que asegura que "los planos de actuación requerían aumentos de personal y horas extras, lo que suponía un impacto económico".

17.35. Preguntado sobre la junta de seguridad, Forn asegura que el Govern "nunca dejó de asistir" a pesar de la "divergencia de opinión" y que cumplieron "a raja tabla" todas las demandas. Según el exconseller, fue Diego Pérez de los Cobos, el encargado de la coordinación de las actuaciones de la Policía, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, el que decidió suspender estas reuniones. 

17.25. Forn: "Vine desde Bruselas conocedor que tenía una citación en la Audiencia Nacional convencido de que la participación y elaboración de un referéndum no es ningún delito. Quería venir a explicarme".

17.10. Forn: "El president de la Generalitat suspendió la declaración de la independencia para buscar diálogo y desescalar tensiones". Sobre las acciones que se producieron después de la votación, el exconseller recuerda que las resoluciones "no se publicaron, ni en el diario de la Generalitat ni en el boletín del Parlament". Según Forn, la declaración unilateral de independencia (DUI) era una "declaración política" que "no se votaba".

17.00: Es el turno de las defensas. Forn responde a los abogados de Carme Forcadell y Jordi Sánchez. A continuación toma la palabra Xavier Melero. Comienza preguntando sobre la frecuencia en la que se comunicaba con el exministro Zoido: "Estuvimos en contacto con más frecuencia después del ataque terrorista", asegura en relación a los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017.

16.55: La Abogacia del Estado pregunta también a Forn sobre la creación del censo universal antes del 1-O: "Me enteré por la televisión". También aclara que esta vía intentó evitar problemas para que "la gente pudiera ir a votar a cualquier colegio electoral". 

16.40:  Preguntado sobre las protestas en el exterior de la Consellería de Economía del 20 de septiembre, Forn asegura que no se puedo pedir la solicitud con 24 horas para que la gente se concentrará pero que "el principio de manifestación, prevalece". Sobre las medidas de seguridad adoptadas, el exconseller asegura que no dirigía el operativo. En cuanto al pasillo humano creado esa misma jornada, Forn dice que "permitir a las entidades la creación del cordón para hacer un servicio de orden fue la mejor opción".

16.30: Es el turno ahora de Rosa María Seoane, representante de la Abogacia del Estado. "Yo no incumplí con los autos del TSJC. No estoy de acuerdo con esta afirmación", asegura Forn.

16.20: "Mi opinión era favorable a convocar elecciones. Puigdemont también lo estaba", asegura Forn que también aclara que él no era diputado y que, por tanto, no firmó la declaración del día 10 de octubre. También explica que la reunión en el Palau fue para decidir si "habría elecciones o si se declaraba la independencia". 

16.10: Se reanuda la declaración de Joaquim Forn. El exconsellersigue respondiendo a las preguntas del fiscal Fidel Cadena. Continúa preguntándole a Forn sobre las funciones de los Mossos durante los hechos del 1-O: "No participé personalmente en el CECOR", asegura y niega haber participado en ningún operativo policial. El exconseller también niega los enfrentamientos entre Mossos y Policía y asegura que fueron "cosas absolutamente minoritarias ni son representativas de lo que ocurrió en aquella jornada".

16.00: Vox ve una "mezquindad" que Junqueras hable de juicio político y lamenta que no se les deje formular preguntas. El secretario general de la formación de extrema derecha, Javier Ortega Smith, advierte de que el juicio se puede convertir en un "circo" por permitir lazos amarillos pero entiende que el tribunal demuestra su independencia.  Además, ha lamentado que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, haya "desvirtuado" la jurisprudencia del Supremo rechazando su petición para formular preguntas al procesado, aunque no las quiera responder, así como que no se luzcan lazos amarillos durante la sesión del juicio. En este sentido, ha dicho que pedirá que los magistrados contesten por escrito a sus reclamaciones.

15.35: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la independencia del sistema judicial español y ha asegurado que el expresidente catalán Carles Puigdemont tendrá que explicar a los catalanes por qué "las personas que dependía de él, que recibían órdenes suyas" se sientan en el banquillo de los acusados "asumiendo su responsabilidad" por el referéndum independentista del 1-O. "La justicia en España tiene los más altos estándares de independencia", ha subrayado la ministra durante una rueda de prensa al término de la reunión de dos días con sus homólogos de la OTAN, que ha coincidido con el arranque del juicio por el procés esta semana.

15.00: El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha dado un "mitin" en su exposición ante el Tribunal Supremo y le ha recalcado que "amar España es incompatible con acabar con su democracia". Así se ha pronunciado después de que Junqueras se haya presentado ante el Supremo como "un preso político" que va ser juzgado en "un juicio político. A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, ha recalcado que "amar a España es incompatible con acabar con su democracia".

14.50: Se suspende la sesión hasta las 16.00 horas. Marchena ha pospuesto el juicio para la comida.

14.25: El exconseller catalán de Interior Joaquim Forn ha acusado a la Fiscalía de elaborar "relatos peliculeros" en su escrito de acusación sobre los hechos que se juzgan en el Tribunal Supremo en relación con el proceso independentista, al tiempo que ha asegurado que no dio órdenes dirigidas a facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. "Mi compromiso político es de apoyo al referéndum, siempre lo ha sido, pero también lo diferenciaba muy claramente de mis competencias como conseller. De la misma manera que defendía el referéndum, dejaba en manos de los Mossos el cumplimiento de todos los mandamientos judiciales", ha explicado, tras lo cual ha remarcado que "ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución".

13.50: Forn dice que no dio órdenes a los Mossos sobre el referéndum y defiende que cumplieron la Ley: "Una cosa es mi compromiso político con el referéndum y otra mis competencias como conseller de Interior

13.40: Una opinión muy distinta expresan desde Ciudadanos. Su portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerado indignante la declaración de Oriol Junqueras porque, dice, el independentista ha intentado esconder que hace un año y medio fue "el cabecilla de un golpe a la democracia".

13.35: El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha asegurado que las palabras de Junqueras en el juicio muestran "su calidad humana, dignidad y espíritu de respeto". "Podrán seguir teniéndolo en prisión o condenarlo, pero lo que no podrán es desmontar ni destruir su calidad humana, dignidad y la fortaleza que nos ha comunicado", ha afirmado.

13.30:

 La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha admitido que sus declaraciones en las que comparó el referéndum separatista del 1-O con una violación, basándose en que ambas acciones se realizan "sin permiso", fue desafortunada.

13.25:

 El exconseller Joaquim Forn, ha adelantado que, al contrario que Junqueras, responderá a las cuestiones que le planteen las acusaciones —excepto a Vox, que ejerce la acusación popular—. Así, Forn ha comenzado a contestar a la Fiscalía aunque antes ha expresado sus dudas por la imparcialidad del tribunal.

13.20: Puigdemont ha asegurado que las palabras de Junqueras en el juicio dejan en evidencia "las premisas de los represores". Lo ha hecho a través de un mensaje en su perfil de Twitter.

13.15:

 Las defensas de los procesados han calificado de "puño de hierro, guante de terciopelo y bastante cinismo" las decisiones de los siete magistrados respecto a las cuestiones previas presentadas por las partes, una de las cuales ha consistido en rechazar la traducción simultánea de la declaración de los acusados si estos deciden hacerla en catalán.

13.10:Finaliza el interrogatorio a Junqueras por parte de la defensa. El político ha rechazado responder a las preguntas de las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, que actúa como acusación popular) [Ampliación]. Ahora es el turno de otro de los acusados, el exconseller Joaquim Forn.

13.00: Oriol Junqueras ha negado que se desviasen fondos públicos para la organización del referéndum del 1-O: "A los contribuyentes no les costó nada", ha sentenciado. Precisamente una de las acusaciones que se vierten sobre el exvicepresident es la de malversación de dinero público.

12.50:

Según ha adelantado esta mañana la Cadena Ser, el Supremo no prevé suspender el juicio del procés en el caso de que se adelanten las elecciones generalesprocés, a pesar de que el proceso puede coincidir con la campaña. Lo que sí confirma el Alto Tribunal es que no dictará sentencia en pleno periodo electoral para evitar que la decisión pueda influir en el debate político.

12.45:

 A través de Twitter, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aplaudido la declaración de Junqueras ante el Supremo: "¡Qué gran ejemplo y dignidad!".

12.40:

 El exvicepresident también ha recordado que la propuesta de reformar el Estatut fue insuficiente, si bien ha reconocido que el 90% del Parlamento de Cataluña la apoyó. "Yo voté que no y en ese momento, el 16% del voto en contra no es que lo hiciera por considerar la reforma excesiva, sino lo contrario, insuficiente", ha remachado.

12.35:

 En el transcurso de su interrogatorio, por parte de la defensa —se ha negado a responderle a las acusaciones—, Junqueras, ha justificado ante el tribunal el referéndum del 1-O y la declaración de independencia asegurando que pese a los intentos de diálogo que realizó el Gobierno catalán, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se negó a negociar. "La silla de enfrente siempre ha estado vacía".

12.30:

 Antes del receso, Junqueras ha declarado que "amo a España", a lo que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha respondido: "Los que amamos a España no tratamos de liquidar España ni damos golpes de Estado contra nuestra democracia".

12.05:

 El presidente de la Sala, Manuel Marchena, ha suspendido la sesión hasta las 12:30, cuando continuará el interrogatorio a Junqueras. Sobre la decisión de rechazar a Puigdemont como testigo, Marchena ha actuado así porque el procedimiento penal español no permite "ser acusado por la mañana y testigo por la tarde".

12.00: 

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha asegurado que el Gobierno insistirá en la vía del diálogo con Cataluña, afirmando que el independentismo, de facto, acepta ahora el marco legal sentándose a negociar. "En este momento están respetando el marco constitucional, hace un año aprobaban una ley en el Parlament fundacional de la República que rompió con el ordenamiento jurídico, celebraban un referéndum ilegal, declaran la independencia. Eso pasaba hace un año", ha señalado.

11.45:

 En el transcurso del interrogatorio por parte de la defensa, Junqueras ha asegurado que "Votar no es un  delito", pero "impedirlo por la fuerza sí que lo es [...] Los problemas de la democracia se resuelven siempre con más democracia, no con menos".

11.30:

 Por su parte, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, ha afirmado que "el futuro de Cataluña lo decidirá la ciudadanía, nunca el Tribunal Supremo". Además ha añadido que "parece que la sentencia esté ya redactada" y que en su opinión, lo que busca es perseguir "unos principios" con "un relato de violencia inventado".

11.25:

 En un hotel de Madrid, desde donde varios dirigentes de ERC están siguiendo la sesión del juicio, el coportavoz del partido soberanista en el Congreso, Gabriel Rufián, ha publicado un mensaje en Twitter que dice:  "Carceleros, ya no le podéis amordazar [a Junqueras]. Que se entere el mundo de esta salvajada".

11.20:

 A la pregunta de si han aceptado usar la violencia, Junqueras ha sido contundente: "nunca, nunca, nunca [...] Nosotros siempre hemos rechazado el uso de la violencia", y ha añadido que "cualquier objetivo político noble puede resultar inmoral si los mecanismos que se utilizan para conseguirlo son indecentes".

11.15:

 Para hablar sobre los planes independentistas, Junqueras se ha remontado a la reforma del Estatut en 2006: "El PP inició una campaña contra el Estatut", pero defiende que "las movilizaciones en Cataluña han sido siempre pacíficas, ejemplares, cívicas y responsables. Lo dicen todos los medios de comunicación del mundo".

11.10:

 Después de asegurar que se siente "como un preso político", el exvicepresident ha defendido su inocencia: "Desde mi punto de vista nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Absolutamente nada".

11.05:

Junqueras, que ha decidido declarar en castellano, solo responderá a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde. Antes del interrogatorio, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, les ha comunicado a las partes la resolución de algunas de las cuestiones previas, que en su gran mayoría han sido rechazadas por los siete magistrados que juzgan los hechos.

11.00: Comienza el interrogatorio al exvicepresident Oriol Junqueras, que asegura que el juicio del procés es "político" y que se siente "como un preso político"procés . Además defiende que se lo está juzgando "por sus ideas y no por sus hechos".

10.55:

 Zoido contribuye a la lista de exministros que ejercían funciones en el momento de los hechos que se juzgan y que declararán como testigos. Entre los miembros de aquel Ejecutivo están la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

10.50: Tal y como había solicitado el abogado del exconseller Joaquim Forn, el tribunal ha aceptado que el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acuda a declarar como testigo. No ha aceptado, sin embargo, que acuda Puigdemont.

10.40: Los dirigentes de ERC que esta mañana se han concentrado delante del Supremo para expresar su apoyo a los juzgados por el procés, se han trasladado a un hotel de Madrid para seguir la comparecencia de los acusados.

10.30: En la jornada de este miércoles, la Fiscalía pronunció un discurso firme y contundente contra los alegatos de los abogados de los acusados, que defendieron en sus cuestiones previas la utilización de esta causa judicial como medio de perseguir la ideología independentista. Frente a ello, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena reprocharon a los letrados que se quiera sentar al Estado en el banquillo cuando el juicio es en defensa de la democracia.

10.20: 

La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha comparado el referéndum del 1-O con "una violación" porque la votación se celebró a pesar de que las autoridades catalanes no tenían "permiso" para convocarla. Tras señalar que "la democracia es un régimen complejo", basado en "aplicar" y "obedecer" la ley, Lozano ha asegurado que las autoridades catalanas eran "especialmente responsables" y que tenían que cumplir la ley "y no lo hicieron".

10.15:

 El tribunal ha rechazado la traducción simultánea que habían pedido algunas defensas y asegura que la decisión "no está vinculada a un criterio de indefensión". No obstante, en la sala habrá dos traductores según ha explicado su presidente, Manuel Marchena.

10.05: 

El expresident Carles Puigdemont ha dado "ánimos" a Junqueras a través de Twitter diciendo que "a partir de hoy, jueces, fiscales y acusadores verán y oirán lo que es verdaderamente una muralla democrática, aquella que tanto miedo les da [...] No dejar pasar la represión, no ceder ante la injusticia ignominiosa. ¡Ánimos, Oriol!", ha añadido.

10.00:

 Empieza la tercera jornada del juicio a los dirigentes encausados por el procés. Tanto los abogados defensores como las acusaciones interrogarán a los dirigentes que se sientan en el banquillo.

9.55:

 Según informa TV3, el exvicepresident Junqueras no responderá hoy al interrogatorio de los fiscales, los abogados del Estado y Vox, que actúa como acusación popular, y solo se limitará a contestar a las preguntas de los abogados de la defensa.

9.50:

 Torrent ha dicho que la declaración de Junqueras en el juicio se leerá "en los libros del futuro". También ha asegurado que Junqueras sabe que su intervención "es muy trascendente" ya que es la primera vez que se lo escuchará tras el tiempo que lleva en prisión preventiva.

9.45: Delante de las puertas del Tribunal Supremo, que juzga a los líderes separatistas, se ha concentrado esta mañana una delegación de ERC en apoyo a los juzgados compuesta, entre otros, por el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.

9.40: 

A continuación irán los miembros del Govern en libertad Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila, acusados de desobediencia y malversación. Tras ellos declararán los líderes sociales Jordi Sánchez (presidente de la Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (presidente de Ómnium Cultural), y cerrará esta fase del juicio el interrogatorio a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

9.35: El orden de las comparecencias coincide con el relato acusatorio de la Fiscalía y a Junqueras lo seguirán los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, todos en prisión provisional.

9.30: El tercer día del juicio contra los dirigentes encausados por el procés se inicia con los interrogatorios a los acusados y Oriol Junqueras será el primero en responder. El exvicepresident se enfrenta a las acusaciones de rebelión y malversación de dinero público por la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.

La decisión de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de situar a Ernest Maragall como candidato a la Alcaldía de Barcelona es un golpe encima de la mesa destinado a remover el tablero independentista.

La formación liderada por Oriol Junqueras, cada vez más implicado en las decisiones de su formación gracias a la proximidad que le brinda haber sido trasladado a la cárcel de Lledoners (Barcelona), lleva tiempo intentando restablecer su propia estrategia y dejar de verse arrastrada por los llamamientos perennes a la unidad que emite desde Bruselas el expresident Carles Puigdemont. Y las elecciones municipales son una ocasión de oro para, sin romper con el núcleo de las reivindicaciones que les unen a JuntsxCat —la demanda de un referéndum pactado y la salida de prisión de los presos del procés— escenificar ese cambio de ruta.

La elección de Maragall como candidato a la Alcaldía de Barcelona —todavía no oficial, pero que el propio interesado da por hecha— es, en sí misma, una declaración de principios. Si las cuentas dan después de las elecciones municipales de mayo, el actual conseller de Acció Exterior de la Generalitat, de 75 años, está llamado a construir puentes con la Barcelona en Comú de Ada Colau. Otra cosa es el PSC: Junqueras lo descarta expresamente. Si lo consigue, Esquerra habrá puesto fin a cuatro años de estrategia común con los herederos de la antigua Convergència.

Los caminos de Junqueras y de Puigdemont se separaron el mismo día de la declaración de independencia, el pasado 27 de octubre. Esquerra rehuyó en las semanas siguientes reeditar la candidatura unitaria con la que el expresident pretendía capitalizar la respuesta social a la aplicación del artículo 155 y ya en las elecciones del 21 de diciembre reescribió su estrategia política sobre nuevas bases, bien distintas de las del Puigdemont: nada de traspasar otra vez los límites de la legalidad y adaptar los tiempos y las reivindicaciones al objetivo de ampliar la base social del independentismo. Como el propio Junqueras defendió este lunes en una entrevista publicada en La Vanguardia, “acreditando una mayoría indiscutible, el referéndum que ahora parece imposible será inevitable”.

Las elecciones municipales en general y la batalla de Barcelona en particular, en el contexto además del cambio de Gobierno en España y la apertura de mesas de diálogo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ofrecen a Esquerra la oportunidad de ensayar por primera vez en mucho tiempo mayorías progresistas que no respondan a la lógica del enfrentamiento entre el independentismo y el unionismo. Sin renunciar al soberanismo, pero asumiendo que se trata de ámbitos de responsabilidad diferentes. O, lo que es lo mismo, evitando que el conflicto secesionista se traslade al Ayuntamiento de Barcelona.

Y todo de la mano nada menos que del hermano de Pasqual Maragall, el alcalde socialista de Barcelona cuya memoria se disputan casi todos los contendientes. Desde los socialistas —con cuyas siglas el regidor de los Juegos Olímpicos de 1992 puso en marcha la transformación de la ciudad— hasta la actual alcaldesa, Ada Colau (Barcelona en Comú), pasando por el ex primer ministro francés Manuel Valls, que según diferentes informaciones quiere contar para su campaña con la asesoría de Xavier Roig, mano derecha de Maragall tanto en el ayuntamiento como en la Presidencia de la Generalitat.

El primer efecto de la candidatura de Ernest Maragall por Esquerra, en una lista que se declara abierta a la integración de otras sensibilidades progresistas, ha sido desbaratar el alcance de las primarias que los antiguos convergentes han puesto en marcha en busca de un cabeza de cartel capaz de aglutinar a todos los votantes independentistas. La estrategia de Puigdemont de construir para las municipales un nuevo espacio de unidad soberanista, que en su última formulación adoptó el nombre de Crida Nacional per la República, se desinfla. No sólo por la resistencia de ERC a someterse de nuevo a la obediencia del expresident sino por el temor que muchos alcaldes del PDeCAT tienen al riesgo de afrontar las elecciones con nuevas siglas.

Lo que hará finalmente el espacio político de Puigdemont en la capital es todavía una incógnita. Los mejor situados en estos momentos para encabezar la lista neoconvergente son Neus Munté, a la que el propio expresident cesó como consellera antes de activar el pulso soberanista que culminó con el referéndum del 1 de octubre por considerarla poco dispuesta a apoyar esta estrategia, y sobre todo el actual delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, cuyo origen político —al igual que Maragall— está en el PSC.

A la espera de Valls

Mientras tanto, todas las miradas están pendientes de Manuel Valls. El ex primer ministro francés ha convocado un acto público este martes en Barcelona en el que todo el mundo da por supuesto que confirmará su intención de presentarse a la Alcaldía de Barcelona como cabeza de cartel de una plataforma concebida para atraer el voto constitucionalista. Valls lleva meses entrevistándose con empresarios y representantes sociales de Cataluña, entre los que destaca la asociación Sociedad Civil Catalana, cabeza visible de las movilizaciones contra el independentismo. Maragall describió este lunes su candidatura como la del establishment español, la de los “ricos” que quieren recuperar el control de la capital catalana.

En las próximas horas se conocerán los detalles de su propuesta, así como el apoyo que le va a prestar Ciudadanos. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, fue quien lanzó hace meses el globo sonda de Valls, pero ahora son varios los medios que aseguran que el político francés no quiere ser sólo el candidato de Cs sino ser la cabeza visible de un movimiento ciudadano capaz de atraer también a los votantes del PP y del PSC. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, expresó este lunes su confianza en que Valls acepte ser candidato y, de ser así, adelantó, le pondrán “todas las facilidades” para acordar el formato de la candidatura.

Lo que es seguro es que, en ese proyecto no están ni PSC ni el PP. Los socialistas confirmaron hace meses como candidato a su actual portavoz municipal, Jaume Collboni, que fía gran parte de sus esperanzas al viento a favor que pueda otorgarle el presidente Pedro Sánchez y su política de diálogo para resolver el conflicto catalán. Y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, confirmó en las últimas horas que su formación prepara una candidatura “potente” a la Alcaldía de Barcelona y, por tanto, no se incorporará a la plataforma de Valls. El PP, explicó, “no se puede permitir el lujo de no presentarse” en la capital catalana, aunque eso no impide “optimizar los esfuerzos dependiendo del distrito, la capital o el municipio”, informa Europa Press.

Enfrente de todos ellos estará, aunque todavía no lo haya anunciado oficialmente, la alcaldesa Ada Colau, aliada de Podemos en Cataluña, que en 2015 encabezó la lista más votada en la ciudad como representante de Barcelona en Comú. La atomización del voto en aquellas elecciones, los acontecimientos del año pasado en toda Cataluña y el aterrizaje de Valls abren más que nunca el escenario. Colau es alcaldesa con apenas el 25% de los votos y 11 concejales de un total de 41, justo por delante de la desaparecida Convergència i Unió (10 ediles y 22,7% de sufragios). Por detrás se situaron Ciudadanos y Esquerra —empatados a cinco concejales—, y el PSC —cuatro ediles—. Cierran la lista de partidos con representación municipal PP y la CUP con tres concejales cada uno.