“Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación. Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas”. Es el mensaje que ha dejado uno de los principales sindicatos de la Policía Nacional, la Unión Federal de Policía (UFP), tras la publicación del vídeo en el que se puede ver como una de las manifestantes, una profesora jubilada de 68 años, es empujada por la espalda por uno de los agentes mientras se encontraba en la calzada, lo que provoca su caída contra el suelo.

Una línea de apoyo que también han seguido desde otro de los sindicatos, la Confederación Española de Policía (CEP). “El derecho a manifestarse no es absoluto. Es mentira lo de que está por encima de cualquier otra circunstancia. La seguridad es para todos. Y sobre todo si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico”, han escrito en una publicación en redes sociales. Ambos mensajes, se han escrito como respuesta a las palabras de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en las que aseguraba que van a “investigar lo ocurrido”. 

“Tú no vas a investigar nada”, arremeten desde las dos organizaciones contra la representante socialista. Aunque los dos sindicatos con más representación dentro del Consejo de la Policía, JUPOL y el SUP, han mantenido en esta ocasión una posición más equidistante, toda la situación no ha hecho más que avivar la indignación de la sociedad. No solo se ha visto como un agente puede llegar a realizar este tipo de acciones sin grandes represalias, sino que recibe el apoyo de los sindicatos que les representan. 

Desde el Ministerio del Interior no se han querido pronunciar sobre lo ocurrido y han asegurado a este periódico que “no tienen nada que decir”, en respuesta a si van a realizar valoraciones de las palabras de estos sindicatos y si podrían tener alguna consecuencia. Lo que sí se ha conocido, es que desde la Dirección de la Policía Nacional se ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente al agente.

“Esto no puede quedar en una simple sanción”, denuncia Manuel Soler, portavoz del Sindicato Reformista de la Policía (SRP), que aunque actualmente no tiene representación en el Consejo, ha sido el único que se ha posicionado de una forma clara mostrando su rechazo a lo ocurrido en Valencia.

“Los sindicatos de Policía están sufriendo una pandemia ideológica hacia la ultraderecha para conseguir aglutinar al máximo de representantes a través de decir la burrada más fuerte”, explica. Una situación que está llevando a que “miles de agentes” que están en contra de estas actuaciones “no puedan alzar la voz”.

“Se está amparando una agresión brutal”, asegura Soler, que defiende que esta es una situación que “se tiene que cortar de raíz”. “Esto es gravísimo, porque no se puede despreciar e insultar a un cargo público de esa manera”, añade. “La población está preocupada y nosotros más”. Desde el SRP también quieren mandar un mensaje a la mujer agredida para expresar “su solidaridad” y que en este momento están estudiando para desplazarse y apoyar “a las personas que se están manifestando en Valencia”.

En esta misma línea se ha pronunciado la plataforma de Policías Antifascistas, nacida a principios de este año justamente para defender los Derechos Humanos y frenar “los continuos intentos de apropiación por parte del aparato de la extrema derecha” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España.

“Nosotros lo consideramos una actuación desproporcionada y es normal que desde el activismo se entienda que desde la Policía van con más contundencia contra determinados grupos”, explica en conversación con infoLibre uno de sus representantes, Adrián Rodríguez.

Denuncia que “hay una falta de contundencia por parte de los sindicatos en una situación claramente de desproporción, que lo único que hace es distanciar a los activistas con la Policía”. “Entendemos que el agente, ya sea en el juicio o en su expediente, tendrá que defenderse de la manera que mejor vea, pero es difícil entender que un sindicato defienda a priori esta actuación viendo las imágenes”, añade. 

“No puede ser una defensa ciega a un compañero por simplemente ser policía. Es tan fácil como pedir disculpas, porque todos podemos tener un día peor o cometer errores”, asegura. Sobre las palabras que han dirigido a Bernabé, defiende que “un sindicato se supone que está para defender los derechos de sus trabajadores, por lo que hacer un señalamiento tan claro contra un cargo político es otra ida de mano más”.

Una mujer camina con los brazos cruzados, camiseta verde y pantalones vaqueros. No va acompañada, su ritmo es pausado y parece observar con calma a quienes como ella han salido a la calle para defender la educación pública. En ese momento, un policía se abalanza sobre ella, empujándola por la espalda y tirándola al suelo. Las imágenes sobre lo acontecido acreditan que la docente no suponía ninguna amenaza, nadie a su alrededor estaba en riesgo y no existía un contexto de tensión. Pese a ello, el agente no duda en aferrarse a la porra y cargar contra ella.

La delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, tachó la escena de "inaceptable" a través de un mensaje en redes sociales. "Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades", añadió el mismo domingo. La Unión Federal de Policía (UFP) se apresuró a reaccionar: "Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación". No fue la única organización policial que ha respaldado públicamente al agente. Este mismo lunes, la Policía Nacional inició el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente.

La actuación policial, calificada de desproporcionada de forma casi unánime, ocurre una semana después de que la Ertzaintza cargara en el aeropuerto de Loiu contra los activistas de la Flotilla Global Sumud de solidaridad con Palestina. El grupo de activistas aterrizaba después de haber sido interceptado por las fuerzas israelíes y tras haber denunciado episodios de tortura por tratar de defender los derechos de los palestinos. 

Los voluntarios de la Flotilla recibieron golpes por parte de los agentes, algunos fueron expulsados a rastras y retenidos contra el suelo a la fuerza. La operación se saldó con varias personas heridas y cuatro detenciones. Aunque el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, habló en un primer momento de provocaciones por parte de los activistas, enseguida se comprometió a "aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar". El Ararteko, defensor del pueblo en Euskadi, abrió un expediente de oficio y centenares de personas se echaron a las calles para denunciar los abusos policiales y las conexiones entre la policía autonómica e Israel.

En este último punto se detuvo también Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados. En redes sociales, pidió que los responsables "rindan cuentas" y compartió un artículo sobre los vínculos entre la policía vasca e Israel: "Se trata de los mismos policías que han recibido contratos de seguridad israelíes por valor de 1,6 millones de euros, entrenados por antiguos agentes del Mossad y equipados con tecnología de vigilancia israelí", escribe el periodista Ahmed Eldin.

Ya en el año 2007, Amnistía Internacional advertía del uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En su informe Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos la organización hablaba entonces de los obstáculos para denunciar actuaciones policiales desproporcionadas, investigaciones deficientes y sanciones irrisorias. Amnistía señalaba ya en aquel momento que no se trataba de hechos aislados atribuibles a algunos agentes particulares, sino de un problema estructural.  

Con el paso de los años no han sido pocas las organizaciones que han mantenido fija la mirada en el uso de la violencia policial contra los movimientos sociales y en la criminalización progresiva del derecho a la protesta, con la conocida como ley mordaza como principal instrumento represivo. 

El informe Diagnóstico del derecho a la protesta, publicado anualmente por la organización Defiende a quien Defiende, advierte en su última edición que el año pasado se documentaron "diversas tendencias en lo que respecta al uso de la fuerza y del material antidisturbios por parte de los cuerpos policiales que dibujan un cambio de paradigma en la manera de reprimir la protesta". 

Entre las más preocupantes, los autores destacan casos de malas prácticas "en el uso del bastón policial", no solo a través de "golpes de arriba hacia abajo y el impacto en zonas vitales del cuerpo, sino que el número de fracturas óseas se ha duplicado". En gran medida, sostienen, "esta violencia policial se ha documentado en protestas propalestinas en distintos puntos del Estado".

El análisis también se detiene en el uso de material especialmente nocivo como las balas de goma para reprimir protestas, entre las que el año pasado destacaron la huelga del metal en Cádiz o las acciones de boicot contra la Vuelta Ciclista en Madrid. "Cabe resaltar la dimensión cualitativa del empleo de este material, aun cuando su utilización pueda considerarse excepcional, ya que se ha demostrado que puede causar lesiones de especial gravedad, incluidas mutilaciones e incluso la muerte". Pero, además, en el marco de todos los casos identificados de personas heridas con pelotas de goma, "en ninguno se ha condenado al autor material del disparo", salvo en el asesinato de Iñigo Cabacas. 

Al nombre de este último lo acompañan otros muchos grabados en la memoria de los colectivos sociales, como el de Ester Quintana, quien perdió un ojo con una bala de goma; Patricia Heras, víctima mortal del conocido como caso 4F, o Mame Mbaye, un joven migrante que murió de un ataque al corazón tras una persecución policial.

Al análisis global es preciso sumarle el caso concreto de la violencia racial, un debate enquistado en suelo español que este mismo año ha vuelto a la palestra, a raíz de la detención de Serigne Mbayé, exdiputado autonómico y secretario de Antirracismo de Podemos. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

"No son casos aislados, ni anomalías, ni errores". Habla Marco Fernández, portavoz del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. "Se trata de una cuestión estructural y sistemática" que se expresa de forma visible a través de "episodios graves de malos tratos", expone en conversación con infoLibre. El activista recuerda que el Estado español ha sido condenado más de una decena de veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar casos de tortura, "en más de la mitad con Fernando Grande-Marlaska como juez de la Audiencia Nacional", enfatiza. "Hablamos de actuaciones sistemáticas y que gozan de impunidad", porque detrás hay un "aparato que lo ampara", añade Fernández.

El activista sostiene que es sencillo refutar la tesis de que la violencia policial es excepcional, simplemente echando un ojo a la respuesta de las asociaciones al episodio registrado este domingo en València. "No solo justifican la agresión, sino que lo hacen incluso cuando existe un vídeo. Qué ocurrirá cuando no hay una cámara delante", desliza.

A los casos de violencia explícita se añade otra herramienta represiva que se ha multiplicado de un tiempo a esta parte: las infiltraciones policiales en movimientos sociales. Son al menos trece en los últimos cuatro años. Se trata de agentes infiltrados en movimientos como las protestas por Palestina, las plataformas por la vivienda o las organizaciones independentistas.

Tres de esos agentes estuvieron infiltrados en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. "Es una forma más de represión, violencia política, control y acoso policial contra todo aquello que se escapa de sus márgenes", asiente Fernández. El activista recuerda que las infiltraciones no son un fenómeno novedoso, sino una práctica de largo recorrido para el control de las disidencias y los movimientos sociales. 

Coincide Paloma Linares. Ella pertenece a la organización Madres contra la Represión, donde otra agente de policía estuvo infiltrada durante años. "Era una persona muy conocida que llevaba participando en movimientos sociales desde hacía décadas", comparte al otro lado del teléfono. "Ni remotamente podríamos sospecharlo, era una compañera muy querida". 

Linares se pregunta los motivos por los que su organización pudo poner en alerta a las autoridades: "¿Qué actividad hacemos nosotras que sea ni remotamente peligrosa?", plantea. "Si nosotras hemos tenido a una persona infiltrada, cuántas más habrá". 

Esta "forma de represión" avalada por las instituciones no solo vulnera "los derechos fundamentales" de la sociedad organizada, sino que además lanza un mensaje aleccionador al resto de la población: "La gente tiene miedo, así que el resultado es que se desactiva la calle y la protesta", lamenta la activista. 

También Linares se revuelve contra la teoría de las manzanas podridas. "La violencia y la represión empeoraron con la ley mordaza y nunca desapareció", pero además se suma a la "violencia judicial" que ha recaído directamente sobre los hombros de activistas y sindicalistas, como ocurrió, cita, con Las seis de la Suiza, Los seis de Zaragoza o Los 16 de Berango. El problema, diagnostica Linares, es que "en este país no ha habido una depuración de las fuerzas policiales ni del poder judicial, no ha habido una purga de la herencia franquista".

“Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros”. 2 de junio de 2018. Ocho años atrás, Pedro Sánchez asumía con estas palabras ante el rey su nueva condición de jefe del Ejecutivo.

Apenas un día antes había ganado la moción de censura. Era la primera vez que triunfaba este instrumento constitucional en España. Y Sánchez, además, también se convertía en el primer presidente que no era diputado y en el primer líder del Gobierno que no pertenecía al grupo mayoritario en el Congreso. 

Cuando llegó por primera vez al liderazgo del PSOE en 2014, muchos dirigentes lo apodaron “Pedro, el breve”. Había una idea extendida entre sectores del partido de que sería un secretario general de transición. Pero, a estas alturas de 2026, Sánchez se ha convertido en el segundo presidente más longevo de la actual etapa democrática, sólo superado por Felipe González. Pero ya lleva más días en el Palacio de la Moncloa que José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez cumple ocho años al frente del Gobierno en un momento muy complicado para su partido, después de la imputación por parte de la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y de la entrada de la UCO la semana pasada en la sede del partido, en la madrileña calle de Ferraz, para requerir información por el caso Leire Díez, en el que se investiga una posible trama para entorpecer procesos judiciales relacionados con los socialistas.

Pero Sánchez, a pesar de la presión política y mediática, no ve cerca su final. De momento, no se plantea adelantar las elecciones generales, como están pidiendo incluso algunos socios como Junts y el PNV. Su idea es agotar la legislatura en verano del año que viene. En su discurso del domingo en la clausura del congreso de Juventudes Socialistas, el presidente mandó un mensaje muy claro en estos días de zozobra: “Los marrulleros con sus maniobras, y nosotros, a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles”.

Sánchez pone rumbo a esas elecciones a un año vista y con la idea de que puede incluso ser el partido más votado, a pesar de los escándalos que hacen tambalear al partido. Sobre la mesa pone siempre la “cuenta de resultados” del Gobierno con la economía española liderando la UE y con la filosofía de que la vida de los ciudadanos no es la que dibujan las derechas mediáticas.

Tampoco tiene intención de ir a un congreso extraordinario, como solicitan algunas voces del partido, como el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo y el actual alcalde de León, José Antonio Diez. En la reunión de la dirección socialista en Ferraz, presidida este lunes por el propio Sánchez, se hizo una defensa cerrada del actual Gobierno e imperó la sensación de resistencia.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, aseguró, tras la reunión de la cúpula socialista, que no hay intención de cambiar el calendario interno del partido y aseveró que siempre se “escucha a todos”. Pero remarcó que también se escucha “a la gente que dice que hay que aguantar, que hay que resistir porque los datos avalan a este Gobierno”.

Sánchez ya expresó hace un año, en mitad de la tormenta por el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que su intención es ser el candidato en las próximas elecciones generales. A pesar de los titulares, en el partido no hay ahora mismo ningún dirigente que tenga la fuerza para poder ganar al actual presidente en unas primarias. 

En el PSOE siguen a la espera de que se haga público el sumario sobre el caso Leire Díez para analizar la situación y meditar la posibilidad de tomar alguna decisión interna respecto a las personas citadas en el auto por el juez Santiago Pedraz. Y Sánchez ya ha pedido comparecer en el Congreso, aunque no lo hará hasta después del 19 de junio, cuando vuelva del Consejo Europeo.

Desde las filas socialistas se sigue insistiendo en las “casualidades” que se están produciendo a nivel jurídico, político y mediático. La idea que trasladan desde Ferraz, como subrayó Mínguez ante los periodistas, pasa por esta línea: “No tenemos miedo a la justicia. Es la segunda vez que viene la UCO a Ferraz y aquí no encontró lo que sí encontró en Génova”.

Además, en el PSOE están muy atentos estos días a los movimientos que se puedan dar en el Congreso. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, insistió en su presión a Junts y el PNV con la posibilidad de apoyar un cambio de Gobierno en el que no esté Vox, que pueda servir para convocar elecciones anticipadas. Los socialistas lanzaron guiños a estos dos partidos trasladando que España crece y crea más puestos de trabajo que ningún otro país europeo gracias “al impulso” del Ejecutivo y “al apoyo de los socios de investidura”.

Sánchez vive este octavo aniversario presidiendo precisamente el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. En esta mesa solo quedan tres ministros de su primer Ejecutivo: Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación).

El primero de ellos es ya el ministro del Interior más longevo en la actual etapa democrática. Y Robles y Planas están a punto de convertirse en los que más tiempo han pilotado sus respectivos departamentos, aunque todavía les ganan en duración Narcís Serra y Carlos Romero (que estuvieron ocho años y tres meses en el Gobierno de Felipe González). Además, Sánchez trabaja en estos momentos para lograr que el ministro de Agricultura se haga con la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Sánchez cumple ocho años dirigiendo el país desde La Moncloa. Y aspira a seguir tras las elecciones de 2027. En permanente escritura de su Manual de resistencia. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado este miércoles en el Congreso que su departamento realizará una evaluación o inspección "extraordinaria" de los protocolos de acoso y agresión sexual en el seno de la Policía Nacional para determinar qué falló para que la víctima denunciante del ex número dos del cuerpo renunciara a las vías internas.

"Se trata de una medida extraordinaria. Es evidente que algo falló", ha señalado el ministro después de que los grupos de la comisión de Interior —excepto PNV, Sumar y Junts, que no ha asistido—, le instaran a dar cuenta no solo del asunto objeto de la cita —la implementación de la baliza V-16—, sino también sobre la renuncia del comisario principal José Ángel González tras ser denunciado por una agresión sexual por parte de una subordinada.

PP, Vox y UPN le han pedido la dimisión ante el ataque "más grave" a la Policía, según el portavoz popular Ángel Ibáñez, que le ha reprochado al ministro "estar oculto" en esta grave crisis, en tanto que Ignacio Gil Lázaro, de Vox, le ha invitado a dejar el cargo "de inmediato" en el "Ministerio de los escándalos", en el que "huele a podrido".

Con menor beligerancia pero sí con contundencia desde ERC Francesc-Marc Álvaro le ha pedido "hablar del tema" que afecta a la "credibilidad" de la Policía y pone en cuestión los sistemas de control sobre los comportamientos de sus altos mandos, en tanto que Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha insistido en que, pese a que la V-16 era el motivo de la comparecencia, los portavoces le urgían respuestas sobre la denuncia al exDAO.

El ministro, que estaba preparado para dar explicaciones, ha usado más de cinco minutos para leer buena parte de las "tres reflexiones" que llevaba escritas sobre las consecuencias de la denuncia de agresión sexual de una inspectora contra el exmáximo responsable uniformado de la Policía Nacional.

Ha defendido que existen revisiones de esos protocolos —existen en la Policía desde 2022— pero que ante la gravedad de los hechos, la Secretaría de Estado de Seguridad realizará esta "evaluación extraordinaria" con la intención de determinar "por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió".

"Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera", ha zanjado antes de apostillar: "Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual o de otro tipo".

"Lo que la víctima ha denunciado es simplemente gravísimo", ha continuado el titular del Interior, que ha reiterado que nada más tener conocimiento de la admisión a trámite de la querella —un juzgado ha citado a denunciado y mujer el próximo 17 de marzo— pidió en menos de dos horas la renuncia del comisario ya jubilado Jota, como así era apodado.

Marlaska ha defendido la actuación de su departamento porque dio un "cortísimo" espacio de tiempo al alto mando para que asumiera su responsabilidad y dimitiera. "Si él no asumía inmediatamente la responsabilidad, sabía que era cesado inmediatamente".

Respecto a la denunciante, el ministro ha subrayado que es consciente del "dolor" que estos graves hechos le han ocasionado y le están ocasionado y que ella sabe que "de primera mano que me tiene a mí, a todo el Ministerio del Interior y a toda la Policía Nacional a su disposición en todo que pueda necesitar".

También ha sido contundente sobre los hechos "gravísimos" que figuran en la querella y ha mostrado su confianza plena en que la justicia depure "con toda firmeza" las responsabilidades que puedan corresponder al culpable de la agresión. "Lo que no puedo tolerar", ha enfatizado, es que se pueda usar este suceso para "denigrar" la reputación de la Policía o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o que se trate de presentarlas como cuerpos "donde los agresores sexuales actúan con impunidad, porque simplemente no es cierto".

Marlaska también ha querido recordar que la razón por la que se prorrogó la jubilación del DAO en diciembre de 2024 tenia como única finalidad equiparar esta situación a la que desde hace años existía con el máximo mando de la Guardia Civil, en ningún caso para "proteger indefinidamente a nadie".

Ha aclarado también que el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del exDAO y destituido de sus funciones hace una semana por presionar supuestamente a la víctima para que no denunciara, ha sido destinado en la Comisaría General de Policía Científica porque, por el momento, no ha sido expedientado ni, por lo tanto, expulsado del cuerpo.

Hay palabras que provocan el efecto que definen y una de ellas fue la elegida por el lenguaraz Miguel Tellado el miércoles dirigiéndose al ministro Marlaska, apenas 12 horas después de que se conociera la grave acusación por agresión sexual y otros delitos formulada por una agente de la Policía Nacional contra el número dos del Cuerpo. No hay ni una palabra de desperdicio: “Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Tapando una presunta agresión sexual, una violación. Vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial”.

Náusea es lo que provocó la escena en la que los diputados del PP aporreaban como adolescentes consentidos las nobles maderas de sus escaños, al ritmo de la cantinela “¡di-mi-sión!”, tras la intervención de Tellado y de la diputada Mirian Guardiola (“mezquino”, “miserable”, “cobarde”, le llamó la señora al ministro). Los socialistas con sus aplausos lograron callar el griterío de la bancada de los conservadores al cabo de un minuto y cincuenta segundos de algarada.

La náusea no es ya solo porque el PP haya defendido a sus alcaldes de Móstoles y de Algeciras frente a acusaciones similares de subordinadas, a las que los directivos del PP han desacreditado sin pudor para mantener a los machotes en sus puestos, sino que pueda acusarse a Marlaska de un delito tan grave como encubrir una violación. Esos diputados y diputadas emulando a los primates con sus golpes saben de sobra que Marlaska jamás encubriría una violación y menos aún la de un subordinado. ¿Qué sentido habría de tener? En un honesto y arriesgado compromiso, antes de la bronca macarra de los populares, el ministro se había comprometido a dimitir si la víctima de la presunta agresión se hubiera sentido desprotegida en algún momento. A los del PP les da igual. Náusea es lo que se siente al ver ese comportamiento de quienes gobernaron España quince años y no tomaron ni una sola iniciativa, ni una, para reforzar la protección de las mujeres contra la violencia de género, ni para fomentar la igualdad ni para luchar contra el machismo. Abruma la comparación de la hoja de servicios de esta gente con la del ministro Marlaska, un histórico luchador por los derechos de las mujeres y las minorías, como político y como juez.

Pero no son idiotas estos señores y señoras del PP. Aunque solo haya sido por seguidismo de Vox, aciertan al tratar de meter a la izquierda en la trampa del velo. Es este un asunto, la prohibición del burka, en el que la derecha europea ha jugado con maestría con sus principios morales y que nos permite observar el juego no siempre claro y unívoco, sino a menudo contradictorio, de nuestros valores y nuestras emociones. La prohibición del velo integral suscita el apoyo cerrado de los conservadores y de hecho han sido ellos quienes han liderado las iniciativas restrictivas.

La inspectora que ha denunciado haber sufrido una agresión sexual por parte del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha aceptado protección policial tras el ofrecimiento realizado por la actual número dos del Cuerpo en funciones, Gemma Barroso, según recoge EFE. 

Fuentes del Ministerio del Interior informan a EFE de que la comisaria Barroso, subdirectora de Recursos Humanos y que ha asumido temporalmente el puesto de DAO tras la salida de González, ha hablado en la mañana de este jueves con la inspectora para hacerle este ofrecimiento.

Esta agente se querelló a principios de enero contra quien fuese número dos de la Policía desde 2018 por presunta agresión sexual en abril de 2025, a la que siguieron, según denuncia, coacciones para que ella no acudiese a la Justicia. 

Según la querella, que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Madrid, en julio y tras sufrir "acoso telefónico" y recibir llamadas y mensajes "intimidatorios y culpabilizadores", la inspectora comunicó a la comisaria Barroso, en calidad de subdirectora de Recursos Humanos, que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental.

Se puso a su disposición un equipo de apoyo psicosocial, que le está prestando asistencia mientras se encuentra de baja laboral con el armamento retirado.

González está citado el próximo 17 de marzo en calidad de querellado ante el juzgado que lleva el caso.

Precisamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está recibiendo presiones para que dimita por parte de la oposición. Algo que él no piensa hacer a no ser que la víctima denunciante no se haya sentido protegida o entienda que él ha fallado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska tras la salida del número dos de la Policía Nacional, idea que ha rechazado el propio ministro asegurando que solo renunciará si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

El PP sostiene que el ministro encubrió la agresión para proteger al ex DAO. "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", apuntó Tellado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Un nuevo caso de supuesta agresión sexual ha implosionado de lleno en la sociedad española. Y el acusado es José Ángel González, hasta ahora número dos de la Policía Nacional, lo que ha dejado en shock tanto al cuerpo de seguridad como al Gobierno, mientras que la oposición trata de utilizar la denuncia, de nuevo, contra la coalición frente a su actitud con otros episodios relacionados con el PP como las denuncias contra los alcaldes conservadores de Móstoles (Madrid) y de Algeciras (Cádiz).

El Partido Popular especialmente trata de poner ahora contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asegura que no se enteró de este episodio hasta el martes, cuando el director adjunto operativo (DAO) y uno de sus hombres de confianza en la Policía fue citado por la justicia al admitirse una querella presentada por una subordinada con unos gravísimos hechos denunciados de agresión sexual.

Tanto Marlaska como fuentes del Palacio de la Moncloa insisten en que no sabían nada de esa denuncia y condenan lo sucedido, poniendo énfasis en que le dan credibilidad a la denuncia presentada por la mujer. Y defienden que el Ejecutivo actuó en apenas dos horas apartando de ese puesto a González, además de suspender a Óscar San Juan, persona de confianza del DAO que, según la denuncia, coaccionó a la denunciante para que no se querellara.

"Evidentemente y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional, no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata", resaltó Grande-Marlaska en los pasillos del Congreso, donde también dijo durante la sesión de control al Gobierno que sólo dimitirá si la víctima denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él ha fallado.

El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, explicó también este mismo miércoles que no se informó hasta el martes al Ministerio del Interior porque se ha querido llevar “con la máxima discreción”: “Este asunto ha entrado directamente al juzgado y no fue hasta ayer [por el martes], con la admisión de la querella, cuando mi clienta habla directamente con la subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso".

El acusado, en sus primeras declaraciones tras estallar el caso, afirmó que fue él quien se apartó del cargo: "En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones”.

Pero la oposición quiere que caiga la cabeza de Marlaska, al que pidió su marcha entre gritos de “dimisión, dimisión” y aporreos de la bancada en el Congreso. En Moncloa el apoyo es total al titular de Interior, al que respaldó personalmente el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa en India, donde se encuentra de viaje oficial. Desde allí indicó que el Ejecutivo había actuado con “contundencia y con coherencia”.

La actitud del Partido Popular y sus acusaciones sin pruebas de que Marlaska ha encubierto el caso han provocado una total indignación en Moncloa: “Nos enteramos por la prensa. El PP no puede ser más hipócrita ni ensuciar más la política. El ministro dice la verdad, no damos crédito a que se ponga en duda. Hubiésemos actuado antes si lo hubiéramos sabido. Es una vergüenza lo que está haciendo el PP”.

Fuentes del Ejecutivo subrayan que la noticia es “tremenda”: “Hay un problema estructural en la sociedad. Hay hombres que no respetan los derechos humanos. Pero para luchar contra esto lo mejor es que esté el Gobierno actual frente a los que niegan la violencia de género y los que los apoyan”.

Como señala un miembro del Gobierno y parte del núcleo duro de Sánchez: “Es increíble cuando te enteras de la noticia, no das crédito. No sabíamos nada y hay confianza total en Marlaska. Cuando vio la querella, lo echó fuera. No se lo pensó ni un minuto. Le damos credibilidad a la denunciante”. Y hace este análisis sobre el contexto político y la dura sesión de control: “El Partido Popular está en el barro. El clima en el Congreso es irrespirable. Pero llevan así toda la legislatura y no van a cambiar, están echados al monte”. Para añadir: “Marlaska está impresionado, dolido… pero muy seguro de la decisión que ha tomado”.

El Partido Popular acusa al ministro de “encubrimiento” y se ha tirado en bloque contra el Gobierno. La ofensiva de los populares se contradice totalmente con la estrategia seguida por Génova 13 y el PP de Madrid respecto a las acusaciones de una exconcejala contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Un caso en el que los populares no sólo no han movido ninguna ficha, sino que han puesto en el centro a la víctima sembrando de dudas su relato después de que se conociera que el partido no llegó a investigar el asunto a pesar de las peticiones de auxilio de la denunciante a dirigentes como Ana Millán y Alfonso Serrano, manos derechas de Isabel Díaz Ayuso.

Génova 13 ha diseñado, además, una ofensiva parlamentaria para poner en el foco a Marlaska durante las próximas semanas, empezando por una solicitud de comparecencia en la comisión de Interior. Asimismo, los populares quieren que pasen por la Cámara Baja el director general de la Policía, Francisco Pardo, y la subdirectora de Recursos Humanos (a la que quieren preguntar si tuvo comunicaciones con sus superiores jerárquicos y si activó los protocolos contra el acoso). Los populares, en cambio, no tienen ni siquiera un canal específico de denuncias contra acoso en su partido.

El grupo parlamentario popular también ha registrado dos proposiciones no de ley, tanto para su debate en el Pleno como en la Comisión de Interior, para intentar que el Congreso exija al Gobierno la dimisión del titular de Interior. En este sentido, se ha tramitado una batería de preguntas por parte del PP para saber, entre otras cosas, “desde qué fecha concreta tuvo conocimiento el Ministerio del Interior de los hechos presuntamente delictivos o qué otros mandos policiales supieron lo ocurrido y no hicieron nada para proteger a la víctima”.

Los populares quieren explotar este asunto, como ya hicieron con Francisco Salazar, a pesar de que no aplican la misma vara de medir con sus supuestos casos. Y detrás está la estrategia de ganar espacio en el electorado femenino, que será determinante en las próximas elecciones y que ahora mismo tiene un alto grado de indecisión (más del 17% de mujeres no sabe qué papeleta cogerá en las elecciones generales).

Muestra de esta estrategia son las declaraciones a lo largo de todo el miércoles del número dos de los populares, Miguel Tellado, que llegó a decir sobre Marlaska en el Congreso: "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial".

El ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que en su departamento desconocían hasta ayer los "graves" hechos denunciados sobre un presunta agresión sexual cometida por el número dos de la Policía José Ángel González a una compañera subordinada, según informa EFE.

"De haber tenido el mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, le hubiera pedido su renuncia", ha dejado claro el ministro en declaraciones en los pasillos del Congreso, donde ha sostenido que la prueba de que ni en el ministerio ni en la dirección general de la Policía sabían de estos hechos es que nada más conocerlos ayer se actuó "de inmediato".

Marlaska ha avanzado que, tras analizar la querella completa y después de la dimisión de González, también ha sido suspendido el comisario Óscar San Juan, persona de máxima confianza del Director Adjunto Operativo (DAO) y que según la denuncia coaccionó a la denunciante.

"Evidentemente", ha añadido el ministro, una vez analizada la querella y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata.

A preguntas reiteradas de los periodistas acerca si en Interior se conocía esta denuncia, Marlaska ha enfatizado: "Desde luego creo que me conocéis y ha habido alguna otra cuestión en la que se ha actuado, no nos duele ninguna decisión inmediata ante hechos de gravedad y esto evidentemente es de una gravedad manifiesta que en modo algo alguno relativizar".

"Ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima", ha defendido antes de instar a no instrumentalizar políticamente los hechos.

El juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid ha citado a declarar el próximo 17 de marzo al ya exnúmero dos de la Policía después de incoar diligencias previas y admitir a trámite una querella en una resolución en la que el magistrado afirma que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Según informó ayer el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, también citada el 17 de marzo, la resolución del magistrado pide investigar también presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental". 

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska tras la salida del número dos de la Policía Nacional, idea que ha rechazado el propio ministro asegurando que solo renunciará si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

"Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", ha apuntado Tellado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

En una pregunta a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, Tellado ha acusado al Gobierno de ser unos "encubridores" de "presuntos delincuentes" y de pudrir "todo lo que tocan".

"Feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial", ha afirmado el número dos de Alberto Núñez Feijóo.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha sido la primera en intervenir y ha centrado también su pregunta en la dimisión de González. "Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz y no por lo que ha hecho", ha apuntado.

El Gobierno ha defendido la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que se enteraron de estos hechos ayer, cuando fue publicado en los medios de comunicación, y han aseverado que si lo hubieran sabido antes habrían actuado contra el dimitido número dos de la Policía, que, han subrayado, no es un cargo del PSOE ni del Gobierno.

Han defendido además que el ministerio del Interior tardó una hora y media en pedir el cese a González y han criticado la "hipocresía" del PP por pedir la dimisión de Marlaska, mientras no toma medidas contra los populares que también están denunciados por presunto acoso.

Las mismas fuentes han negado también que este caso pueda generar una crisis de Gobierno con Sumar ya que la formación de Yolanda Díaz es un partido de Estado, según han añadido, y frente a estos hechos el Ejecutivo seguirá luchando para acabar con la violencia de género.

Por su parte, el ex director adjunto operativo ha afirmado este miércoles que renunció al cargo "automáticamente" cuando conoció la querella para proteger el "buen nombre" del cuerpo.

En unas breves declaraciones a Antena 3, el hasta ayer 'número dos' de la Policía ha recalcado que fue él quien renunció antes de que el Ministerio del Interior ordenase su cese.

"En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones", ha afirmado el comisario.

La Guardia Civil ha terminado la inspección del lugar donde ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha entregado ya un primer atestado al juzgado, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa, informa EFE.

El titular de Interior ha dicho también que una vez terminada la inspección, el instituto armado custodia todos los elementos localizados en el lugar que puedan resultar de interés para la investigación de las causas del accidente, de la que se ocupa el juzgado de Montoro.

El número de muertos asciende ya a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado este jueves otros dos cadáveres, que han aparecido debajo del tren Alvia.

Se trata de los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

Hay 43 personas ya con autopsias practicadas e identificadas: 22 mujeres y 21 hombres, uno de ellos menor. 40 de ellos son españoles, así como una rusa, una alemana y una marroquí.

Tanto el ministro como el coronel han explicado que la Guardia Civil recibió aviso del accidente a las 19.47 horas y a las 20.00 horas llegó al lugar la primera patrulla de la Guardia Civil. Fuentes del Ministerio del Interior han precisado que los primeros agentes visualizaron el Alvia a las 20.15 horas.

"La Guardia Civil se trasladó inmediatamente", ha subrayado Marlaska, quien ha recalcado que la reacción del instituto armado y del resto de servicios públicos tuvo una "inmediatez que es propia de una sociedad avanzada como es la nuestra y dotada de un servicio público absolutamente ejemplar".

Los primeros agentes que llegaron se dedicaron a la atención y socorro a las víctimas y activaron el resto de los medios al apreciar "la entidad de la tragedia". Según fueron llegando los demás servicios sanitarios y de emergencias, aseguraron el lugar y habilitaron el paso a esos servicios, además de colaborar en la evacuación de heridos.

El coronel ha explicado que se ha puesto a disposición de la autoridad judicial un primer informe preliminar, que incluye más de 2.500 fotografías aéreas y terrestres de la zona del accidente.

Ha detallado que la inspección ocular realizada se ha dividido en cuatro fases: el recorrido previo del tren Iryo antes de la colisión, los vagones de este primer tren, el espacio que se encuentra entre los dos trenes y los cuatro vagones del Alvia que habían descarrilado.

Las primeras diligencias también comprenden las cajas negras de los trenes, que han sido entregadas por parte de la Unidad de Policía Judicial a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la cual es la que dispone de los mejores medios para proceder a su apertura, ha precisado el coronel.

Sin embargo, esta apertura se llevará a cabo en Madrid con miembros de la Unidad Orgánica y, tras los volcados, se hará una copia que quedará a disposición de la Guardia Civil.

A preguntas de los periodistas, el coronel ha señalado que se ha tomado declaración al maquinista del Iryo, a varios tripulantes y a determinados viajeros, sin perjuicio de que más adelante, en el transcurso de las investigaciones, se interrogue a más personas, y ha negado poder ofrecer detalles sobre su contenido debido a su carácter reservado.

El coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha detallado el despliegue de efectivos de la Guardia Civil que han intervenido en el accidente, un total de 976: 240 agentes de Seguridad Ciudadana, 239 de la Agrupación de Tráfico, 214 de la Unidad de Reserva, 223 especialistas de la Policía Judicial y 60 de apoyo procedentes de órganos centrales. 

El Gobierno defiende la independencia y la profesionalidad de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), sobre la que cree que no caben dudas, informa EFE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "no hay ninguna duda" de la independencia funcional de la CIAF, porque la propia norma reguladora así lo establece y por el funcionamiento demostrado en los últimos años.

Desde 2007, ha dicho el ministro, la CIAF lleva analizando expedientes, en concreto de 270 siniestros, y "nunca ha habido ninguna duda" de la profesionalidad, el carácter técnico y la finalidad, que es la determinación de las causas de los accidentes para evitar a futuro otros incidentes.

La CIAF es un órgano colegiado, formado por un presidente, Ignacio Barrón, y cinco vocales, de los que tres son ingenieros (de caminos, canales y puertos e industrial y de telecomunicaciones, expertos en infraestructura ferroviaria, material rodante y señalización y comunicaciones). Otro más es experto en seguridad y circulación ferroviaria y un quinto en explotación de los servicios ferroviarios.

Está adscrito a la subsecretaría del Ministerio de Transportes, pero trabaja en independencia funcional. En su web, este órgano colegiado expone que es independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria respecto de los administradores de la infraestructura, de las empresas ferroviarias, o de cualquier organismo interesado.

Grande-Marlaska ha asegurado también, categórico, que nunca se ha manejado la opción del sabotaje como causa del descarrilamiento del tren de Iryo con el que 20 segundos después chocó el Alvia de Renfe.

El Ministerio del Interior ha nombrado al coronel Pedro Merino Castro nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), han informado a EFE fuentes del instituto armado, según informa EFE.

El nuevo jefe de la UCO ya ha trabajado en esta unidad, además de formar parte de la seguridad de Casa Real, del Departamento de Seguridad Nacional, de la Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil y de ser jefe de la Comandancia de Salamanca. 

Merino Castro, propuesto por la directora del cuerpo, Mercedes González, toma el relevo Rafael Yuste tras su ascenso a general de brigada.

Yuste dirigió la UCO de desde junio de 2023, una etapa marcada por las investigaciones de esa unidad como las del caso Koldo o el de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

La UCO también sigue actualmente la investigación sobre una presunta trama de corrupción con mordidas de contratos en la diputación de Almería y ha estado detrás de las pesquisas ordenadas por el Tribunal Supremo en torno al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, juzgado hace un mes y que ha sido condenado por revelación de datos reservados.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este miércoles en el Congreso que la adjudicación a Huawei de la gestión de la base de datos de las comunicaciones intervenidas en investigaciones judiciales no comporta ningún riesgo para la seguridad, y que estos contratos ya existían en 2012 cuando gobernaba el PP.

"Los contratos con Huawei se limitan exclusivamente a lo que sería el almacenamiento o el alquiler de un armario sin conexión ni contacto a datos. Es decir, no hay ni gestión ni disposición de datos", ha dejado claro el ministro en la sesión de control al Gobierno en el Congreso donde el diputado del PP Rafael Hernando ha instado a anular ese contrato tras las advertencias de la Comisión Europea.

Hernando ha asegurado, tal y como apuntan desde la UE, que la multinacional china es un suministrador tecnológico "de alto riesgo" y que, por tanto, adjudicarle un contrato de 12,3 millones, para la gestión y almacenamiento de las escuchas judiciales de la Policía Nacional y la Guardia Civil "es como poner al zorro a cuidar de las gallinas".

En su respuesta, Marlaska ha subrayado que Huawei no tiene acceso a ningún dato de las intervenciones de comunicaciones realizadas través de SITEL, al que solo tienen acceso la Policía Nacional y la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial, por lo que no tiene nada que ver con los servicios 5G sobre los que advirtió en el pasado la Comisión Europea.

"Se les ha referido por activa y por pasiva y son contratos que datan incluso desde 2012, que no sé quien dirigía el Gobierno y el ministerio", ha apostillado con ironía el ministro, antes de volver a señalar que esta tecnología de Huawei es utilizada por países como Bélgica, Holanda, Francia o Italia para el almacenamiento de datos.

La Vuelta a España supone un antes y un después en las protestas a favor de Palestina. Y las manifestaciones han entrado de lleno en el tablero político nacional, dominando por completo la conversación pública. El Gobierno ha redoblado su defensa de estas acciones de protesta de la sociedad civil frente a un Partido Popular que exporta directamente las teorías de Donald Trump de la “violencia política”.

Las protestas de La Vuelta por la participación del equipo de Israel, propiedad de un millonario muy cercano a Benjamin Netanyahu experto en blanquear la imagen de ese país, son una avanzadilla en acciones pro-Palestina. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el arranque del curso parlamentario, puso sobre la mesa la posición de España de que Israel no participe, como Rusia, en las grandes competiciones internacionales.

España mueve ficha también este martes con la propuesta del presidente de la corporación de RTVE, José Pablo López, ante el Consejo de Administración, de que si Israel se mantiene en el espectáculo, España no participe en el concurso musical de Eurovisión que se celebrará en Viena el próximo mes de mayo.

Esta propuesta ya ha sumado apoyos públicos por parte de miembros del Gobierno como Ernest Urtasun (Cultura) y Mónica García (Sumar). La posición de RTVE se añade a la anunciada por otros cuatro países: Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. Tiene, además, un peso muy relevante porque España es uno de los llamados big five (Italia, Francia, Reino Unido y Alemania), que son los países que mayor financiación aportan y que directamente entran en la final del evento musical.

Los movimientos llegan una semana antes de que arranque la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde España estará representada por el rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno. En el marco de esa cita anual del multilateralismo se unirán al reconocimiento del Estado palestino países como Francia, Reino Unido y Canadá. “Nos dijeron que estábamos solos, pero éramos los primeros”, ha defendido Sánchez este lunes en la reunión en la Cámara Baja con los grupos parlamentarios socialistas.

El Ejecutivo, además, ha respaldado en tromba las protestas que se produjeron el domingo ante la llegada a Madrid en la final de la Vuelta Ciclista, empezando por Sánchez que ha puesto en valor su “inmenso respeto” y “profunda admiración” por las acciones “pacíficas” de una sociedad civil que se levanta contra la “injusticia”. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también alabó las manifestaciones a pesar de las presiones de asociaciones de policías: "Yo vi ayer una imagen realmente de una sociedad comprometida con la paz en el mundo y vi la imagen de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente profesionales que son la envidia de cualquier Estado democrático".

La posición del Gobierno agudizó el choque con Israel, que volvió a reaccionar de manera airada. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó al presidente español de normalizar la "violencia política" por animar a boicotear La Vuelta. "Ayer una turba propalestina saboteó la Vuelta Ciclista a España. Lo hizo con el apoyo y los ánimos del presidente español. Es increíble. El señor Sánchez y sus ministros comunistas animaron a la violencia", indicó Saar en una comparecencia conjunta en Jerusalén con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Además, calificó al jefe del Ejecutivo español de “antisemita y mentiroso”.

El concepto de violencia política defendido por Israel, y en boga en EEUU de la mano de Donald Trump contra la izquierda, ha sido asumido por el Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, lanzó ese mensaje ante la cúpula en la reunión de la Junta Directiva Nacional en Génova 13: “Claro que se puede condenar la violencia y el asesinato sin peros ideológicos. Y no puede haber matices ante el asesinato de Charlie Kirk. Se puede ser de izquierdas y no justificar o amparar la dictadura criminal de Maduro. Se puede querer seguridad sin ser tildado como insolidario o xenófobo. Se puede querer que este país esté unido sin ser caricaturizado de facha. Y todo esto es la verdadera mayoría social. Sin etiquetas, sin bloques, sin polaridad, sin toxicidad”.

“Y ahí está el Partido Popular. Y por eso insisto. Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Es violencia política alentar desde el Gobierno el sectarismo contra otros ciudadanos. Es violencia política señalar nacionalidades o periodistas o jueces”, enfatizó durante esa reunión.

Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a sobrepasar incluso las palabras de Feijóo comparando la ciudad con un “Sarajevo en llamas”: “Sánchez ayer era feliz. Nunca le había visto… Mira que tiene un aspecto últimamente que no me quiero meter ahí… malhumorado. Era Nerón, con qué alegría. Cuando el presidente del Gobierno dirige las portadas de un país te están tomando el pelo”.

La presidenta se fotografió con el equipo de Israel este domingo y, además, se paseó en coche con el director de La Vuelta. Precisamente Javier Guillén se pronunció este lunes de esta manera: "Lamento y condeno lo ocurrido en la última etapa de La Vuelta. Las imágenes hablan por sí solas. Es inaceptable lo que ocurrió, especialmente en el circuito. No se saca nada bueno de lo que ocurrió. Lamento la imagen que se dio, y eso no se puede repetir".

En cambio, el espíritu de las protestas de la sociedad civil continuó a lo largo del lunes en la madrileña Puerta del Sol, donde el grupo Artistas por Palestina organizó una lectura de los nombres de los 18.500 niños asesinados en el genocidio en Gaza. Pusieron su voz figuras como Pedro Almodóvar, Loles León, Marta Nieto, Luis García Montero, Adriana Ugarte, Jesús Maraña, Rosa Montero, María León o Ester Expósito.

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado este jueves por prevaricación a la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma Salvadora Mateos y a la exvicepresidenta del Gobierno ceutí Mabel Deu por la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021, según informa EFE.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, las dos autoridades han sido condenadas a 9 años de inhabilitación especial para cargos públicos ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el ejercicio de funciones de Gobierno al considerar que infringieron la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. También han sido inhabilitadas durante 9 años para el derecho de sufragio pasivo.

La Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de doce años de inhabilitación para las dos exautoridades mientras que la acusación particular, llevada a cabo por la Red Española de Inmigración y la asociación L'Escola, elevaba la pena a quince años.

Tanto el fiscal como las organizaciones sociales pidieron también la pérdida de honor de los cargos que ocupaban, lo cual también se les ha concedido por parte del tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, que, además, ha impuesto a las dos acusadas el pago de las costas del juicio a partes iguales.

La Audiencia considera probado que entre los días 17 y 18 de mayo de 2021 se produjo la entrada masiva e irregular en Ceuta de unos 15.000 inmigrantes, de los cuales unos 1.200 dijeron ser menores de edad y fueron filiados como tales.

Los magistrados han asegurado que la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu (PP), sin "ajustarse conscientemente a procedimiento legal alguno decidió realizar las actuaciones oportunas a fin de lograr la devolución rápida a Marruecos de aquellos menores".

Asimismo, destaca que "de común acuerdo" con la delegada del Gobierno en Ceuta, "conocedora también de que no se ajustaba a legalidad alguna", decidieron practicar la devolución de los menores sin seguir lo establecido en el acuerdo marco de 2007, es decir, "la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño".

Durante la vista oral, que se llevó a cabo el pasado mes de junio en varias sesiones, las dos exautoridades declararon que lo realizaron con el beneplácito del Ministerio del Interior, que estaba informado de todo.

Según explicaron ambas acusadas, los 55 menores fueron devueltos a su país a mediados de agosto de 2021 en base a un acuerdo de 2007 entre España y Marruecos.

Estos 55 niños formaban parte de los más de 1.200 menores que entraron en Ceuta los días 17 y 18 de mayo con motivo del acceso a la ciudad de más de 12.000 personas por el espigón fronterizo de la frontera sur del Tarajal

Mabel Deu, que ya no está en la política ha vuelto a su actividad como docente en un instituto, y Salvadora Mateos se encuentra actualmente jubilada desde su destitución en el cargo a finales de octubre de 2022.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha manifestado este jueves que sigue creyendo en la inocencia de la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y de la exvicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu (PP), condenadas por prevaricación tras la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021.

En un comunicado, el presidente ceutí ha dicho que cree "en la inocencia de la señora Deu y de la señora Mateos", ambas condenadas por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.

El jefe del Gobierno autonómico ha puntualizado que "como tantas veces he manifestado, conocí, compartí y respaldé las actuaciones llevadas a cabo estando todos convencidos de que se actuaba al amparo de la ley y atendiendo al interés superior del menor, en una situación de emergencia humanitaria nunca antes conocida".

Vivas ha añadido que el "colapso prolongado que estamos viviendo en el área de Menores de la Ciudad, la imposibilidad de evitar las entradas, la inviabilidad práctica de los retornos y las dificultades para efectuar los traslados a la Península con la agilidad requerida inducen a pensar en la necesidad de plantear una reforma de la normativa aplicable en materia de extranjería".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cargado este jueves en el Senado contra el PP por utilizar de forma "partidista" la catástrofe de los incendios con una versión "distorsionada" de la realidad que "menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión", según informa EFE.

Al inicio de su intervención, a petición del PP, en la comisión de Interior de la Cámara alta para explicar la gestión de su departamento en los incendios de este verano, el ministro ha atribuido la actitud de los populares a una estrategia "de acoso y derribo al Gobierno basada en la manipulación y el ruido".

Tras asegurar en reiteradas ocasiones que la gestión de los incendios forestales corresponde a las comunidades, Marlaska ha desgranado la colaboración del Estado y la UE en la lucha contra el fuego y ha dejado claro que "todos los medios del Gobierno de España estuvieron a disposición" de las autonomías: "Eran entonces, y lo han sido durante todo este tiempo, las competentes en la gestión de la emergencia".

El titular de Interior ha relatado que desde que el 8 de agosto se declarasen los primeros incendios, hubo medios del Estado, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ministerio para la Transición Ecológica "actuando en los incendios donde se les solicitó" y que, si bien se declaró fase de preemergencia el 12 de agosto, este escenario "no afecta a las competencias de dirección de estas emergencias, que corresponden a las comunidades autónomas".

Con todo, el ministro ha enumerado los medios estatales y autonómicos desplegados en Extremadura, Castilla y León, Galicia y Asturias, entre ellos siete helicópteros, seis aviones, 42 camiones y drones o las más de 40 activaciones de la UME, "el mayor número de activaciones de la UME simultáneas en un periodo de tiempo similar".

Durante su intervención ha recordado las aeronaves de países europeos que se incorporaron a la lucha contra el fuego y ha destacado el trabajo de los más de 5.000 efectivos de las fuerzas de seguridad desplegados, especialmente la labor de la Guardia Civil en la protección de los municipios y la evacuación de más de 36.000 personas.

La emergencia no se dará por cerrada, ha añadido, hasta que se den por extinguidos todos los incendios y se desplieguen las ayudas necesarias aprobadas en las zonas afectadas, por lo que es el momento de trabajar con responsabilidad y con altura "no ya política, sino moral", con datos contratados, reflexión conjunta y "apertura de miras".

En este punto, ya al final de su primera intervención, Marlaska ha vuelto a dirigirse al PP para reprocharle que "los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo", ni tampoco medidas de pulseras telemáticas, sino un gran pacto de Estado con una "estrategia integral y anticipatoria". Los incendios forestales, ha zanjado, suponen un complejo "desafío" que implica a todas las administraciones públicas, a la ciudadanía y a los grupos parlamentarios.

El noroeste de España continúa enfrentando la grave crisis de incendios forestales, obligando a evacuaciones y confinamientos en múltiples localidades de Castilla y León, Extremadura, Galicia y Asturias. En Extremadura, el incendio de Jarilla, que lleva seis días activo y ha quemado 9.000 hectáreas, amenaza a municipios como Hervás y Gargantilla, con miles de personas evacuadas.

Mientras tanto, los fuegos han calcinado más de 50.000 hectáreas en Galicia, concentrándose en Ourense, Asturias también lucha contra doce incendios activos, y en Zamora se investigan fuegos intencionados que han obligado a evacuar zonas como Cubo de Benavente.

La gravedad de la situación ha conducido a que Pedro Sánchez proponga un gran pacto de Estado para la emergencia climática. Además, España ha aceptado ayuda internacional a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, con medios enviados por Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia.

En Galicia, los incendios activos han calcinado más de 50.000 hectáreas, concentrándose principalmente en Ourense, la provincia más afectada, donde se han reactivado varios fuegos en las últimas horas. Actualmente, hay trece incendios activos, y la situación 2 de emergencia sigue vigente en la mayoría de la provincia, salvo en Agolada (Pontevedra), donde se han quemado 400 hectáreas.

Se han estabilizado los incendios de O Saviñao-Chave (Lugo, 60 ha) y Cervantes-Vilarello (Lugo, 150 ha), mientras que permanecen activos los de Muxía, Montederramo-Paredes y Dozón-O Castro, con 23, 120 y 400 hectáreas afectadas, respectivamente. Están controlados los fuegos de Toques-San Martiño de Oleiros, A Fonsagrada-Monteseiro, Verín-Mourazos y A Estrada-Souto.

En Ourense, el incendio más grande se registra en Chandrexa de Queixa, donde se han unido los focos de Requeixo, Parafita y Vilariño de Conso-Mormentelos, afectando también a Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza, con 17.500 hectáreas arrasadas y el confinamiento de más de 20 municipios.

Paralelamente, la Guardia Civil ha detenido a dos personas por presunta relación con los incendios: un hombre de 61 años de Petín por un delito de incendio en los días 13 y 16, y una mujer de 81 años de Ourense por dos conatos en Celanova. Las diligencias se han remitido al juzgado de O Barco de Valdeorras, todavía en situación crítica por los fuegos.

Las localidades palentinas de Villalba de Guardo, Fresno del Río y Mantinos han sido evacuadas preventivamente debido al incendio forestal de Canalejas (Almanza), activo desde ayer en la provincia de León, que también ha obligado a confinar Guardo, con más de 5.500 habitantes. Los evacuados, más de 550 personas, están siendo trasladados al pabellón polideportivo de Saldaña, mientras que el ayuntamiento valora habilitar el colegio Villa y Tierra. Protección Civil ha pedido a los vecinos de Guardo que permanezcan en casa y eviten el monte y caminos.

Por otro lado, en Zamora, se ha declarado de forma intencionada un incendio en Cubo de Benavente, en un pinar que se había salvado del fuego de Molezuelas de la Carballeda, que afectó a 31.500 hectáreas y causó dos muertes. Este nuevo incendio desvía recursos de otros fuegos activos en la provincia, especialmente en la Alta Sanabria y en Porto, donde trabajan medios aéreos y terrestres para perimetrar la zona. En Porto, el incendio se encuentra especialmente activo en su flanco derecho y la cabeza del fuego, mientras que el izquierdo, próximo al río Bibey, está más controlado.

El Principado de Asturias registra 12 incendios forestales, de los cuales 6 están activos, 4 controlados y 2 estabilizados. Contra ellos actúa un amplio dispositivo compuesto por bomberos, UME, brigadas forestales, agentes medioambientales, una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha y medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Los fuegos activos se concentran en Degaña, Bezanes, Taranes, Camarmeña, Villamarcel/Faedo, Genestoso y Somiedo, este último derivado del incendio leonés de Orallo. Los controlados se encuentran en Cangas del Narcea y Coaña, mientras que los estabilizados afectan a Villanueva de Oscos y Ponga.

El incendio de Jarilla, que cumple seis días y ha arrasado 9.000 hectáreas, mantiene en máxima alerta a Extremadura debido a su descontrol y aproximación al provincial de Salamanca. Ante esta situación, la Junta de Extremadura ha activado medidas de protección civil y seguridad ciudadana, con la evacuación de Gargantilla y Hervás, que cuenta con más de 4.000 habitantes. Además, se ha procedido a la evacuación urgente de la localidad de Rebollar y se mantienen bajo confinamiento los municipios de Casas del Monte y Segura de León, garantizando la seguridad de los vecinos en coordinación con los servicios de emergencia.

Doce carreteras permanecen cortadas por los incendios, incluyendo las nacionales N-621 en León y N-525 en Ourense, ambas en ambos sentidos. Además, diez vías secundarias se ven afectadas en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia, como la CO-4 en Covadonga (Asturias), la LE-164 y LE-2703 en León, y la ZA-102 y ZA-P-1405 en Zamora.

Por otro lado, la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante este domingo dada la situación de los incendios en la provincia de Ourense, según informa Adif en la red social X.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este domingo a facilitar todos los recursos necesarios a las comunidades autónomas para extinguir los incendios que asolan España y ha propuesto un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática que deje fuera la lucha partidista.

En una declaración tras visitar las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense, Sánchez ha señalado que hay que mejorar las capacidades para luchar contra los fuegos por el agravamiento de los efectos de la emergencia climática.

El líder del Ejecutivo, que ha estado acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado que el pacto que propone interpela a todas las administraciones públicas, pero también a los grupos parlamentarios, a empresas, sindicatos y toda la sociedad civil.

Ha remarcado que la respuesta a los incendios que afectan a España se va dar y, después de extinguirlos y de abordar la reconstrucción, habrá que hacer una reflexión de fondo sobre una estrategia que anticipe una mejor respuesta, más garantista, lo que exige ese gran pacto de Estado.

A esta propuesta se suma el ofrecimiento de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia para sumarse a la lucha contra los 19 incendios en nivel 2 de riesgo (alto) que asolan el país.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2024 un total de 1.955 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone una reducción del 13,8 % respecto a 2023. Casi la mitad de estos delitos fueron por racismo y xenofobia, si bien los que más crecieron fueron los vinculados al antisemitismo.

El Ministerio del Interior ha publicado este viernes el Informe sobre la evolución los delitos e incidentes de odio en España 2024, cuyos principales resultados avanzó el jueves el titular de este departamento, Fernando Grande-Marlaska, durante una reunión extraordinaria del plan de lucha contra estos delitos tras los disturbios vividos en la localidad murciana de Torre Pacheco.

El informe subraya que los resultados frenan la tendencia alcista registrada en 2023 cuando se alcanzó la cifra de 2.268 infracciones, un 23% más respecto a 2022, cuando Interior contabilizó 1.869 hechos.

Si bien Marlaska calificó de "buena noticia" el descenso de estas infracciones penales, apuntó que las víctimas siguen sin denunciar y mostró su preocupación porque los delitos por racismo y xenofobia siguen siendo los más numerosos. Así, en 2024 estos sumaron 804 hechos, un 6,07% menos que en 2023, por delante de los delitos de odio cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (528 hechos), mientras que en tercer lugar se sitúan los delitos de discriminación por razón de sexo/género (181 hechos).

Como novedad, el informe recoge por primera vez los delitos de odio por islamofobia (13), de acuerdo con las recomendaciones de la UE y resalta que las mayores subidas anuales se han registrado en los delitos vinculados al antisemitismo, un 60% más; la aporofobia (33 %) y los relativos a las creencias y prácticas religiosas, con un alza del 7%.

El resto de las tipologías han descendido, con mayores caídas frente a 2023 en los delitos de odio por ideología, que bajan un 58%; el antigitanismo, un 51% menos y la disfobia (discriminación hacia las personas con diversidad funcional o discapacidad), que disminuye un 36%.

Las fuerzas de seguridad del Estado esclarecieron el pasado año el 71,9% de los hechos, cuatro puntos más que en 2023, y detuvieron o investigaron a 905 personas.

En cuanto al perfil del agresor, en su mayoría son hombres (el 81,9%) de entre 26 y 40 años, que representan el 28,1% del total, seguidos de los de entre 18 y 25 años (19,8%), mientras que los ámbitos que recogen mayor incidencia son 'racismo/xenofobia' y 'orientación sexual e identidad de género'.

La mayoría de los detenidos o investigados por delitos e incidentes de odio son de nacionalidad española (75,58%). Por otro lado, entre los de nacionalidad extranjera, son los procedentes de Marruecos (8,73 %), Colombia (2,65 %) y Rumanía (1,99 %), los que registran un mayor volumen de casos.

Las víctimas también son en su mayoría hombres (el 59,9%), y el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (34,7%), seguido del rango entre 18 y 25 años con un 18,7%, mientras que el 12,8% de quienes sufren este tipo de delitos son menores de edad.

En el caso de los menores, los delitos de racismo y xenofobia son también los más numerosos, con 105 casos el año pasado. Le siguen los relacionados con la orientación sexual e identidad de género (66 casos) y los delitos de discriminación por razón de sexo/género (59). En este colectivo, las lesiones (62) y amenazas (27) son las victimizaciones más frecuentes. El 72,62 % de las víctimas menores de edad son españolas, seguidas de las procedentes de Marruecos (5,56 %) y Colombia (4,76 %).

En cuanto a la nacionalidad del conjunto de víctimas de todas las edades, el 60,1% son españolas, y le siguen las procedentes de Marruecos, que son el colectivo extranjero que registra el número más elevado de agresiones (8,8 %), seguido de Colombia (5,3 %) y Venezuela (2,58 %).

De estos datos se observa una leve disminución en las agresiones a personas de nacionalidad española con respecto al año anterior (un 2,07 % menos) y un tenue aumento en las extranjeras.

Por comunidades autónomas, Navarra registra la mayor tasa de delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes (14), por delante de País Vasco (10,8) y las ciudades autónomas de Ceuta (8,4) y Melilla (8,1).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha denunciado este lunes que los disturbios en Torre Pacheco (Murcia) contra jóvenes extranjeros son consecuencia de los discursos de la ultraderecha "avalados" por la derecha, que identifican inmigración con delincuencia "sin ninguna razón que lo respalde". En una entrevista en la Cadena Ser recogida por EFE, el ministro del Interior ha dicho que la situación en Torre Pachecho "está controlada" y que la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio investiga ya lo ocurrido también en redes sociales, donde se ha hecho un llamamiento a "cazar al inmigrante".

Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas en la localidad murciana, dos de ellos relacionados con la agresión el pasado miércoles a un vecino de 68 años por parte de unos jóvenes, presuntamente de origen magrebí.

Marlaska ha achacado estos disturbios a los discursos de Vox y se ha referido a las palabras de Santiago Abascal, que este fin de semana hablada de que la migración nos ha robado la paz y la prosperidad. "Son discursos muy simples que desgraciadamente calan porque buscan la emoción del destinatario", ha denunciado el ministro del Interior, que ha dicho que la policía "patrulla" los contenidos en redes y conocía lo que podía pasar en Torre Pacheco, por eso "hemos podido realmente intervenir de una forma que yo entiendo razonable".

En este sentido, Marlaska ha opinado que la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "ha sido inmediata" gracias a la labor de los servicios de información en las redes sociales. Además, ha dicho que la guardia Civil está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, con 90 efectivos desplegados, a los que se sumarán otros 40 más.

El ministro ha dicho que detrás de estos hechos se encuentran grupos organizados y, en este sentido, ha señalado que la Guardia Civil identificó a más de 20 vehículos tratando de entrar en el núcleo urbano de la localidad, algunos de ellos con elementos peligrosos como palos o defensas extensibles. "Ahí hay una mínima organización", ha insistido.

Por otra parte, ha defendido su presencia este domingo en la final de Wimbledon porque era "ministro de jornada". "Estaba absolutamente pegado al teléfono, tomando conocimiento de la información y dando las indicaciones precisas". Preguntado por si fue un acierto que estuviera en Londres a pesar de lo que estaba ocurriendo, ha dicho que "en Torre Pacheco teníamos la situación ayer controlada y la tenemos controlada. Hay que valorar las situaciones en su justa medida. Estábamos trabajando desde que se produjeron los hechos el miércoles pasado, tomando las medidas necesarias y precisas y haciendo el seguimiento correcto".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que los disturbios y actos violentos contra migrantes en Torre Pacheco son "una crónica de una cacería anunciada, en la que se justifica una suerte de venganza que antes ha sido anunciada por un partido que dice que hay que deportar a 8 millones de personas".

En una entrevista en el programa La Cafetera de Radiocable, la ministra ha señalado que lo que ocurre en Torre Pacheco "es un manual de la industria y de los patriotas del odio, primero se señala, que ya lo hace Vox, y luego se ataca" y ha acusado al partido de Santiago Abascal de "azuzar el odio". "Hay quien azuza la bandera del odio, envueltos en banderas del odio y quien luego ejecuta", ha dicho la ministra y dirigente de Más Madrid que ha lamentado que el PP evite hacer un cordón sanitario a Vox y sostenga a un partido "cuya patria es el odio solamente".

Según Mónica García el nuevo secretario general de los populares, Miguel Tellado, considera a Vox "un partido de Estado" y se ha preguntado "en qué momento estamos cuando, estamos hablando de cacerías de ultras contra inmigrantes".

La ministra de Sanidad ha insistido en que "esta industria del odio que altera la convivencia" es una "minoría muy ruidosa" frente a una España "que si es solidaria, que integra y empatiza" y ha sido tajante al añadir que "las imágenes nos estremecen a todos menos a un partido que seguramente está contento, Vox".

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha decretado el secreto de las diligencias que ha abierto este viernes para investigar la filtración y publicación, en un canal de Telegram con más de 92.000 seguidores, de los datos personales y teléfonos de siete ministros socialistas y de varios exdirigentes del PP, según informa EFE.

Lo ha hecho horas después de que recayeran en su juzgado, el Central de Instrucción número 1, las pesquisas que la Policía Nacional ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional en relación a estos hechos, que podrían atentar contra la Seguridad del Estado, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación nada más conocerse este jueves la filtración y publicación de esos datos, que afectan a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes, Óscar Puente; Agricultura, Luis Planas; Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; Igualdad, Ana Redondo; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En el mismo listado, se han publicado datos de exdirigentes del PP como Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina y Ana Pastor.

Los mensajes con esos datos aparecieron publicados a primera hora de la mañana del jueves por un usuario que se identifica en el canal con seudónimo y se republicaron por otro usuario una hora después.

Según adelantó el diario Público, el grupo de Telegram donde han aparecido estos mensajes es utilizado por sus usuarios para difundir publicaciones relacionadas con la actividad política de Alvise Pérez, así como para atacar al Gobierno o divulgar mensajes xenófobos. 

En el número dos de la madrileña calle de Amador de los Ríos está uno de los despachos más sensibles del Gobierno. La Secretaría de Estado de Seguridad es uno de los lugares que guarda más secretos del país y es pieza clave para el funcionamiento del Estado. Por allí se gestionan desde investigaciones contra delincuentes internacionales hasta operaciones de tráfico con millones de españoles en las carreteras.

Rafael Pérez, hasta ahora secretario de Estado de Seguridad, hace estos días cajas después de haber comunicado al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que abandona el puesto por motivos personales. Quería dejarlo desde hace tiempo y lo había verbalizado a su jefe en varias ocasiones, pero esta vez ha sido la definitiva.

Y el próximo martes el Consejo de Ministros nombrará en ese puesto a Aina Calvo, hasta ahora secretaria de Estado de Igualdad. Una política curtida en mil batallas pero que, como señalan varias altas fuentes del Ejecutivo, del PSOE y del PSIB, está muy considerada en los círculos de poder por su “capacidad de gestión y trabajo”, testada durante años en diferentes capas de la administración.

Calvo (Palma de Mallorca, 1969) llega en un momento de alta tensión en un ministerio que siempre está en el ojo del huracán y con el ministro Marlaska avalado por Pedro Sánchez pero desgastado políticamente y con críticas abiertas no sólo desde la oposición, sino también entre los socios del bloque de investidura.

Aterriza en el puesto en un momento en el que debe trabajar para calmar tensiones internas como las que hay ahora mismo con la UCO. En público los miembros del Gobierno y del PSOE hacen una defensa cerrada de esta unidad de la Guardia Civil, pero en privado algunos sí deslizan malestar por sucesos como la filtración de que se está elaborando un informe comprometido con Santos Cerdán, número tres del socialismo, que ni tan siquiera ha llegado al juez. En cambio, la relación es mejor entre Interior y la Policía Nacional. Las suspicacias han crecido estos días de manera exponencial tras la filtración de unos audios en los que la militante del PSOE Leire Díez pide a abogados y empresarios información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la Guardia Civil que está en la investigación de varios supuestos casos de corrupción relacionados con el Ejecutivo. Desde el PSOE y Moncloa se rechaza que haya una operación contra la Unidad y se ha abierto un expediente contra esta antigua contratada en empresas públicas como Correos. Dentro del propio socialismo, hay sectores que consideran que Marlaska nunca ha llegado a controlar bien su departamento.

Calvo tendrá además varios frentes abiertos desde que se siente en su nueva silla como el control de las compras del Ministerio para evitar material de empresas israelíes y crisis como hace unas semanas por la adquisición de miles de balas. Con la atenta mirada en este tema de todos los socios (IU llegó a amenazar con dejar el Ejecutivo) y con una proposición de ley adelante en el Congreso para el embargo de armas a Israel.

Un asunto clave en su tarea será también las negociaciones con los sindicatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, según señalan fuentes del sector. Entre las reivindicaciones: la regulación de la jubilación anticipada (ordenada por el propio Tribunal Supremo), la equiparación salarial entre cuerpos y el reconocimiento de “profesión de riesgo” para los policías y guardias civiles. Además, estará muy pendiente de la tramitación en el Congreso de la medida impulsada por los socialistas para rebajar la tasa de alcoholemia a 0,2, lo que convertirá a España en uno de los países más restrictivos de la Unión Europea.

El Gobierno ha buscado en Calvo una figura que combina una profunda raigambre política con la experiencia de gestión. Licenciada en Filosofía y Letras y doctora en Ciencias de la Educación, la futura responsable de Seguridad tiene experiencia en estos temas al haber coordinado a las fuerzas y cuerpos de seguridad durante su etapa al frente de la Delegación del Gobierno en Balears entre 2020 y 2023.

Calvo es una de las figuras más reconocidas dentro del socialismo del archipiélago balear. Fue diputada en el Parlament y logró hacerse con la Alcaldía de Palma en 2007, gracias a un pacto con IU y UM. Un cargo socialista que la conoce desde hace décadas hace esta reflexión: “Es una todoterreno de la política. Cuando estaba al frente del Ayuntamiento, intentó ganar espacios de la ciudad para la gente y hacer peatonalizaciones. Ahora eso se ve normal, pero antes no”.

Pero su carrera política ha transcurrido por intervalos entre Baleares y Madrid. Durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero ocupó el puesto de subdirectora general de Cooperación y Promoción Cultural Exterior en la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, entre 2004 y 2006, y con el Gobierno de Pedro Sánchez también fue designada directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entre 2018 y 2020. Luego pasaría a ser la delegada del Gobierno en Palma y regresaría a Madrid cuando se formó Gobierno tras las elecciones del 23J y el Ministerio de Igualdad lo recuperó el PSOE (pasando a ser la número dos de Ana Redondo). Ha tratado en ese puesto de tener un perfil sin estridencias y fuera de los titulares.

En las islas siempre se ha hablado, en clave interna, de la rivalidad entre Calvo y Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados. Las dos se enfrentaron al proceso interno para la candidatura a la Presidencia del Govern en 2015, ganando la segunda. No obstante, fuentes socialistas señalan que esa rivalidad tiene más de mito que de realidad y que ambas políticas suelen verse de manera habitual en Madrid para compartir impresiones.

“Es un perfil amable, lo que no significa que no tenga su colmillo político”, señala otra fuente gubernamental, que recuerda también el lado más personal de la futura secretaria de Estado de Seguridad: “Le gusta mucho leer y recargar las pilas junto a los suyos”. Ahora su agenda será todavía más apretada. Y como señala otro compañero socialista: “Estamos contentos con su elección, aunque menudo toro le ha tocado lidiar".