La ministra de Defensa, Margarita Robles, acude este martes al Congreso, a petición propia, para explicar la gestión de su Departamento en la crisis migratoria de Ceuta, una intervención con la que abre la ronda de comparecencias del Gobierno para rendir cuentas tras las entradas masivas de migrantes desde Marruecos registradas los últimos días de julio.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la de Sanidad, Mónica García, darán explicaciones el jueves 27; el viernes 28 será el turno de los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Interior, Fernando Grande-Marlaska, e Inclusión, Elma Saiz; y el último día del mes, el lunes 31, culminará la ronda con las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Igualdad, Ana Redondo.

Robles asiste a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja en medio de un clima de crispación política derivado del choque entre el Gobierno y la oposición sobre la forma en que se está abordando la crisis en Ceuta.

Es previsible que la ministra mantenga una firme defensa de la profesionalidad con la que los militares desplazados a la ciudad autónoma para apoyar a las fuerzas de seguridad están gestionado una situación extrema.

La comparecencia estará marcada por las denuncias de las asociaciones militares sobre las precarias condiciones en las que están alojados los efectivos desplegados en Ceuta, en dependencias en desuso y en situación de hacinamiento.

La alarma saltó tras confirmarse un brote de sarna entre los militares que el Ministerio de Defensa ha desvinculado del contacto directo con los migrantes.

Asimismo, la ministra acude a la cita tras haber marcado cierta distancia con el discurso oficial mantenido desde Moncloa respecto a Marruecos y su responsabilidad en el salto masivo de finales de julio. Robles ha exigido públicamente a las autoridades de Rabat que investiguen "hasta el final" las circunstancias que propiciaron la avalancha migratoria.

Para la ministra, resulta "inaceptable que se utilice a personas y a menores de edad echándolos a la muerte" y ha advertido que quienes hayan consentido o tolerado estas maniobras a través de las redes sociales deben asumir sus responsabilidades. Además, ha afirmado con contundencia que Ceuta y Melilla son “españolas, españolísimas y no se tocan”.

Es probable también que la oposición exija explicaciones sobre por qué los servicios de información no advirtieron al Gobierno de la entrada masiva. Aunque Robles no ha querido entrar en el debate, es previsible que haga una defensa firme de la labor de los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La comparecencia llega también precedida de otra polémica derivada de lo que el PP considera un "desplante" al Senado, al negarse Robles, al igual que otros ministros, a acudir a una citación para dar explicaciones en la Cámara Alta sobre esta crisis. 

La palabra "improvisación" se ha instalado con holgura en el debate sobre la crisis de Ceuta. Es una acusación seria, y puede abrir preguntas pertinentes sobre prevención, anticipación y capacidad de respuesta. Pero conviene distinguir entre una eventual deficiencia en la anticipación y la actuación desarrollada posteriormente, así como el modo en que se ha explicado públicamente. Durante más de tres lustros ejercí como corresponsal de prensa afincado en Rabat y pude comprobar la intensidad de la relación cotidiana entre España y Marruecos, que va mucho más allá de los contactos político-institucionales formales. Es un vínculo atravesado por intereses compartidos, desacuerdos, dependencias mutuas y negociaciones permanentes, además de afinidades y acuciantes realidades humanas y sociales. De ahí la dificultad de encajar una crisis de esta magnitud en una explicación binaria entre firmeza y debilidad. La pregunta pertinente no es si el Gobierno respondió, sino cómo lo hizo, con qué instrumentos, qué resultados obtuvo y a qué coste.

La acción española se desplegó en varios planos simultáneos. Interior tuvo que asegurar la frontera, reforzar los dispositivos y gestionar las devoluciones. Exteriores mantuvo un diálogo permanente con Rabat y trasladó la crisis al ámbito europeo, donde Ceuta no es simplemente una cuestión bilateral, sino parte de la frontera exterior Schengen y de una política migratoria comunitaria construida en buena medida sobre la cooperación con terceros países. Defensa incorporó presencia y poder de disuasión, mientras Juventud e Infancia atendió la situación de los menores llegados a la ciudad. El ministro Torres activó la coordinación territorial con Ceuta y con las comunidades autónomas para responder a una presión que desbordaba la escala local. No todas estas actuaciones tienen la misma visibilidad ni producen el mismo rédito político, pero forman parte del esfuerzo institucional. La ausencia de resultados inmediatos no autoriza a ignorar la compleja arquitectura desplegada para afrontarlos.

La visita de Margarita Robles introdujo otro elemento relevante. La ministra acudió a Ceuta con un lenguaje de soberanía y disuasión que encajaba perfectamente en una opinión pública sometida a una fuerte presión emocional. Al afirmar que Ceuta y Melilla son "españolísimas" y que lo ocurrido no puede volver a suceder, ofrecía un relato político inmediatamente comprensible y simbólicamente rotundo. Es razonable que una parte de la ciudadanía perciba esa intervención como una demostración de firmeza. Pero la ciencia política obliga a separar el manejo de las emociones de la gestión de los problemas. La primera puede producir sensación de seguridad. La segunda debe modificar las condiciones que desembocaron en la crisis. Una declaración puede formar parte de una estrategia de señalización, pero solo resulta efectiva si altera los cálculos del actor al que se dirige. La contundencia comunicativa, por sí misma, no constituye una política pública.

España y Marruecos participan, además, en una relación mucho más densa que la de una simple disputa fronteriza. Su asociación conjuga cooperación migratoria, seguridad, comercio, movilidad, lucha contra el terrorismo y un estatuto avanzado en el seno de la Unión Europea, en un contexto en el que Madrid ocupa un papel particularmente relevante como interlocutor de Rabat en Bruselas. No estamos, por lo tanto, ante una partida única, sino ante un juego repetido, en el que cada parte dispone de recursos de presión y también necesita el concurso de la otra. Investigación académica reciente sobre los llamados "juegos de frontera" entre los dos países describe precisamente una dinámica de condicionalidad coercitiva mutua, en la que la externalización europea y española del control migratorio interactúa con la capacidad marroquí para instrumentalizar los flujos. Desde esta perspectiva, la colaboración no equivale a la renuncia. Significa mantener abiertos los canales que permiten negociar, obtener resultados y, cuando sea necesario, responder ante una potencial ruptura del acuerdo.

Las opciones para quienes demandan mayor presión son conocidas: cerrar la frontera, suspender la cooperación, romper acuerdos, aplicar sanciones o emplear la fuerza de forma potencialmente letal. Ninguna puede reducirse a eslóganes como "mano dura" o "disuasión". Cada una exige especificar instrumentos, límites legales, costes y las reacciones previsibles. En esta lógica, la estrategia no puede evaluarse por el efecto emocional en la opinión pública. Implica atender a la conducta de la otra parte y a las consecuencias sobre interacciones posteriores. La teoría de juegos no recomienda docilidad, sino cálculo estratégico. Una medida puede parecer decisiva y resultar contraproducente si deteriora los mecanismos para gestionar la frontera, efectuar devoluciones o combatir las redes que facilitan los movimientos irregulares. La eficacia no se mide por la intensidad de la respuesta, sino por la capacidad de modificar conductas, preservar margen de maniobra y defender los propios intereses a medio y largo plazo.

La gestión del Gobierno debe, por supuesto, someterse a escrutinio. Es necesario esclarecer qué información existía antes del 30 de julio, qué capacidad de anticipación hubo, cómo funcionaron los protocolos y por qué determinadas decisiones se adoptaron cuando se adoptaron. También es legítimo cuestionar una comunicación pública que dejó demasiado espacio para que otros actores definieran el significado y los contornos de la crisis. Pero convertir esas preguntas en un diagnóstico global de improvisación es otra cosa. La acción de gobierno debe evaluarse por las medidas movilizadas, la coordinación entre niveles, los resultados obtenidos y los efectos sobre el comportamiento de los demás actores. La presencia de Robles, el trabajo de Interior, la interlocución de Exteriores, la coordinación territorial y la atención a los menores responden a lógicas diferentes, pero forman parte de un mismo problema de gobernanza. En Ceuta, la política que menos ruido produce puede ser también la que más interesa analizar.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

La operación militar Romeo-Sierra, ordenada por el Gobierno de José María Aznar y ejecutada por miembros de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina en la madrugada del 17 de julio de 2002, desalojó del islote de Perejil, junto a Ceuta, a un retén de efectivos de la Marina marroquí que habían acampado en ese ínfimo promontorio español seis días antes. Ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y la de Exteriores, Ana Palacio, comparecieron a petición propia en una sesión conjunta de sus respectivas comisiones parlamentarias para explicar el operativo militar. El que era el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), ofreció al Ejecutivo su "apoyo, comprensión y solidaridad" y aseguró que su partido sería "plenamente responsable" en la gestión de esa crisis sistémica con el país vecino.

24 años después del que, probablemente, ha sido el principal encontronazo entre Madrid y Rabat –junto con la invasión del Sáhara Occidental por la Marcha Verde– entre 70.000 y 80.000 jóvenes, la mayoría marroquíes, entraron hasta el pasado 31 de julio en Ceuta (83.567 habitantes, según el INE) a nado y a través del espigón fronterizo ante la pasividad de las autoridades del país vecino. Ese mismo día, Pedro Sánchez hizo una declaración solemne en la ciudad autónoma en la que definió lo ocurrido como otra "violación de la integridad territorial española". "Lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración como deplorable el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta", añadió sin nombrar a Marruecos pero en claro mensaje a su Gobierno.

Como en el caso del islote Perejil, los ministros más implicados en la gestión del incidente, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidieron comparecer ante sus respectivas comisiones en el Congreso para dar explicaciones a finales de mes. 13 días después, pese al retorno del grueso de los extranjeros a Marruecos, la crisis está aun lejos de solucionarse con una amenaza latente de entrada masiva para este fin de semana y cientos de migrantes durmiendo al raso en las calles y playas. La preocupación y el malestar de la población local se pudo comprobar este miércoles durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la ciudad, con decenas de ciudadanos y ciudadanas pidiendo al Ejecutivo que ponga los medios necesarios para que incidentes como este no se vuelvan a repetir.

Pese a ello, y a diferencia del PSOE en 2002, la respuesta del PP ha sido muy diferente. En lugar de ponerse detrás del Gobierno y ofrecerle su apoyo como en su día hizo Zapatero, su reacción ha sido utilizar la Cámara en la que cuenta con mayoría absoluta, el Senado, para azotarlo con una polémica vacía. Su presidente, Pedro Rollán, llegó a amenazar al Ejecutivo con acciones legales en caso de que esos mismos ministros, además del de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se negaran a comparecer ante los senadores. Desde el Gobierno ya han respondido que los cuatro citados acudirán a la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas exactas que quiere el PP. Ayer, sin embargo, sus senadores quisieron escenificar la ausencia anunciada de Grande-Marlaska ante la comisión de Interior haciéndose una foto junto a su silla vacía.

La falta de unidad política frente a los embates de Marruecos propiciada por el PP (no solo ahora, también en el anterior incidente diplomático de 2021 en el que Rabat permitió el paso de 10.000 personas en protesta por la hospitalización en Logroño del dirigente saharaui Brahim Ghali) se produce pese a que voces muy cualificadas señalan al país vecino como instigador del incidente. Desde El Confidencial, el excorresponsal de El País en el Magreb Ignacio Cembrero afirmó este miércoles, citando a dos exagentes con mando en los servicios secretos marroquíes, que la entrada masiva fue una respuesta del aparato de los servicios de espionaje y seguridad de ese país en respuesta a la investigación internacional del consorcio Forbidden Stories Pegasus Project, que denunció el recurso masivo al spyware israelí por los agentes marroquíes. También lo usaron contra Sánchez, Grande-Marlaska, Robles y la anterior titular de Exteriores, Arancha González Laya, destituida tras la crisis del dirigente polisario Ghali.

El uso de las tormentosas relaciones con Marruecos por el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo se produce, además, con el reforzamiento por parte de reino alauí de sus relaciones con Washington y, más concretamente, con la Administración Trump que, en su anterior mandato, apoyó la reclamación marroquí del Sáhara Occidental, ocupado desde 1975, y en este ha abierto un consulado general en su segunda ciudad en importancia, Dajla. Ese apoyo entraba en el paquete de la firma de los Acuerdos de Abraham, que supusieron el reconocimiento y la normalización de relaciones diplomáticas de Rabat con Israel. Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se han convertido en los principales adversarios internacionales del Gobierno de Pedro Sánchez. El primero amenaza periódicamente con una guerra arancelaria o con la salida de EE UU de las bases de Rota y Morón a cuenta de las cifras de inversión española en armamento; Netanyahu, por la oposición española al genocidio en Gaza, la personación de Madrid en la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia y el reconocimiento del Estado palestino.

A diferencia del PSOE, que cuando está en la oposición siempre ofrece su apoyo al Gobierno ante cada crisis sistémica (como hizo, por ejemplo, en la aplicación del 155 de la Constitución durante el proceso independentista catalán), el PP se negó a cerrar filas con el Ejecutivo de Sánchez en asuntos como la lucha contra el covid y se ha puesto de perfil ante las bravuconadas del presidente de EE UU, el principal socio de España en materia estratégica de Defensa que, sin embargo, se muestra cada día más cercano a Rabat. La pregunta es cuál sería la posición del PP en caso de que Trump diera un giro inesperado como el del Sáhara Occidental en apoyo de la reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla, algo que ya ha hecho con otro Estado europeo, Dinamarca, en relación a Groenlandia. Ante los incidentes de Ceuta, Feijóo ha preferido cargar directamente sobre Sánchez. "Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos", dijo este lunes en OkDiario alentando la conspiración de que el Gobierno español no hizo nada pese a saber lo que iba a ocurrir.

El sentido de Estado y la colaboración de la izquierda ante situaciones difíciles también se da en otros países. Cuando Trump atacó a la que fuera su principal aliada en Europa, la ultraderechista primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por defender el discurso pacifista del papa León XIV, la líder de la oposición, Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático, expresó en la Cámara de Diputados italiana la "más firme condena" de su formación a los insultos del presidente de EE UU a Meloni. "Italia es un país libre y soberano y repudia la guerra", dijo entre los aplausos de sus correligionarios pero también de sus adversarios. "Ningún jefe de Estado extranjero puede permitirse atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país y a nuestro Gobierno; somos adversarios en esta cámara, pero somos todos ciudadanos italianos".

La polémica sobre la petición de la comparecencia inmediata de tres ministros aprobada por el Senado haciendo valer la mayoría absoluta del PP y la amenaza de su presidente, Pedro Rollán, de tomar medidas contra el Gobierno en caso de que rechacen acudir a la Cámara ha quedado reducida a un cruce de declaraciones de políticos de distinto signo sin apenas trascendencia constitucional. El Ejecutivo de Sánchez ha desinflado el globo al confirmar que tiene la intención de comparecer en la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas que exige Rollán y su partido, sino cuando lo permitan sus agendas. La única herramienta jurídica del Senado, la presentación de un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, quedaría así vacía de contenido. El PP, sin embargo, no se empleó con la misma contundencia en 2016 cuando Mariano Rajoy y los miembros de su Gobierno se negaron a acudir a ninguna de las Cámaras durante más de 10 meses.

Los tres ministros –el de Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska– junto con el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han pedido a iniciativa propia comparecer en el Congreso entre los próximos 25 y 28 de agosto. Cuando acudan podrán informar a los diputados sin límite de tiempo y después los portavoces de cada uno de los grupos en cada una de esas comisiones podrán plantear sus cuestiones en su turno de palabra. También han asegurado, ante la polémica suscitada por Rollán, que cumplirán con su obligación de ir al Senado, aunque no con la premura que les exige el PP. Gracias a la reforma del Reglamento de la Cámara Alta impulsada por ese partido el pasado noviembre, los ministros cuentan con solo 40 minutos para dar sus explicaciones.

El Ejecutivo cumple así con la obligación prevista en el artículo 101 de la Constitución que permite a ambas Cámaras exigir la presencia de los ministros y del presidente en ejercicio de su función de control. También con el artículo 66.2 del Reglamento del Senado que en la nueva redacción propuesta por el PP introdujo un mandato expreso de acudir a los miembros del Gobiernos para dar dar explicaciones. "Los miembros del Gobierno y demás autoridades y funcionarios de Administraciones públicas están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos, incluidas las Comisiones de Investigación", dice el nuevo precepto. La incomparecencia ante una comisión de investigación supone la comisión de un delito de desobediencia, según el artículo 502 del Código Penal, pero la ley no prevé ninguna consecuencia por no acudir a una comisión ordinaria en una fecha concreta.

Fuentes del Ejecutivo explican que lo normal en los casos de los ministros y el presidente es que los gabinetes de estos o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se pongan de acuerdo con los letrados de las Cortes o los presidentes de cada comisión para pactar una fecha. Esas mismas fuentes subrayan la dificultad que, en muchos casos, supone preparar una comparecencia y dar las preceptivas explicaciones debido a las cargadas agendas del presidente o de los ministros. "Se trata de una cuestión de cortesía parlamentaria y de lealtad entre instituciones", aseguran esas mismas fuentes. Marlaska anunció ayer que este miércoles debe coordinar el dispositivo para el eclipse. Robles, por su parte, está en Ceuta para supervisar el despliegue militar que busca prevenir una nueva entrada masiva de migrantes.

En esas condiciones, la única arma que le queda al Senado es presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como el que ya remitió a ese órgano el pasado diciembre contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos. El anuncio del Ejecutivo de que sí dará explicaciones en la Cámara de representación territorial sobre la crisis de Ceuta dejaría previsiblemente sin contenido ese recurso ya que los magistrados del órgano de garantías, debido a los plazos que establece ese mecanismo, solo lo estudiarían cuando las comparecencias ya se hayan producido y la obligación constitucional de los ministros de someterse al control de los senadores se haya cumplido.

El incumplimento de ese deber –no solo ante el Senado, sino también ante el Congreso– sí se produjo en 2016, cuando el entonces presidente, Mariano Rajoy, y los miembros de su Gobierno se negaron a comparecer ante el Parlamento durante más de 10 meses alegando que estaban en funciones. En esa ocasión fue el Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, el que llevó al Constitucional al Gobierno con los votos en contra del PP, que no consideró un problema los continuos plantones del presidente y sus ministros a ambas Cámaras.

La respuesta del Constitucional no llegó hasta noviembre de 2018, cuando Rajoy ya había caído por la moción de censura que hizo presidente a Sánchez. Sus magistrados dieron la razón al Congreso y aseguraron que las sucesivas negativas del ya expresidente y sus ministros a comparecer afectaban al "equilibrio de poderes" y que el Gobierno estaba obligado a someterse al control parlamentario "en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad", aunque se encuentre en funciones. La diferencia con las comparecencias por la crisis de Ceuta es evidente: el Gobierno socialista sí cumplirá con su obligación constitucional de acudir tanto al Congreso como al Senado, pero no en el momento exacto que le imponga el principal partido de la oposición.

El Gobierno registrará esta mañana en el Congreso la solicitud de comparecencia en periodo extraordinario de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa ante las respectivas comisiones para informar de la gestión de la crisis migratoria sucedida en Ceuta la semana pasada.

El Ejecutivo propondrá a la presidenta del Congreso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca el 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el 27; y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente, el 28.

Las comparecencias, según informan fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se celebrarán a petición propia ante las comisiones de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Exteriores. El PP registró el jueves las mismas solicitudes de comparecencia, por duplicado, en el Congreso y en el Senado.

Para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión -subrayan las fuentes- el Gobierno ha decidido comparecer este mismo mes de agosto en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso de los Diputados.

Este mismo viernes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantiene una reunión telemática de coordinación desde la residencia de La Mareta, en Lanzarote, con los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y Sira Rego (Juventud e Infancia).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no emitió ningún informe ni aviso que advirtiera de una posible entrada masiva de personas en Ceuta como la registrada la pasada semana, ni siquiera de una situación similar a la ocurrida en 2021.

Marlaska ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa después de participar en la reunión extraordinaria de los ministros de Interior de la Unión Europea, convocada a raíz de la crisis en la ciudad autónoma.

Tras elogiar el trabajo del CNI y de los servicios de información, el ministro ha recalcado que, de haber existido una alerta sobre un episodio comparable al de 2021, cuando unas 10.000 personas entraron en Ceuta, esta habría llegado a las más altas instancias del Estado. “Eso no ocurrió”, ha afirmado.

El titular de Interior también ha indicado que 70.000 de las 72.000 personas que entraron en Ceuta la pasada semana ya han regresado a Marruecos. Según ha explicado, se estudiarán los casos restantes para devolver a quienes no tengan derecho a permanecer en España.

Los ministros europeos han trasladado durante la reunión su “firme solidaridad” con España y han reconocido el trabajo realizado durante la crisis. También han defendido la necesidad de seguir combatiendo las redes de tráfico de personas y de mejorar la capacidad de prevención ante situaciones similares.

Marlaska se ha mostrado además confiado en que Italia levante “a la mayor brevedad” los controles establecidos en las fronteras aéreas y marítimas interiores con España. El ministro considera que estas medidas carecen “absolutamente de necesidad y de proporcionalidad” y ha asegurado que el espacio Schengen no ha estado “ni en mínimo peligro” por la crisis de Ceuta.

El responsable de Interior ha recordado que España recibe movimientos migratorios secundarios procedentes del este de Europa y que, pese a ello, no ha impuesto controles en sus fronteras interiores.

Según Marlaska, el ministro italiano reconoció durante la reunión el trabajo desarrollado por España, aunque no confirmó expresamente que los controles fueran a retirarse. “Espero que los levante a la mayor brevedad”, ha insistido.

El ministro también ha defendido que en España se están respetando los derechos fundamentales de los menores, de las personas vulnerables y de los adultos que llegaron a Ceuta, después de que varias ONG presentes en la ciudad denunciaran un trato inhumano.

Marlaska ha admitido que durante el primer día pudieron producirse algunos “desajustes”, pero ha afirmado que fueron resolviéndose y que las autoridades están ofreciendo una respuesta “razonablemente inmediata a cualquier contingencia”.

Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) han mostrado este martes su "firme solidaridad" con España tras la crisis migratoria en Ceuta (España) y han destacado la necesidad de "seguir luchando sin descanso" contra las redes de tráfico de migrantes, así como mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones.

Al término de la videoconferencia, los ministros de los Veintisiete han valorado "la rápida y eficaz actuación de las autoridades españolas ante la situación" en la ciudad autónoma.

Y han alcanzado un consenso sobre la necesidad de fortalecer las fronteras externas de la UE, así como de "forjar alianzas sólidas con países terceros", según se lee en un comunicado difundido por el Consejo de la unión, la representación de los Estados miembros.

También han expresado la necesidad "de mejorar el conocimiento compartido de la situación" para lo que han propuesto "el desarrollo de sistemas de alerta temprana como la inteligencia previa a la exploración fronteriza y la monitorización de las redes sociales". 

"La UE está unida y dispuesta a apoyar a España. Felicitamos a España por su rápida respuesta a la situación en Ceuta y expresamos nuestras más sentidas condolencias por la trágica pérdida de vidas. Las fronteras exteriores de la UE son responsabilidad compartida, y la migración requiere una respuesta europea unificada", ha dicho Jim O'Callaghan, ministro de Interior de Irlanda, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo.

Las muestras de solidaridad con España y el reconocimiento del papel de Marruecos en la gestión de la crisis en días previos han sido unánimes, de acuerdo con fuentes diplomáticas. Las mismas fuentes han apuntado que el uso de la desinformación en este tipo de situaciones supone trabajar para los enemigos de la UE.

A este respecto, los ministros han señalado que la comunicación en momentos de crisis "podría reforzarse aún más mediante una coordinación oportuna y debería ser más coherente, especialmente para contrarrestar a los agentes externos malintencionados que se dedican a la manipulación e injerencia de información extranjera".

En el encuentro telemático también han participado los países asociados al espacio Schengen fuera de la UE -Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza-, que se han unido a las muestras de solidaridad con España, al igual que las agencias europeas Frontex (fronteras), Europol (policial) y de Asilo.

La última actualización que el Ejecutivo español ha proporcionado a los ministros, según el Consejo, es que "la gran mayoría" de las personas que cruzaron a territorio español la pasada semana "han sido devueltas" y que no se han producido desplazamientos desde Ceuta -situada en el continente africano- hacia Europa continental.

Según O'Callaghan, la reunión ha servido para que los Estados miembros evalúen los instrumentos de los que ya dispone, identifiquen las áreas donde se necesita mayor cooperación y avancen en los preparativos para la próxima reunión ministerial y el Consejo Europeo de octubre.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa este martes en la reunión extraordinaria del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea convocada a raíz de la última crisis migratoria en Ceuta, en la que trasladará el compromiso de España con el control de las fronteras europeas y la normativa fronteriza comunitaria.

Tras la crisis en Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros de Interior, a la par que expresó su "profunda preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos.

En esta reunión, el titular de Interior comunicará a sus homólogos europeos que la política migratoria de España es "preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos", país que considera "un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua", según han explicado fuentes del ministerio del Interior.

Las citadas fuentes recuerdan que Marlaska ya dejó claro el 1 de agosto que "no se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas o cuestionar la diligencia española en materia migratoria".

Al término de la reunión del consejo extraordinario de ministros, que dará comienzo a las 10:00 horas, Marlaska atenderá a los medios de comunicación desde la sede del Ministerio para explicar el contenido del encuentro.

En su carta de respuesta a Sánchez, conocida ayer, von der Leyen elogió la gestión eficaz de la situación por parte de las autoridades de España y Marruecos, a la par que hizo hincapié en la necesidad de dar una "respuesta europea común", unida y solidaria a la crisis migratoria.

El titular de Interior transmitirá hoy, asimismo, su confianza en que se "reconducirán" los "incrementos" de llegadas irregulares en las ciudades autónomas y que España "hará frente a cualquier crisis, a las que están expuestos todos los países de primera entrada de la Unión Europea"

Está previsto también, subrayan las fuentes, que el ministro exponga las cifras de llegadas irregulares a España, que se redujeron en más de un 42% en 2025 y con un descenso cercano al 25% en el conjunto de España, según los últimos datos recogidos hasta el 16 de julio.

Según informó el Gobierno el domingo, alrededor de 3.000 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército continuarán desplegados en Ceuta "el tiempo necesario" para garantizar la seguridad en la ciudad.

Con una nueva ola de calor en el horizonte con inicio el próximo miércoles, el centro de España continúa ardiendo con focos sin estabilizar en Madrid, Ávila y Toledo que han arrasado alrededor de 80.000 hectáreas y han afectado a más de 90.000 personas, mientras mejora el incendio de Castellón.

En total, entre estos cuatro focos, los principales activos en España, hay más de 170.000 afectados entre confinados y desalojados, con el de Ávila como el fuego más devastador de todos los registrados históricamente en el país al haber calcinado más de 50.000 hectáreas.

A esta superficie quemada hay que sumar las 28.000 de Madrid, las 2.000 en Toledo y las 8.500 de Vall d'Uixó, en Castellón: un total de alrededor de 89.000 hectáreas por el momento.

Para el centro de España, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suspendido este lunes las labores de cosecha que impliquen el uso de maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo mientras dure el periodo de emergencia por los incendios.

El Gobierno ha tomado esta medida al entender que "la realización de labores de cosecha mediante maquinaria agrícola en las zonas afectadas constituye un factor de riesgo significativo", especialmente con "condiciones meteorológicas extremadamente desfavorables" debido a las altas temperaturas y la baja humedad relativa, según ha informado el Ministerio del Interior.

El incendio declarado el pasado miércoles en Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, ha cumplido cinco días con cerca de 40.000 personas afectadas en 16 municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos que el viento ha provocado durante esta madrugada.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha mostrado este lunes "cierto optimismo", aunque ha avisado de que el fuego no está controlado.

Sen ha manifestado que, durante la jornada, se están centrando las tareas de extinción en sectores prioritarios como Mijares y Gavilanes; en Casillas, Sotillo de la Adrada y Casavieja y en el sector este, en el embalse de San Juan y Cebreros, donde se localiza el incendio que viene desde Madrid.

Los incendios de la Comunidad de Madrid han disminuido en su avance durante las últimas horas y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes, el más peligroso situado al norte del pantano de San Juan.

El incendio ha calcinado ya 28.000 hectáreas y aglutina 300 efectivos de los bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos y agentes forestales, así como 50 vehículos terrestres y ocho medios aéreos de la región madrileña.

Son 13 localidades evacuadas y cinco confinadas en la Comunidad de Madrid, la más castigada, de acuerdo con la última actualización facilitada por el Ministerio del Interior.

Los incendios de Toledo han provocado la evacuación de alrededor de 6.200 personas, aunque la evolución ha provocado que la Junta de la comunidad estudie rebajar el nivel de emergencia al número 2.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado estar "esperanzado" con el objetivo de que el fuego no avance a través del valle del Tiétar, por un lado, y por la localidad toledana de Almorox, por el otro, hacia la provincia castellanomanchega.

Sin embargo, ha lamentado que "los destrozos van a ser increíbles" como consecuencia de ambos incendios y ha recordado que la prioridad es "salvar vidas, por muy doloroso que sea ver que se nos quema el monte".

El incendio de Vall d'Uixó, en su tercer día activo, ya no está fuera de la capacidad de extinción.

Sin embargo, hasta la medianoche se mantienen la mayor parte de los desalojos de las 16.000 personas evacuadas de 18 localidades y urbanizaciones y el confinamiento de cerca de 64.000 vecinos de los municipios de la Vall d'Uixó, Onda y Betxí.

El consejero valenciano de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha autorizado volver ya a sus domicilios a los vecinos de cuatro barrios de la Vall d'Uixó, aunque tendrán que permanecer confinados en sus casas hasta las 08:00 horas de este martes.

Asimismo, en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) convocado para las 10:00 horas de este martes se valorará si se autoriza levantar también el confinamiento o dejar volver a sus casas en otros municipios del entorno, conforme avancen los trabajos de extinción durante esta noche y mañana por la mañana

El incendio ha arrasado ya 8.500 hectáreas, cuenta con un perímetro que se amplía hasta los 72 kilómetros y en los trabajos de extinción participan más de 400 efectivos terrestres y 25 aéreos, que se centran ahora en la zona de Eslida, la urbanización Monserrat en Betxí y en el Montí en Onda.

 El incendio forestal declarado hace cinco días en Rábano de Aliste (Zamora), posiblemente debido a una cosechadora, ha quedado controlado este lunes tras quemar unas 168 hectáreas de superficie arbolada.

La preocupación en la zona se traslada ahora a otro fuego que se ha iniciado en Portugal, cerca de la frontera y de la localidad zamorana de Riomanzanas.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido el incendio forestal que se originó el pasado martes en el término municipal de Selas (Guadalajara) y que ha afectado a unas 2.800 hectáreas.

Un incendio forestal se ha declarado poco después de las 20:00 horas de este lunes en las proximidades del complejo turístico de Islantilla, en Lepe (Huelva) y afecta a una masa de pinares, cerca de la urbanización Islantilla Golf.

A la zona han sido enviados dos aviones de carga en tierra, un helicóptero semipesado, 16 efectivos en tierra y una autobomba.

En la misma provincia ha sido sofocado un incendio que se ha iniciado esta tarde en Lucena del Puerto, sin que haya llegado a afectar a una importante extensión de terreno.

“Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación. Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas”. Es el mensaje que ha dejado uno de los principales sindicatos de la Policía Nacional, la Unión Federal de Policía (UFP), tras la publicación del vídeo en el que se puede ver como una de las manifestantes, una profesora jubilada de 68 años, es empujada por la espalda por uno de los agentes mientras se encontraba en la calzada, lo que provoca su caída contra el suelo.

Una línea de apoyo que también han seguido desde otro de los sindicatos, la Confederación Española de Policía (CEP). “El derecho a manifestarse no es absoluto. Es mentira lo de que está por encima de cualquier otra circunstancia. La seguridad es para todos. Y sobre todo si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico”, han escrito en una publicación en redes sociales. Ambos mensajes, se han escrito como respuesta a las palabras de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en las que aseguraba que van a “investigar lo ocurrido”. 

“Tú no vas a investigar nada”, arremeten desde las dos organizaciones contra la representante socialista. Aunque los dos sindicatos con más representación dentro del Consejo de la Policía, JUPOL y el SUP, han mantenido en esta ocasión una posición más equidistante, toda la situación no ha hecho más que avivar la indignación de la sociedad. No solo se ha visto como un agente puede llegar a realizar este tipo de acciones sin grandes represalias, sino que recibe el apoyo de los sindicatos que les representan. 

Desde el Ministerio del Interior no se han querido pronunciar sobre lo ocurrido y han asegurado a este periódico que “no tienen nada que decir”, en respuesta a si van a realizar valoraciones de las palabras de estos sindicatos y si podrían tener alguna consecuencia. Lo que sí se ha conocido, es que desde la Dirección de la Policía Nacional se ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente al agente.

“Esto no puede quedar en una simple sanción”, denuncia Manuel Soler, portavoz del Sindicato Reformista de la Policía (SRP), que aunque actualmente no tiene representación en el Consejo, ha sido el único que se ha posicionado de una forma clara mostrando su rechazo a lo ocurrido en Valencia.

“Los sindicatos de Policía están sufriendo una pandemia ideológica hacia la ultraderecha para conseguir aglutinar al máximo de representantes a través de decir la burrada más fuerte”, explica. Una situación que está llevando a que “miles de agentes” que están en contra de estas actuaciones “no puedan alzar la voz”.

“Se está amparando una agresión brutal”, asegura Soler, que defiende que esta es una situación que “se tiene que cortar de raíz”. “Esto es gravísimo, porque no se puede despreciar e insultar a un cargo público de esa manera”, añade. “La población está preocupada y nosotros más”. Desde el SRP también quieren mandar un mensaje a la mujer agredida para expresar “su solidaridad” y que en este momento están estudiando para desplazarse y apoyar “a las personas que se están manifestando en Valencia”.

En esta misma línea se ha pronunciado la plataforma de Policías Antifascistas, nacida a principios de este año justamente para defender los Derechos Humanos y frenar “los continuos intentos de apropiación por parte del aparato de la extrema derecha” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España.

“Nosotros lo consideramos una actuación desproporcionada y es normal que desde el activismo se entienda que desde la Policía van con más contundencia contra determinados grupos”, explica en conversación con infoLibre uno de sus representantes, Adrián Rodríguez.

Denuncia que “hay una falta de contundencia por parte de los sindicatos en una situación claramente de desproporción, que lo único que hace es distanciar a los activistas con la Policía”. “Entendemos que el agente, ya sea en el juicio o en su expediente, tendrá que defenderse de la manera que mejor vea, pero es difícil entender que un sindicato defienda a priori esta actuación viendo las imágenes”, añade. 

“No puede ser una defensa ciega a un compañero por simplemente ser policía. Es tan fácil como pedir disculpas, porque todos podemos tener un día peor o cometer errores”, asegura. Sobre las palabras que han dirigido a Bernabé, defiende que “un sindicato se supone que está para defender los derechos de sus trabajadores, por lo que hacer un señalamiento tan claro contra un cargo político es otra ida de mano más”.

Una mujer camina con los brazos cruzados, camiseta verde y pantalones vaqueros. No va acompañada, su ritmo es pausado y parece observar con calma a quienes como ella han salido a la calle para defender la educación pública. En ese momento, un policía se abalanza sobre ella, empujándola por la espalda y tirándola al suelo. Las imágenes sobre lo acontecido acreditan que la docente no suponía ninguna amenaza, nadie a su alrededor estaba en riesgo y no existía un contexto de tensión. Pese a ello, el agente no duda en aferrarse a la porra y cargar contra ella.

La delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, tachó la escena de "inaceptable" a través de un mensaje en redes sociales. "Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades", añadió el mismo domingo. La Unión Federal de Policía (UFP) se apresuró a reaccionar: "Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación". No fue la única organización policial que ha respaldado públicamente al agente. Este mismo lunes, la Policía Nacional inició el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente.

La actuación policial, calificada de desproporcionada de forma casi unánime, ocurre una semana después de que la Ertzaintza cargara en el aeropuerto de Loiu contra los activistas de la Flotilla Global Sumud de solidaridad con Palestina. El grupo de activistas aterrizaba después de haber sido interceptado por las fuerzas israelíes y tras haber denunciado episodios de tortura por tratar de defender los derechos de los palestinos. 

Los voluntarios de la Flotilla recibieron golpes por parte de los agentes, algunos fueron expulsados a rastras y retenidos contra el suelo a la fuerza. La operación se saldó con varias personas heridas y cuatro detenciones. Aunque el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, habló en un primer momento de provocaciones por parte de los activistas, enseguida se comprometió a "aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar". El Ararteko, defensor del pueblo en Euskadi, abrió un expediente de oficio y centenares de personas se echaron a las calles para denunciar los abusos policiales y las conexiones entre la policía autonómica e Israel.

En este último punto se detuvo también Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados. En redes sociales, pidió que los responsables "rindan cuentas" y compartió un artículo sobre los vínculos entre la policía vasca e Israel: "Se trata de los mismos policías que han recibido contratos de seguridad israelíes por valor de 1,6 millones de euros, entrenados por antiguos agentes del Mossad y equipados con tecnología de vigilancia israelí", escribe el periodista Ahmed Eldin.

Ya en el año 2007, Amnistía Internacional advertía del uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En su informe Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos la organización hablaba entonces de los obstáculos para denunciar actuaciones policiales desproporcionadas, investigaciones deficientes y sanciones irrisorias. Amnistía señalaba ya en aquel momento que no se trataba de hechos aislados atribuibles a algunos agentes particulares, sino de un problema estructural.  

Con el paso de los años no han sido pocas las organizaciones que han mantenido fija la mirada en el uso de la violencia policial contra los movimientos sociales y en la criminalización progresiva del derecho a la protesta, con la conocida como ley mordaza como principal instrumento represivo. 

El informe Diagnóstico del derecho a la protesta, publicado anualmente por la organización Defiende a quien Defiende, advierte en su última edición que el año pasado se documentaron "diversas tendencias en lo que respecta al uso de la fuerza y del material antidisturbios por parte de los cuerpos policiales que dibujan un cambio de paradigma en la manera de reprimir la protesta". 

Entre las más preocupantes, los autores destacan casos de malas prácticas "en el uso del bastón policial", no solo a través de "golpes de arriba hacia abajo y el impacto en zonas vitales del cuerpo, sino que el número de fracturas óseas se ha duplicado". En gran medida, sostienen, "esta violencia policial se ha documentado en protestas propalestinas en distintos puntos del Estado".

El análisis también se detiene en el uso de material especialmente nocivo como las balas de goma para reprimir protestas, entre las que el año pasado destacaron la huelga del metal en Cádiz o las acciones de boicot contra la Vuelta Ciclista en Madrid. "Cabe resaltar la dimensión cualitativa del empleo de este material, aun cuando su utilización pueda considerarse excepcional, ya que se ha demostrado que puede causar lesiones de especial gravedad, incluidas mutilaciones e incluso la muerte". Pero, además, en el marco de todos los casos identificados de personas heridas con pelotas de goma, "en ninguno se ha condenado al autor material del disparo", salvo en el asesinato de Iñigo Cabacas. 

Al nombre de este último lo acompañan otros muchos grabados en la memoria de los colectivos sociales, como el de Ester Quintana, quien perdió un ojo con una bala de goma; Patricia Heras, víctima mortal del conocido como caso 4F, o Mame Mbaye, un joven migrante que murió de un ataque al corazón tras una persecución policial.

Al análisis global es preciso sumarle el caso concreto de la violencia racial, un debate enquistado en suelo español que este mismo año ha vuelto a la palestra, a raíz de la detención de Serigne Mbayé, exdiputado autonómico y secretario de Antirracismo de Podemos. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

"No son casos aislados, ni anomalías, ni errores". Habla Marco Fernández, portavoz del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. "Se trata de una cuestión estructural y sistemática" que se expresa de forma visible a través de "episodios graves de malos tratos", expone en conversación con infoLibre. El activista recuerda que el Estado español ha sido condenado más de una decena de veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar casos de tortura, "en más de la mitad con Fernando Grande-Marlaska como juez de la Audiencia Nacional", enfatiza. "Hablamos de actuaciones sistemáticas y que gozan de impunidad", porque detrás hay un "aparato que lo ampara", añade Fernández.

El activista sostiene que es sencillo refutar la tesis de que la violencia policial es excepcional, simplemente echando un ojo a la respuesta de las asociaciones al episodio registrado este domingo en València. "No solo justifican la agresión, sino que lo hacen incluso cuando existe un vídeo. Qué ocurrirá cuando no hay una cámara delante", desliza.

A los casos de violencia explícita se añade otra herramienta represiva que se ha multiplicado de un tiempo a esta parte: las infiltraciones policiales en movimientos sociales. Son al menos trece en los últimos cuatro años. Se trata de agentes infiltrados en movimientos como las protestas por Palestina, las plataformas por la vivienda o las organizaciones independentistas.

Tres de esos agentes estuvieron infiltrados en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. "Es una forma más de represión, violencia política, control y acoso policial contra todo aquello que se escapa de sus márgenes", asiente Fernández. El activista recuerda que las infiltraciones no son un fenómeno novedoso, sino una práctica de largo recorrido para el control de las disidencias y los movimientos sociales. 

Coincide Paloma Linares. Ella pertenece a la organización Madres contra la Represión, donde otra agente de policía estuvo infiltrada durante años. "Era una persona muy conocida que llevaba participando en movimientos sociales desde hacía décadas", comparte al otro lado del teléfono. "Ni remotamente podríamos sospecharlo, era una compañera muy querida". 

Linares se pregunta los motivos por los que su organización pudo poner en alerta a las autoridades: "¿Qué actividad hacemos nosotras que sea ni remotamente peligrosa?", plantea. "Si nosotras hemos tenido a una persona infiltrada, cuántas más habrá". 

Esta "forma de represión" avalada por las instituciones no solo vulnera "los derechos fundamentales" de la sociedad organizada, sino que además lanza un mensaje aleccionador al resto de la población: "La gente tiene miedo, así que el resultado es que se desactiva la calle y la protesta", lamenta la activista. 

También Linares se revuelve contra la teoría de las manzanas podridas. "La violencia y la represión empeoraron con la ley mordaza y nunca desapareció", pero además se suma a la "violencia judicial" que ha recaído directamente sobre los hombros de activistas y sindicalistas, como ocurrió, cita, con Las seis de la Suiza, Los seis de Zaragoza o Los 16 de Berango. El problema, diagnostica Linares, es que "en este país no ha habido una depuración de las fuerzas policiales ni del poder judicial, no ha habido una purga de la herencia franquista".

“Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros”. 2 de junio de 2018. Ocho años atrás, Pedro Sánchez asumía con estas palabras ante el rey su nueva condición de jefe del Ejecutivo.

Apenas un día antes había ganado la moción de censura. Era la primera vez que triunfaba este instrumento constitucional en España. Y Sánchez, además, también se convertía en el primer presidente que no era diputado y en el primer líder del Gobierno que no pertenecía al grupo mayoritario en el Congreso. 

Cuando llegó por primera vez al liderazgo del PSOE en 2014, muchos dirigentes lo apodaron “Pedro, el breve”. Había una idea extendida entre sectores del partido de que sería un secretario general de transición. Pero, a estas alturas de 2026, Sánchez se ha convertido en el segundo presidente más longevo de la actual etapa democrática, sólo superado por Felipe González. Pero ya lleva más días en el Palacio de la Moncloa que José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez cumple ocho años al frente del Gobierno en un momento muy complicado para su partido, después de la imputación por parte de la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y de la entrada de la UCO la semana pasada en la sede del partido, en la madrileña calle de Ferraz, para requerir información por el caso Leire Díez, en el que se investiga una posible trama para entorpecer procesos judiciales relacionados con los socialistas.

Pero Sánchez, a pesar de la presión política y mediática, no ve cerca su final. De momento, no se plantea adelantar las elecciones generales, como están pidiendo incluso algunos socios como Junts y el PNV. Su idea es agotar la legislatura en verano del año que viene. En su discurso del domingo en la clausura del congreso de Juventudes Socialistas, el presidente mandó un mensaje muy claro en estos días de zozobra: “Los marrulleros con sus maniobras, y nosotros, a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles”.

Sánchez pone rumbo a esas elecciones a un año vista y con la idea de que puede incluso ser el partido más votado, a pesar de los escándalos que hacen tambalear al partido. Sobre la mesa pone siempre la “cuenta de resultados” del Gobierno con la economía española liderando la UE y con la filosofía de que la vida de los ciudadanos no es la que dibujan las derechas mediáticas.

Tampoco tiene intención de ir a un congreso extraordinario, como solicitan algunas voces del partido, como el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo y el actual alcalde de León, José Antonio Diez. En la reunión de la dirección socialista en Ferraz, presidida este lunes por el propio Sánchez, se hizo una defensa cerrada del actual Gobierno e imperó la sensación de resistencia.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, aseguró, tras la reunión de la cúpula socialista, que no hay intención de cambiar el calendario interno del partido y aseveró que siempre se “escucha a todos”. Pero remarcó que también se escucha “a la gente que dice que hay que aguantar, que hay que resistir porque los datos avalan a este Gobierno”.

Sánchez ya expresó hace un año, en mitad de la tormenta por el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que su intención es ser el candidato en las próximas elecciones generales. A pesar de los titulares, en el partido no hay ahora mismo ningún dirigente que tenga la fuerza para poder ganar al actual presidente en unas primarias. 

En el PSOE siguen a la espera de que se haga público el sumario sobre el caso Leire Díez para analizar la situación y meditar la posibilidad de tomar alguna decisión interna respecto a las personas citadas en el auto por el juez Santiago Pedraz. Y Sánchez ya ha pedido comparecer en el Congreso, aunque no lo hará hasta después del 19 de junio, cuando vuelva del Consejo Europeo.

Desde las filas socialistas se sigue insistiendo en las “casualidades” que se están produciendo a nivel jurídico, político y mediático. La idea que trasladan desde Ferraz, como subrayó Mínguez ante los periodistas, pasa por esta línea: “No tenemos miedo a la justicia. Es la segunda vez que viene la UCO a Ferraz y aquí no encontró lo que sí encontró en Génova”.

Además, en el PSOE están muy atentos estos días a los movimientos que se puedan dar en el Congreso. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, insistió en su presión a Junts y el PNV con la posibilidad de apoyar un cambio de Gobierno en el que no esté Vox, que pueda servir para convocar elecciones anticipadas. Los socialistas lanzaron guiños a estos dos partidos trasladando que España crece y crea más puestos de trabajo que ningún otro país europeo gracias “al impulso” del Ejecutivo y “al apoyo de los socios de investidura”.

Sánchez vive este octavo aniversario presidiendo precisamente el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. En esta mesa solo quedan tres ministros de su primer Ejecutivo: Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación).

El primero de ellos es ya el ministro del Interior más longevo en la actual etapa democrática. Y Robles y Planas están a punto de convertirse en los que más tiempo han pilotado sus respectivos departamentos, aunque todavía les ganan en duración Narcís Serra y Carlos Romero (que estuvieron ocho años y tres meses en el Gobierno de Felipe González). Además, Sánchez trabaja en estos momentos para lograr que el ministro de Agricultura se haga con la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Sánchez cumple ocho años dirigiendo el país desde La Moncloa. Y aspira a seguir tras las elecciones de 2027. En permanente escritura de su Manual de resistencia. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado este miércoles en el Congreso que su departamento realizará una evaluación o inspección "extraordinaria" de los protocolos de acoso y agresión sexual en el seno de la Policía Nacional para determinar qué falló para que la víctima denunciante del ex número dos del cuerpo renunciara a las vías internas.

"Se trata de una medida extraordinaria. Es evidente que algo falló", ha señalado el ministro después de que los grupos de la comisión de Interior —excepto PNV, Sumar y Junts, que no ha asistido—, le instaran a dar cuenta no solo del asunto objeto de la cita —la implementación de la baliza V-16—, sino también sobre la renuncia del comisario principal José Ángel González tras ser denunciado por una agresión sexual por parte de una subordinada.

PP, Vox y UPN le han pedido la dimisión ante el ataque "más grave" a la Policía, según el portavoz popular Ángel Ibáñez, que le ha reprochado al ministro "estar oculto" en esta grave crisis, en tanto que Ignacio Gil Lázaro, de Vox, le ha invitado a dejar el cargo "de inmediato" en el "Ministerio de los escándalos", en el que "huele a podrido".

Con menor beligerancia pero sí con contundencia desde ERC Francesc-Marc Álvaro le ha pedido "hablar del tema" que afecta a la "credibilidad" de la Policía y pone en cuestión los sistemas de control sobre los comportamientos de sus altos mandos, en tanto que Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha insistido en que, pese a que la V-16 era el motivo de la comparecencia, los portavoces le urgían respuestas sobre la denuncia al exDAO.

El ministro, que estaba preparado para dar explicaciones, ha usado más de cinco minutos para leer buena parte de las "tres reflexiones" que llevaba escritas sobre las consecuencias de la denuncia de agresión sexual de una inspectora contra el exmáximo responsable uniformado de la Policía Nacional.

Ha defendido que existen revisiones de esos protocolos —existen en la Policía desde 2022— pero que ante la gravedad de los hechos, la Secretaría de Estado de Seguridad realizará esta "evaluación extraordinaria" con la intención de determinar "por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió".

"Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera", ha zanjado antes de apostillar: "Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual o de otro tipo".

"Lo que la víctima ha denunciado es simplemente gravísimo", ha continuado el titular del Interior, que ha reiterado que nada más tener conocimiento de la admisión a trámite de la querella —un juzgado ha citado a denunciado y mujer el próximo 17 de marzo— pidió en menos de dos horas la renuncia del comisario ya jubilado Jota, como así era apodado.

Marlaska ha defendido la actuación de su departamento porque dio un "cortísimo" espacio de tiempo al alto mando para que asumiera su responsabilidad y dimitiera. "Si él no asumía inmediatamente la responsabilidad, sabía que era cesado inmediatamente".

Respecto a la denunciante, el ministro ha subrayado que es consciente del "dolor" que estos graves hechos le han ocasionado y le están ocasionado y que ella sabe que "de primera mano que me tiene a mí, a todo el Ministerio del Interior y a toda la Policía Nacional a su disposición en todo que pueda necesitar".

También ha sido contundente sobre los hechos "gravísimos" que figuran en la querella y ha mostrado su confianza plena en que la justicia depure "con toda firmeza" las responsabilidades que puedan corresponder al culpable de la agresión. "Lo que no puedo tolerar", ha enfatizado, es que se pueda usar este suceso para "denigrar" la reputación de la Policía o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o que se trate de presentarlas como cuerpos "donde los agresores sexuales actúan con impunidad, porque simplemente no es cierto".

Marlaska también ha querido recordar que la razón por la que se prorrogó la jubilación del DAO en diciembre de 2024 tenia como única finalidad equiparar esta situación a la que desde hace años existía con el máximo mando de la Guardia Civil, en ningún caso para "proteger indefinidamente a nadie".

Ha aclarado también que el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del exDAO y destituido de sus funciones hace una semana por presionar supuestamente a la víctima para que no denunciara, ha sido destinado en la Comisaría General de Policía Científica porque, por el momento, no ha sido expedientado ni, por lo tanto, expulsado del cuerpo.

Hay palabras que provocan el efecto que definen y una de ellas fue la elegida por el lenguaraz Miguel Tellado el miércoles dirigiéndose al ministro Marlaska, apenas 12 horas después de que se conociera la grave acusación por agresión sexual y otros delitos formulada por una agente de la Policía Nacional contra el número dos del Cuerpo. No hay ni una palabra de desperdicio: “Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Tapando una presunta agresión sexual, una violación. Vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial”.

Náusea es lo que provocó la escena en la que los diputados del PP aporreaban como adolescentes consentidos las nobles maderas de sus escaños, al ritmo de la cantinela “¡di-mi-sión!”, tras la intervención de Tellado y de la diputada Mirian Guardiola (“mezquino”, “miserable”, “cobarde”, le llamó la señora al ministro). Los socialistas con sus aplausos lograron callar el griterío de la bancada de los conservadores al cabo de un minuto y cincuenta segundos de algarada.

La náusea no es ya solo porque el PP haya defendido a sus alcaldes de Móstoles y de Algeciras frente a acusaciones similares de subordinadas, a las que los directivos del PP han desacreditado sin pudor para mantener a los machotes en sus puestos, sino que pueda acusarse a Marlaska de un delito tan grave como encubrir una violación. Esos diputados y diputadas emulando a los primates con sus golpes saben de sobra que Marlaska jamás encubriría una violación y menos aún la de un subordinado. ¿Qué sentido habría de tener? En un honesto y arriesgado compromiso, antes de la bronca macarra de los populares, el ministro se había comprometido a dimitir si la víctima de la presunta agresión se hubiera sentido desprotegida en algún momento. A los del PP les da igual. Náusea es lo que se siente al ver ese comportamiento de quienes gobernaron España quince años y no tomaron ni una sola iniciativa, ni una, para reforzar la protección de las mujeres contra la violencia de género, ni para fomentar la igualdad ni para luchar contra el machismo. Abruma la comparación de la hoja de servicios de esta gente con la del ministro Marlaska, un histórico luchador por los derechos de las mujeres y las minorías, como político y como juez.

Pero no son idiotas estos señores y señoras del PP. Aunque solo haya sido por seguidismo de Vox, aciertan al tratar de meter a la izquierda en la trampa del velo. Es este un asunto, la prohibición del burka, en el que la derecha europea ha jugado con maestría con sus principios morales y que nos permite observar el juego no siempre claro y unívoco, sino a menudo contradictorio, de nuestros valores y nuestras emociones. La prohibición del velo integral suscita el apoyo cerrado de los conservadores y de hecho han sido ellos quienes han liderado las iniciativas restrictivas.

La inspectora que ha denunciado haber sufrido una agresión sexual por parte del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha aceptado protección policial tras el ofrecimiento realizado por la actual número dos del Cuerpo en funciones, Gemma Barroso, según recoge EFE. 

Fuentes del Ministerio del Interior informan a EFE de que la comisaria Barroso, subdirectora de Recursos Humanos y que ha asumido temporalmente el puesto de DAO tras la salida de González, ha hablado en la mañana de este jueves con la inspectora para hacerle este ofrecimiento.

Esta agente se querelló a principios de enero contra quien fuese número dos de la Policía desde 2018 por presunta agresión sexual en abril de 2025, a la que siguieron, según denuncia, coacciones para que ella no acudiese a la Justicia. 

Según la querella, que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Madrid, en julio y tras sufrir "acoso telefónico" y recibir llamadas y mensajes "intimidatorios y culpabilizadores", la inspectora comunicó a la comisaria Barroso, en calidad de subdirectora de Recursos Humanos, que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental.

Se puso a su disposición un equipo de apoyo psicosocial, que le está prestando asistencia mientras se encuentra de baja laboral con el armamento retirado.

González está citado el próximo 17 de marzo en calidad de querellado ante el juzgado que lleva el caso.

Precisamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está recibiendo presiones para que dimita por parte de la oposición. Algo que él no piensa hacer a no ser que la víctima denunciante no se haya sentido protegida o entienda que él ha fallado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska tras la salida del número dos de la Policía Nacional, idea que ha rechazado el propio ministro asegurando que solo renunciará si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

El PP sostiene que el ministro encubrió la agresión para proteger al ex DAO. "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", apuntó Tellado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Un nuevo caso de supuesta agresión sexual ha implosionado de lleno en la sociedad española. Y el acusado es José Ángel González, hasta ahora número dos de la Policía Nacional, lo que ha dejado en shock tanto al cuerpo de seguridad como al Gobierno, mientras que la oposición trata de utilizar la denuncia, de nuevo, contra la coalición frente a su actitud con otros episodios relacionados con el PP como las denuncias contra los alcaldes conservadores de Móstoles (Madrid) y de Algeciras (Cádiz).

El Partido Popular especialmente trata de poner ahora contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asegura que no se enteró de este episodio hasta el martes, cuando el director adjunto operativo (DAO) y uno de sus hombres de confianza en la Policía fue citado por la justicia al admitirse una querella presentada por una subordinada con unos gravísimos hechos denunciados de agresión sexual.

Tanto Marlaska como fuentes del Palacio de la Moncloa insisten en que no sabían nada de esa denuncia y condenan lo sucedido, poniendo énfasis en que le dan credibilidad a la denuncia presentada por la mujer. Y defienden que el Ejecutivo actuó en apenas dos horas apartando de ese puesto a González, además de suspender a Óscar San Juan, persona de confianza del DAO que, según la denuncia, coaccionó a la denunciante para que no se querellara.

"Evidentemente y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional, no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata", resaltó Grande-Marlaska en los pasillos del Congreso, donde también dijo durante la sesión de control al Gobierno que sólo dimitirá si la víctima denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él ha fallado.

El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, explicó también este mismo miércoles que no se informó hasta el martes al Ministerio del Interior porque se ha querido llevar “con la máxima discreción”: “Este asunto ha entrado directamente al juzgado y no fue hasta ayer [por el martes], con la admisión de la querella, cuando mi clienta habla directamente con la subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso".

El acusado, en sus primeras declaraciones tras estallar el caso, afirmó que fue él quien se apartó del cargo: "En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones”.

Pero la oposición quiere que caiga la cabeza de Marlaska, al que pidió su marcha entre gritos de “dimisión, dimisión” y aporreos de la bancada en el Congreso. En Moncloa el apoyo es total al titular de Interior, al que respaldó personalmente el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa en India, donde se encuentra de viaje oficial. Desde allí indicó que el Ejecutivo había actuado con “contundencia y con coherencia”.

La actitud del Partido Popular y sus acusaciones sin pruebas de que Marlaska ha encubierto el caso han provocado una total indignación en Moncloa: “Nos enteramos por la prensa. El PP no puede ser más hipócrita ni ensuciar más la política. El ministro dice la verdad, no damos crédito a que se ponga en duda. Hubiésemos actuado antes si lo hubiéramos sabido. Es una vergüenza lo que está haciendo el PP”.

Fuentes del Ejecutivo subrayan que la noticia es “tremenda”: “Hay un problema estructural en la sociedad. Hay hombres que no respetan los derechos humanos. Pero para luchar contra esto lo mejor es que esté el Gobierno actual frente a los que niegan la violencia de género y los que los apoyan”.

Como señala un miembro del Gobierno y parte del núcleo duro de Sánchez: “Es increíble cuando te enteras de la noticia, no das crédito. No sabíamos nada y hay confianza total en Marlaska. Cuando vio la querella, lo echó fuera. No se lo pensó ni un minuto. Le damos credibilidad a la denunciante”. Y hace este análisis sobre el contexto político y la dura sesión de control: “El Partido Popular está en el barro. El clima en el Congreso es irrespirable. Pero llevan así toda la legislatura y no van a cambiar, están echados al monte”. Para añadir: “Marlaska está impresionado, dolido… pero muy seguro de la decisión que ha tomado”.

El Partido Popular acusa al ministro de “encubrimiento” y se ha tirado en bloque contra el Gobierno. La ofensiva de los populares se contradice totalmente con la estrategia seguida por Génova 13 y el PP de Madrid respecto a las acusaciones de una exconcejala contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Un caso en el que los populares no sólo no han movido ninguna ficha, sino que han puesto en el centro a la víctima sembrando de dudas su relato después de que se conociera que el partido no llegó a investigar el asunto a pesar de las peticiones de auxilio de la denunciante a dirigentes como Ana Millán y Alfonso Serrano, manos derechas de Isabel Díaz Ayuso.

Génova 13 ha diseñado, además, una ofensiva parlamentaria para poner en el foco a Marlaska durante las próximas semanas, empezando por una solicitud de comparecencia en la comisión de Interior. Asimismo, los populares quieren que pasen por la Cámara Baja el director general de la Policía, Francisco Pardo, y la subdirectora de Recursos Humanos (a la que quieren preguntar si tuvo comunicaciones con sus superiores jerárquicos y si activó los protocolos contra el acoso). Los populares, en cambio, no tienen ni siquiera un canal específico de denuncias contra acoso en su partido.

El grupo parlamentario popular también ha registrado dos proposiciones no de ley, tanto para su debate en el Pleno como en la Comisión de Interior, para intentar que el Congreso exija al Gobierno la dimisión del titular de Interior. En este sentido, se ha tramitado una batería de preguntas por parte del PP para saber, entre otras cosas, “desde qué fecha concreta tuvo conocimiento el Ministerio del Interior de los hechos presuntamente delictivos o qué otros mandos policiales supieron lo ocurrido y no hicieron nada para proteger a la víctima”.

Los populares quieren explotar este asunto, como ya hicieron con Francisco Salazar, a pesar de que no aplican la misma vara de medir con sus supuestos casos. Y detrás está la estrategia de ganar espacio en el electorado femenino, que será determinante en las próximas elecciones y que ahora mismo tiene un alto grado de indecisión (más del 17% de mujeres no sabe qué papeleta cogerá en las elecciones generales).

Muestra de esta estrategia son las declaraciones a lo largo de todo el miércoles del número dos de los populares, Miguel Tellado, que llegó a decir sobre Marlaska en el Congreso: "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial".

El ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que en su departamento desconocían hasta ayer los "graves" hechos denunciados sobre un presunta agresión sexual cometida por el número dos de la Policía José Ángel González a una compañera subordinada, según informa EFE.

"De haber tenido el mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, le hubiera pedido su renuncia", ha dejado claro el ministro en declaraciones en los pasillos del Congreso, donde ha sostenido que la prueba de que ni en el ministerio ni en la dirección general de la Policía sabían de estos hechos es que nada más conocerlos ayer se actuó "de inmediato".

Marlaska ha avanzado que, tras analizar la querella completa y después de la dimisión de González, también ha sido suspendido el comisario Óscar San Juan, persona de máxima confianza del Director Adjunto Operativo (DAO) y que según la denuncia coaccionó a la denunciante.

"Evidentemente", ha añadido el ministro, una vez analizada la querella y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata.

A preguntas reiteradas de los periodistas acerca si en Interior se conocía esta denuncia, Marlaska ha enfatizado: "Desde luego creo que me conocéis y ha habido alguna otra cuestión en la que se ha actuado, no nos duele ninguna decisión inmediata ante hechos de gravedad y esto evidentemente es de una gravedad manifiesta que en modo algo alguno relativizar".

"Ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima", ha defendido antes de instar a no instrumentalizar políticamente los hechos.

El juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid ha citado a declarar el próximo 17 de marzo al ya exnúmero dos de la Policía después de incoar diligencias previas y admitir a trámite una querella en una resolución en la que el magistrado afirma que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Según informó ayer el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, también citada el 17 de marzo, la resolución del magistrado pide investigar también presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental". 

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska tras la salida del número dos de la Policía Nacional, idea que ha rechazado el propio ministro asegurando que solo renunciará si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

"Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", ha apuntado Tellado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

En una pregunta a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, Tellado ha acusado al Gobierno de ser unos "encubridores" de "presuntos delincuentes" y de pudrir "todo lo que tocan".

"Feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial", ha afirmado el número dos de Alberto Núñez Feijóo.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha sido la primera en intervenir y ha centrado también su pregunta en la dimisión de González. "Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz y no por lo que ha hecho", ha apuntado.

El Gobierno ha defendido la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que se enteraron de estos hechos ayer, cuando fue publicado en los medios de comunicación, y han aseverado que si lo hubieran sabido antes habrían actuado contra el dimitido número dos de la Policía, que, han subrayado, no es un cargo del PSOE ni del Gobierno.

Han defendido además que el ministerio del Interior tardó una hora y media en pedir el cese a González y han criticado la "hipocresía" del PP por pedir la dimisión de Marlaska, mientras no toma medidas contra los populares que también están denunciados por presunto acoso.

Las mismas fuentes han negado también que este caso pueda generar una crisis de Gobierno con Sumar ya que la formación de Yolanda Díaz es un partido de Estado, según han añadido, y frente a estos hechos el Ejecutivo seguirá luchando para acabar con la violencia de género.

Por su parte, el ex director adjunto operativo ha afirmado este miércoles que renunció al cargo "automáticamente" cuando conoció la querella para proteger el "buen nombre" del cuerpo.

En unas breves declaraciones a Antena 3, el hasta ayer 'número dos' de la Policía ha recalcado que fue él quien renunció antes de que el Ministerio del Interior ordenase su cese.

"En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones", ha afirmado el comisario.

La Guardia Civil ha terminado la inspección del lugar donde ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha entregado ya un primer atestado al juzgado, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa, informa EFE.

El titular de Interior ha dicho también que una vez terminada la inspección, el instituto armado custodia todos los elementos localizados en el lugar que puedan resultar de interés para la investigación de las causas del accidente, de la que se ocupa el juzgado de Montoro.

El número de muertos asciende ya a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado este jueves otros dos cadáveres, que han aparecido debajo del tren Alvia.

Se trata de los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

Hay 43 personas ya con autopsias practicadas e identificadas: 22 mujeres y 21 hombres, uno de ellos menor. 40 de ellos son españoles, así como una rusa, una alemana y una marroquí.

Tanto el ministro como el coronel han explicado que la Guardia Civil recibió aviso del accidente a las 19.47 horas y a las 20.00 horas llegó al lugar la primera patrulla de la Guardia Civil. Fuentes del Ministerio del Interior han precisado que los primeros agentes visualizaron el Alvia a las 20.15 horas.

"La Guardia Civil se trasladó inmediatamente", ha subrayado Marlaska, quien ha recalcado que la reacción del instituto armado y del resto de servicios públicos tuvo una "inmediatez que es propia de una sociedad avanzada como es la nuestra y dotada de un servicio público absolutamente ejemplar".

Los primeros agentes que llegaron se dedicaron a la atención y socorro a las víctimas y activaron el resto de los medios al apreciar "la entidad de la tragedia". Según fueron llegando los demás servicios sanitarios y de emergencias, aseguraron el lugar y habilitaron el paso a esos servicios, además de colaborar en la evacuación de heridos.

El coronel ha explicado que se ha puesto a disposición de la autoridad judicial un primer informe preliminar, que incluye más de 2.500 fotografías aéreas y terrestres de la zona del accidente.

Ha detallado que la inspección ocular realizada se ha dividido en cuatro fases: el recorrido previo del tren Iryo antes de la colisión, los vagones de este primer tren, el espacio que se encuentra entre los dos trenes y los cuatro vagones del Alvia que habían descarrilado.

Las primeras diligencias también comprenden las cajas negras de los trenes, que han sido entregadas por parte de la Unidad de Policía Judicial a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la cual es la que dispone de los mejores medios para proceder a su apertura, ha precisado el coronel.

Sin embargo, esta apertura se llevará a cabo en Madrid con miembros de la Unidad Orgánica y, tras los volcados, se hará una copia que quedará a disposición de la Guardia Civil.

A preguntas de los periodistas, el coronel ha señalado que se ha tomado declaración al maquinista del Iryo, a varios tripulantes y a determinados viajeros, sin perjuicio de que más adelante, en el transcurso de las investigaciones, se interrogue a más personas, y ha negado poder ofrecer detalles sobre su contenido debido a su carácter reservado.

El coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha detallado el despliegue de efectivos de la Guardia Civil que han intervenido en el accidente, un total de 976: 240 agentes de Seguridad Ciudadana, 239 de la Agrupación de Tráfico, 214 de la Unidad de Reserva, 223 especialistas de la Policía Judicial y 60 de apoyo procedentes de órganos centrales. 

El Gobierno defiende la independencia y la profesionalidad de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), sobre la que cree que no caben dudas, informa EFE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "no hay ninguna duda" de la independencia funcional de la CIAF, porque la propia norma reguladora así lo establece y por el funcionamiento demostrado en los últimos años.

Desde 2007, ha dicho el ministro, la CIAF lleva analizando expedientes, en concreto de 270 siniestros, y "nunca ha habido ninguna duda" de la profesionalidad, el carácter técnico y la finalidad, que es la determinación de las causas de los accidentes para evitar a futuro otros incidentes.

La CIAF es un órgano colegiado, formado por un presidente, Ignacio Barrón, y cinco vocales, de los que tres son ingenieros (de caminos, canales y puertos e industrial y de telecomunicaciones, expertos en infraestructura ferroviaria, material rodante y señalización y comunicaciones). Otro más es experto en seguridad y circulación ferroviaria y un quinto en explotación de los servicios ferroviarios.

Está adscrito a la subsecretaría del Ministerio de Transportes, pero trabaja en independencia funcional. En su web, este órgano colegiado expone que es independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria respecto de los administradores de la infraestructura, de las empresas ferroviarias, o de cualquier organismo interesado.

Grande-Marlaska ha asegurado también, categórico, que nunca se ha manejado la opción del sabotaje como causa del descarrilamiento del tren de Iryo con el que 20 segundos después chocó el Alvia de Renfe.

El Ministerio del Interior ha nombrado al coronel Pedro Merino Castro nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), han informado a EFE fuentes del instituto armado, según informa EFE.

El nuevo jefe de la UCO ya ha trabajado en esta unidad, además de formar parte de la seguridad de Casa Real, del Departamento de Seguridad Nacional, de la Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil y de ser jefe de la Comandancia de Salamanca. 

Merino Castro, propuesto por la directora del cuerpo, Mercedes González, toma el relevo Rafael Yuste tras su ascenso a general de brigada.

Yuste dirigió la UCO de desde junio de 2023, una etapa marcada por las investigaciones de esa unidad como las del caso Koldo o el de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

La UCO también sigue actualmente la investigación sobre una presunta trama de corrupción con mordidas de contratos en la diputación de Almería y ha estado detrás de las pesquisas ordenadas por el Tribunal Supremo en torno al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, juzgado hace un mes y que ha sido condenado por revelación de datos reservados.