"Hay una generación que no está pudiendo reunir patrimonio por la vivienda y eso redundará en desigualdad de oportunidades en el futuro", explicaba el sociólogo Jorge Galindo en una entrevista con infoLibre. El problema de la vivienda tiene en su epicentro a los jóvenes que, pagando alquileres altísimos, no pueden reunir dinero para la entrada de una hipoteca, pero los datos también apuntan a que sus ascendientes —ya sean madres, padres o familiares en general— cada vez juegan un papel más determinante a la hora de amortiguar esta crisis. Además, estas familias que prestan dinero o legan una casa a sus descendientes no son necesariamente ricas y muchas de ellas se ven arrastradas a un sobresfuerzo económico.

Tal es el peso del patrimonio familiar en el acceso a la vivienda que hasta se ha acuñado un término para referirse al momento en el que las generaciones más jóvenes (que viven de alquiler) hereden las casas en propiedad de sus ascendientes: "la gran herencia". Pero muchos expertos coinciden en que una vivienda en propiedad tampoco sirve como salvoconducto en esta crisis inmobiliaria.

"Cuando decimos que se está rompiendo la sociedad de propietarios, estamos señalando que los mecanismos de incorporación a la propiedad están fallando", explica Marta Ill, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA). Y aquí, explica, hay que separar a los multipropietarios de aquellas personas que solo poseen la vivienda en la que habitan. "Para esas personas que solo poseen su casa en propiedad, el hecho de que sus viviendas ahora valgan mucho más que cuando las compraron no les soluciona nada. Tú no puedes vender la casa en la que vives para que tu hijo acceda a una". Quienes sí sacan partido de este mercado, insiste, son quienes tienen propiedades sobrantes. "A las personas que tienen que arriesgar su propia vivienda para ayudar a sus hijos a acceder a una no les hace tanta ilusión que la vivienda cueste cada vez más dinero", concluye. Y si además tienen que ayudar a sus hijos, la crisis inmobiliaria también les alcanza.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) advertía este mes de febrero que solo el 15% de las personas menores de 29 años vivían fuera del hogar familiar en la segunda mitad de 2025, el peor dato en ese periodo desde 2006. “El coste mediano del alquiler roza los 1.080 euros mensuales, obligando a dedicar más del 90% del salario si se pretende vivir en solitario”, señala un estudio del Observatorio de Emancipación del CJE. Los sueldos no bastan.

El importe desbocado de los alquileres se come las rentas de los jóvenes y esto también tiene efecto en la composición de su futuro patrimonio porque impide ahorrar y les condena a permanecer en un mercado del alquiler desbocado e inestable. Pero además, hay datos que señalan que esta espiral involucra también al resto de generaciones. Las donaciones entre padres e hijos se han disparado un 13% en 2025, hasta las 225.317 operaciones. Es una cifra récord en la serie que ofrece el Consejo General del Notariado. La portavoz de la entidad, María Teresa Barea, señalaba entonces que muchas de estas donaciones eran de dinero líquido y el perfil de quienes lo recibieron era una persona joven, de hasta 35 años, que recibía cantidades entre 15.000 y 40.000 euros de sus ascendientes. No se trata de altísimas cantidades, lo que señala que el grueso de las donaciones procede de familias de clase media, corroboraba Barea.

Este organismo también señala que a lo largo de 2025 solo una de cada diez compraventas de vivienda (9,6%) correspondieron a jóvenes de entre 18 y 30 años. El grueso de las compras correspondió al corte de edad entre 41 y 50 años, que realizaron el 26,5% de las operaciones. Pero hay un dato más demoledor: a los 36 años, el porcentaje de vivienda en propiedad para la generación nacida entre 1966 y 1975 (51 a 60 años) superaba el 70%. Ese porcentaje se desploma hasta el 45% cuando se miran los datos de la generación nacida entre 1986 y 1995, según el Banco de España.

"En las generaciones anteriores, el acceso a la vivienda giraba en torno a la estabilidad de su trayectoria laboral. Eso era lo que condicionaba tus posibilidades", explica Miguel Artola, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. "Antes la gente también recibía herencias; lo que ocurre ahora es que el precio de la vivienda es cada vez más elevado, los salarios tienden a crecer poco y, por lo tanto, ese componente de herencia era proporcionalmente menos importante de lo que es hoy", explica. Es decir, ante la impotencia de los salarios, se utiliza la renta familiar para tapar esa brecha creciente cuando es posible. Y así, la onda expansiva de la crisis de vivienda salta de una generación a otra.

Un estudio conjunto de Fedea —Fundación de Estudios de Economía Aplicada— y Mapfre con datos de 2022 señala que las transferencias internas entre miembros de un mismo hogar alcanzan los 130.000 millones de euros anuales y "fluyen desde los adultos y los seniors hacia niños y jóvenes para financiar su consumo hasta su incorporación plena al mercado laboral", recoge el informe. De ese total, 103.000 millones proceden del grupo de 30 a 54 años y cerca de 27.000 millones del colectivo de 55 o más. Además, cuando se observa la edad hasta la que se producen estas transferencias, el análisis de Fedea apunta que en España no dejamos de recibir dinero hasta los 30 años, un dato que casa con la cifra de emancipación nacional: 30 años, frente a los 26 de media de la Unión Europea.

Con unos precios de vivienda que han firmado la tasa de crecimiento más alta desde 2007 —un incremento del 12,7% en 2025—, la relevancia de estas transferencias gana peso, sobre todo cuando se requiere una entrada para comprar una casa en un contexto económico adverso para el ahorro.

Las donaciones, préstamos o cesiones de viviendas de quienes tienen capacidad para hacerlo hacia sus descendientes son salvavidas para algunos, pero cuando la familia no tiene capacidad económica y tampoco hay una vivienda que heredar, la brecha de desigualdad se reproduce más allá del ámbito inmobiliario.

Lo explica el economista Javier Soria, director de Laboratorio de Oportunidades y doctorando en Paris School of Economics. "Ahora, cuando los precios están más desbocados, las donaciones se vuelven un vector de desigualdad más importante de lo que son en tiempos normales, porque sabemos que hay muchos jóvenes que sí podrían pagar una hipoteca, pero no pueden ahorrar para una entrada", explica. Y aquí el factor de renta familiar es clave "porque una donación te soluciona eso", concluye. Si no dispones de ella, solo queda el alquiler.

"Lo que muestran los datos es que aquellos que han recibido una donación han accedido a una vivienda mejor y, además, se han endeudado menos. Eso cambia el patrón de acumulación de riqueza porque te permite comprar más joven, terminar antes de pagar y, además, tener una vivienda mejor", señala Soria. Si en vez de una donación, lo que se recibe es una herencia, esta suele llegar mucho más tarde, pero "la verdadera brecha que va a crecer en los próximos años es la de quienes no tienen ninguna de estas posibilidades", concluye. Otro economista, Iván Auciello, coincide en el análisis: "Quienes tengan estas facilidades o este apoyo económico tendrán más capacidad para generar ahorro porque en esos casos se elimina un gran factor de gasto como es el alquiler".

Incluso el Banco de España ha llegado a advertir que los límites de esta crisis de vivienda pueden derivar en un problema mucho más grande. “Los desequilibrios en el mercado de la vivienda, que aún están lejos de reducirse de forma significativa a corto plazo, tienen la capacidad de convertirse en un evidente cuello de botella para la economía española”, advertía el organismo en su último informe anual, relativo a 2024. En su análisis señalaban que las ratios de esfuerzo por el mercado inmobiliario de quienes menos ganaban se estaban ampliando y amenazaba también con afectar los datos de demanda interna de los hogares, uno de los motores de crecimiento económico en 2025.

El augurio de desigualdad al que alude el sociólogo Jorge Galindo y con el que comienza este artículo es, también para los economistas, una senda por la que, si nada cambia, seguimos avanzando. "A medio plazo, lo que veremos es un crecimiento de la población inquilina sobre todo entre quienes ya vienen de familias inquilinas", concluye Marta Ill.

La desigualdad está pasando de ser un debate macroeconómico y una de las principales preocupaciones de los ciudadanos que no llegan a fin de mes, a ocupar un papel creciente en la política. Este viernes la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid acogió el seminario “Desigualdad: es hora de actuar”, que clausuró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su comparecencia, el presidente anunció la creación de un grupo de trabajo centrado en investigar sobre desigualdad con el fin de “diseñar políticas públicas” que anticipen estas dinámicas.

En el equipo confluirán expertos del CSIC, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina de Prospectiva y Estrategia del Gobierno. El "Estudio Generaciones del Futuro", que así se llamará, tendrá como objetivo entender las dinámicas de los hogares e identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades. 

"El 35% de la desigualdad de ingresos se explica por el origen familiar", señaló el presidente, quien se refirió a la "desconexión entre el crecimiento económico y las clases medias y trabajadores" como una "trituradora de salarios". "La economía crea valor, pero hay una parte que se captura antes de llegar a los hogares".

Sánchez inició su discurso de clausura describiendo, como lo hiciera Mariano Rajoy allá por 2008, la trayectoria vital de una joven ficticia de nombre Ana, que con 30 años y un trabajo estable, había llegado a esa posición después de estudiar en la pública y siendo hija de un padre que había vivido lo peor de la gran crisis de 2007. Un elogio a lo público, un reproche al “neoliberalismo” y, quizá, una pulla a la gestión de su predecesor en La Moncloa. “Las decisiones económicas conscientes son las que están detrás de estas situaciones”, señaló. Recogiendo, de paso, uno de los malestares sociales que más resuenan en este momento, como lo es el lastre de los precios y de la vivienda en el poder adquisitivo de los españoles. 

Sí reconoció el presidente “que queda muchísimo por hacer”, en referencia a una “creciente insatisfacción” ciudadana, pero poniendo en valor —como ya lo hiciera el ministro de Economía esta misma mañana— el comportamiento del empleo, la expansión económica y la política fiscal del Gobierno. “Educación, empleo y fiscalidad son las tres prioridades cuando hablamos de lucha contra la desigualdad”, subrayó.

Durante el acto Sánchez criticó también que las comunidades autónomas no aprovechasen las herramientas que da el Gobierno en materias como la vivienda, algo que según él, incrementa esa situación de malestar. “Desde el Gobierno hemos aumentado la transferencia a las comunidades en 300.000 millones de euros, pero si se mira la satisfacción de los ciudadanos sobre los servicios públicos, lo que se ve es una creciente insatisfacción que no es consistente con el aumento de transferencias”, señaló, a la vez que criticaba la gestión de la Comunidad de Madrid.

También hubo espacio para hablar de los salarios y de los beneficios empresariales. Como ya hiciera en el acto de firma del salario mínimo, pidió a las patronales una mayor implicación en la mejora de las condiciones laborales y criticó el papel de las grandes multinacionales y "oligarcas de la desigualdad", no sin cierta sorna, en el reparto de la riqueza global.

"Son oligarcas que lo que tratan es de consolidar un status quo de desigualdad que les va bien. Lo que queremos es que cumplan con sus obligaciones, que paguen sus impuestos y que paguen también más a sus trabajadores, porque les está yendo bien bajo este régimen comunista chavista que aparentemente vivimos desde hace siete años", concluía el presidente.

La apertura de la sesión corrió a cargo del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y contó con la intervención de los economistas Branko Milanovic y Gabriel Zucman. Este último es quien da nombre a la conocida como tasa Zucman, que pone el acento en la fiscalidad para lograr un reparto más equitativo de la riqueza gravando a los patrimonios más altos con un impuesto especial. Por su parte, Branko Milanovic impartió un seminario en el que habló, entre otras cosas, de la pérdida de poder adquisitivo en las clases medias de los países desarrollados y del crecimiento de economías emergentes como la de China o la de Indonesia. 

En su discurso Cuerpo reconoció también que “queda camino por recorrer” en lo relativo a la desigualdad pese a la expansión que vive la economía española. El responsable de economía ha puesto en valor circunstancias como la creación de empleo "de calidad", la reducción de la temporalidad o la mejora de la productividad por hora. Pero se puso como objetivo alcanzar una tasa de paro inferior al 8% como medio para paliar la desigualdad. 

"En muchos ámbitos apenas estamos recuperando la situación que existía previa a la crisis financiera, casi dos décadas después", insistió Cuerpo, quien puso como ejemplo el desempleo juvenil, que hoy está en el entorno del 23%, una tasa "demasiado elevada" pero diez puntos inferior a la de hace ocho años.

A los buenos datos de la macroeconomía se les viene atragantando el fenómeno de la desigualdad. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística daba algunas buenas noticias. En España el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha descendido una décima con respecto a 2024, hasta el 25,7%, el mejor dato desde 2008. Además, el volumen de personas en situación de carencia material y social severa se reduce desde del 9,1%, hasta el 8,5%. Sin embargo, pese a la mejora, hay un indicador que no tiende a la baja: el porcentaje de ciudadanos que no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos aumentó un 0,6%, hasta alcanzar al 36,4% de la población en 2025. 

Este equilibrio inestable es algo de lo que ya venían advirtiendo otros estudios como el IX Informe FOESSA Sobre Exclusión y desarrollo social, vinculado a Cáritas, que habla de una “contracción de la clase media”. En otro informe, en este caso de Oxfam, recogen que hasta “un 40% de las personas encuestadas no cuenta con margen para afrontar un gasto imprevisto superior a 600 euros”.

Un gasto inesperado que requiera de un desembolso extraordinario es la peor pesadilla de muchas familias de clase media y exacerba el riesgo de pobreza. Como se observa en el gráfico, la línea que representa a quienes no tienen capacidad de afrontar un imprevisto sube, mientras la de quienes tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes, baja.

La definición de clase media es muy difusa y, más que a parámetros económicos, tiende a hacer referencia a un colectivo dentro del que se identifican la mayoría de los españoles. Si lo definimos por el salario, la media en España en 2023 fue de 28.049 euros por trabajador, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada por el INE. Por otra parte, la mediana o salario más frecuente, se queda por debajo: en 15.574 euros brutos al año, un importe que aumentó un 8% con respecto a 2022 precisamente por la subida del SMI.

“Lo que estamos viendo es que la gente más vulnerable está mejorando un poco, aunque sin salir de la pobreza, pero los que están justo por encima están igual o peor que hace dos o tres años. De hecho, los ingresos salariales que más crecen son los del decil más bajo —por efecto de las subidas de SMI—, mientras que los deciles tres, cuatro y cinco son los que menos suben”, señala Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social y empleo en Oxfam Intermón. “Los sueldos que se regulan por convenio están subiendo, pero no tanto como el coste de la vida y eso lo que provoca es que empeore el indicador de pobreza sobrevenida”, explica.

“Todo indicador es relativo y, aunque es muy buena noticia que la tasa de pobreza mejore, este indicador hay cosas que no captura, como el hecho de que algunos bienes aumenten muchísimo su precio, como le ocurre a la vivienda”, explica la economista Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá. “Esto hace que el umbral de pobreza que estamos considerando no capte bien la subida de precios de la vivienda”. La profesora explica que si los bienes imprescindibles cambian mucho de precio —desde un alquiler hasta ir al dentista— el indicador se queda obsoleto y aunque la renta disponible de la gente aumente sobre el papel, puede haber personas en situación de pobreza porque esos bienes suben más. “Al dedicar mucho dinero a bienes que han incrementado el precio de manera brutal en poco tiempo, como la vivienda, eso hace que no quede demasiado para destinar a lo demás y por eso la dificultad para afrontar gastos sobrevenidos”, concluye.

Una avería en el coche, una derrama de la comunidad o una reforma en casa pueden suponer un problema muy serio. “Esta dualidad se da desde el momento en que se supera el umbral para recibir ayudas, pero el salario no es lo suficientemente alto y coloca a las personas en riesgo de sufrir carencias materiales”, coincide García-Gil.

Otro elemento a considerar es la forma en que se erosionan los ahorros, el famoso “colchón”. “Venimos observando desde hace unos años una pérdida de activos, como el ahorro en la cuenta corriente o en activos inmobiliarios, porque si no puedes comprar vivienda, no puedes acumular patrimonio”, explica Cantó. Esto se debe, abunda, a que la gente no está pudiendo afrontar cierto tipo de gastos y tira de sus ahorros para compensar la pérdida de poder adquisitivo. “Aunque yo tenga más ingresos que el año pasado, si se produce un shock puntual en mis cuentas, no puedo cubrirlo porque cada vez hay menos activos de los que tirar”. De nuevo, el resultado es una mayor inestabilidad económica y una mayor desigualdad de riqueza.

“Esta percepción de inseguridad económica es lo que creemos que está impulsando a muchas clases medias a votar opciones de extrema derecha que tratan de vender un discurso de estabilidad”, remarca la profesora. Porque lo que hacen es explotar el sentimiento de incertidumbre.

Hay muchos factores que erosionan el poder adquisitivo de las familias y vuelven más frágil su situación, pero la vivienda es determinante. Un estudio reciente elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), ha preguntado a los europeos si consideran que van a tener que abandonar su vivienda en los próximos tres meses por motivos económicos. Entre los 27 países, un 12,4% respondió afirmativamente, pero en España ese porcentaje se situó en el 19,4%. El quinto país que más incertidumbre les genera a los inquilinos, después de Grecia (29,2%), Eslovaquia (21,8%), Letonia (21,2%) y Bulgaria (20,8%). Además, apuntan que la situación es peor, recogen, si tu casero es un particular y si no existe un mediador de vivienda social.

Volviendo al terreno de las cuentas familiares, el INE también recoge una tendencia positiva en la evolución de la tasa de pobreza entre quienes viven en una vivienda protegida. Aunque en ese grupo un 40,5% está en riesgo, ese indicador ha descendido más de un 4% en dos años, mientras que quienes viven en pisos a precios de mercado han visto subir la tasa de riesgo desde un 31,8% el año pasado a un 32,6%. Si miramos las viviendas en propiedad, la tasa cae hasta el 14,5%. “Vemos que la tasa de pobreza y la tasa de riesgo de exclusión empeora entre la gente que vive de alquiler. Y de hecho empeora más en quienes viven en un piso a precio de mercado”, puntualiza el responsable de Oxfam.

De hecho, entre quienes menos ganan, el bocado de la vivienda a sus presupuestos es considerable. Revisando el INE, los hogares que menos pueden gastar dedicaron en 2024 el 60,2% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y a alimentos y bebidas no alcohólicas. De media, incluyendo todos los niveles de renta, el gasto en este ámbito se lleva el 32% del presupuesto total del hogar.

“El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza”, alerta el informe de Foessa. En sus estimaciones, los altos precios de los alquileres han supuesto que entre 2015 y 2023, alrededor del 45% de la población que vive bajo este régimen se encontrase en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la cifra más alta de la Unión Europea. 

“Aquí hay una cosa primordial, que es que hay que avanzar hacia un sistema de protección social más universal”, insiste García-Gil. “Hay medidas que sabemos que funcionan en otros países, como la prestación universal a la infancia; solo con que esto se aplicara, se resolvería parte del problema de las clases medias, que tendrían unos ingresos extra”. Y, en su opinión, se atenuaría también parte de ese descontento social que enfoca hacia la gente que recibe ayudas y que muchos grupos ultras quieren aprovechar en su favor.

Nunca fueron tan ricos. El informe anual de Oxfam Intermón Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios alerta, una vez más, de la concentración de riqueza en el mundo. Los milmillonarios tienen ahora un 81% más de fortuna que en 2020 y la riqueza conjunta, la suma de todas las riquezas individuales, se establece en 18,3 billones de dólares, la cifra más alta de la historia.

Este aumento de la riqueza contrasta con la situación de la gran mayoría de personas. En España, la fortuna de las 33 personas con más poder adquisitivo, todas milmillonarias, equivale a la del 39% de la población más pobre, casi 19 millones de personas. El estudio advierte de una “pérdida de poder adquisitivo” de la clase trabajadora ya que “en los diez primeros meses de 2025, los salarios habrían subido seis puntos menos que la inflación en ese mismo periodo”.

De 2024 a 2025, la riqueza de los milmillonarios españoles aumentó en casi 28.300 millones de euros, llegando así a los 197.500, máximo histórico. Estas cifras se complementan con que el 0,1% más rico supone el 10% de la riqueza total de España.

Según Franc Cortada, director de Oxfam Intermón “la gente no llega”. “El dinamismo económico favorece a las grandes fortunas, pero para millones de personas resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes o calentar su casa”, expresa Cortada que recuerda “la dificultad para acceder a una vivienda digna y asequible” en muchas familias españolas.

Otro dato sorprendente que ofrece el informe de Oxfam trata sobre quién controla los medios de comunicación. “Más de la mitad de las grandes empresas de medios del mundo y la totalidad de las principales plataformas de redes sociales” están financiadas y supervisadas por personas con una altísima capacidad monetaria.

Poniendo los ejemplos de The Washington Post, adquirido por Jeff Bezos, o la de la red social Twitter, después llamada X, por Elon Musk, el estudio señala que las personas con alto poder adquisitivo, además de comprar yates e “incluso democracias”, utilizan su dinero para “generar estado de opinión, influir sobre el debate público y cambiar el curso político”.

Además, Oxfam también habla sobre los discursos de odio. Según un estudio de la Universidad de California, desde que Musk es dueño de la red social X, los discursos de odio en ella “aumentaron en torno a un 50%”.

España también forma parte de la espiral ultra. Solamente en 2025, las redes sociales tuvieron que eliminar más de 700.000 mensajes de odio contra las personas migrantes, entre los que destacan insultos e incitaciones a la violencia física.

“Alarmante” es la palabra con la que se define el retroceso de las libertades civiles y los derechos políticos en el informe. Por decimonoveno año consecutivo, 2024 registró un deterioro en las democracias mundiales con mayores niveles de desigualdad y restricciones a la libertad de expresión en uno de cada cuatro países.

Es en estos países, los menos desarrollados democráticamente, en los que es más sencillo sufrir aún más retrocesos. Según Oxfam, “los países con mayores niveles de desigualdad tienen siete veces más probabilidades” de sufrir estos retrasos.

Para Cortada, es importante aclarar que “la pobreza genera hambre, pero la constante desafección política genera ira”. “Si nuestras sociedades se sienten hoy más divididas y fracturadas es porque efectivamente lo están”, añade el director de Oxfam Intermón.

Gobiernos como los de Trump o Milei refuerzan las cifras de la concentración de la riqueza con sus decisiones favorables a las élites. Además, también recortan derechos sociales y reprimen las manifestaciones populares. Desde Oxfam proponen una serie de medidas para paliar “el poder e influencia política de los superricos” y piden a los gobiernos “actuar con urgencia”. 

Algunas de ellas son “reforzar los cortafuegos entre la concentración de riqueza y la política” para frenar la influencia de lobbies y garantizar la independencia del sector de los medios de la comunicación o “garantizar el empoderamiento político de la sociedad civil y los sindicatos” para proteger las “libertades individuales de asociación, reunión y expresión”.

Sobre España, el informe recalca que debe continuar siendo un agente importante en Europa para “la construcción de compromisos concretos”. Pone como ejemplo el Consenso de Sevilla que, para Oxfam Intermón, “debe servir como base para avanzar en la cooperación fiscal internacional en la tributación de los superricos, combatir la desinformación y los discursos del odio, y reforzar la lucha  contra la desigualdad”.

Y como si lo que precede fuese poco, ayer volvieron de nuevo, en la emisión La ventana, de la Cadena Ser, sobre la deslealtad de las empresas chinas, en particular la de Shein. Desde hace ahora tres semanas, la patronal francesa se convirtió en el buque insignia de la campaña en contra de Shein, plataforma especializada esencialmente en la moda a bajos precios. La Comisión Europea comparte con Francia su preocupación, y como podemos constatar, la prensa española al servicio de la patronal y accionistas del textil, también.

Los argumentos son múltiples y variados. Cuando los promotores de la campaña afirman que el objetivo no es atacar a una marca concreta sino el de proclamar: “el precio no puede ser el único criterio, la calidad de vida de quienes producen, el impacto medioambiental y el fortalecimiento del tejido industrial europeo deben formar parte de la ecuación”, que se lo digan a los responsables de las deslocalizaciones de una gran parte de las empresas europeas.

Sin hablar de las supuestas prácticas engañosas por parte de Shein, lo que supondría que en España o en Francia no existirían. En cuanto al de la moda accesible, tendrán que explicarnos el fenómeno que consiste en vender una prenda nueva por 199,99€ y que en periodo de segundas rebajas se haga por la mitad de precio y a pesar de ello sigan sacando beneficio. La apoteosis del cinismo es cuando hablan de mejores condiciones laborales, puesto que, como decía más arriba, la mayoría de las marcas importantes fabrican en el continente asiático.

Si nos fiamos de lo que afirman la patronal y los medios a su servicio, las trabajadoras y trabajadores de Zara, Mango, Massimo Dutti perteneciente al grupo Inditex, de Desigual o el grupo Tendam en España, entre otras, deben de estar contentísimos. En cuanto a los verdaderos responsables de esta situación desastrosa, según ellos, serían los consumidores que optan por lo más barato. Si patronal en general y del textil en particular junto a los gobiernos no quieren que los consumidores busquen lo más barato, que decidan subir el salario mínimo por lo menos a 1799,99 euros, si es que tanto les cuesta subirlo a 1800.

La cábala antiChina se enmarca en la guerra comercial feroz llevada a cabo por los principales países capitalistas para que el vencedor de esa guerra pueda dominar económicamente el mundo. Mientras, sus trabajadoras y trabajadores son cada vez más explotados, sufriendo precariedad y pobreza. El proteccionismo ensalzado por el conjunto de los políticos no sirve para poner un término a dicha guerra comercial, al contrario, la aviva, con el peligro de que esta se convierta en una guerra a secas.

No nos equivoquemos, aquí no se trata de derechos humanos, del de los niños o asalariados, se trata de abanderarnos detrás de nuestra propia burguesía para defender sus intereses de clase, no los nuestros. Por muy patrióticos que se muestren, la única patria que los capitalistas defienden es el territorio circunscrito en sus cajas fuertes y su idioma la explotación de la clase trabajadora, bien sea española, francesa, china o bengalí…

A pesar de su patriotismo declarado, los industriales del textil no van ni ven más allá de la cantidad que poseen en sus arcas, lo único que les interesa de los consumidores es recuperar el poco dinero que tuvieron que darles como paga por su trabajo. Es más, si lo que entra en sus arcas no les satisface, no dudarán en llevarnos a una guerra contra China o cualquier otro que pueda hacerles competencia.

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Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre.

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó una décima en noviembre, hasta el 3% interanual, por el abaratamiento de la electricidad, mientras que la inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos, según informa EFE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,6%, una décima más que en el mes anterior.

La moderación del IPC se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024.

Entre los grupos con influencia positiva destacó el del ocio y cultura, cuya tasa anual se situó en el 1,2%, más de un punto por encima de la del mes anterior, por la menor bajada de los precios de los paquetes turísticos respecto a noviembre del año pasado.

También tiró al alza el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, debido principalmente al incremento de los precios de los aceites y grasas, que bajaron en noviembre de 2024, y a la mayor subida de los precios de la leche, el queso y los huevos.

La tasa general ha cambiado la tendencia y deja atrás cinco meses consecutivos de subidas (a excepción de agosto que se mantuvo estable), desde el mínimo de mayo (2%), mientras que la subyacente lleva cinco meses consecutivos al alza (a excepción de septiembre que no varió).

Los huevos son el elemento de la cesta de la compra que más subió en noviembre en tasa interanual, un 30%, seguidos de la carne de vacuno (18%), del café (17,3%), otros aceites comestibles (17%), del chocolate (14,5%) y del cacao y chocolate en polvo (12,4%).

También destacan las subidas de los despojos comestibles, un 8,3%; del pescado fresco o refrigerado, un 7,8%; de las frutas frescas, un 7,1%; de los frutos secos, un 6,8%; y de la carne de ovino y caprino, un 6,5%.

Por contra, el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 38,1% en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 57,7% y en tasa mensual ha subido por segundo mes consecutivo, un 2,6%, detalla el INE.

También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 7,5%; las patatas, un 3%; y la pizza y la quiche, un 1,7%.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la recogida de basura (30,3%), la joyería y bisutería (29,6%), el transporte combinado de pasajeros (26,7%) y la electricidad (11,9%).

En el extremo contrario, las mayores bajadas en noviembre las registraron los equipos audiovisuales, un 6,2%; los vuelos internacionales, un 5,3%; las cocinas, un 4,3%; y los juegos y aficiones, un 4%.

En comparación mensual, los precios de consumo en noviembre subieron un 0,2% respecto a octubre. Lo que más subió fueron los huevos (6,8%) y el transporte de pasajeros por mar (5,5%) y lo que más bajó, los hoteles, hostales, pensiones y alojamientos similares, un 10,6 %.

Los grupos con mayor repercusión mensual positiva fueron el del vestido y calzado, por el inicio de la temporada de invierno; el del transporte, debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales; y el de alimentos y bebidas no alcohólicas, por la subida de la leche, queso y huevos, y de la carne.

Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó el de hoteles, cafés y restaurantes, como consecuencia del descenso de los precios de los servicios de alojamiento.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en noviembre: las más elevadas en Madrid (3,7%) y Comunidad Valenciana (3,4%), y las más bajas, en Canarias (2,3%) y La Rioja (2,4%).

En noviembre, la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2%, la misma que la registrada en el mes anterior, y no hubo variación mensual.

La desigualdad es un problema cada día mayor en una España que atraviesa un proceso de disonancia entre los buenos datos macroeconómicos y un pesimismo creciente por parte de la ciudadanía. Tenemos una de las tasas de desigualdad más altas de todo el continente europeo con 4,3 millones de personas en situación de exclusión social severa, de acuerdo con Cáritas. Los factores más claros: la vivienda y el empleo precario. Para los analistas, el precio de los alquileres es "la trampa de la pobreza" en España, ya que su progresión no se detiene y cada vez se lleva un trozo más amplio de los ingresos de las familias.

Al menos así lo afirma el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Este informe ha sido elaborado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector. El estudio refleja un problema estructural en España y, como afirma Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, “España se encuentra en una encrucijada que define no solo su presente, sino el horizonte de posibilidades para las próximas décadas”. 

La cuenta es sencilla y sale de carrerilla. Si a un país con un índice de precios de vivienda disparado, le sumas una precariedad laboral que afecta a casi la mitad de la población activa (47,5%), el resultado es una población abocada a la marginalidad, con una tasa pobreza consistente de un 8% aproximadamente.

España, con su modelo de vivienda, promueve la adquisición en propiedad (sobre todo libre) como producto de inversión directa de los hogares. Con un parque de vivienda pública que ha supuesto apenas el 10% del construido en las últimas décadas, se ha provocado una gran dependencia del modelo de propiedad (75,5% de hogares en propiedad en 2021) lo que ha hecho que, a su vez, los precios de los alquileres también aumenten haciendo aún más inaccesible la vivienda, sobre todo para las clases más bajas. “La vivienda en España siempre ha sido un refugio de patrimonio y herencia y al final esto la convierte en un producto de inversión”, explica la abogada y experta en vivienda Alejandra Jacinto.

Los altos precios de los alquileres han supuesto que entre 2015 y 2023, aproximadamente el 45% de la población bajo este régimen se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la cifra más alta de la UE. Este problema se une al de un parque urbano infrautilizado, cuya cifra, según el informe, alcanza los 3,8 millones de viviendas vacías en España, lo que supone un 14,4% del total. Para Jacinto la única manera de abordar el problema es conseguir que se blinde como un derecho la posibilidad de tener un hogar, independientemente de si es en propiedad o de alquiler. “Creo que la clave está en poner el foco en la garantía del derecho y no en el régimen de tenencia, que es lo que no hacen desde las instituciones españolas”, concluye.

El primer grupo que sufre de esta desigualdad estructural son las mujeres. El secretario general de la Fundación FOESSA y coordinador del informe, Raúl Flores, señaló que las mujeres “asumen una doble e invisible carga: la parcialidad, la precariedad laboral y la brecha salarial fuera de casa, así como el trabajo de cuidados dentro” y que “la falta de corresponsabilidad real es un acelerador directo de la pobreza femenina”. 

Según estos datos, los hogares encabezados por mujeres han pasado de una tasa de exclusión del 17% en 2007 al 21% en 2024. Un factor que se agrava más en las familias monoparentales, donde ha pasado del 12% en 2007 al 29% en 2024. De hecho, del total de hogares excluidos en situación grave, casi la mitad están encabezados por mujeres (el 42%, más de 15 puntos porcentuales desde 2007).

Los inmigrantes, por su parte, sufren este problema de manera mucho más radical que las personas autóctonas y la situación administrativa se ha convertido un determinante potenciador de esta situación. Casi la mitad de la población de origen inmigrante se encuentra en exclusión (47,4%). Además, según el informe, el 68% de las personas extracomunitarias en situación irregular sufre exclusión, frente al 43% de quienes tienen permiso. 

Esta discriminación étnica se ha duplicado desde 2018, aunque desde la Fundación FOESSA admiten que “no es un problema inherente al origen, sino el resultado de barreras estructurales y políticas fallidas”. 

Más allá del cliché de que las generaciones venideras serán las primeras en vivir peor que sus padres, lo cierto es que los grandes perdedores de esta fractura social son los jóvenes.  2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentando tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos que duplican la media española. 

El informe refleja que este grupo accede a su primer empleo en peores condiciones y con salarios entre un 15% y un 30% inferiores a las generaciones anteriores. Los menores de edad también son unos de los más damnificados ya que un tercio se encuentra en exclusión severa en España. 

Todo esto se traduce no solo en desigualdad material, sino en problemas anímicos y de salud mental que además van de la mano con el auge de la extrema derecha y políticas neoliberales. Problemas, que según Cáritas, “paradójicamente no se está traduciendo en acción colectiva transformadora, sino en un repliegue individualista, en un «sálvese quien pueda» que resulta ineficaz y peligroso”. 

El nivel de aislamiento de las personas en exclusión severa se ha quintuplicado, pasando del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024. Pero desde Cáritas junto con la Fundación FOESSA mantienen la esperanza en que la situación cambie: “Necesitamos un cambio radical de paradigma civilizatorio, un nuevo pacto social basado en valores diferentes que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. No somos individuos aislados y autosuficientes. Dependemos los unos de los otros y dependemos de la naturaleza”, concluyó el coordinador del informe.

La economía española sigue demostrando tiempos de bonanza. El Ibex 35 ha alcanzado el 26 de octubre de 2025 un máximo histórico, 16.087 puntos, situando a la bolsa española como la tercera que más ha crecido a nivel mundial, un 38%. 

Por cierto, que la empresa que más se revaloriza es Indra, un 190%, debido a las expectativas de su sección de defensa, para que veamos por dónde van los tiros. 

Las compañías del Ibex distribuirán en 2025 más de 35.000 millones de euros en dividendos y superarán los 42.000 millones en 2026, un 31% más que los 32.200 millones abonados en 2024, según informa Cinco Días basándose en el consenso de Factset. 

El Banco de Santander ha anunciado el 29 de octubre un incremento de sus beneficios de un 11% respecto a 2024 (10.000 millones de euros). Sin embargo, algunos dicen que la economía va bien, pero que a los españoles les va mal. La afirmación es una verdad a medias; lo cierto es que a no pocos españoles les va bien o muy bien y a otros muchos les va mal o muy mal. 

Mientras se ponga el foco exclusivamente en los que sufren las consecuencias de una distribución desigual de la riqueza, se olvida y se oculta a los que sí se benefician de la buena marcha de la economía, muchas veces a costa de los otros.  

En 2024, las empresas españolas obtuvieron un resultado positivo antes de impuestos de 338.000 millones de euros. 

Las rentas de capital crecieron un 22,6% con respecto a 2023. Un total de 91.081 millones de euros se distribuyeron ese año, por rendimientos de capital (30.767 millones de euros por rentas de capital mobiliario; 28.810 millones de euros por ganancias patrimoniales; y 31.504 millones de euros por ingresos de alquileres), según los Informes Anuales de Recaudación de la Agencia tributaria de los años 2023 y 2024. Las rentas de trabajo crecieron un 7%. 

Es indudable que gran parte de las rentas de capital acaba en los bolsillos de accionistas, directivos, profesionales, inversores, intermediarios financieros y legales, asesores y arrendadores. 

Si nos fijamos en los 31.504 millones de euros obtenidos por arrendamientos, hay que recordar que en España existen 2,5 millones de propietarios individuales arrendadores, la mayoría de ellos de una sola vivienda y que se distribuyen por todas las escalas de niveles de ingresos. Es una fuente de ingresos que no ha dejado de crecer, mientras que la vivienda se ha convertido en un auténtico problema para conseguir un nivel de vida digno para muchas familias. No estoy diciendo que el origen del problema de la vivienda esté en los propietarios individuales. La crisis de vivienda, hoy clave para el futuro de nuestra sociedad, exige un artículo más amplio que este comentario, pero no hay que olvidar que la venta y alquiler de viviendas se está convirtiendo también en un sustancioso negocio para inmobiliarias, agencias de alquiler, fondos buitre y todo tipo de intermediarios. 

Que existen españoles a los que les va bien y otros a los que no se está reflejando en los resultados de algunas encuestas actuales, en lo que los españoles contestan cuando se les pregunta sobre estos asuntos. Se van a detallar resultados del Barómetro del CIS de octubre de 2025 (variables socioeconómicas), del Termómetro 5D de la consultora 40db y Cinco Dias, y de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2024. 

El Barómetro del CIS (no se trata de opiniones electorales) detalla la apreciación personal de los encuestados sobre su propia situación económica, y los ingresos declarados del hogar de los mismos entrevistados. 

La apreciación personal sobre su situación económica (muy buena, buena, regular, mala y muy mala) se pregunta a los miembros de 14 grupos profesionales (desde directivos hasta miembros de Ocupaciones Elementales pasando por agricultores y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad). La muestra tiene un total de 4.029 participantes. 

El grupo que mejor valora su situación económica es el de profesionales y científicos (mejor que los directivos). El 85,8% considera que su situación económica es buena o muy buena, frente al 10,11% que considera que es mala o muy mala.

Por el contrario, el grupo encuadrado en ocupaciones elementales registra un empate entre los que consideran su situación buena o muy buena y los que la consideran mala o muy mala (45% en ambos casos). 

Todos los grupos restantes superan la apreciación de buena o muy buena sobre la contraria con resultados diferentes. Con el 81% en el caso de las fuerzas armadas y seguridad y jubilados; este porcentaje baja al 61% entre oficiales, operarios y artesanos y al 56,5% entre agricultores, ganaderos y pescadores. 

El barómetro divide en seis grupos los niveles de ingresos (más de 5.000 euros mensuales; desde 3.901 a 5.000; desde 2.701 a 3.900; desde 1.801 a 2.700; desde 1.101 a 1.800; y menos de 1.100 euros) . 

El 7% declara más de 5.000 euros mensuales, mientras que el 13,3% declara menos de 1.100 euros. 

Agrupando todos los resultados en tres niveles resulta que el 38% de los entrevistados percibe entre 2.701 y más de 5.000 euros; el 21% percibe entre 1.801 y 2.700 euros y el 13%, menos de 1.100 euros, datos que en mi opinión reflejan un cuadro bastante aproximado de la realidad española. 

El Termómetro 5D de la consultora 40db de octubre de 2025 está dedicado a las apreciaciones de los entrevistados sobre la situación económica general, pero también hace preguntas directas sobre la personal. Estos son los resultados: el 56% de los entrevistados manifiesta que ahorran; el 32%, que apenas llegan a fin de mes, y el 11,55%, que tienen que tirar de ahorros o endeudarse (la muestra es de 4.000 personas).

Refleja el gasto anual de las familias en vivienda, agua, alimentos, electricidad, ocio, etc.; es decir, todo lo que un hogar necesita para vivir. 

El gasto medio por hogar en 2024 fue de 34.044 euros, pero como todas las medias puede ser engañoso. Cuando se examina el gasto, también medio por quintiles de ingresos, se comprueba que las familias con menos ingresos tienen un gasto medio de 17.610 euros y las de mayores ingresos un gasto medio de 58.272 euros. Datos que se dejan a la consideración del lector. 

Hay un porcentaje importante de españoles, en torno al 38%, que gozan de una situación económica en sus hogares que se puede calificar de buena o muy buena, sobre todo entre estos últimos, si sus ingresos proceden mayoritariamente de rentas de capital mobiliario o inmobiliario. 

En un momento de economía boyante y de situación económica excepcional para no pocos, debería haberse puesto en marcha una política fiscal redistributiva destinada a acabar con las situaciones de pobreza o riesgo de pobreza de aproximadamente un 13% de los hogares, datos que se deducen de las encuestas citadas y que coinciden con las ofrecidas por Eurostat. 

También para aliviar y mejorar la situación del aproximadamente el 35% de los hogares cuyos ingresos sólo les permite llegar a fin de mes con mucho esfuerzo. Por no hablar de ese exiguo aumento del 7% de las rentas de trabajo frente al de 22,6% de las rentas de capital. Otra negociación colectiva es posible. 

Una política fiscal progresiva y una negociación colectiva adecuada a las ganancias de las empresa serán signos evidentes de un Gobierno progresista.  

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, emprender ha dejado de ser sinónimo exclusivo de crear una empresa. Hoy, emprender significa generar valor: para la comunidad, para las personas y para el entorno. Es una actitud, una forma de pensar y actuar que busca transformar realidades, resolver problemas y construir futuro.

En un momento en el que la sociedad demanda modelos empresariales más responsables y sostenibles, FECOMA, y sus entidades asociadas, siguiendo la tradición del Cooperativismo y la Economía Social, ofrecen las herramientas necesarias para transformar ideas en proyectos viables, sostenibles y de alto impacto, reforzando el tejido productivo y promoviendo la cohesión social.

La economía social pone en el centro a las personas y promueve el bien común. Su objetivo no es maximizar beneficios individuales, sino generar impacto colectivo. En este modelo, el emprendimiento se convierte en una herramienta para crear riqueza, fortalecer el tejido social, fomentar la inclusión y promover el desarrollo sostenible.

El éxito de los proyectos de economía social no depende solo de la motivación de sus promotores, sino también del apoyo que reciben en cada fase de desarrollo. Por ello, FECOMA ha diseñado un ecosistema integral de apoyo que cubre todas las necesidades de los emprendedores sociales: desde la concepción de la idea hasta la consolidación del proyecto y su expansión en el mercado.

Estos programas proporcionan un acompañamiento continuo, incluyendo formación específica en materia de gestión, análisis de viabilidad económica y social, diseño de modelos de negocio adaptados a la economía social y orientación en la gestión diaria de la empresa. Además, el asesoramiento se extiende a la identificación de oportunidades de financiación, la planificación estratégica y la implementación de buenas prácticas de sostenibilidad, así como a la gestión de crisis de mercado o de relevo generacional.

Concebimos como una prioridad la existencia de redes de apoyo a través de relaciones con instituciones, organizaciones y entidades de Economía Social que potencia las colaboraciones, la búsqueda de oportunidades y las sinergias, donde la intercooperación se hace realidad.

Desde la economía social también apostamos por el acceso a fuentes de financiación a través de la banca cooperativa, las entidades de finanzas éticas, la red de inversores que buscan inversiones con impacto u otras entidades financieras tradicionales.

La economía del conocimiento se basa en la producción, distribución y uso de información y saberes. En este contexto, el capital más valioso, junto al financiero, es el humano: la creatividad, la innovación, el talento. La economía social, al fomentar la colaboración, la educación y el empoderamiento, se convierte en un catalizador natural de las innovaciones (tecnológicas y sociales).

Las iniciativas que combinan impacto social con conocimiento —como plataformas educativas abiertas, redes de innovación ciudadana o proyectos de ciencia participativa— son ejemplos vivos de cómo emprender puede ser sinónimo de compartir, aprender y crecer juntos (tenemos múltiples casos de Cohousing, comunidades energéticas, etc.).

La economía social ofrece respuestas desde lo local, con modelos resilientes y participativos. Emprender con conciencia significa integrar valores éticos, ambientales y sociales en cada decisión generando impactos sociales y sostenibles.

Desde huertos urbanos hasta cooperativas tecnológicas, desde redes de cuidados hasta laboratorios ciudadanos, la innovación social está redefiniendo el futuro y la Economía Social representa al conjunta de entidades que que mantienen esta orientación desde su ADN. Tratamos de crear empresas y empleo, a la vez que comunidad.

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Jose-Vidal García Alonso es Director-Gerente de la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA).

La crisis de la vivienda en España se ha establecido como un factor claro de desigualdad social. Así lo afirma el informe Vivir la desigualdad 2025, de la ONG Oxfam Intermón, que arroja el dato de que casi la mitad de las personas en España se ve afectada por esta situación. Esta problemática va de la mano de la precariedad salarial, que, según el citado estudio, impide vivir con dignidad a un tercio de la población.

Según Oxfam Intermón, tan solo el 14,4% de los no propietarios se muestra optimista sobre la compra de una vivienda en un futuro. “En un país donde más del 60% de quienes no tienen una vivienda en propiedad cree que no podrán acceder a una, la desigualdad es una realidad cotidiana que se ha cronificado en la vida de miles de personas”, señala Ernesto García López, coordinador de la investigación.

A la hora de poder acceder a un alquiler o a una hipoteca, la brecha socioeconómica permanece visible para los jóvenes. Según el mencionado informe, el 72% de la juventud de clase adinerada tiene expectativas de recibir apoyo familiar. Sin embargo, casi dos tercios de los jóvenes con menos recursos ven imposible este tipo de respaldo.

La vivienda no es el único factor de desigualdad que señala el estudio Vivir la desigualdad 2025. La precariedad laboral y salarial también está detrás del malestar de la población española. Oxfam Intermón hace hincapié en el dato de que más de un tercio de la población asegura necesitar un segundo empleo, pero no lo podría compaginar con su actual estilo de vida. 

Alrededor de un 40% tampoco puede permitirse una semana de vacaciones al año o hacer frente con sus ahorros a un gasto repentino de 600 euros. “Se están cronificando algunos recortes vinculados con el consumo de productos básicos, como la alimentación, el ocio, el acceso a ciertos servicios sociosanitarios como dentista, fisioterapia, etcétera”, afirma García López. Concretamente, una de cada cuatro personas no va al dentista por razones económicas, al igual que al psicólogo. Además, el estudio subraya que una de cada dos personas no ha continuado su formación por los mismos motivos.

Según la ONG, la situación de vulnerabilidad afecta en mayor medida a las mujeres, jóvenes y personas racializadas. El informe señala que el 62,3% de las mujeres se ha visto obligadas a reducir su gasto en actividades de cultura y ocio, mientras que el porcentaje en hombres se sitúa diez puntos por debajo (54,2%). En cuanto a las personas racializadas, una de cada cuatro no puede permitirse la compra de medicamentos.

A pesar de que ocho de cada diez personas opinan que España es un país desigual, más de la mitad de las encuestadas considera que la situación puede revertirse. De hecho, el informe establece que existe un consenso en el que la solución se encuentra en las políticas redistributivas, aunque el 73% cree que el método actual no reparte adecuadamente la riqueza. Entre los responsables señalados se encuentran las Administraciones públicas y los distintos niveles de gobierno. Algunas de las medidas propuestas por los encuestados están relacionadas con la vivienda, los salarios, la calidad del empleo y los servicios públicos.

“La desigualdad no es una percepción, es una estructura que moldea la vida de millones de personas. Pero también es una construcción política que puede transformarse. Escuchar a la ciudadanía es el primer paso para actuar con justicia”, apunta García López. Desde Oxfam también proponen intervenciones como mejorar la protección social o garantizar los derechos de los migrantes, además de aumentar la progresividad del sistema fiscal.

El informe Vivir la desigualdad se ha basado en una encuesta cuantitativa con una muestra de 4.102 personas y llevada a cabo entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025. Este proyecto ha tenido en cuenta la interseccionalidad en materia de edad, género, clase social, etnicidad, entre otros aspectos; y un enfoque multidimensional, con dimensiones no económicas como la salud o la educación. Además, la investigación ha contado con entrevistas y grupos focales para profundizar en los discursos identificados, cuyos resultados no aparecen en este texto.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 776.924 hogares en los que viven 2.3 millones de personas, según la última estadística publicada este martes por el Instituto de la Seguridad Social. De este conjunto solo 136.135 son hogares con nacionalidad extranjera, lo que supone un 17% del total, frente al 83% de nacionales. El perfil de quienes lo reciben es, además, eminentemente femenino: el 67,8% (527.042) de las titulares son mujeres y en cuanto a la protección que brinda, hay 1,2 millones de personas bajo este paraguas. El IMV es una prestación básica que cubre necesidades mínimas y asciende de media a 514 euros al mes por hogar.

Este mecanismo de subsistencia, que muchas veces se combina con otras ayudas como el Complemento de Ayuda para la infancia, ha sido objeto de polémica después de que el Partido Popular, acercándose a la posición de VOX señalase la pasada semana que el Ingreso Mínimo Vital no puede convertirse en un "medio de vida" para los migrantes. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo señalaba que había personas que podían entrar "ilegalmente y sin voluntad de trabajar" y acabar pidiendo prestaciones como el IMV. Aunque lo cierto es que, por un lado, esa prestación es compatible con el empleo, por lo que percibir esta ayuda no es sinónimo de no trabajar. Por otro, el diseño de las condiciones para adquirirla requiere, entre otras cosas, que quien la pide haya residido legalmente en España durante al menos un año y se encuentre empadronado. Además, hay que estar inscrito como demandante de empleo y acreditar ingresos que no superen el umbral de pobreza. 

En el detalle de los datos, el ministerio recoge que desde su puesta en macha el ingreso ha dado servicio a casi 3,3 millones de personas que han pasado por esta cobertura en algún momento, de ellas, 1,4 millones fueron niños o adolescentes.

Pero esta prestación, que se aprobó en 2020 como una medida para atajar el riesgo de pobreza y la exclusión social no es tan laxa en su aprobación como pretenden hacer parecer algunos discursos. De hecho, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advertía en julio que un 55% de potenciales beneficiarios se quedaba fuera, bien por dificultades a la hora de tramitarla o porque un cambio en sus circunstancias les lleva a perderla. “Prestaciones extinguidas por el nacimiento de un bebé en la familia, por traer a la casa familiar a la abuela, por emancipación de un hijo…”, denuncia la ONG Cuarto Mundo, que ha presentado una reclamación ante Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa denunciando estas dificultades.

El IMV se reformó para hacerlo compatible con un contrato de trabajo, ya que antes, poseer un contrato, aunque fuese con una nómina mínima, llevaba a la pérdida total de la ayuda. Además, en enero de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, un mecanismo que no mengua el importe de la prestación si los ingresos laborales son inferiores al 60% de la renta garantizada para la unidad de convivencia. Hasta entonces, la ayuda disminuía o desaparecía, aunque los beneficiarios no tuvieran ingresos suficientes para vivir.

La vulnerabilidad aumenta cuando las posibilidades de elegir son mínimas. En el caso de los trabajadores migrantes, un estudio publicado recientemente en la revista Nature advertía que en España cobraban de media un 29% menos que las personas nacidas en el país. Una brecha mucho más significativa que en países del entorno como Alemania, Noruega o Francia, que se mueven en diferencias del 19% al 20%, Dinamarca tiene un 9% o Suecia un 7%. La razón es que los trabajos a los que acceden los recién llegados suelen tener peores condiciones, ser temporales o a tiempo parcial. En el análisis que AIReF hace del ingreso mínimo, pese a que detecta posibles beneficiarios que se quedan fuera, resaltan el papel de esta ayuda como protección contra la precariedad y los abusos del mercado. De hecho, sostiene que quienes la perciben aumentan en un 3% la posibilidad de tener un empleo indefinido e indica que permite a los beneficiarios rechazar empleos precarios o poder negociar mejor sus condiciones.

La importancia de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral ha ido ganando peso en los últimos años, como se puede ver en el gráfico. Hasta septiembre de 2025, último dato disponible en la serie del ministerio, sobre un total de 21,7 millones de afiliados, 3 millones eran extranjeros.

En determinados sectores, de hecho, su papel es clave. Según los datos elaborados por el Ministerio, a lo largo de los últimos siete años los sectores en los que más suelen trabajar quienes llegan a España son la construcción, las actividades de transporte o almacenamiento, la hostelería, las actividades administrativas y la agricultura y ganadería. Y de hecho, en algunas comunidades donde el peso de estas actividades es mayoritario en la distribución de la oferta laboral, su papel es clave. Así, el peso de este colectivo alcanza un 21,8% en Baleares, un 17,6% en Cataluña, ronda el 16% en Melilla, Murcia y Madrid, supone más de un 15% en Aragón y Valencia; en Canarias y La Rioja se mueve en un 14%.

Los discursos antiiminigración tienden a poner el foco en un presunto abuso de las ayudas, pero obvian las contribuciones de quienes aportan al sistema. Otro ejemplo es la idea lanzada por el Partido Popular de crear un visado de puntos y a la carta para migrantes. Este documento prioriza a latinos frente a africanos por considerar que tienen una "cultura próxima" a la española, algo que, según ellos, le da una "mayor capacidad de integración". Una iniciativa esta que desde el PP afirman que está "por concretar". Lo llamativo, es que si revisamos los datos de afiliación extranjera, en septiembre fueron Marruecos y Rumanía las nacionalidades que más trabajadores afiliados tenían en el mercado laboral español en septiembre.

¿Por qué crece Vox? La encuesta de 40dB para El País publicada este lunes ha confirmado que la extrema derecha española continúa el marcado camino al alza que inició en mayo (un punto al mes, hasta alcanzar un 17,4% de intención de voto, muy por encima de lo que consiguió en las elecciones de hace dos años), sobre todo a costa del PP.

Un crecimiento que coincide con la aparición o extensión de varios casos de supuesta corrupción en las filas del PSOE y del PP —los de Cerdán y Montoro— y con la decisión de Alberto Núñez Feijóo de hacer suyo el discurso antiinmigración de la extrema derecha. Los primeros alimentan la antipolítica, de la que Vox es hoy el principal representante en el Congreso, lo que según los expertos en demoscopia le permite movilizar voto de la abstención. Lo segundo, como demuestran numerosos precedentes europeos perfectamente documentados por el mundo académico, blanquea y normaliza el discurso xenófobo, lo que acaba por favorecer a sus impulsores: los votantes suelen preferir el original a la copia.

Vox nació o tomó fuerza impulsado por la reacción del nacionalismo español frente al independentismo catalán y casi inmediatamente alzó el vuelo haciendo bandera de la xenofobia, la islamofobia y las guerras culturales (cuestionando la violencia machista, la crisis climática o los derechos trans). Pero, ¿sigue siendo ese su principal motor? ¿O ya están operando razones económicas en la transversalidad, cada vez más importante, de sus votantes?

“Ahora mismo es muy complicado distinguir” entre unas causas y otras, confiesa Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III y experto en partidos, sistemas electorales y participación política. Son asuntos “relativamente solapados” que “interactúan” entre sí.

Es verdad, explica, que hay un elemento vinculado “al malestar” de una parte de la sociedad que tiene que ver con lo que la academia llama los “perdedores de la globalización”: las personas que han visto reducidas sus oportunidades de mejorar de posición económica y que no tienen expectativas de hacerlo a medio o largo plazo.

Simón recuerda que en la mayoría de los lugares del mundo “lo que estamos viendo es que los partidos de extrema derecha crecen entre las clases medias que votaban a la derecha tradicional y entre las clases obreras que votaban a la izquierda”. Pero en el contexto español “esto no se está manifestando exactamente así. No sabemos en el medio plazo, pero hay un mito persistente que es esta idea del obrero que votaba al PSOE antes y ahora vota a Vox. Eso no se está dando”.

Los “sectores con menos recursos, los que consideraríamos trabajadores manuales no cualificados o cualificados clásicos, o se abstienen o votan mayoritariamente al PSOE. También porque son gente que normalmente tiene una edad media más alta y eso hace que estén más vinculados con el PSOE”.

Ahora bien, precisa, “sí que es verdad que entre los sectores con menos recursos que votan a la derecha es Vox el que arrasa. Es decir: el PP está perdiendo esos sectores de menos recursos que le votaban”. Los obreros de derecha y los sectores con menos recursos votan a Vox antes que al PP, resume.

Así que no hay fuga de la izquierda hacia Vox, insiste el profesor de la Carlos III, sino un trasvase en el bloque de la derecha hacia el partido de Abascal, que también gana de la abstención. Y eso significa que, al menos de momento, “no estamos viendo lo que sí pasa en otros sitios, lo que pueda ocurrir en Francia o lo que pueda ocurrir en Alemania”.

Peter Matuschek, del instituto de opinión pública alemán Forsa, tiene claro que el ascenso de la AfD en su país no es resultado de su discurso contra la inmigración, sino de factores económicos.

La AfD, recuerda Matuschek, “estaba en torno al 3% [en intención de voto] cuando surgió la crisis de los refugiados en 2015. El partido logró alcanzar el 12,7% en las elecciones de 2017, pero perdió votantes hasta la última elección en la que participó Merkel. Llegaron a 2021 con alrededor del 10%”. Su verdadero salto se produjo en 2022 y 2023, cuando la coalición liderada por Olaf Scholz comenzó a hacer agua por razones principalmente económicas.

El experto alemán hace referencia a una ley elaborada por el Partido Verde, que componía la coalición de gobierno con el SPD de Scholz y los liberales del FDP, que fomentaba el cambio de los sistemas de calefacción domésticos basados en combustibles fósiles por eléctricos, más caros, aunque hubiera subsidios. La narrativa de la extrema derecha amplió la discusión a otras áreas del comportamiento.

“En ese momento, la AfD ni siquiera necesitaba jugar con la cuestión de la inmigración”, subraya Matuscheck. “Lo que hizo la AfD fue presentarse como el partido de la gente normal. ‘Cuando votas por nosotros, puedes comer lo que quieras, no te haremos vegetariano, puedes usar petróleo, puedes usar gas, no te enseñaremos cosas”. En el sentido de que “no te costará más”.

En España lo que estamos viendo, añade Pablo Simón, es también un voto de insatisfacción antipartidista que recoge Vox, un elemento de voto protesta que explica también por qué se está transversalizando. Crece en prácticamente todos los segmentos, salvo entre los pensionistas, prosigue Simón.

“Lo que sí captura Vox es el voto, podríamos decir, de la ansiedad económica”, señala. “El voto de aquellos sectores que están en un contexto de incertidumbre, de vulnerabilidad”. “La inflación ha golpeado a todos los segmentos, pero más a las clases medias y bajas”. “Normalmente, las crisis de inflación, como la que estamos viviendo, o cuyos efectos aún se notan, hacen que normalmente se gire más a la derecha. Yo creo que eso puede explicarnos un poco el puzle que tenemos ahora”, concluye.

“Es interesante porque estamos viendo que Vox, que era un partido que antes tenía el voto de las clases altas, de la gente con más recursos, de la gente más preocupada con el procés, está cambiando. Está llegando ahora a segmentos electorales nuevos tratando mucho el tema de la inmigración y del voto protesta”.

Los datos de los más recientes estudios de opinión del CIS, incluido el último barómetro, pero también los que recogen las opiniones de los ciudadanos respecto a los impuestos y la situación social, retratan a unos votantes de la extrema derecha muy movilizados en asuntos como la inmigración, pero sobre todo en lo relacionado con la economía.

Son los menos satisfechos con su actual nivel de vida: poco, 27,4%, o nada, 11,9%. Las medias son de 22,8% y 6,4%. Ningún otro partido está peor.

También son los que más dicen que les resulta difícil llegar a final de mes, en porcentajes muy superiores a la media o al resto de partidos, en particular entre quienes no tienen más remedio que endeudarse para sobrevivir. Algo que atribuyen —más que cualquier otro grupo de votantes— al alza continuada de precios por la inflación y al estancamiento de los salarios.

Los que apoyan a la extrema derecha creen que cada vez hay peores condiciones para encontrar empleo, a la vez que afirman tener a más personas en paro en su entorno. Son los más pesimistas del arco político a la hora de predecir lo que viene: el 88% sostiene que todo irá a peor y que se van a reducir sus posibilidades de adquirir bienes de consumo (desde automóviles a muebles, electrodomésticos u ordenadores).

Los datos del CIS retratan fielmente a los partidarios de Vox como los que peor califican su propia situación económica y la del conjunto del país, en ambos casos muy por encima de la media. Los que creen que España es hoy más desigual que nunca en los últimos diez años, los que más creen que no tienen las mismas oportunidades que sus padres.

Junto con los votantes de Sumar, son quienes se muestran más pesimistas acerca de la evolución de los precios de la vivienda y, de hecho, son los que menos piensan que podrán adquirir una algún día.

Lo que no quita que sean, al mismo tiempo, los votantes más antisistema, los que más culpan de los problemas no sólo al Gobierno sino a los partidos políticos en general.

Si ganas 1.400 euros al mes ya te pueden contar milongas. Eres pobre y lo sabes. Ya te gustaría destinar el 40% del salario para el alquiler, una burrada según los expertos, pero en mi ciudad, pero ejemplo, una casa de ese precio no la encuentras. Ni en sueños.

A ver si Sánchez se entera de lo que supone llevar 10 años compartiendo piso. O habrá que buscarse una pareja para compartir los gastos. Un piso de una habitación. Puro amor inmobiliario.  Y mejor no pensar en el futuro, que es para no dormir.

Que le diga el presidente a estos jóvenes que España va bien. Como reírse en su cara, no nos engañemos. Bueno, a los que cobran 3.000 euros me callo. Pero hablamos de gente con estudios, formada. Gente que tenía otras expectativas y que no tiene nada. Hagan números. Los chupasangre de los caseros los están matando, con la venia del Gobierno y del libre mercado. Sí, un Gobierno social tendremos. Ya. El permiso ampliado por hijo a ellos les importa un rábano. En hijos estarán pensando…

Muchos de estos jóvenes ven a sus padres defendiendo a este Gobierno y flipan… con lo que  abominaban de otros gobiernos corruptos y sus imputados… Como para decirles que voten a éste. Y una mierda. Antes votan a quienes les dicen que las cosas no van bien.

Tampoco se les podría culpar tanto por eso, si es lo que ven, si es lo que viven…Y los otros, claro, lo saben y más leña echan al fuego. A ver cómo apagamos esto. 

En España el sueldo es vergonzoso.  De pobres. ¡Si hace ya 30 años que malvivían los mileuristas!

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Olga Gutiérrez Cervera es socia de infoLibre.

No hace muchos años un periodista e historiador, el cordobés Juan Luis Valenzuela, publicó una noticia que en cualquier otro país habría producido un escándalo. Se trataba de una factura de unas 60.000 pesetas que una funeraria malagueña había emitido en 1959 a las autoridades franquistas. Esta enorme cantidad para aquel tiempo respondía al coste de transportar 924 cuerpos dentro de ataúdes al recién inaugurado Valle de los Caídos. 

En el envés de aquella nota podía verse la trampa de la reconciliación oficial: mientras los ataúdes destinados a los miembros del denominado bando nacional eran individuales, los que recogían a los republicanos eran fosas comunes de madera con diez cuerpos cada uno. El sello de la guerra civil y de la represión estaba también pegado en la contratación pública.  

Como relata Valenzuela en su libro ‘La factura de la democracia. De la guerra civil y la represión de la dictadura al franquismo sociológico en Andalucía’, la lucha que requiere transmitir la realidad materializada en documentos como este puede llevar una vida entera sin apenas consecuencias legales. 

Las cosas podrían comenzar a cambiar gracias a la posible aprobación parlamentaria de la Ley de Información Clasificada, que sustituiría una normativa de 1968 y que permitirá a periodistas e historiadores acceder con más facilidad a documentos hasta ahora considerados de alto secreto.  

De recibir el refrendo parlamentario, se produciría una desclasificación automática de los ficheros que fueron considerados de máxima seguridad antes de 1981. La brutal dominación franquista, y, detrás de ello, la enorme red empresarial que se benefició del totalitarismo podría quedar al descubierto. Un acceso más fácil a la Administración podría revelar los mecanismos más o menos oscuros de concesión o contratación administrativa que favorecieron la consolidación y el crecimiento de empresas que hoy pueblan el índice bursátil Ibex-35, como Iberdrola, Naturgy, Acciona, Ferrovial o Abengoa. 

Material hay de sobra para llenar la prensa de los próximos años. Mariano Sánchez Soler, que publica este mes de septiembre una reedición de su clásico ‘La familia Franco S.A. Negocios y privilegios de la saga del último dictador de Occidente’, y cuya obra versa precisamente sobre el tráfico de influencias que tuvo lugar durante la dictadura, señala la oportunidad que se abre: “En la dictadura, el oligopolio pasaba del consejo de ministros al de Administración. Se producía un tráfico de influencias bestial; los empresarios eran procuradores en Cortes, participaban en los Planes de Desarrollo y podían ser nombrados ministros y directores generales”. 

Para Sánchez Soler, “gracias a la nueva ley podrían, por ejemplo, abrirse documentos para saber cómo se hizo el Hotel Meliá de Alicante, o cómo se construyeron barrios completos en zonas no edificables”. Acceder a los contratos públicos, o a documentos que prueben cómo se hicieron los concursos de la época, podría ser de altísimo interés informativo. 

Pero muchos ya no están ni se les espera. A Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, le llama la atención que el histórico diputado de la Unión de Centro Democrático Óscar Alzaga dedicara el primer capítulo de su libro ‘La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas’ precisamente a la quema de documentos y ficheros policiales. 

Alzaga cuenta cómo el Ministerio de la Gobernación, presidido por Rodolfo Martín Villa, decretó en diciembre de 1977 la quema de millones de fichas policiales sobre la oposición, conservando aquellos que se consideraran de especial valor histórico. Esta medida, que coincidió con la aprobación de la ley de punto final, supuso la desaparición de buena parte de los testimonios escritos sobre la represión franquista.  

Por esta razón, entre otras, Silva no cree que la nueva ley "vaya a ser rompedora”. “Puede salir algo de Lorca, pero no de Rafael del Pino (fundador de la constructora Ferrovial) y de sus vinculaciones con las camisas azules; ni tampoco del verdadero origen de Naturgy; ni de los negocios de la familia Franco; ni de las cerveceras de Demetrio Carceller”. “Tampoco nada sobre que el Rey Emérito fue jefe de Estado dos veces, es decir, dictador, por enfermedad de Franco, y que en estas ocasiones firmó la ratificación de los acuerdos con los Estados Unidos y toleró que Hasan II iniciara la Marcha Verde. No es casualidad tampoco que Martín Villa, que no ha sido juzgado por los sucesos de Vitoria, haya sido presidente de Endesa y de Sogecable”.  

Las propias élites que impulsan la normativa estarían interesadas en una resolución controlada del problema de la memoria democrática: “Hay mucha gente afectada y no solo en un partido. Lo que se hace muchas veces es correr cortinas de humo para no llegar al tema económico. Recuerda que la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, una de las principales impulsoras de la primera ley de Memoria Histórica, había vendido sus participaciones de la Hidroeléctrica Vega (un grupo familiar) antes de acceder a este cargo”. 

La quema de documentos no afectó a José Luis Martín Palacín, exmilitante comunista y subsecretario de Estado de Interior en 1986, al que un comisario de la Policía mostró una parte de su expediente. Palacín alerta de que el verdadero problema es la existencia de elementos dentro de las fuerzas de seguridad a los que la transición no ha llegado y que pueden llegar a coordinarse para evitar cambios: “Hay que empezar a tratar quién tiene el poder y de quién dependen las fuerzas y los cuerpos de seguridad, y si lo que tenemos dentro del Estado puede llegar a convertirse en el germen de una especie de Stasi”. 

“Con esta ley pueden salir algunas cosas, claro que sí, como materiales indirectos que permitan investigar, pero también puede haber espacios de la ley que se queden sin efecto: ¿tú crees que alguien con poder que sepa que pueda haber algo que le perjudique no ha intervenido ya para eliminarlo?”

La pasarela entre determinados cargos de las fuerzas de seguridad y las grandes empresas ha demostrado ser amplia. Un caso reciente es el del comisario José Villarejo, presente en Interior desde la transición, y que ha colaborado en el ámbito de la seguridad de BBVA o Iberdrola, que no por casualidad pertenecen al oligopolio privilegiado por la etapa previa a la democracia. 

Las sombras del Estado parecen, por ahora, tapar las luces prometidas por esta reforma democrática: revelar contratos públicos y nombres de empresas y directivos receptores de tratos de favor podría suponer multas de hasta 2,5 millones de euros. La Ley de Protección de Datos también representa otro obstáculo para que determinadas marcas y nombres salgan a la superficie. 

Aún queda alguna salida, si, como afirma Sánchez Soler, los investigadores y periodistas se comprometen. Las dificultades y obstáculos normativos no podrían evitar que se publicaran, sin nombres, los distintos componentes de la continua red de intercambio y corrupción entre el sector público y el privado, subrayando el cómo por delante del quién, y la trama por encima de sus protagonistas. El esqueleto de lo que algunos ahora denominan la Marca España podría salir a la luz, y con este, la espina dorsal de la red político-económica del franquismo. Pendientes aún del trámite parlamentario, la nueva ley encara, nunca mejor dicho, el momento de la verdad. 

En un mundo más equitativo, la universidad debería ofrecer una representación equilibrada de la composición de la sociedad en todos sus ámbitos: origen, características cognitivas, género, clase social, etc. Sin embargo, no es así, y determinadas políticas avivan esta desigualdad que representa el final del camino en un recorrido educativo que no actúa como nivelador en muchos casos, sino que incrementa la desigualdad.

Los efectos más sangrantes de las apuestas políticas sobre el sistema universitario los podemos ver por ejemplo con la decisión (revocada por una jueza) del gobierno norteamericano de Trump de prohibir la inscripción de alumnado extranjero en programas académicos, laboratorios de investigación, clínicas o cursos de Harvard. 

He querido referirme a una situación drástica y con consecuencias directas para volver los ojos aquí y preguntarnos si el alumnado migrante tiene la presencia que debiera corresponder en nuestras universidades públicas. Igual ocurre con los estudiantes con discapacidad, o aquellos cuyas familias, por ejemplo, tienen sólo estudios primarios o de rentas bajas. Si profundizamos, los datos son desalentadores, y la PAU no sólo no los corrige sino que ahonda en esta desigualdad que tiene origen estructural, desde muy temprano. Si usamos el concepto acuñado por Rittel y Webber a inicios de los setenta, podríamos referirnos a este como un “problema retorcido” (wicked problem): un problema complejo, incrustado en las vértebras del sistema y que nadie parece querer ponerle remedio.

El armazón educativo reglado favorece desde el arranque del recorrido educativo a las clases más pudientes, como defienden sociólogos como Dubet. Alimenta también la solidez de un sistema basado en la pervivencia de los privilegios a lo largo de toda la formación académica. La selectividad culmina este recorrido, ya que no logra corregir las desigualdades de partida. A excepción de las adaptaciones de las pruebas a las circunstancias físicas, cognitivas o sensoriales de los escasos alumnos etiquetados como de NEAE que acaban Bachillerato, que hay que reconocer que en general se hacen, pocos sistemas compensatorios se despliegan con unas pruebas de acceso que, en su estructura, no fomenta la deseada nivelación en materia de equidad o justicia social. 

Nuestros sistemas preuniversitario y universitario apenas evalúan las características sociopersonales de sus aspirantes, y mucho menos lo hace la PAU. Sí lo hacen, en cambio, muchas grandes universidades de otros países, con el fin de buscar un equilibrio enriquecedor ligado a la cultura, los orígenes y las experiencias vitales de los jóvenes que quieren optar a estudios superiores. Una prueba única para todo el país nunca sería una solución, porque perjudica al alumnado procedente de situaciones estructuralmente más débiles y las brechas por regiones aumentarían (fijémonos por ejemplos en las diferencias de renta per cápita por comunidades autónomas y su relación con el rendimiento académico).

Un orden justo no se logra dando a todos lo mismo. Un examen único no garantizará por sí solo la igualdad de oportunidades. Michael Sandel en La tiranía del mérito (2020), ya aclara que un acceso equitativo a las universidades parte del trabajo y seguimiento de comités de admisión a la hora de fijar umbrales correctos que garanticen diversidad. Aquí, en España, no sólo no se plantea, sino que se ha instaurado como norma la ausencia de plazas en grados y másteres en universidades públicas. Esta situación vicia el sistema en una voraz carrera competitiva donde muchos parten de desventajas diversas. Además, en el modelo actual proliferan como “solución” para los privilegiados económicamente las alternativas que ofrecen las universidades privadas, que blindan el acceso y la culminación de los estudios para quienes lo pueden pagar.

El Bachillerato ha puesto al servicio del cultivo de esta desigualdad sus objetivos académicos y su orientación competencial. Todo el sistema de atención a la diversidad que se intenta desplegar en los centros en la educación obligatoria se diluye en una etapa convertida en un voraz entrenamiento; una competición por la nota que genera ansiedad en estudiantes, familias y docentes, y que tampoco cumple con las supuestas expectativas de los distintos perfiles que acceden a ella, en muchos casos incluso “de rebote”, al no obtener plaza en FP tras la ESO.

Ya en 1º y 2º de Bachillerato nuestros chicos y chicas dejan de estudiar para aprender y mejorar académicamente, y lo hacen para obtener una calificación que los ordene en la carrera de la vida. Y el asunto está en que esa ordenación responde a un desmedido afán certificador que no se corresponde con la madurez intelectual y humana que precisamos para los ciudadanos del futuro, sino más al ansia por superar al otro, de marcado acento neoliberal. Y eso es muy preocupante, más teniendo en cuenta que ni siquiera una parte importante puede matricularse en la primera opción de carrera, por la ausencia de plazas donde solicitan. 

Algunas soluciones a este problema complejo podrían pasar por incrementar la colaboración y acompañamiento en el tiempo de los servicios de Información del distrito universitario con los departamentos de orientación escolares, más o menos como ya ocurre con la FP Dual. Se trataría de reformar en los servicios públicos los programas no sólo de seguimiento académico (hacerlos más amplios y continuados en el tiempo) sino también que se avanzara dentro de los mismos en la búsqueda de perfiles diversos en cuanto a las características del alumnado que opta a un grado. Así, por ejemplo podría reforzarse también una posible interacción de alumnado universitario con alumnado de Bachillerato, de forma que los primeros ejercieran una especie de mentoría sobre los segundos. 

Igualmente, como resulta a todas luces contraproducente que segundo de Bachillerato se oriente casi exclusivamente a preparar la PAU, en los horarios oficiales de los centros debería quedar claramente definitivo el calendario académico que se fija, por un lado, para la superación de los objetivos curriculares y competenciales de la etapa y, por otro, para una preparación posterior opcional del acceso a la universidad  que abarque un margen lo suficientemente amplio de semanas. 

Para este podría existir incluso un banco de profesorado de apoyo a disposición de este servicio añadido que garantice que todo el que quiere prepararse para ir a la universidad reciba los apoyos adecuados según sus singularidades, a la vez que obtiene el acompañamiento preciso en la parte socioemocional en cuanto a las carreras a las que se opta y los perfiles de los aspirantes. 

No olvidemos nunca que, como demuestran las cifras, la quiebra del sistema tiene su culminación en la idea del alto porcentaje de alumnado que no puede acceder a los grados que desea a pesar de obtener buenos resultados en la PAU. Preguntémonos, en definitiva, de qué sirve entonces la prueba, además de para avivar la combinación entre la indefensión aprendida (no vales, no te lo mereces, no es para ti, no estudias lo suficiente) y una creciente subjetividad individualista y competitiva, que refuerza la peligrosa idea de que siempre en el individuo, en lo personal, se encuentra el origen de todos los problemas y, también, su solución.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza. Divulga sobre educación a través de su blog www.albanoalonso.info

Corría 2024 cuando algunos medios de comunicación se hacían eco de unas pintadas que rezaban, en algún que otro contenedor de Tenerife, la consigna Tourist go home. Una empresaria del sector, alarmada, advertía que una pareja de alemanes estaba planteándose no volver y reprochaba a los vecinos que se rechazara “a los visitantes que nos dan de comer”. Tal vez, quienes hicieron la pintada debieron ser más considerados y escribirla también en alemán. Así podrían haberles dado el gusto de ofenderlos en su propio idioma.

Vuelve el verano, el paraíso de las vacaciones en familia para unos, el infierno de las jornadas laborales interminables y la masificación para otros. La narrativa oficial en la cultura, la publicidad y los informativos siempre se ha construido desde la perspectiva del turista. El derecho al disfrute en familia como símbolo de estatus y certificado de pertenencia a la tan ansiada clase media. Comenzó con la estampa de la familia madrileña comiéndose una paella en Benidorm para, con el paso de los años, abrirse al mercado europeo. Después le siguió el ladrillazo y, tras la pandemia del COVID, nos encontramos con la pandemia de los Airbnb. Nos emborrachamos de presunto progreso y cuando quisimos darnos cuenta nos habían quitado las playas, los barrios y las casas.

Vamos a André Gunder Frank. Paradojas de la vida, este otro alemán usó el concepto “desarrollo del subdesarrollo” para enmarcar su teoría de la dependencia. Desde la perspectiva del sociólogo, en el capitalismo avanzado el desarrollo es inseparable del subdesarrollo. Las dinámicas extractivistas acaban generando estructuras de desposesión que promueven la desigualdad y la dependencia. Esto se veía en los países golpeados por la colonización, pero sus ecos resuenan hoy en la España turística. Hay un punto donde el crecimiento no redunda en la población, sino que la desposee, la hace más pobre y la humilla.

Durante décadas el turismo quedó excluido de una politización en clave democrática. Simplemente, era incuestionable. Se instaló el consenso de que el turismo era una fuente de desarrollo económico y bienestar social. En lugares como Canarias (donde hay turismo todo el año) fue incluso parte constitutiva del contrato social, de la promesa aspiracional de un futuro de bienestar para las islas. “Nos dan de comer”, decía la empresaria que mentábamos antes. Una relación de arriba hacia abajo. Ellos nos dan, nosotros callamos agradecidos. Porque la soberanía y la democracia se suspendían en primera línea de costa. Una relación vertical de dependencia y, si me lo permiten, una cierta forma de colonialidad. 

Sin embargo, eso se rompió. El consenso del desarrollo ilimitado vinculado al turismo caducó en el momento que se desbordaron todas las barreras que lo contenían (económicas, sociales, geográficas, urbanísticas…), alcanzando un punto donde cada nuevo turista producía un daño mayor que la riqueza que generaba. Los récords de turistas venían acompañados de récords en desigualdad, en los precios de la vivienda y de atentados medioambientales. Desarrollo del subdesarrollo. Si con la locomotora turística a pleno rendimiento el presente es tortuoso, ¿por qué deberíamos confiar en que llegará un futuro mejor? La promesa se había roto.

Y aquí entran en escena las protestas. Claro que muchas y muchos hemos sido turistas en algún momento, pero no se trata de eso. Quien articula resistencias sobre el territorio no lo hace porque tenga un problema con el turista como individuo en particular, sino como sujeto beneficiario de un modelo desigual en general. Es la manera de expresar, de manera directa, inmediata y clara, que el actual modelo turístico es insostenible e incompatible con la vida de quien habita el territorio. De denunciar que las oligarquías no dudan en destruir cualquier vínculo si con ello logran un espacio para la mercantilización y el lucro económico. Frente a mensajes como el Tourist go home podemos sentirnos interpelados como potenciales turistas cuestionados en su ilusoria (y fugaz) parcela de poder o como ciudadanos susceptibles de sufrir las consecuencias, preocupados por la situación de nuestro pueblo y el rumbo de nuestro país. Aquí está el terreno central de la disputa política e ideológica. 

Porque el primer paso para promover un cambio es enunciar políticamente un problema. En nuestro país esto ocurrió el 20 de abril de 2024, cuando Canarias, mediante movilizaciones masivas, protagonizó un terremoto social que estimuló a Baleares y a las zonas turísticas de la península. Las élites de la M-30 intentaron explicarlo como una movilización por la vivienda, pero no se trataba (tan solo) de eso, sino de una crítica integral a un modelo turístico que es desigual, que desposee a los ciudadanos de su tierra (su identidad, su espacio público, su barrio, su patrimonio natural…) y que expulsa a los vecinos (ahora sí) de sus viviendas. 

Construir una narrativa desde las periferias del sistema turístico, esto es, desde las poblaciones subordinadas al circuito del chiringuito, las hamacas en la playa, los balconings, los hoteles ilegales, la coca para aguantar en cocina durante la temporada alta, las tiendas del barrio de toda la vida donde ahora te atienden en inglés o las cajetillas de Airbnb que sustituyen a la vecina del tercero, es construir una narrativa desde la plurinacionalidad y desde abajo. Desde esa parte del país que capturó rentas durante más de medio siglo sólo para que se las embolsaran las oligarquías sin que se dignaran, si quiera, a dejar una propina.

Tal vez de esta manera podemos dibujar un horizonte alternativo. Un nuevo modelo de desarrollo económico y social en el que al turismo se le ponga límites allá donde empiezan el bienestar, la libertad y la dignidad del pueblo. 

Tal vez, y sólo tal vez, en esas condiciones podamos volver a darle la bienvenida a los turistas. Eso sí, en español.

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David Comas Rodríguez es analista político y Secretario de Comunicación y Discurso de Movimiento Sumar

Casi el 53% de los españoles cree que existen ahora más desigualdades sociales que hace diez años, frente al 33% que percibe un país más igualitario, una situación que la mayoría (55%) considera que empeorará en la próxima década, según una encuesta publicada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El Estudio sobre desigualdades sociales muestra que la mayoría de los encuestados tiene la percepción de que en España "existen desigualdades en unos aspectos, pero no en otros" (46,7%), mientras un 40,9% habla de grandes desigualdades (porcentaje que se eleva al 84% si se pregunta por el mundo).

Por grupos, las mayores diferencias se ven entre ricos y pobres (7,99 sobre 10); directivos y empresarios frente a trabajadores (7,68); inmigrantes y nacidos en España (7,08); agricultores y gente de la ciudad (6,85); parados y los que tienen empleo (6,71); jóvenes y adultos (6,61) y, por último, entre hombres y mujeres (6,25).

Unos desequilibrios ante los que la inmensa mayoría (87,5%) se declara muy o bastante preocupada, con la idea de que la concentración de mucha riqueza en pocas manos, en estos momentos, está tendiendo a aumentar (83,1%).

Así, tal como están las cosas actualmente, casi el 90% de los encuestados cree que los gobiernos deben actuar para evitar que las desigualdades sociales y económicas tiendan a aumentar.

Preguntados por si el sistema democrático más bien favorece o perjudica un reparto equitativo de la riqueza, casi un 40% declara que más bien lo perjudica, frente al 49,2% que cree que lo favorece.

Además, en referencia a las comunidades autónomas, la mayoría cree que las diferencias tenderán a aumentar (44,8%) y un 41% cree que permanecerán más o menos iguales.

Respecto a la situación personal de los encuestados, la mayoría (66,5%) se declaran muy o bastante satisfechos con su nivel de vida, frente al casi 30% que dice estar "poco o nada" contento".

Algo más de la mitad de los consultados dicen haber tenido más o muchas más oportunidades económicas que sus padres, frente al 40% que señala exactamente la situación contraria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid incluye a menudo en sus discursos una encendida defensa de la familia. En particular, le gusta combinar familia y bajada de impuestos. Hace unos días, Isabel Díaz Ayuso anunció con alborozo la tramitación de una nueva rebaja fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que incrementará hasta el 50% la bonificación para las herencias y transmisiones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad. La rebaja se suma a la bonificación vigente de un 99% para las transmisiones entre cónyuges, hijos y ascendientes directos. De acuerdo con las estimaciones ofrecidas por la presidenta, la nueva medida generará un ahorro de alrededor de 140 millones anuales y beneficiará a unos 14.000 madrileños.

Llama la atención la referencia explícita a la consanguinidad. Si quien amasó la fortuna fue el cónyuge de tu tío o el sobrino de tu mujer, olvídate de la bonificación. La Comunidad de Madrid defiende a la familia, no a los advenedizos. Y no se puede negar que, en lo de defender a su familia, Ayuso siempre predica con el ejemplo. 

Después, las cifras. ¡14.000! ¡Guau! Aunque si tenemos en cuenta que la población de la comunidad madrileña se elevaba según el INE a 7.001.715 habitantes en 2024, la cantidad ya no impresiona tanto. No llega ni a un magro 0,2% del total. A todos, a todos, no parece que vaya a beneficiarnos. ¿Quiénes se van a ahorrar, entonces, los 140 millones? Si se detraen de los impuestos, acabará habiendo más perjudicados que favorecidos. ¡Cuántas cosas útiles para mucha gente podrían hacerse con 140 millones de dinero público!

Cuando se establecen bonificaciones o ayudas sin fijar escalas de aplicación ni topes, no suelen salir más beneficiados quienes más lo necesitan sino, por pura matemática, quienes más tienen. Por poner un ejemplo fácil: una cosa es que rebajen a tus hijos el 99% en el impuesto sobre la herencia del pisito que es tu vivienda habitual, y otra bastante distinta es que se lo descuenten a los hijos de Amancio Ortega o de Juan Roig. Lo primero puede ser justo; lo segundo contribuye a afianzar la desigualdad. Quizás se legisla para favorecer a las familias, pero a las de siempre.

De acuerdo con un informe de Oxfam de 2024, el 10% más rico de la población española acumula más de la mitad de la riqueza del país y el 1% de los más ricos entre los ricos monopoliza algo más del 20%. En cambio, el 50% de los hogares más pobres no alcanza ni el 8% de la riqueza total. La riqueza está en manos de unos pocos, de unas pocas familias. Según una información de la revista Forbes de hace algunos años, 30 familias acaparan gran parte de la riqueza en España. En general, y aunque haya excepciones, los ricos no se hacen, nacen.

Muchas de esas familias que concentran la riqueza patria llevan haciéndolo por lo menos los últimos 40 años. La distribución de la riqueza en España sigue siendo deudora en muchos sentidos de los casi 40 años de la dictadura franquista y de lo poco que se cambió después. Numerosos ricos actuales son los herederos de quienes hicieron o multiplicaron su fortuna gracias a su cercanía al franquismo. Algunos comenzaron ya por financiar el golpe de Estado y la posterior guerra. Otros se beneficiaron de expropiaciones, monopolios, concesiones exclusivas, grandes obras públicas y, en general, de las ventajas que les ofreció su afinidad con el poder en un régimen clientelar. La aclamada transición no cuestionó la estructura socioeconómica del país y las grandes familias dueñas del capital fueron aprovechando las oportunidades. Por ejemplo, hacerse con cuantiosos paquetes accionariales de las grandes empresas públicas que se iban privatizando, siguiendo el ejemplo histórico de sus antecesores en la élite, que ampliaron su condición de terratenientes con las amortizaciones.

Para redondear, un informe de 2022 de la OCDE constata que, en España, el 20% más rico recibió más del 30% de las ayudas públicas, mientras que el 20% más empobrecido apenas recibió un 12% del total. Lo de las paguitas que convierten a los más desfavorecidos en vagos aprovechados es una leyenda urbana.  Los ricos españoles y los partidos que más los defienden, que constantemente andan sacando pecho por su milenaria herencia cristiana, parece que quieran cumplir la críptica afirmación del Evangelio de San Mateo según la cual a quien más tiene se le dará y a quien no tiene se le quitará aún más.

Últimamente todos, creyentes y ateos, nos hemos convertido en especialistas en cónclaves, papas e intrigas vaticanas. Ha sido divertido. No sé si los conocimientos recientemente adquiridos han dado para saber que 2025 es un año jubilar para la iglesia católica. En un año jubilar, los fieles pueden alcanzar la remisión de todos sus pecados si cumplen ciertos requisitos. En 2025 nos ha tocado el Jubileo de la Esperanza. Bonito nombre.

El jubileo es una institución que, como tantas cosas, el cristianismo heredó del judaísmo, a menudo cambiando enormemente su significado. Tal como figura en el Levítico ⎯incluido en el Tanaj judío y el Pentateuco cristiano⎯, el jubileo era mucho más radical. Cada 49 años todo había de restituirse a su estado original para recomenzar de cero, y no en un sentido puramente simbólico o espiritual. Se condonaban las deudas, se eliminaban las servidumbres, se redistribuían las tierras… El jubileo renovaba las estructuras sociales y económicas: corregía tanto la pobreza y dependencia extremas como la acumulación excesiva en manos de unos pocos y, con ello, reafirmaba la igualdad esencial entre todos. El jubileo se sustentaba sobre una premisa básica y generaba una esperanza fundamental. La premisa: la tierra no pertenece a los seres humanos, quienes, por así decirlo, estamos aquí de prestado. La esperanza: la injusticia no tiene por qué ser eterna.

Los políticos como la señora Díaz Ayuso identifican la justicia con promulgar leyes que garanticen que la riqueza continúe acaparada por muy pocos. Más allá de las ensoñaciones de llegar a contar entre ellos, la esperanza de la mayoría pasa por desbancar a los que piensan como ella del poder.

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Ana Isabel Rábade Obradó es filósofa y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.

El conjunto de países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó este martes el Tratado Global sobre Pandemias, un histórico acuerdo que ofrece al mundo las herramientas para prevenir, prepararse y responder a una próxima pandemia, que la comunidad científica asegura que ocurrirá en algún momento. Este acuerdo es apenas el segundo instrumento legal internacional que se adopta en el ámbito de la salud pública, tras el aprobado hace veinte años para establecer un marco de control a la epidemia del tabaco.

La adopción se produjo en el marco de la Asamblea anual de la OMS, que se celebra en Ginebra, y fue recibida con una ovación por parte de las delegaciones nacionales, sobre todo después de la amenaza esgrimida en la víspera por el gobierno ultranacionalista de Eslovaquia de que pediría un voto en torno a este acuerdo, lo que hubiese significado romper el consenso alcanzado. Eslovaquia finalmente se abstuvo de tal acción tras haber sido convencida por sus socios europeos de las consecuencias negativas que esto hubiese tenido, dijeron a EFE fuentes diplomáticas.

El acuerdo busca concretamente evitar situaciones como las sufridas durante la pandemia de la covid-19, en particular la falta de preparación, evidenciada en una primera etapa en la escasez de productos médicos y de prevención, desde mascarillas para el personal sanitario hasta equipamientos de oxígeno. Sin embargo, lo que quedará grabado en el recuerdo es la falta de solidaridad que se demostró hacia los países más pobres y vulnerables, a los que las vacunas -convertidas en el principal instrumento para reducir los contagios- llegaron muy poco y muy tarde porque los suministros fueron acaparados por los países de mayores recursos gracias a los contratos que cerraron con las farmacéuticas.

El coste humano de la covid-19 fue de más de 7 millones de vidas perdidas, según las cifras notificadas por los países a la OMS, aunque esta organización ha estimado que al menos el doble de personas murieron por el impacto directo o indirecto de este patógeno. A ello se suman las consecuencias que tuvo esa crisis sanitaria para la economía mundial, con cálculos que superan los 12 billones de dólares en pérdidas acumuladas, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Conscientes de que tales fallos no pueden repetirse y de lo que significaría volver a vivir tales costes humanos y económicos, los países coincidieron en que se necesitaba un marco legal para corregir las deficientes observada y, en el marco de la OMS, emprendieron negociaciones que tardaron tres años en dar su fruto. Entre los puntos más relevantes del acuerdo figura la creación de un mecanismo para compartir patógenos y datos genéticos de forma rápida y equitativa, asegurando que los países que proporcionen esas muestras tengan acceso a los beneficios que se deriven de ella, sean vacunas, diagnósticos u otros.

Tal medidas se basa en lo que se vio durante la etapa en la que surgieron variantes de la covid-19, cuando países como Sudáfrica compartieron las muestras de la variante omicron (altamente contagiosa), con la que los laboratorios modificaron sus vacunas, sin por ello ofrecer a este país un acceso facilitado a éstas.

Asimismo, el Tratado incluye un compromiso para garantizar el acceso equitativo a medicamentos, vacunas y tecnologías sanitarias durante pandemias y reconoce el principio de "una sola salud", mediante el cual se reconoce la interconexión entre salud humana, animal y medioambiental, y se promueve una vigilancia coordinada para prevenir brotes procedentes del reino animal.

Cuando escuchas tu voz grabada te parece extraña y no acabas de reconocerte. La voz grabada se transmite solo por el aire, mientras que cuando nos oímos hablar a nosotros mismos intervienen también las estructuras óseas y la voz suena algo más grave. Avatares de la autopercepción.

En todas las encuestas relativas a la autopercepción sobre la clase social a la que se pertenece, gana por mayoría absoluta la clase media. Cuesta más que alguien se identifique como de clase alta o de clase baja. Es curioso, porque la noción de “clase media” es bastante evanescente.

Para empezar, ¿media entre qué y qué? Los criterios económicos son muy amplios: entre el 75 y el 200% de la renta mediana, según la OCDE. Se hace necesario añadir otros factores concernientes a la educación, vivienda, estabilidad… Si, en su propia percepción, casi nadie es de clase alta y pocos de clase baja, la clase media es un auténtico cajón de sastre con individuos en situaciones demasiado dispares.

Tampoco es que la denominación ⎯alta-media-baja⎯ ayude. Resuena excesivamente jerárquica y sugiere el impulso aspiracional a ascender en la escala de clases, a huir de las más bajas y auparse lo más alto posible. En definitiva, insinúa la estigmatización de las clases bajas y que quien se encuentra atascado en ellas es porque no se ha esforzado lo suficiente por prosperar.

La abrumadora adscripción de la ciudadanía a la clase media puede indicar que mayoritariamente nos movemos entre gente con una situación semejante a la nuestra, de manera que nos resulta la normal. O también, que no sabemos muy bien cuál es nuestro lugar en la sociedad y elegimos el designador más neutro. En política, la idea de clase media es un excelente instrumento para emborronar la oposición, en principio bastante clara, entre élites capitalistas y trabajadores. Entre los pocos que poseen el poder económico y la gran mayoría que vive del trabajo asalariado ⎯también bajo la denominación de autónomos⎯, con muy diferentes niveles de bienestar, pero que comparten una misma situación de dependencia y, en consecuencia, de libertad vigilada. Quien para poder vivir depende de un sueldo pagado por otros pertenece a la clase trabajadora.

Hay varias claves que explican la desaparición de la conciencia de la clase trabajadora para pasar a identificarse con la amorfa clase media. Una muy clara, la construcción de lo que Thatcher denominó una “democracia de propietarios”, algo en lo que fue pionera la España de Franco (me refiero a los propietarios, no a la democracia). El ascenso a la clase media pasaba por convertirse en dueño de la propia vivienda. Muchos de los flamantes propietarios se transformaban, así, en acérrimos defensores de la propiedad privada y se identificaban sin muchos matices con los grandes propietarios. Las políticas de propiedad de la vivienda pusieron en marcha un monstruo voraz: no hay que dar muchos rodeos para trazar el hilo que las une al problema actual de la vivienda entendida como bien de mercado.

La victoria abrumadora del individualismo neoliberal y la sustitución del discurso de la lucha de clases por las batallas identitarias también contribuyeron. El neoliberalismo niega las clases. De nuevo, Thatcher sentenció: no existe la sociedad ⎯ni, por ende, las clases sociales⎯, solo individuos y familias. Hay individuos con éxito e individuos sin éxito, y el éxito se liga al mérito y el esfuerzo de cada cual.

Las batallas identitarias ⎯identidad nacional, racial, cultural, orientación sexual, identidad de género…⎯ surgieron como un correctivo a una lucha de clases demasiado eurocéntrica, testosterónica y normativa. También como un modo de enraizar la política en las experiencias personales cotidianas de marginación o sufrimiento. Pero el individualismo imperante terminó diluyendo demasiadas veces su mordiente más comunal para convertirlas en una cuestión casi exclusiva de derechos y libertades individuales. La alianza con el conservadurismo más tradicionalista, defensor del pasado como un orden eterno, ha enfrentado al neoliberalismo con muchas cuestiones identitarias. No tendría por qué ser así: la racionalidad neoliberal podría hacer bandera de todo tipo de libertades individuales para acompañar a la libertad de enriquecerse sin límites.

Que la conciencia de clase de las élites, a pesar de que no lo reconozcan abiertamente, es mucho más nítida y firme que la de la clase trabajadora se evidencia comparando en unas elecciones cualesquiera el porcentaje de votantes y de abstenciones entre un barrio pudiente y uno trabajador. En los barrios de clase alta saben a quiénes votan y por qué lo hacen y acuden a votar en tropel. En los barrios de clase trabajadora, la ciudadanía se siente más perdida ⎯menos representada⎯, la abstención es a menudo mayoritaria y algunos votan por opciones que es difícil entender que respondan efectivamente a sus intereses. La autoproclamada transversalidad de ciertos partidos que se dicen de izquierda tampoco ayuda. ¿Existe algo numéricamente más transversal, es decir, más inclusivo, que la clase trabajadora?

Por justas que sean, si las batallas particulares olvidan el fondo común, pueden acarrear resultados paradójicos. Pensemos en el ascenso del supremacismo blanco. Es tentador despacharlo de manera simplista como una mera reivindicación de los privilegios perdidos, cosa que, en parte, es verdad. Pero el supremacismo blanco atrae a un número apreciable de varones blancos occidentales que pertenecen a una clase trabajadora empobrecida por los embates del mundo neoliberal. Les llegan discursos políticos contra los privilegios en los que no se sienten incluidos: no están racializados, no son mujeres, no son inmigrantes… En ausencia de un discurso que sitúe en un primer plano lo común de todas las demandas contra los poderosos, es fácil polarizar el mensaje y hacer sentir a demasiados que, si las reivindicaciones particulares los excluyen, es porque se dirigen contra ellos. Y acaban votando a quien, al menos, los elige como interlocutores.

Sería insensato abandonar la mejora de las condiciones de vida y la lucha contra la estigmatización y la marginación en cualquiera de sus casi infinitas formas. Pero es fácil obtener victorias si se divide al contrincante. La promoción de la clase media y las políticas identitarias pueden utilizarse en una estrategia de divide y vencerás, un clásico de las élites en el poder desde tiempos inmemoriales. Se fomenta la fragmentación de la mayoría en grupos, de suerte que sean muy conscientes de lo que les diferencia y olviden lo mucho que les une. Basta esperar a que se enfrenten entre sí. Los juegos del hambre.

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Ana Isabel Rábade Obradó es filósofa y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.