La presión sobre las cadenas de suministro por la guerra de Irán empieza a notarse en los alimentos. La cesta semanal que elabora el Ministerio de Agricultura, formada por más de un centenar de productos, se encareció en las cuatro primeras semanas de guerra un 10,3%, especialmente en hortalizas, cerdo y frutas.

Es cierto que algunos productos han subido su precio por otros motivos, como la cadena de borrascas de febrero o la gripe porcina, porque el mercado agrícola está expuesto a todo tipo de injerencias, pero a ellos se suma ahora el impacto de la guerra. En ningún momento del año pasado llegó a registrarse un repunte tan abrupto del coste de los productos agrícolas en tan poco tiempo.

Los últimos datos de Agricultura disponibles corresponden a la semana 13 del año, la que termina el 29 de marzo. Si se comparan con los precios medios de la semana 9, en la que estalló el conflicto, la mayoría de ramas agrícolas y ganaderos se encarecieron en los mercados mayoristas. Por ejemplo, las verduras subieron un 33,2%, el porcino un 17,9%, los lácteos un 8,9% y las frutas un 6,9%. 

Algunos repuntes están claramente ligados a eventos puntuales, como el foco de gripe porcina que estalló en noviembre. Aquella crisis –todavía sin resolver– provocó un desplome de los precios durante la Navidad que fue seguido por un despegue brusco en febrero y marzo, cuando comenzó a estabilizarse el sector. Solo en el mes de marzo las diferentes variantes de cerdo se encarecieron de media un 17,9% en las lonjas.

Sobre el efecto de la guerra en Irán, es difícil de saber por ahora hasta qué punto impacta en los precios mayoristas porque los agricultores insisten en que no tienen poder de negociación para imponer subidas a sus clientes, los intermediarios o las grandes cadenas de supermercados.

A esto se suma que muchos productos agrícolas suben y bajan su precio constantemente en función de la demanda y la producción global, y están sometidos a cientos de variables, como la sequía de los campos de trigo en Estados Unidos o la congestión del tráfico marítimo en el Sudeste asiático, explica Pablo Resco, responsable de Estrategia Agroalimentaria en Plataforma Tierra.

"Puede haber una sensación alcista por la guerra, aunque es pronto para saberlo porque el mercado es muy complejo", resume el experto. "El precio del cerdo responde más a la crisis de la peste, mientras que el del aceite depende mucho de la demanda interna y las exportaciones. Mientras que si hablamos de guerra tendríamos que pensar en problemas concretos, como que en Estados Unidos están pensando en sustituir el cultivo de maíz por soja, que no necesita fertilizantes, o si hay un atasco en las salidas de buques que transportan materias primas", añade.

Otro efecto local en España es el del tren de borrascas de enero y febrero, que afectó gravemente a Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia, y dañaron decenas de miles de hectáreas de cítricos, hortalizas y frutos rojos, lo que se traduce directamente en subidas en los mercados de abastos. Donde más se nota es en la mandarina, el limón, la zanahoria, la patata o el brócoli, que subieron entre un 18% y un 300% en marzo.

Cuando se pregunta a los agricultores, no creen que todavía haya una subida de alimentos debido a la guerra. Su mensaje es que –para su disgusto– no han podido trasladar la inflación a sus productos porque no tienen capacidad para renegociar con los intermediarios o los grandes supermercados una subida de precio, pese a que ellos, según afirman, han sufrido una subida de entre el 25% y el 35% en el precio del combustible y de los fertilizantes.

"Lamentablemente no podemos hacer nada mientras tenemos una subida transversal de costes. Somos el primer eslabón de la cadena y no tenemos capacidad para traspasar esos costes", subraya Cristóbal Cano, secretario general de la organización agraria UPA.

Andrés Góngora, responsable de producción agrícola de otra gran organización, COAG, no descarta que el cliente final sí que esté sufriendo esa subida en la cesta de la compra. "No podemos saberlo porque no hacemos un control exhaustivo de precios, pero avisamos para que el Gobierno vigile los márgenes porque podría haber casos de especulación", insiste.

El sector del porcino español, el más potente de la Unión Europea, comienza a convivir con la peste porcina africana (PPA). El foco original, detectado hace exactamente cuatro meses, se ha extendido a una zona mucho mayor y cada semana se detectan nuevos positivos entre los jabalíes silvestres, pero el virus continúa alejado de las granjas y no hay contagios en cerdos, lo que permite mantener el 80% del volumen de exportaciones que había antes de la crisis.

Para considerar a un país libre de la PPA y volver a acceder al 100% de los mercados internacionales deben pasar 12 meses desde la detección del último positivo, pero por ahora no ha empezado a correr ese calendario. El último reporte del Ministerio de Agricultura, del 19 de marzo, registraba cinco contagios nuevos frente al informe de la semana anterior, con un total de 232 positivos divididos en 40 focos. Y ninguna prueba apunta a un cambio de tendencia.

El titular de ese ministerio, Luis Planas, ha subrayado esta semana que aún así el sector está protegido porque la peste porcina no ha entrado en ninguna explotación, y que la mejor prueba de que el control del virus ha funcionado es que el 82% de los certificados –cada uno de los más de 400 productos que se venden procedentes del cerdo– se siguen exportando, así como el 80% del volumen total de productos. "Un país que no diese garantías no estaría ni en el 40%", comentó el ministro en una entrevista en TV3 este martes.

Lo único que ha cambiado desde el estallido de la crisis es el precio del cerdo. En las primeras semanas el coste del animal se desplomó ante la previsión de una sobreoferta –por la caída de las exportaciones–, pero el precio del cerdo vivo ha remontado sin parar en las últimas seis semanas, hasta los 1,25 euros por kilo, alrededor de un 20% más que a cierre de 2025. Y ya está muy cerca de los 1,30 euros que costaba antes de la crisis.

Esta subida no significa que el sector esté sumido en el optimismo por la situación epidemiológica, sino que es una respuesta natural del mercado tras el desplome de precios en diciembre y enero, según Miquel Àngel Bergés, director general de Mercolleida, la lonja porcina de referencia. "La subida de marzo es habitual porque en enero hay exceso de oferta de cerdo y el precio baja, para después volver a subir. En España y en Europa. Y este año se suma que en España teníamos unos precios excesivamente bajos", valora el portavoz. "De momento seguirán subiendo hasta Semana Santa, y después es incierto", añade.

Pablo Resco, experto en mercados agrarios de Plataforma Tierra, describe cómo el porcino español se mantiene en una calma tensa: los precios comienzan a asentarse y parece que las exportaciones no peligran, pero todo depende de que la PPA continúe sin saltar a un cerdo de granja. En este momento ya se han registrado casos en jabalíes silvestres en diez municipios y hay 45 explotaciones ganaderas bajo vigilancia intensa.

"El sector está preocupado, pero no estamos en el pánico del primer momento. Se ha logrado estabilizar la zona afectada y no estamos en el peor escenario", valora Resco.

La crisis ha golpeado además en un momento dorado, con un récord de producción porcina en 2025 de 5,27 millones de toneladas de producto, aunque eso hace todavía más vulnerable al sector, porque acumula un stock mayor de carne mientras la lista de compradores se ha reducido.

Una decena de países han prohibido de manera prácticamente total las importaciones de cerdo español, con Japón, México y Filipinas como los más grandes. Otros 11 tienen limitaciones parciales (entre ellos Brasil y Argentina). La buena noticia es que toda la Unión Europea y China, los dos grandes socios de la ganadería porcina española, permiten la entrada de cerdo de fuera de la provincia de Barcelona. Otros grandes compradores como Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos también tienen la puerta abierta al producto ibérico, así como otro medio centenar de países.

Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC), por su parte, señala que esta crisis porcina ha sacado a la luz otros problemas del sector. "Es un buen momento para plantearnos un debate sobre el futuro del cerdo en España", valora. Por ejemplo, si el modelo de sobreproducción es viable a largo plazo. "Creo que el crecimiento que hemos tenido en el sector no volverá a repetirse", añade. Los motivos son varios: China cada vez importa menos cerdo, el impacto ambiental de las granjas intensivas es enorme y criar a millones de cerdos genera una gran dependencia de importaciones de cereales y soja para alimentarlos. 

Varios expertos recuerdan también estos días que la crisis de la peste porcina en Alemania, que sufre desde hace cinco años, ha llevado a pique a la ganadería de cerdo de este país. La producción total ha caído en una cuarta parte desde 2020 y unas 5.000 explotaciones han cerrado.

El ministro Luis Planas también subrayó el martes que España ya está en la fase dos de la respuesta frente a la PPA –la primera fue la de controlar geográficamente el virus–, que consiste en la caza masiva de jabalíes, un animal que es capaz de extender el virus a docenas de kilómetros a la redonda. En los primeros meses del brote, el Gobierno prefirió optar por otras respuestas de control, pero a medida que el área de riesgo ha multiplicado su tamaño –abarca ya 33 municipios, para el riesgo bajo–, hace falta una respuesta más dura.

El ministerio se posiciona así con las demandas que hizo el sector porcino desde el primer minuto de la crisis, que reclamó abatir a todos los jabalíes en un área de 20 kilómetros, una medida que fue rechazada por grupos conservacionistas, como Greenpeace, que valoraron que esa vía era un error porque esos animales "son el mensajero y la víctima de la peste porcina africana, no el culpable de que haya aparecido".

La Generalitat ha informado de un nuevo caso de peste porcina africana (PPA) localizado por primera vez en el término municipal de Barcelona, lo que obligará a extender las restricciones al acceso al medio natural en todo el Parque Natural de Collserola, según informa EFE.

"Un nuevo positivo afecta al término municipal de Barcelona; es el mismo foco del caso detectado en Sant Just Desvern y, a partir de mañana, se hará una resolución para extender las restricciones de acceso al medio natural que afectarán a todo el parque natural de Collserola y a 18 municipios", ha informado este miércoles el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig.

El conseller ha detallado que el nuevo positivo es "justo al lado" del hallado previamente en Sant Just Desvern el pasado 6 de marzo, pero en este caso dentro del término municipal de Barcelona.

A raíz de la aparición de los primeros casos de peste porcina en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el pasado noviembre comenzaron las restricciones en las actividades en el medio natural en un primer radio de 6 kilómetros, que se ha ido ampliando conforme han aparecido casos fuera de la 'zona cero' en localidades como Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern y, ahora, Barcelona.

Ya había restricciones en el acceso al parque de Collserola por el lado norte y los laterales correspondientes a los ríos Llobregat y Besòs; con la inclusión de Barcelona en la zona de alto riesgo, ahora quedará prohibido el acceso también desde la capital, por el sur.

Ordeig ha pedido "calma" para las personas que viven y trabajan en el entorno del parque natural de Collserola o que viven en los barrios aledaños: "La gente podrá ir a los negocios, a los equipamientos y a las paradas de transporte público", ha señalado.

El conseller ha informado de la situación al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y ha indicado que mañana, cuando esté terminada la resolución, podrá dar más detalles de cómo se aplicarán las restricciones en la zona montañosa de Barcelona, que está parcialmente urbanizada y tiene diversos senderos para actividades de ocio, como la Carretera de les Aigües.

Ordeig ha recordado que las restricciones de acceso de personas al medio natural son para no ahuyentar a los jabalíes y para que puedan trabajar los equipos de captura de estos animales.

"Tenemos que hacer actuaciones muy contundentes de capturas en los próximos días y, por tanto, necesitamos poder hacerlo en condiciones y con seguridad", ha señalado el conseller.

Ordeig ha negado errores en la estrategia de contención, pues ha dicho que ya contaban que la peste podría extenderse hacia el sur, una zona "imposible de blindar".

"No se puede separar Collserola, allí no se podían poner vallas; ya sabíamos que, si en algún sitio tenía que ir, tenía que ser hacia abajo", ha dicho Ordeig, consciente de que el virus -que no se transmite a los humanos- ya no puede ir más hacia el sur porque ya solo queda la ciudad y el mar.

Ya son 18 los municipios los que están en la zona de alto riesgo: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern y Barcelona.

Un investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena ha destapado sin querer la existencia de un estudio que demuestra que la agricultura del Campo de Cartagena se asienta sobre terrenos altamente contaminados por metales pesados, entre ellos por plomo, un probable carcinógeno. El área abarca miles de campos de cultivo y además a decenas de miles de habitantes en Cartagena, La Unión y docenas de poblaciones de la zona.

El informe que certifica la presencia de estos contaminantes no ha salido todavía a la luz –el Gobierno de Murcia dijo primero que no existía, y ahora que está incompleto–, pero sí unos mapas que formarían parte de ese documento y que acreditan la presencia de cantidades peligrosas de plomo, zinc, cadmio y cobre en la tierra. infoLibre ha solicitado información a la Consejería de Agricultura de esta Comunidad, pero no ha recibido respuesta.

Esas cartografías que muestran el área contaminada, publicadas primero por RR Noticias y a las que ha tenido acceso infoLibre, son de escasa calidad, pero permiten ver el problema que sufre la región. Buena parte del suelo tiene, por cada kilo de tierra, concentraciones de más de 1.000 miligramos de plomo, más de 500 miligramos de zinc, más de 50 miligramos de cobre y más de 5 miligramos de cadmio. Estos metales han salido de los depósitos de antiguas minas de la sierra de Cartagena, y el aire y el agua los han dispersado por la cuenca durante décadas.

Todas estas cantidades superan por mucho los límites legales, fijados en el real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas. Para terrenos con un pH superior a 7, como es el caso de Murcia, el máximo legal de concentración de plomo es 100 mg/kg, diez veces menos que el mínimo registrado en la zona pintada de rojo. También se supera en varias veces el máximo permitido de zinc (200 mg/kg), de cobre (100 mg/kg) y de cadmio (1,5 mg/kg). El cadmio es considerado carcinógeno y es tóxico para el riñón, mientras que el plomo es un "probable carcinógeno", según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

Grupos de vecinos y ecologistas están muy preocupados por lo que esta revelación supone para la salud de toda la región, debido a que la tierra contaminada se respira, se toca y se ingiere. Un estudio sobre la incidencia de cáncer en la Región de Murcia con datos de 1996 a 2007 muestra una mayor prevalencia en el Campo de Cartagena en mesotelioma, en cáncer de próstata y en cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.

Los mapas ahora descubiertos también destapan una posible crisis agrícola en la región –considerada una de las huertas de Europa– porque está demostrado que cuando se cultiva sobre una tierra con metales pesados, una parte del residuo acaba en las frutas y verduras. Estas organizaciones reclaman que el Gobierno regional, en manos del PP de Fernando López Miras, libere el estudio completo para valorar cuál es el nivel de riesgo real al que está expuesta la población. 

"Que se esconda el informe y no se aclare desde el minuto uno las analíticas que se hayan podido hacer antes y después de recibir el informe, no da tranquilidad. Más bien alimenta las sospechas de que el problema es más gordo de lo que se quiere admitir", afirma Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción de Murcia. Si una concentración de plomo de 1.000 miligramos por kilo ya es extremadamente grave, las organizaciones temen que en algunos puntos la contaminación pueda ser incluso varias veces superior a esa cifra, puesto que el mapa no ofrece una paleta de color superior a 1.000 mg/kg.

Activistas y vecinos denuncian también que la Región ha tapado el informe porque confabula con la industria agrícola murciana, que se juega cientos de millones de euros ante una eventual paralización del sector por metales pesados. La agricultura en esta Comunidad tiene un peso directo e indirecto sobre el 11% del PIB regional y sobre el 14% de todo el empleo, según la consultora PwC.

El experto en suelos José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la Universidad Politécnica de Cartagena, colabora en el caso con Ecologistas, y reclama que se tomen medidas ya para evitar un daño aún mayor. "Desde el punto de vista científico, los niveles encontrados son alarmantes y exigen actuaciones inmediatas", opina Matías. "La ley 7/2022 obliga a que en esas tierras no se puede cultivar, pero es que además todos los trabajadores de esa zona, muchos inmigrantes indocumentados, están en permanente riesgo de toxicidad", añade el experto.

El escándalo salió a la luz hace una semana, cuando se publicó en la prensa la existencia de esos mapas de metales pesados, pero la historia viene de lejos. La consejera de Agricultura de la Región, Sara Rubira, dio en noviembre de 2023 una subvención de 293.035 euros a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para elaborar un Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación, un estudio que pretendía conocer el estado de la tierra de una zona que se sabe de sobra que está contaminada.

El Gobierno autonómico justificó el trabajo porque era importante para "ayudar a la posterior toma de decisiones en el avance de la protección del entorno y de la prevención de la contaminación debida a las actividades agrarias". Sin embargo, la consejería no volvió a dar cuenta de ese estudio.

El coordinador de aquel informe, Ángel Faz, responsable del Grupo de Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa) de la UPCT, fue contratado junto a su equipo por Tragsa para elaborar en 2025 un análisis del depósito minero El Lirio (Cartagena), que se demostró que había sido sellado por esta compañía pública con tierras contaminadas. En ese segundo informe, el grupo de investigadores de la UPCT se citó a sí mismo incorporando los mapas de contaminación de la región que había elaborado previamente para la Consejería de Agricultura, argumentando que toda la cuenca minera sufría un grave problema de metales pesados, no solo la zona trabajada por Tragsa.

Como el caso de El Lirio estaba siendo investigado por el Juzgado nº1 de Cartagena, diferentes personas tuvieron acceso a esas cartografías, levantando la liebre sobre el informe tapado por el Gobierno de Murcia. Ecologistas en Acción, denunciante del caso de El Lirio, pidió el pasado octubre a la Consejería de Agricultura su desclasificación, pero esta contestó que el estudio no se había entregado y que iba a exigir la devolución de los 293.000 euros a la UPCT. Sin embargo, la semana pasada la universidad confirmó su existencia y que fue entregado en mayo de 2025 al Gobierno autonómico, y la Consejería ha cambiado ahora su versión y dice que "no se ajusta, por ahora, a algunos aspectos, características, metodología o plazos que reflejaba la memoria", dando 15 días a los investigadores de la UPCT para resolver el supuesto problema.

Las versiones contradictorias de la consejera Rubira han aumentado todavía más sospechas sobre lo que habría en ese informe, y Podemos y Ecologistas en Acción han presentado dos denuncias por la ocultación del documento. "Aquí hay un grave problema que puede afectar a nuestra seguridad alimentaria, a la seguridad de los trabajadores del campo y a la salud pública", dijo la semana pasada la diputada morada en la Asamblea Regional, María Marín.

Además de que este estudio es relevante para la ciudadanía y los agricultores que trabajan en la zona, su publicación es obligatoria según el artículo 37 de la Ley de Ciencia Abierta. Según esa norma, todas las investigaciones financiadas con dinero público que se traduzcan en una publicación científica tienen que ser accesibles para todo el mundo "de forma simultánea a la fecha de publicación".

No es la primera vez que la Consejería de Agricultura oculta la existencia de un informe de caracterización de suelos que puede comprometer a la agroindustria murciana. En 2020, la misma consejería contrató a IDOM Consulting un análisis de suelos contaminados por metales pesados y la elaboración de un mapa de riesgo, pero no solo para el Campo de Cartagena, sino de toda la Región de Murcia. El presupuesto de ese proyecto fue de 251.165,75 euros.

En teoría se dieron diez meses para su elaboración, pero nada más se ha vuelto a saber de él. Ecologistas en Acción también presentó múltiples solicitudes formales de acceso a esa documentación, que han sido ignoradas. En este caso, el informe fue además financiado con fondos europeos Feder en un 80%, lo que ha permitido al grupo ecologista denunciar el caso ante la Fiscalía Europea.

Por ahora no está claro qué podría suponer jurídicamente la publicación de este estudio para la agricultura murciana porque no se conoce el informe completo, pero lo que se deduce con los mapas conocidos es que se superan por mucho los límites máximos de metales pesados del real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas. Cuando esto ocurre, la normativa recoge que se debe prohibir el empleo de fertilizantes con alto contenido en metales pesados y que el agricultor –en este caso cientos de ellos– debe implantar un protocolo de vigilancia, aunque no hay constancia de que haya ocurrido.

Un paso más allá es la declaración del suelo como contaminado, lo que prohibiría toda actividad agraria. La Ley de declaración de suelos contaminados de 2005 solo contempla la declaración inmediata de un suelo como contaminado cuando se supera en cien veces los niveles genéricos de referencia establecidos para una sustancia, pero en este caso no se llega a esas cantidades. La alternativa, según esa ley, es que la comunidad autónoma realice en la zona un análisis de valoración de riesgos para la salud y el medioambiente, pero solo si se superan los niveles genéricos de referencia para una sustancia de riesgo.

El problema es que la normativa estatal de 2005 no incluye valores de referencia para los cuatro metales analizados en este caso, sino que se emplaza a las comunidades autónomas a que establezcan sus propios niveles máximos a partir de las particularidades geológicas de cada región.

El Gobierno de Murcia inició hace un año la tramitación para aprobar los niveles genéricos de referencia para estos metales, pero todavía no están aprobados en sede parlamentaria. En todo caso, el borrador de ese proyecto demuestra que los valores se superarían en todos los casos: plomo (115 mg/kg), cobre (225 mg/kg), zinc (705 mg/kg) y cadmio (4 mg/kg).

Una vez que entren en vigor esos valores máximos, se deberían comparar con los resultados del informe de la UPCT e iniciar por tanto un estudio de valoración de riesgos en el Campo de Cartagena. A continuación, según la ley de 2005, si se demuestra que hay riesgo para la salud humana, el suelo se debe declarar "contaminado". Otro real decreto, el 9/2005, subraya que un suelo contaminado no es apto para producción agrícola.

El Tribunal Supremo dictó este lunes dos sentencias contra la caza del lobo en Cantabria y Asturias –donde se han ejecutado más de 60 ejemplares en el último año– que han sumido en la incertidumbre a los implicados. Los pronunciamientos son sobre casos de 2022, fecha anterior a la expulsión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que ha derivado en diferentes interpretaciones sobre si en este momento las comunidades autónomas pueden decretar la caza de nuevos ejemplares. En respuesta a las dos sentencias, Asturias paralizó este martes la persecución del animal al menos hasta verano, mientras que Cantabria asegura que "nada ha cambiado".

La consejera de Medio Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, aseguró este martes a infoLibre que su Comunidad seguirá decretando órdenes para abatir a lobos pese al pronunciamiento del Supremo, puesto que las sentencias corresponden a disputas anteriores a la salida del lobo del Lespre en marzo de 2025. Cuando estaba en esa lista, el mamífero solo podía abatirse con el permiso justificado del Ministerio de Transición Ecológica, pero en la actualidad la decisión es exclusiva de cada comunidad autónoma.

"La sentencia nos deniega la petición para las dos extracciones [como se denomina a la caza del lobo por orden administrativa] que pedimos en 2022, pero la situación ha cambiado por completo", valora la consejera. "El lobo ha salido de la lista de especies protegidas y tenemos un plan de gestión activado que permite un cupo de extracciones de hasta el 20% de la población cada año", añade.

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que interpuso los dos recursos a los que ahora ha dado la razón el Supremo, interpreta de manera opuesta los dictámenes y opina que las dos sentencias de este lunes afectan también a los planes de gestión del lobo de Cantabria y Asturias para 2025 y 2026, de manera que ambas regiones deberían cesar la caza inmediatamente. Desde abril del año pasado se han abatido en Cantabria 41 lobos y 25 en Asturias.

"Tanto si las comunidades lo quieren ver como si no, las sentencias subrayan que el lobo sigue protegido en Europa y suponen la prohibición de la caza por cupos. Lo que ha ocurrido con la protección del lobo es una reconfiguración, pero su captura sigue estando restringida a situaciones concretas y justificadas", contesta Ignacio Martínez, presidente de Ascel.

En su opinión, que el lobo haya salido del Lespre no implica que deje de estar blindado en la Unión Europea, puesto que está incluido en el anexo de especies protegidas de la Directiva Hábitats. Es cierto que el Parlamento Europeo rebajó también el año pasado su estatus de "estrictamente protegido" a "protegido" en esa normativa –un cambio que abrió la puerta a que los Estados miembros puedan permitir su caza–, pero siempre garantizando que la población "mantenga un estado de conservación favorable".

Asturias, la otra región en la que se permite abatir lobos de manera recurrente desde abril del año pasado, ha tenido que apostar por una estrategia más conservadora. En su caso, la sentencia del Tribunal Supremo de este lunes no solo tumbó el plan de control 2022-2023, que no tiene efectos sobre la situación actual, sino que también anuló el artículo 7.5.a de un decreto del Principado de 2015 que permitía determinar el número de capturas mediante cupos. Como ese artículo sigue presente en el plan de actuación 2025-2026, la Consejería ha cancelado la continuidad de ese programa, que terminaba esta primavera.

"Vamos a seguir garantizando ese equilibrio necesario para desarrollar una actividad agrícola y ganadera y haremos la modificación del decreto", declaró este martes el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. Según aclaró, los cambios en el artículo ya se aplicarán en el próximo programa de caza del lobo, que esperan tener listo en junio, y que incluirá un cupo que dependerá del informe del estado de la especie en 2025, que publicarán próximamente.

Sobre la decisión de Asturias de paralizar el programa de extracciones actual, la consejera cántabra prefirió no pronunciarse durante la conversación con infoLibre. "No puedo entrar a valorar las decisiones de otra Comunidad. Nosotros seguimos los dictámenes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha avalado nuestro plan en cada recurso que nos han presentado", subrayó Susinos. También destacó que este mismo lunes el Tribunal Supremo descartó un recurso de Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica que pedía medidas cautelares contra el actual Plan de Gestión del Lobo.

Asturias y Cantabria no son las únicas regiones que han dado batalla en los últimos años para rebajar la protección de este mamífero. Castilla y León ha sido probablemente la que más presionó en su día para retirar al animal del Lespre, y también es la que más manadas alberga (179 en el año 2024) aunque por ahora no ha permitido abatir a ningún ejemplar. Esta región está, en teoría, a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica publique el esperado informe sexenal 2019-2024 sobre el estado de la especie, que debía haberse remitido a la Comisión Europea antes del 31 de julio de 2025. Una vez se conozca si el lobo en España crece o está estancado, decidirán cómo proceder.

Galicia es la segunda Comunidad con más manadas y también ha defendido la caza del lobo durante años, pero por ahora la mantiene paralizada. Tras la expulsión del animal del Lespre hace un año, la Xunta publicó una resolución que volvía a considerarlo especie cinegética en caso de evidencias de ataque a una granja, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paralizó la normativa en junio al entender que su puesta en práctica podría afectar a la viabilidad de las poblaciones.

El pasado 28 de noviembre de 2025 se confirmó la detección de un brote de peste porcina africana en Cataluña, lo que supuso la primera notificación del virus en España desde noviembre de 1994. Como consecuencia, España ha perdido temporalmente el estatus de país libre de la enfermedad que mantenía desde hace treinta años.

Acaba de publicarse el informe inicial sobre los pormenores del brote, realizado por el Comité Científico Asesor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En él se analizan las posibles causas de la entrada del virus, su evolución y las medidas a adoptar para su contención.

Dicho informe es preliminar y no permite conocer con certeza el origen del patógeno, pero sí documenta la caracterización molecular y sugiere algunas conclusiones que permiten responder a preguntas tan interesantes como si el virus de la peste porcina africana (VPPA) detectado en noviembre se originó por una liberación accidental desde un centro de investigación.

En el informe se describe la caracterización genética del virus detectado en jabalíes en Cataluña en noviembre 2025. Como su genoma es de gran tamaño (alrededor de 170 genes) y presenta una alta homogeneidad, se aplicó el esquema de caracterización de la Unión Europea. Este consiste en un análisis escalonado (distintos niveles) que permite aumentar progresivamente la resolución genética para responder a preguntas epidemiológicas complejas.

La primera pregunta es a qué genotipo corresponde el virus (nivel 1). La clasificación global se basa en el análisis parcial de un gen concreto: el B646L, que codifica para la proteína p72. Con esta técnica se han descrito hasta 24 genotipos distintos del VPPA.

Pues bien, el virus que ha llegado a España fue clasificado dentro del genotipo II, el mismo que lleva años circulando por Europa desde que salió de Georgia en 2007. Esto no sorprendió a los investigadores porque es el único presente en la actualidad en el continente. Pero ese dato no es suficiente para dilucidar si procede de Italia, Europa del Este o de otro lugar. Es como saber que alguien pertenece a una familia muy grande, pero ignorar exactamente de qué rama familiar es.

Para afinar más, se realizó un segundo análisis de seis pequeñas regiones genéticas distintas (nivel 2) buscando pequeñas diferencias (mutaciones). Esto permite distinguir hasta 28 subgrupos dentro del genotipo II. El virus español tenía casi el mismo perfil que la cepa de referencia Georgia 2007/1 salvo por una pequeña mutación nunca antes descrita en la región intergénica 9R/10R. Por eso, el aislamiento español corresponde a un nuevo subgrupo genético del genotipo II: el grupo 29.

Para alcanzar la máxima resolución genética, el siguiente paso (nivel 3) supone ya la secuenciación completa del genoma del virus, como si se leyera el libro completo y no solo algunos capítulos. Al compararlo con la cepa de referencia, el genoma del virus español era más corto, presentaba una gran deleción (de unos 10 000 nucleótidos, las “letras” del código genético) en la región izquierda del genoma, entre las posiciones 10 264–20 087.

En otras palabras, el genoma del virus español ha perdido un fragmento grande de su ADN que implica la supresión de al menos 21 genes. Esos genes no son imprescindibles para que el virus se multiplique, pero sí podrían influir en cómo interactúa con el sistema inmune y en su comportamiento biológico.

Además, se identificaron 18 mutaciones puntuales o SNP (siglas de Single Nucleotide Polymorphism) y 13 inserciones y deleciones cortas distribuidas a lo largo de todo el genoma. Esto sugiere que este virus presenta una firma genómica propia y es una variante genéticamente diferenciada del resto de VPPA conocidos hasta ahora.

Por último, se comparó la secuencia del genoma del virus español con 81 muestras (12 aislados virales históricos de las cepas Georgia 2007 y Armenia 2007 y 69 muestras clínicas procedentes de infecciones experimentales) del laboratorio de investigación IRTA-CREsA, cercano al lugar donde se detectó el brote de la enfermedad en jabalíes en noviembre de 2025.

Los análisis realizados por organismos independientes y mediante metodologías complementarias demostraron que ninguna de las muestras analizadas presentaba la gran deleción de unos 10.000 nucleótidos observada en el virus de campo. Además, tampoco compartían el conjunto de mutaciones distintivas del aislado español.

En todas las muestras, las secuencias obtenidas eran iguales a las cepas de referencia (Georgia 2007 o Armenia 2007) y no presentaban evidencia de haber adquirido ninguna de las deleciones o mutaciones encontradas en la firma genómica del virus detectado en Cataluña en noviembre de 2025.

Según el informe, estos resultados demuestran que el virus causante del brote de peste porcina africana en Cataluña es genéticamente diferente de los virus en el laboratorio del IRTA-CREsA y, por tanto, no se originó por una liberación accidental desde el centro de investigación.

Hasta 2025 se ha notificado la presencia del VPPA en 25 países europeos y solo Bélgica y Suecia han conseguido erradicar el virus de su territorio. Uno de los mayores problemas que existe para los estudios epidemiológicos es que en muchos países del continente no constan datos de la caracterización genética del VPPA, lo que limita mucho la interpretación de su distribución real.

Por ejemplo, en países como Hungría, Serbia, Ucrania, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Lituania o Polonia no hay datos relevantes o son muy limitados de la circulación, dispersión y caracterización el VPPA. Por tanto, el patógeno aislado en Cataluña en noviembre de 2025 podría ser realmente nuevo… o podría existir en algún país donde no se hayan secuenciado suficientes virus.

En pocas palabras: no se sabe. Aunque en el informe se discuten varias posibilidades (introducción deliberada del virus desde focos activos europeos o que fuera transportado por actividades humanas), la hipótesis más probable sigue siendo la llegada accidental mediante residuos o restos de alimentos contaminados, la llamada “hipótesis del bocadillo”. El virus es muy resistente en materia orgánica y a bajas temperaturas, y así ha entrado en Europa en otras ocasiones.

El informe es preliminar y demuestra que es necesario continuar con la vigilancia epidemiológica, la caracterización molecular y la gestión integrada de la fauna silvestre para proteger las explotaciones porcinas y minimizar el impacto sanitario y socioeconómico.

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Ignacio López-Goñi es catedrático de microbiología y miembro de la Sociedad Española de Microbiología (SEM) de la Universidad de Navarra. Esta artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

La intensa sequía de 2023 causó estragos en la agricultura española como nunca antes y ese año Agroseguro pagó más de 1.200 millones de euros en indemnizaciones, un récord, aunque se estima que las pérdidas reales fueron tres veces superiores. En 2025 el escenario climático fue completamente distinto, con lluvias incluso un 9% por encima de la media histórica en la península. Sin embargo, las indemnizaciones volvieron a ser astronómicas, de 803,7 millones, la segunda cifra más alta desde que el consorcio de aseguradoras fue creado en 1978. La explicación está en que el cambio climático convierte en extremo cualquier episodio, y en 2025 fue el turno del pedrisco.

El informe anual de siniestralidad de Agroseguro, publicado este miércoles, revela una subida de la siniestralidad del 15% frente a 2024 debido a los daños por tormentas. Es habitual que las indemnizaciones agrícolas sufran fuertes subidas y bajadas de un año a otro porque funcionan por ciclos, pero el registro histórico de indemnizaciones evidencia que en los últimos años algo está cambiando, según Sergio de Andrés, el director general de este consorcio.

"Entre el 6 de febrero y el 6 de agosto de 2025 recibimos partes por daños climáticos todos los días, eso es muy llamativo. Tuvimos un récord histórico por daños de pedrisco en mayo y junio, y a finales de diciembre hubo granizadas en Almería y Murcia, cosa que no había ocurrido jamás, como me dicen los propios agricultores", asegura el jefe de Agroseguro.

Históricamente, el pedrisco ha sido el principal causante de los daños en el campo, pero se acotaba a finales de primavera y comienzos del verano. Sin embargo, el calentamiento global lo ha extendido a lo largo de todo el calendario y ha incrementado su intensidad. En consecuencia, solo las tormentas (principalmente el pedrisco) dañaron más de un millón de hectáreas entre enero y noviembre de 2025 –a falta del dato de diciembre–, la cifra más alta en 45 años. 

José Luis Sánchez, experto en Física de Nubes de la Universidad de León, lleva más de dos décadas estudiando el granizo en la península y explica que el cambio climático tiene un "efecto claro" en estos siniestros. "Cada vez graniza más y hay una tendencia a que el pedrisco más gordo sea cada vez más grande, aumentando el daño", subraya. 

Según explica, el calentamiento de la atmósfera aporta más energía a las tormentas, aumentando su tamaño y la energía que concentran. Esto provoca que las corrientes de aire verticales que se generan en su interior tengan más fuerza para elevar las motas de agua –convertidas en hielo, cuando alcanzan determinada altura– dentro de la nube, y cuanto más ascienden, más diámetro acumulan antes de precipitar.

"El proceso es similar a poner una pelota de tenis sobre una fuente de agua. Se impulsa verticalmente hasta que se queda estable porque su peso está en equilibrio con la fuerza de la corriente. Mientras tanto las motas más pequeñas que vienen detrás chocan contra ella y se quedan pegadas, aumentando su tamaño, hasta que cae por su propio peso", aclara Sánchez. "En Lleida hemos analizado más de 185.000 impactos de granizo durante 25 años, y ese aumento de tamaño por el cambio climático se observa claramente", añade.

Al mismo tiempo, también ha detectado que las granizadas con diámetros muy pequeños se han vuelto menos frecuentes que en el pasado porque el pedrisco con diámetro inferior a un centímetro se derrite con más facilidad al precipitar. Esto se explica porque la temperatura de las capas más bajas del aire es cada vez más cálida, acelerando la fusión del hielo.

Un hielo más grande y pesado causa evidentemente daños mayores en el campo, hasta el punto de que los pedazos más grandes llegan a romper los troncos de los cultivos leñosos, poniendo en peligro incluso las cosechas de los siguientes años. Un pedrisco de ocho centímetros de diámetro –un caso extremo– equivale a una piedra de 350 gramos que cae a 120 kilómetros por hora.

Pablo Resco, experto en cambio climático de Plataforma Tierra Cajamar, un centro de estudios agrícolas, advierte que el adelanto del granizo a los meses de abril y mayo es catastrófico para el sector porque ahora afecta a cultivos en etapas tempranas que no pueden sobrevivir a la tormenta. Por ejemplo, a árboles frutales que están en floración o que tienen frutos muy pequeños que no resisten los impactos.

Las zonas más afectadas por tormentas, según Agroseguro, son Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana, y los cultivos más dañados son los frutales, los de mayor valor añadido y los más importantes de la zona del Valle del Ebro, el lugar donde el granizo ataca con más virulencia, así como la uva manchega.

Un año más, también se produjo en 2025 un incremento de la superficie agrícola asegurada, que subió un 5% en superficie (6,24 millones de hectáreas en total) y un 3% en peso de producto (hasta 42 millones de toneladas). Coincide con la tendencia de los últimos años, en los que el crecimiento de los daños climáticos está llevando a cada vez más profesionales a asegurar sus tierras y su ganado. 

Una queja habitual del sector en los últimos años, con el aumento de la siniestralidad, es el incremento del coste de las pólizas por daños recurrentes o la rebaja de las coberturas, puesto que el sistema de seguros tiene problemas para cubrir costes. En 2023 los daños fueron tan grandes que el Gobierno, las comunidades autónomas y Agroseguro tuvieron que inyectar más de 500 millones al sistema para cubrir las pólizas reclamadas.

Sergio de Andrés, director de Agroseguro, afirma sin embargo que en 2025 solo incrementaron globalmente un 1% el coste de los seguros "con retoques puntuales en unas líneas que se compensaron con bajadas en otras". En todo caso, los seguros agrarios son deficitarios cada año,. El agricultor y el ganadero solo abonan alrededor del 50% de lo que cuesta la cobertura y el Ministerio de Agricultura suele cubrir alrededor del 35%. El resto lo abonan las comunidades, aunque con grandes diferencias entre regiones. Un análisis de infoLibre de 2023 reveló que en Murcia, por ejemplo, el Gobierno regional solo aportó el 3,1% del total, de manera que los profesionales pusieron el resto de su bolsillo.

Unos 200 tractores han colapsado este viernes el centro de Oviedo en una protesta agrícola y ganadera contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) al considerar que se pone en riesgo la viabilidad del sector primario ante la desigualdad de condiciones entre países, según ha informado EFE.

Las organizaciones agrarias URA, USAGA, COAG y ASAJA han convocado esta marcha que ha partido el mediodía del viernes desde La Pixarra, en las afueras de Oviedo, con una columna de tractores y maquinaria agrícola, a la que se han sumado cientos de personas a pie en la céntrica Plaza de América para confluir en la Plaza de España, frente a la Delegación de Gobierno en Asturias.

Los agricultores y ganaderos asturianos alzan de esta manera su voz contra el acuerdo que, entienden, "constituye competencia desleal", al tener los países de Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- costes de producción más bajos y normativas menos rigurosas que Europa.

La protesta de Oviedo contra este acuerdo comercial, que se firmará el sábado día 17 en Paraguay, se suma a otras convocadas este viernes en diferentes ciudades del país, como Mérida y Burgos.

Tras partir de La Pixarra, los tractores han sido recibidos en la plaza de América por cientos de personas, entre ellas una representación de todos los partidos políticos asturianos y con la presencia del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico. Posteriormente, los manifestantes, portando cencerros y pancartas con lemas como 'Por un futuro en el campo. Sin Mercosur. Sin recortes de la PAC', y los tractores, se han desplazado hasta la plaza de España, donde está ubicada la sede de la Delegación del Gobierno, con el objetivo de poder mantener una reunión con la delegada Adriana Lastra, que no se ha producido.

"Es una falta de respeto al campo asturiano. Ha cometido un error muy grande. ¿Está con el sector ganadero o está con este acuerdo?", ha señalado el coordinador de URA, Borja Fernández, dirigiéndose a la delegada del Gobierno en el Principado.

Los sindicatos agrarios han señalado que "no tienen miedo al mercado", sino a competir con prácticas desleales y han pedido a los eurodiputados asturianos que no respalden este acuerdo. "Competir sí, pero no así", ha apuntado el presidente de Asaja en Asturias, Ramón Artime, en la misma línea en la que se ha pronunciado el representante de Usaga, José Álvarez, quien ha sostenido que "aún hay posibilidades" de poner fin a este acuerdo.

Por parte de Coag, David Pérez ha lamentado que Lastra "no está ni se le espera" para abordar con los sindicatos el contenido de un acuerdo que "para nada va a beneficiar" al campo asturiano. Los manifestantes, que han protagonizado la quema de fardos de hierba en la plaza de España, han acordado permanecer en el lugar con sus tractores hasta que Lastra les reciba.

La protesta ha estado respaldada por todos los partidos políticos y ha contado con una representación del Gobierno del Principado, como la del consejero de Medio Rural, quien ha apoyado estas movilizaciones al considerar que es un acuerdo que "va en detrimento" y "pone en la picota" al sector primario asturiano, que tiene un "papel fundamental" en la comunidad, por lo que ha pedido que se reconsidere su contenido.

En la misma línea se ha pronunciado el consejero Zapico, quien ha manifestado su oposición a este acuerdo que "está pensado para el beneficio de las multinacionales" y "no protege al sector primario asturiano".

Por parte del PP, el diputado Luis Venta ha dicho que el acuerdo es "lesivo" para la comunidad dado que generará una competencia desleal. "Lo rechazamos frontalmente. Es un nuevo varapalo al sector primario", ha señalado la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, quien ha considerado "vergonzoso" que Lastra se haya "negado a recibir" a los agricultores y ganaderos.

El diputado y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha advertido de que el acuerdo "ataca frontalmente" al campo y ha reclamado medidas para ayudar a los afectados. 

Tras más de veinticinco años de negociaciones, la UE dio el pasado viernes luz verde al Tratado entre los 27 y los países del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que será rubricado en Paraguay en medio de las protestas del sector agrícola en Europa.

España ha confirmado 13 nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes hallados muertos dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros en torno al primer caso en Cataluña, con lo que eleva a 60 los positivos en esta enfermedad y a un total de 15 los focos desde noviembre de 2025, según recoge EFE.

En el último documento de actualización de la peste porcina africana en jabalíes silvestres en Cataluña, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha detallado que se han detectado 3 focos primarios y 12 secundarios.

Además, se han analizado 622 animales con resultados negativos: 300 han sido capturados y 322 se han muestreado por "vigilancia pasiva".

Sobre las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, el Ministerio ha explicado que se mantienen en las 57 explotaciones localizadas en la zona infectada, sin que hasta ahora se haya encontrado "sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas".

Mientras tanto, siguen "las intensas labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes" y se trabaja en "la preparación de actividades de captura" para la reducción de las poblaciones de jabalíes en las zonas de bajo riesgo de la zona infectada.

También se están reforzando las medidas de aislamiento, vallados, aprovechando vallas ya existentes en carreteras y vías férreas, y priorizando el control de corredores de uso de jabalíes. Por ejemplo, se trabaja en una segunda barrera de contención alrededor de Collserola -AP7 y A2 en el sur y en el norte otras carreteras y vías para evitar paso al Maresme, hacia el norte también se está reforzando la barrera del Cercanías-, de acuerdo con el MAPA. 

Según el Gobierno, la peste porcina africana, que reapareció en España el pasado noviembre, es una enfermedad que no se transmite a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. No obstante, resulta necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales de esta especie. 

Es obligatorio comunicar cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

En diciembre de 1995 se firmó en Madrid el inicio del diálogo para construir el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para formar la mayor zona de libre comercio del mundo, con 720 millones de habitantes y una quinta parte del PIB global. Después de tres décadas de conversaciones, la semana pasada el Consejo Europeo avaló la firma de este pacto histórico, que se ratificará este sábado en Paraguay y eliminará los aranceles para aproximadamente el 90% de los productos. Los más sonados han sido los agrícolas, que han provocado importantes protestas en toda Europa, también en España, con cortes de carretera en Cataluña o Galicia.

Aunque el acuerdo comercial abarca numerosas industrias, el sector primario europeo ha sido el más beligerante con el pacto porque abre la puerta a que entren masivamente alimentos (vegetales y animales) cultivados y producidos en gigantes agrícolas como Brasil o Argentina que podrían sobreponerse a las empresas europeas con sus precios más bajos. No obstante, se han establecido una serie de salvaguardas agresivas para evitar que el mercado se rompa.

A cambio, Europa podrá exportar sus bienes sin aranceles a Mercosur, principalmente coches, productos industriales, químicos y medicinas, eliminando cada año 4.000 millones de euros en costes de aduanas para las 60.000 empresas europeas que venden allí. Pese a que la esencia del tratado es eliminar barreras arancelarias, los expertos matizan que algunos artículos no tienen hoy aranceles, pero que gracias al tratado se afianzan los lazos entre las dos regiones.

"La soja ya entra sin arancel, pero estos lazos comerciales ayudan a que no se vaya a lugares como China", opina Pablo Resco, analista de mercados agrícolas en Plataforma Tierra Cajamar. "Hace cinco años quizás no era tan importante, pero en el mundo de hoy tener socios y evitar la incertidumbre es un éxito", afirma.

Por otra parte, Víctor Burguete, investigador del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), cree que el pacto llega tarde para los sectores industriales. "El acuerdo es en general positivo para Europa, pero hace diez años hubiera permitido establecer al mercado automovilístico en Latinoamérica, donde ahora hay un gran dominio chino", señala.

El acuerdo ha sido aprobado por el Consejo Europeo, será firmado este fin de semana y entrará en vigor de manera provisional. Sin embargo, debe ser ratificado por el Parlamento Europeo la próxima semana, un paso que podría alargarse incluso dos años si los países críticos –encabezados por Francia– logran llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como están tratando de hacer.

El mecanismo reduce a cero los aranceles de millones de productos en las dos direcciones, impulsando el comercio de artículos españoles clave como el vino (actualmente tiene un arancel del 35%), el aceite de oliva (10%), la maquinaria automovilística (35%) o los medicamentos (14%). No obstante, el efecto no será inmediato, ya que algunos bienes tardarán más de una década en perder sus impuestos aduaneros para que la transición sea suave.

La idea original del tratado, según Burguete, era "cambiar alimentos por coches", pero la situación geopolítica ha cambiado tanto en el último año que los expertos destacan más la importancia de tener nuevos socios en un mundo cambiante. La Comisión Europea calcula, en todo caso, que las exportaciones europeas crecerán en 35.000 millones de euros al año hacia Mercosur gracias al tratado, aunque habrá muchos ganadores y unos pocos perdedores.

El centro del debate –y la razón de que se haya tardado tres décadas en formalizar el pacto– está en los productos agrícolas europeos, como los cárnicos, que podrían perder cuota de mercado frente a la competencia de Sudamérica. Para suavizar el impacto, en el caso de la carne de vaca, de cerdo y de pollo, solo se reducirán los aranceles en una cantidad limitada de toneladas del alimento, inferior al 2% de la producción total de la UE.

El bloque de Mercosur, por su parte, también se arriesga a que la gran industria automovilística europea se coma a los fabricantes de coches de Brasil, por ejemplo, de manera que en los dos lados del océano habrá víctimas colaterales.

Francia es el país que más oposición política ha ejercido en Bruselas contra el pacto, y casi logra una mayoría suficiente para frenar el acuerdo en el Consejo Europeo junto a Irlanda, Polonia, Austria y Hungría, pero el cambio de opinión de última hora de Italia permitió sacarlo adelante.

Tomás García Azcárate, doctor en Economía Agraria, explica que el campo francés tiene mucho poder político y el Gobierno teme una fuga de votos hacia la extrema derecha, a lo que se suma la decadencia de su industria agrícola. "En 2026, Francia podría registrar una balanza comercial agraria negativa por primera vez en la historia reciente del país", apunta el analista.

José María Castillo, delegado en Bruselas de la organización agrícola española Asaja, destaca que mejoras que se han logrado en la última semana mejoran la opinión del pacto entre los agricultores, aunque no es suficiente. Por ejemplo, se permitirá destinar más dinero a la Política Agraria Común –hasta 45.000 millones de euros– y se introducirá una salvaguarda en el acuerdo UE-Mercosur que dicta que si un producto varía un 5% o más su precio o su stock en el mercado, se abriría una investigación que podría recuperar los aranceles para evitar un impacto en el sector.

Agricultores y ganaderos catalanes convocados por el colectivo Revolta Pagesa mantienen esta mañana los cortes de tráfico en la AP-7 y la N-II, ambas en la provincia de Girona, en la C-16, a la altura de Berga (Barcelona), y también siguen bloqueando el acceso al Puerto de Tarragona, según informa EFE.

Se trata de la cuarta jornada de movilizaciones en Cataluña en contra del tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur, que los países europeos tienen previsto firmar el próximo 17 de enero.

A pesar de los intentos de mediación del departamento de Agricultura de la Generalitat, que ha ofrecido a los agricultores del movimiento Revolta Pagesa una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, los manifestantes insisten en poder hablar directamente con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Fuentes de Revolta Pagesa, que en septiembre de 2024 se constituyó como Gremi de la Pagesia Catalana, aseguran a EFE que por el momento no hay calendario para desconvocar las protestas.

Estas fuentes añaden que el hecho de que Revolta Pagesa no forme parte de las mesas agrarias españolas es uno de los argumentos que se trasladan desde el ministerio para justificar que se canalice el diálogo a través de la Generalitat.

En el caso de la AP-7, la protesta de los agricultores mantiene cortada en ambos sentidos el tramo de esta autopista que va de Borrassà a Vilademuls, por lo que hay desvíos señalizados para evitar dicho tramo.

También sigue cortada la N-II entre Bàscara y Pontós, aunque también hay desvíos señalizados en este tramo.

Asimismo, los agricultores mantienen con sus tractores bloqueado el paso fronterizo con Francia en el Coll d’Ares, en la C-38, con la restricción del paso a los camiones.

También sigue cortada la C-16, en ambos sentidos, entre Casserres y Berga, una importante vía de acceso a la Cerdanya en la temporada de invierno, y se hacen desvíos por la C-16z.

Asimismo, los tractores bloquean el acceso al Puerto de Tarragona, en la A-27, y esta mañana está prevista una manifestación en la ciudad de Tarragona a las 12 horas en la Plaza Imperial Tarraco que culminará en el punto de protesta ante el puerto.

Los agricultores y ganaderos gallegos también han salido a las carreteras a protestar por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur aprobado este viernes. Según informa praza.gal, han cortado la A-52 a la altura de Trasmiras. Los colectivos Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema anuncian que retomarán las movilizaciones el lunes 12 de enero delante de la sede de la Xunta en Lugo.

La secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA) realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) descarta que saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), según recoge EFE.

Así lo ha confirmado este martes la secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, y el profesor del IRB Toni Gabaldón, encargado de hacer la secuenciación, a la espera de los resultados del Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete-Madrid, el de referencia de la PPA, para confirmar los resultados obtenidos.

El conseller del Departamento de Agricultura, Òscar Ordeig, ha pedido "prudencia" a la hora de interpretar estos resultados, ya que "hay diferentes líneas de investigación y el laboratorio de referencia dará la conclusión definitiva".

Cristina Massot ha explicado que "de las 19 muestras ofrecidas por el laboratorio han secuenciado 17", pero las dos restantes son "muestras congeladas de hace 5 años" que no están utilizando.

Aparte de estas muestras, el IRB también ha consultado un registro de datos europeos donde hay unas 800 cepas registradas. 

Toni Gabaldón ha explicado que el virus presente en los jabalís muertos, que se encontraron en las inmediaciones del laboratorio del IRTA-CreSA, corresponde a "una nueva variante no registrada", ya que han encontrado "diversas mutaciones y la pérdida de una parte importante del genoma que la hace menos virulenta" y, en consecuencia, "menos mortífera". 

Esto implica que el origen de esta nueva variante, que sería la número 29, "sea más difícil de encontrar", ya que no se "puede establecer ninguna correlación con las otras variantes".

Además de pedir "prudencia" a la espera de los resultados del laboratorio de Algete, el conseller Ordeig ha agradecido a todas las personas del departamento "el trabajo realizado estos últimos días", y ha recordado que "la prioridad actual es contener el radio de 6 kilómetros y seguir apoyando al sector".

La Generalitat ha asegurado este viernes que, según el informe de los técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura y de la auditoría encargada para conocer el origen del brote de peste porcina africana (PPA) de Collserola, no hay "evidencias" ni "indicios" de que el virus saliera del laboratorio IRTA-CReSA.

Así lo ha asegurado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una comparecencia en la sede del IRTA-CReSA, un centro de investigación en sanidad animal situado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en la zona donde se localizaron los primeros jabalíes muertos por PPA.

Ordeig ha explicado que el informe de los técnicos europeos y del Ministerio sostiene que "no hay evidencias ni indicios" de que el origen del virus sea el CReSA, ya que tanto sus instalaciones como sus protocolos "están bien", y "avalan las actuaciones hechas hasta ahora".

Ha subrayado que la auditoría encargada a un grupo de expertos por parte de la Generalitat, que se está ultimando, también concluye que "los protocolos están bien y que todo se ha hecho correctamente", a falta de una documentación extra que se ha requerido.

Un día después del registro por parte de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil de las dependencias de este laboratorio para investigar el origen del brote de peste porcina africana, el conseller se ha reunido con los trabajadores del IRTA-CReSA y ha defendido la profesionalidad del centro, del que ha dicho que es uno de los "de referencia en peste porcina africana de Europa".

En la misma línea, desde Mataró (Barcelona), donde ha presentado el plan de barrios, el presidente catalán, Salvador Illa, ha mostrado la "máxima transparencia y colaboración" por parte de la Generalitat ante todas las investigaciones en torno a la peste porcina africana y ha salido en defensa del IRTA-CReSA.

"Hoy no hay ningún dato que nos permita afirmar que las cosas en el IRTA no se han hecho bien. Se han hecho bien. Toda la información que tenemos es esta", ha dicho Illa.

El conseller Ordeig ha insistido en la total colaboración de la Generalitat con todas las investigaciones sobre el origen del virus que hay en marcha.

Ha resaltado que ayer el IRTA-CReSA facilitó a los Mossos d'Esquadra y a la Guardia Civil información y "muestras" que ya se habían remitido también al resto de administraciones que indagan sobre el origen del brote.

En cualquier caso, Ordeig ha asegurado que la prueba definitiva para saber el origen del virus vendrá al completar su secuenciación, ya que se conocerá entonces si coincide con cepas de ese laboratorio o no.

Actualmente, hay "tres líneas de secuenciación en marcha", según Ordeig, que ha asegurado que la Generalitat tiene "ganas de conocer" el origen del brote.

Por el momento, el número de casos de jabalíes infectados por el brote de PPA se mantiene en 26, si bien el conseller ha indicado que hay un nuevo caso "sospechoso" que se está a la espera de confirmar. En cualquier caso, sería un jabalí situado en el radio de 6 kilómetros en torno al origen del foco.

Ordeig ha detallado que, hasta ahora, se han capturado 360 jabalíes en Collserola, de los cuales solo ha habido un 7 % de positivos; y que, en los últimos días, han aumentado las capturas y se está haciendo un "buen rastreo" tres semanas después del primer caso.

A los animales se les hace, además de una PCR, una prueba complementaria de serología.

En cuanto a cómo reducirá la Generalitat el número de jabalíes en Cataluña, ha reiterado que en zonas con sobrepoblación se tendrá que actuar más y en otras menos, pero que cualquier medidda se hará con criterios científicos y se acordará en una mesa de diálogo.

Para Ordeig, la Generalitat está "abriendo puertas" y siendo "proactiva" para investigar cualquier información que ayude a resolver este brote.

Se ha felicitado de que el virus no haya salido de un radio de 6 kilómetros y ha recordado que unas 500 personas trabajan actualmente sobre el terreno en esta crisis.

Asimismo, ha avanzado que la próxima semana presentará un plan de refuerzo de la bioseguridad en Cataluña para blindar al máximo a las explotaciones catalanas.

En la concentración se ven banderas de la Coordinación Rural (CR) y de la Confederación Campesina a pocos metros de distancia y hay comunicados y llamamientos al bloqueo firmados conjuntamente por ambos sindicatos en varios departamentos. La movilización agraria contra la estrategia ministerial de sacrificar ganado en caso de detectarse casos de dermatosis bovina —también conocida como DNC— dio lugar a una insólita convergencia entre dos mundos que, a priori, son diametralmente opuestos.

La CR, que ganó en catorce cámaras agrarias en las elecciones profesionales de febrero, hizo campaña basándose en un odio visceral hacia la ecología y ataca regularmente las oficinas parlamentarias de los diputados ecologistas y las sedes de las asociaciones medioambientales. Por el contrario, la “Conf” defiende un modelo de agricultura ecológica y se ha movilizado recientemente contra las balsas de riego o la ley Duplomb.

Pero, desde el mes de junio y el inicio de la epidemia de dermatosis bovina, ambas organizaciones están en la misma línea y piden una vacunación preventiva masiva del ganado francés, en lugar del sacrificio sistemático de todo el ganado de una granja. Hasta el punto de encontrarse en primera línea para impedir la llegada de los veterinarios, frente a las fuerzas del orden, movilizadas desproporcionadamente en varias granjas, especialmente en Ariège,.

Para Hugo Blossier, criador de cabras en La-Roche-Posay (Vienne) y militante del Partido Comunista Francés (PCF), la necesidad de actuar prima sobre las divergencias ideológicas: “Es en este tipo de momentos cuando las cosas cambian, no hay que dejarlos pasar, independientemente de la afiliación sindical”, afirma. “Tras el movimiento de oposición a la estrategia sanitaria llegará el momento de las contradicciones, pero mientras tanto, hay que estar ahí”.

Philippe Tabarin, defensor de la línea más dura de la CR, miembro de la dirección del sindicato y firmemente opuesto a los activistas anti balsas, preside la cámara agrícola de su departamento desde hace ya dos mandatos. Por lo tanto, la convergencia está lejos de ser evidente. La Confederación Campesina estaba dispuesta a bloquear una salida de autopista diferente a la de la CR. Pero hay que pasar por el aro, según Hugo Blossier, para no dejar el campo libre a un solo bando.

Detrás de esta movilización, como a principios de 2024, vuelve a estar en juego la representación del mundo agrario y sus vínculos con el ámbito político. Mientras que los medios de comunicación de derecha se han acostumbrado a exagerar la oposición ficticia entre ecologistas y agricultores, y los representantes del Agrupación Nacional (RN) se suelen autoproclamar como la salida natural para “la ruralidad”, para la izquierda es crucial cuestionar esa aparente hegemonía.

“No hay un giro hacia la extrema derecha en el mundo agrario, al menos no más que en el resto de la sociedad”, afirma Hugo Blossier. “Pero hay elementos activos en las movilizaciones, muy visibles en los medios de comunicación, que son de extrema derecha. Por eso es absolutamente necesario acudir, aunque no seamos necesariamente bien recibidos. Cuantos más seamos, más verán los periodistas nuestra diversidad política y más liberaremos la voz de aquellos que aún no se atreven a pronunciarse.”

Esta estrategia política pareció dar sus frutos de forma subrepticia el sábado 13 de diciembre. En un intercambio mediático que circuló mucho por el ecosistema de La Francia Insumisa (LFI), un periodista de la BFMTV fue corregido por un agricultor al que preguntaba si no apoyaba a la extrema derecha: “No sé si lo ha seguido, pero quien nos ha defendido muy bien esta semana es Manon Meunier, que ha planteado los verdaderos problemas a la ministra”, le respondió. Estupefacción en el plató.

Esta diputada de LFI por el departamento de Haute-Vienne parece haberse ganado el reconocimiento de una parte del mundo agrario al visitar las granjas afectadas por los sacrificios y al interpelar en varias ocasiones, junto con sus colegas, a la ministra de Agricultura, Annie Genevard, de julio para acá. El 9 de diciembre, en la Asamblea Nacional, volvió a preguntarla sobre los sacrificios y anunció su presencia al día siguiente en la granja de la familia Lhomme, en el Doubs, a petición de la CR y la Conf'. “Y usted, señora ministra, ¿dónde estará?”, le espetó.

“Soy muy cercana al mundo de la ganadería y la agricultura, y veo el dolor que supone para un ganadero saber que su rebaño va a ser sacrificado”, explica Manon Meunier a Mediapart. En general, aunque LFI perdió varios diputados en 2024 en las zonas rurales, la izquierda ha ganado competencia desde 2022 en temas agrarios, debido a la aparición de representantes directamente afectados.

Los diputados insumisos Loïc Prud’homme, Aurélie Trouvé y Mathilde Hignet son, respectivamente, técnico del Instituto Nacional de Investigación Agraria (Inra), ingeniera agrónoma y agricultora. El diputado ecologista Benoît Biteau es agricultor, y su colega Marie Pochon es hija y nieta de viticultores. Además, los diputados de izquierdas de las zonas rurales se esfuerzan por hacer oír su voz, lejos de los clichés periodísticos.

“Desde que fui elegida hace tres años, trabajo en temas agrarios y rurales. Tres años en los que me he dado cuenta de lo difícil que es hacer que lleguen los problemas de las zonas rurales a la Asamblea Nacional, y eso es válido para todo el espectro político”, afirma Manon Meunier. “Cuando estalló la DNC este verano, antes de que las movilizaciones se convirtieran en lo que son ahora, era muy difícil que el tema llegara a París.”

La tarea es doblemente difícil para la izquierda, que además debe hacer frente a la estrategia retórica de la “ecología punitiva” y a la descalificación generalizada que sufren las posiciones ecologistas por parte del Gobierno y de algunos medios de comunicación, con el fin de impedir cualquier debate sobre el modelo agrario. En el libro colectivo Greenbacklash. Qui veut la peau de l’écologie ? (Reacción anticlimática. ¿Quién quiere cargarse la ecología?, edit. Seuil, 2025), el periodista Gaspard d’Allens y la investigadora Léna Humbert explican que el antiecologismo actúa “como catalizador y poderoso aglutinante de un mundo agrario cada vez más jerarquizado y desigual”.

“Sobre el terreno, la situación puede recordar a los Comités de Defensa Campesina, conocidos como las Camisas Verdes de Henri Dorgères, brazo armado de un “fascismo rural” a la francesa que, en el periodo de entreguerras, tenía como objetivo a los funcionarios y al Estado, pedía el cierre de las fronteras y reprimía las huelgas de los trabajadores del campo”, escriben.

El diputado ecologista Benoît Biteau puede dar fe de este explosivo ambiente. El 11 de diciembre, mientras hablaba con el prefecto de Ariège para moderar la violenta expulsión de los agricultores que intentaban impedir el sacrificio de una ganadería en Bordes-sur-Arize, la CR atacaba al mismo tiempo a varios chivos expiatorios de las protestas agrarias.

“La CR destrozó la sede de la Oficina Francesa de Biodiversidad del departamento, la sede nacional de la Liga para la Protección de las Aves en Rochefort-sur-Mer, la sede de Nature environnement 17 y mi oficina parlamentaria”, cuenta la diputada. “Hay más diputados en el departamento, un socialista, uno de MoDem, uno de la RN, pero fue la oficina de la ecologista la que fue destrozada. Esto es una posición antiecológica dogmática. Practican la ecolofobia.”

Sin embargo, al día siguiente, Benoît Biteau, que se dedica a la cría de ganado, habló con el sindicato, varios de cuyos dirigentes se declaran de extrema derecha. «Hablo con la gente de la CR que quiere hablar de dermatosis. Tienen posiciones defendibles sobre cómo abordar este problema”, afirma. “La CR y la Confederación Campesina se oponen a la estrategia gubernamental dictada por la FNSEA [Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores, ndr], que exige medidas comerciales en lugar de sanitarias.”

Lisa Belluco, diputada ecologista por Vienne, también ha visto cómo la CR vandalizaba su oficina parlamentaria en los últimos días. Sin embargo, afirma haber sido la única diputada de su departamento que acudió a los bloqueos organizados por la CR en 2024. “Me quedé mucho tiempo con ellos, les dije que no teníamos las mismas ideas políticas, pero se ofendieron y rechazaron la acusación de extrema derecha. Es un debate con mis colegas que tratan con miembros de la CR mucho más radicales, pero creo que es útil hablar con ellos”, afirma, y añade que “muchos están decepcionados con la FNSEA y no se sienten representados”.

Este es también uno de los aspectos que la izquierda destaca para justificar su estrategia. En la cuestión del sacrificio de animales, la FNSEA apoya a la ministra de Agricultura. La RN, que tiene intereses comunes con la FNSEA —juega en varios frentes, según las oportunidades y los departamentos—, se encuentra por tanto “bloqueado”, estima Manon Meunier. “La RN no se posiciona claramente en contra del sacrificio total porque no se atreve a desmarcarse de la línea de la FNSEA. Nosotros proponemos un plan sanitario alternativo a la ministra Genevard, con la ampliación de la vacunación, el sacrificio parcial y un seguimiento veterinario reforzado del ganado”, concluye la diputada.

Traducción de Miguel López

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha detectado tres nuevos casos positivos de jabalíes infectados con la peste porcina africana (PPA) en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), lo que eleva el número total a 16, todos ellos localizados en ese término municipal, según ha informado el Ministerio de Agricultura y recogido EFE.

La Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) eleva a siete el número de focos declarados desde que se detectó el primero el pasado 27 de noviembre.

Los nuevos focos se encuentran localizados en las inmediaciones de los notificados con anterioridad y dentro del perímetro del área de mayor riesgo en la zona infectada, que incluye a los municipios situados dentro de un radio de 20 kilómetros.

Además, se han analizado otros 115 animales muertos en el medio natural o encontrados en carreteras o vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores que han resultados negativos.

En cuanto a las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat mantienen sus controles y, si procede, la toma de muestras en las 55 explotaciones localizadas en la zona infectada.

De momento, no se ha detectado sintomatología ni lesiones compatibles con la peste porcina africana en ninguna de ellas. También se han inspeccionado sus medidas de bioseguridad

El ministerio ha incidido en que se mantiene "un alto nivel" de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de las comunidades autónomas.

El departamento ha recordado que la PPA es una enfermedad no zoonósica, por lo que las personas no son susceptibles de contagiarse ni por contacto con los animales ni por la ingestión de productos derivados de ellos.

El impacto se centra en el ámbito comercial porque la declaración de focos ha llevado a unos cuarenta países a bloquear más de un centenar de certificados sanitarios de exportación.

Esos países no aceptan la regionalización, es decir, vetan la entrada de productos desde toda España y no sólo desde la zona afectada. EFE

El hallazgo de cientos de cigüeñas muertas entre el jueves y el sábado en Getafe es una prueba más de que la gripe aviar corre descontrolada por la península en el segundo año más grave que se recuerda para esta enfermedad. Las agresivas medidas de contención que impuso el Ministerio de Agricultura hace un mes han funcionado y no se ha registrado ningún brote en explotaciones desde hace dos meses, por lo que el sector avícola respira aliviado. Aunque los expertos advierten de que en las próximas semanas la situación irá a peor por el frío y la llegada de aves migratorias.

El último balance del Gobierno, del 17 de noviembre, contabilizó 101 focos registrados este año, 87 en aves silvestres y 14 en corral, cifras muy preocupantes si se comparan con las de 2024 (24 focos silvestres), pero por debajo de las que acumulan este año Alemania (1.010 focos) y Francia (194). En todo caso, el conteo no supera al brote de la temporada 2021-2022, cuando se registraron 157 focos en España.

Ursula Höfle, investigadora del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC-CSIC, explica que además es ahora cuando el virus está en su mejor momento, durante los meses de frío. En la península, los brotes empezaron a crecer rápidamente este verano porque la sequía concentra a las aves alrededor del agua, pero en invierno es cuando realmente se produce el boom. "El frío hace que el virus persista muchísimo mejor en el agua, los cadáveres o los excrementos… y reduce la disponibilidad de alimento y agua, concentrando a los animales y facilitando el contagio", afirma Höfle.

Desde el Parque Nacional de Doñana, un lugar de encuentro para especies migratorias de todo el planeta, también advierten que la situación del virus se agravará en las próximas semanas. Martina Ferraguti, coordinadora del proyecto InfluSpain en la Estación Biológica de Doñana, especializado en gripe aviar, avisa que la llegada del ánade real (o pato común), que viaja ahora a zonas más cálidas para pasar el invierno, disparará el número de casos en aves silvestres.

"El ánade real es la especie en la que mejor se expande el virus y aquí, en Doñana, empiezan a llegar ahora, probablemente provocando un pico de gripe aviar. En realidad, no solo en Doñana, también en otros sitios de España donde haya zonas húmedas", valora la experta.

La gripe aviar arrasó con las aves españolas en la temporada 2021-2022, cuando entró por primera vez en la península ibérica la variable más letal, la H5N1, con una tasa de mortalidad de prácticamente el 100% y una elevada transmisibilidad entre animales. No obstante, el brote del río Manzanares descubierto el jueves de la semana pasada es de una variante de la enfermedad de "baja patogenicidad", es decir, una gripe aviar menos agresiva y con menor tasa de contagio.

Los positivos de H5N1 en las granjas han hecho mucho daño a la ganadería avícola, que llevaba desde febrero de 2023 sin registrar casos en explotaciones. Eloy Ureña, responsable de Avícola en la organización agraria COAG, cuenta más de dos millones de gallinas sacrificadas en 2025, puesto que una vez que se detecta un caso en una granja hay que deshacerse de toda la población. "La explotación que toca el virus se arruina", resume Ureña.

En todo caso, el portavoz celebra que este mismo miércoles se ha decretado libre del virus la última granja donde el Ministerio de Agricultura detectó un brote de alta patogenicidad en septiembre, la explotación de gallinas de Olmedo (Valladolid). "La cosa está ya mucho más tranquila en el sector, pero lo último que hemos hablado con el Ministerio de Agricultura es que por ahora no se van a rebajar las medidas hasta que no mejore la situación en las silvestres", añade Ureña. 

Por medidas se refiere a la excepción adoptada por el Gobierno hace un mes de ordenar el confinamiento de todas las granjas de aves para que no puedan entrar en contacto directo ni indirecto con aves salvajes, ni que estas puedan acceder a los comederos o bebederos, una medida bien acogida por el sector para prevenir una catástrofe económica.

La crisis de la gripe aviar coincide con el estallido del brote de peste porcina africana, que ha puesto en alerta máxima al sector del cerdo español, la categoría más importante de la ganadería nacional. Este año también se han producido brotes críticos de lengua azul y de dermatosis nodular contagiosa, dos enfermedades que afectan a las vacas. Pese a la concatenación de problemas que afectan a la ganadería, Ursula Höfle señala que no se trata de un año especial.

"No es que ahora haya muchas más enfermedades que otros años, salvo en el caso de la gripe aviar, sino que les hacemos más caso. Emergencias tenemos constantemente y enfermedades erradicadas que vuelven a aparecer, lo que pasa es que ahora las detectamos antes", opina Höfle.

El Govern catalán ha declarado este martes la emergencia para agilizar la lucha contra la peste porcina africana detectada en Collserola (Barcelona), lo que permitirá acelerar la tramitación de contratos de servicios, suministros e incluso obras, según informa EFE.

El Ejecutivo considera necesario realizar esta declaración ante la "rápida propagación del virus" y el riesgo de que algún animal pueda escapar de la zona de confinamiento y contagiar al resto del territorio e incluso a otras comunidades autónomas.

De esta manera, se tramitarán de emergencia todos los contratos de servicios y suministros y obras que pueda ejecutar la Generalitat o su sector público con la finalidad de "contener, prevenir o paliar los efectos y contagios de la fiebre porcina africana y posibles mutaciones o variantes del virus".

A manera de ejemplo, se podrán contratar de manera más rápida suministros de material veterinario, servicios de laboratorio o medicamentos, equipos de protección, o la limpieza, recogida y tratamiento de residuos. También el abastecimiento de vehículos y combustible, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, drones, trampas, cámaras termosensibles y armas.

Del mismo modo, entrarían en este apartado el alojamiento del personal que participe en las tareas de prevención y la desinfección o limpieza de equipos, y los servicios de vigilancia, transporte y eliminación de animales muertos.

Además, el ejecutivo catalán ha dado luz verde en su reunión de hoy a las ayudas económicas con las que quiere mitigar el impacto económico y sanitario del brote de peste porcina.

En concreto, el Govern ha creado una línea de ayudas y subvenciones por 10 millones de euros, que es ampliable a otros diez más. También amplía la línea de préstamos del Institut Català de Finances (ICF) para empresas y entidades afectadas por emergencias climáticas de manera que se incluyen las que se vean afectadas por la peste porcina africana.

En paralelo, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, Acció, y la promotora de exportaciones catalanas, Prodeca, pondrán en marcha un servicio de asesoramiento y acompañamiento.

El Govern ha encargado a la Agencia Catalana del Agua (ACA), Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) e Infraestructures.cat la ejecución de las actuaciones necesarias para controlar el brote en coordinación con los departamentos de Presidencia, Interior, Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y Agricultura, Ganadería y Pesca.

El regreso del fantasma de la peste porcina tras más de tres décadas de tranquilidad tiene a los ganaderos españoles “con el miedo en el cuerpo”. Así lo describe a infoLibre Pedro, criador de cerdo en extensivo en el sur de Salamanca. Como sus compañeros, aprieta los dientes ante cada nueva noticia sobre el brote con la esperanza de que no sea la entrada del virus en una explotación, el escenario más temido. “Lo que esperamos es que se quede ahí en el foco inicial”, dice, enunciando el deseo de un sector clave para España y su medio rural.

Aunque al hablar del cerdo hoy en día la primera imagen que suele evocarse es la de una granja industrial de gran capacidad, el sector es más diverso y complejo. El cerdo ibérico de bellota y el de cebo de campo se crían al aire libre y, por tanto, son mucho más vulnerables en una situación como la actual. Las medidas biosanitarias que tiene una gran explotación de intensivo, y sus refuerzos en una crisis, no se pueden reproducir cuando el animal vive, por ejemplo, en una dehesa. 

“Para nosotros es mucho más complicado. Tenemos que estar muy atentos y procurar que no anden jabalíes cerca de los cerdos; lo tenemos todo bien cercado, pero es prácticamente imposible impedir que entren. Los jabalíes, de distintos tamaños, buscan huecos que los cerdos no utilizan”, describe Pedro, que trabaja con su hermano en el sur de Salamanca, zona clave del cerdo ibérico junto con Extremadura y Andalucía. 

Tanto el cerdo ibérico de cebo de campo como el de bellota se crían en extensivo, al aire libre, pero el segundo tiene la particularidad de que durante sus dos últimos meses de vida solo se alimenta de bellota, en montanera, algo de lo que es época. Por normativa, estas explotaciones deben tener “una superficie de secuestro”, es decir, una estructura cerrada aislada del exterior por si es necesario proteger a los animales. Un recurso que por el momento no necesitan ya que el foco está en el otro extremo del país y solo se ha reportado en jabalíes. Además, utilizarlo supondría interrumpir la montanera, y por lo tanto “terminar con los cerdos de bellota que hay este año”. Esos cerdos ya no podrían valer como bellota, ya que las normas de calidad son estrictas.

Las explotaciones de cerdo se han modernizado enormemente desde 1994, año en el que España despidió a la peste porcina africana hasta el brote actual. En ese sentido, el sector se siente más preparado, con mejores instalaciones y medidas biosanitarias, que entonces. Pero hay otra circunstancia clave que también ha cambiado radicalmente en paralelo: el aumento exponencial de la población de jabalíes. “El jabalí es un problema para el mantenimiento y la difusión de la enfermedad, no para la entrada, que puede producirse con densidades altas o bajas de este animal”, señala a infoLibre Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

El experto llama a pensar más allá del control que reclaman estos días y desde hace años las organizaciones agrarias. “La caza es necesaria, es muy útil, pero puede que ni siquiera sea suficiente. Puede que además haga falta pensar un poco en cómo manejamos el hábitat del jabalí. Hasta qué punto somos capaces de revertir algunas tendencias que a él le vienen maravillosamente bien: que cada vez hay más bosque, menos ganadería extensiva que compita por el alimento y sumado a esto el hecho de que los cazadores son cada vez menos y mayores”, explica. Con la retirada poblacional del medio rural, el bosque y la fauna salvaje ganan terreno.

Los grupos ecologistas han defendido estos días que se está aprovechando la alerta para favorecer su caza, mientras que las organizaciones agrarias blanden una máxima que se repite: “Igual que se matan todos los cerdos de una explotación si entra el virus, hay que erradicar también ese núcleo de jabalíes”, pide Carlos Sánchez, secretario general de UPA Salamanca, que señala además el papel de la fauna silvestre en la transmisión de otras enfermedades de sanidad animal como la tuberculosis bovina y en los accidentes de tráfico de zonas rurales como la suya.

La irrupción de una peste que ya sólo recuerdan los ganaderos más veteranos ha llegado justo cuando comienza el frío y con él lo que queda de la matanza tradicional del cerdo, la que se hacía en familia entre varias generaciones, que ha disminuido notablemente en la última década. “En las zonas cercanas al brote es donde hay controles muy estrictos, pero en zonas como Salamanca pueden proceder sin problema”, tranquiliza Gortázar. Diciembre es mes de matanzas y también de más cerdo en la mesa, con la incertidumbre este año sobre si variará el precio por esta crisis.

En la España rural no solo los ganaderos temen la noticia de la expansión de la peste porcina más allá del foco de entrada detectado. Hay todo un sector industrial en vilo que pasa no solo por los grandes exponentes que son las Denominaciones de Origen Protegidas como Guijuelo sino también por toda una industria chacinera vital para el empleo en muchos municipios. “Sería catastrófico para el sector”, sentencia Sánchez, que se aferra a que no llegue la noticia de que el virus ha entrado en una granja.

Algunos ganaderos se están curando en salud y, ante el temor de que entre la peste en su explotación y pierdan cerdos en los que ya han invertido mucho, lo que están haciendo es vender ya el animal de cebo, incluso también el que no ha alcanzado aún el peso. “No quieren perder el trabajo que han hecho y además temen que los precios vayan a bajar, justo este año que había un poco de alegría, el único año que íbamos a sacar dinero”, comenta a infoLibre un veterinario de porcino extremeño que resume el sentir del campo estas semanas como de “mucha, mucha preocupación”.

La Generalitat ha ampliado este sábado la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) a cinco centros que trabajan con el virus de esta enfermedad animal en un radio de veinte kilómetros en torno al foco del brote, incluido el laboratorio IRTA-CReSA.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha informado de esta medida en una comparecencia este sábado ante los medios de comunicación, a raíz del informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

Este descubrimiento ha puesto el foco en el IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los primeros ejemplares de jabalíes muertos.

Illa ha declarado que la auditoria de protocolos de esos centros la liderará el IRSA-CReSA, que creará un grupo de expertos del máximo nivel para conocer el origen del brote, sobre el que no se descarta ninguna hipótesis, y ha subrayado que hacer este encargo a ese laboratorio es "una muestra de confianza" en el centro catalán de sanidad animal.

El Gobierno valenciano está ultimado un decreto para reducir la población de jabalíes, como ha confirmado el vicepresidente tercero y conseller de Recuperación Económica y Social, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

El decreto sobre jabalíes, que se elevará al pleno del Consell, tiene como finalidad articular ayudas directas a los titulares de cotos de caza, que recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural.

"Esta actuación constituye una acción prioritaria para reforzar la capacidad de respuesta del territorio frente a un posible brote que tendría un impacto sanitario y económico muy significativo en las explotaciones porcinas", ha subrayado.

El vicepresidente ha explicado que el plan de choque se complementa con un encargo de emergencia a la empresa pública Vaersa, "que habilitará un servicio específico de recogida de animales cazados y pondrá en marcha un dispositivo de trampeo destinado a instalar cajas trampa en aquellos puntos donde la actividad cinegética no resulte una solución satisfactoria".

El plan establece como corredores viarios de riesgo, entre otros, la A-7, AP-7, N-232, A-3, A-23 y CV-10, donde la presencia de fauna silvestre implica una especial atención preventiva.

El seguimiento de la peste porcina africana (PPA) ha dado un giro inesperado este viernes, cuando el Ministerio de Agricultura ha desvelado que el virus encontrado en los jabalíes muertos de la provincia de Barcelona es de una cepa que no está presente en el medio natural de Europa. Todos los virus circulantes en la actualidad en la Unión pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29, el encontrado en Cataluña, que es muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007.

Esa cepa es utilizada habitualmente en laboratorios para buscar una vacuna contra la PPA, de manera que el ministerio de Luis Planas ha reconocido "la posibilidad de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal" sino "en una instalación de confinamiento biológico", y ha ordenado a la Guardia Civil investigar la situación. Este comunicado ha dado pie a sospechas de una posible fuga de un laboratorio.

Sin embargo, Christian Gortázar (San Sebastián, 58 años), asegura que esta opción es muy remota por los mecanismos de seguridad que tienen estas instalaciones, y él apuesta principalmente por "un sabotaje" que consistiría en depositar restos infectados en la zona cero. Gortázar es director del IREC de Castilla-La Mancha, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, el centro perteneciente al CSIC que trabaja en la prevención de brotes de peste porcina.

¿Es posible que la cepa se haya escapado de un laboratorio cercano?

De un BSL3 [un laboratorio de bioseguridad de nivel 3] no sale nada. Te desnudas para entrar, te desnudas para salir y se desinfecta absolutamente todo. La única explicación lógica no es un escape del virus, es un sabotaje.

Además, este virus requiere de un contacto con tejidos, no sale pegado a la ropa. Haría falta que saliese accidentalmente un trozo de carne de jabalí que se haya usado en el experimento, y eso es muy difícil que salga accidentalmente.

¿Un sabotaje deliberado?

Claro. Otra opción sería que esa cepa que circulaba en Georgia en 2007 siga circulando fuera de la Unión Europea y que haya entrado desde allí, porque ninguna de las cepas de la UE tiene esa pinta ahora.

¿Con esta cepa se trabaja en laboratorios europeos?

Sí, las cepas típicas que se usan en laboratorio son de ese grupo. Es la que circulaba de manera natural cuando la PPA entró en Georgia, y a lo largo de su viaje hacia el oeste ha ido evolucionando.

Ha pasado más de una semana desde que se detectó el virus ¿Sigue habiendo posibilidades de que salte a las granjas de cerdos?

Pues eso no lo sabremos hasta que pase algún tiempo. Se está haciendo una búsqueda muy intensiva tanto dentro de la zona infectada, que ya se ha completado, como en los alrededores. Hay que esperar a ver qué es lo que revelan esas búsquedas exteriores, pero en principio, de momento, todos los positivos están saliendo en el cogollo central [de la zona perimetrada], con lo que tiene pinta de que el foco puede estar muy, muy localizado. Eso es una excelente noticia.

Esta situación de alerta, ¿cuánto tiempo se va a mantener?

En el mejor de los casos, que ya no apareciese ningún nuevo positivo, habría que esperar seis meses hasta declararnos libres de la PPA. Pero como es una zona de varios kilómetros donde quedarán bastantes jabalíes, todos esos que estén dentro de la zona infectada van a acabar muriendo y hasta que no pasen seis meses del último positivo no podemos iniciar el procedimiento para declararnos libres del virus.

Dentro del sector, muchos expertos llevan meses avisando de que había una relajación de las medidas de seguridad.

Sí, yo mismo he publicado recientemente artículos en ese sentido. Llevamos años diciendo que viene el lobo, y nunca llegaba, por eso se ha bajado la guardia. Lo que insistimos es que los productores refuercen la bioseguridad, que inviertan en vallados… y muchos lo han hecho. En todo caso, tenemos un sector muchísimo mejor preparado que lo que teníamos cuando erradicamos la peste porcina en 1994.

¿Qué se hizo entonces para erradicar la enfermedad?

Pues fundamentalmente se reorganizó el sector porcino. En las décadas de 1970 y 1980, cuando sufrimos la enfermedad en España, el ecotipo de las granjas era muy distinto. Había mucha producción en patios, con una ganadería muy familiar y con poca bioseguridad. Todo eso se fue convirtiendo hacia una industria moderna y competitiva, sumada a una restricción al transporte de animales entre zonas infectadas y libres. Otra diferencia es que en ese momento teníamos una población del jabalí diez veces menor a la actual y no suponía un problema, pero hoy tiene un papel clave.

¿Hay que incrementar la caza del jabalí?

La caza hay que aumentarla seguro, aunque no es lo único que hay que hacer. El jabalí es un oportunista, como una rata. Le viene muy bien el incremento de cultivos de regadío y de la superficie forestal, y ahora tienen menos competencia porque ha caído la población de ovejas en el monte. Son factores relacionados con el abandono rural.

Suena muy parecido al problema que ha llevado al aumento de los incendios.

Es que está todo perfectamente relacionado. Lo que antes era cultivo de cereal, ahora es un encinar joven que puede arder con facilidad, o si no arde, ser un ecosistema fantástico para el jabalí porque le da bellotas y refugio. También tenemos cada vez menos cazadores y más envejecidos.

Las investigaciones sobre peste porcina también subrayan el riesgo de la garrapata porque desplaza y transmite el virus. ¿Ese es motivo de preocupación en España?

Pues yo creo que no. La garrapata que transmite la PPA no son las que nosotros conocemos. Nosotros conocemos las garrapatas duras, y las que la transmiten son las blandas. Estas son muy especiales porque no están encima del animal, sino que se esconden en grietas o piedras, y cuando el cerdo se duerme cerca de ellas se acercan y le pican.

Eso solo puede ocurrir en granjas antiguas con grietas donde los cerdos están expuestos a las picaduras, pero el papel de la garrapata en el mundo del jabalí es muy reducido, o nulo, porque no duerme en el mismo sitio. Y en el caso del cerdo, con la modernización de las explotaciones, eso es imposible.

Se ha hablado mucho estos días sobre la vacuna, ¿por qué no hay una disponible?

A corto plazo no va a haber vacuna. El problema es que este virus tiene un tamaño muy, muy grande. El virus SARS, por ejemplo, es pequeño, y yendo a una proteína concreta o un gen, se puede hacer una vacuna segura y eficaz. Pero en el caso de la PPA hablamos de un virus con 160 genes distintos, con muchísimos mecanismos ahí metidos, y cuando se ha intentado hacer vacunas con los sistemas más típicos, no funcionan porque no protegen. 

La única opción es coger el virus entero en una forma atenuada, ya sea de manera natural, o atenuarlo artificialmente. Aunque si se hace de forma artificial te enfrentas al problema de los líos regulatorios de tener un organismo modificado genéticamente. En todo caso, una vacuna con un virus atenuado tampoco protege al 100%, sino que es modesta, y esto supone que tengas que vigilar mucho a los animales inoculados porque sabes lo que les metes, pero no lo que puede pasar por su recombinación con otros virus de campo. Eso supone que los filtros de seguridad son larguísimos, de años, y en eso estamos ahora.