Podemos ha llegado a un acuerdo con Izquierda Unida y Sumar para integrarse en la coalición Por Andalucía para las elecciones andaluzas del 17M, a la que concurrirán junto a Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde.

"La incorporación de Podemos refuerza este proyecto común y demuestra que Por Andalucía es el espacio para el entendimiento y la confluencia de las izquierdas en nuestra tierra. La coalición garantiza la participación de todas las fuerzas políticas en igualdad, fortaleciendo así una alternativa sólida y reconocible", han explicado desde Por Andalucía después de horas de negociaciones.

La coalición de izquierdas ya ha registrado Por Andalucía con todos sus integrantes, de modo que, a diferencia de 2022, no ha apurado hasta el fin del plazo, que expiraba a las 23:59 horas de este viernes.

El acuerdo llega tras una reunión de más de 10 horas este jueves, en la que las fuerzas de izquierdas se sentaron a decidir la incorporación de Podemos en Por Andalucía.

La coalición de izquierdas recuerda, no obstante, que el espacio político "lleva más de un año trabajando en la construcción de la candidatura, en la elección del candidato a la Presidencia de la Junta y en la elaboración participada del programa electoral", momentos donde no ha estado Podemos, de modo que este acuerdo "se incorpora a ese trabajo colectivo y lo refuerza".

Desde Por Andalucía creen que incorporar a Podemos de manera formal -en las elecciones de 2002 los morados entraron en las listas de la coalición de izquierdas como independientes- "marca un punto de inflexión que manda un mensaje claro: vamos a hacer todo lo posible y todos juntos para echar a Moreno Bonilla y sus políticas de la Junta de Andalucía".

Señalan desde esta formación que el acuerdo de las izquierdas "es la peor noticia para Moreno Bonilla y la mejor noticia para la mayoría social andaluza, para las familias que están preocupadas por su futuro y que hoy tienen un instrumento útil al servicio de sus necesidades y expectativas".

El acuerdo se ha aceptado pese a que, según puntualizan los morados, "no refleja el peso político" de esta formación, aunque han dado prioridad a la defensa de "la sanidad y la vivienda antes que cualquier cálculo partidista".

"Gracias a la generosidad y responsabilidad de Podemos se ha evitado la presencia de tres listas a la izquierda del PSOE", en alusión a Por Andalucía, Adelante Andalucía y la propia Podemos.

El partido morado ha explicado que su Consejo Ciudadano Andaluz, "máximo órgano entre asambleas ciudadanas, con el respaldo de la militancia que se pronunció masivamente ha decidido asumir el acuerdo para integrarse en la coalición Por Andalucía".

La decisión la toman "pensando en las listas de espera de la sanidad pública, en los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, en las familias andaluzas que no llegan a fin de mes y en los movimientos sociales y la gente que nos ha pedido unidad para plantar cara a la derecha, esa ha sido nuestra prioridad", han añadido.

"El Consejo Ciudadano de Podemos, con 20 votos a favor y seis abstenciones, sin ningún voto en contra, ha optado, por tanto, primar los intereses colectivos de nuestro pueblo y asumir el acuerdo para aunar todos los esfuerzos posibles para echar a Moreno Bonilla y sus políticas de San Telmo", han añadido desde la formación morada.

Cerrada la cuestión sobre las organizaciones integrantes de la coalición, Por Andalucía abre ahora un periodo "de propuestas y soluciones" y más "centrada en la campaña".

La incorporación de Podemos a Por Andalucía no supone un cambio de candidato, han subrayado desde la coalición, que recuerdan que es Antonio Maíllo, coordinador federal de IU.

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye ha asegurado este domingo que denunciará el "racismo" y la "violencia policial" que afirma que sufrió durante su detención el pasado jueves en la capital y ha instado además a parar la "persecución" que sufren "miles de personas" por motivos raciales.

"Va a haber denuncia segurísima. De eso no hay duda. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado", ha declarado a los medios durante una concentración en Madrid convocada por colectivos antirracistas y de migrantes tras su detención para protestar por el "racismo policial".

Mbaye afirma haber sido víctima de una "redada racista" cuando fue detenido el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional junto con otras seis personas y puesto en libertad horas después.

La versión policial niega este tipo de redada y asegura que Mbaye fue detenido tras enfrentarse a la policía para tratar de impedir la detención de un sospechoso, después de que dos agentes de paisano detectaran a dos jóvenes tratando de robar un vehículo.

Al final de la concentración de este domingo en el madrileño barrio de Lavapiés, a la que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, ha irrumpido el exdiputado y actual secretario antirracismo de la dirección del partido, que micrófono en mano ha instado a parar la "persecución" que sufren "miles de personas" por motivos raciales.

"Vamos a seguir con pasos firmes, no vamos a rendirnos nunca ante el racismo y las violencias policiales, no nos da miedo", ha exclamado Mbaye, que ha recordado otros casos de detenciones.

"Siempre la misma excusa. Siempre tenemos la culpa, no es verdad. Las mentiras las tienen que investigar", ha añadido el exdiputado, que ha agradecido el apoyo recibido.

La concentración, a la que han asistido alrededor de 200 personas (cien según datos de la Delegación del Gobierno), ha estado presidida con una pancarta con el lema 'Frente al racismo institucional resistencias antirracistas'.

Los asistentes han coreado lemas como "Marlaska, dimisión", en alusión al ministro del Interior, y "No es un caso aislado, es racismo de Estado", "Basta ya de racismo policial" o "Ningún ser humano es ilegal".

Además, los convocantes, de asociaciones como SOS Racismo y el sindicato de manteros de Madrid, han leído un manifiesto en tres idiomas (español, francés y wólof) en el que han denunciado que la detención de Mbaye no ha sido un "error de protocolo" ni un "hecho aislado" sino "una manifestación brutal de racismo institucional".

Con el texto, han pedido la depuración de responsabilidades políticas y la apertura de una investigación judicial independiente sobre lo ocurrido el pasado jueves, al tiempo que han hecho un llamamiento a la "resistencia colectiva y popular antirracista".

"No nos callarán hasta que se garantice que ningún cuerpo sea violentado por el racismo de Estado", han apuntado.

La Delegación del Gobierno en Madrid señala que la actuación policial en el distrito de Usera-Villaverde en la que fueron detenidas siete personas, entre ellas el exdiputado regional de Podemos Serigne Mbaye, se enmarcó en las funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que escaló de tensión por la negativa y resistencia de varios implicados.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, manifestó en su perfil de X que se trabaja "siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho, y nuestro compromiso es defenderlo".

Ahora, Delegación y Policía mantienen abierta la investigación sobre lo sucedido y se ha dado traslado del atestado a la autoridad judicial, después de las imágenes de cómo se procedió a la detención del exdiputado. Según las fuentes de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional actuó en respuesta a un requerimiento ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que fue escalando por la negativa de uno de los implicados a colaborar y por la resistencia posterior de varias personas.

Según Delegación del Gobierno, lo sucedido este jueves se enmarca en un delito frecuente en la zona y para el que desde hace tiempo hay activado un dispositivo policial específico, apuntan e indican que, ya en el lugar, los agentes trataron de identificar a los dos sospechosos que intentaban robar un vehículo en la vía pública.

Uno de ellos se identificó sin incidentes, mientras que el otro se negó reiteradamente, mostró una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que obligó a la intervención para evitar su fuga.

Cuando los agentes impidieron que accediera a un portal, esta persona comenzó a pedir ayuda a los vecinos. A partir de ese momento, varios de ellos bajaron a la calle y se produjo una situación de tensión en la que también se enfrentaron a los agentes, aseguran fuentes de la Delegación.

En este punto, y todo según el relato que el Gobierno ha comunicado de estos hechos, los policías solicitaron refuerzos que permitieron reducir y detener a un total de siete personas, entre ellos a Mbaye, en unos enfrentamientos que dejaron cinco policías heridos leves.

Todas las detenciones se realizaron por atentado a la autoridad y lesiones y sobre la 1:30 horas de este viernes los siete arrestados fueron puestos en libertad.

"Desde esta Delegación y desde la Policía Nacional se va a continuar trabajando para garantizar la adecuación y proporcionalidad de las actuaciones policiales, preservando el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los ciudadanos que corresponden a nuestro Estado de Derecho", asegura Delegación del Gobierno en un comunicado.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha pedido que dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "se depuren las responsabilidades pertinentes" tras la "brutalidad policial" que asegura que hubo durante la detención de Mbaye y otras seis personas en lo que considera una "redada racista".

"Evidentemente, el máximo responsable es el ministro del Interior. Hace muchísimo tiempo que venimos exigiendo al señor Marlaska un giro radical en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Continuaremos exigiéndoselo", ha dicho, al tiempo que ha instado al ministro a dar de forma urgente "muchas explicaciones".

En este sentido, ha anunciado que Podemos presentará en el Congreso una batería de preguntas para esclarecer lo sucedido y "depurar las responsabilidades pertinentes" sobre la detención de quien fue diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y en la actualidad forma parte de la dirección estatal como secretario antirracismo.

Su formación va a registrar también una proposición no de ley para pedir una investigación "independiente" y solicitar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "dejen de llevar a cabo redadas racistas basadas en perfil étnico" y reciban "formación en antirracismo".

"En Estados Unidos vemos cómo funciona el ICE, la policía nazi de Trump, y lamentablemente, en España estamos viendo también que se dan comportamientos análogos a lo que sucede en Estados Unidos con el ICE", ha denunciado.

La secretaria general del PSOE en Aragón y cabeza de lista de su partido a la presidencia del Gobierno aragonés, Pilar Alegría, ha lamentado este sábado que el resto de las formaciones de izquierda en la Comunidad no hayan llegado a un acuerdo para constituir una candidatura única frente a la derecha.

Alegría, que ha hecho estas manifestaciones a los medios de comunicación tras un encuentro con vecinos de la localidad altoaragonesa de Sabiñánigo, ha señalado que consideraba importante que estos partidos pudieran ir en una candidatura única, porque cree que "siempre es bueno que la izquierda pueda ir unida", sobre todo cuando en unas elecciones el adversario está muy claro.

"El adversario para la izquierda y para los progresistas en esta Comunidad está en el Partido Popular y en Vox, en la derecha y en la ultraderecha", ha añadido la candidata, para quien el modelo de política que ha desarrollado el Gobierno de Jorge Azcón es "un modelo de privatización, recortes y confrontación".

Tras argumentar que a pesar de que PP y Vox son "dos partidos distintos que al final defienden el mismo proyecto", Alegría ha criticado la decisión de Azcón de convocar unas elecciones que sólo han generado una "absoluta inestabilidad" a la población aragonesa, por la "incapacidad" de ambas formaciones de llegar a un acuerdo en torno al proyecto de presupuestos para 2026.

Ha admitido que a pesar de que el PSOE aragonés le ofreció una "mano tendida" para la aprobación de los presupuestos, la respuesta de Azcón fue "morder esa mano".

Según ha explicado, tras la convocatoria de elecciones, el adversario del PSOE lo conforman Partido Popular y Vox, y por eso consideraba "importante que el resto de la izquierda hubiera podido llegar a esa candidatura única", y ha lamentado que "evidentemente, los por qués de unos y otros no han hecho posible ese acuerdo".

A pesar de no conocer todas las razones de estos partidos, ha asegurado que el PSOE aspira a llegar a esas elecciones "siendo el principal partido, el más votado por todos los aragoneses y, desde luego, contar con el apoyo fundamental de toda la ciudadanía progresista".

Los buenos resultados de Podemos en Extremadura han motivado que la formación morada haya propuesto a María Goicoechea como candidata a las elecciones autonómicas del 8 de febrero tras lamentar que no se haya podido llegar a un acuerdo para una lista unitaria con otras fuerzas de izquierda, han indicado.

Por otro lado, Jorge Pueyo, diputado nacional, será el candidato de Chunta Aragonesista (CHA) por la provincia de Zaragoza, Verónica Villagrasa por la de Huesca y Javier Carbó por la de Teruel. Sumar e IU, sí irán en una candidatura conjunta y harán el anuncio de su programa y sus candidatos en los próximos días.

Pese al intento de consenso habitual del discurso de Felipe VI, el mensaje de Nochebuena ha encontrado las habituales alabanzas y críticas a lo largo de todo el arco político. El apoyo de los dos grandes partidos y las críticas a la izquierda del PSOE, y de los nacionalistas catalanes.La presidenta socialista ha sido la encargada de comentar, un año más, las palabras del monarca para celebrar el llamamiento que Felipe VI hizo a la convivencia y al diálogo, tras advertir de que los extremismos, radicalismos y populismos se nutren de la crisis de desconfianza que atraviesan las sociedades democráticas.

Narbona ha destacado el llamamiento a los partidos políticos para defender la confianza en las instituciones como algo necesario "para preservar el bien común", como dijo el monarca. También ha valorado la reivindicación que Felipe VI hizo de la transición democrática, cuando fue determinante la "la voluntad compartida por fuerzas políticas muy diferentes que decidieron trabajar para avanzar hacia la democracia de una forma unida".

El PSOE ha aplaudido, en palabras de Narbona, las referencias del Monarca al problema de la vivienda en España y a la gestión de la migración y se suma a la advertencia del Rey contra el “ruido político”: “Es necesario que ese ruido cese y podamos así escuchar la demanda de serenidad que nos llega desde la ciudadanía”.

El PP también ha aplaudido el discurso de un Felipe VI que salió de pie, imitando la alocución de Carlos III en Gran Bretaña, cuando se refirió a los "problemas reales" de los ciudadanos como la vivienda, el coste de la vida, la concialiación o la revolución tecnológica. Una efeméride, que parece única, al poner de acuerdo a socialistas y populares.

Los de Feijóo también celebraron que el rey pusiera el acento en "la convivencia democrática como el gran patrimonio común" y ahí, Miguel Tellado, secretario general de los populares, ha asegurado que "asumimos este mensaje como propio, asumimos esa misión como nuestra, nos sentimos plenamente identificados"

Considera el PP que los avances de estas últimas décadas se apoyan en los pilares mencionados por el monarca, los valores constitucionales y de la UE, y que la "gran misión de nuestro tiempo es preservarlos".

El presidente popular también suscribe “las palabras del Rey” y ha pedido “cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy”. Alberto Núñez Feijóo ha querido reivindicar con su mensaje “la Constitución y a Europa como garantes de libertad”. En la misma línea, la popular Cuca Gamarra ha defendido el “gran discurso del Rey” al que agradece que recuerde “que España ha progresado” cuando ha encontrado “objetivos que compartir”.

Los partidos a la izquierda de los socialistas como Podemos y Sumar, han afeado al Rey que no se haya referido directamente a “la crisis de la vivienda” lo que el partido de Yolanda Díaz ha calificado como “decepcionante".

Antonio Maíllo, coordinador general de IU, ve "evidente" que el jefe del Estado ha puesto de manifiesto en el mensaje navideño una "profunda abstracción" y no ha concretado los asuntos: "Destaca más por lo que no ha dicho que por lo que dice, y podemos resumirlo en el famoso refrán español de 'Consejos vendo que para mí no tengo'" y destaca el "preocupante distanciamiento" del monarca con la realidad del país.

En el bloque de Podemos, las encargadas de comentar las palabras de Felipe VI han sido Ione Belarra e Irene Montero. La primera, secretaria general de Podemos, ha afeado al rey que se suba "a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes. El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico", mientras que la eurodiputada del partido morado dice del jefe de Estado que "juega para la derecha y defiende ideas rancias que ya no funcionan como la “transición modélica” o el discurso “Campofrío” de la polarización. La monarquía es parte del problema".

Sumar, por su parte, ha visto un "discurso decepcionante del rey. Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado", según ha comentado la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. Mientras, Enrique Santiago, miembro de la coalición y secretario general del PCE, ha criticado al rey por no mencionar "lo más grave del año 2025: el genocidio palestino y el ataque de Trump al derecho internacional", así como, "la especulación de la vivienda, los ataques a la sanidad y educación públicas o el rearme", que tampoco mencionó.

Los partidos nacionalistas también han tenido críticas para Felipe VI. Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha recordado al rey que "uno de los pilares de cualquier sistema democrático es que se conozca la verdad", por lo que ha exigido que se derogue la ley de secretos oficiales "que aprobó Franco en 1968" e "impide conocer los hechos del final de la dictadura y la Transición".

Jordi Turull, secretario general de JxCat ha reconocido que no escuchó el discurso televisado del rey, aunque sí que le han explicado su contenido, y le ha parecido "surrealista que apelase a acabar con los extremismos y con la crispación, cuando justamente él ha sido el más extremista y el que fue más radical contra la convivencia democrática, cuando el pueblo de Cataluña quiso expresar en las urnas su voluntad popular".

Con la misma fecha en la cabeza, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha eludido valorar el discurso de este miércoles, señalando que el Rey hizo “apología de la violencia” y animó a “apalizar a los demócratas” el 1 de octubre de 2017.

Podemos ha calificado como “muy graves” los nuevos indicios de corrupción contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha exigido al PSOE explicaciones y que rompa "con las empresas corruptoras"

Fuentes de la formación morada han mostrado su preocupación ante los “muy graves” indicios "que apuntan a la existencia de un trama mediante la que Acciona habría obtenido adjudicaciones de obra pública a cambio del pago de comisiones a Servinabar, empresa que posteriormente costeó gastos de Santos Cerdán y su entorno".

Podemos entiende que las novedades de la instrucción judicial sugieren que Servinabar "sería una empresa pantalla cuya función era recibir los pagos irregulares de Acciona y canalizarlos hacia los beneficiarios de la trama, entre los que figura el ex secretario de Organización socialista".

"Este esquema, habitual en las tramas de corrupción bipartidista, -ha referido Podemos- requiere de la participación de cargos públicos con capacidad de influir en la adjudicación de obras, por lo que califica de imprescindible revisar las licitaciones bajo sospecha y que se depuren responsabilidades".

Podemos exige al PSOE "que suspenda los contratos con las empresas corruptoras, que colabore con la justicia y que explique cómo es posible que la trama de Cerdán, Ábalos y Koldo operara sin que, supuestamente, nadie más lo advirtiera".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado nuevas participaciones en la empresa Servinabar, que servirían para acreditar que Santos Cerdán es el propietario del 45% de la empresa liderada por Antxon Alonso, que cuenta con el 51%.

Ahora la UCO ha localizado un contrato de compraventa de participaciones -fechado el 12 de diciembre de 2016- por el que una tercera persona bajo el nombre de "AritzSantamaría" habría adquirido 120 participaciones de Servinabar, con lo que tendría el 4%.

Así lo exponen los investigadores en el informe sobre la relación de Acciona Construcción y Servinabar, que si bien está "inescindiblemete" ligado a Cerdán, no constituye un informe patrimonial sobre él, ya que éste, según anuncia la UCO, "será realizado en un escrito aparte".

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha solicitado este sábado a las Naciones Unidas que rectifique la reciente decisión del Consejo de Seguridad de renovar su misión en el Sáhara Occidental, tomando como base la propuesta de una autonomía dependiente de Marruecos, algo que, ha recalcado, "llega porque cedió a las amenazas de los matones de Estados Unidos”.

Montero ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en la capital aragonesa, durante su participación en la manifestación que ha exigido la libertad de los dos miembros en prisión de los Seis de Zaragoza.

Según Montero, lo que Naciones Unidas tiene que hacer es “rectificar” a su Consejo de Seguridad, “que ayer cedió a las amenazas de los matones de Estados Unidos, que son un peligro para la humanidad y por primera vez apoyaba un plan ilegal de ocupación de la dictadura marroquí sobre el territorio saharaui”.

Para la eurodiputada de la formación morada, en el Sáhara Occidental “tienen derecho a la libre determinación” y a explotar “sus propias materias primas”, y no mediante “acuerdos ilegales como el que acaba de hacer la UE con la dictadura marroquí”.

Así, ha subrayado Montero que “todos los países de Naciones Unidas tienen responsabilidad en ello” y “tienen la obligación de rectificar y de dar la espalda a ese plan de los matones de Estados Unidos”.

Sobre el país norteamericano, ha señalado que “no tienen suficiente con ser el principal apoyo político, económico y militar” con Europa, incluida España, “del genocidio en Palestina”.

“Ahora -ha apostillado- también quieren legalizar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y volver a la época de las intervenciones militares ilegales en Colombia, en Venezuela o en cualquier país de América Latina”.

También ha recalcado que “hay que proteger a la humanidad de esta gran amenaza que es Estados Unidos, igual que Israel”, y ha concluido: “El Sáhara, para los saharauis”.

Lo anunció en un breve mensaje en sus redes sociales hace ahora casi dos años. Lilith Vestrynge, número tres de Podemos, dejaba su acta de diputada y abandonaba la formación dándole las gracias a la militancia y asegurando que las despedidas siempre son difíciles. A partir de ese momento, poco más se supo sobre su decisión. Ahora, Vestrynge ha escrito un artículo en inglés en la revista Equator en el que explica de forma detallada los motivos que la llevaron a decirle adiós al partido. En el texto, hace un repaso por toda su carrera política, desde el surgimiento de Podemos en 2015 hasta su renuncia en 2024 de un proyecto que, según ella, “nunca quiso ser un partido, y mucho menos un partido mejor".

Cuenta que su marcha tuvo que ver con la falta de diálogo con la ciudadanía del partido y una creciente “paranoia interna”. Y asegura que no tiene ninguna intención de volver a la política: “hay que saber cuándo hay que dejar a otros liderar”.  

Cuenta Vestrynge que la formación morada fue cambiando con los años y acabó por volverse algo completamente distinto a lo que era. "Dejamos de hablar con la gente. En lugar de demostrar a los votantes que Podemos aún podía hacer política —luchando por los intereses de nuestros electores— decidimos votar en contra, o amenazar con votar en contra, de todo lo que propusiera el gobierno de Sánchez. Esto incluía cuestiones aparentemente fundamentales del partido, como los derechos de los desempleados", relata la expolítica. 

Vestrynge defiende la voluntad con la que nació el partido: la de defender los derechos de la gente de a pie. “La emoción por Podemos radicaba en que muchos jóvenes se involucraron de la noche a la mañana en la política, porque su mensaje sonaba menos a jerga y más a sentido común. De repente, creímos que teníamos algo que perder o ganar en el futuro”, asegura. 

Y hace un repaso por su carrera. Cuando estalló el 15-M, estudiaba Historia y Relaciones Internacionales en París. De familia de tradición política, siendo su padre, Jorge Vestrynge, uno de los dirigentes de Alianza Popular y su madre, una periodista que se convirtió en activista por el derecho a la vivienda, en un primer momento se resistió a seguir los pasos de sus padres. Aún así, cuando vio la acampada en Sol, cogió un vuelo hacia Madrid y se unió a los manifestantes durante dos noches. La política estaba cambiando y se había vuelto “urgente y personal de la noche a la mañana”. 

“Había gente de todas las edades, muchos de ellos sin ideología ni experiencia política previas. El sentimiento populista me impresionó profundamente. Parecía como si el sistema político español, tan rígido como la tibieza, pudiera resquebrajarse gracias a la pura voluntad colectiva. La energía era embriagadora, mientras desconocidos debatían hasta altas horas de la noche sobre cómo reconstruir la democracia desde sus cimientos”, cuenta Vestrynge. Poco después se unió al círculo que Podemos tenía en París, junto con periodistas, gente joven y exiliados de la España franquista. 

De ese primer espíritu que tanto conquistó a la joven Verstrynge no queda prácticamente nada, según lo que describe ella. Si bien siempre hubo luchas internas entre la facción mas afín a Pablo Iglesias y la que prefería las ideas de Íñigo Errejón, ahora retirado después de las acusaciones de agresión sexual, el debate se empezó a convertir en “paranoia”, por la “búsqueda de enemigos internos” que “convirtieron la política en un ejercicio de lealtad ciega”. 

Después de nueve años en el partido, relata, se dio cuenta de que estaba desencantada con la política. "Si bien había aprendido muchísimo en una organización que había contribuido a redefinir Europa tras la crisis financiera, también me había vuelto más insensible y cínica, y había llegado a sentir una especie de orfandad política anticipada". 

Vestrynge también habla de la atención mediática que recibió en 2020 cuando se hizo público que comenzaría a trabajar para Pablo Iglesias como su asesora en el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Según el PP, solo había una explicación posible para el ascenso de una mujer joven: tenían una relación sentimental. Ella cuenta que casi ni le conocía. Fue una estrategia para, explica, atacarla a ella, al partido (en ese momento Iglesias ya estaba con Irene Montero) y a su dinámica interna. 

El partido quiso darle la vuelta y con ello comprendió algo clave: “No existe la mala prensa”. Vestrynge explica que usaron la exposición mediática que estaba teniendo y la colocaron en el puesto 14 de las listas de las siguientes elecciones. “En cualquier caso, Podemos creía desde hacía tiempo que las noticias falsas, podían utilizarse a su favor. El partido estaba obsesionado con difundir sus mensajes a través de cualquier medio posible y consideraba la televisión un escenario clave de la lucha política”, añade. 

La presencia en medios ha sido siempre una de las estrategias centrales del partido, mucho más que la organización. Sostenían que los movimientos populistas podían eludir las estructuras de los partidos tradicionales si se usaba correctamente el poder mediático. Podían llegar a miles de personas a través de la televisión, algo mucho más interesante, según pensaban, que organizarse. “Pero había una trampa que no vimos en ese momento: se podía ganar el poder a través del tiempo de emisión, pero no se podía gobernar con él”, explica la expolítica. 

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este domingo que lo que alimenta al PP y a Vox es un gobierno "que no hace nada" y ha advertido a los socialistas de que "lo que viene después de gobiernos progresistas que defraudan a la gente que les votó" es la derecha y la extrema derecha.

Belarra ha respondido así a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que en la sesión de control al Gobierno en el Congreso del pasado miércoles acusó a la dirigente de Podemos de pronunciar discursos que "alimentan a la ultraderecha" y a la formación morada de pensar que el azote al Gobierno es la mejor estrategia electoral.

Belarra ha intervenido este domingo en el acto 'Es preciso soñar', junto con la eurodiputada del partido Irene Montero, y el secretario del Organización de Podemos, Pablo Fernández, en el marco de la Universidad de Otoño, donde ha recordado cómo Irene Montero dijo en el Congreso que la forma de "parar los pies a la derecha" era con "más derechos".

"No se puede decir que el Gobierno se comporta como un fondo buitre y me dicen que le hago el juego la derecha", ha indicado la responsable de Podemos, que se ha comprometido a exigir la intervención del mercado de vivienda, de tal forma que si las casas no son para vivir, no se puedan comprar.

Los participantes en el acto han tenido todos palabras de apoyo para el pueblo palestino y han denunciado que Israel está rompiendo "sistemáticamente" el alto el fuego.

La dirigente de Podemos ha asegurado que ni se trata de un acuerdo de paz ni de un alto el fuego lo firmado en Egipto sino que fue una "cumbre de impunidad" que no van a permitir.

"La desobediencia en tiempos de injusticia es una obligación ética y moral", ha dicho Belarra que ha animado a mantener la presión política y las movilizaciones y ha explicado que solo piden algo básico como es justicia, "lo mínimo que hay que hacer para un pueblo que lo ha perdido todo".

También Pablo López ha considerado deplorable que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoye "el plan de negocio" que no reconoce al Estado de Palestina y permite "la impunidad de los genocidas", mientras que Irene Montero ha animado a seguir movilizándose "contra el plan ilegal de negocio y de colonización".

La eurodiputada Irene Montero ha insistido también en que ser de izquierdas es la única manera de parar a "las derechas antidemocráticas": "Si no hay izquierda fuerte después de Sánchez va a venir Santiago Abascal", ha sostenido.

Irene Montero, que ha acusado al PP de practicar una "gestión homicida", ha señalado que ese partido es un "auténtico peligro", y especialmente para las personas inmigrantes, mientras el PSOE, dice a Podemos "que le hacemos el juego a la derecha". Y ha asegurado que si llegan al Gobierno regularizarán y darán la nacionalidad española a medio millón de personas.

El "natural estupor" del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente por la paradoja de que uno de sus imputados en el caso Koldo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, pueda seguir ocupando en el Congreso un escaño pese a los graves indicios de criminalidad que se ciernen sobre él, y su sugerencia a la Cámara para que reforme su Reglamento para evitarlo ha provocado las quejas de la presidencia del órgano legislativo y de la mayoría de los grupos representados en él. Se trata de una apreciación meramente política que, más allá de que pueda comprometer la imparcialidad del propio instructor del caso, que excede de sus funciones para entrar en las del Poder Legislativo. A los jueces no les corresponde pronunciarse en sus resoluciones sobre la pertinencia de las leyes, sino únicamente aplicarlas a los casos concretos que les compete enjuiciar. "Que se presente a las elecciones", le dijeron desde el Parlamento.

La extralimitación de Puente, según fuentes judiciales, es contraria al artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a los jueces "dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Se trata de una conducta que, en los casos más trascendentes, puede constituir una falta disciplinaria grave recogida en el artículo 418.2. Porque, en este caso, no hablamos de manifestaciones públicas que se hagan en un evento o durante una conferencia, sino en una resolución dictada durante la instrucción de un proceso, es decir, en pleno ejercicio del poder que cada juez y magistrado ejerce individualmente con su trabajo diario, el Judicial.

El esquema básico de funciones de cada poder del Estado en un régimen democrático está claro desde que Montesquieu lo teorizara en el siglo XVIII. El Legislativo, conformado por el Parlamento, es el que hace las leyes. El Ejecutivo recibe ese nombre porque ejecuta las leyes que hacen las Cámaras legislativas y ejerce la acción de gobierno. El Judicial, el único que no cuenta con una legitimidad democrática (se la otorgan la Constitución y las leyes), interpreta y aplica esas normas a los casos concretos y controla la legalidad de los actos de los integrantes de los otros dos poderes y también del suyo.

Eso no quiere decir que desde la magistratura no quepa una comunicación con el Gobierno o las Cortes. Esa comunicación existe, aunque está muy tasada en la ley. El Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, analiza y redacta informes sobre todos los proyectos de ley que tengan que ver con la organización o funcionamiento del sistema judicial y cuando las Cortes o el Gobierno se lo piden. Lo mismo ocurre en Fiscalía con el Consejo Fiscal. En este caso, además, el fiscal general del Estado tiene el deber de informar al Ejecutivo y a las Cámaras en su memoria anual de las reformas legales que, a su entender, deberían llevarse a cabo.

En los casos concretos, el Código Penal establece en su artículo 4 otras dos excepciones que permiten a los jueces dirigirse al Gobierno. El primero es cuando el juez o tribunal se encuentre ante una acción reprochable que no está penada. En ese caso debe abstenerse de actuar contra sus autores pero puede informar al Gobierno de las razones por las que estima que esa conducta debería ser objeto de sanción penal. También puede hacerlo en el caso contrario, es decir, cuando la ley penal le obligue a condenar pero, a juicio del juez o tribunal, la conducta no debiera ser sancionable o el condenado, atendiendo a las circunstancias del caso, mereciera un indulto que solo el Ejecutivo puede decretar.

Los jueces y magistrados, especialmente los pertenecientes a los sectores y colectivos más conservadores, denuncian permanentemente la vulneración de la separación de poderes cuando desde el Ejecutivo o el Legislativo se cuestionan sus decisiones. Sin embargo, las intromisiones de los propios jueces en las funciones de los otros dos poderes del Estado apenas merecen reproche del estamento judicial. Y algunas de esas intromisiones han tenido una especial gravedad.

El Poder Judicial ejercido por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha servido, por ejemplo, para alterar, mediante una sentencia inconstitucional, la composición del Congreso, es decir, del Legislativo. Hablamos del caso de Alberto Rodríguez, el exdiputado de Podemos que fue suspendido después de que el Alto Tribunal le impusiera una multa de 540 euros por una supuesta agresión a un policía durante una manifestación en La Laguna (Tenerife). El Constitucional dijo tres años después que la sentencia había vulnerado el derecho fundamental a la legalidad penal del representante, que jamás debió ser expulsado de la Cámara. Dio igual que le dieran la razón, porque su salida ya se había producido y se habían celebrado nuevas elecciones.

La condena imponía al diputado una pena de un mes y 15 días de prisión que, como obliga el Código Penal con todas las inferiores a tres meses, se sustituyó por una multa. Los magistrados del Supremo, sin embargo, entendieron que dicha sustitución no afectaba a la pena de inhabilitación que conllevaba la prisión y el presidente de la Sala, Manuel Marchena, conminó a la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a suspender a Rodríguez pese a sus dudas sobre si debía hacerlo. El tribunal de garantías, cuando ya no había forma de restituirlo en el cargo, aseguró que las multas, al ser penas menos graves, jamás llevan aparejada la inhabilitación.

Otro de los ataques a la separación de poderes que se ha producido últimamente es la negativa del Supremo a aplicar la ley de amnistía a los líderes perseguidos y condenados por el proceso independentista catalán. Toda España asistió durante meses a las negociaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones del 23 de julio de 2023. Junts impuso como condición una ley de amnistía para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de personas perseguidas por el proceso independentista. La letra de la ley, aprobada al año siguiente, su intención, proclamada en su exposición de motivos, y la del Legislativo, expresada durante su tramitación eran inequívocas para todos. Salvo para la Sala de lo Penal del Supremo, que se negó a aplicarla.

Jueces y tribunales no pueden dejar de aplicar una ley. Pero si dudan sobre su encaje en la Constitución, sí pueden cuestionarla ante el TC. A ese mecanismo perfectamente legítimo también recurrió el Supremo al impugnar la norma ante el tribunal de garantías, aunque su resolución advertía de que no albergaba ninguna duda de su inconstitucionalidad. Quien la redactó fue, precisamente, Leopoldo Puente, el instructor del caso Koldo, que también en ese texto entró en terreno pantanoso con esta resolución apoyada por otros cuatro compañeros.

La cuestión enviada al TC entraba a valorar el acuerdo político que llevó a la aprobación de la ley en las Cortes y lo denostaba al considerar que su finalidad era la investidura de Pedro Sánchez y que parte de los que votaron a favor lo hicieron para favorecer a los líderes de sus partidos, en clara referencia a Junts y ERC. Puente y sus compañeros de Sala también cuestionaron que su finalidad fuera superar el conflicto y alcanzar la normalidad democrática en Catalunya, un fin para el que consideraban la ley "inidónea" porque las fuerzas independentistas no habían pedido perdón ni se habían comprometido a no reincidir con otro procés. En suma, el Supremo analizó la oportunidad política de aprobar la disposición del perdón en lugar de ceñirse únicamente a su texto concreto.

Los tres primeros días del pasado julio, cientos de jueces secundaron una huelga. Algunos se manifestaron a las puertas de sus órganos judiciales con sus togas puestas. Lo hicieron convocados por tres asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) que aseguran que defienden la "separación de poderes" para oponerse a cualquier iniciativa del Gobierno de izquierdas.

Sin embargo, el objetivo de esa protesta fue presionar al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que retiraran o no apoyaran las principales iniciativas judiciales del Gabinete de Pedro Sánchez, como la democratización del sistema de acceso a la carrera o la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerza su autonomía y le entrega la instrucción de las causas penales, algo que ya hace en el resto de Europa.

La huelga fue declarada ilegal por el CGPJ, que la dio por no convocada, aunque dio igual porque muchos miembros de la carrera la secundaron pese a la ausencia de una autoridad que fijara servicios mínimos, sin que nadie (salvo ellos mismos) pudiera juzgar sus excesos reivindicativos y, por supuesto, sin que nadie fuera a restarles de su sueldo mensual la parte correspondiente a los días de movilización, como a cualquier trabajador o funcionario.

Lo hicieron, según dijeron, en defensa de la separación de poderes y pese a que su órgano de gobierno, el CGPJ, había aprobado previamente y por unanimidad de conservadores y progresistas los informes que avalaban –con la introducción de algunas modificaciones– las iniciativas legislativas gubernamentales en las que no encontraron ninguna tacha de inconstitucionalidad. Los que deben garantizar con su trabajo la vigencia de la ley y la Constitución ejerciendo el Poder Judicial recurrieron a una vía ilegal –la huelga– para inmiscuirse en las funciones de los otros dos poderes del Estado sin ninguna consecuencia.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ambos de Sumar, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra han arremetido contra el PSOE por abstenerse en el rechazo del Congreso a debatir la derogación de la protección cultural de los toros.

"Hoy el Partido Socialista ha impedido que salga adelante la ILP para acabar con el sufrimiento animal. No ha estado a la altura de nuestro país moderno y animalista", ha publicado Yolanda Díaz en las redes sociales

Ernest Urtasun, titular de Cultura, ha comentado que la iniciativa legislativa popular para derogar la ley que protege la tauromaquia ha caído "no por falta de apoyo social, sino por un cambio de voto del PSOE, que se ha alineado con PP y Vox para vetar su debate".

"Es una oportunidad perdida para avanzar hacia un país que diga con claridad: la tortura no es cultura", ha opinado Urtasun, quien ha subrayado que "pueden retrasar el cambio, pero no detenerlo".

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha publicado también en redes que el PSOE "ha tumbado" la iniciativa y "lo ha hecho al lado del PP y Vox y contra el sentir mayoritario de la sociedad".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de "indignante" la abstención del PSOE "que se había comprometido a votar que sí. Es lamentable”, ha publicado Belarra en un mensaje en X.

Belarra ha añadido: "Le dejamos muy claro al PSOE que vamos a seguir trabajando hasta que la tauromaquia se elimine para siempre, porque la cultura no es mi tortura".

El Congreso ha rechazado este martes tramitar una proposición de ley de iniciativa legislativa popular que pretendía retirar a la tauromaquia la categoría de patrimonio cultural y que cada comunidad autónoma pudiera decidir si la prohíbe o apoya.

Se trata de una iniciativa denominada 'No es mi cultura', cuyo objetivo era derogar la Ley 18/2013 para la Regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural y que fue avalada con más de 600.000 firmas certificadas, que se presentaron en el Congreso el pasado mes de febrero, tras una campaña que comenzó justo un año antes.

Finalmente, la toma en consideración ha sido rechazada en el Pleno por 169 votos en contra, 118 abstenciones y 57 votos a favor.

En contra han votado el PP, Vox y UPN, por considerar que se trata de “censurar y prohibir la cultura popular”, ha asegurado la diputada popular Soledad Cruz-Guzmán, para quien este debate sobre los toros no es más que “una nueva cortina de humo” del Gobierno que se “doblega continuamente a las exigencias de sus socios”.

El PSOE por su parte se ha abstenido y ha argumentado que el apoyo ciudadanos a la iniciativa obliga a “gestionar con serenidad hasta qué punto nuestra sociedad es plural”, por lo que ha pedido mantener este debate entre quienes quieren prohibir los toros y quienes los defienden “con más cabeza fría que ruido” y con “respeto y diálogo”.

La izquierda contemporánea ha transitado desde una lucha que tenía como eje la conciencia de clase hacia una práctica política centrada casi exclusivamente en lo electoral (ese tablero amañado donde las reglas las dicta el sistema) y en una constelación infinita de causas que se abordan como batallas aisladas, sin conexión ni estrategia común. Cada formación política, cada colectivo, en su país o territorio, defiende su parcela, su herida, su urgencia, como si el problema no fuera global, como si la injusticia no tuviera un rostro sistémico que nos afecta a la inmensa mayoría. Es como si estuviéramos intentando apagar un incendio planetario con cubos de agua dispersos, sin saber que todos estamos dentro del mismo bosque en llamas.

Así, la división se ha convertido en norma y la fragmentación en método, donde partidos, organizaciones, programas, luchas… son la expresión de un totum revolutum en el que, al enfrentarse entre sí mismos por alcanzar pírricas victorias,

pierden de vista su objetivo final frente a un enemigo común. El resultado, en todo caso, es una coreografía caótica de esfuerzos que, lejos de converger, se neutralizan entre sí. Es la suma cero. 

Mientras tanto, el sistema que nos oprime no se fragmenta: se articula con precisión quirúrgica, se metamorfosea según convenga, se coordina como una maquinaria global que no deja cabos sueltos. Es algo más que una hidra con cabezas que se regeneran: es el fuego que avanza por el bosque, alimentado por cada ráfaga de viento, por cada árbol seco, por cada distracción.

Mientras las llamas se propagan por doquier, nosotros seguimos corriendo en círculos, intentando apagar focos aislados con las manos desnudas, sin mapa, sin estrategia, sin saber que el incendio es uno solo. Nos dispersamos en mil frentes, cada uno con su manguera rota, creyendo que cortar una llama detendrá el fuego. Pero el fuego no se corta: se contiene con unidad, con visión, con coordinación. Y como no la tenemos, el resultado es siempre el mismo: el bosque arde y nosotros perdemos.

En mi humilde opinión, la izquierda debe replantearse con urgencia cómo salir de ese enfoque sectorial que la debilita, de esa mirada fragmentada, de esa acción parcial que apenas logra contener las llamas en un rincón del bosque. Lo que necesitamos son dos figuras políticas nuevas y profundamente conectadas: el ciudadano-ciudadana total, y su reflejo colectivo, la organización-paraguas total.

No basta con quien lucha por su salario, por su alquiler, por la sanidad pública o por el reconocimiento de su identidad: necesitamos a quien entiende que cada uno de esos fuegos forma parte del mismo incendio. No más organizaciones aisladas, cada una defendiendo su parcela como si no estuviera rodeada de llamas. No más islas de lucha: una por el trabajo digno, otra por la vivienda, otra por la ecología, otra por los derechos identitarios, todas desconectadas de una raíz común. Lo que hace falta es una estructura amplia, viva, capaz de representar con fuerza todas esas causas y muchas más, como ramas de un mismo árbol que se niega a arder. Porque solo así podremos dejar de correr detrás del fuego y empezar a construir el bosque que queremos.

El capitalismo ha desmenuzado las luchas, ha abierto numerosos frentes para conseguir dos cosas: a) mejorar el rendimiento de su propio sistema, sacar más provecho y, de paso, b) hacer más débiles a quienes se oponen a él. 

Así que la izquierda necesita empezar a planificar y a organizarse de otra manera. No se trata de estar en todas las luchas, sino de priorizar. Elegir varios frentes clave —por ejemplo, vivienda, educación y sanidad, transición ecológica justa, soberanía alimentaria, y contra la militarización creciente– para construir desde ahí una ofensiva general coordinada en favor de una vida y un desarrollo dignos. Hay que superar el horizonte permanente de manifestaciones aisladas, desconectadas, y avanzar en el camino de procesos de articulación que generen un poder real y una alternativa eficaz a este sistema. Es el “agrupémonos todos-todas”, pero en la lucha diaria. 

Esto implica lógicamente repensar las formas de organización. Los partidos tradicionales tendrán que buscar nuevas fórmulas de trabajo, reorientar sus esquemas de funcionamiento, si es que quieren ser instrumentos válidos y eficaces de cambio. Plataformas horizontales, nodos de acción descentralizados, redes de apoyo mutuo pueden ser algunos ejes de trabajo y ya están demostrando que se puede y se debe ser más eficaz ampliando el enfoque. Lo vemos en decenas de movimientos como el francés de Soulèvements de la Terre, Fridays for Future, Extinction Rebellion, o las redes de economía solidaria que están surgiendo en muchos lugares del planeta y que pueden ser el embrión de un nuevo tipo de organización que se vaya articulando en un gran frente internacional que responda a las principales amenazas que nos plantea este régimen neoliberal genocida que se está extendiendo por buena parte del mundo. 

No estamos hablando de un mero reajuste sino de todo un cambio conceptual, de otro discurso, de nuevas maneras de comunicar, de otras prácticas, en definitiva, de otra forma de organización que supere los límites cada vez más angostos en los que nos hemos ido encajonando en la izquierda tras asumir las prácticas del sistema que descansan, principalmente, en un campo de juego parlamentario controlado en última instancia por los poderes fácticos desde aquí a California o a Vladivostok. 

Si no abrimos la mirada, no solo se acorta el horizonte, sino también las respuestas que se han de dar. ¿O es que la vivienda, la educación, la sanidad, la transición ecológica, la soberanía alimentaria, los malestares de la vida cotidiana y, mucho más aún, las guerras, no nos afectan a una grandísima mayoría de los habitantes de este planeta?

Para conseguir todo esto es necesario, de entrada, innovar en las formas de lucha. Darle a la política diaria otra dimensión más pedagógica, más amplia, integral y articulada. Trabajar y luchar como se está haciendo ahora, problema por problema, sector por sector, buscando mejoras graduales, creo que es un grave error que nos encierra y divide o, lo que es lo mismo, debilita profundamente a la izquierda y a las fuerzas y colectivos que promueven un cambio radical del sistema capitalista. 

Trocear, desmenuzar las graves problemáticas que enfrentamos a todos los niveles no solo es perder perspectiva; es, ante todo, condenarnos a la irrelevancia. Si el combustible de las luchas que recorrieron todo el mundo hace más de siglo y medio fue una única consigna, “Proletarios de todo el mundo, uníos”, quizá ahora tengamos que buscar un nuevo eslogan. Uno nuevo que no convoque desde la homogeneidad, sino desde la articulación, desde la conexión entre causas diversas que comparten un enemigo común. La lucha no puede seguir siendo ni islas ni archipiélago: necesita ser continente.

El “ciudadano-a total” no nacerá de la nada. Tendrá que ser el resultado de un proceso pedagógico, cultural y político que eleve su conciencia, que lo conecte con las luchas ajenas como si fueran propias. Que supere la fragmentación no anulándola, sino comprendiendo que cada reivindicación es una puerta a una estructura más profunda de injusticia compartida. Su conciencia no será únicamente sectorial, ha de ser sistémica.

Construir esa figura exige también una nueva narrativa global. Una que no se fundamente en el miedo, como hace el neoliberalismo, sino en el deseo de transformación. Frente al relato que normaliza el saqueo del planeta y la exclusión de millones de personas, necesitamos otro que nos devuelva el derecho a imaginar un mundo común, más libre, más justo e igualitario. La esperanza debe volver a ser revolucionaria.

Pero la articulación no es simple. Siempre hay y habrá tensiones, egos, disputas y resistencias internas que entorpezcan la convergencia. Reconocer esos obstáculos sin moralismos es el primer paso para superarlos. Hacer del conflicto un motor de creatividad colectiva nos permitirá pasar de la mera coexistencia de luchas al diseño de estrategias compartidas.

¿Y si volvemos a pensar en clave internacionalista? La historia nos lo recuerda: las resistencias más fuertes han sido aquellas que cruzaron fronteras. Hoy, el internacionalismo no se construye desde sedes centrales, sino desde redes descentralizadas que comparten información, estrategias y afectos. Una Internacional distribuida es más resiliente y más difícil de neutralizar.

Las tecnologías que hoy nos conectan también pueden servir para coordinar la lucha. Plataformas seguras, inteligencia colectiva, canales de solidaridad transnacional… todo eso existe, pero hay que apropiárselo políticamente. Si el capital las usa para extraer valor, nosotros debemos usarlas para construir resistencia.

Ahora bien, la articulación política también necesita tácticas concretas. Cooperativas integrales, redes de cuidados, asambleas mixtas, huertas comunitarias… son ejemplos de prácticas que ya encarnan la visión del ciudadano total. La transformación no se decreta: se construye desde abajo, día a día.

En ese mismo terreno, lo simbólico juega un papel crucial. Las estéticas, los lenguajes, los gestos, los rituales… pueden y deben ser dispositivos de conexión emocional y política. El arte y la cultura militante, comprometida y reivindicativa, los relatos insurgentes deben ser herramientas para dar forma sensible al nuevo horizonte común.

Y entonces sí, podemos volver a preguntar: ¿Cuál sería ese nuevo eslogan? Tal vez algo que no borre las diferencias, pero las ponga en diálogo. Un grito que ya no clame por una clase social única, sino por una alianza entre pueblos, causas y territorios: “Diversos, pero unidos. Contra el sistema. Por la vida.”

¿Comenzamos a caminar? ¿A qué esperamos? Igual hay que empezar a mirarnos más a nosotros mismos que al adversario. 

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Txema García es socio de infoLibre

Se está gestando otro 15-M. No hay más que tomarle el pulso a la calle para ver que se prepara otra etapa de contestación social nacida del descontento y el hartazgo. La pregunta es cuándo comenzará o, mejor dicho, qué forma adoptará, puesto que la política no siempre permite que el malestar social se exprese con voz propia. Alberto Núñez Feijóo no comprende nada porque carece del olfato político que sí tenían Aznar, González o el propio Sánchez, de manera que apenas conseguirá atrasar unos años el advenimiento de Vox. Se están produciendo dos dinámicas sociales que antes o después crearán una sinergia transformadora. La primera es que hay una generación de jóvenes cuyo pensamiento es totalmente nuevo. Se han criado con otras convenciones socioculturales y su cosmovisión es muy distinta a la nuestra: simplemente no valoran algunos atributos de la democracia como la libertad de expresión o de manifestación, el derecho a la información o el respeto por el debate parlamentario. Sin embargo, ponen un desmesurado énfasis en el orden y la estabilidad (tal vez porque no han conocido un entorno estable desde 2008), aun a costa de sacrificar su libertad. Alguna culpa tendremos quienes somos mayores que ellos por no haberles transmitido nuestra veneración por la democracia. Ya sé que no tienen una especial conciencia política, pero eso no es necesario para que sean conscientes de sus precarias condiciones de trabajo o de la terrible dificultad para acceder a una vivienda. La mayoría de los rusos de hace más de un siglo no habían leído a Proudhon o Marx, pero comprendían que sus vidas se desarrollaban en medio de enormes penalidades y miserables condiciones materiales. No es imprescindible tener un pensamiento político sofisticado para identificar las injusticias sociales y a sus autores; la conciencia política también nace de la experiencia vital, y la suya se desarrolla en medio de problemas muy específicos, como el citado de la vivienda, que nosotros no conocimos. 

El segundo factor es que los escándalos de corrupción —y el del exministro Cristóbal Montoro no hace más que ahondar en esta percepción— fortalecen la idea de que todos los políticos son iguales, de manera que nos esperan tiempos convulsos que, de nuevo, nacen de la desafección hacia la política tradicional. La erosión institucional a la que nos han llevado los dos grandes partidos estremece. Para esos jóvenes que por cientos de miles engrosan las filas de Vox, la corrupción en España no es una ocasional anomalía del sistema, sino su combustible estructural. Legislatura tras legislatura, no tenemos más que sentarnos a esperar que se produzca. El bipartidismo ha convertido nuestra política en un castillo de cartas marcadas donde lo que cambia son los nombres de nuestros gobernantes, mientras que permanecen las mismas empresas que, desde hace décadas, monopolizan las licitaciones públicas más importantes y protagonizan los grandes escándalos de corrupción, sin que el relevo entre PP y PSOE consiga evitarlo.

En 1978, la Constitución fue aprobada mediante referéndum, dando paso a una etapa de transformación social y económica que generó en la ciudadanía española una profunda sensación de progreso. Sin embargo, desde 2008, para muchos jóvenes la democracia es tan solo un conjunto de promesas y buenas intenciones que nunca pasan de la retórica política a la realidad, y eso acabará teniendo consecuencias. Entre otras cosas, porque en la calle ya se ha instalado la idea de que los ciudadanos cumplimos con lo que el Estado de Derecho nos exige en todos los órdenes, para ver cómo, una y otra vez, algunos de nuestros políticos se llenan los bolsillos con nuestro dinero mientras relegan las promesas electorales y defraudan nuestras expectativas. Sería de una ingenuidad enfermiza pensar que un comportamiento así no va a crear desesperanza en la sociedad. En buena lógica, Unidas Podemos emergió como el partido que debía gestionar el enorme descontento de la sociedad española de hace 15 años (llegaron a estar primeros en intención de voto en 2014). Pero el sistema, sin haberlos deglutido nunca, los vomitó con violencia porque una de sus esencias es la corrupción, lo reconozcamos o no, y los Iglesias, Monedero o Errejón, sea cual sea su posterior trayectoria eran percibidos como insobornables revolucionarios. La nueva izquierda fue rechazada porque no encajaba en la lógica de la corrupción sistémica, en muchos aspectos normalizada en los círculos de poder, pese al discurso ético que domina nuestra vida política y que se revela como profundamente hipócrita. Hasta ahí podíamos llegar en un sistema acostumbrado a prebendas de todo tipo al poder económico. No importa que estos líderes nos gustasen más o menos, la izquierda eran ellos, no el PSOE, y a fe que traían algo más nuevo y limpio que lo que el corrupto bipartidismo ofrece una y otra vez. El sistema está tan sucio que nos hizo temer a un grupo de profesores y personas esencialmente honestas con bastante poca querencia por lo material. Incluso buena parte de la izquierda, con el PSOE a la cabeza, no quiso compartir poder con la formación morada. Esto ha dado lugar a una constante en las dinámicas sociales: aquello que no se soluciona hasta el final vuelve a reproducirse. De manera que parece que quien gestionará esta segunda etapa de enorme frustración social será Vox, un partido entre cuyas prioridades está lo simbólico (exaltación de la identidad nacional, la confrontación cultural y la defensa de los “valores tradicionales”) y no lo que realmente necesitamos: excelencia en la gestión de lo público. 

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

La inatacable convicción que transmiten las palabras de Ione Belarra e Irene Montero contra el gobierno de Sánchez –el gobierno de la guerra y de la corrupción– en ningún caso puede entenderse como sobreactuación o como una forma hipersónica de traspasar la barrera del sonido para llegar a la audiencia. Es verdad que fue su estrategia originaria: decirlas desde Podemos tan gordas y en tantos sitios que no había más remedio que prestarles atención. 

Con la entrada en el Gobierno de Pablo Iglesias, la pulsión supersónica bajó de decibelios hasta casi enmudecer y diluirse en la atonía que tanto le aburrió mientras ejercía la vicepresidencia. Soportó la sosería de gobernar dos telediarios, con razón, dada la natural vocación agitadora que exhibió como superestrella mediática (aunque ahora dice que su verdadera vocación es la docencia). Hoy sigue ahí, en la trinchera del activismo empresarial en expansión por América Latina y confiado en que el votante interiorice el principio fundacional de Podemos: PSOE y PP la misma mierda son. En estas semanas la actualidad los ha cargado de razones, dado que los centenares de investigados del Partido Popular, más los ya condenados en firme, más la participación a título lucrativo del partido, más las condenas de cárcel de unos cuantos capitostes populares solo hacen que confirmar esa equivalencia flagrante y manifiesta entre los dos partidos mayoritarios. 

Por lo demás, que la presunción de inocencia es una antigualla del Estado de derecho lo sabe hasta el más alérgico consumidor de la farramalla informativa que corre y vuela por las redes. El trabajo sucio a Podemos se lo está haciendo la derecha mediática y política desde hace dos años, aunque ese trabajo sucio incluyera durante los años anteriores inventarles una detrás de otra causas judiciales que han sido sistemáticamente descartadas por los jueces pero amplia, amplísimamente avaladas por multitudes de webs de medios o medios de web ultraderechizados sin disimulo y con objetivos políticos confesos. Los portavoces explícitos de esos medios no son exactamente secretos porque tanto Feijóo como Tellado como Ayuso se han hartado de repetir que el objetivo es quebrar a Sánchez y echarlo de una Moncloa a la que nunca debió haber llegado.

La expectativa de crecimiento de la orilla anguitista (o sea, del profeta Anguita) de Podemos se antoja francamente espectacular: es imposible no conmoverse con la radicalidad verbal y el aplomo argumental de Ione Belarra cuando insta a acabar con el bipartidismo y de paso con este gobierno. Lo saben ellos y lo sabemos los demás: la estrategia de las dos orillas (en una, la auténtica izquierda que puede con todo y en la otra la corrupción invasiva del resto) conduce en derechura y sin obstáculos a un incremento de votos y adhesiones imparable. ¿Con qué objetivo? Evidentemente, gobernar como fuerza más votada de la izquierda, y no está tan lejos ese objetivo ni es iluso ni utópico ni fantasioso; no es, como tantos creen ingenuamente, inalcanzable una expectativa de pongamos 30-35% de votos en favor de Podemos y su activismo de izquierda depurador y pesticida. Es verdad que si no acaban cumpliéndose esas expectativas, tan razonablemente moderadas, siempre podrán recriminar a los votantes de izquierdas no haber escogido su inmaculada pureza residual y haberse dejado pringar por el cobarde y socialdemócrata respaldo a la coalición que llaman con tan fino tino de la guerra y la corrupción. Virgen santa. 

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Jordi Gracia es filólogo, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, ensayista y codirector de TintaLibre.

La líder de Podemos, Ione Belarra, se presenta a la reelección en la próxima asamblea estatal de la formación con una lista continuista donde volverá a tener como número dos a la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero y en la que, como novedad, ha incluido a una decena de activistas, según informa EFE.

La líder de la formación morada presentó este lunes en un acto en Madrid a los integrantes de la lista del Consejo Ciudadano Estatal (órgano de dirección política de Podemos) con la que concurre a la asamblea de su formación el 11 y 12 de abril, pero sin concretar el orden de cada uno de ellos en la candidatura.

Fuentes de Podemos han confirmado este martes que la exministra de Igualdad volverá a ser la número dos de Podemos mientras que el actual secretario de Organización, Pablo Fernández, repetirá como número tres y la eurodiputada Isa Serra como número cuatro.

La candidatura, llamada ‘Orgullosamente Podemos’, es de carácter continuista ya que consolida al actual núcleo de dirección del partido, pero como novedad incluye a una decena de activistas que trabajan a favor de Palestina, de las personas trans, contra el racismo y contra el fascismo, entre otros ámbitos.

Entre ellos están la activista trans Mar Cambrollé, el exdiputado en la Asamblea de Madrid de origen senegalés Serigne Mbayé o Francho Aijón, padre de uno de los 'seis de Zaragoza' que fueron encarcelados en unos altercados ocurridos en una protesta contra un mitin de Vox.

Además, Belarra ha fichado en su lista a Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, y a Mariano Muniesa, actual miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española a propuesta de Podemos.

A falta de celebrar las votaciones entre los inscritos de Podemos, previstas entre el 7 y 11 de abril, Belarra liderará de nuevo el partido junto a la dirección propuesta, ya que ha sido la única precandidata en lograr los avales suficientes para aspirar a este proceso.

El juez Santiago Pedraz ha solicitado a la Policía Nacional que le remita todos los informes que se hayan elaborado sobre Podemos y más de sesenta políticos entre 2014 y 2016, entre los que incluye a la actual vicepresidenta Yolanda Díaz, a Ione Belarra y a ex altos cargos como Pablo Iglesias, según informa EFE.

Pedraz adopta esta decisión a petición de Podemos en el marco de la investigación abierta para tratar de esclarecer si la cúpula policial y del Ministerio del Interior aquellos años impulsó investigaciones ilegales, sin aval judicial, contra líderes de la citada formación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha dictado este lunes una providencia, en la que reclama "cuantas notas, actas, diligencias, oficios, comparecencias, atestados o informes se hayan elaborado" por la Dirección General Operativa y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Quiere conocer los informes que afectan a Podemos, la fundación CEPS o a más de sesenta dirigentes y exdirigentes políticos relacionados con Unidas Podemos que "no se hallen afectados por su clasificación como secreto o información reservada".

Entre los políticos citados figuran, por ejemplo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, la líder de Podemos, Ione Belara, el exvicepresidente Pablo Iglesias, la exministra de Igualdad Irene Montero y otros exdirigentes como Íñigo Errejón.

El juez pide que, en caso de no atender a su solicitud, "se aclare si ello se debe a la declaración de secreto de la investigación referida, aportando el acuerdo del Consejo de Ministros que así lo declara, o a la inexistencia de constancia de expedientes policiales en los términos requeridos, o si existe alguna otra causa que impida el cumplimiento de dicho requerimiento".

El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha reclamado al Congreso una indemnización de 134.000 euros por la retirada de su escaño, después de que fuera condenado por agredir a un policía durante una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife), han confirmado fuentes parlamentarias. Según la reclamación, adelantada este martes por El País, esta cantidad correspondería a los sueldos que dejó de percibir desde noviembre de 2021, cuando le fue retirada la condición de diputado, hasta que fue disuelta la legislatura, en mayo de 2023.

En un informe de la asesoría jurídica del Congreso, al que ha tenido acceso EFE, los letrados señalan que el órgano competente para conocer la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Rodríguez es el Consejo de Ministros.

Por ello, los letrados apuntan a la posibilidad de que la Mesa del Congreso inadmita a trámite esta solicitud del exdiputado de Unidas Podemos "por falta de competencia", un asunto que abordará este órgano en su reunión de este martes.

El Tribunal Supremo condenó a Rodríguez a un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo de 45 días. Por ello, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retiró en octubre de 2021 el escaño a Rodríguez en virtud de la sentencia, que implicaba la pérdida de la condición de diputado, hecho que recurrió el afectado ante el Tribunal Constitucional.

Este tribunal de garantías estimó en enero de 2024 el recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó y le otorgó el amparo, con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cuatro en contra de la minoría conservadora, anulando la condena de inhabilitación.

Juan Carlos Monedero ha respondido a las noticias sobre las acusaciones de acoso sexual contra él diciendo que “cuanto todo se aclare” irá a los medios porque él tiene una ventaja que es que “no hay una persona y un personaje”, en alusión a la recordada retórica de la carta con la que su excompañero en la fundación de Podemos Iñigo Errejón se excusó de sus propias acusaciones de acoso sexual. Si miramos ese plano detalle, podríamos quedarnos sólo en la guerra fratricida entre Podemos y los partidos en los que se fue partiendo, pero el caso Monedero y el caso Errejón computan juntos como algo mucho más grande que eso.

Mientras preparaba esta columna, leí y escuché la idea flotante de que tuvo que llegar el 8 de marzo de 2018 para que muchos pudieran saber que algunos comportamientos estaban mal. Que culturalmente todo cambió ese 8 de marzo, al parecer, se cayó un telón de ignorancia por el que incluso gente ilustrada y politizada descubrió que algunas conductas comunes son inaceptables. Algunos, como presuntamente Errejón y Monedero, lo sabrían o lo descubrirían pero siguieron con sus consejos vendo que para mí no tengo.

Esa es la parte grande de todo esto. El daño demoledor que hace la absoluta falta de coherencia entre los dichos y los presuntos hechos de algunos de los padres intelectuales de las formaciones que con más vehemencia y sin ambages han defendido que no hay peros ni medias tintas ni silencios posibles ante las denuncias de acoso sexual. Hoy, como en la semana de Errejón, se frotan las manos quienes no buscan sólo el descrédito de estos partidos sino el descrédito de los avances feministas que han contribuido a empujar. 

La reacción de Podemos, del Podemos de Irene Montero y Ione Belarra, también está careciendo de coherencia, con el discurso bandera de la formación y, sobre todo, con los hechos que están desvelando los periodistas de varios medios, medios de derecha y de izquierda, como por supuesto tiene que ser. Lo que más desacredita cualquier causa y lo que más desacredita la política en general es que el público perciba que la vara de medir es diferente según quien sea el sujeto de la acción. El silencio del entorno es uno de los elementos fundamentales que posibilitan el acoso sexual, y eso no es algo nuevo que nadie haya descubierto de repente el 8 de marzo de 2018. 

La Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid abrió en enero una investigación a Juan Carlos Monedero que se ha conocido este jueves, después de que Podemos haya confirmado que lo apartó de la actividad del partido en 2023 por dos acusaciones de violencia sexual contra él, según informa EFE.

Según han explicado fuentes de la Universidad Complutense, donde Monedero trabaja como docente, el expediente es confidencial, se abrió en la Unidad de Igualdad y esta lo ha trasladado a la Inspección de Servicios. Este expediente se ha dado a conocer el mismo día en que Podemos ha confirmado que apartó a Monedero de la actividad de la formación tras conocer dos testimonios contra él de violencia sexual en septiembre de 2023, según ha adelantado elDiario.es, y en medio de más acusaciones de este tipo difundidas por otros medios como ABC.

En concreto, fuentes de Podemos han explicado que la secretaría de feminismos del partido recibió el 12 de septiembre de 2023 un correo electrónico con el testimonio de una mujer que denunciaba comportamientos de Monedero que podían llegar a ser violencia sexual y que reclamaba por ello una actuación interna. El partido trasladó ese escrito a la Comisión de Garantías, que ofreció a la denunciante una vía "confidencial y segura" para aportar testimonios concretos de los hechos, pero en Podemos aseguran que no hubo respuesta por parte de la mujer. Por otro lado, en las mismas fechas, varios miembros de la dirección del partido recibieron el testimonio de otra mujer que denunciaba ser víctima de violencia sexual por parte de Monedero y que pedía que este dejara de participar en los actos de la organización.

Tras tener conocimiento de ambos testimonios, Podemos afirma que actuó "desde el primer minuto" y dejó de convocar a las actividades del partido a Monedero, que desde 2015 no ocupaba ningún puesto en la dirección y que en mayo de 2023 renunció voluntariamente al cargo de presidente del Instituto República y Democracia (antes Instituto 25M), vinculado a la formación morada.

Sin embargo, Monedero no anunció públicamente su salida de la fundación hasta el 14 de septiembre a través de un mensaje en la red social X en el que agradecía a la líder del partido, Ione Belarra, la confianza en este tiempo. Por su parte, Belarra le contestó ese mismo día a través de X dándole las gracias por su "incansable trabajo en Podemos" y por haberse "desvivido siempre por su magnífica militancia". "Lo fácil, con todos los ataques que has recibido, era haber abandonado. Seguimos peleando juntos", añadió.

Monedero ha denunciado este jueves a través de sus redes sociales una "persecución" tras la publicación de varias informaciones con acusaciones de violencia sexual, aunque ha reconocido que aún tiene que aprender sobre feminismo y sobre "empatía relacional". El cofundador de Podemos señala que "por fortuna, los delitos están delimitados por la ley" y, en este sentido, subraya que "cualquier relación no puede ponerse bajo sospecha ni cualquier comportamiento ser sospechoso de punible".

"Algo tan sensible no puede ser un arma para desacreditar a adversarios políticos, porque tergiversa la realidad y confunde a la opinión pública. Yo no tengo una opinión política y otra privada. Por eso no tengo nada que esconder", afirma Monedero, que cree que la situación que está viviendo tienen relación con la subida de Podemos en las encuestas.

Podemos ha registrado este martes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) esté exento de IRPF, adelantándose así al grupo parlamentario Sumar, que ha anunciado que presentará una proposición de ley en este sentido, según informa EFE.

"Nos parece un absoluto escándalo que este Gobierno esté perdonándole los impuestos a las empresas energéticas, al mismo tiempo que por primera vez en nuestra historia, las personas que cobran el salario mínimo interprofesional van a empezar a pagar impuestos", ha declarado a los medios en el Congreso la líder de Podemos, Ione Belarra.

La secretaria general de Podemos y diputada de la formación morada ha calificado de "escándalo democrático" y "broma de mal gusto" la decisión del Ministerio de Hacienda de no ajustar el IRPF al nuevo salario mínimo aprobado este martes en el Consejo de Ministros, por lo que dejará de estar exento de tributar.

Para tratar de revertir esta decisión, Podemos ha registrado este mismo martes una proposición de ley donde pide modificar la norma sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el objetivo de impedir practicar "retenciones por rendimientos del trabajo de aquellos trabajadores que perciban, en cómputo anual, el salario mínimo". Con el registro de esta proposición de ley, Podemos se ha adelantado al grupo Sumar, que este mismo martes ha anunciado que presentará una iniciativa del mismo tipo en el Congreso.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha valorado el aumento del salario mínimo, pero ha lamentado que se "castigue" a los trabajadores que menos cobran al no quedar exento del IRPF. A su llegada al pleno del Congreso, Rufián ha criticado que se "castigue de esa manera" a la gente que perciba el SMI y a su vez ha pedido que los enfrentamientos entre los socios del Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar sucedan "en la intimidad" y no de manera pública. En ese sentido, ha apuntado a que este enfrentamiento lo visibiliza "quizá alguien, para salir en titulares", que de otro modo no podría hacerlo, en referencia a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien no ha citado expresamente.

Por su lado, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ha rechazado que el choque entre su formación y su socio de Gobierno, Sumar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, haya debilitado la imagen del Ejecutivo. "Lo que fortalece la imagen del Gobierno es que hemos subido el SMI y ya el 61% desde que Sánchez es presidente", ha dicho.