Teresa tiene 94 años, sufre alzhéimer y lleva 10 años en la residencia Domusvi Albufera, en Vallecas. Entró primero solo en el centro de día; más tarde ocupó una plaza privada y, desde hace cinco años, se encontraba en una de las 35 plazas concertadas que oferta el centro desde 2022. Este 1 de julio, ella y otras 16 personas de esta residencia tendrán que abandonar sus plazas por la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco entre la Comunidad de Madrid y las residencias privadas, que establece el número de plazas concertadas asignadas a cada centro privado. 

Han pasado cuatro años desde el último acuerdo y el nuevo texto redefine ese reparto, ya sea por una decisión económica del propio centro o porque la Comunidad de Madrid entienda que no necesita tantas plazas. Aunque el saldo final arroja un número mayor de plazas concertadas adjudicadas en comparación con 2022, los cambios obligan a eliminar plazas que ya estaban ocupadas, sin contar con la opinión ni las preferencias de los afectados. 

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales indican que, con esta nueva firma, solo han quedado afectados 95 residentes, de los que 81 han solicitado traslado a otros centros que ofrecen plazas concertadas y otras 14 han permanecido en su residencia, pagando una plaza privada con la ayuda del cheque residencia que ofrece la Comunidad de Madrid, pero infoLibre ha podido constatar que la cifra de ancianos afectados por esta situación superaría el centenar.

Sumadas a las 17 de la Albufera, se han eliminado la totalidad de las 35 plazas de la residencia Solsalud por haber quedado fuera de este acuerdo, otras 35 en la residencia Rafael Alberti y 30 en Sanitas La Florida, hasta alcanzar un total de 117. La cifra podría ser más elevada debido a familiares o residencias que no quieren pronunciarse sobre el tema. Preguntada sobre esta nueva cifra, la Comunidad de Madrid mantiene las 95 personas afectadas y asegura que, “en cuanto se adjudicó [el nuevo acuerdo marco], dejaron de cubrirse esas plazas”.

Aquí entra una práctica que han denunciado varios de los familiares de afectados: las residencias les explicaron antes del 17 de junio –fecha en la que el nuevo acuerdo marco fue autorizado– que se iban a eliminar sus plazas y que se buscaran alternativas, dejando así a muchos afectados fuera de la cifra final antes de que la medida fuera oficial. “El 27 de mayo nos reunieron a las familias para darnos una noticia importante y nos contaron que se eliminaban 20 plazas concertadas, que en realidad son 17, porque tres de los residentes ya habían fallecido”, denuncia la hija de Teresa, Mari Tere, sobre el caso de la Albufera en conversación con infoLibre.

"El único parámetro que han tenido en cuenta para decidir a quién echar ha sido la antigüedad con la que tenían la plaza concertada, sin valorar el arraigo, la condición física y mental o si realmente quieren quedarse o irse”, añade. infoLibre ha contactado con la residencia de DomusVi Albufera, pero no ha querido hacer comentarios ni valoraciones sobre estos hechos.

"¿Cómo puedes reorganizar toda tu vida en 30 días? En el centro ya tenía una rutina, una vida hecha. Era como su familia y ahora se va a encontrar en un sitio que no conoce, con gente nueva y con una rutina diferente. Va a dejar de comer y dormir", lamenta. En este caso, la familia dispone además de un informe médico que desaconseja expresamente el traslado por el deterioro cognitivo de la residente. Sin embargo, Mari Tere asegura que ni la empresa gestora ni la Administración han tenido en cuenta esa circunstancia. "Ni DomusVi ni la Comunidad de Madrid han luchado, no han querido ver cómo les puede afectar. Para ellos solo somos un número".

La hija de la residente afectada también denuncia la falta de información durante todo el proceso. Forma parte del Consejo de Familia de la residencia y asegura que nunca se les trasladó que el centro fuera a reducir las plazas concertadas hasta pocas semanas antes de la entrada en vigor del nuevo acuerdo. "En el último acuerdo pidieron 35 plazas porque no las tenían todas cubiertas, pero ahora les sale más rentable tenerlas privadas y simplemente prescinden de ellas. Tendrían que asumir el riesgo", lamenta.

Una vez se informa a los residentes de que su plaza va a ser eliminada, se les ofrecen dos opciones: el traslado a otra residencia privada que tenga plazas concertadas libres o permanecer en el mismo centro, pero con una plaza privada y con la ayuda de un cheque residencia. En el caso de Teresa, la familia ha decidido aceptar el traslado, porque el cheque que ofrece la Comunidad de Madrid es de tan solo 740 euros, mientras que el coste de la plaza privada alcanza los 3.100 euros con IVA. 

Desde Marea de Residencias describen este cheque como un “chantaje”. “Para aquellas familias que, por motivos de salud extrema o arraigo psicológico de su familiar, se niegan a un traslado traumático, la única alternativa legal para que la persona afectada permanezca en su misma residencia es aceptar este cheque. Al hacerlo, el residente pierde la plaza pública y pasa a ser un cliente privado de la empresa”, denuncia la plataforma. 

La decisión del traslado es la misma que ha tomado María José sobre su madre, de 93 años, que sufre deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, problemas cardíacos e importantes limitaciones de movilidad, y llevaba ya dos años en la residencia de la Albufera. "Nos dieron dos opciones de residencia, una en Vallecas y otra en Carabanchel. También nos indicaron que si había alguna otra residencia privada que nos gustara o tuviéramos cerca, se podía ver. Por esa parte sí que nos facilitaban todo el tema del traslado", explica.

Sin embargo, asegura que el problema no es la logística, sino el impacto emocional y sanitario del cambio. "Estamos con muchísima presión y con mucha angustia. Mi madre me ha dicho más de una vez que si la sacan de este centro se va a tirar por una ventana. Yo quiero pensar que no lo dice en serio, pero me preocupa mucho. Como se desequilibre, sumado a sus problemas de corazón, puede ser terrible", denuncia.

"Los médicos saben perfectamente que cuando ingresan a una persona en un hospital se desubica, que no parecen ellos mismos, pierden incluso memoria, se desorientan. Eso nos preocupa muchísimo, que pierdan sus referencias de espacio y de personas. Otra residente nos decía el otro día: '¿Os vais a ir todas?'", relata.

Existen varios estudios que han tratado este tema y que describen que la reubicación de personas mayores en residencias puede generar estrés por traslado, con problemas concretos como aumento de la ansiedad y la depresión, especialmente en residentes de larga estancia y con distinto grado de deterioro cognitivo. A esto se suman cambios en los dominios funcionales, cognitivos, conductuales y emocionales tras el traslado de una residencia a otra. 

Un estudio de la Universidad de Michigan encontró criterios de trauma por transferencia en alrededor del 30% de residentes trasladados en 2018 y 2019. Además, una revisión de 28 estudios sobre reubicación involuntaria señala que “la falta de preparación, la escasa información y las dificultades de comunicación con las familias pueden empeorar la adaptación, mientras que la preparación previa y la participación familiar tienden a favorecer el bienestar”. 

Esta falta de preparación es la que también denuncia Pepa. Su madre, de 97, años va a tener que abandonar el centro de la Albufera tras cuatro años en él. Describe que tiene la cabeza bien “a ratos” y se mueve en silla de ruedas. “No depende totalmente de una persona todo el rato, pero ya son 97 años", explica.

La familia ha aceptado finalmente el traslado a una residencia de Carabanchel, ya que el cheque residencia era una opción que consideran inviable. "Con el cheque residencia, al final tienes que pagar 2.800 euros y a mi madre no le llega la pensión. Es verdad que tiene tres hijos, pero tampoco nos podemos permitir ese dinero", asegura.

Más allá del coste económico, insiste en que el problema principal está en el vínculo construido durante estos años. "Ella está muy a gusto, dice que esto ya es su casa, y además es un centro que está a dos minutos de mi casa, por lo que para mí también era muy cómodo. Nos tenemos que ir el 1 de julio y ella no se encuentra en condiciones de estar de aquí para allá”, relata.

Las tres familiares comparten una misma sensación de “desesperación, rabia e impotencia. Impotencia de no poder hacer nada. Aquí lo único que les mueve es el dinero". "Ya con nosotros no se puede hacer nada, pero espero que se pueda hacer algo con los que vienen después. Pero mientras haya dinero de por medio, es imposible", concluye Pepa, poniendo ya la mirada en el próximo acuerdo marco que se tendrá que firmar en unos tres años, dependiendo de las prórrogas que se apliquen.

El martes 9 de diciembre de 2025, el doctor Carlos Mur de Viu no se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla. El que fuera alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la crisis del covid estaba citado a declarar como investigado por la gestión de los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, desvelados en exclusiva por infoLibre. El plantón judicial provocó un terremoto inmediato: las acusaciones particulares de las víctimas solicitaron orden de busca y captura al alegar que el ex alto cargo de la Comunidad de Madrid se encontraba en paradero desconocido.

Tampoco se presentó el ex director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a su siguiente cita relevante, fechada justo una semana después, el martes 16 de diciembre, en una notaría de Luxemburgo. Pero allí, al menos, se había molestado en delegar. Mediante un poder firmado por Mur, una empleada de la notaría comparecía en su nombre para un fin muy distinto al de dar explicaciones a la Justicia. En el Gran Ducado buscaba formalizar la disolución de Rentados SA, una sociedad anónima familiar registrada en Luxemburgo de la que el médico, en ese momento, controlaba el 100% de las acciones.

La extinción de esta firma mercantil, ejecutada mediante una transmisión universal de patrimonio a favor de Mur —es decir, los fondos que quedaban en la empresa pasaron a pertenecerle a él, como único accionista— puso fin a un vehículo societario abierto a finales de 2011. La empresa llegó a manejar en su pasivo un préstamo de 1,5 millones de euros que durante años se distribuyó en forma de créditos a "empresas vinculadas". 

La identidad de las empresas receptoras no aparece desglosada en las cuentas públicas debido a que la legislación de Luxemburgo exime de ese nivel de detalle a las sociedades que presentan balances en formato abreviado. El desmantelamiento definitivo de la estructura se ha completado después de la mudanza del ex director general a Andorra la Vella (un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España), localidad que ya declaró como su domicilio oficial ante el notario y desde la que actualmente comparece ante el juez por videoconferencia tras haberse ampliado recientemente la investigación penal al delito de prevaricación.

Como director general de Coordinación Sociosanitaria del SERMAS, Carlos Mur de Viu firmó en marzo de 2020 los protocolos que restringieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales. Destituido por Isabel Díaz Ayuso en mayo de ese año, es el principal cargo político del Gobierno madrileño que ha sido imputado por la gestión de la pandemia. En su caso, por homicidio imprudente y denegación de auxilio, en distintas causas repartidas por diversos juzgados de la región.

El procedimiento se ha convertido en un cruce de acusaciones donde, por un lado, directores de centros y mandos intermedios han testificado que Mur redactó y ordenó por correo aplicar los criterios de exclusión. Por otro, en sus declaraciones por videoconferencia desde Andorra, Mur deriva la responsabilidad hacia arriba y sostiene que las directrices formaban parte de un plan diseñado por la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero.

La semilla de Rentados SA se plantó formalmente el 14 de diciembre de 2011. Su único accionista y fundador original fue el padre de Carlos Mur, José María Mur Bernad, líder histórico del Partido Aragonés (PAR) —por el que fue presidente de las Cortes de Aragón, diputado nacional y senador— y que eligió el Gran Ducado para registrar la mercantil el mismo año en que dejó su escaño como senador en las Cortes Generales, su último cargo público.  

La vinculación de Mur padre con los negocios inmobiliarios, sin embargo, venía de lejos y ya le había causado problemas fiscales. En los años noventa, el entonces diputado nacional tuvo que comparecer ante la Comisión del Estatuto de los Diputados en el Congreso para defender la compatibilidad de su escaño con su actividad privada como agente de la propiedad inmobiliaria y socio mayoritario en una veintena de empresas de su comunidad. En esa misma época, el Ejecutivo aragonés llegó a cifrar en unos 80 millones de pesetas un presunto fraude fiscal cometido por el político en la venta de unos terrenos en Zaragoza. El caso se originó tras una denuncia del PSOE, que criticaba el desfase entre las cantidades que Mur había escriturado y la valoración real del suelo.

Décadas después de aquella batalla política y fiscal, las cuentas anuales de su firma luxemburguesa reflejan que funcionaba sin estructura operativa alguna: nunca llegó a tener a un solo trabajador en nómina y carecía de actividad comercial directa. Pese a ello, la sociedad dispuso desde su primer ejercicio fiscal de un notable músculo financiero, registrando en su pasivo deudas con entidades de crédito a largo plazo por valor de 1,5 millones de euros.

El relevo definitivo en la propiedad de la estructura internacional luxemburguesa se produjo en el momento más delicado para el ex alto cargo del Gobierno de Ayuso. Según los datos del registro de Luxemburgo, fue el 18 de enero de 2023 cuando se formalizó el cambio de titularidad familiar en el que José María Mur cedió el total de las acciones a su hijo Carlos. Por aquellas fechas, la gestión sanitaria del facultativo ya acumulaba un goteo constante de querellas y denuncias en los juzgados por parte de los colectivos de familiares de las víctimas del covid.

A partir de ese traspaso entre padre e hijo, la contabilidad de la firma luxemburguesa pisó el acelerador para su desmantelamiento. En un movimiento paralelo al avance de las pesquisas judiciales en España, las "empresas vinculadas" devolvieron de golpe los saldos pendientes a la matriz. Con esa liquidez, la sociedad amortizó y saldó por completo la deuda histórica de 1,5 millones de euros que arrastraba en su pasivo desde su fundación, dejando el valor de la mercantil en 111.000 euros invertidos en valores bursátiles.

Para asegurar el control de la última fase de la empresa, Carlos Mur se inscribió formalmente como administrador en el consejo de administración a finales de 2024. 

Aunque las cuentas en Luxemburgo mantuvieron bajo llave la identidad de las firmas receptoras de los fondos, el rastro de las inversiones familiares en España apunta hacia el sector del ladrillo. En octubre de 2019, al ser nombrado director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur cumplimentó su correspondiente declaración de bienes ante la Comunidad de Madrid.

En aquel documento público, el facultativo no incluyó rastro de la firma de Luxemburgo —cuyas participaciones seguían en ese momento a nombre de su padre—, pero sí declaró poseer acciones por un valor de 32.000 euros en la mercantil española Valiner SL, a la que describió de su puño y letra como una "empresa inmobiliaria y promotora familiar". Esta sociedad promotora, que maneja un capital social superior al millón de euros, cuenta con María Pilar de Viu Oliván, la madre de Carlos Mur, como administradora única y controla a su vez una red de empresas dedicadas a la construcción en territorio nacional.

Los balances oficiales de Valiner SL depositados en el Registro Mercantil demuestran que, detrás de la modesta etiqueta de "empresa familiar", se esconde un mastodóntico holding patrimonial. La sociedad maneja un activo total de 16,4 millones de euros y unos fondos propios que rozan los 15,7 millones. Con apenas dos empleados en plantilla —uno de ellos la propia María Pilar de Viu—, opera como el centro financiero de un entramado que controla al 100% diversas filiales de construcción y que riega con créditos internos a más de una docena de empresas del grupo.

En el corazón de este entramado también aparece el hermano del ex alto cargo, José Ángel Mur Viu, que consta en el accionariado y ejerce actualmente como apoderado de la matriz. Su nombre arrastra un complejo historial en las crónicas de tribunales. El hermano del firmante de los Protocolos de la Vergüenza madrileños fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, tras probarse que participó en el desvío ilícito de casi 10 millones de euros pertenecientes a un gigante fotovoltaico chino mediante facturas falsas emitidas a sociedades pantalla en Países Bajos y Chequia.

La magnitud de los negocios energéticos de los Mur y sus socios llegó a salpicar a las cloacas del Estado. La multinacional asiática estafada contrató en secreto al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su grupo empresarial Cenyt, según declaró uno de sus socios, para que recuperara el dinero robado por la trama española. Una carambola de reuniones grabadas y amenazas que terminó en la Audiencia Nacional bajo el mando del juez Manuel García-Castellón, dentro del conocido como caso Villarejo. 

infoLibre ha contactado con Carlos y José María Mur para recabar su versión sobre los hechos que se detallan en este artículo. El histórico líder del PAR y exparlamentario en ambas cámaras no ha atendido a las preguntas de este periódico. Su hijo Carlos sí ha respondido para defender la legalidad de los movimientos y desvincularse de la matriz española: "En el caso de Valiner, he sido y soy completamente ajeno a su desarrollo de negocio y al detalle de su ejecución". 

Respecto a la sociedad luxemburguesa, Mur declara que asumió el control de Rentados SA tras una "sobrevenida situación personal" de su padre y que la firma estaba al corriente de sus obligaciones pero sin actividad. "Si decidí su extinción fue por la única razón de que ni tenía operativa ni la iba a tener. Dicha decisión no tuvo relación con el avance de ninguna causa", afirma.

Llega el verano y con él, la época de vacaciones. Uno de los momentos más esperados por la mayoría de trabajadores, pero que en las 25 residencias públicas de mayores de la Comunidad de Madrid vuelve a poner en evidencia el problema estructural de la falta de personal. A unas plantillas ya mermadas se suma una cobertura insuficiente de suplencias para las trabajadoras de atención y cuidados directos, integradas principalmente por técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y diplomadas universitarias de enfermería (DUE).

“No hay una previsión para cubrir esto, todos los años nos pasa lo mismo”, denuncia en conversación con infoLibre Toñi Gavalda, trabajadora y representante sindical de CSIF en la residencia de Arganda del Rey. Explica que no es hasta finales de mayo cuando la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) comienza a tramitar las suplencias para cubrir las vacaciones de la plantilla.

Esa demora deja a residencias como la de Alcorcón o la Gastón Baquero, en Alcobendas, en una situación de incertidumbre. Hasta el 1 de julio no conocerán el alcance real de las contrataciones estivales porque “lo oculta la dirección”, denuncia Esther Fernández, trabajadora y representante del sindicato MATS en el centro de Alcorcón. En esta residencia, asegura, las ratios se sitúan en cuatro TCAE para cada 36 residentes.

Sin embargo, el problema principal no es la falta de información. Según coinciden las trabajadoras de las diferentes residencias con las que ha contactado este diario, todo nace de la falta de candidatos disponibles en las bolsas de empleo, una situación que se arrastra  desde hace años y que obliga a las profesionales a asumir cargas de trabajo muy por encima de sus capacidades. InfoLibre ha preguntado a la Comunidad de Madrid sobre esta situación y no ha habido respuesta.

“Tenemos residentes con mucha necesidad de cuidados que son dependientes y grandes dependientes con una media de edad de 82 años”, explica Elvira García, representante del sindicato MATS en la Gran Residencia de Carabanchel, que añade que cada TCAE tiene que trabajar con nueve o diez usuarios en cada turno. Según relata, los usuarios ingresan cada vez más tarde y con más patologías, lo que incrementa las necesidades de atención. “Estamos con el agua al cuello”, resume.

La solución que desde hace años aplica la Administración es permitir cubrir esas suplencias de verano contratando a personal sin la titulación específica de cuidados auxiliares. “Basándose en que no hay técnicos en cuidados de enfermería, contratan a personas con la titulación de secundaria, que no pueden dar medicación ni hacer una serie de cosas que nosotras sí podemos, por lo que no están cubriendo el puesto entero”, denuncia García. A su juicio, esta práctica termina aumentando la carga de trabajo de las TCAE que sí cuentan con la formación requerida.

García trabaja en el turno de noche de este centro de Carabanchel. Relata que en total son 34 trabajadoras, divididas en dos grupos de 17, y que no cuentan con suplencias suficientes para este verano. “Tenemos por lo menos seis personas de vacaciones por mes y solo se van a contratar cinco suplencias”, señala. A ello se suman trabajadoras con reducciones de jornada, horas sindicales y permisos. “Estamos bajo mínimos”, afirma.

Según los datos del resto de turnos, se han conseguido cubrir 23 plazas de TCAE por la mañana y siete por la tarde, pero todavía quedan 18 pendientes en este último turno. La situación más complicada afecta a las enfermeras (DUE), que tienen ocho plazas pendientes de cobertura por la mañana y cuatro por la tarde. “No hay que olvidar que esta falta de cobertura supone un incremento de la carga de trabajo para el personal de atención directa que deberán asumir más tareas y atender a un mayor número de usuarios durante los meses de verano”, denuncia Silvia Amaya, representante de CSIF en la Gran Residencia.

La dificultad para encontrar personal también se repite en la residencia Nuestra Señora del Carmen, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Ana Sánchez, delegada de CSIF, explica que el centro se encuentra inmerso en el proceso de contratación de verano, aunque con problemas para cubrir determinados perfiles. “En el caso de DUE es que no hay candidatos. Nos pasa todos los años, porque Sanidad se lleva todos los aspirantes, ya que es un trabajo más bonito y que les interesa más”, señala. En el caso de TCAES les faltan siete y ocho vacantes para las suplencias de verano en el turno de mañana y tarde respectivamente.

“Por la fama que se ha creado, por el tipo de trabajo y la falta de personal, la gente prefiere no venir. Si yo quiero a mi amigo, no le voy a decir que venga a trabajar”, lamenta. En este centro hay días en los que hay solamente dos TCAE para 32 residentes y “ha habido jornadas con dos DUE para toda la casa”, algo “inviable” en un centro que atiende a unos 400 usuarios.

En la residencia de Arganda del Rey el panorama es aún más preocupante. Según las representantes sindicales de CSIF de este centro, Toñi Gavalda y Anabel Vadillo, existen 22 vacantes estructurales de TCAE sin cubrir desde hace años. “El verano se afronta de una manera catastrófica. No tenemos personal para cubrir las vacaciones, sobre todo de técnicos de enfermería y DUE”, denuncian.

De cara al verano, el centro acumula 16 bajas de TCAE, tres de DUE, 22 de auxiliares de servicio y tres de auxiliares de control. “Nos faltan ahora mismo 35 TCAE”, aseguran. Ante la falta de profesionales, el sindicato ha propuesto medidas extraordinarias como la realización voluntaria de horas extra, pero en el caso de las TCAE no se ha autorizado esta posibilidad. “Estamos intentando buscar alternativas, alternativas que deberían buscar desde la Administración”, señalan.

Esta escasez de personal repercute directamente en las ratios de atención, según denuncian las trabajadoras. “Por la noche atendemos a 24 residentes grandes dependientes cada TCAE”, explican y añaden que durante el día, la situación puede llegar a ser más complicada, porque han llegado a situaciones en las que “ha habido una planta que tenía dos TCAE para 62 usuarios”.

A todo esto se suma el desgaste físico y psicológico que provoca esta situación en la plantilla. “La gente está muy quemada y cada vez hay más bajas, porque trabajas bajo presión. Es un cansancio no solo físico, también mental. Es una situación muy grave”, aseguran.

La asociación 7291 Verdad y Justicia llevará su exposición sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia del covid a distintas localidades de la Comunidad de Madrid, tras el "éxito y las peticiones" expresadas por parte de la ciudadanía.

Según señalan los familiares de las víctimas en un comunicado, la hoja de ruta pasa también por emitir el documental No, no iban a morir igual, de Javier Quintas y Aman Homoudi, entre el 6 y el 20 de mayo en distintos puntos de la región.

Este miércoles echa a andar la iniciativa en el teatro Buero Vallejo, en Alcorcón (Madrid), con la participación de la alcaldesa del municipio, Candelaria Testa (PSOE); la presidenta de la asociación, María Jesús Valero y el director de cine y del documental que se expondrá, Javier Quintas.

Hace exactamente un año que murió mi madre.

Mi madre vivía en una casa llena de libros y, en sus últimos años, cuando ya no podía leer, aun entonces, se levantaba con dificultad del sillón en el que pasaba sus días y se acercaba a las estanterías para pasar su dedo por los lomos de los libros, elegir uno, llevárselo con ella al sillón, abrirlo y mantener la mirada fija en las letras durante mucho rato. A veces, muy seria y concentrada, cogía un lápiz y subrayaba la lectura. Cuando sus hijos íbamos a ver qué había subrayado con tanto empeño, veíamos que eran palabras al azar, sin ninguna relación entre ellas.

Contratar a una trabajadora interna para que se ocupara de ella, de que no quemase la casa o de que no se cayese en el baño, fue muy dificultoso. Mi madre era muy independiente y solitaria, le gustaba vivir sola. Después de años de insistencia hubo un día en que aquello fue inevitable y aquel mismo día supimos lo que nos esperaba, a todos. Según vio que la señora llegaba con unas bolsas, mi madre se las tiró al descansillo y le cerró la puerta en las narices. Porfiamos con ella un buen rato llegando incluso al encontronazo físico, lo tiraba todo al suelo y, cada vez que abríamos la puerta, mi madre la cerraba de un golpe. Fui yo la que la senté en el sillón casi de un empujón y la grité: “Es así, mamá, tienes que aceptarlo” y ella, en un terrible arranque de lucidez, dijo: “Me habéis vencido”. Y la señora que venía a ayudarnos a cuidarla pudo entrar. Después, claro, fue empeorando, y ya no bastaba con una señora, necesitaba dos o tres, para todas las horas del día y de la noche. Y eso que sus hijos (tres) íbamos todos los días a pasar horas con ella y los fines de semana enteros. Pero llegó un momento en que no podíamos moverla, ni asearla, ni alimentarla, teníamos que trabajar y, además, todos sus hijos tenemos ya más de 60 años; estamos entrando en nuestras propias vejeces. Pagar más ayuda era ya impensable. Entonces hubo que llevarla a una residencia. Ese día, aun en su estado, luchó con fiereza. Me dio un bastonazo a mí y otro a mi hermano y prácticamente la tuvimos que llevar en volandas. Creo que ese fue un día para mí más triste que aquel en el que murió.

Llegó a la residencia con la cabeza bastante entera. Al entrar dijo: “Me traéis aquí para morir, ¿no?”. Le dijimos que no, que era para que se repusiera. Después, muchos días nos preguntaba que si nos estábamos ocupando de limpiar su casa, para cuando volviera, pero llegó el día en que comprendió que no iba a volver, y lloró desconsolada. En la residencia no duró siquiera un año. La residencia nos costaba más de 4.000 euros al mes, un dinero que salía de su pensión (alta) y de lo que aportábamos los tres hermanos. Se supone que era una buena residencia, pero yo querría morir antes de tener que pasar allí un solo día. Entiendo que mi madre tuviera prisa por morirse y, aunque no tuvimos más remedio, nunca me quitaré la culpa de no haber hecho algo más por intentar que pasara en su casa, con sus cosas, sus últimos días.

Pienso mucho en las vejeces que nos esperan desde entonces. Mi primera experiencia con una residencia me hizo entender que es en la vejez —y no en la juventud— cuando las diferencias de clase, si no más evidentes (siempre son evidentes), sí se hacen mucho más dolorosas. Son lugares terribles y sólo una sociedad que no piensa en la vejez ni en la muerte ha podido naturalizar el hecho de que nuestros viejos (nosotros y nosotras mismas) estén condenados a terminar sus días allí. En algunos países nórdicos las residencias son apartamentos individuales, atendidos por profesionales. También muchos ayuntamientos proporcionan ayuda profesional que acude a las casas. No una hora a la semana, como aquí, sino 24/7. Supongo que estos servicios estarán en recesión y bajo la tensión privatizadora que sufren los servicios públicos en todo el mundo. Pero aquí hemos pasado de no tener nada a tener lo peor; para quienes no pueden pagarse un cuidado adecuado, claro. La mayoría que no puede pagar el precio del cuidado digno que necesitan y merecen sus familiares, tendrá que vender esa ansiada vivienda de los padres que esperaban llegar a tener en herencia como único patrimonio… Eso si existe.

Mi madre murió en una residencia muy cara y se supone que muy buena. Tenían a los residentes muy atendidos, el servicio médico era bueno, la decoración era agradable y la comida (para quien podía comer) era apetecible. Las enfermeras y auxiliares eran cariñosas y los trataban bien. Pero pasó sus últimos días sentada en un corro con personas desconocidas cada una con su propia enfermedad mental o su propio grado de vejez. Una chillaba, otro señor insultaba e incluso agredía, muchos eran como muebles, otra cantaba a voces y muchas, muchas personas, lloraban. Nadie hablaba con nadie, los viejos son como islas inexpugnables para los demás excepto, quizá y sólo a veces, para sus hijos e hijas. Y no tenía nada suyo a su alrededor, nada que le recordara quién era o qué había sido; ni un objeto querido, nada a lo que aferrarse. Mi madre, que llegó allí hablando y reconociéndonos, se hundió en la negrura muy rápido y, lo peor de todo, muy triste. 

Pienso mucho en esos viejos que tienen que sufrir la avaricia y la maldad de las políticas de Ayuso. Pienso mucho en las residencias de Ayuso. Pienso en esas personas que, después de toda una vida luchando y viviendo con carencias, acaban sus días comiendo comida escasa y podrida; en esos ancianos que tienen hambre y que ni siquiera pueden protestar porque les amenazan con la expulsión. Pienso sin parar en tantas familias que no tienen más remedio que ingresar a sus familiares, a sus padres o madres, y que se los encuentran con el pañal mojado porque nadie se lo ha cambiado en horas; pienso en esas trabajadoras agobiadas, mal pagadas y que aun así intentan hacer su trabajo lo mejor posible, pero que no llegan. Pienso en las llagas sin curar, en los que murieron ahogados en las residencias porque no les desviaron a un hospital, adonde sí enviaron a quienes pagaban un seguro médico, pienso en los que se caen por la noche y nadie los recoge hasta el día siguiente. Pienso en que Ayuso riega con millones a la empresa de su novio (que también es la suya) mientras le quita el presupuesto al servicio de paliativos, el que ayuda a morir con dignidad y el menor dolor posible.

Sé que es natural que los jóvenes no piensen en la vejez y en la muerte. Pero esta es una sociedad de hijos únicos de padres mayores que se tendrán que hacerse cargo, ellos solos, de sus progenitores… o abandonarlos a este sistema cada vez más injusto, más inhumano. A mi hijo ya le he dicho que, cuando no pueda, que me dé una pastilla, que ya lo dejo yo preparado y escrito. Mientras llega el día, la verdad es que si hay un motivo para quemar las calles es este. Los viejos que son y los viejos que seremos no nos merecemos esto. Ayuso y su novio seguro que mueren en su casa con todo el cuidado necesario. Malditos sean.

_______________

Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Isabel Díaz Ayuso presentaba esta semana una de sus medidas estrella. La presidenta madrileña ha anunciado una estrategia para ampliar la red de residencias de la Comunidad de Madrid que ha hecho saltar las alarmas de las asociaciones que pelean por dignificar la atención a los mayores. El plan contempla la apertura de 40 residencias y 40 centros de día. En total, 8.000 nuevas plazas. Al menos 3.200 estarán integradas en la red pública, mientras que el resto —la mayoría— serán privadas y contarán con una inversión de 500 millones de euros. Explica el gobierno regional que a ellas se podrá acceder a través de un cheque servicio que ofrece ayuda monetaria para quien no pueda costearlas. Las familias de las víctimas de las residencias —que aun buscan justicia por los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por este periódico, y no olvidan los desplantes del gobierno regional y de Ayuso durante todos estos años— recelan de que estas ayudas puedan cubrir parte de su coste.

El plan, aseguran las asociaciones, dista mucho de ser equitativo. El principal problema que ven es la abrumadora presencia de centros privados. “Hay una discriminación clara entre las personas que tienen dinero y las que no. La mayoría de las nuevas plazas serán privadas y el cheque servicio no cubre todos los gastos”, afirma Pilar Serrano, presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Pública y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. 

“La colaboración público-privada no va a funcionar porque ya la hemos vivido. Cuando las residencias son públicas de gestión privada, sabemos lo que pasa: la estructura de los edificios está mal, no hay suficiente personal, tienen condiciones horribles, etc.”, retrata María Jesús Valero, portavoz de 7.291: Verdad y Justicia, al otro lado del teléfono. 

Desde la organización se oponen a que con dinero público se “construyan residencias cuya propiedad sea de fondos buitre o grandes empresas del sector de residencias”. Para ellas, el objetivo no es mejorar el servicio de las residencias sino por el contrario, “hacer grandes negocios a costa de la calidad de vida de residentes y personas trabajadoras”. 

En Marea de Residencias también ponen el foco en los riesgos de la colaboración público-privada. “Lo que se hace con este modelo es dar recursos públicos a empresas que no tienen ningún control. Se quitan de en medio a personas vulnerables y las dejan en manos privadas", asegura Carmen López Llorente, portavoz de Marea de Residencias. 

Las cifras dejan ver las grietas que tiene el modelo privatizado. Algo que se hizo más evidente en la pandemia. Entre marzo y abril de 2020, la mortalidad en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid fue del 7,4%. En las concertadas, la cifra se elevó a un 21,9%. Aun así, tan solo el 5,7% de las residencias son totalmente públicas. En ellas, cuentan desde Verdad y Justicia en un comunicado, imperan las “malas condiciones de vida de los residentes” además de “las pésimas condiciones laborales de las trabajadoras”. 

“La presidenta Ayuso quiere ‘un pelotazo’ para ciertas empresas y, de paso, aparecer como la gran benefactora de la población mayor, construyendo residencias, para que olvidemos que dejó morir a 7.291 residentes sin asistencia sanitaria y que Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020”, denuncian desde estas asociaciones. Y critican la falta de interés de la Comunidad de Madrid en favorecer políticas públicas: “La presidenta Ayuso nunca ha actuado en favor de la salud de la ciudadanía. Es una medida que, más que útil, es puro marketing político”, afirma Serrano. 

Hay muchas cosas que se han dejado fuera del nuevo plan. Se trata de acciones que, tanto para Marea de Residencias como para 7.291: Verdad y Justicia, son imprescindibles. La principal es la zonificación. “No han hecho ningún tipo de estudio. Conceden el suelo sin tener en cuenta las necesidades de las personas que están en lista de espera. Hay muchas personas que tienen a sus mayores a kilómetros y kilómetros porque no porque no hay disponibilidad en su zona y, si dices que no, no te dan alternativa: vuelves al final de la lista”, cuenta Valero. 

Pero desde 7.291: Verdad y Justicia son claros con lo que piden: 40 nuevas residencias completamente públicas, distribuidas territorialmente en función de la población y adaptadas a los criterios de acreditación, además de mecanismos de participación. 

No parece que se vaya a cumplir en el futuro cercano. Ni siquiera la región parece escuchar las demandas, ya no de las familias, sino de la Administración central. Ahora mismo, lo que impera es un acuerdo marco que muchas comunidades, como la Comunidad de Madrid, se saltan. “El acuerdo se tiene que convertir en una ley marco que pueda blindar a las personas de las ganancias de las empresas. Hay muchos que se lo saltan. Por ejemplo las ratios están fijadas en 120 mayores por residencia pero en Madrid hay muchas que superan los 150”, relata Carmen López. 

“Si la presidenta Ayuso ya no cumple con el acuerdo marco, ¿cómo esperamos que cumpla con las promesas de este nuevo plan?”, se pregunta María Jesús. Por ejemplo, el plan recoge una forma de estructurar las residencias por módulos para que los mayores vivan como si estuvieran en un piso. “Esto es una utopía y el Gobierno de Madrid nunca ha facilitado las cosas. No se va a cumplir”, zanja María Jesús Valero.

Seis años después, todavía no hay justicia. Tampoco reconocimiento. Sin embargo, los familiares de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante el covid no desisten y, año tras año, siguen recordando lo que fue “una matanza”. Este sábado, Marea de Residencias ha convocado un acto en la madrileña plaza de Juan Goytisolo a las 12:00 horas. Allí, se realizará una performance para “romper el muro de cristal del olvido”. Con ello, quieren denunciar la crueldad de unos protocolos que dejaron morir a 7.291 personas. Algo que la justicia todavía no ha subsanado. 

Es una protesta, sí, pero también mucho más, según cuentan al otro lado del teléfono. “Es recordar. Para nosotras la memoria es lo más importante. Sabemos que nuestra lucha es algo muy difícil, pero creemos que una batalla ganada es poder seguir recordando lo que pasó y que nadie lo olvide”, explica Carmen López Llorente, portavoz de Marea de Residencias. “Cada año, queremos recordar que no vamos a tirar la toalla y que seguiremos persiguiendo la justicia que todavía no ha llegado. Vamos a estar ahí”, añade. 

Contarán con la ayuda de las actrices Ana Fernández, ganadora de un Goya, y Andrea Guardiola, que pondrán su voz al servicio de la memoria y recitarán varios poemas, todos ellos con una raíz principal: el edadismo. Es precisamente esto lo que, señalan, ha hecho que sus reivindicaciones tuvieran menos impacto en la opinión pública.

Justo después, uno de los familiares, miembro de Marea de Residencias, leerá un manifiesto para reclamar la reparación de las familias, en forma de justicia y reconocimiento por lo sucedido. Después de ello, la plaza se sumirá en el silencio más absoluto durante un minuto en honor de aquellos que fallecieron en las residencias durante el covid. 

7.291. Es el número de mayores que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Un número que se ha vuelto grito en manifestaciones, símbolo de resistencia y antídoto contra el silencio. Un número que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de “inventado” por unas plataformas a las que ha llamado “resentidas”. 

Los llamados Protocolos de la Vergüenza, revelados por infoLibre, se crearon en el seno de su gobierno. Carlos Mur, en ese momento director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, firmó un plan de actuación que establecía unos criterios de exclusión que llevaron a lo que, desde Marea de Residencias, califican de “barbarie”. 

Según esos criterios, se impidió que los usuarios de residencias fuesen trasladados a los hospitales si tenían covid o estaban enfermos por otros motivos. Solo había una excepción: que las personas tuvieran la posibilidad de ir a un centro privado. 

La investigación judicial también continúa, aunque a paso lento. No fue hasta diciembre de 2025 cuando varios responsables fueron imputados: Francisco Javier Martínez Peromingo, exalto cargo del Gobierno de Ayuso y uno de los ideólogos de los protocolos; Carlos Mur y Pablo Busca, responsable del SUMMA 112. Los dos últimos ni siquiera acudieron a la cita. El primero reconoció que los protocolos eran “discriminatorios”. 

“No fue un error, fue algo que se hizo a conciencia, se reconoció desde el minuto uno: donde iba a haber más vulnerabilidad iba a ser en las residencias. Por las propias características de los espacios, era el sitio más peligroso. Sin embargo, sabiendo esto, se les negó la ayuda”, resume Carmen López. 

Después de todo y a pesar de las críticas acumuladas, la presidenta Ayuso ganó las elecciones de 2021 con mayoría absoluta. En 2023 sucedió lo mismo. Algo "doloroso" para las familias y que desde Marea de Residencias achacan a que la ciudadanía "no conoce o no quiere conocer" lo que pasó. “Es absolutamente necesario que haya justicia, porque la sociedad no sabe lo que realmente se ha hecho con estas personas. No puede ser que quien no quiera saberlo no se entere”, reiteran desde la plataforma.

Tampoco la justicia ha estado de parte de los familiares. Las investigaciones contra los responsables tienen constantes demoras, notificaciones que nunca llegan y, en términos de investigación, tampoco se ha llegado a mucho. “Lo que quieren es que nos cansemos, que nos aburramos y que pasemos. Retuercen nuestro dolor en la Asamblea de Madrid diciendo que hemos pasado página. Es imposible pasar página de esto, porque cuando se muere un ser querido de esta forma, eso no se olvida nunca”, asegura la portavoz.

Pero no son solo ellos. “Estamos hablando siempre de una cifra de 7.291 personas que murieron dentro de las residencias, pero es una cifra oficial del portal de transparencia. Nosotras creemos que se están quedando cortas. No hablamos de los que fallecieron en hospitales porque fueron derivados tardíamente por decisiones políticas. Y en realidad la cifra oficial es 9.468. Es escalofriante”, sostiene Carmen López Llorente. 

Miércoles, 8 de abril. El despertador de José Manuel Parceiro rompe el silencio nocturno cuando aún ni siquiera se han colocado las calles. Son las 5.00 horas. Y al abogado aún le espera un largo viaje. Tiene por delante casi 500 kilómetros. La distancia que separa Alicante de la localidad madrileña de Collado Villalba. Se ha cogido el día libre en el trabajo para hacer este viaje exprés de ida y vuelta. Pero el motivo merece el esfuerzo. En un juzgado de este municipio anclado a los pies de la Sierra de Guadarrama están llamados a declarar como investigados varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por la muerte de su padre en lo peor de la pandemia. Y él, José Manuel, quiere estar presente.

Manuel Parceiro tenía 82 años. Y llevaba casi medio año viviendo en el Hospital de La Fuenfría. Fue en este centro de media y larga estancia perteneciente al Servicio Madrileño de Salud, más parecido ya a una residencia que a un hospital, donde le pilló el estallido de la pandemia. Y allí murió el 20 de marzo. Cuenta su hijo que intentaron que se le trasladara al Ramón y Cajal o al Puerta de Hierro, pero la derivación no fue autorizada en aplicación, continúa, de unos Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre, que ya estaban en manos de hospitales y residencias. "Solo necesitaba un respirador para salir adelante", lamenta Parceiro hijo al otro lado del teléfono.

Tras cinco largas horas de viaje, el abogado llega en tiempo y forma al juzgado. Por delante, le espera una mañana intensa. Está previsto que comparezcan como investigados ante el juez instructor el firmante y el considerado autor intelectual de los protocolos –Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, respectivamente–, así como el doctor Antonio Burgueño, quien asesoró al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre cómo afrontar la emergencia sanitaria con un Plan de Choque que incluía, entre otras cosas, la medicalización de las residencias. Pero en menos de una hora Parceiro vuelve a estar fuera, en la calle. Las declaraciones llevaban suspendidas desde finales de marzo. Nadie les había avisado. Y al abogado no le queda más remedio que emprender, resignado, el viaje de vuelta.

Fueron mil kilómetros, 110 euros de gasolina y un día libre gastado solo para escuchar a Burgueño –que tampoco se había enterado de la suspensión– decir que si quería buscar un culpable, mirase a Fernando Simón, el epidemiólogo que había dirigido desde el Ministerio de Sanidad la respuesta a la pandemia. No es la primera vez que viene para nada. Le ocurrió lo mismo en febrero, cuando de todos los citados solo compareció una médica de La Fuenfría. "Esto no puede suceder", se queja amargamente Parceiro, quien asegura que el día antes de subir a Madrid trató de ponerse en contacto sin éxito con el juzgado: "Nadie respondió al teléfono".

Su caso ejemplifica a la perfección la dura batalla judicial por los Protocolos de la Vergüenza, una serie de órdenes nacidas en el seno del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que restringían al máximo la posibilidad de trasladar a enfermos desde los geriátricos a los hospitales en plena pandemia. Seis años de lucha marcados por el abandono y el desprecio institucional y los continuos retrasos judiciales. "No es lógico que llevemos año y medio con nuestro caso y no se haya avanzado nada", explica Parceiro. Además de en Collado Villalba, esta semana también se han suspendido declaraciones clave en Arganda del Rey. En concreto, la de María Teresa Vidán, la doctora a la que Mur también situó en la elaboración de los protocolos. En este caso, por un error en su apellido que impidió la notificación.

"En la primera denuncia nos pasó lo mismo: gente que no se presentaba, notificaciones que no llegaban. No queremos pensar mal, pero...", desliza en conversación con este diario Clemente, hijo de Marcela Eras, fallecida el 2 de abril de 2020 en la residencia Isla Taray de Morata de Tajuña. Esta familia, como tantas otras, inició su batalla con una primera denuncia por homicidio imprudente u omisión del socorro, unas acusaciones que exigen demostrar fuera de toda duda que los residentes se habrían salvado de haber sido hospitalizados –un reto probatorio–. Modificaron la estrategia en octubre de 2024, cuando tras varios archivos aparcaron esos tipos penales y centraron su ofensiva en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria y en los niveles intermedios del organigrama –es decir, en lugar de ir contra Ayuso, comenzar por el director general de Coordinación Sociosanitaria–.

"Fíjate si hay retrasos que la primera querella que yo puse en 2020 aún está parada en un juzgado de Leganés, sin que nadie nos haya comunicado ningún archivo, mientras que la que puse a finales de 2024 está en otro. Es decir, mi caso está en dos juzgados distintos", explica Carmen López. Su madre, Carmen, falleció en un hospital tras estar cuatro días agonizando en la residencia Parque Los Frailes, en Leganés. Ella, en principio, estaba dentro del grupo de residentes a los que se impedía la derivación –iba en silla de ruedas–, pero un error de la médica del centro, que pensaba que la mujer caminaba, permitió el traslado.

El futuro del caso residencias también depende de lo que pueda determinar la Audiencia de Madrid sobre la conformación de una posible macrocausa. Tanto la Fiscalía como las víctimas solicitaron hace algunos meses unir en una sola carpeta varias denuncias instruidas en Madrid, Leganés, Navalcarnero o Collado Villalba, pero el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital, el primero que imputó a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias, rechazó absorberlas todas. Una decisión de la jueza María Isabel Durántez que fue recurrida ante el órgano superior, cuya Sección Primera estudiará el asunto la próxima semana.

No será la primera vez que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre esta cuestión. A finales de diciembre, la Sección Decimosexta ya lo hizo sobre el intento del Juzgado de Instrucción nº5 de enviar al Juzgado de Instrucción nº3 el caso de una mujer fallecida en un geriátrico. La jueza Carmen Valcarce alegaba que "de no acumularse los procedimientos, tales personas (los imputados) deberán declarar sobre los mismos hechos en incontables ocasiones y que podrían producirse resoluciones dispares". Sin embargo, los magistrados consideraron que la diseminación en varios procedimientos tiene sentido porque hay que analizar de forma independiente las circunstancias concurrentes en cada caso. Habrá que ver ahora si sus compañeros de la Sección Primera mantienen dicho criterio.

Otro punto de interés del caso se encuentra en el Tribunal Constitucional. Allí, en el órgano de garantías, se han ido acumulando decenas de recursos de amparo cuya resolución, según eldiario.es, se encuentra congelada para no interferir en las causas penales que están vivas. En medio de esta espera continua, además, un juzgado de Getafe ha decidido ampliar también el listado de delitos por los que están siendo investigados Mur y Peromingo, incluyendo en el mismo la prevaricación, si bien solo circunscrita a las órdenes que pudieron dar en relación con el hospital y la residencia sobre la que gira la causa.

Las familias no esconden que seis años de pelea pasan factura. "Es una lucha ardua en la que parece que no hay interés institucional", remarca López, que lamenta que las muertes en las residencias durante la pandemia se hayan convertido en la "patata caliente que nadie quiere coger". Sin embargo, aseguran que no se rendirán. "El cansancio se acumula, pero respiramos y volvemos a la carga. Somos resistentes ante los palos y seguiremos peleando", expone la mujer. Y ni la lentitud ni los continuos problemas en los juzgados les harán apartarse de su objetivo final: conseguir la justicia para sus seres queridos. "Si piensan que por venir desde Alicante voy a cejar en el empeño, están equivocados. Era mi padre", sentencia Parceiro.

El doctor Antonio Burgueño, exasesor de la Comunidad de Madrid, ha dicho este miércoles ante el Tribunal de Instancia de Collado Villalba (Madrid) donde estaba citado para declarar como imputado, que en el inicio de la pandemia del coronavirus no se medicalizaron las residencias porque no había médicos, según informa EFE.

En la Sección Civil y de Instrucción de este tribunal, plaza número 2, estaban previstas las comparecencias como investigados de Burgueño, del ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y de su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por el caso de las residencias.

La abogada de la acusación particular, Alejandra Jacinto, ha explicado que las declaraciones han sido suspendidas porque hay un informe del Ministerio Fiscal que todavía no ha sido notificado a las partes para que se pronuncien. 

En declaraciones a los periodistas, Burgueño ha asegurado que las residencias no se medicalizaron porque no había médicos para hacerlo y ha responsabilizado de la gestión de la crisis sanitaria en 2020 al Gobierno central, culpando de todo al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

También ha reconocido que él elaboró un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego ha asegurado que se lo encargó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

En los primeros días de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su principal asesor para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y le encargó elaborar el plan de choque aprobado por el Ejecutivo regional, una de cuyas medidas principales era medicalizar las residencias, algo que finalmente no se hizo. 

Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que su testimonio puede ser clave para saber por qué se discriminó a las personas mayores que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Carlos Mur firmó los llamados protocolos de la vergüenza, revelados por infoLibre, que impidieron el traslado de personas mayores de residencias a hospitales públicos, mientras que Peromingo está considerado el autor intelectual del documento. Ambos ya han declarado en otras causas como imputados. 

Este procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las querellas impulsadas por Marea de Residencias entre 2020 y 2021, ni de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, sino que fue promovido por un particular, hijo de una persona fallecida en el Hospital La Fuenfría, ubicado en el municipio de Cercedilla.

Un juzgado de Getafe admite por primera vez incluir el delito de prevaricación en una investigación por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe nº3 ha admitido parcialmente una ampliación de denuncia en la que el PSOE ponía sobre la mesa dicho tipo penal en relación con la emisión por parte de las autoridades regionales de los llamados Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre. Una causa en la que están siendo investigados el ex director general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur y su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo.

Los socialistas pusieron sobre la mesa en su escrito el artículo 404 del Código Penal: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años". Un tipo penal que sumaban, de esta manera, al delito de discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria sobre el que están girando, en estos momentos, todas las causas abiertas por muertes en los geríatricos.

En su auto, fechado el pasado jueves y al que ha tenido acceso este diario, el magistrado expone que "la investigación general del delito de prevaricación" que se pretende en relación con las órdenes que se dieron respecto a la no derivación de personas con discapacidad o enfermos a los hospitales o con la medicalización que nunca llegó de los geriátricos "excede claramente de la competencia" del tribunal. No obstante, completa, sí tiene cabida respecto del municipio del sur de Madrid en el que se ubicaba la residencia en la que vivía la persona fallecida: "[La ampliación de la denuncia] puede solo admitirse respecto del posible delito de prevaricación con orden directa en Getafe".

"Se admite parcialmente la ampliación de la denuncia formulada en cuanto se refiere a la prevaricación del investigado Carlos Mur de Viu en relación a la orden que hubiera transmitido al Hospital de Getafe y Residencia Geriátrica Los Ángeles y a la participación que en ello hubiera tenido el otro investigado Francisco Javier Martínez Peromingo", completa el magistrado.

El caso gira en torno al fallecimiento de Petra Gadea, de 88 años. Murió tan sólo seis días después de presentar los primeros síntomas de covid. Lo hizo en la residencia Los Ángeles de Getafe (Madrid) y sin posibilidad de ser trasladada al hospital. "Me reconocieron por teléfono que no lo hacían porque lo tenían prohibido. Me llegaron a decir que no iba a ir ninguna ambulancia, pero yo no entendía nada. No sabía qué hacer. Cuando me llamaron y me dijeron que había fallecido, empezó un duelo que todavía no ha acabado", recordaba hace algunos meses a este periódico su hija Maite.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una primera resolución contraria a la creación de una macrocausa judicial que agrupe todas las denuncias del conocido como caso residencias, según recoge EFE.

La Sección número 16 de este tribunal ha avalado por completo la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, que rechazó con anterioridad asumir y acumular las diligencias de otros órganos judiciales.

En el conflicto se enfrentaban el Juzgado de Instrucción número 5 con el número 3. El primero pretendía inhibirse a favor del segundo bajo la premisa de que ambas causas investigan los mismos delitos contra los mismos altos cargos políticos y sanitarios. Sin embargo, el tribunal ha desestimado esta pretensión y ha declarado la competencia del Juzgado número 5 para el conocimiento en exclusiva de sus propias diligencias previas.

La resolución judicial subraya que fue la propia Fiscalía de Madrid la que optó por efectuar un desglose de las actuaciones penales para cada uno de los ancianos fallecidos, tras recibir una denuncia colectiva impulsada por familiares de personas afectadas.

La Audiencia defiende la necesidad de analizar cada supuesto de forma separada en atención a las circunstancias personales de cada víctima y a las características de cada residencia de mayores donde ocurrieron los decesos a causa del covid.

En su argumentación, el tribunal madrileño cita las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo sobre esta materia e insiste en la necesidad de analizar las circunstancias concurrentes en cada caso y "evitar imputaciones objetivas, globales o conjuntas que resultan contrarias al principio de culpabilidad que reside en el ámbito penal".

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3, María Isabel Durántez Gil, firmó el 27 de agosto de 2025 el auto originario que frenó esta acumulación masiva. Tres magistrados se han opuesto a que una sola jueza asuma toda la investigación, pero aún falta que otra sección ofrezca una respuesta a la solicitud de las familias, la Fiscalía y uno de los imputados, Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo de los Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre, para concentrar el caso en un solo juzgado.

Deporte, convivencia y protesta. Las familias del CEIP Amadeo Vives, en el barrio madrileño de Aluche, han convocado para los días 14 y 15 de febrero unas jornadas deportivas y reivindicativas bajo el lema “El patio no se toca”. El objetivo: frenar los planes del Ayuntamiento de Madrid para construir un Centro de Mayores en una de las pistas deportivas que el alumnado utiliza a diario. Un plan sobre el que ya informó infoLibre el pasado mes de noviembre y que el Ayuntamiento está decidido a llevar adelante.

La convocatoria coincide con el Carnaval y se plantea como un fin de semana de puertas abiertas, con actividades deportivas intergeneracionales, actos festivos y una manifestación. Profesorado, alumnado, personal laboral y familias participarán en una iniciativa que busca visibilizar el conflicto y sumar apoyos vecinales.

Desde la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Amadeo Vives insisten en que no se oponen al Centro de Mayores y de Día, una reivindicación histórica del barrio. De hecho, recuerdan que su ubicación fue aprobada por unanimidad en el Pleno del distrito de Latina —con gobiernos de distinto signo— en la parcela de la calle Camarena, 277.

En ese sentido, el AFA se alinea con la Plataforma de Pensionistas, la Asociación Vecinal de Puerto Chico y la Asociación Vecinal de Aluche (AVA), que también defienden que el equipamiento se construya en el emplazamiento acordado. “Que nadie se lleve a engaños”, subrayan desde la comunidad educativa: el apoyo al centro para mayores es “sin ningún género de duda”, pero rechazan que se levante en el patio del colegio.

El actual proyecto municipal, impulsado por el Gobierno encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, se apoya —según denuncian las familias— en informes técnicos de edificabilidad que no han sido facilitados ni a la dirección del centro ni al resto de la comunidad educativa o vecinal.

Las familias cuestionan además el argumento de que el patio estuviera en desuso y recuerdan que en una parcela colindante se han construido recientemente viviendas sin que la edificabilidad haya sido obstáculo.

La titularidad de los terrenos corresponde al Ayuntamiento, algo que la comunidad educativa no discute. Sin embargo, sostienen que la pista polideportiva fue anexada al colegio a finales de los años 80.

Según la documentación que manejan, en octubre de 1988 el representante municipal informó en Consejo Escolar de que el plan de inversiones de 1989 contemplaba el cerramiento total del centro y el patio “con anexión de terrenos”. Esa inversión se materializó el 24 de agosto de 1989 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, con una partida de más de 17 millones de pesetas para el acondicionamiento de patios en los colegios Amadeo Vives y Ermita del Santo.

Las familias reclaman ahora que el Consistorio facilite los acuerdos adoptados en su día por el Consejo de Educación y el Pleno municipal, convencidas de que avalan una anexión permanente y no una cesión temporal.

Más allá del debate jurídico, la comunidad educativa alerta de las consecuencias prácticas. Si se pierde la pista deportiva, el centro no alcanzaría los 900 m² mínimos exigidos por la normativa para los espacios destinados a Educación Física en Primaria, según el Decreto 132/2010 y las Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes.

Actualmente, el colegio dispone de 849 metros cuadrados distribuidos en dos espacios separados —612 m² de patios de juegos y pista de patinaje y 237 m² de pista de minibasket— que no pueden sumarse al estar físicamente divididos.

De ejecutarse el proyecto, advierten, la actividad deportiva, los recreos diferenciados por edades, las extraescolares y las ligas municipales quedarían seriamente afectadas. También lo harían actividades comunitarias como las fiestas organizadas por el AFA o iniciativas de asociaciones del barrio.

Las familias subrayan que el conflicto no es solo una cuestión de metros cuadrados. Hablan de conciliación, de convivencia y de salud emocional. “Sin espacios para correr, jugar y desahogarse, los conflictos proliferarán fruto del hacinamiento”, alertan.

En un contexto en el que la educación pública madrileña arrastra carencias estructurales y una creciente presión sobre sus infraestructuras, el caso del Amadeo Vives vuelve a situar el foco sobre las prioridades municipales. La comunidad educativa reclama diálogo y una solución que no enfrente derechos —los de la infancia y los de las personas mayores— sino que garantice ambos.

Este fin de semana, el patio del Amadeo Vives será algo más que un espacio deportivo: será el escenario de una reivindicación colectiva en defensa de la escuela pública. Porque, insisten, “el patio no se toca”.

La Asociación 7291 Verdad y Justicia ha anunciado en un comunicado que considera que la declaración de Carlos Mur de este martes es un avance en la investigación de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales durante la pandemia. El exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid ha añadido algunos elementos nuevos desconocidos hasta la fecha, asegura la asociación, que actúa en representación de los familiares.

Estos protocolos, desvelados por infoLibre, y por los que murieron 7.291 personas, estaban incluidos en el plan de acción frente al coronavirus de la Comunidad de Madrid, según ha asegurado Mur, que también ha señalado que Enrique Ruiz Escudero, en esos momentos el consejero de Sanidad, los conocía.

La abogada de la asociación, Alejandra Jacinto, comenta en ese comunicado que otro de los aspectos novedosos en cuanto a la declaración del exdirector está en un correo que remitió al exconsejero de Ayuso, el 20 de marzo 2020, en el que le alertaba “sobre que la medicalización en las residencias era irrealizable”. Entre las próximas diligencias, la acusación particular solicitará que se cite a declarar al consejero Ruiz, así como a dos médicas que Mur ha señalado como redactoras de los protocolos.

La asociación de familiares ha elogiado la actuación de la jueza del Tribunal de Instancia número 37. “Aunque vamos poco a poco y queda todavía mucho por aclarar, tanto los familiares como la abogada estamos muy satisfechos con la actuación de la jueza”, ha indicado María Jesus Valero, presidenta de 7291 Verdad y Justicia.

Los representantes de los familiares y los abogados abogan por la unificación de todas las causas que permanecen abiertas en relación al caso de las residencias, pero, aseguran, es algo que "tendrán que decidir los tribunales".

El exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur ha declarado este martes ante una jueza que los protocolos que impidieron la derivación de ancianos, de residencias a hospitales durante la pandemia, desvelados por infoLibre, estaban incluidos en el plan de acción frente al coronavirus, informa EFE.

Mur se refería así al plan que presentó el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero el 12 de marzo de 2020, que "no es público", en su comparecencia como investigado, por videconferencia, ante la titular del Juzgado de Primera Instancia número 37 de la capital.

También habían sido citados a declarar a Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, otros dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y una geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal.

Al no poder notificar adecuadamente a estos tres últimos, se han suspendido sus declaraciones y serán citados nuevamente, una vez que se averigüen sus domicilios.

La abogada de la acusación particular Alejandra Jacinto ha anunciado tras la declaración que solicitará nuevas diligencias para incorporar a la causa ese plan de acción del 12 de marzo, hasta ahora desconocido, "un plan que no es público, que ni los medios de comunicación tienen y, sin embargo, cuyos protocolos estaban ya incluidos" en él.

Según la letrada, la inclusión de los protocolos en el plan de acción confirmaría que tanto Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como el propio consejero Ruiz Escudero "estaban al tanto" de los criterios de selección de pacientes.

Durante su comparecencia por videoconferencia desde Andorra, Mur ha asegurado que remitió un correo electrónico personal al consejero Ruiz Escudero el día 20 de marzo para advertirle de que la medicalización de las residencias era "irrealizable".

En su declaración, ha insistido en que firmó los protocolos por "toda la situación tan dramática que había", aunque mostró su disconformidad con unos criterios que podían dar lugar a errores de interpretación o discriminación.

El investigado ha señalado con nombres y apellidos a una doctora del Hospital Gregorio Marañón como la redactora de los protocolos y a una segunda facultativa encargada de su revisión final y su validación, aunque luego esos documentos se modificaron porque podían resultar, según él, "discriminatorios".

Mur ha atribuido a otro de los exaltos cargos del gobierno de Ayuso investigados, Javier Martínez Peromingo, la autoría del protocolo clínico y la coordinación de los geriatras de enlace, una labor que ha calificado como "encomiable".

Sobre la falta de derivaciones a la sanidad privada que estaba bajo el mando único sanitario, Mur ha dicho que no tiene esta información.

También habían sido citados a declarar Martínez Peromingo y Pablo Busca, otros dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y una geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal.

Al no poder notificar adecuadamente a estos tres últimos, se han suspendido sus declaraciones y serán citados nuevamente, una vez que se averigüen sus domicilios.

El Juzgado investiga una querella por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a una residente del centro público del barrio madrileño de Manoteras en la primavera de 2020.

Entre las próximas diligencias, la acusación particular solicitará que se cite a declarar al consejero Ruiz Escudero, así como a las dos médicas que ha señalado Carlos Mur como las redactoras de los protocolos.

El próximo martes 10 de febrero, Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, declararán en el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid como imputados por los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre.

Mur, que ya declaró como investigado el pasado 23 de enero, fue uno de los firmantes de los Protocolos de la Vergüenza y en marzo de 2020 era director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño. Peromingo está considerado el ideólogo de los protocolos y fue implicado por el propio Mur en una de sus declaraciones ante la Justicia.

Por su parte, Pablo Busca era el máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid.

Todos ellos están investigados por la Justicia a raíz de la querella de una mujer. Esta denuncia acusa a los tres de cometer un "delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias", según un comunicado conjunto de las plataformas Verdad y Justicia 7291 y Marea de Residencias.

A pesar de ser el quinto procedimiento judicial en el que los ex altos cargos de Ayuso están llamados a declarar, Mur solamente lo hizo en dos ocasiones y Peromingo en una. Busca aún no se ha estrenado.

Las dos plataformas exigen a los imputados que digan la verdad y, en concreto, le piden a Carlos Mur "que aclare de una vez quién le ordenó firmar los Protocolos de la Vergüenza".

Ramona Carvajal fue una de las primeras en sufrir un desprecio institucional convertido en norma. Era 26 de junio de 2020. No habían pasado ni tres meses desde el fallecimiento de su madre Alejina en la Fundación Jiménez Díaz, a la que llegó tras casi un mes enferma en la residencia Vitalia de Griñón, un municipio del sur de Madrid. Y asistía ojiplática al enésimo intento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de negar la evidencia. El Ejecutivo regional rechazaba, a pesar de su publicación en infoLibre, la existencia de los Protocolos de la Vergüenza. Pero Carvajal tenía una grabación con la doctora que trató a su madre que evidenciaba la existencia y aplicación de los mismos. Un audio que se publicó en los medios. Y que Ayuso despachó a su manera aquel viernes: "[No se pueden sacar conclusiones] de conversaciones, opiniones, 'porque yo quise', 'porque yo creo', 'porque yo dije'...".

Han pasado casi seis años de aquella primera ola de la pandemia, en la que 7.291 usuarios de residencias murieron –solo en los meses de marzo y abril– sin recibir atención hospitalaria. Y la baronesa conservadora y el Ejecutivo regional mantienen la confrontación directa. Es una guerra tremendamente desigual con un objetivo claro: deslegitimar a las víctimas para intentar que su lucha por la verdad y la justicia se vea como una simple maniobra política. Una estrategia del odio que no es nueva. Ya se desplegó con Pilar Manjón y su asociación tras los atentados del 11M. O con Curra Ripollés y la suya tras el accidente del Yak-42.

Algo de esto sabe Maite Rodríguez. Al fin y al cabo, contra ella disparó públicamente Miguel Ángel Rodríguez, el todopoderoso jefe de Gabinete de Díaz Ayuso. Sucedió hace casi un año, cuando apareció en el programa Lo de Évole contando cómo su madre, Petra, había fallecido en la residencia Los Ángeles de Getafe. Era la primera vez que aparecía en los medios. Y se encontró con una mano derecha de la presidenta desatada en redes un domingo noche. "Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares", escribió. Y media hora después, añadió: "La primera señora que sale –era Maite– no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid".

Era mentira. Y tuvo que rectificar a la mañana siguiente. Pero el daño ya estaba hecho. Su bulo, que fue compartido más de siete centenares de veces, tuvo más de un millón de visualizaciones. "A día de hoy, sigue sin borrar esos mensajes", recuerda la mujer. Desde la oposición pidieron su cese. Pero Ayuso le arropó. De nuevo, despreciando a las víctimas. "Siempre están criticándonos con lo mismo. Siempre nos están llevando con las mismas mierdas", lanzó desde su escaño en la Asamblea de Madrid, al tiempo que, siguiendo el guion clásico, acusaba a la izquierda de "retorcer el dolor de las víctimas".

Desde la cúspide política e institucional de la región, con la potencia mediática que eso tiene, ha hablado de "mareas de rebotados" –en referencia al movimiento Marea de Residencias– que han quedado fuera de las listas electorales de la izquierda. O ha sostenido que tras la lucha por la justicia de las víctimas hay un negocio: "Cuatro frustrados que quieren vender libros". Misma estrategia desplegada esta semana. El lunes, dijo que se estaba "implementando un relato para retorcerlo y vivir de él" por parte de "activistas y ex políticos". Y el miércoles, calificó a las víctimas como "plataforma de frustrados de la izquierda".

"Me indigna pensar que en algún momento podamos llegar a normalizar que personas con poder en las instituciones se puedan permitir el lujo de destrozar la vida dos veces a las familias", lanza Rodríguez. "Es inhumano. Sientes impotencia, rabia, dolor", coincide Carvajal. Una carga que llevan arrastrando casi seis años. María Amor Gutiérrez habla de "crueldad", "maldad" y "falta de empatía" con unas personas que, en algunos casos, han necesitado apoyo psicológico para seguir mirando hacia delante. Ella perdió a su madre, Eleuteria, en la residencia Sanitas de Carabanchel, donde apenas llevaba mes y medio. Con 94 años, no la derivaron a ningún hospital. "Era muy buena y tuvo que sentir mucha tristeza", dice al otro lado del hilo telefónico.

Más suerte tuvo la madre de Carmen Martín. Ella no murió. Pasó el coronavirus de forma asintomática en la residencia Valdeluz de Leganés. Pero eso no suaviza ni un ápice la indignación que siente su hija cada vez que escucha los exabruptos, insultos o humillaciones de la presidenta madrileña: "No tiene alma, no tiene empatía, no tiene corazón". Una estrategia de odio que, coinciden varias de las víctimas, busca poner a parte de la sociedad en su contra. Y eso, tiene consecuencias. "Es raro el acto en el que no pase una persona que nos insulte", expone Carvajal. "Con un desprecio, con un odio", completa Martín.

Un clima de odio que también conoce Mercedes Huertas, cuyo padre, Juan, falleció en la residencia Adolfo Suárez. "Todos los días recibo insultos o amenazas", señala. Y al que también hace mención Carmen López: "En las redes recibimos insultos constantemente, pero somos conscientes de a lo que nos exponemos". Su madre, Carmen, falleció en un hospital tras estar cuatro días agonizando en la residencia Parque Los Frailes, en Leganés. Ella, en principio, estaba dentro del grupo de residentes a los que se impedía la derivación –estaba en silla de ruedas–, pero un error de la médica de la centro, que pensaba que la mujer caminaba, permitió el traslado.

En la misma rueda de prensa en la que tildaba a los familiares de las residencias de "plataforma de frustrados de la izquierda", Ayuso defendió su misa funeral en la catedral de La Almudena como un acto de "apoyo y respeto" a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El doble rasero ante la tragedia. "En nuestro caso, no se ha hecho ningún homenaje", recuerda Gutiérrez. "¿Por qué somos víctimas de segunda? Fallecieron en condiciones inhumanas", asevera Carvajal. "Ha sido el mayor homicidio de la democracia", remata Huertas.

Las víctimas con las que ha charlado infoLibre también enmarcan los últimos improperios de la presidenta regional en el actual contexto judicial, con algunos de sus ex altos cargos investigados en diferentes causas por un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. "Ve que se le empieza a acercar el problema", desliza López. El pasado lunes, Carlos Mur, ex director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los famosos protocolos que impedieron la derivación de residentes a hospitales, confirmó al juez que por encima de él en el organigrama tenían conocimiento de los mismos.

Era la primera vez que Mur declaraba como investigado en un juzgado. En su comparecencia, trató de reducir su participación en los protocolos a una labor de coordinación, revisión, firma y envío. Y dijo que los mismos habían sido redactados por Francisco Javier Martínez Peromingo, quien luego le sucedería en el cargo, y otros 22 geriatras más. El pasado diciembre, este último trató de sacudirse su responsabilidad diciendo que los protocolos eran discriminatorios y que traslado por escrito su oposición a los mismos a Mur.

Uno y otro, eso sí, coincidieron en señalar que las residencias no se medicalizaron. Algo que sabía perfectamente el Gobierno regional. El 20 de marzo de 2020, Mur envió un correo electrónico, desvelado por El País, con copia a dos consejeros –entre ellos el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero– y a tres altos cargos alertando de que el plan de medicalizar las residencias no estaba funcionando y de que habría que trasladar a los hospitales a más personas de las previstas. Tres días antes, Ayuso había dicho en Telecinco que "en su práctica totalidad" las residencias "están todas medicalizadas". Mintió, una vez más.

La batalla judicial por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia avanza. Lo hace con lentitud, sí. Y sorteando obstáculos de forma permanente. Pero con el empuje incansable de las víctimas. Seis años después de que el coronavirus segara la vida de 7.291 ancianos en estos centros, este lunes se ha sentado por vez primera ante un juez como investigado Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los llamados Protocolos de la Vergüenza, que impidieron el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables que vivían en las residencias. Un nuevo hito dentro de una maraña judicial marcada por el cruce de acusaciones que se mantiene a la espera de un pronunciamiento clave de la Audiencia de Madrid.

En octubre de 2024, tras varios portazos judiciales, las víctimas cambiaron de estrategia. Por un lado, aparcaron el homicidio o la omisión de socorro, que exigía demostrar fuera de toda duda que los residentes se habrían salvado de haber sido hospitalizados –todo un reto probatorio–, para centrar la ofensiva en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, previsto en el artículo 511 del Código Penal. Y, por otro, decidieron apuntar, en lugar de contra los jefes, contra niveles más bajos del organigrama. Así, la macrodenuncia que interpusieron en Fiscalía, que luego derivó en diferentes procedimientos, señalaba, entre otros, a Mur, Javier Martínez Peromingo –su sucesor en el cargo– o Pablo Busca, entonces director del Summa 112.

Este trío ha sido citado a declarar como investigado en más de media decena de juzgados de la región. Pero, por el momento, solo Peromingo y Mur han dado explicaciones en sede judicial. Y la declaración de este último, que ha hecho por videoconferencia desde Andorra, ha costado que se produjera. En diciembre, por ejemplo, dejó vacía la silla del Juzgado de Instrucción nº23 de Madrid y del Juzgado de Instrucción nº2 de Collado Villalba porque no le había sido notificada la citación. Una declaración a la que tampoco asistió Busca. Solo Peromingo acudió a la llamada. Y lo hizo para intentar suavizar su responsabilidad alrededor de los protocolos.

En sus dos comparecencias, el entonces geriatra de referencia en el Hospital Rey Juan Carlos aseveró que muchas residencias no se medicalizaron y apuntó hacia Mur en relación a los protocolos. Según fuentes jurídicas presentes en las mismas, vino a decir que los protocolos que establecieron ese triaje en la primera ola de la pandemia, desvelados por infoLibre, eran discriminatorios. Y que trasladó por escrito al entonces director general de Coordinación Sociosanitaria su oposición a los mismos. Unos correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que el Juzgado de Instrucción nº2 de Collado Villalba reclamó a comienzos de diciembre y que las acusaciones siguen esperando.

Esto último podría haberse contrastado este lunes durante la declaración de Mur como investigado en el Juzgado de Instrucción nº23 de Madrid, procedimiento que se centra en el fallecimiento de un residente en el centro Amavir Valdebernardo. Pero ni jueza ni Fiscalía, únicas que han podido interrogarle –además del abogado defensor–, han preguntado al respecto, según aseguraban desde la acusación. La comparecencia duró algo menos de una hora. Y en ella, el ex director general de Coordinación Sociosanitaria volvió a meter a Peromingo en esa ecuación de la que había intentado salirse. Así, aseguró que los protocolos fueron redactados por él y otros 22 geriatras. Y redujo su participación en los mismos a una labor de coordinación, revisión, firma y envío.

Un cruce de acusaciones en el que también han aflorado otros nombres. Así, siempre según fuentes de la acusación, Mur ha asegurado que hizo llegar los protocolos a Ana Dávila, entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria y hoy consejera de Familia en el Gobierno de Díaz Ayuso. O que la figura de los geriatras de enlace fue creada por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Por otro lado, ha situado a Busca en el proceso de elaboración de los protocolos. Así, ha detallado que se tuvo en cuenta su opinión en relación a cómo debía realizarse el traslado en las ambulancias. Y ha afirmado que se le advirtió de que la derivación por parte del Summa se tenía que producir cuando hubiera consenso entre el médico de una residencia y el geriatra de enlace.

Los letrados de este procedimiento, el que se sigue en relación al fallecimiento de Ángel Armengol sin ser derivado al Hospital Gregorio Marañón, ponen la vista ahora en la futura declaración de tres doctoras de la Amavir Valdebernardo –debían haber comparecido este lunes, pero su testifical se aplazó al 23 de abril al alegar el abogado de Mur que no tenían constancia de las mismas–. Y, sobre todo, en una futura comparecencia como investigado del exdirector del Summa 112, donde se podrán corroborar los extremos expuestos por el ex director general de Coordinación Sociosanitaria en su comparecencia como investigado.

Las familias, del mismo modo, tampoco quitan el ojo de encima a la Audiencia de Madrid. Al fin y al cabo, de lo que diga este órgano depende que el caso residencias siga diseminado por media comunidad autónoma o se aglutine en una misma macrocausa. Tanto la Fiscalía como las víctimas solicitaron hace algunos meses unir en una sola carpeta varias denuncias instruidas en Madrid, Leganés, Navalcarnero o Collado Villalba, pero el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital, el primero que imputó a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias, rechazó absorber todas las denuncias.

Peromingo, al igual que las víctimas, es partidario de acabar con la dispersión. No así Mur, que aboga por una investigación judicial caso a caso. De hecho, en la declaración de este lunes su abogado ha insistido una y otra vez en que las preguntas se ciñan al caso concreto. Un embrollo competencial que deberá despejar próximamente la Audiencia de Madrid. "Seguimos esperando la resolución", explicaban a la salida del juzgado Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz, abogados de la acusación. "Pero cada vez cobra más sentido que se haga esa macrocausa. Porque para hablar del caso concreto hay que hablar del caso general: quién ordenó esos protocolos, por qué se aplicaron y quién los ejecutó", sentenció Jacinto.

Después de cuatro intentos, Carlos Mur, firmante de los Protocolos de la Vergüenza aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, va a declarar en calidad de imputado. Será durante la mañana del próximo lunes 26 de enero en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid.

Mur, junto con Francisco Javier Martínez Peromingo, es uno de los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid señalados por la causa judicial como responsables directos de los protocolos, ya que ambos eran los directores de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia.

Al contrario que Mur, Peromingo sí que ha llegado a declarar e incluso, culpó en sede judicial a Mur de ser quien incluyó los elementos discriminatorios dentro de los protocolos. Por ellos, no se permitió que los mayores que no tuvieran un seguro médico privado, fueran derivados a los hospitales públicos. Fallecieron 7.291 mayores por estos protocolos, como reveló infoLibre.

El lunes será la primera vez que dará a conocer su versión de los hechos, después de no declarar en cuatro ocasiones anteriores, en las que fue citado. Sin embargo, no lo hará presencialmente sino por videoconferencia, ya que ha alegado que trabaja y reside en Andorra. Desde Marea de Residencias piden que Mur “tire de la manta” y cuente lo que sabe sobre lo que sucedió para que 7.291 personas fallecieran sin ser derivadas a un hospital.

En mayo, tanto Mur como Peromingo debían comparecer en el Juzgado número 3 de Madrid como imputados. Algo que no sucedió por la suspensión de ambas ya que alegaron que no habían recibido las actuaciones.

Más tarde, el 17 de junio, tenían que haber declarado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. Esta vez no sucedió debido a que el juez decidió suspender las declaraciones al inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”.

Ya más recientemente, Mur debería haber declarado en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, el 9 de diciembre, y al día siguiente en el Juzgado número 2 de Collado Villalba. En ambas ocasiones no se presentó asegurando que no había recibido la notificación del Juzgado citándolo a declarar. Días después, Mur solicitó declarar por videoconferencia.

Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que existe un gran déficit de plazas residenciales en España y que, año a año, este es mayor. El estudio destaca que "atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales" entre las personas con dependencia severa, grado II, o gran dependencia, grado III.

El análisis también remarca que entre 2021 y 2025, los años posteriores a la pandemia de covid, apenas han aumentado en 23.000 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años en España se ha incrementado en 800.000 personas.

Desde esta asociación se exige al Estado y a las comunidades que cumplan con la ratio del 5%, la recomendación de tener cinco plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años. Esta ratio, lejos de cumplirse, cada vez se aleja más. Según el informe, en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzarla y ahora, en el último año, esta cifra casi se duplica hasta llegar a las 96.916.

La ocupación total de las plazas en centros residenciales para mayores es del 82,4%. El análisis señala que esto "pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país". Casi 340.000 personas viven actualmente en residencias en España, 62.000 más que en el año 2024.

El informe también trata las diferencias entre comunidades autónomas. Andalucía, Comunitat Valenciana y Cataluña son las tres donde más déficit existe respecto a la ratio del 5%. Entre la comunidad andaluza y la valenciana suman tres cuartas partes del déficit total español. En el otro lado se sitúan Castilla y León y Castilla-La Mancha. Son las dos comunidades con mayor superávit en plazas.

También exponen datos respecto al porcentaje de ocupación de las plazas residenciales en las comunidades. En Extremadura (100%), Canarias (99,9%), Castilla-La Mancha (98,9%) y Baleares (98,8%) no hay plazas libres. Esto choca con las cifras en el norte cantábrico, especialmente en Asturias (58,9%) y Euskadi (60,9%).

En España, el 71,1% del total de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública. Esto supone 292.986 plazas frente a las 119.123 de carácter privado.

Desde 2015 el porcentaje de plazas públicas ha aumentado hasta llegar al más elevado hasta la fecha. Actualmente 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años son financiadas de manera pública.

El informe señala la necesidad de una estrategia de desinstitucionalización, como la que planteó el Ministerio de Derechos Sociales en 2023. Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lamentan que "no se han dado pasos en esta estrategia, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio".

"Estos datos tan pobres y la escasa evolución que registran en los últimos años impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización", señalan.

Más de cinco años después de la primera ola de la pandemia, la investigación penal por las 7.291 muertes en las residencias de Madrid ha dado por fin sus primeros pasos reales en dos juzgados. Por primera vez, un ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Francisco Javier Martínez Peromingo, ha declarado como imputado. Se trata de uno de los autores de los Protocolos de la Vergüenza —desvelados por infoLibre— y ha admitido en sus declaraciones judiciales de esta semana en Plaza de Castilla y Collado Villalba que sus criterios fueron "discriminatorios". Ahora deberá entregar los correos y mensajes con los que afirma haber trasladado su rechazo interno en marzo de 2020.

Ese requerimiento no es un trámite menor, ya que es la primera vez que un juez obliga a un investigado clave a respaldar con pruebas la versión con la que intenta reducir su responsabilidad. No obstante, la sensación de avance también se ha visto acompañada de un elemento de bloqueo. Carlos Mur, el director general que firmó los protocolos, y Pablo Busca, responsable del SUMMA 112, no han comparecido en ninguna de las dos citaciones pese a estar imputados. Los juzgados alegan que no han podido localizarlos, aun cuando ambos han sido notificados en causas anteriores, ya que han declarado como testigos en procedimientos previos y han ejercido funciones públicas perfectamente identificables. 

La abogada de las víctimas, Alejandra Jacinto, señala a infoLibre que los procesos por fin "van tomando cuerpo", pero requieren que la Justicia actúe con celeridad. Considera imprescindible que los juzgados localicen a los dos investigados ausentes, coordinen las distintas causas abiertas y despejen el escenario para que las próximas diligencias avancen sin nuevos bloqueos. Jacinto subraya que "estamos un paso más adelante que la semana pasada", pero recuerda que, tras casi seis años, la lentitud judicial amenaza con vaciar de sentido cualquier investigación. 

Las dos declaraciones de Francisco Javier Martínez Peromingo han mantenido un mismo relato. Reconoció ante los jueces de ambos procedimientos que las primeras versiones de los criterios de exclusión aplicados en marzo de 2020 fueron discriminatorias y que las residencias nunca llegaron a estar medicalizadas. También afirmó haber trasladado a Mur su oposición por escrito —mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp— y trató de situarse como un técnico que ejecutaba órdenes con las que no coincidía.

Pero esa estrategia, según las acusaciones, intenta desdibujar su papel real. La documentación aportada por las asociaciones lo sitúa como coeditor y partícipe directo en la elaboración de los documentos que luego justificaron la no derivación hospitalaria de miles de mayores. "No puede presentarse como un mero receptor", explica Jacinto. Además, la abogada añade que el propio Peromingo redactó un protocolo técnico diferente a los firmados por Mur que también tenía "un carácter absolutamente discriminatorio”.

Ante las dudas que genera el propio relato de Peromingo —que intenta presentarse como un opositor a unos protocolos que él mismo ayudó a redactar—, el magistrado de Collado Villalba le ha exigido que aporte las comunicaciones que respalden su versión. Sin embargo, Jacinto, alerta de que esas pruebas podrían no ser tan concluyentes como sugiere el imputado. "Habrá que ver qué aporta, ya que puede ser un correo aislado, un matiz técnico o algo que exprese cierta duda pero que no modifique en absoluto su papel como coeditor. Quizá no estemos ante una oposición firme, sino ante comunicaciones que, cuando las veamos, no sean para tanto", detalla. 

Mientras Peromingo redefine su papel, la ausencia reiterada de los otros dos imputados amenaza la consistencia de la investigación. Carlos Mur y Pablo Busca han mantenido su estrategia de no comparecer tanto en Plaza de Castilla como en Collado Villalba. Es la tercera incomparecencia de Mur y la segunda consecutiva de ambos como imputados. Los juzgados insisten en que no han logrado notificarles, pero el argumento resulta difícil de sostener, ya que Mur ha declarado como testigo en varias ocasiones y continúa ejerciendo como médico, y Busca trabaja para el Gobierno vasco.

La acusación ha reclamado que, además de subsanar la falta de esfuerzos efectivos, los juzgados se coordinen entre sí, empleen domicilios profesionales o recurran a otro tipo herramientas para evitar unas ausencias que parecen responder también a un cálculo procesal. "No descarto que estén esperando a conocer la versión de Peromingo antes de declarar", señala Jacinto. Para la abogada, retrasar su comparecencia les permite calibrar qué ha dicho el coeditor del documento y ajustar después su relato, incluso tratando de desplazar hacia él la responsabilidad técnica. 

Jacinto teme que estemos ante un escenario en el que "cada uno vaya pasando la responsabilidad al otro", y recalca que solo las declaraciones de los tres permitirán determinar si hubo autoría directa, coautoría o incluso autoría mediata, es decir, decisiones tomadas desde niveles superiores de mando.

Tras dos días de declaraciones, las asociaciones de familiares coinciden en que se ha producido el avance más significativo en años, pero que persisten los mismos obstáculos que han frenado la investigación desde 2020. María Jesús Valero, presidenta de Verdad y Justicia, destaca la importancia de que Peromingo haya reconocido como imputado el carácter discriminatorio de los protocolos, pero recuerda que el avance llega “seis años tarde” y sigue incompleto mientras dos de los tres investigados continúan sin comparecer. 

Carmen Ruiz, portavoz de Marea de Residencias, pone el foco en que está quedando demostrado en sede judicial que la discriminación no solo se produjo en las derivaciones hospitalarias, sino también en la ausencia sistemática de atención dentro de los centros. “Ni entraban médicos ni se permitía salir a los hospitales. Esa omisión es parte esencial del delito”, subraya. 

La portavoz advierte además de que la comparecencia de Mur y Busca es crucial para evitar un nuevo bloqueo. "Si vuelven a no comparecer, el mensaje para las familias es devastador", detalla. Valero denuncia que las familias "siguen atrapadas en un sistema que funciona demasiado despacio para quien ya ha perdido demasiado". "La justicia, si llega tan tarde, deja de ser justicia", concluye.