Poner en juego 146 millones de euros este año procedentes de su patrimonio personal y de dividendos repartidos por Mercadona para reactivar la economía valenciana y nacional, y desarrollar labores sociales, deportivas y de mecenazgo. Es lo que ha anunciado que hará el presidente de esa cadena de supermercados, Juan Roig. Con detalle, destinará a la sociedad su retribución bruta de 12 millones 2023, que serán 5,5 tras el abono del 54% en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), más el dividendo percibido a cuenta de los resultados de la cadena valenciana, 108,7 millones, según ha informado Ep.

Tanto Roig como su esposa, la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, ambos dueños del 80% de la empresa, reinvierten una parte de los dividendos y de sus fondos en lo que han bautizado como Legado Juan Roig con un fin: irradiar “los valores de la cultura del esfuerzo en diferentes ámbitos, como son el deporte, con el mecenazgo deportivo, que incluye el Valencia Basket Club, l’Alqueria del Basket y la Fundación Trinidad Alfonso; la cultura y el arte, a través de la Fundación Hortensia Herrero; el entretenimiento, con el Roig Arena; y la formación y el emprendimiento, que se materializa en Marina de Empresas”, según consta en su página web.

Diseminadas las piezas, la Fundación Trinidad Alfonso, nombre de la madre de Roig, ha sido el vehículo a través del cual se ha respaldado 25 proyectos, organizados en sus tres líneas de trabajo: eventos, deporte base y deportistas y clubes. Según su memoria de 2023, asignó 10 millones de inversión privada de Roig para impulsar el deporte y "seguir consolidando su tierra, sus raíces, como la Comunitat de l’Esport –proyecto de la Generalitat y la fundación para posicionar Valencia como un referente en la práctica deportiva–. Desde sus inicios –la primera memoria disponible es de 2013– ha canalizado 113 millones. Por lo que respecta a la Fundación Hortensia Herrero, ente sin ánimo de lucro que preside la mujer de Roig, contó con un total de activo de más de 24,4 millones en 2022, último dato disponible en su sitio web, y su misión es "promover el interés, el conocimiento y la sensibilidad por el arte y la cultura a través de proyectos creados en la Comunidad Valenciana por artistas de todo el mundo".

Mercadona colaboró además en 2023 con 762 entidades sociales de España y Portugal con la entrega de 23.100 toneladas de productos en el conjunto del año que equivalen a más de 380.000 carros de la compra, según la compañía. Ese año, la empresa de supermercados y venta online incrementó sus ventas consolidadas alrededor de un 15%, hasta alcanzar los 35.527 millones de euros. De este total, 34.124 millones corresponden al negocio de España y los 1.403 restantes al de Portugal. El beneficio neto de Mercadona, después de pagar impuestos, fue de 1.009 millones, esto es, un 40% más que en 2022, y un 48,3% más de los 680 millones que ganó en 2021. El dato es espeso: los supermercados de Roig aumentaron un 23% su margen de beneficios en plena escalada de precios de los alimentos. La cadena repartió un dividendo de 201,076 millones, lo que supuso un 24,7% más respecto a los 161,12 de 2022.

Al margen de Mercadona, un manantial de opiniones provoca a menudo la faceta filantrópica del dueño de Inditex, Amancio Ortega, poseedor de una fundación que lleva su nombre. Las cuentas públicas de la entidad sin ánimo de lucro revelan que, en el ejercicio 2020, el de la pandemia, la Fundación Amancio Ortega acrecentó su labor y acometió un pago de 146,6 millones de euros, un 53% más que en 2019, cuando la cuantía destinada a financiar tanto proyectos propios como de otras institucionales se elevó a 95,6 millones de euros.

Según las cuentas de la entidad, la inversión social global ejecutada entre 2018 y 2022 fue de 439 millones y la comprometida entre 2023 y 2027 rozará los 500 millones, al ser 488,6. Dentro de esta última cifra se incluye un acuerdo de donación de 30 millones a la Fundación Porque Viven para la construcción de un Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos Pediátricos y los convenios de colaboración firmados con Cruz Roja Española, con 15 millones; Cáritas, otros 15; y la Federación Española de Bancos de Alimentos, con 10 millones. El grueso del desembolso, tanto el ya gestionado como el previsto hasta 2027, se corresponde con proyectos relacionados con infraestructuras sociosanitarias: 359,7 millones, en el periodo 2018 y 2022, y 386,3 en el segundo. Ahí se incrusta la comentada adquisición de 10 equipos de protonterapia para tratar el cáncer.

A la luz de memoria anual del Grupo Inditex, sólo en 2023, la empresa, presente en 213 mercados, facturó en ventas 35.947 millones y obtuvo un beneficio de 5.381. Disparó su dividendo hasta los alrededor de 3.740 millones. La alta dirección de la empresa cobró 116,47, lo que significó un alza del 11% respecto a un año antes. Su fundador, Ortega, ha vuelto a aparecer este año como la mayor fortuna española, en el puesto 13 del ranking mundial de la revista Forbes, con un patrimonio estimado en 103.000 millones de dólares, o 95.805 millones de euros.

No son extrañas tampoco las fundaciones vinculadas al ámbito de la banca, como la Fundación Botín que desarrolla programas en los ámbitos del arte y la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo rural. Invirtió 16,5 millones en 2022, 300.000 euros más que el año anterior, de los que 11,3 millones fueron para el Centro Botín en su quinto aniversario. Ese ejercicio el Banco Santander, que preside Ana Botín, registró unas ganancias de 9.605 millones, que se acrecentarían hasta los 11.076 en 2023, superando por primera vez la barrera de los 10.000 millones de beneficios en un año.

¿Qué les impulsa a crear ese tipo de entes, es compromiso social o estrategia de márketing? Juan Carlos Blanco, consultor de comunicación empresarial, señala que por lo general se trata de personas "que han triunfado por completo en la vida, en su más amplia extensión de la palabra, y tienen un potencial en la sociedad tremendo". "Pero –explica– una cosa es triunfar en tu ámbito profesional, y otra que uno sea consciente de su responsabilidad". Anota que, "en términos de reputación hay un concepto, el de la licencia social para operar, con el que se define cuando una persona o una empresa ha acreditado la suficiente confianza en su entorno para poder operar". Y explica luego que el tipo de perfiles como Roig u Ortega "la han encontrado, han triunfado en los negocios y, casi en un ejercicio de economía circular, suelen ser bastantes responsables a la hora de entender que debe haber una reversión a la sociedad, que incluya un cierto depósito social". "La sociedad invierte en mí, yo tengo la responsabilidad", sintetiza la idea.

Blanco aporta que en Estados Unidos "hay muchos grandes empresarios como Bill Gates que donan parte de su fortuna porque quieren seguir ganándose la confianza del entorno". En el caso de España, "Amancio Ortega tiene detractores por esto", admite, pero entiende que "está en un nivel que le ‘obliga’ a que su responsabilidad social sea mayor que la de otros, por una mera cuestión de cantidad, cualitativa y cuantitativa. Cuando tienes su capacidad, tienes mayor responsabilidad que el ciudadano medio que tiene que cumplir con sus obligaciones", recalca.

Insiste en que las donaciones y acciones similares son "relativamente habituales en las culturas anglosajonas, y en Europa, lo son cada vez más, a través de diferentes modos, fundaciones, dando una vuelta de tuerca a la responsabilidad social en la empresa, o que, a título personal, se decida invertir". Sostiene que Roig "fue de los primeros en montar en España proyectos lanzaderas de emprendimiento y pionero en medidas de conciliación", con lo que el aporte de 146 millones de su patrimonio y dividendos "no deja de ser una evolución", mantiene.

Para el consultor, en el ámbito reputacional se ha producido "un fuerte giro por parte de las compañías al comprender que no sólo se deben a sus accionistas y a su cuenta de resultados, sino que se deben a su entorno. El éxito de cualquier empresario se mide ahora también por esa capacidad de conectar con él". "Autónomos, empresarios y los ciudadanos que quieren vender servicios nos hemos convertido en cazadores de confianza", defiende, para añadir que perfiles como los fundadores de Mercadona, Inditex o Botín no dejan de ser "personas con problemas y sentimientos de personas, que se pueden plantear qué le van a legar a la sociedad" y que hacen labores filantrópicas "porque pueden". "Hablamos de contribuciones que están a la altura de lo recibido y de lo logrado con su esfuerzo. No estamos tan acostumbrados como en el modelo anglosajón -insiste-, pero es preferible este tipo de acciones a un ejercicio de caridad, con todo el respeto a quien haga obras de ese tipo. Esto es una inversión social para que mejore el entorno y está más en el ámbito de la innovación social que de otra cosa", remata.

Para concluir, asegura que las compañías son en la actualidad "más conscientes de las corrientes climáticas de la sociedad como los discursos de igualdad, de los abusos raciales, de la necesidad de la salud mental de sus empleados… Las empresas que transcienden y que son capaces de seguir siendo líderes, suelen tener este tipo de comportamientos", finaliza.

De otro lado, en el informe Fundaciones Corporativas en España, elaborado por la Fundación PwC en colaboración con la Fundación CEOE, se refleja que una iniciativa social genera un impacto tanto sobre la entidad que la lleva a cabo como, si se trata de fundaciones corporativas, sobre la empresa fundadora.

¿Qué se puede buscar con ella? El aumento de motivación y del sentimiento de pertenencia de los empleados con la compañía, lo que puede traducirse en "mejoras de productividad"; "mejorar la imagen de marca" de la entidad, la fidelidad de los clientes y la promoción boca a boca”; o "mejoras en la reputación". Los proyectos sociales pueden, asimismo, contribuir a "la innovación empresarial" y a la creación de opciones de negocio. "En algunos casos la filantropía -se recoge en el mencionado análisis- genera nuevas relaciones y oportunidades con personas y entidades fuera de su entorno tradicional" de actuación, que "pueden permitir a la compañía encontrar o demostrar nuevas ideas, tecnologías y productos". Esto la haría, en última instancia, rentable.

Las personas jurídicas –empresas, organizaciones, instituciones– son responsables penalmente en España desde 2010. Desde 2015, el Código Penal las exime si, antes de que alguno de sus representantes legales o trabajadores hayan cometido un delito, tienen en pleno funcionamiento un sistema de prevención, lo que ahora se llama cumplimiento normativo o, en inglés, compliance. Así que no sólo las empresas sino también todo tipo de instituciones y organismos se han apresurado a crear mecanismos de control y vigilancia para evitar que directivos y trabajadores infrinjan sus normativas internas o incluso cometan delitos. En marzo del año pasado, además, la Ley de Secretos Empresariales traspuso varias directivas europeas y amplió los delitos fiscales, por abuso de mercado y contra la Administración Pública, entre otros, por los que puede ser condenada una persona jurídica.

La apuesta es clara. En parte por ética, en parte por la búsqueda de seguridad jurídica, empresas e instituciones se han lanzado a contratar compliance officers –Cuatrecasas fichó en marzo del año pasado a la exvicepresidenta el Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría para encabezar su departamento de Cumplimiento Normativo– y a crear, por ejemplo, canales internos de denuncia.

Es lo que ha hecho Ifema, la institución ferial de Madrid, controlada por un consorcio que integran la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y su Cámara de Comercio, así como por la Fundación Montemadrid, con un porcentaje menor. Con más de 400 empleados, se apuntó unos beneficios de 10,8 millones de euros en 2018. El pasado mes de mayo sacó a concurso público la implantación de un “servicio de gestión de consultas y denuncias a través de una plataforma informática de canal ético”. Un contrato de servicios, por importe de 20.000 euros, con una duración de dos años. Se presentaron dos ofertas, la de Ethics Channel SL y la de una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Castellana Detectives y Canal Denuncias. El concurso fue adjudicado a Ethics Channel SL, que recibió 290 puntos frente a 195 en la valoración de las respectivas ofertas técnicas, mientras que la UTE había presentado una oferta económica más ventajosa, 16.100 euros frente a los 17.000 de la empresa ganadora, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre.

Pero algo chocante había ocurrido durante el procedimiento. Una pifia que hacía dudar si el mecanismo que estaba destinado a asegurar el compliance cumplía escrupulosamente con las normas que debe proteger.

Ifema envió a la UTE desde la dirección licitaciones@ifema.es un correo electrónico –al que ha tenido acceso este periódico– el día 17 de junio, a las 14:57 horas con un “aviso de comunicación”. El título es “Emplazamiento”. Después figura la dirección de la Sala de Compras Planta -2 del Edificio Oficinas de Feria de Madrid, en la Avenida del Partenón número 5 de Madrid. Allí “se solicita la asistencia [de los representantes de la UTE] a la reunión 19/116 [el número del expediente de la licitación]: Mesa de apertura de la sección Sobre 2: Sobre de condiciones técnicas organizada en la fecha 13/06/2019 a las 13:00 se espera su asistencia”. Bajo el epígrafe “asistentes” figuran los nombres de dos vocales y la secretaria de la Mesa de Contratación con sus respectivos correos electrónicos.

Como se puede comprobar al ver las fechas, el correo fue enviado a la UTE cuatro días después de la apertura de los sobres con las ofertas técnicas. Al día siguiente, el 18 de junio, a las 15:55 horas, la UTE recibió otro correo electrónico de Ifema comunicando que la apertura de los sobres económicos se iba a llevar a cabo ese mismo día… a las 15:54 horas, sólo un minuto antes de que llegara el aviso.

No hubo respuesta en cinco meses

Sorprendidos, los representantes de la UTE piden explicaciones de lo ocurrido a la Mesa de Contratación, en un correo electrónico donde adjuntan la comunicación recibida con cuatro días de retraso. Uno de los vocales de la mesa acusa recibo y promete “revisar lo sucedido” y contestar “lo antes posible”. No hubo respuesta, sin embargo. De forma que la UTE presentó en el registro de Ifema un escrito el 27 de agosto, de nuevo pidiendo explicaciones. Tampoco se produjo reacción alguna.

Así que tres meses después, el 29 de noviembre, la UTE decide utilizar el canal de denuncias que ya había puesto en marcha su competidor, Ethics Channel SL, y dejar allí su reclamación sobre el concurso público que había perdido. Esta vez sí recibió una respuesta: “Estimado usuario. Le informamos que, tras analizar los hechos indicados en su comunicación, se ha determinado que este medio no es el canal adecuado para gestionarla”. Sin embargo, según consta en el pliego de condiciones técnicas del concurso, el canal de denuncias está al servicio no sólo de empleados y directivos, sino también de “clientes y proveedores”.

En cualquier caso, a continuación, el canal le comunica que su petición se gestionará a través del Departamento de Compras de Ifema.

En efecto, el 11 de diciembre, cinco meses después de que el jefe de Compras de Ifema prometiera una respuesta “lo antes posible”, el director de ese departamento, Francisco J. Monge, remitió a la UTE un extenso documento donde califica de “erróneo” el encabezamiento del correo y asegura que el texto posterior, donde se le cita a la apertura de sobres, no era “adecuado”. Explica que la comunicación recibida el día 17 de junio no tenía por objeto emplazar a la UTE a la apertura de sobres técnicos, “sino facilitarle la relación de empresas que habían superado la fase administrativa, asunto del que se informó en la apertura de sobres del día 13 del citado mes”. En cuanto a la apertura de los sobres económicos, indica que se retrasó del día 20 al 27 de junio.

La queja “se traspapeló”

infoLibre ha preguntado a Ifema por las circunstancias en que se desarrolló el concurso. La institución atribuye la demora en responder a la UTE a un “fallo administrativo interno” que “traspapeló” la queja de las empresas. También distingue entre el Canal Ético, “vinculado al compliance de Ifema”, y el canal “específico de quejas y reclamaciones alojado en la web” de la institución ferial, que informa a la Dirección de Compras. Además, asegura que las fechas de apertura de sobres en los concursos que convoca Ifema se comunican “a través de su publicación exclusivamente en la web”, en la plataforma habilitada para ello, pero no “de forma personalizada”. Pese a que en este caso Ifema sí remitió por correo a la UTE no sólo las fechas de los actos de apertura de sobres, sino que incluso la emplazó a asistir.

La institución reitera las explicaciones que en su momento dio a la empresa perdedora del concurso: que el enunciado de la comunicación “a través de la plataforma” –“emplazamiento”– era “erróneo”, aunque ya no menciona nada sobre el texto posterior. Y añade que la UTE no accedió a las comunicaciones de la plataforma, puesto que aparecen como no leídas ni descargadas. Esas comunicaciones, indica, eran “de carácter informativo”, para informar del resultado de la apertura de sobres técnicos, “no de la fecha en que se realizaría la apertura de dichos sobres”.

Ifema dice que asume los “fallos técnicos” al tiempo que niega “mala fe” y mantiene su “voluntad de transparencia”. Su plataforma de licitaciones, subraya, “permite aportar luz y datos a cualquier queja”.

“Hay que refundar el capitalismo sobre bases éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad, porque hemos pasado a dos dedos de la catástrofe”. La frase de Nicolas Sarkozy estaba destinada a pasar a la historia. La pronunció sólo 11 días después de que quebrara Lehman Brothers 11 días después de que quebrara Lehman Brothersy se desatara la mayor crisis económica desde 1929. Pero la refundación del capitalismo cayó en el olvido incluso antes de que acabara la Gran Recesión. “Los mecanismos de salvamento, las políticas fiscales, funcionaron tan bien que el pánico inicial se difuminó y todo aquello quedó en nada”, resume Josep Oliver Alonso, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Una década después, sin embargo, el miedo resurge una vez constatado que el crecimiento económico viene acompañado de una desigualdad creciente y ésta se traduce en conflictos políticos y sociales por todo el planeta. El “espanto”, dice Josep Oliver, de las clases medias ante un futuro que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se antoja más negro para los hijos que para los padres es el combustible del que se alimentan los populismos, lo mismo el Brexit que las políticas de Donald Trump o Jair Bolsonaro, la AfD en Alemania, Matteo Salvini en Italia o Vox en España.

Ése es el motivo que Oliver Alonso adivina tras las nuevas invocaciones a reformar el capitalismo que se suceden desde el pasado mes de agosto, cuando directivos de 181 grandes compañías de Estados Unidos reunidos en la Business Roundtable pidieron un cambio de foco: que las empresas dejaran de primar el beneficio del accionista y situaran en el centro de su atención a “trabajadores, clientes, proveedores y a las comunidades en las que están presentes”. Un discurso parecido fue utilizado un mes más tarde por el Financial Times para emprender su campaña Capitalism. Time for a reset. Su entonces director, Lionel Barber, explicaba a sus lectores que la maximización del beneficio y del valor del accionista son principios de buena gestión empresarial “necesarios, pero no suficientes”. Y que ahora al beneficio debe acompañarle un “propósito”. “Las empresas deben comprender que esta combinación sirve a sus propios intereses tanto como al de sus clientes y empleados”. Y con la vista puesta en “reformar para conservar”, Barber aseguraba que ha llegado el momento para “reiniciar” el capitalismo.

Es su mayor campaña desde la crisis de 2008 y va dirigida a abrir un debate publicando toda una serie de artículos sobre la ética de la inversión, los pros y contras de la alta tecnología y el futuro de las multinacionales. “La era de la acumulación de riqueza ha acabado: votantes y políticos coinciden en que ha llegado la hora de cortar la tarta de la economía de forma más equitativa”, reza uno de los grandes temas de su agenda. Otro insta a las empresas a reorientar los incentivos de los ejecutivos y a definir sus objetivos “más allá del beneficio”.

Poco antes era The Economist, la otra biblia de la prensa económica mundial, la que empezaba por admitir que “el capitalismo no está funcionando tan bien como debería”: aumenta la desigualdad, el medio ambiente peligra, cae la participación de los trabajadores en el valor creado por las empresas, los consumidores reciben un trato pésimo y la movilidad social es cada día menor.

En España, Ana Patricia Botínrepitió textualmente estas mismas frases en la Conferencia Internacional de Banca. Ante un millar de directivos internacionales y la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, reunidos en la Ciudad Grupo Santander, mencionó los errores que habían dilapidado la confianza del público en la banca y de la necesidad de cambiar. En ningún momento habló de “reformar” el capitalismo, pero sí de que las empresas no tienen elección: deben satisfacer las necesidades de sus clientes, empleados y de la sociedad en su conjunto, no sólo maximizar el valor del accionista. “La confianza no es opcional si queremos ser una empresa rentable”, concluyó.

También el presidente de la Fundación La Caixa, Isidoro Fainé, se ha pronunciado en términos parecidos: la desigualdad en la distribución de la riqueza amenaza el orden social, el medio ambiente se encuentra amenazado, la tecnología está cambiando los mercados y las empresas sólo serán “imbatibles” si son “fuertes” en su "compromiso con los empleados, la fidelidad de los clientes, la satisfacción de loa accionistas y el reconocimiento de la sociedad”.

¿Son sinceros estos llamamientos? ¿Es real y posible ese cambio de paradigma? ¿O se trata de meros procedimientos cosméticos para lidiar con una desafección cara y peligrosa?

  Problema global, solución global

“No es que, de la noche a la mañana, la benevolencia haya iluminado a los ejecutivos de las grandes compañías. Tratan de neutralizar la demonización del capitalismo, de la empresa, que se ha extendido en los últimos años. Son posicionamientos que, en definitiva, acabarán siendo rentables para las propias empresas y, desde luego, para la salud del sistema económico en su conjunto”. Así termina Excesos. Amenazas a la prosperidad global, el último libro de Emilio Ontiveros, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi). A su juicio, está claro que tras la creciente desconfianza y pérdida de reputación, así como el aumento de la presión social, las empresas “tratan de hacer de la necesidad virtud”.

Josep Oliver cree que con esas proclamas las empresas “demuestran inteligencia política” porque hay “mucho descontento”. “Todo el mundo está indignado, los trabajos de calidad están desapareciendo y si a la gente le ofrecen las soluciones de Lourdes, se apuntan”, explica, “así aparecen las posturas extremas antiliberales”. Por eso defiende la necesidad de un “cambio cultural”. Pero también de una respuesta mundial a un problema cuyo origen sitúa en la globalización, “que presiona a la baja los salarios, quieras o no”. De ahí que ni los países ni las empresas de forma individual puedan solucionarlo. “Si la Comisión Europea fuera un poco más progresista”, sostiene, “podría alcanzar un pacto fiscal interno, una política más redistributiva”. Y pone como ejemplo las políticas fiscales de los años 70 en Estados Unidos y Reino Unido, con tipos marginales en el IRPF del 70% o los tipos de hasta el 60% que se aplicaron en la primera Ley del IRPF, de 1978, en España. “Entonces se redistribuía mucho más, el consumo era muy potente y el ascensor social funcionaba”, detalla, “ahora todo es más complejo porque no hay una buena oferta de empleos y se ha eliminado la protección social: ¿pensiones? ¿contrato indefinido? La incertidumbre produce pánico”.

Para Oliver, las llamadas a refundar el capitalismo serían positivas si al menos estimularan el debate en Europa para buscar esas soluciones que exceden a la capacidad de los países y las empresas de forma individual. “Hacen falta unos Pactos de La Moncloa a escala europea, que son un ejemplo de libro y explican el éxito de la Transición”, destaca. Aquélla fue una reforma fiscal, recuerda también, que redistribuyó la renta y permitió pasar de un gasto público del 25% del PIB a otro del 42% diez años después.

  Empleados “remunerados de forma justa y transparente por su trabajo”

Cuestión distinta es qué cambios de gestión pueden ejecutar las empresas para cumplir con sus renovados deseos de beneficiar a la sociedad al tiempo que ganan dinero. Josep Oliver no cree en un capitalismo “más caritativo”. “Es un buen deseo, pero un poco pueril”, apunta. Sí que podrían mejorar los mecanismos internos “perversos” que redistribuyen los salarios a favor de los puestos más elevados, “pero el problema de fondo, que es el diseño del sistema, no lo tocarán”, recela.

infoLibre ha preguntado al Santander qué medidas concretas de gestión tiene pensado aplicar el banco para cumplir con ese cambio de orientación defendido por su presidenta. Y su respuesta ha sido remitir las 10 metas de banca responsable hasta 2025 con las que la entidad financiera pretende contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por ejemplo, que sus empleados sean “remunerados de forma justa y transparente por su trabajo”, con una “estructura salarial equitativa” y consiguiendo la “equidad salarial de género” en 2025. En 2021, el consejo de administración deberá contar con entre un 40% y un 60% de mujeres y los cargos ejecutivos deberán ser mujeres también en un 30%.

Además, el Santander quiere movilizar 120.000 millones de euros hasta 2025 en “financiación verde para abordar el cambio climático”, así como otros 220.000 millones hasta 2030. En 2025, promete, el 100% de la energía que utilice provendrá de fuentes renovables y antes de 2021 habrá eliminado todo el plástico de un solo uso innecesario. También concederá 200.000 becas prácticas y programas de emprendimiento. Sus programas de acción social incluirán a cuatro millones de personas y se facilitará la inclusión financiera a 10 millones de personas más hasta 2025.

En su catálogo como banco responsable, el Santander incluye igualmente los dos comités que ha creado para impedir la venta de productos “inadecuados” o la guía corporativa que está preparando para identificar a “clientes vulnerables” y prevenir su “sobreendeudamiento”, así como su canal de reclamaciones. En la actualidad, el 31% de éstas son resueltas en contra del banco. Además, presume de pagar 15 euros en impuestos por cada 100 euros de margen bruto.

  Otro catálogo de iniciativas es posible

A juicio de Attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), sin embargo, esa lista de actuaciones no es más que un “lavado de cara”, “parches momentáneos”, pero en modo alguno un “cambio de ética”. “No son creíbles”, sentencia Cuca Hernández, coordinadora de Attac España, sobre los recurrentes anuncios de reorientación del capitalismo. Las empresas intentan darle “un rostro humano” sólo porque le han “visto las orejas al lobo” e intentan sobrevivir a las sucesivas crisis. En especial los bancos, que han visto mermados sus beneficios por la competencia de la llamada “banca en la sombra” –desde las financieras de consumo hasta los fondos de inversión, las sicav y ahora también gigantes tecnológicos como Google–. Pero carecen de capacidad para resolver el problema y “crear un nuevo contrato social, roto con la caída del Muro de Berlín”, argumenta.

Para Cuca Hernández, el repertorio de propuestas descrito no va más allá de lo que se conoce como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que por definición es voluntaria. Por el contrario “responsabilidad de verdad” sería “no alarmarse por un posible gobierno de izquierdas que suba los impuestos”, o preocuparse realmente por los empleados “en lugar de cerrar sucursales, externalizar servicios y aumentar la presión sobre los trabajadorescerrar sucursales para que vendan productos tóxicos”. “Hay infinidad de cosas que los bancos pueden hacer para cumplir con la sociedad”, sugiere la coordinadora de Attac, “que no pasan por convertir a las empresas en ONG”. Gestionar su cartera de viviendas con alquileres razonables en lugar de venderlas a fondos, pagar la comunidad y el IBI de los miles de inmuebles que aún poseen –“una responsabilidad básica con la que a veces no cumplen”–, o dejar de hacer lobby para relajar la regulación de los mercados financieros o contra la aplicación de impuestoslobby a las grandes fortunas o a las transacciones financieras…

Otras iniciativas son de más alcance, como prescindir de las sucursales en paraísos fiscales, incluidos las plazas europeas de tributación laxa, informar de los impuestos que pagan país por país o no comprar la participación pública en Bankia a un precio “ridículo”. Cuca Hernández recuerda también que las actuaciones del Santander para quedarse con el Banco Popular “no fueron precisamente las más éticas y responsables con la sociedad” y que en Alemania el banco de Botín está implicado en uno de los mayores escándalos fiscales de la Unión Europea, una trama investigada por la Fiscalía de Colonia con más de 300 acusados y un volumen de fraude superior a los 10.000 millones de euros.

Josep Oliver resalta que el problema lo tiene únicamente el capitalismo en Occidente. “China ha sacado de la pobreza a 600 millones de personas en los últimos años, así que no les digas a los chinos que el capitalismo no funciona. Ya llegará el momento, pero no es ahora”, razona. El problema estriba en que las élites europeas no parecen interesadas de momento en ese debate. En la apreciación del catedrático de la Autónoma de Barcelona, las propuestas de Jeremy Corbyn, Alexandria Ocasio-Cortez o las políticas aplicadas en Portugal son “chispas” que pueden reparar las heridas sociales y políticas de la sacralización del beneficio en las últimas décadas. Pero Oliver también ve “incendios salvajes” en el avance de la ultraderecha en Alemania, Italia y otros países que le inducen a la duda.

El BBVA empezó a publicar en 2008 una colección de libros de análisis sobre todo tipo de cuestiones –desde la globalización hasta el impacto de las nuevas tecnologías o el futuro de Europa– a través de OpenMind, su comunidad web de divulgación. Lleva ya, por tanto, una decena de títulos, que cada año prologaba su hasta ahora presidente, Francisco González. El cuarto volumen, editado en 2012, se tituló Valores y ética para el siglo XXI, e incluía artículos de 19 filósofos, economistas y hasta un teólogo –Hans Küng– de todo el mundo. El propio Francisco González lo presentó en Madrid en junio de la mano del entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert.

En su larga introducción –30 páginas– el hoy presidente de honor del BBVA, bajo investigación interna por sus relaciones con el excomisario José Manuel Villarejo y las escuchas practicadas por éste a competidores, políticos y periodistas, subraya la perentoriedad de que las empresas, más aún los bancos, se gestionen siguiendo valores éticos y “sólidos principios morales”.

“Sobre todo, necesitamos más principios y más ética en los negocios en general y en la industria financiera en particular”, reclama González, una vez que la crisis ha dejado al descubierto las “actuaciones erróneas, imprudentes o llanamente fraudulentas en muchas entidades”. También ha revelado “fallos muy importantes en el sistema, deficiencias muy serias en la regulación y en la supervisión”. Como la desregulación se ha demostrado que no funciona, pero el banquero considera contraproducente el exceso contrario, la sobrerregulación, su propuesta es un rearme ético que ocupe los huecos dejados por las normas. Autorregulación, pues, pero basada en “el compromiso ético de los gestores”. Y la crisis –el texto está escrito en 2012, en plena recesión– se le antoja el momento adecuado para introducir esos valores. Que no son un adorno, sino la “brújula” para sortear las incertidumbres y afrontar los conflictos. “La clave es la ética”, resalta.

También se muestra preocupado Francisco González por el deterioro que ha causado la crisis en la reputación de los bancos. Al tiempo que “se ha estrechado el escrutinio de la opinión pública y la presión de los medios, así como el activismo de los accionistas de multitud de organizaciones no gubernamentales y de plataformas” que reclaman cambios en la gestión de las decisiones políticas, económicas y financieras. Por eso los ejecutivos, advierte, “deben asumir su papel como gestores de la reputación”. “La ética y los valores positivos deben constituir el núcleo de la cultura corporativa”, reitera.

Unos párrafos antes González recurre a Thomas Clarke, profesor de la Universidad de Tecnología de Sidney (Australia), para defender un gobierno corporativo donde “la toma de decisiones se convierta en un ejercicio moral” que vaya “más allá del control interno de la compañía y del cumplimiento de la regulación” y se extienda al “impacto social de la compañía”. Tanto el BCE como el Banco de España han instado al BBVA a cerrar cuanto antes la investigación abierta sobre los más de cinco millones de euros que pagó al excomisario Villarejo, a fin de “eliminar y minimizar el potencial riesgo reputacional” que amenaza a la entidad.

Rentabilidad Ajustada a los Principios

El libro analiza el papel de la ética en la ciencia y la tecnología, en el mundo global, en la lucha contra la pobreza y en los negocios. Pero en ese último apartado Francisco González señala que, dado el origen financiero de la última crisis y los “comportamientos éticamente objetables de determinadas instituciones” como desencadenantes, las finanzas merecen un capítulo específico. No obstante, la parte final del prólogo lo dedica a desmarcar al BBVA de los problemas de conducta que han afectado a otras entidades: “No todos los bancos han sido iguales; no todos han tenido los mismos comportamientos y, en consecuencia, no todos están teniendo los mismos resultados”.

Tras subrayar que el BBVA ni ha necesitado ayudas públicas ni hacer ampliaciones de capital para recomponer sus recursos propios, el banquero presume de proyecto empresarial “diversificado”, “muy eficiente”, “orientado al cliente, apoyado en la mejor tecnología” y con una “cultura muy prudente de gestión del riesgo”. “Todo ello”, concluye, “se resume y se explica en un solo concepto: nuestros principios”. Que son tres: transparencia, integridad y prudencia. Esos “firmes principios”, recalca, se basan en la “convicción” de que “la ética no sólo es deseable, sino también rentable”.

El banquero se refiere a que su modelo de gestión es incluso más exigente que el de Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAR), uno de los más avanzados y que la industria financiera utiliza para crear valor. El modelo del BBVA incorpora la Rentabilidad Ajustada a los Principios, se precia González. “Porque así aportamos valor a todos nuestros grupos de interés”, desde accionistas y empleados hasta clientes y proveedores.

De hecho, se felicita por haber comenzado en 2002 –el contrato con Villarejo data de dos años después– a conformar en el BBVA un “gobierno corporativo de vanguardia” basado en la independencia de su consejo de administración, así como en “la transparencia y el rigor”, posibles gracias a normas que traducen “compromisos exigentes, públicos y verificables”.

Y no sólo a través de los códigos de conducta “que todos deben asumir e integrar en su conducta habitual”, sino también convirtiendo esas normas en “hechos” a través de una organización adecuada y un “liderazgo públicamente comprometido” con –de nuevo– los “principios y valores” del BBVA. Entre ellos, el compromiso de “actuar con integridad y transparencia, cumpliendo rigurosamente la legalidad”. Pero, una vez más, González asegura que el banco más allá de lo exigido por la regulación y apuesta por la “gestión ética” con clientes, empleados, proveedores y “el conjunto de la sociedad”. En ese campo, el de la Responsabilidad Social Corporativa –76 millones d euros en 2010, revela– el presidente de honor del BBVA cita desde la igualdad de género y la política global de compras hasta la prevención del fraude.

En manos del juez

El pasado 10 de enero los digitales moncloa.com y elconfidencial.com publicaron que, por encargo del BBVA, el excomisario José Manuel Villarejo había interceptado 15.000 llamadas en 2004 y 2005 durante la denominada Operación Trampa. Entre los teléfonos pinchados estaba el del exministro socialista Miguel Sebastián. El policía cumplió ese encargo para impedir el desembarco de la promotora inmobiliaria Sacyr en el accionariado del banco. La conexión de Villarejo con el BBVA está en manos del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo o la denominada Operación Tándem.

La entidad financiera ha abierto una investigación interna, aunque dice que no encuentra los informes que el expolicía elaboró a través de su empresa Cenyt tras vigilar a los integrantes del llamado “grupo hostil”, que quería hacerse con el control del banco Además, el BBVA ha contratado a la consultora PwC y los despachos Uría Menéndez y Garrigues para investigar contratos, facturas y responsabilidades.

El objetivo de la norma es contribuir a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. En sus informes, las empresas deberán incluir cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas a la gestión de personas, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción, el soborno y la diversidad.

De esta forma, el real decreto-ley modifica la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Comercio, y asigna al auditor de cuentas la responsabilidad de comprobar si se cumple con estos nuevos requisitos de información en el informe de gestión. Las empresas tendrán que presentar esta información este año y aprobarla por su Consejo de Administración antes del 30 de marzo.

La Comisión Europea optó por impulsar la publicación de información sostenible incorporando su obligatoriedad, modificando las Directivas de reporting no financiero en lugar de utilizar una norma específica de responsabilidad social.

De acuerdo con la Directiva 2014/95/UE se debe incluir una descripción de los riesgos, las políticas y los resultados vinculados a esas cuestiones y someterlos a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión o, en su caso, en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.

"El real decreto-ley ha incluido pocas diferencias con la Directiva en cuanto al contenido a presentar, sin embargo obliga a los Consejos de las empresas incluidas a elaborar y aprobar esta información antes de este próximo 30 de marzo", subraya el socio responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en España, José Luis Blasco, que también es responsable global de Sostenibilidad de la firma.

El plazo de presentación es la novedad en las empresas obligadas a presentar este nuevo requerimiento. La Directiva establecía supuestos en los que las compañías disponían de seis meses para publicar la información. Sin embargo, el Gobierno optó por eliminar esta posibilidad en el real decreto-ley.

Antes de la obligatoriedad que establece este real decreto-ley, el 87% de las cien mayores compañías en España ya realizan informes separados con este contenido. Un formato de información corporativo que sigue en su gran mayoría estándares internacionales para reflejar, de una nueva forma, la manera en la que las empresas crean y distribuyen valor.

España inicia el debate sobre la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Por fin el gobierno va a legislar para reducir las emisiones y apostar por un modelo bajo en carbono como lo están haciendo todos los países de nuestro entorno. España firmó el Acuerdo de París en 2015 y en mayo 2017 ha iniciado los debates para desarrollar dicha ley.

El Observatorio de la Sostenibilidad (OS), con el fin de contribuir a este debate, aporta hechos y cifras de recopilaciones de informes científicos, de análisis propios y de la recopilación e interpretación de datos oficiales, para que el proyecto de ley y las discusiones se apoyen sobre una base científica.

Las condiciones ecológicas de España son de elevada vulnerabilidad especialmente para el ciclo hidrológico, la biodiversidad y las costas, por ello son necesarias actuaciones urgentes para adaptarnos al cambio climático pero también para reducir nuestras emisiones, ya que somos el país europeo que más las ha aumentado desde 1990. Por otra parte, 2016 tuvo unas temperaturas medias de 0.7 grados superiores a las de 2015. “El año 2016 ha sido muy cálido en España, con una temperatura media de 15,8º C, valor que supera en 0,7º C al normal (período de referencia 1981-2010). Se ha tratado del sexto año más cálido desde el comienzo de la serie en 1965 y el quinto más cálido de lo que llevamos de siglo XXI”.

HECHOS Y CIFRAS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA

Emisiones totales de gases efecto invernadero en España

La evolución de las emisiones en España presenta un aumento sostenido hasta el año 2008 y una disminución aún más acentuada hasta 2013, año en el cual la tendencia cambia de nuevo y se inicia otra vez el incremento de las emisiones. Según Eurostat, las emisiones del Estado español en el periodo 1990-2014 se incrementaron de un factor 100 a un factor 117; en el mismo periodo, las emisiones en el conjunto de la Europa de los 28 disminuyeron de un factor 100 a un factor 77.  España fue el país europeo que más aumentó sus emisiones en valores absolutos (29 millones de toneladas). El resto de países europeos que aumentaron sus emisiones en ese periodo fueron Portugal, Chipre, Irlanda y Malta, pero entre todos no llegan ni a la tercera parte del incremento que se ha producido en nuestro país. La disminución en Europa se debe a la recesión desde 2008 y a las medidas adoptadas en otros países para mitigar el cambio climático. El proceso se ha acentuado ya que hasta el año 2015 España aumentó al 18,35% sus emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que en el que en el conjunto de la Unión Europea (UE) cayeron el 17,9%.

En 2015 se estimó un aumento del 3,3% respecto al año 2014. La utilización de carbón de importación en la generación de energía eléctrica contribuyó sin duda a este aumento.

En 2016 el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron en un porcentaje estimado del -3,13% (estimación de José Santamarta, del OS), hasta los 329 millones de toneladas de CO equivalente. La reducción de las emisiones se debe también en esta ocasión a una única causa estrictamente coyuntural como es la reducción en torno a un 31% del consumo de carbón por parte del sistema energético, algo determinado por el mercado, no por las políticas gubernamentales. La buena noticia tiene matices: el consumo de productos petrolíferos aumentó un 3%. Mientras que la industria reduce su parte de culpa en el cambio climático, al menos en España, el transporte no contribuye lo suficiente a la lucha contra al calentamiento global, aunque también ha reducido sus emisiones. El porcentaje de emisiones procedentes del transporte es superior en España a la media de la UE-28.

Figura 1: Estimación emisiones de GEI en millones de toneladas de CO2 equivalente en el periodo 1990-2016 en España [Fuente: Elaboración del OS en 2017 a partir de datos de Mapama y estimación realizada por José Santamarta (OS) para el año 2016].

Emisiones de los sectores energético, petrolero, industrial y cementero (fuentes fijas sometidas al mercado de emisiones)

Figura 2: Evolución de las emisiones totales de GEI en millones de toneladas de CO2 equivalente (M teq CO2) procedentes de fuentes fijas en España en el periodo 2005-2015 [Fuente: Elaboración del OS a partir de datos del Renade 2017].

Las emisiones procedentes de fuentes fijas (producción de energía, industria del petróleo, otras industrias…) representaron el 40,45% del total de las emisiones de CO2 españolas en 2015. El restante 59,55% correspondió a fuentes de emisión difusas (transporte, hogares, agricultura…). La cifra total de emisiones para fuentes fijas fue de 137,1 millones de Tm en 2015; el total de emisiones de GEI en 2015 alcanzó los 339,3 millones de Tm. Las emisiones de fuente difusa alcanzan, por tanto, los 202,2 millones de Tm.

Figura 3: Evolución de precios en euros por tonelada en el mercado de carbono desde 2008 hasta mayo 2017 [Observatorio de la Sostenibilidad (OS) 2016].

La propuesta europea para el mercado de CO2 se basa en el backloading, que consiste en retrasar la subasta de 900 millones de derechos de emisión correspondientes a 2013-2015 al período 2019-2020 para aumentar el precio de la tonelada de CO2, que ha llegado a alcanzar los 5 euros cuando tiempo atrás se situó en los 30 euros por tonelada. En conclusión, se sobreasignó de una manera muy importante al sector de la gran industria (excepto en el caso de las eléctricas) de modo que, como suele ser habitual, se pervierte la lógica de funcionamiento del mercado de emisiones. El II Plan Nacional de Asignaciones se realizó tan generosamente que acabaron sobrando derechos de emisión (también, por supuesto, porque tampoco se previó que podía haber una crisis). Como consecuencia de esta generosidad el sector industrial vendió las sobreasignaciones consiguiendo pingües beneficios y posteriormente siguió emitiendo a precios muy bajos. Por otra parte, el cumplimiento de Kioto respecto a las emisiones de los otros sectores difusos (básicamente transporte, residencial, hogares, etc.) se realiza comprando derechos en otros países, lo cual supone una fuerte salida de dinero: España va a ser el primer gran comprador de derechos de emisión de dióxido de carbono en países del Este de Europa. En mayo de 2017 la tonelada de C se cotiza a 4,57 euros. En resumen, el mercado de Carbono en Europa ha sido un fracaso y no ha incentivado una transición hacia una economía baja en carbono.

Figura 4: Evolución de las emisiones de GEI procedentes de los sectores de generación energética, plantas con grandes procesos de combustión y gran industria en España en el periodo 2005-2015 en millones de toneladas de CO2 equivalente (MteqC) [Fuente: Elaboración del OS a partir de datos del Renade 2017].

Figura 5: Evolución de las emisiones de GEI procedentes de las centrales térmicas, de la producción de cemento y de las refinerías [Fuente: Elaboración del OS a partir de datos del Renade 2017].

Se observa la disminución progresiva de las emisiones por la producción de cemento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y de infraestructuras de 2008, pero con un repunte en 2015; también la disminución y posterior aumento de las emisiones de las centrales térmicas hasta un máximo en 2015 (es previsible que a partir de este año se inicie un importante desplome en el sector). Finalmente, las refinerías, sector donde las emisiones podrían aumentar en relación con la demanda del sector del transporte privado de pasajeros y de mercancías por la carretera.

Emisiones de las grandes empresas

Los sectores fijos con mayores emisiones son la producción energética, las industrias con grandes procesos de combustión, las refinerías, la producción de cemento y la industria química. A continuación se detallan las empresas que más gases de efecto invernadero emitieron en el año 2015 sujetas al mercado de emisiones de emisiones según el  Registro Nacional de Emisiones (Renade).

Tan solo Endesa emite un 10% de todo lo emitido en España en ese año. Endesa produce en sus instalaciones el 24,32% del total de emisiones de fuente fija españolas, muy por encima del 9,53% de Repsol y del 9,45% de Gas Natural/Fenosa, situadas a continuación en el ranking.

Las grandes refineras y petroleras como Repsol, Petronor y Cepsa emitieron casi 18 M de toneladas, es decir un 5% de todo lo emitido. Las cinco mayores electricas emiten un total de 65 Millones de toneladas lo que supone un 20% del total de las emisiones de ese año.

Las 10 empresas que más emiten en 2015 acumulan 95.206.677 toneladas equivalentes de CO (TeqC) verificadas por el Renade; esta cantidad supone casi un 70% (69,43%) del total nacional de fuentes de emisión fijas, estimadas por el Renade en 137,1 millones de toneladas equivalentes de CO2 en 2015; las 20 empresas con mayores emisiones alcanzan entre todas el 80% (79,53%) del total nacional de emisiones de fuentes fijas.

Figura 6: Diez empresas con mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España en 2015 en toneladas equivalentes de CO2. Porcentajes de contribución individuales y de ambos grupos a las emisiones de fuentes fijas y a las emisiones totales [Fuente: Elaboración del OS, 2017, a partir de datos del Renade para el año 2015].

Figura 7: Localización de las mayores instalaciones emisoras de gases de efecto invernadero en 2015 y empresas propietarias [Fuente: Elaboración del OS a partir de datos del Renade2017].

Figura 8: Instalaciones con mayores emisiones según sector productivo [Fuente: Elaboración del OS a partir de datos del Renade 2017].

Emisiones difusas

El total de emisiones difusas ha descendido desde cerca de 240 millones de toneladas a algo más de 200. El porcentaje de emisiones difusas respecto al total ha aumentado ligeramente respecto al año 2005 pasando de ser un 57% a un 60%.

El sector del transporte destaca entre estas emisiones difusas. Con datos de 2013, informe publicado en 2016, el transporte consume el 39% de la energía final de España (siendo la media europea el 31,6%) y las emisiones debidas al transporte se estimaban en el 27,5% (siendo el valor medio de la UE-28 del 23,7%) según el Observatorio de Transporte y la Logística en España del Ministerio de Fomento. Esto es debido al transporte de mercancías por carreteras y al uso del vehículo privado.

Figura 9: Emisiones del sector difuso en España en el periodo 2005-2015 en MteqC [Fuente: Elaboración del OS a partir de datos del Renade 2017].

Emisiones por CCAA

Andalucía, Cataluña,  Castilla y León, Asturias, Galicia y la Comunidad Valenciana son las 6 comunidades más emisoras en 2015, y producen más del 60% de todas las emisiones. Se observa como Extremadura, Murcia, Canarias, C. Valenciana y Madrid son las que mas han aumentado sus emisiones desde 1990 y las que más las han reducido Castilla y León, País Vasco y Galicia. El porcentaje de emisiones fijas respecto a difusas indica sobre todo el grado de industrializacion y de situación de plantas energéticas. Cataluña, Andalucía, Madrid y Castilla y León son las que mas porcentaje de emisiones difusas tienen.

Solo existen inventarios entre 2006 y 2015 para las emisiones difusas y fijas por CCAA. Las que mas han incrementado sus emisiones fijas en este periodo han sido la Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Región de Murcia, si bien estas emisiones industriales proceden de decisiones de política energética o industrial tomadas fuera de las CCAA. Sin embargo, las emisiones difusas si que son en la mayoría de las ocasiones procedentes de decisiones que se pueden tomar dentro de las CCAA. Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura son las que han presentado menores reducciones.

Figura 10: Tendencias emisiones por Comunidades Autónomas en el periodo 1990-2015 y en el periodo 2006-2015 para separar fuentes fijas y difusas [Fuente: Elaboración del OS a partir de datos del Mapama y del Renade 2017].

Comportamiento de España respecto a otros países de la Unión Europea

La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) advierte de ello en diversos informes: España fue el país europeo que más aumentó sus emisiones en valores absolutos (29 millones de toneladas) en el periodo 1990-2014. El resto de países europeos que aumentaron sus emisiones en ese periodo fueron Portugal, Chipre, Irlanda y Malta, pero entre todos no llegan ni a la tercera parte del incremento que se ha producido en nuestro país. El proceso se ha acentuado ya que hasta el año 2015 España aumentó el 18,35% sus emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que en el que en el conjunto de la Unión Europea (UE) cayeron el 17,9%.

España aumentó en un 22,5% sus emisiones totales entre 1990 y 2012, un período en el que en el conjunto de la UE cayeron el 17,9 %, según datos de Eurostat. En 2012 España es el país que más aumentó sus emisiones en toneladas y, junto con Austria, Liechtenstein y Luxemburgo, el país europeo que necesita comprar más derechos de emisión de CO2 en proporción a sus emisiones. Solo así, a golpe de talonario, pudo compensar las toneladas de más que ha enviado a la atmósfera y cumplir sus compromisos. España gastó entre 2008 y 2012 más de 800 millones de euros en comprar derechos de emisión. La EEA alerta de que en España la brecha entre lo que se tendría que haber reducido y las emisiones reales es comparativamente muy grande. Supone un 13%, cuando la media de los países europeos es del 1,9%. España, por tanto, compró cantidades significativas de derechos de emisión. Con los datos comparables de 2015 este hecho se ha agravado.

Figura 11: Emisiones de gases de efecto invernadero por países de la UE.1990-2013 [Fuente: Approximated EU GHG inventory: proxy GHG estimates for 2013 EEA (European Environment Agency)].

  CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: RESPONSABILIDAD DIFERENCIADA

Tan solo 90 compañías son responsables de dos terceras partes de las emisiones totales causadas por el ser humano. Chevron, Exxon, BP, etc. son algunas de ellas, con cifras en torno al 3%. La española Repsol sería responsable de un 0,22% del cambio climático mundial. Para el año 2015 en España los datos señalan estas empresas: Endesa, Repsol + Petronor, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico, ArcelorMittal, E.ON, Cepsa, Cemex,  Iberdrola y Cementos Portland son respsoanbles del 70% de las emisiones. Es mucho más fácil incidir en las emisiones fijas de estas empresas que en el resto de las emisiones difusas realizadas por los otros 45 millones de decisores.

La elección de procesos más o menos limpios para la producción de energía o en la planificación del transporte no recae tan solo en la ciudadanía, son los representantes políticos y las propias empresas las que determinan estas decisiones.

Si se desea que la responsabilidad social corporativa (RSC) no sea sólo retórica social corporativa, será necesario que todas las empresas empiecen a determinar con exactitud cuáles son sus emisiones reales y en qué medida influyen en el cambio climático. Parece evidente la exigencia de que las grandes corporaciones de sectores estratégicos tienen el deber de asumir los retos del cambio climático (minimización, adaptación, modelo de producción) y deben establecer acciones responsables tanto frente a accionistas como ante la sociedad en general, adelantándose a los acontecimientos, mejorando el carácter de su RSC, readaptando su actividad hacia el marco de los principales documentos de la UE y de NNUU y rediseñando su influencia política y su carácter de lobby (implantación de las mejores técnicas disponibles y uso de los recursos energéticos más limpios, descarbonización de la economía, incremento de la ratio de renovables, disminución del consumo y de la dependencia energética…). El cambio climático implica riesgos empresariales, especialmente por las calificaciones de las agencias de rating, y su atractivo  y acceso a recursos financieros; por cuya razón las empresas deberán disponer de planes estratégicos concretos que les permitan seguir la senda de la reducción de impactos que desde todos los foros se imponen. La responsabilidad compartida ante el cambio climático obliga también a las empresas a reconducir su RSC hacia temas que afectan a las expectativas y planificación vital de la ciudadanía y a explicar, justificar y difundir sus datos y sus decisiones en temas clave para el futuro de manera que se consideren no solo el rendimiento económico privados, sino el beneficio público. A partir de estos datos se pueden identificar “responsabilidades diferenciadas“ tanto hacia el exterior del entorno empresarial, como en la afectación a los propios accionistas, tensiones que deberán derivar en proyectos inaplazables para la reducción de las emisiones y la adaptación inmediata al cambio climático, cuyos costes y financiaciones representarán una distorsión muy importante para su propia valoración empresarial. La creciente sensibilidad de los ciudadanos, inversores, clientes y organismos activos en la defensa de esos objetivos planetarios, va a imponer una asunción real del cambio climático, además  de erosionar determinados activos intangibles como el valor de la marca y, por ende, las posiciones competitivas.

Además de los riesgos señalados a medio plazo inducidos por el cambio climático, se encuentra que el cumplimiento de los compromisos de Estado va a generar todo tipo de ajustes y la necesidad de asumir costes de transición a un nuevo escenario de una economía baja en carbono.

Otro tanto ocurre con los países. Es preciso adoptar ambiciosas medidas de reducción desde ahora mismo para cerrar la brecha de emisiones antes de 2020, especialmente por parte de los países desarrollados, y también establecer mecanismos posteriores al Acuerdo de París que permitan aumentar la ambición de estos objetivos, sobre todo si se observa un agravamiento de los escenarios climáticos.

Debido a la situación especial de riesgo y vulnerabilidad del país estas actuaciones son urgentes e inaplazables.

Australia intenta infligir "tanto sufrimiento como sea posible" a los refugiados que tratan de llegar a sus costas procedentes de Pakistán, de Oriente Medio y de los países insulares del Pacífico. El Gobierno del país mantiene una "prisión al aire libre" en Nauru, el tercer país más pequeño del mundo y una isla cercana, donde alberga a todos los solicitantes de asilo que intentan llegar por mar y donde se han documentado más de 2.000 denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos. Las expresiones son de Amnistía Internacional, que junto a otras ONG’s lleva años denunciando la política antinmigración del Ejecutivo de Malcolm Turnbull, que califican de "un sistema deliberado de crueldad y abandono" y "una violación flagrante de los derechos humanos de las personas".

La empresa española Ferrovial está implicada en la gestión de las polémicas instalaciones del país oceánico. La compañía española es propietaria del 59,2% del capital de Broadspectrum, la empresa que proporciona servicios de catering, limpieza, logística, asistenciales y transporte en un centro de detención en el punto de mira por sus irregularidades. Broadspectrum, a su vez, subcontrata a Wilson Security la seguridad del lugar. Sus agentes han sido acusados de agresiones físicas y sexuales a los internos. Al menos hasta octubre de 2017, confirman fuentes de Ferrovial, Broadspectrum y Wilson Security estarán ligados a Nauru.

La peculiar y criticada política contra la inmigración irregular de Australia comienza con la solución del Pacífico, instaurada en 2001 y vigente hasta 2007, mediante la cual el país se reservaba el derecho de retener fuera de su territorio a cualquier solicitante de asilo que llegara a su costa por mar y que no pudiera acreditar estar camino de otro país. La táctica se abandonó ante las críticas de la ONU, pero volvió en 2012 con el Ejecutivo de Julia Gillard y la reapertura del centro de Nauru, donde Canberra aparca a estas personasaparca, provenientes sobre todo de Oriente Medio y sus conflictos, a la espera de que se tramiten sus peticiones. Es la principal fuente de ingresos del pequeño país insular, al que el Gobierno de Australia le ha pagado casi 2.000 millones estadounidenses en tres años, al borde de la ruina por el fin de sus reservas de fosfato. Las ONG afirman que las duras condiciones en este tipo de instalaciones son pensadas para disuadir a los que se atrevan a intentar alcanzar Australia por mar. Los mensajes que el Gobierno lanza van, efectivamente, por el camino de la disuasión. No hay manera de que podáis vivir en nuestro país, claman a los cuatro vientos.

Con la reapertura volvieron los abusos, que se conocieron gracias a la publicación por parte de The Guardian de los Nauru files, una filtración de 2.000 documentos que componen un macabro collage de la violación de los derechos humanos en el centro de detención. Se visualiza mejor gracias al tratamiento de los datos de la cabecera británica.

El último informe de Amnistía Internacional lo deja claro. "La combinación de angustia psicológica grave de las personas refugiadas, el carácter intencionadamente nocivo del sistema, y el hecho de que el objetivo de la tramitación extraterritorial sea intimidar a otras personas o coaccionarlas para lograr un resultado concreto, hacen que el régimen de tramitación extraterritorial de Australia encaje en la definición de tortura en virtud del derecho internacionaltramitación", asegura la organización en su análisis de la realidad en la pequeña isla del Pacífico. Su trabajo de campo habla de una situación de angustia psicológica permanente de los retenidos, una desidia de las autoridades a la hora de atender sus necesidades básicas, un ambiente continuo de inseguridad en el que las mujeres se llevan la peor parte. Abya, una joven somalí de 15 años, denunció haber sido violada y fue trasladada a Australia para abortar, recoge El Periódico. Una investigadora de Amnistía Internacional sobre migración y refugio, Anna Shea, nos pone otro ejemplo: "Un hombre nos contó cómo su esposa embarazada trató de suicidarse porque no podía soportar la idea de traer otra persona a este mundo. Incluso conocimos a niños que habían intentado suicidarse varias veces".

Como esos casos, decenas. El portal de los Nauru files de The Guardian sorprende por la frialdad del registro de las denuncias. Documentos asépticos que cuentan golpes, palizas, asaltos, abusos sexuales y una sensación de impunidad e indefensión. El tabloide inglés destaca, en cada mes de filtraciones, frases con lo más estremecedor. "Le entregó la cuerda al encargado del caso diciendo que había considerado usar esto para suicidarse". "Empezó a vomitar. Se detectó un fuerte olor a lejía. Se activó el código azul". "Ella dijo que se aseguraría de que los medios de comunicación conozcan la verdad sobre lo que sucede aquí en Nauru". Más de 2.000 registros durante 2013, 2014 o 2015. El centro alberga actualmente a unas 1.150 personas.

Las autolesiones son los incidentes más frecuentes, seguidos de las denuncias por abuso de poder de los empleados de seguridad, generalmente nauruanos. Shea confirma que las automutilaciones y los problemas de salud mental son pan de cada día en este centro y critica la actitud pasiva y complaciente del Ejecutivo australiano. "Compartimos nuestras conclusiones con el Gobierno. Niegan rotundamente todas nuestras afirmaciones, pero no ofrecen ninguna evidencia para contrarrestarlas. (…) El Gobierno no quiere que se conozca todo el alcance del abuso, y ha hecho esfuerzos extraordinarios para esconderlo".

La versión de Ferrovial

Cuando The Guardian publicó las primeras informaciones, Ferrovial se apresuró a declarar que Broadspectrum finalizaba su contrato con el centro de detención en febrero de 2017 y que no pensaba renovarlo. Sin embargo, aclaran a preguntas de infoLibre fuentes de la compañía, el Gobierno australiano ha hecho efectiva la opción de ampliar unilateralmente el acuerdo ocho meses más, hasta octubre. Tanto la empresa australiana como su subcontrata en el ojo del huracán, Wilson Security, abandonarán Nauru entonces, asegura Ferrovial.

La compañía española defiende que Broadspectrum "no opera ni gestiona" estos CIEs del Pacífico. "La compañía es un proveedor de servicios del Departamento de Inmigración y Fronteras del Gobierno australiano, que proporciona servicios de catering, limpieza, logística, asistenciales y de transporte", aseguran a infoLibre. Sobre las denuncias de torturas, violaciones y abusos por parte de su subcontrata, la empresa afirma que "un número de las alegaciones se han producido antes de que Broadspectrum trabajase en los centros" y que "muchas de ellas se han demostrado que son infundadas". El departamento de comunicación de Ferrovial añade, además, que la empresa manifestó que el centro de Nauru "no era una actividad estratégica" en cuanto adquirió la mayoría del capital de la compañía australiana, ya que simplemente querían introducirse en el mercado del país.

Algunos de los activistas que han denunciado la situación en la pequeña isla del Pacífico han avisado a Ferrovial de que, en un futuro, podrían enfrentarse a consecuencias legales si esperan a la expiración del contrato para retirarse del centro. Una experta en derecho internacional citada por El Confidencial, Diala Shamas, aseguró el pasado verano que empleados de Ferrovial podrían llegar a ser procesados por "responsabilidades criminales por crímenes contra la humanidad", una interpretación que la empresa rechaza tajantemente. "Todas las empresas que trabajan bajo contrato con el Gobierno de Australia en Nauru deben revisar urgentemente si sus operaciones en Nauru son consistentes con la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos", insiste Shea.

Trump no pretende ayudar

El centro de detención de Nauru ha vuelto a la agenda periodística esta semana. Aunque no por las denuncias de violaciones de derechos humanos, sino por la excéntrica manera de hacer diplomacia de Trump y los acuerdos de Estados Unidos con Australia al respecto de los refugiados recluidos. La Administración Obama acordó con el país oceánico alojar a un número indeterminado de los atrapados en Nauru y en la isla de Manus, en Papúa-Nueva Guinea, que cuenta con un centro similar. El pacto ha sido calificado de "estúpido" por el nuevo presidente y su tensa conversación con el primer ministro australiano por teléfono ha sido portada de los medios.

El magnate aseguró este jueves que otros países "se han aprovechado" durante años de Estados Unidos y declaró que quería saber "por qué estaba haciendo esto" su país, en referencia al acuerdo de Obama, pero se comprometió a respetarlo. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, a pesar de sus promesas, dejan entrever que la situación de los refugiados que malviven en Nauru ni cambia ni va a cambiar, opinan las organizaciones humanitarias. "La retirada de Broadspectrum y Wilson Security no mejorará nada. La situación de los refugiados y solicitantes de asilo en Nauru no mejorará hasta que se les permita reiniciar sus vidas en un lugar seguro", sentencia Shea.

Los informes de ambas organizaciones ofrecen datos esclarecedores sobre el papel de los paraísos fiscales en la economía española. El Observatorio de RSC y Oxfam hacen referencia al “cambio tributario” que propicia que los beneficios de las empresas obtenidos en el extranjero apenas contribuyan con impuestos, lo que fomentó que en 2015 los flujos de inversión hacia España desde estos paraísos hayan aumentado un 27,4% con respecto a 2014. El dato supone un 66% del total de la inversión que entra en nuestro país. El flujo desde nuestro país hacia estos territorios se ha contraído un 40% en 2015.

Denuncian que, si tributaran lo que les corresponde de no contar con estos paraísos fiscales, el impuesto de sociedades no habría visto reducida su recaudación un 49,5% de 2007 a 2015 –22.219 millones menos para las arcas públicas españolas, desvelan–. Con este dinero “se podría hacer frente 114 veces al compromiso que debería adquirir España en 2016 con la crisis de desplazados en Siria”, afirman en una nota de prensa.

El norteamericano estado de Delaware es el paraíso fiscal preferido del IBEX 35, con un 45,4% del total de las filiales, aclaran. Las organizaciones ofrecen un dato impactante: un solo edificio de una planta en esta jurisdicción tiene más empresas que todo el País Vasco (285.000 frente a 160.000). 

Los bancos españoles no rinden las suficientes cuentas con respecto a su responsabilidad fiscal, pese a que se han producido avances en transparencia, según Oxfam Intermón. Santander mantenía al cierre de 2014 235 filiales en diferentes paraísos fiscales, lo que representa una filial creada por semana y 53 más que en 2013, expone el informe de la ONG. En el caso del BBVA, aseguran que “sus filiales son 4,45 veces más rentables que la actividad global” y señalan que la entidad incorpora en el apartado de “otros” sus actividades en Holanda y Curaçao, “considerados paraísos fiscales”.

Además, la ONG analizó la exposición de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona a contratistas con filiales en paraísos fiscales. El 45,5% de las principales empresas proveedoras del Consistorio madrileño entre 2010 y 2013 contaba con esta presencia en territorios con menor tributación, así como el 22,3% de las compañías relacionadas con el Ayuntamiento de Barcelona entre 2012 y 2015.

Sin información sobre derechos humanos

Con respecto al informe sobre RSC del observatorio, la organización critica la escasa información de las memorias de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas del IBEX35 con respecto a derechos humanos, fiscalidad justa y responsable, gestión de la corrupción o puertas giratorias.

La doceava edición de este análisis ofrece algunos datos contundentes: solo cuatro empresas presentan información sobre los riesgos sobre los derechos humanos a los que se exponen y un 63% de ellas no informa sobre el control a sus proveedores en este ámbito. “Todo ello pese a que 32 de las 35 empresas del IBEX 35 están presentes en 20 países considerados de riesgo extremo” de vulneración de derechos humanos, advierten.

Además, el informe del Observatorio de RSC declara que solo 12 empresas de las analizadas hacen pública su lucha contra el blanqueo de capitales en su esfera de actividad, pese a que la mayoría se comprometen a luchar contra la corrupción.

Ley contra la evasión fiscal

Durante la presentación del informe la mañana del miércoles, representantes de ambas plataformas han analizado las conclusiones alcanzadas tras el estudio y han expuesto sus propuestas al respecto. Así, el coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Orencio Vázquez, matizó que los informes no insinúan que las empresas estudiadas estén implicadas en evasión fiscal, pero subrayó la necesidad de que éstas emitan mayor información sobre su estrategia fiscal y se acojan a un código de buenas prácticas.

En este sentido, el responsable de fiscalidad en Oxfam Intermón, Miguel Alba Ruiz-Morales, ha señalado las recomendaciones que proponen desde la ONG en esta materia, fundamentada en la creación de una ley contra la evasión fiscal que el próximo Ejecutivo aplique durante los 100 primeros días de gobierno, "de forma urgente y prioritaria". La norma contemplaría, en primer lugar, la revisión exigente de la definición de paraísos fiscales, que incluya no sólo a aquellos territorios opacos, sino también los que tengan una tributación baja, que compitan fiscalmente con otros países y que den unos privilegios a empresas no residentes.

También proponen el establecimiento de mecanismos para que la contratación pública se pueda declarar libre de paraísos fiscales, así como la garantía de transparencia y rendición de cuentas por parte de empresas que puedan detallar su actividad fiscal en los países donde estén presentes, y también poder levantar el velo de opacidad  que existe en muchas estructuras a través de un registro de empresas y sociedades. 

Destacan, asismismo, la necesidad de una revisión exhaustiva de los diferentes incentivos a los que se acojen las empresas, para tener en cuenta únicamente a las que tengan un valor económico y social, y descartar las que no tengan una justificación. Finalmente, abogan por una reforma del sistema fiscal internacional para que haya un nuevo marco "más justo y donde todos los países se vean representados en igualdad de oportunidades".

Su crítica carecía de un análisis profundo del hecho y causas que podrían haber generado aquella negativa. La única razón que este periodista aducía para criticar la decisión del Concejal era que en el supuesto de cualquier español, o el propio concejal, estuviera alojado en un hotel y viera el anuncio de Coca-Cola “no podría distinguir en la pantalla ni una esquina de Madrid…”?

En varios periódicos hemos podido leer opiniones críticas a la decisión de Pablo Carmona. Respetando opiniones, constato la falta de un análisis serio de las posibles causas que le llevaron a tomar esa decisión y si podía o no estar justificada. Las descalificaciones y algún insulto (no es el caso del periodista citado que en ningún momento incluye insultos o escalificaciones) han sido frecuentes sobre todo en opiniones de lectores ante la información de los medios.

Nadie parece recordar el ERE realizado por Coca-Cola en la planta de Fuenlabrada, declarado ilegal por la Justicia. También se silencia la actuación de esa compañía ante la sentencia de nulidad; actuación deplorable, que no respeta una sentencia y que después de varios meses todavía no ha cumplido en su totalidad.

La actuación de esa compañía me obliga a chequear y comparar lo que dicen las empresas y lo que hacen. Las compañías tienen en su ideario (así lo manifiestan en sus páginas web y publicidad) compromisos que al leerlos nos agradan y satisfacen, entre ellos los relativos a la Responsabilidad Social. Aporto un ejemplo de lo que significa: “La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la integración voluntaria por parte de las empresas de temas sociales y ambientales en sus operaciones comerciales, procesos productivos y relaciones con los grupos de interés: clientes, proveedores, trabajadores, accionistas... Ser socialmente responsable no sólo significa cumplir plenamente con las obligaciones jurídicas establecidas en estos ámbitos, sino también ir más allá, invirtiendo en el capital humano y en las relaciones con el entorno y la sociedad en que se opera”.

Podemos afirmar que las grandes corporaciones manifiestan como uno de sus valores la responsabilidad social. Así lo presenta Coca-Cola, concretamente, Juan José Litrán, su director de Relaciones Externas: “Coca-Cola: mucho más que un refresco… en Coca-Cola siempre hemos concebido nuestra responsabilidad social como un compromiso con la sociedad que nos rodea. Somos conscientes de los problemas y necesidades de nuestro entorno y hemos actuado desde dentro y hacia afuera. Nuestro compromiso va más allá de desarrollar iniciativas concretas, nuestro compromiso es que todo lo que hacemos está integrado en el negocio y nuestra visión es hacer una compañía sostenible que siga generando beneficios para la sociedad”.

A continuación detalla los distintos ámbitos en que la Fundación de Coca-Cola colabora con proyectos de desarrollo y mejoras sociales; planteamientos loables, según afirman: “Año tras año las cifras confirman las mejoras en la gestión del agua, la energía y los residuos, porque desde Coca-Cola sabemos que el éxito de una compañía no se mide sólo por sus números, sino también por factores intangibles como el valor compartido que genera. Por eso, Coca-Cola centra sus esfuerzos ambientales en tres ámbitos: agua, envases y clima”.

¿No parece una contradicción total la actuación en el caso del ERE en la planta de Fuenlabrada con los principios que, según dicen, guían sus actuaciones?

Pero esto no es un hecho aislado ni parcial. Otro de los apartados que presenta una contradicción total entre lo que se dice y lo que se hace, es el de Recursos Humanos; los manuales de valores de las compañías definen los recursos humanos como el valor más importante. En concreto, se afirma que cualquier factor que interviene en la producción interviene de forma proporcional; si lo duplicas, como máximo, aporta el doble a la producción. Sin embargo la aportación del personal es el único factor que puede hacer crecer exponencialmente el negocio de una empresa.

Chequear esta afirmación con la práctica habitual de muchas empresas, por no decir de la mayoría, pone de manifiesto una contradicción total entre lo que afirman y lo que hacen. En concreto en lo relativo al trato y a la consideración del personal, mi experiencia me dice que no preocupa mucho, cierto que hay excepciones ejemplares. Una de estas excepciones es el caso Irizar, le dedico El País un espacio importante.

Es frecuente cambiar un profesional muy cualificado por un trabajador en prácticas; para más inri vanagloriarse de ello y que lo aplaudan los mercados. Cuando una empresa del IBEX realiza un ERE automáticamente su acción sube en Bolsa. En algún país ya se están dando cuenta de que esta actuación resulta muy negativa para el futuro de las empresas; ejemplo muy claro es el caso de Alemania donde en el sector del metal se plantean recuperar por un tiempo a prejubilados y jubilados para que formen al personal nuevo.

Ya son muchas las personas que han descubierto que existe un abismo entre lo que las compañías dicen y lo que hacen y que sus declaraciones son una falacia.

Todas estas consideraciones me llevan a ver la actuación de Pablo Carmona, sin valorar su oportunidad, como necesaria, además de muy valiente.

Qué fácil criticar a un concejal, pero es casi imposible criticar a una gran empresa. Es necesario manifestar a las compañías que no estamos de acuerdo cuando sus actuaciones son deplorables (cuando no ilegales). Todos cometemos errores y en estos casos lo importante es rectificar y hay que decírselo; si no sólo seguirán mirando a los mercados, preocupándose únicamente de la rentabilidad a corto. Algunos preferimos manifestar lo que opinamos de sus actuaciones, para que cambien, y no tener que hacer ningún boicot a sus productos.

José María Sobrino Las Heras es socio de infoLibre

Sólo siete empresas del IBEX 35 informan sobre el dinero que donan a partidos políticos e instituciones. La mayoría de ellas se declaran “políticamente neutrales”, algunas incluso hacen una proclama genérica en su código ético o niegan directamente haber realizado aportación alguna a “partidos políticos o sus representantes”. Pero no revelan si disponen de y cómo funcionan los mecanismos concretos para evitar prácticas de corrupción, según concluye el estudio La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex.

El informe, financiado por el Ministerio de Empleo, ha sido elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que se creó en 2004 e integra a ONG como Cáritas, Cruz Roja o Intermón Oxfam y sindicatos como CCOO y USO. Sus autores no dudan en calificar de “desolador” el hecho de que tan pocas empresas españolas publiquen cuánto dinero y por qué conceptos donan a los partidos políticos, sobre todo teniendo en cuenta las denuncias por corrupción y las sospechas sobre financiación ilegal que han inundado la escena pública en los últimos años. También citan el Eurobarómetro para recordar que el 83% de las empresas españolas considera que la corrupción está muy extendida en la contratación pública gestionada por la administración estatal y hasta el 90% en el caso de las entidades locales.

Las siete empresas que explican sus donaciones a partidos políticos son Bankia, Bolsas y Mercados Españoles (BME), Enagas, Gas Natural Fenosa, Red Eléctrica española (REE), Repsol e Iberdrola. Pero estas dos últimas sólo publican datos sobre las cantidades y el destino del dinero en los casos de EEUU y Reino Unido, donde es obligatorio por ley. Nada dicen del resto de los países donde operan.

Así, tras declararse “neutral” en política, la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán revela que pagó 23.554 euros en 2013 en Reino Unido, a través de su filial ScottishPower, para patrocinar conferencias y eventos. También aportó a candidatos y partidos en EEUU un total de 18.265 euros. Sus filiales de renovables pagaron otros 9.792 euros ese año.

Por su parte, Repsol gastó en 2013 un total de 314.000 euros en “actividades directas de representación ante instituciones europeas”, un 30% más que el año anterior. De la Unión Europea recibió 979.000 euros para investigación y desarrollo, casi ocho veces más que en 2012. En Estados Unidos pagó 100.000 euros para impulsar temas energéticos, al tiempo que declara no haber realizado ninguna contribución a empleados públicos del Gobierno de Washington.

Declaraciones públicas, financiación ilegal

El estudio destaca los casos más llamativos de falta de información y de incoherencia entre las declaraciones de las empresas y sus comportamientos. Sacyr prohíbe en su Código de Conducta hacer “donaciones a ningún partido político o a favor de sus representantes, salvo en aquellos casos previstos expresamente en la legislación aplicable”. Sin embargo, se desconoce si la constructora ha creado y utiliza algún mecanismo específico que garantice el cumplimiento de ese compromiso. El estudio recuerda que el expresidente del grupo Luis del Rivero y su actual presidente, Manuel Manrique, se encuentran imputados por supuestas donaciones al PP de Castilla-La Mancha: en concreto, 200.000 euros en 2007 para pagar una campaña electoral.

Otro tanto ocurre con ACS. La constructora de Florentino Pérez niega haber efectuado aportaciones financieras o en especie a partidos políticos, pero su nombre aparece como uno de los donantes del PP gallego para la campaña de 2006 en los papeles de la contabilidad B de LuisBárcenas.

Tampoco el Banco Popular declara aportaciones a partidos. Sin embargo, la fundación de la entidad, en sus cuentas anuales, declara donaciones a la Generalitat de Cataluña. Y Abertis, al mismo tiempo que en su Código Ético prohíbe influir en las decisiones de las administraciones públicas, firma convenios de colaboración con ellas y presume de su relación con ayuntamientos y del “diálogo y colaboración activos” que mantiene con instituciones de todos los ámbitos para “planificar y desarrollar infraestructuras”. Pero no informa sobre cómo fiscaliza esas relaciones con las administraciones.

'Lobbies', sólo donde obliga la ley: EEUU y Reino Unido

No son mucho más transparentes las compañías del Ibex 35 en lo que a su actividad como lobby se refiere. Sólo cinco empresas del selectivo informan sobre sus mecanismos de presión política. Y, como ocurre con las donaciones, únicamente lo hacen en los países donde es obligatorio por ley. El Registro de Transparencia de la UE revela que Acciona ha pagado 2,2 millones de euros por actividades de lobby en la Comisión Europea. La propia empresa reconoce haber participado en consultas de la Comisión sobre energía y clima, también sobre ayudas públicas relacionadas con energía y medio ambiente.

Gracias al mismo Registro de Transparencia se sabe que Telefónica gastó en lobbies 2,54 millones de euros en 2013 y que recibió de la UE subvenciones por valor de casi siete millones. Al igual que Acciona, la compañía de César Alierta es miembro del Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby que agrupa a las 17 mayores firmas españolas. También pertenece al European Services Forum, un grupo que propugna la liberalización del comercio mundial en el sector servicios, y a Quiller Consultants, un lobby británico. Telefónica no explica qué actividad desarrolla en ninguna de estas organizaciones, lamenta el estudio.

Finalmente, Indra, participada por la pública SEPI en un 20%, declara que no practica el lobbying. Sí explica que sus filiales en Estados Unidos tienen relaciones mercantiles con bufetes de abogados, “la vía que se utiliza en ese país para obtener información y gestionar contratos y subvenciones”. Nada dice de su actividad en la Unión Europea –donde aportar información es de carácter voluntario– o en otros países donde no existe ninguna regulación. En 2014 recibió 40 millones de euros, financiados con créditos blandos y subvenciones en I+D, de las administraciones española y europea.

Lucha contra el blanqueo de dinero

El estudio también ha analizado los mecanismos contra el blanqueo de dinero negro aplicados por las empresas del IBEX 35. Sólo nueve de ellas hacen públicos sus instrumentos de lucha contra este delito. Ocho son bancos, que están obligados por ley. La novena es Sacyr. Pero todas se quedan en meras declaraciones genéricas en sus códigos éticos, sin precisar medidas. FCC tiene un canal ético donde dice haber recibido 22 denuncias sobre corrupción y soborno –pero también sobre discriminación, igualdad de oportunidades, por ejemplo–. No publica cuáles fueron los resultados de las denuncias.

El informe resalta que todas las grandes empresas deberían tener instrumentos concretos contra estos delitos, ya que operan en 17 países “con percepción extrema de la corrupción” y otros 71 con “percepción alta”, de acuerdo con el índice elaborado por Transparencia Internacional. De entre los primeros, el país donde más compañías del Ibex tienen negocios es Venezuela (15 de ellas), seguido de Angola (seis), Paraguay y Ucrania (cinco), pero también Libia y Nigeria (tres). Entre los segundos, México (27 compañías) y Brasil (25) son los favoritos.

El caso de Indra es significativo. La compañía tecnológica declara públicamente su compromiso de lucha “contra el soborno y los pagos de facilitación y cualquier forma de corrupción activa o pasiva”. También se muestra contraria las contribuciones políticas a los partidos e informa de las entidades no lucrativas a las que hace donaciones. Pero, como en el resto de los apartados y como muchas de sus compañeras, Indra elude aplicar, o por lo menos desvelar, los mecanismos concretos de que dispone, si es que los tiene, para hacer realidad sus declaraciones de principios. Indra ha resultado implicada en la trama Púnicatrama Púnicade corrupción, por haber pagado supuestamente campañas de imagen de políticos del PP, tras habérselo ordenado la Comunidad de Madrid.

Sólo tres de las 35 compañías del Ibex, el selectivo de la Bolsa española, carecen de sociedades en paraísos fiscales. Pese a las declaraciones institucionales en favor de la transparencia y la responsabilidad fiscal, las grandes empresas españolas no sólo mantienen sino que además han multiplicado el recurso a este tipo de prácticas en plena crisis. Entre 2011 y 2013, ha crecido en casi un 24%ha crecido en casi un 24% el número de sociedades que las compañías del Ibex poseen en paraísos fiscales: ahora son 540. De ellas, 141 pertenecen a ACS. La constructora de Florentino Pérez es la empresa que más filiales tiene en plazas offshore opacasoffshore donde no se pagan impuestos. Es más, en sólo un año las ha duplicado: creó 71 en 2013.

Las cifras proceden de un estudio sobre La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35. Elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Corporativa y financiado por el Ministerio de Empleo, el estudio ha utilizado para su análisis sólo la información que las propias empresas publican en sus informes y memorias, así como en otros documentos “de carácter público y accesible” entregados en las juntas de accionistas. Todos ellos referidos al año 2013. De ahí que sus autores adviertan de que el número de filiales en paraísos fiscales que ellos aportan es seguramente inferior al real.

Aun así, resulta que la cifra es considerable. Tras la campeona ACS, el Banco Santander posee 81 empresas en paraísos fiscales, nueve más que en 2011. Le siguen Iberdrola, con 61, tras multiplicarlas por seis en dos años. Pero la que a mayor ritmo las ha creado ha sido Acciona, al pasar de dos a 22: las ha multiplicado por 11 desde 2011. Otra constructora, Ferrovial, las ha más que duplicado, de 5 a 12. Repsol es la cuarta que más recurre a la opacidad offshore: tiene 45. El BBVA, 41, dos menos que en 2011.

Mil millones de Gas Natural en 15 filiales

No importa el sector de actividad; más allá de la energía, las finanzas y la construcción, la tentación de las ventajas fiscales ha llevado a otras como Inditex a crear un total de 20 filiales en centros financieros de ultramar. En 2009 tenía 13. Como ocurre en la mayoría de las compañías analizadas, el grupo de Amancio Ortega no publica el volumen de negocio, el número de empleados o los impuestos que pagan en cada uno de estos países. Otras, como Telefónica, llegan a declarar en sus documentos públicos que carecen de actividad en paraísos fiscales. Sin embargo, el estudio revela que posee 13 sociedades offshore offshore que se dedican a los seguros, reaseguros, la gestión de tesorería, el asesoramiento financiero y la captación de fondos desde Países Bajos hasta Delaware (Estados Unidos) pasando por Luxemburgo e IrlandaLuxemburgo.

De las 15 filiales en ultramar que posee Gas Natural Fenosa, tres están situadas en las Islas Caimán. Todas ellas suman un patrimonio neto de 1.000 millones de euros.

Además, las tres que el estudio ha excluido de la lista de empresas con sociedades en paraísos fiscales, resulta que Mediaset tuvo una, en Holanda, que cerró en 2013. Sacyr posee 10, ocho en Irlanda y dos en Panamá, pero asegura que su actividad está “directamente relacionada con su operativa de negocio en dichos países”. E Indra, cuyo 20% es de propiedad pública, cuenta con filiales en Panamá, Filipinas, Bahrein y Uruguay, además de actividades “puntuales” en Andorra, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Belice, Bermudas, Chipre, Dominica, Gibraltar, Granada, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Puerto Rico, Seychelles, Singapur, Suiza… Eso sí, precisa que su presencia en estos lugares no tiene motivaciones fiscales sino que está relacionada con el “desarrollo internacional” de la empresa.

El 81% registradas en sólo dos direcciones de Wilmington

El estudio revela también cuáles son los paraísos preferidos por las grandes compañías españolas. A la cabeza, el estado de Delaware. De las 540 filiales creadas por las 35 empresas del Ibex, 222 están situadas en ese pequeño estado norteamericano, el 41%. Además, su número se ha casi cuadriplicado desde 2010, cuando sólo se habían registrado allí sólo 61 sociedades. El 81% de esas 222 están domiciliadas en sólo dos direcciones postales de una pequeña ciudad, Wilmington, que según destaca el informe apenas tiene 70.000 habitantes.

Así, en esos dos despachos ACS ha registrado un total de 44 empresas, Banco Santander tiene 41, Iberdrola 39 y BBVA 30. Las ventajas de instalarse en Delaware, explica el estudio, son claras: si la compañía no tiene actividad en ese estado, no paga impuestos. Si la tiene en otro, disfruta de grandes exenciones fiscales. Existe el secreto sobre la identidad de los propietarios de la empresa, incluso en los registros públicos de Estados Unidos. Y se puede crear una sociedad en un solo día y sin necesidad de estar físicamente allí.

La segunda favorita del Ibex 35 es Holanda. Allí han domiciliado las grandes compañías 104 filiales. La constructora FCC, por ejemplo, tiene seis de sus nueve sociedades radicadas en este país de la UE.

Todos los bancos tienen actividad 'offshore'

Según resalta el Observatorio, todos los bancos del Ibex 35 poseen sociedades en paraísos fiscales. El BBVA sólo reconoce como tales las sucursales y emisoras de valores de las Islas Caimán. Pero también cuenta con otras, además de las ya citadas de Delaware, en Luxemburgo –fondos de inversión– y en Suiza –banca privada–. La filial del banco de Francisco González en el país helvético ganó 21,3 millones de euros en 2013, año en que contaba con unos activos de 1.367 millones de euros. De ellos, según los datos extraídos de su propia página web, 489 millones pertenecían a ciudadanos y empresas españoles.

El estudio lamenta que la información aportada por las empresas sobre su actividad en paraísos fiscales sea “escasa, genérica, agregada y poco dirigida a la rendición de cuentas”. No detallan ni el volumen de negocio ni los beneficios ni los impuestos que pagan desglosada por países. Indra, por ejemplo, niega esta información apoyándose en que revelarla pone en peligro su posición competitiva, una explicación que los autores no dudan en calificar de “sorprendente”.

Según los cálculos del Parlamento Europeo, cada año deja de recaudarse en la UE un billón de euros debido al fraude y la evasión fiscal: 2.000 euros por cada ciudadano.

Las grandes empresas reaccionaron rápido a aquellos primeros desafíos de la opinión en el nuevo mundo globalizado que se formaba en los 80. En algunos casos de forma bastante zafia: se llevaron las producciones a lugares menos exigentes aún, o más escondidos a los ojos de los activistas por los derechos humanos o medioambientales. O subcontrataron con una cadena de empresas interpuestas para evitar la implicación directa si hubiera problemas.

Se aplicaron también en prácticas más limpias y justificables: comenzaron a entrenarse en la gestión de crisis: formaron equipos de intervención y portavoces capaces de controlar el mensaje ante los medios, diseñaron comités, redactaron manuales de comunicación...

... Y comenzaron a hablar de la Responsabilidad Social Corporativa (o RSC). Adoptaron voluntariamente códigos de buenas prácticas en la garantía de los derechos humanos (trabajo infantil, condiciones de trabajo, no discriminación...), en materia de medio ambiente (cambio climático, respeto del medio, reducción de emisiones, incremento de la seguridad), y en el ámbito económico (transparencia, lucha contra la corrupción...). La RSC, después de décadas, se ha consolidado en el mundo desarrollado y no quedan ya casi empresas importantes que no tengan su "memoria social" o de "sostenibilidad", y su presupuesto y su equipo para RSC.

No hay duda de que hay gente bienintencionada y muy solvente que cree en la RSC. Algunas empresas incluso lograron la complicidad de las organizaciones no gubernamentales para hacer las cosas de manera presentable. Hay muchos activistas, instituciones públicas, políticos y líderes sociales implicados honestamente en la extensión de la RSC para evitar desmanes. Yo, quizá porque dedico mi vida precisamente a las relaciones públicas, y porque he trabajado para muchas de esas empresas en prácticas no siempre confesables, soy mucho más escéptico y bastante más crítico. Y, a día de hoy, creo que conviene advertir de cómo la RSC se ha convertido en una milonga que suena armónica y bonita, pero que nos distrae de lo realmente importante.

Para empezar, debería hacernos sospechar que la RSC haya surgido como reacción a los escándalos de hace 30 años, desde arriba, desde los consejos de dirección de las grandes corporaciones y, sobre todo, que se haya alojado en el rincón probablemente menos transparente de sus sedes: en el departamento de relaciones públicas. El mismo que suele gestionar las relaciones con los legisladores y los gobiernos, administrar los pagos por patrocinio y definir esos "acuerdos editoriales" con los medios de comunicación que permiten blindarse a sus críticas o, más inteligentemente, acordar cómo dosificarlas para que no resulten graves.

La sospecha sobre la autenticidad de la autoproclamada responsabilidad social de las grandes empresas se convierte en decepción cuando de una manera u otra se toman pruebas de las prácticas reales. Hay varias decenas de informes, a cual más sonrojante. Por citar solo uno, aplicable a España, el informe anual de 2012 del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, del que forman parte organizaciones como Cáritas o Greenpeace, y que analiza las memorias de las compañías que forman el Ibex 35. Desvela el documento el "estancamiento" de las prácticas de RSC y "el escaso reflejo que los compromisos públicos asumidos están teniendo en las operaciones de las grandes empresas españolas". En palabras menos diplomáticas, que dicen mucho y hacen poco.

Ese mismo informe da un dato que constata la hipocresía reinante en esas empresas que forman la élite de la economía española (uno se pregunta qué estará pasando en las demás, siempre menos observadas): todas, sí, todas, las 35 empresas del Ibex tienen presencia en paraísos fiscales. Es decir, que eluden pagar aquí en España los impuestos que deberían. El uso de paraísos fiscales, para mayor deshonra, ha ido aumentando según avanzaba la crisis. Aunque muchas de esas compañías han tenido peores resultados en estos tiempos tan malos, eso obviamente no les exime de pagar aquí sus impuestos.

Por si fuera poco, cada año de crisis, el impuesto efectivo de sociedades ha ido desplomándose, y hoy las grandes solo pagan el 4%, porque son las beneficiarias principales de rescates, inyecciones, deducciones e incentivos, bajo la premisa ridícula de que "son las empresas las que crean empleo", cuanto todo el mundo sabe que somos los consumidores los que realmente creamos empleo comprando y gastando.

Mientras los españoles se empobrecían, sus casas se devaluaban, engordaban las filas en la puerta de las oficinas de empleo y subían los impuestos a los ciudadanos, las grandes empresas españolas pagaban menos y se llevaban su dinero a oficinas dedicadas solo a defraudar limpiamente. Como esas que hay en la pacífica y próspera ciudad de Wilmington, en Delaware, en la que curiosamente hay domiciliadas 115 sociedades filiales de esas 35 grandes empresas españolas. No debe ser por la buena disposición del trabajador wilmingtoniano, nos barruntamos.

Todo legal, se dirá. Y todo, continuará el argumento, para promover la competividad de las empresas españolas frente a su competencia internacional. Y es ahí donde está el verdadero problema de la RSC. Al dejar al libre albedrío de las corporaciones la decisión sobre la sosteniblidad y la responsabilidad de sus prácticas, se elude la intervención de quien realmente debe imponer la decencia empresarial: la ley. Por ejemplo, adornando los papeles con compromisos etéreos sobre la bondad universal y la buena ciudadanía, distraemos la atención, y evitamos que un gobierno decente elimine cualquier ayuda, cualquier subvención, cualquier contrato, a quien evita pagar impuestos aquí. Tiene gracia que el Gobierno nos esté sacando a usted y a mi el dinero para dárselo a las compañías que luego lo esconden cuando toca pagar.

Promoviendo la RSC como código voluntario desde los parlamentos, los gobiernos, o la mismísima ONU (por ejemplo a través de ese melífluo y naïf pacto llamado Global Compact), se atrasa la redacción de leyes, la adopción de normas iguales en la Unión Europea que impida el despropósito de que dentro de sus fronteras haya paraísos como Irlanda, Países Bajos o Luxemburgo.

Permitiendo que los departamentos de relaciones públicas y los profesionales como este que escribe diseñen bonitas, coloridas y mentirosas memorias de sostenibilidad, inhibimos la acción de los gobiernos, los parlamentos y las organizaciones sociales, que son quienes tienen de verdad el poder de lograr que las empresas no solo hablen de responsabilidad, mientras esconden la mierda debajo de las alfombras, sino que se apliquen en ella por imperativo legal.

La Campaña Ropa Limpia, una red internacional activa en 14 países europeos y que reúne a ONG, sindicatos y organizaciones de consumidores, ya señala en su página que la adopción de un código de conducta es importante, sí, pero apenas "sólo un primer paso". Porque el verdadero reto es "ponerlo en práctica" y, a largo plazo, "mejorar las condiciones laborales de la compañía". Objetivos que también señala Labour behind the Label. En líneas generales, se pide que el código sea exhaustivo, creíble, transparente y haga referencia a los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, debe exigirse que se garanticen los derechos sindicales (incluido el derecho a un convenio colectivo), que no haya trabajo forzado ni infantil, que se prohíba la discriminación, que se establezca un máximo de horas de trabajo, unas condiciones de higiene y seguridad, un salario mínimo y estabilidad laboral.  

Si uno echa un vistazo a los informes anuales y memorias de RSC de cuatro grandes de la industria textil española –Inditex, Mango, El Corte Inglés y Cortefiel–, todos ellos cuentan con referencias a códigos de conducta. Uno de los más prolijos es el de la empresa fundada por Amancio Ortega y de la que Zara es el buque insignia. Señala que Inditex "no permitirá ninguna forma de trabajo forzado ni involuntario en sus fabricantes"; que sus proveedores no contratarán a menores de 16 años; que garantizará a sus trabajadores, "sin excepción", los derechos de asociación, afiliación y negociación colectiva, sin que quepan "represalias"; que se asegurarán unas mínimas condiciones de "luz, ventilación, higiene, protección contra el fuego, medidas de seguridad y acceso al agua potable"; que en caso de conflicto entre las leyes locales y los estándares internacionales, prevalecerá la norma "más favorable" para los obreros, que estos trabajarán un máximo de 48 horas semanales y no más de 12 horas extra (pagadas mejor) o que se reconoce a los trabajadores un salario que deberá cubrir, "al menos, las necesidades básicas" de sus familias. La empresa alega que es la responsable de la implementación de su código de conducta. 

Cuando la libertad sindical no está garantizada

Ropa Limpia, sin embargo, subraya que Inditex no obliga a garantizar un sueldo mínimo vital durante el horario normal de trabajo (sin extras) y que no se hace referencia a todos los convenios fundamentales de la OIT. La plataforma también le recrimina que parte de su producción se fabrica en zonas y países donde la libertad de asociación no está garantizada por ley, una deficiencia que se hace aún más grave si se tiene en cuenta que la compañía no dispone de un canal para vehicular las quejas de sus trabajadores. Y no publica, incide Ropa Limpia, "la lista de proveedores, los resultados detallados de las auditorías realizadas y de las acciones correctivas acordadas con los proveedores en caso de resultados irregulares", según su veredicto de 2010. No se tasan las sanciones, por tanto, ni se explica a fondo cómo se vigilará que todas sus normas se cumplen al cien por cien. 

Con Mango las cosas no son muy diferentes. Sus preceptos son semejantes (aunque mucho más genéricos), y los fallos que detecta la red internacional, también: que no se obliga a un salario mínimo vital, que no prevé condiciones especiales para los trabajadores menores de 18 años o que no toma medidas para "fomentar el trabajo decente" en los países donde la libertad de asociación y la negociación colectiva están limitadas. Tampoco divulga su lista de proveedores, aunque sí la facilita cada año a Ropa Limpia "y a otros actores sociales". El Grupo Cortefiel –que agrupa marcas como Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Antonio Miró o Women' Secret– dispone de un código bastante vago. Como Mango, no especifica el máximo de horas semanales. Y sobre las retribuciones, afirma que "serán como mínimo las establecidas por la legislación vigente o, en su caso, los acuerdos colectivos que sean de aplicación". 

El Corte Inglés, por su parte, exige a sus proveedores que acaten el compromiso ético que supone el código de conducta del BSCI (Business Social Compliance Initiative), organización internacional a la que pertenece el grupo desde marzo de 2008. El texto es más exigente que los dos últimos: se precisa que los jóvenes no pueden trabajar en horario nocturno o que la jornada no puede superar las 48 horas semanales y las 12 extras, remuneradas a una tasa más alta. 

Mayor producción asiática... menos en Cortefiel

Ninguna de las cuatro compañías facilita un listado pormenorizado de proveedores en sus memorias anuales colgadas en sus webs. Como mucho, indican la procedencia geográfica de quienes les suministran la mercancía. Así, El Corte Inglés asegura que, de sus fabricantes auditados, el 45% es de China; el 17%, de India; el 13%, de Bangladesh –el grupo de Isidoro Álvarez reconoció que había producido "un número reducido de prendas" en el complejo siniestrado de Savar–; el 9% de Turquía y, de otros países, el 16%.

En el caso de Inditex, según su memoria de 2011, un 44,70% de su ropa es fabricada en Asia. Le siguen la Unión Europea (32,7%), la Europa no comunitaria (9,3%), África (8,77%) y América (4,58%). La matriz de Zara fabricó en el taller bangladesí arrasado por un incendio hace unos días. Mango produce, sobre todo, en China (40%), Vietnam (17%), Marruecos y Turquía (11%), India (7%) o Bangladesh (4%). La marca catalana tuvo que aclarar en su perfil de Facebook que aunque Phantom, uno de los dueños del Rana Plaza, no trabajaba para ella, sí tenía previsto realizar unas "muestras", que aún no había iniciado. Cortefiel se abastece de talleres, sobre todo, en España (44,59%), Francia (8,39%) y Bélgica (6,73%). 

Las empresas textiles encargan la vigilancia de sus códigos éticos a auditorías externas. Pero tampoco todos los datos son transparentes. El gigante de la moda española, Inditex, es de nuevo, la que proporciona una información más completa, pero no íntegra. Así, indica que de sus 1.398 proveedores, 573 (el 40,99%) cumplieron con el compromiso ético, otros 501 (35,84%) no acataban "algún aspecto no relevante", 183 (el 13,09%) no respetaban "algún aspecto sensible) y 107 (el 7,65%) desobedecían alguna cuestión "crítica". La empresa forma parte de la iniciativa multi-stakeholdermulti-stakeholderEthical Trading Initiative, que agrupa a empresas, sindicatos y ONG "en la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo a nivel mundial". Ropa Limpia recuerda, no obstante, que esta plataforma de diálogo "no lleva a cabo procesos de verificación independiente". La ONG agrega en su web que las iniciativas multi-stakeholder (MSI en inglés), si bien son "un paso adelante", "no significa que todas las prendas de ropa que la empresa comercialilza sean aceptables". Simplemente, quieren decir que la marca "se ha comprometido a cumplir un programa de trabajo determinado, y que los trabajadores y sus organizaciones tienen el derecho de presentar quejas a la iniciativa si piensan que la empresa miembro ha infringido el código". 

Mango admite, en su memoria de sostenibilidad de 2011, 23 "incumplimientos" (10 en Turquía) detectados "en las diferentes auditorías realizadas en fábricas". La firma catalana no se ha sumado a una MSI, pero sí agradece la red internacional que le proporcione los listados de suministradores. Cortefiel hizo 43 auditorías en 2011, y ninguna de ellas dio como resultado "desviaciones de gravedad sobre las que no se pudieran implantar medidas correctivas y que impliquen el rechazo del proveedor". El Corte Inglés no enseñó los resultados de su policía externo en su informe último, del ejercicio de 2011. Sin embargo, la compañía reconoció que BSCI no se puede encargar de controlar la seguridad de los edificios, tarea que recae, insistió, en las "autoridades locales". BSCI señaló en un comunicado que la tragedia del Rana Plaza no era un hecho aislado, ya que llegaba después de varios siniestros en Bangladesh, y añadía que las leyes del país sobre seguridad de las infraestructuras "no se aplican correctamente". 

"No a un programa publicitario de RSC"

Las auditorías sociales no son, desde luego, una panacea. La Federación Americana del Trabajo (AFL-CIO), la mayor central sindical de Estados Unidos, denunció en un reciente informe que debajo de la fachada de estas empresas de certificación subyace una "muy preocupante dejación de responsabilidades", tanto por parte de los gobiernos en su tarea de proteger los derechos humanos en el lugar de trabajo, como por parte de las compañías "a la hora de respetar estos derechos ejerciendo la diligencia debida". En resumen, que tapan los "abusos" laborales cotidianos en estos países y respaldan a la dirección de la empresa. "El mejor sistema para identificar y corregir los problemas en el lugar de trabajo, ya sea acerca de la seguridad de los trabajadores o del derecho de sindicalización, es a través de los propios trabajadores y sindicatos, no un programa publicitario de responsabilidad social corporativa”, afirmó AFL-CIO. "Los trabajadores y sus sindicatos casi nunca juegan un papel en los sistemas voluntarios que las corporaciones han elegido apoyar para asegurar el cumplimiento de los derechos del trabajador y los estándares del sitio de trabajo. Al igual que la mayoría de los programas de RSC, estos programas están formados por propuestas unilaterales por parte de las corporaciones para regular sus propias actividades sin papeles importantes para los gobiernos o los sindicatos", reza el documento.

Ahí reside parte del problema. Como dice Mónica Melle, de Economistas frente a la Crisis y profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, los códigos de conducta son "voluntarios, unilaterales", no son coercitivos ni contemplan sanciones. "Es una certificación carente de valor, porque no se contrasta sobre el terreno, no es una auditoría en condiciones como los exámenes financieros que pasan obligatoriamente las compañías. Todo es un poco márketing, imagen, reputación, queda bien tener un programa de RSC. Pero en el fondo es una pantomima". La docente pone el ejemplo de la petrolera BP: mucho dinero había invertido en aparecer como una firma verde y solidaria, "modélica desde el punto de vista medioambiental". En cambio, no fue capaz de evitar en 2010 el mayor vertido de crudo de la historia de EEUU. Ahora, prevé que las marcas afectadas por el derrumbe de Bangladesh desplieguen nuevas campañas para lavar su imagen: "No es que estén más sensibilizadas. Es que están preocupadas por su cuenta de resultados. Si a un consumo anémico le sumas este siniestro...". 

La responsabilidad también es del consumidor

Melle indica que en muchos de estos países los sindicatos no son potentes, los trabajadores no denuncian, y es difícil "seguir la pista" a los abusos. Además, la deslocalización de las empresas occidentales, que buscan una tupida red de suministradores baratos en distintos países, hace que la fiscalización sea "inmanejable". "Las empresas no tienen ningún interés en ser más transparentes. Ahí están sus domicilios en paraísos fiscales, su condiciones de trabajo precarias... Lo que les interesa es engordar su cuenta de resultados. Ellos saben qué ocurre en sus fábricas, si no sería dejación de responsabilidades. Pero buscan el máximo beneficio, no son almas cándidas". Por eso la profesora de la UCM cree fundamental que los gobiernos actúen, que obliguen a las marcas a una auditoría externa "independiente". Lo mismo sostiene Ropa Limpia, que extiende la culpa a los organismos multilaterales: "Las limitaciones a los abusos de las empresas transnacionales no pueden venir sólo de sus medidas de responsabilidad social voluntarias. Hace falta una regulación internacional y organismos que puedan imponer su cumplimiento y que tengan capacidad sancionadora". 

La deslocalización, el afán por producir barato aunque sea atropellando los derechos de los trabajadores, se ha expandido como una fiebre en todo tipo de empresas, "incluso las medianas". Pero Melle también mira hacia los consumidores: "También somos responsables. Queremos mucha ropa y muy barata". Confía en que poco a poco se camine hacia una mayor transparencia y exhaustividad en los datos financieros y no financieros–la llamada información integrada, integrated reporting–, hacia un mayor control de los gobiernos y hacia una globalización más humana: "El crecimiento a toda costa ya no sirve. Hace falta bienestar social. Crecer para vivir mejor".