La escuela hay que redefinirla, hay que soñarla. Es importante y necesario invitar a toda la comunidad educativa a que participe de este sueño individual y colectivo.

Debemos preguntarnos qué escuela queremos para nuestr@s hij@s, y l@s maestr@s debemos participar de este sueño como docentes y como padres.

¿Tal y como trabajamos nosotros nos gustaría que trabajaran los profesores de nuestr@s hij@s?

¿El proyecto educativo que nosotros tenemos es el que me gustaría que tuvieran ell@s?

¿Por qué no aceptar que las familias, l@s alumn@s, los maestro@s, con los valores que aportamos tod@s, el modo de entender la realidad, con nuestra riqueza personal, desde nuestros propios intereses, estamos en el mismo barco, que en él cada un@ deberemos realizar nuestra tarea, pero que el rumbo hacia donde queremos dirigir la nave es tarea de tod@s?

Esta escuela que desde la utopía y desde la ilusión debemos construir tiene mucho que ver con su definición de escuela abierta a tod@s, escuela verdaderamente democrática donde se trabaja en equipo, se da importancia primordial a la manera de aprender y enseñar.

Escuela de acción democrática permanente donde predomina la estructura horizontal en la organización general, en el trabajo entre el profesorado, en la vida del aula, en el papel que juegan las familias.

Escuela plural y multicultural donde conviven diferentes ideas, religiones, culturas, lenguas maternas y se entiende la diversidad como una riqueza y actúa en consecuencia.

Escuela que apuesta por una educación para una sociedad más humana, lo que significa apostar por una sociedad mejor para los más débiles.

Escuela con recursos internos y externos, fundamentalmente humanos, porque en toda organización las personas somos el principal activo.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

El nuevo Dedómetro –edición Andalucía 2026 de la Fundación Hay Derecho– analiza los perfiles de 153 máximos responsables de 40 entidades del sector público institucional andaluz (128 entes), el segundo más grande de España después del catalán (271 entes).

La investigación evalúa cinco variables que cualquier persona podría identificar como razonables para asumir la dirección de una organización pública: formación, experiencia profesional, experiencia en gestión, conocimiento específico de la materia e independencia política. Se trata de criterios tan elementales como poco discutidos cuando se habla de calidad institucional y gobernanza empresarial. Precisamente por ello, el estudio busca resaltar una pregunta que rara vez (pre)ocupa en el debate público con la atención que merece: ¿en manos de quién estamos dejando la dirección de empresas y entes públicos?

En promedio, el índice global de mérito y capacidad apenas alcanza un 5,4 sobre 10. Al desglosar los indicadores, se observan realidades muy distintas. La experiencia profesional general obtiene una media de 7,7 puntos, la independencia política 7,5, la formación 7,3 y la experiencia específica sobre la materia 6,1. La experiencia en gestión de organizaciones de complejidad comparable es el peor indicador, con un 3,1 sobre 10 y registra una mediana de cero, lo que significa que una parte muy importante de los responsables analizados ha accedido a la máxima dirección sin experiencia acreditada en el manejo previo de estructuras similares.

Al respecto, uno de los aspectos más llamativos del estudio es la distancia que, en algunos casos, existe entre la misión de determinadas entidades y el perfil de quienes llevan su dirección. No resulta infrecuente encontrar organismos de elevada especialización técnica al frente de trayectorias académicas y profesionales desarrolladas en ámbitos muy distintos. Puede pensarse que esa diversidad puede enriquecer la gestión, aunque también plantea una pregunta legítima sobre el peso que el conocimiento específico del sector ocupa realmente en los procesos de selección.

Asimismo, se observa que la experiencia directiva funciona como un capital institucional transferible entre entidades de naturaleza muy distinta. Existen responsables que pasan de dirigir organismos agrarios a agencias digitales, de entidades de desarrollo empresarial a agencias ambientales o educativas, trasladando consigo una experiencia en gestión que parece valorarse por encima del conocimiento específico del sector.

Este informe también ha medido algo más que los perfiles directivos del sector público instrumental andaluz. Una de las mayores dificultades fue reconstruir la historia de las entidades, identificar a exdirectores, localizar resoluciones de nombramiento, seguir los cambios de adscripción entre consejerías o rastrear modificaciones de denominación. Esta dispersión obligó a un esfuerzo de arqueología digital en boletines oficiales, memorias y portales de transparencia. Un conglomerado que gestiona miles de millones de euros, presta servicios esenciales y cuyos directivos perciben una retribución media de 70.000 euros anuales, debería ofrecer esta información de forma accesible.

Los resultados muestran que estamos frente a una cultura institucional que continúa desarrollándose de forma desigual. De las 40 entidades analizadas, únicamente 10 establecen requisitos formales para acceder a la máxima responsabilidad ejecutiva, mientras 30 carecen de criterios objetivos suficientemente definidos sobre formación o experiencia. Las entidades que, por su naturaleza, y desde su creación, cuentan con requisitos, como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, obtienen mejores indicadores agregados de mérito y capacidad, una conclusión que difícilmente puede sorprender cuando las reglas delimitan con claridad las trayectorias consideradas adecuadas para dirigir una organización pública. A su vez, entidades que estatutariamente han incorporado requisitos objetivos para acceder a la dirección, como Andalucía Emprende, empiezan a presentar perfiles más consistentes y mejores indicadores.

El análisis por género aporta otra perspectiva relevante. Las mujeres acceden a estos puestos con mejores niveles de formación académica, una experiencia profesional prácticamente equivalente y un conocimiento específico similar sobre las materias que posteriormente gestionarán. La principal diferencia vuelve a localizarse en la experiencia previa en gestión. Una vez alcanzan la máxima responsabilidad permanecen más tiempo en el cargo y no presentan diferencias relevantes respecto de la independencia política, lo que desplaza el foco desde el nombramiento hacia las oportunidades previas para construir una carrera directiva.

La experiencia andaluza otorga a estas cuestiones un significado particular. La trayectoria de la Agencia IDEA permite observar de forma especialmente nítida algunos de los problemas que atraviesan este estudio. Durante años fue uno de los principales instrumentos de política económica de la Junta de Andalucía, gestionando incentivos, préstamos, ayudas empresariales e importantes recursos públicos. Al mismo tiempo, sus estatutos no exigían requisitos específicos para acceder a la Dirección General y la elevada rotación de responsables impidió consolidar una pauta estable de profesionalización. El propio Dedómetro refleja esa alternancia entre perfiles con una sólida experiencia en gestión pública y otros cuya relación con la misión específica de la entidad resulta mucho más discutible. La posterior integración de buena parte de sus funciones en TRADE constituye una oportunidad para comprobar si la reforma institucional ha servido también para reforzar las reglas de acceso y la calidad de la dirección pública.

Ese es, probablemente, el principal interés del Dedómetro Andalucía. Más que ordenar perfiles o repartir puntuaciones, el informe permite observar cómo una administración construye su propia dirección pública. Quién llega, con qué experiencia, bajo qué reglas y con qué continuidad dejan de ser preguntas accesorias para convertirse en indicadores de calidad institucional. Al fin y al cabo, una buena parte de la confianza en las instituciones también se construye sabiendo quién está al frente de ellas.

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Germán J. Arenas Arias es investigador de la Fundación Hay Derecho. Doctor por la  Universidad de Alcalá, especialista en Políticas Públicas y máster en Derecho  Constitucional por el CEPC-UIMP. Su trabajo académico se centra en el buen gobierno y la  calidad institucional en las democracias contemporáneas.

Llega el verano y con él, la época de vacaciones. Uno de los momentos más esperados por la mayoría de trabajadores, pero que en las 25 residencias públicas de mayores de la Comunidad de Madrid vuelve a poner en evidencia el problema estructural de la falta de personal. A unas plantillas ya mermadas se suma una cobertura insuficiente de suplencias para las trabajadoras de atención y cuidados directos, integradas principalmente por técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y diplomadas universitarias de enfermería (DUE).

“No hay una previsión para cubrir esto, todos los años nos pasa lo mismo”, denuncia en conversación con infoLibre Toñi Gavalda, trabajadora y representante sindical de CSIF en la residencia de Arganda del Rey. Explica que no es hasta finales de mayo cuando la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) comienza a tramitar las suplencias para cubrir las vacaciones de la plantilla.

Esa demora deja a residencias como la de Alcorcón o la Gastón Baquero, en Alcobendas, en una situación de incertidumbre. Hasta el 1 de julio no conocerán el alcance real de las contrataciones estivales porque “lo oculta la dirección”, denuncia Esther Fernández, trabajadora y representante del sindicato MATS en el centro de Alcorcón. En esta residencia, asegura, las ratios se sitúan en cuatro TCAE para cada 36 residentes.

Sin embargo, el problema principal no es la falta de información. Según coinciden las trabajadoras de las diferentes residencias con las que ha contactado este diario, todo nace de la falta de candidatos disponibles en las bolsas de empleo, una situación que se arrastra  desde hace años y que obliga a las profesionales a asumir cargas de trabajo muy por encima de sus capacidades. InfoLibre ha preguntado a la Comunidad de Madrid sobre esta situación y no ha habido respuesta.

“Tenemos residentes con mucha necesidad de cuidados que son dependientes y grandes dependientes con una media de edad de 82 años”, explica Elvira García, representante del sindicato MATS en la Gran Residencia de Carabanchel, que añade que cada TCAE tiene que trabajar con nueve o diez usuarios en cada turno. Según relata, los usuarios ingresan cada vez más tarde y con más patologías, lo que incrementa las necesidades de atención. “Estamos con el agua al cuello”, resume.

La solución que desde hace años aplica la Administración es permitir cubrir esas suplencias de verano contratando a personal sin la titulación específica de cuidados auxiliares. “Basándose en que no hay técnicos en cuidados de enfermería, contratan a personas con la titulación de secundaria, que no pueden dar medicación ni hacer una serie de cosas que nosotras sí podemos, por lo que no están cubriendo el puesto entero”, denuncia García. A su juicio, esta práctica termina aumentando la carga de trabajo de las TCAE que sí cuentan con la formación requerida.

García trabaja en el turno de noche de este centro de Carabanchel. Relata que en total son 34 trabajadoras, divididas en dos grupos de 17, y que no cuentan con suplencias suficientes para este verano. “Tenemos por lo menos seis personas de vacaciones por mes y solo se van a contratar cinco suplencias”, señala. A ello se suman trabajadoras con reducciones de jornada, horas sindicales y permisos. “Estamos bajo mínimos”, afirma.

Según los datos del resto de turnos, se han conseguido cubrir 23 plazas de TCAE por la mañana y siete por la tarde, pero todavía quedan 18 pendientes en este último turno. La situación más complicada afecta a las enfermeras (DUE), que tienen ocho plazas pendientes de cobertura por la mañana y cuatro por la tarde. “No hay que olvidar que esta falta de cobertura supone un incremento de la carga de trabajo para el personal de atención directa que deberán asumir más tareas y atender a un mayor número de usuarios durante los meses de verano”, denuncia Silvia Amaya, representante de CSIF en la Gran Residencia.

La dificultad para encontrar personal también se repite en la residencia Nuestra Señora del Carmen, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Ana Sánchez, delegada de CSIF, explica que el centro se encuentra inmerso en el proceso de contratación de verano, aunque con problemas para cubrir determinados perfiles. “En el caso de DUE es que no hay candidatos. Nos pasa todos los años, porque Sanidad se lleva todos los aspirantes, ya que es un trabajo más bonito y que les interesa más”, señala. En el caso de TCAES les faltan siete y ocho vacantes para las suplencias de verano en el turno de mañana y tarde respectivamente.

“Por la fama que se ha creado, por el tipo de trabajo y la falta de personal, la gente prefiere no venir. Si yo quiero a mi amigo, no le voy a decir que venga a trabajar”, lamenta. En este centro hay días en los que hay solamente dos TCAE para 32 residentes y “ha habido jornadas con dos DUE para toda la casa”, algo “inviable” en un centro que atiende a unos 400 usuarios.

En la residencia de Arganda del Rey el panorama es aún más preocupante. Según las representantes sindicales de CSIF de este centro, Toñi Gavalda y Anabel Vadillo, existen 22 vacantes estructurales de TCAE sin cubrir desde hace años. “El verano se afronta de una manera catastrófica. No tenemos personal para cubrir las vacaciones, sobre todo de técnicos de enfermería y DUE”, denuncian.

De cara al verano, el centro acumula 16 bajas de TCAE, tres de DUE, 22 de auxiliares de servicio y tres de auxiliares de control. “Nos faltan ahora mismo 35 TCAE”, aseguran. Ante la falta de profesionales, el sindicato ha propuesto medidas extraordinarias como la realización voluntaria de horas extra, pero en el caso de las TCAE no se ha autorizado esta posibilidad. “Estamos intentando buscar alternativas, alternativas que deberían buscar desde la Administración”, señalan.

Esta escasez de personal repercute directamente en las ratios de atención, según denuncian las trabajadoras. “Por la noche atendemos a 24 residentes grandes dependientes cada TCAE”, explican y añaden que durante el día, la situación puede llegar a ser más complicada, porque han llegado a situaciones en las que “ha habido una planta que tenía dos TCAE para 62 usuarios”.

A todo esto se suma el desgaste físico y psicológico que provoca esta situación en la plantilla. “La gente está muy quemada y cada vez hay más bajas, porque trabajas bajo presión. Es un cansancio no solo físico, también mental. Es una situación muy grave”, aseguran.

“No basta con nombrar personas con trayectoria profesional: hace falta que esa trayectoria sea adecuada a la entidad que van a dirigir y que el proceso de selección esté basado en reglas objetivas”, señala Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y directora del informe que ha evaluado la adecuación de los directivos del sector público nombrados por el ejecutivo andaluz con los cargos que desempeñan. El análisis, que la fundación ha realizado ya sobre otras comunidades autónomas, da a Andalucía un aprobado “por la mínima” y critica cuestiones como la “ausencia de requisitos claros, la falta de procedimientos competitivos, elevada rotación y nombramientos que no siempre guardan una relación suficiente con la complejidad técnica”, recoge el documento. El informe no evalúa el desempeño de su trabajo, sino cuánto se ajusta su perfil al puesto para el que han sido nombrados.

Para llegar a esta conclusión, los autores del informe establecen un baremo basado en la experiencia y la formación de los directivos a los que asocian valores numéricos y que van completando en función del currículum de cada uno. El resultado final, que obtienen tras analizar un total de 153 directivos de 40 entidades, se queda en un 5,4 sobre diez. Entre las conclusiones que obtienen, destacan que “30 de las 40 entidades analizadas no establecen requisitos materiales claros para el nombramiento de sus máximos responsables, más allá de determinar qué órgano tiene la competencia para designarlo” y hablan de déficits en “la experiencia de gestión” de algunos perfiles. “Este dato resulta especialmente relevante porque muchas entidades analizadas gestionan presupuestos elevados, plantillas amplias y políticas públicas de alta complejidad”, concluyen.

La administración de la Junta de Andalucía es una de las más grandes de España y suma 128 entidades, siendo el segundo sector público institucional autonómico más grande del país, solo por detrás de Cataluña. En el lado positivo, el análisis de Hay Derecho destaca que las entidades mejor paradas son la Agencia para la Calidad Científica (ACCUA), que ofrece estatutos, concursos públicos reglados y requisitos técnicos estrictos a los candidatos; y el Consejo de Transparencia, que obtiene resultados altos porque su diseño institucional incluye un mandato fijo de cinco años y una designación por mayoría absoluta del Parlamento, lo que blinda la dirección frente a la discrecionalidad del Ejecutivo y de las posiciones partidistas.

Por la cola, de las peor valoradas es la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), que pierde puntos porque su director general acumula solo dos años de experiencia y formación en un ámbito no relacionado con el tema. También, por la mayor presencia de perfiles más políticos que técnicos en su estructura directiva. Por otro lado, entre las organizaciones peor paradas está la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que cuenta con más de 120 millones de presupuesto y 500 empleados, pero que, de acuerdo con el análisis, tiene “problemas recurrentes de gestión del parque público de vivienda” que han llegado hasta el Defensor del Pueblo Andaluz y también pierde puntos por la “designación de responsables cuya experiencia en vivienda era limitada o indirecta”, recoge el informe. 

“Cuando no hay requisitos claros ni procesos competitivos, el nombramiento depende demasiado de la confianza política. Y eso genera una dirección pública más vulnerable a las presiones políticas, generando rotación e improvisación. Y ahí falla la continuidad estratégica en sectores claves”, afirma Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, quien insiste también en que para mejorar este indicador “se necesitan reglas estables, transparencia y evaluación” que reduzcan la dependencia de los nombramientos políticos. 

En las conclusiones del análisis, los autores señalan que muchos de los problemas que detectan en la Junta responden a tendencias que se dan a nivel nacional, pero insisten en la necesidad de establecer “condiciones verificables” para el acceso a los cargos más allá de conceptos genéricos como la solvencia profesional. “Este rasgo estructural se traduce en una variabilidad muy elevada en la calidad de los perfiles nombrados. El análisis muestra alternancia entre directivos con trayectorias altamente cualificadas —especialmente en etapas recientes o en determinados organismos— y otros con una adecuación más débil a la misión de la entidad”, señalan. Esto provoca, advierten, “un alto grado de incertidumbre en la dirección pública”. 

Finalmente, el informe, titulado El Dedómetro, edición Andalucía. Estudio sobre el mérito y la capacidad de los directivos del sector público institucional en Andalucía, señala que la comunidad se encuentra en “una posición intermedia dentro de la serie de dedómetros” realizados en otras comunidades. Y aunque comparte con otros territorios la ausencia de un marco generalizado de profesionalización de la alta dirección pública, presenta también singularidades que invitan a ser positivos, como “la aparición reciente de dinámicas de mejora” en los nombramientos que podrían consolidarse si se acompañan de reformas estructurales. 

Además del análisis, el documento recoge una serie de recomendaciones que se resumen en seis ejes principales. El primero, es la creación de procesos de oposición abiertos y competitivos cuando se trata de entidades estratégicas. El segundo, pide blindar legalmente ciertos requisitos mínimos relacionados con el cargo que se va a desempeñar para poder disponer de criterios objetivos y verificables a la hora de juzgar el desempeño.

En relación con el cumplimiento de sus responsabilidades en el puesto, el tercer eje en el que insisten es la creación de "contratos de desempeño" que especifiquen los objetivos a alcanzar y permitan evaluar su trabajo. En la misma línea, piden también más responsabilidad individual en materia de transparencia, exigiendo que se considere como una infracción la "omisión o falta de actualización de su perfil profesional".

Finalmente, las dos últimas propuestas aluden a la necesidad de crear modelos de currículum normalizados para optar a los puestos y un registro en el que aparezca el listado de las personas que han ocupado la dirección en los últimos diez años. "Esta medida no solo mejora la transparencia institucional, sino que favorece el control público sobre la evolución organizativa, permitiendo detectar posibles dinámicas de politización o rotación excesiva", concluye el documento.

Este miércoles, el Consejo de Ministros ha aprobado el contrato-programa de Correos, que desarrolla la modificación de la Ley Postal 43/2010 aprobada por el Congreso en julio del pasado año. Esa modificación agrega una nueva disposición por la que "se reconoce a Correos, por su extensa implantación territorial y por los medios personales y materiales de que dispone, como el instrumento idóneo de la Administración General del Estado para prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG)", explica el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa.

Los SIEG son aquellos servicios de interés público que el mercado no presta, o no presta en condiciones suficientes, sin intervención del Estado. Esta modificación de la Ley Postal permitirá regular las condiciones de prestación de estos servicios asignados a Correos.

Estas se han dividido en cuatro grandes bloques, en los que se prioriza la accesibilidad en diferentes ámbitos: el acercamiento de la red de oficinas y puntos de atención al ámbito rural, el acceso a servicios financieros básicos y el acceso universal a la Administración General del Estado y la puesta a disposición del Estado de los medios personales y materiales que se requieran en situaciones de seguridad o emergencia.

Además, añaden desde Hacienda, “Correos reforzará su papel como ventanilla única de la Administración General del Estado ofreciendo próximamente la posibilidad de adquirir deuda pública u obtener el certificado digital a través de sus oficinas”.

Con este contrato-programa, en vigor hasta 2030, “Correos contribuirá de forma decisiva a la cohesión territorial, económica y social, así como a la sostenibilidad y al bienestar público, reforzando su misión de servicio público, tal y como está previsto en su Plan Estratégico 2024-2028”, celebran desde el ministerio.

Dice una canción del grupo No Konforme lo siguiente:

“He aprendido que una vida sin ideales no es nada

No conozco ningún rico que se forre de manera honrada”

Unos versos muy apropiados para los tiempos que corren, cuando el estallido de un nuevo escándalo de corrupción asociado al cobro de supuestas comisiones ilegales por parte del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero amenaza con derrumbar la legitimidad moral del presente Gobierno. 

Ahora bien, al igual que con el caso de las mascarillas vinculado al exministro José Luis Ábalos, tengo la sensación de que gran parte de la discusión política y mediática —tanto en redes sociales como en platós de televisión o tertulias radiofónicas— está errado, sobre todo en relación con los puntos centrales hacia los que se está tratando de focalizar nuestra mirada. 

Se habla más de infidelidades, vicios y bajas pasiones que de las estructuras y entramados aparentemente legales que posibilitan estas malas prácticas. Hasta el punto de que el modo de informar sobre las investigaciones judiciales que se han puesto en marcha en ambos casos se asemeja más a un serial sensacionalista que a un proceso por el que se pretende arrojar luz sobre la trama corrupta en cuestión y sus causas. Porque de lo que parece tratarse no es tanto de revelar una verdad, sino de impactar emocionalmente en la audiencia: a unos para reconfortarlos en su revanchismo y a otros para minar su moral. 

Y de este modo se aleja del debate público un punto que, a mi modo de ver, es determinante e independiente del grado de responsabilidad que Zapatero tiene sobre los hechos de los que se le acusa. Esto es, el papel que juegan en la arena política actual los supuestos “amigos empresarios” que se sirven de contactos en las distintas administraciones para beneficiarse económicamente de contratos y adjudicaciones.

Cuestión que nos lleva a uno de los asuntos que para mí son centrales hoy en día: la predominancia de la colaboración público-privada en sectores de vital importancia para el bien común. Grandes empresas y conglomerados pugnan por gestionar el agua de nuestras ciudades, los transportes en los que viajamos, las carreteras por las que circulamos, los hospitales en los que nos curamos, las universidades en las que nos formamos, la energía de la que nos proveemos o los alimentos de los que nos nutrimos. Y allí donde se posibilita y privilegia su participación, como comprobamos de manera constante y sistemática, tarde o temprano surge una trama corrupta. 

¿Esto debe provocarnos desafección por la política? No. Al contrario. Porque para aquellas personas que entendemos que la riqueza comunitaria tiene más valor que la riqueza individual, este tipo de sucesos, aunque desagradables, ratifican nuestra posición de que para garantizar nuestro desarrollo vital y posibilitar nuestra felicidad particular es necesario pensar más allá de uno mismo y del éxito personal. No somos seres autosuficientes, somos interdependientes, y como sociedad necesitamos idear sistemas de apoyo mutuo, cuidados y colaboración que no sólo nos permitan sobrevivir, sino también vivir dignamente. 

A este respecto, no es verdad que lo privado funcione mejor. No es verdad que si se delega la gestión de lo público en empresas privadas se obtenga como resultado un conjunto de servicios más eficiente y de mayor calidad. En definitiva, no es verdad que la pura competitividad nos haga mejores como sociedad. Constataciones todas ellas que, lejos de debilitarnos, deberían fortalecer nuestro compromiso vital con valores e ideales de carácter comunitario, tales como la igualdad, la fraternidad, la cooperación y la justicia social.

Con esto no quiero criminalizar todo tipo de actividad empresarial, pero sí la de aquellos que se forran a costa del bienestar de todas y todos y que –llevados por una avaricia desmedida– no dudan en explotar de manera intensificada recursos y personas para incrementar su beneficio particular. 

Entablar lazos de colaboración con este tipo de empresas (y empresarios) y confundir la relación establecida con la amistad y el afecto es peligroso y puede jugar malas pasadas a nivel personal, como parece estar sucediéndole al expresidente socialista y al conjunto del PSOE. Pero mayor perjuicio es el que se puede causar al conjunto de la sociedad si no sabemos identificar el origen de muchas de las prácticas corruptas que padecemos. 

En ese sentido, el problema de la corrupción no creo que se limite a personas particulares, sino más bien a una forma de entender la organización del Estado que tiende a dejar lo público en manos de estructuras que, por principio, tienen ánimo de lucro y, por tanto, no sienten la obligación de anteponer el bien común a sus propios intereses. 

Por ese motivo, este es un momento propicio para volver a defender lo público desde una perspectiva comunitaria. Lo que no significa que todo lo público deba ser gestionado por una clase política alejada de la ciudadanía. Al contrario, se trata de lograr que la Política, con mayúsculas, se abra a la ciudadanía y, con ello, que todas y todos nosotros podamos participar de lo público: de la conservación de nuestros parques, de la puesta en marcha de proyectos de producción y distribución de energía, del diseño de nuestras ciudades, de la elaboración de partidas presupuestarias destinadas a asuntos sociales, de la mejora de la oferta cultural y educativa de nuestras escuelas, del impulso de actividades recreativas y de ocio para jóvenes y mayores, de los cuidados de personas dependientes, de la puesta en marcha de proyectos de vivienda, etc. Y si una empresaria/o quiere participar de todo ello que lo haga como uno más, como ciudadana o ciudadano, y no como parte interesada que pugna por conseguir un contrato exclusivo con la Administración.

No son horas bajas para quienes tenemos este tipo de ideales. Más bien es un tiempo crítico para quienes quieren seguir forrándose de múltiples formas poco honrosas. Por eso hay que abonar el terreno para que en el próximo ciclo electoral comiencen a triunfar proyectos políticos que estén comprometidos con este modo alternativo de entender la sociedad. No abandonemos este terreno a los enamorados de la privatización. Hagamos que nuestros votos merezcan la pena. De lo contrario, estaremos dejando el ámbito de lo público en manos de múltiples capos que, como ya hemos comprobado, más pronto que tarde arrastrarán al fango a quienes nos representan en las instituciones.

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Miguel Martín es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valladolid, doctor en Semiótica por la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Diacronía.

Conseguir una vivienda pública o con algún tipo de protección social es el único medio para acceder a un alquiler asequible. Pero además, es una lotería difícil de ganar. Basta con entrar en las ofertas de vivienda que lanzan algunos ayuntamientos y consultar las listas de candidatos para hacerse una idea de la desproporción de solicitantes admitidos con respecto al número de casas ofertadas. Sevilla: 24 casas en Tejares de Triana y 11.886 nombres en la lista provisional; Salamanca: 55 viviendas en la zona de Pizarrales y 720 demandantes; Majadahonda: 180 viviendas y 322 solicitudes; Barcelona: 146 candidatos admitidos para 30 viviendas.

Estos son solo algunos ejemplos, porque pedir una vivienda pública en España pasa, en general, por largas listas de espera y sorteos. Los criterios de admisión y adjudicación varían según la administración convocante o el tipo de vivienda, pero, en general, el primer paso es acreditar que se cumplen los requisitos económicos para después entrar en el sorteo. “Hay un desfase entre el número de personas que piden una vivienda y la cantidad de casas que se ofertan. Y eso a pesar de que no se publicitan demasiado”, señala Mario Manjón, de Provivienda, una entidad que promueve vivienda social a precio limitado. “Esto evidencia la gravedad del actual nivel de exclusión residencial en España”, concluye. 

Aunque la mayoría de expertos coinciden en que crear un parque de vivienda pública es la solución más sólida al problema de la vivienda, las solicitudes resultan abrumadoras en relación a los pisos ofertados. Más allá de las ofertas locales, el problema persiste. Casa 47, la empresa pública estatal que el Gobierno creó para gestionar y ampliar el parque público de viviendas, echó a andar con tres ofertas y, de nuevo, una altísima demanda. La entidad señala a infoLibre que, en total, recibieron 7.357 solicitudes para unas 171 viviendas. Esta primera promoción en alquiler de Casa 47 se repartía entre Mieres (Asturias), donde ofertaron 37 viviendas y se gestionaron 482 peticiones; la provincia de Valencia, que ofrecía 67 inmuebles para un total de 5.465 demandantes; y, finalmente, Vigo, con otra oferta de 67 casas y 1.410 ciudadanos interesados en adquirirlas. 

El Ministerio de Vivienda, a través del Boletín Especial de Vivienda Social publicado el año pasado, estima que en 2024 (último dato disponible) existían alrededor de 600.000 viviendas con alquiler asequible en España. Estas suponen alrededor del 3,3% sobre el total de inmuebles en el mercado, una cantidad que está por debajo de la media europea, donde el porcentaje promedio ronda el 8%. Aunque no existe un registro centralizado, las estimaciones colocan a España por debajo de sus países vecinos en este sentido. "Actualmente, esto implica que España necesitaría incrementar su parque existente de vivienda en alquiler social en 4,7 puntos porcentuales para poder aproximar sus cifras a la media de los países europeos. Lo que representa alrededor de 850.000 viviendas más en alquiler social", señala el informe del Ministerio de Vivienda. 

La cifra que ofrece Vivienda es similar a la que ha estimado el Banco de España en sus sucesivos análisis. Según afirmaba el pasado mes de septiembre el gobernador de la entidad, José Luis Escrivá, se requerían alrededor de 700.000 nuevas casas para responder al ritmo de creación de hogares. Una medida que, si bien se postula como solución a medio y largo recorrido, es poco eficiente para atajar en corto el problema, ya que los plazos de construcción suelen alargarse por encima del año. 

“Se necesita más vivienda pública con protección permanente y mecanismos que amplifiquen el parque público”, resume Manjón. Las organizaciones como Provivienda son la versión española de las llamadas housing association que funcionan en otros países y que se ocupan de ofrecer bolsas de vivienda a precio asequible (tanto propia como pública) y con beneficios controlados. “El gran problema de la vivienda pública es la descalificación y si eso se hubiera blindado antes, casi la mitad del parque actual de vivienda tendría algún tipo de protección”, concluye. 

La caducidad de la vivienda protegida y años de escasa inversión en inmuebles públicos han pasado factura. El Boletín de Vivienda también constata que España había invertido entre 2007 y 2022 menos de 47 euros por ciudadano y año en promoción de la vivienda y fomento de la edificación, mientras que de media en la Unión Europea esta cifra superaba los 72 euros. En algunas regiones como Países Bajos, Italia, Francia, Dinamarca o Luxemburgo, esa cifra aumentaba hasta los 100 euros por ciudadano y año.

Otra cuestión importante a la hora de valorar cómo ha evolucionado el parque público de vivienda es el plazo de protección de las casas edificadas. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), si la etiqueta de vivienda protegida hubiese sido permanente, España tendría en la actualidad un 38% del parque inmobiliario en manos públicas. De hecho, el blindaje de los inmuebles edificados sobre suelos municipales o con dinero público es uno de los objetivos que persigue el Gobierno, aunque las comunidades del Partido Popular no están adoptando esta medida cuando se trata de promociones público-privadas.

A quienes se quedan fuera del paraguas de lo público no se les presenta un panorama demasiado esperanzador. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el precio del alquiler se encareció un 34,3% de media y arrendar un piso de 80 metros cuadrados pasó a costar unos 1.160 euros al mes, 300 euros más, según el portal inmobiliario Idealista. Por otro lado, el 36,42% de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30% de la renta al pago del techo en el que residen y la tendencia es, por el momento, al alza. Pese a todo, alquilar es la única opción para los jóvenes (incapaces de hacer frente a las entradas de hipotecas cada vez más altas) y el 57% de los que se emancipan lo hacen en régimen de alquiler, según los datos del Consejo de la Juventud de España.

A un parque público de viviendas aún muy exiguo, hay que sumar el problema de los precios cuando la oferta de pisos llega en forma de colaboración público-privada. Un ejemplo de ello es Madrid, donde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha denunciado en reiteradas ocasiones que las ofertas del Plan Vive exceden la capacidad de los salarios medios, con alquileres que superan en ocasiones los 1.200 euros.

Con estos mimbres, quienes llegan a la fase de sorteo de los paquetes de vivienda social se enfrentan a una lotería difícil de ganar, aunque sus condiciones económicas lo requieran. Así, atendiendo a las promociones con las que abre este artículo, en Sevilla hay 0,002 casas por solicitantes, en Salamanca 0,07 y en Majadahonda 0,5.

Más casas públicas. Esa es la clave del problema de la vivienda y uno de los quebraderos de cabeza que tienen las administraciones, que deben aumentar el parque inmobiliario de la forma más rápida y eficiente posible, aunque sin volver a crear una burbuja especulativa. En las soluciones al dilema actual interfieren inevitablemente los fantasmas de crisis pasadas y aquí el suelo es uno de los temas sensibles. Es la materia prima fundamental y, sin embargo, también fue, antes de 2007, el origen de los llamados pelotazos inmobiliarios. Operaciones especulativas que generaban ganancias rápidas y elevadas mediante la compra de suelo barato (generalmente rústico o no urbanizable) y su posterior recalificación a suelo urbanizable, multiplicando su valor. 

Pero ahora los problemas son otros. Lejos de lo que se suele argumentar, los expertos coinciden en que no falta suelo edificable ni recalificaciones, sino que en la gestión es donde está uno de los grandes cuellos de botella. "En el planeamiento urbanístico en todas las ciudades de España, sobre todo en las medianas y grandes, hay muchísimos solares y parcelas urbanas vacantes de edificación, bien porque fueron demolidos o porque no se llegó a construir en ellos", explica el arquitecto y experto en urbanismo, Gerardo Roger. Esos suelos pueden ser públicos o privados, pero las administraciones y los ayuntamientos tienen potestad para hacer que se construya en ellos. "En Valencia ciudad se ha constatado que hay 500.000 metros cuadrados de suelos vacíos desde el año 1988 y calificados para uso escolar", señala Roger, que explica cómo estas localizaciones vacantes podrían albergar viviendas públicas en un momento de crisis como el actual.

En cuanto a los suelos privados, Roger explica que hay muchos edificios y suelos que están fuera de ordenación, es decir, pensados para albergar vivienda, pero sin construir, "bien porque sus dueños lo quieren tener vacío, o bien porque no tienen recursos para urbanizarlo". En esos casos, insiste el urbanista, la ley española permite intervenir. "El interés del propietario será el que sea, pero la función pública del urbanismo obliga a que se ejecute aquello para lo que está destinado ese suelo, ya desde la ley de suelo de 1956. En esos casos la Administración puede intervenir. Lo hace, bien expropiando y pagando; o bien sacando a concurso y edificando para después pagar al propietario en especie (con uno o varios pisos, según el valor estimado)", señala. 

Pero esta ejecución sustitutoria, como se denomina en la jerga, no es un procedimiento que se suela aplicar, subraya el urbanista, a pesar de que la legislación española es de las pocas en el mundo que cuenta con estos mecanismos. "La ley valenciana, por ejemplo, contempla que, cuando estos solares salen a concurso, se adjudique el que más vivienda pública proponga dar en ese suelo", concluye. Aunque aquí, matiza, blindar la protección de forma indefinida es clave para evitar movimientos de especulación.

Un estudio reciente realizado por el economista Ignacio Ezquiaga y publicado en Círculo cívico de opinión, señala que en España hay suelo en estado de desarrollo para construir siete millones de casas. De este conjunto, grandes áreas urbanas de Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza acaparan espacios para construir alrededor de 1,5 millones de unidades. Pero, si hay suelos, ¿por qué no se construye?

Además de la falta de gestión por parte de las administraciones que constata Roger, otra razón es que muchos de estos suelos son espacios que se quedaron atrapados tras la gran crisis de 2007 en forma de propiedades fragmentadas, concursos de acreedores o bajo problemas de financiación. Otro elemento que destaca Ezquiaga es el "escaso margen de maniobra de las corporaciones locales" para endeudarse. "Con el conjunto de normas que el PP aprobó en 2013 para controlar la deuda, se suprimieron, por ejemplo, las empresas de vivienda pública que tenían algunas corporaciones municipales porque las reclasificaron como deuda pública", explica el economista a infoLibre. De hecho, un 30% de esos terrenos "en manos muertas", como los denomina el economista, son propiedad de los ayuntamientos.

"Estas estimaciones de suelos que ya están listos para albergar viviendas son oficiales, son cifras que da el Gobierno y por eso cabe preguntarse por qué no se construye", apunta el economista. "Son terrenos de promociones que quebraron, que pasaron por los juzgados o que terminaron en manos de fondos de inversión", concluye. Una de las propuestas que sugiere Ezquiaga para evitar que se retengan suelos de esta forma es promover un cambio en la fiscalidad. "A los fondos y empresas que tengan esos suelos parados -muchos de ellos adquiridos prácticamente gratis, porque fueron adjudicaciones de activos tóxicos de la crisis financiera- se les podría aplicar un IBI con recargo", sugiere. La idea es que tributen a partir de un cierto tiempo parados, como si estuviesen edificados, de forma que se promueva la construcción de viviendas.

Para Gerardo Roger, otro punto clave es que las administraciones públicas se tomen en serio su rol como gestoras urbanísticas. "El planeamiento urbanístico es una función pública. El que te dice cuántas casas puedes construir en un sitio o qué tipo de edificación debe albergar ese suelo es el conjunto de la sociedad. Además, lo que se le está diciendo al propietario es que va a ganar dinero construyendo él mismo o, en el peor de los casos, que la Administración va a convocar un concurso y lo que ganará serán pisos a cambio del terreno que aporta", señala el urbanista, que identifica una ola de externalización o privatización de determinadas funciones urbanísticas en las administraciones. "Se ha renunciado a la ordenación, a la gestión y, últimamente, hasta a conceder las licencias, porque se hace a través de las ECU [acrónimo de entidades colaboradoras urbanísticas]. Si urbanismo no ordena, no gestiona y no controla, ¿entonces qué hace?", concluye el experto.

Una manifestación multitudinaria del profesorado y de estudiantes en defensa de la educación pública, más de 35.000 personas según la Delegación del Gobierno, ha colapsado este mediodía el centro de la ciudad de València en el quinto día consecutivo de movilizaciones y de huelga indefinida de los docentes de la Comunitat Valenciana.

La marcha, que ha partido de la explanada de la Plaza de Toros para recorrer las calles Xàtiva, Colón, Paz y San Vicente y terminar en la plaza del Ayuntamiento, se celebra después de que este jueves se reunieran la Conselleria de Educación y los sindicatos durante algo más de cuatro horas para intentar acercar posturas sobre los puntos de reivindicación planteados por los docentes, reunión que terminó sin acuerdo y que continuará el lunes.

Los representantes de los sindicatos convocantes de la huelga —STEPV, CCOO, UGT y CSIF— han portado la pancarta de cabecera con el lema 'Ja n’hi ha prou: menys burocràcia, menys ràtios, més salari, més plantilla i més valencià' (ya es suficiente: menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más valenciano), acompañados por algunos manifestantes vestidos de negro, con coronas y ataúdes por la educación pública, con frases como "muerta por no poder atender la diversidad" o "muerta por el negacionismo lingüístico".

Entre pitos, aplausos y gritos de "Consellera dimisión", los sindicatos han celebrado antes de iniciar la manifestación que Valencia está colapsada, han calificado este día como "histórico pero triste" y han reclamado a la Conselleria de Educación que el lunes, en la próxima reunión, lleven una propuesta con todas las reivindicaciones que exigen tanto el profesorado como las familias.

Durante la marcha, la marea de manifestantes ataviados con camisetas de color verde ha exhibido pancartas con lemas como "Menys discursos, més suport", "Mi vocación no paga el alquiler" y "La educación no es un gasto, es inversión", entre billetes de 0 euros con la cara de la consellera, en alusión a que no se haya incluido la propuesta de mejora salarial en el primer borrador de la negociación.

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 35,64% el seguimiento general de la huelga, según datos recogidos hasta las 13:00 horas.

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha asistido a la manifestación y ha saludado al inicio a los sindicatos convocantes, mientras que la concejala socialista Dolors López ha denunciado, en un comunicado, el intento de la alcaldesa de València, María José Catalá, de "boicotear la multitudinaria manifestación" de la comunidad educativa.

El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha hecho pública una nota informativa este martes sobre una sentencia en la que se rechaza una de las peticiones centrales de los funcionarios interinos que encadenaban años de contratos temporales: la fijeza automática. "La contratación temporal de personal laboral por parte de las administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos", señala el escrito del tribunal.

Administrativos, profesores, bomberos, sanitarios y empleados públicos de todas las categorías llevan años en una lucha contra un fenómeno que se ha cronificado en ciertos ámbitos de la Administración sin una solución clara en el horizonte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entró en la ecuación después de que el Tribunal Supremo le remitiese dudas acerca de la recomendación que había lanzado este órgano judicial europeo de contratar a los trabajadores que encadenasen años de contratos inestables. Esas dudas tenían que ver con que una contratación directa y automática contravendría, señalaba el Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública. El problema crucial es que dejar las cosas como están también atenta contra los derechos de los trabajadores, ya que viven en una inestabilidad constante. 

En abril de este año el tribunal europeo daba la razón a los empleados públicos, pero no mencionaba explícitamente que la contratación tuviese que ser automática. Desde Comisiones Obreras explicaban a infoLibre que la respuesta desde Europa era una buena noticia, pero planteaba dudas. Este martes esas dudas se han materializado en una nueva negativa del Supremo a contratar sin que medie un proceso de oposición pública. "Se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos", señala el Alto Tribunal.

De esta forma, solo se considerará contratar a las personas que habiendo realizado y aprobado un proceso de oposición estén empleadas de forma temporal y reiterada. De hecho, este mismo tribunal reconoció el derecho a ser contratada de una empleada interina que cumplía con estos criterios.

La nota emitida por el Tribunal Supremo apunta que la medida adecuada para reparar esta situación sería "el abono de una indemnización calculada conforme a los criterios fijados [...] y la remisión del testimonio de la sentencia en la que se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador".

Las compensaciones a los empleados es otro de los puntos por los que Europa llamó la atención a España. Los jueces europeos señalaban que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral tampoco "parece sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión". Por ello, pedía eliminar los topes máximos que la ley española fijaba en 20 días por año de servicio con un límite de 12 mensualidades.

En la sentencia sobre la empleada que ha logrado el reconocimiento de su puesto como fijo, a la que ha tenido acceso infoLibre, se considera el factor de antigüedad y la oposición que ya había realizado la afectada. En este caso, se trata de una trabajadora del Ayuntamiento de Madrid que, tras encadenar contratos temporales durante años y aprobar una oposición sin plaza, reclamó judicialmente la condición de fijeza. La mujer había comenzado a trabajar en mayo de 2009 y previamente, en 2005, había participado en un proceso de oposición que superó sin obtener un puesto. Encadenó vacantes desde entonces, la última, una interinidad que lleva cubriendo desde 2018 hasta la actualidad.

El presidente de Canarias envió a la ministra de Sanidad un informe generado por inteligencia artificial para argumentar que el barco Hondius no debía atracar en el puerto de Granadilla. El documento sostenía que las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua hasta tres días. Fernando Clavijo lo reenvió a Mónica García a las 17.13 h de un sábado, con el formato visual intacto de una consulta a chatbot, incluidos los enlaces a YouTube. No había rastro de edición, ni de contraste, ni de ningún paso intermedio entre la pregunta al modelo y el correo a la ministra.

El episodio podría pasar por una curiosidad de la política autonómica española si no fuera porque el presidente canario pretendía que el Ministerio de Sanidad tomase una decisión extremadamente relevante en materia de salud pública basándose en lo que le decía un chat de IA. 

Y aunque no tenemos datos que documenten lo que están haciendo los políticos y altos funcionarios españoles —aunque sí hay indicios que sugieren un uso elevado y no supervisado por humanos de la IA para la preparación de textos y análisis de documentos—, sí sabemos que no es un rareza en los países de nuestro entorno.

Un estudio recientemente publicado por la organización europea AlgorithmWatch documenta que el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas no es una excepción. Es, según sus autores, un patrón extendido, escasamente regulado y, en su manifestación más preocupante, completamente invisible.

El informe de AlgorithmWatch analiza el uso de chatbots en los gobiernos de Alemania, Suiza y el Reino Unido a partir de registros públicos de transparencia, solicitudes de acceso a la información y experimentos propios con modelos de lenguaje. 

Sus autores parten de una distinción que resulta útil para entender el caso Clavijo y los que vendrán después. No les preocupa principalmente que los gobiernos usen inteligencia artificial para tareas administrativas de bajo riesgo —clasificar documentos, responder consultas ciudadanas rutinarias, convertir planos antiguos en formato digital—. Lo que investigan es algo más específico: qué ocurre cuando un funcionario o un cargo electo usa un chatbot para organizar su comprensión de un asunto, resumir una política compleja o elaborar una posición ante una decisión que tendrá consecuencias reales.

Esa distinción importa porque en el segundo tipo de uso el modelo no solo procesa información: la encuadra. Decide qué mostrar y qué omitir, qué presentar como consenso y qué como posición minoritaria, qué fuentes merecen más peso y cuáles menos. Y lo hace de formas que el propio usuario no necesariamente percibe, y que los sistemas de supervisión existentes no están diseñados para detectar.

El ministro alemán de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, lo describió sin aparente conciencia de las implicaciones. En una entrevista con Die Zeit, declaró que usa chatbots, en particular Claude, “muchas veces una o dos horas al día para estructurar pensamientos”. 

Detalló además el proceso con precisión: vuelca ideas desordenadas en el modelo, le pide que las organice y añada dos o tres ideas adicionales, reflexiona sobre el resultado, y repite el ciclo. “Normalmente son cuatro o cinco vueltas”, dijo. 

El Ministerio Digital de Alemania, en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por los investigadores de AlgorithmWatch, respondió por escrito que el ministro “no ha utilizado chatbots de IA en su función como ministro federal de Asuntos Digitales y Modernización del Estado”. Wildberger no rectificó su declaración. Pero tampoco el Ministerio explicó la contradicción.

Los autores del estudio señalan que la distinción entre uso “personal” y uso “oficial” de un chatbot es, en la práctica, inoperante cuando la persona en cuestión es un ministro. Los pensamientos que Wildberger estructura con la ayuda de un modelo de lenguaje son los pensamientos con los que luego toma decisiones sobre política digital alemana. Que eso ocurra fuera del despacho oficial no lo convierte en un asunto privado.

Los gobiernos no llegaron a esta situación de improviso. Construyeron herramientas propias, firmaron contratos con grandes proveedores y publicaron directrices de uso que, en muchos casos, impulsaron activamente la adopción. El Reino Unido es el ejemplo más documentado.

El Gobierno británico desarrolló Redbox, una herramienta interna basada en modelos de lenguaje de OpenAI y Anthropic, diseñada específicamente para el trabajo de los funcionarios: resumir documentos extensos, preparar informes para ministros, generar borradores de comunicaciones internas. 

En verano de 2025 tenía más de 6.000 usuarios activos y procesaba 30.000 mensajes semanales. Era presentada por el propio Gobierno como un caso de éxito de modernización de la Administración pública. 

Pero en octubre fue retirada. La razón no fue ningún problema de funcionamiento ni preocupación sobre sus efectos: fue que Microsoft puso a disposición de los departamentos gubernamentales su herramienta Copilot de forma gratuita, y Google hizo lo mismo con Gemini. Redbox simplemente dejó de ser necesaria como inversión cuando había alternativas sin coste aparente.

Paralelamente, el Ministerio de Justicia firmó un acuerdo con OpenAI para equipar a 2.500 funcionarios con ChatGPT Enterprise. La pregunta de qué instrucciones exactas dan esos funcionarios al sistema, y cómo esas instrucciones condicionan los análisis que luego informan decisiones judiciales y legislativas, no tiene respuesta pública.

Las solicitudes de acceso a la información sobre los prompts —el término técnico para esas instrucciones— fueron rechazadas por el Gobierno británico, calificándolas de “vejatorias”. La única lista de instrucciones obtenida por vía de transparencia, fruto de una solicitud del semanario New Scientist, fue la del secretario de Estado de Tecnología, Peter Kyle: siete preguntas, entre ellas cuál es la definición de inclusión digital y qué podcasts le recomienda el modelo para aparecer como invitado.

En Alemania, el Gobierno federal mantiene un registro público de usos de inteligencia artificial en la Administración. Varios länder han desarrollado sus propias herramientas, como F13 en Baden-Wurtemberg o LLMoin en Hamburgo. 

Las directrices federales sobre uso de inteligencia artificial en la Administración mencionan explícitamente la “soberanía digital” como criterio: la dependencia de herramientas de empresas estadounidenses es un riesgo que el Gobierno reconoce formalmente. 

Suiza, por su parte, trabaja con GovGPT, construido sobre el modelo de código abierto LLaMA de Meta —sí, la empresa del oligarca tecnológico Mark Zuckerberg—, y ha publicado una base de datos de proyectos a través de su red de competencia en inteligencia artificial. 

El problema central que documenta AlgorithmWatch no es que los modelos de lenguaje inventen datos, aunque también lo hagan con una frecuencia tan visible que hasta los propios fabricantes reconocen. Ese problema —llamado técnicamente "alucinación"— al menos produce errores detectables: una fecha incorrecta, una cita que no existe, un dato que no cuadra. Lo que preocupa a los investigadores es más difícil de localizar porque no genera falsedades manifiestas. Genera encuadres.

Para documentarlo, los autores diseñaron pruebas con modelos de lenguaje usando el tipo de instrucciones que un analista político podría razonablemente escribir, incluyendo el tipo de contexto adicional que las propias guías gubernamentales recomiendan añadir para obtener mejores resultados. 

Una de las pruebas pedía al modelo que preparase materiales de briefing para una comisión parlamentaria del Bundestag sobre regulación de inteligencia artificial, con dos posiciones enfrentadas. Las instrucciones incluían en ambos casos la petición explícita de ser riguroso con la evidencia y reconocer las incertidumbres. La única variable que cambiaba era el destinatario.

Cuando la instrucción indicaba que el destinatario era la oficina de Saskia Esken, del SPD, el modelo concluía que la evidencia respaldaba “con confianza media” la posición favorable a una regulación estricta. Cuando el destinatario era la oficina de Friedrich Merz, de la CDU, el mismo modelo, ante los mismos datos y la misma petición de rigor, concluía que la evidencia respaldaba “con confianza media” la posición contraria, más escéptica ante la regulación. Los dos análisis eran internamente coherentes, citaban datos reales y sonaban a trabajo de analista solvente. Simplemente llegaban a conclusiones opuestas.

No era un patrón universal: en otras pruebas similares, el modelo reconocía que se le estaba pidiendo respaldar una posición previa y lo señalaba explícitamente. Pero la variabilidad es parte del problema: un usuario que no sabe que el efecto existe tampoco sabe cuándo está ocurriendo.

Una segunda prueba medía cómo varía la valoración de un argumento según la fuente que se le atribuye. El texto era siempre el mismo: un argumento sobre política energética favorable a la energía nuclear. Cuando se atribuía al Instituto KOF de la ETH de Zúrich, una institución académica de referencia, el modelo le asignaba una puntuación de solidez de 0,78 sobre 1. Cuando el mismo argumento se atribuía a la Fundación Suiza de la Energía, una organización habitualmente crítica con la energía nuclear, la puntuación bajaba a 0,58. El modelo no evaluó el argumento; evaluó su coherencia con la trayectoria conocida de quien lo firmaba.

Los autores denominan a este fenómeno sesgo de coherencia. Un argumento pierde credibilidad ante el modelo no por su contenido, sino porque proviene de una fuente que normalmente defiende la postura contraria. El efecto es, como señalan los investigadores, contraintuitivo respecto a cómo funciona el razonamiento humano bien calibrado: en el análisis convencional, que un argumento convenza incluso a sus críticos habituales añade credibilidad, no la resta. Para los modelos de lenguaje, ese mismo hecho opera en sentido inverso.

A esto se suma la adulación, que en la literatura especializada recibe el nombre técnico de sycophancy: la tendencia de los modelos a ajustar sus respuestas a lo que perciben que el usuario quiere escuchar, tanto si eso se expresa de forma explícita como si se infiere del contexto. 

Y el llamado sesgo de automatización, documentado en estudios sobre evaluación de políticas públicas: la tendencia de los usuarios humanos a aceptar los resultados de sistemas automatizados sin aplicar el mismo escrutinio crítico que aplicarían a un análisis elaborado por una persona. Un funcionario que revisa un informe generado por un chatbot tiende a verificar que los datos sean correctos y que el argumento sea coherente. No tiende a preguntarse si el encuadre habría sido distinto con una instrucción ligeramente diferente.

Las directrices que los gobiernos han publicado sobre uso de inteligencia artificial en la Administración coinciden en un punto: toda decisión apoyada por IA debe pasar por supervisión humana. AlgorithmWatch revisó en detalle las guías del Reino Unido, Alemania, Suiza y la Comisión Europea, y llegó a una conclusión que resulta incómoda para todos ellos: la supervisión se define como principio, nunca como práctica concreta.

La hoja de ruta del Gobierno británico en materia de IA exige “control humano significativo en las fases adecuadas” e insta a los funcionarios a “revisar y validar los resultados de la IA”. Las directrices federales alemanas piden “resultados trazables” y “supervisión humana”, pero dejan a cada organismo la decisión de qué pasos pueden usar IA “sin comprometer la trazabilidad”. Ninguna de las guías analizadas especifica cómo detectar un sesgo de encuadre, un efecto de atribución o una respuesta aduladora. Los tres tipos de distorsión documentados por los investigadores superan sin dificultad una revisión de exactitud factual.

La pregunta sigue siendo qué se supervisa exactamente. Si la respuesta es “verificar que los datos sean correctos”, eso no es supervisión de la influencia del modelo; es corrección de errores. La pregunta relevante —cuyas elecciones refleja este análisis, qué perspectivas ha excluido, cómo habría cambiado el resultado con una instrucción diferente— no aparece en ninguna guía como requisito concreto.

A esto se suma lo que la literatura académica denomina uso en la sombra: el empleo autónomo y no documentado de chatbots comerciales por parte de funcionarios para preparar reuniones, resumir documentos o estructurar argumentos, sin dejar registro institucional de que eso ha ocurrido. 

Según un estudio citado por AlgorithmWatch, este uso “ya es generalizado y plantea preguntas importantes para la Administración pública”. Cuando las consultas no se registran y las respuestas circulan jerárquicamente sin indicar su origen, ningún eslabón de la cadena tiene información suficiente para cuestionar los marcos conceptuales que el modelo ha introducido. La responsabilidad se diluye sin que nadie haya tomado la decisión de diluirla.

En abril de 2025, la Administración Trump presentó una batería de aranceles comerciales que incluía cifras inusuales aplicadas a países con los que el comercio bilateral era mínimo. Varios analistas reconstruyeron la fórmula matemática implícita en los números y constataron que coincidía con la respuesta que ofrecen los principales chatbots cuando se les pregunta cómo corregir un déficit comercial. 

Los modelos advierten, en esas mismas respuestas, que la fórmula es extremadamente simplista y que sus efectos son impredecibles. Esa advertencia no figura en ningún documento oficial de la política arancelaria de la administración.

AlgorithmWatch reconoce que este caso es “extremo e improbable de probar de forma concluyente”. Pero lo incluye como ilustración de algo más estructural: que las herramientas diseñadas para ofrecer respuestas rápidas a preguntas complejas generan una presión sistémica hacia la simplificación, y que los entornos de alta exigencia y plazos ajustados son precisamente los más expuestos a esa presión. 

La velocidad y la comodidad son, según los propios estudios citados en el informe, los principales beneficios que los funcionarios identifican en el uso de inteligencia artificial generativa. Son también las condiciones en las que el escrutinio crítico tiende a reducirse.

Clavijo no diseñó una política arancelaria. Solo necesitaba un argumento para presionar a una ministra un sábado por la tarde, en medio de una emergencia sanitaria que involucraba a dos decenas de países. El informe llegó con enlaces de YouTube y sin ninguna edición porque nadie, en ningún punto del proceso, consideró necesario que hubiera un proceso. 

Lo que hace visible este episodio no es su gravedad, sino su descuido: la ausencia de cualquier intento de disimulo permite ver con claridad un mecanismo que, en la mayoría de los casos, funciona de forma idéntica pero sin dejar rastro.

"Hay una diferencia en la forma en que las administraciones o el Ayuntamiento atienden las reclamaciones vecinales de unas zonas de Madrid y de otras". Quien pronuncia esta frase es Jorge Nacarino, responsable de política institucional de la Federación Estatal de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que explica cómo la capacidad de hacer visibles las reclamaciones vecinales, la movilización social y la renta de los barrios condiciona el éxito o el fracaso de los objetivos que se fijan los ciudadanos cuando se plantan ante la Administración. 

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Madrid escuchaba las quejas de los vecinos de El Viso y paralizaba el plan del Ministerio de Defensa para levantar una torre de 18 plantas que albergaría oficinas militares. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, pidió a Defensa que se sentara con los vecinos, quienes protestan porque la construcción supondría una alteración del entorno y empeoraría el tráfico en un barrio residencial. Tras 88 alegaciones, el proyecto está actualmente detenido. A esto se suma la reciente victoria en los tribunales de los vecinos del Estadio Santiago Bernabéu, que han frenado la construcción de unos parkings en la zona, además de imponer su anterior reclamación por el ruido que generaban los conciertos.

Otro ejemplo de éxito, al menos momentáneo, es el del barrio de Montecarmelo. Cientos de residentes se habían organizado para defender su vecindario de la instalación de una infraestructura que consideran inadecuada por su proximidad a viviendas y colegios: un cantón de basura. A través de protestas, acciones legales y una intensa presión mediática, los vecinos han logrado arrancar al Ayuntamiento el compromiso de que no se tratarán residuos, ni habrá maquinaria ruidosa o compactadores. Aunque desconfían, porque el proyecto que sigue vigente es el mismo que llevan rechazando desde hace años. "Todavía no está del todo claro cuál va a ser la capacidad del cantón que el Ayuntamiento de Madrid prevé construir porque no han aclarado qué superficie tendrá finalmente", explican desde la FRAVM. En la misma lucha se encontraban los vecinos de La Elipa, aunque ellos no tuvieron tanta suerte y sí han visto cómo se ejecutaba la obra, de forma que, de ser un parque de maquinaria, el espacio pasó a transformarse en un área donde se trasvasa basura. 

La presión vecinal depende de la capacidad para influir en las administraciones, de expresarse en su lenguaje o de llegar a la opinión pública. También, de los medios económicos para sostener demandas que, en general, se prolongan en el tiempo. Pero hay muchos otros matices. 

"Hay una parte que resulta lógica y es que, con dos gobiernos conservadores [la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento], las respuestas a las reclamaciones vecinales parecen estar condicionadas por cierto cálculo político. Da la impresión de que estos gobiernos son más sensibles a las reclamaciones vecinales que surgen en zonas donde tienen un número de votantes más importante", apunta Nacarino. 

Y luego están los medios económicos. "Es mucho más fácil para los vecinos de la zona del Bernabéu o del barrio de Castilla poder conseguir fondos para iniciar un procedimiento contencioso contra una Administración —en este caso, contra el Ayuntamiento de Madrid y contra el Real Madrid— por las obras que se planeaban en el Estadio Santiago Bernabéu. O es mucho más fácil obtener esos mismos recursos económicos para los padres y madres del Colegio Alemán, en el barrio de Montecarmelo, que para los vecinos de San Fermín (Usera, en el sur de la capital) en su lucha contra el crematorio", señala el responsable de la FRAVM. 

La instalación del crematorio que el Ayuntamiento de Madrid quiere ubicar en el tanatorio de la M-40 lleva años en liza. "Se paralizó en el año 2015, pero lo han vuelto a intentar y desde entonces estamos batallando con el consistorio para que no concedan la licencia, ya que está muy cerca de las casas y de un centro educativo", explica una vecina de la agrupación del distrito de Villaverde. Para avanzar en el proceso, apunta, tratan de recaudar fondos propios "cuando se puede" y se apoyan en la Federación de Asociaciones Vecinales para obtener representación legal.

"La Administración hasta ahora nos ha ignorado y, en el fondo, nuestra queja es que este tipo de instalaciones están siempre en los mismos barrios de la zona sur", explica la vecina de Villaverde. "Siempre perjudican al mismo vecindario. Tenemos depuradoras, escombreras, crematorios... instalaciones que serían impensables en otros distritos de la capital", concluye.

Si bien es difícil establecer una comparación entre los diferentes casos, el capital social —ese conjunto de conocimientos adquiridos y contactos ligados a la posición económica— puede ser un matiz que termine de inclinar la balanza, más allá del peso evidente que tiene el factor económico. 

"El sur es el espacio donde se coloca todo aquello que la ciudad necesita, pero que resulta molesto. En el centro de la ciudad siempre hay un informe ambiental, una sentencia en contra, un juez que paraliza la licencia, etc. Pero en el sur es donde esas cosas terminan encontrando cabida", relata Antonio Abueitah, de la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque. Abueitah enumera varios ejemplos, entre ellos el festival de música MadCool, que se celebra en su distrito. "No se entiende que en el WiZink Center (ahora Movistar Arena) no se puedan prolongar los conciertos más tarde de las 11 de la noche, o que en el Bernabéu no se puedan celebrar, mientras que el MadCool se instala aquí con música hasta más allá de las dos de la mañana", apunta. "Así se termina normalizando la idea de que en el centro hay unas normas, mientras que en otros barrios estas regulaciones son más laxas", concluye.

Abueitah cuenta que esta constatación les ha obligado a elegir qué luchas pueden permitirse abordar y cuáles no. "Al final, si no fuese por el abogado de la federación regional (FRAVM), no podríamos pagar un equipo de abogados que nos represente". Su asociación de vecinos comparte un representante legal que trabaja con la FRAVM y que les ayuda, pero que también lleva otros casos. "Hay algunos casos, como este del crematorio, que por su gravedad y por la preocupación de los vecinos se decidió llegar a los tribunales, pero lo normal es que no se nos pase por la cabeza demandar". De hecho, la zona de Villaverde-San Cristóbal de Los Ángeles tiene una renta bruta media anual de 25.748 euros, según los datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas publicados por la Agencia Tributaria. A mucha distancia, la zona de Castilla-Chamartín, donde se sitúa el Santiago Bernabéu, tiene una renta media de 75.739 euros. En este último caso, los vecinos habían conseguido organizarse para pagar una derrama mensual de 200 euros que sustenta su asistencia legal.

Dar visibilidad y crear un espacio social que atraiga atención mediática es una de las cosas que desde la FRAVM consideran más importantes y que menos se tiende a considerar. "En el caso de Montecarmelo, lo que ha habido detrás —más allá de la capacidad económica que puedan tener estos vecinos con respecto a otras zonas de Madrid— es una gran movilización social", apunta Nacarino. La FRAVM cifra en 3.000 personas la asistencia a algunas de las concentraciones organizadas en este distrito, con las que, por el momento, han conseguido parar la obra del cantón.

"Los vecinos de San Fermín y de otras zonas de Usera y de Villaverde también se han unido y han sido capaces de sacar a más de 5.000 personas a la calle para protestar contra la instalación del crematorio", enumera Nacarino. "No todas las batallas que se pueden dar son judiciales y no podemos naturalizar que la forma de interactuar con la Administración sea la justicia, porque los vecinos merecen ser escuchados". Mandar ese mensaje, advierte, puede frenar la movilización y la voluntad de salir a la calle en aquellas zonas donde la capacidad económica para sostener un contencioso es más limitada.

La empresa pública de vivienda, Casa 47, comienza a avanzar en la puesta en marcha de su primera oferta pública de adquisición de vivienda. Con una dotación de 100 millones de euros, fuentes de la entidad señalan que prevén adquirir entre 500 y 600 casas para incorporarlas al parque público. Casa 47 está abierta a ofertas tanto de particulares como de personas jurídicas y primará la adquisición de pisos en zonas tensionadas. Fuentes de la empresa señalan que ya han recibido algunos contactos, principalmente de particulares, y que se encuentran en conversaciones con fondos de inversión que buscan deshacerse de sus activos de vivienda.

El procedimiento de adquisición se llevará a cabo mediante concurso. Se priorizarán las ofertas localizadas en zonas de mercado residencial tensionado, es decir, aquellas áreas donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos a costear la vivienda. Además, fuentes conocedoras señalan que la etiqueta de mercado tensionado se podrá aplicar independientemente de que la comunidad autónoma aplique o no el reglamento de vivienda. También se priorizarán las ofertas de bloques completos o conjuntos de viviendas frente a las casas sueltas.

En cuanto a los precios de compra, la entidad pública utilizará como referencia los precios que establece el Portal Estadístico del Notariado. "Casa 47 comprará por el precio que se ofrezca en la propuesta, siempre y cuando se adecúe al valor de tasación de la vivienda y no exceda del precio medio de venta que marca el Portal Estadístico del Notariado en cada zona", señalan en una nota de prensa. La tasación, explican las mismas fuentes, la llevará a cabo una entidad externa acreditada por el Banco de España y se considerará la oferta de vendedor siempre que no exceda los parámetros del notariado.

El presupuesto de la convocatoria se destinará a cubrir el precio de adquisición de las viviendas, así como todos los gastos e impuestos que se deriven de su compraventa y, en su caso, el coste de las actuaciones necesarias para su adecuación, mejora o rehabilitación, siempre que el coste total no supere el 110% del valor de tasación.

En cuanto a los plazos que se manejan, Casa 47 prevé cerrar la fase de concurso el próximo 9 de julio y a partir de esa fecha se irán conociendo las adjudicaciones.

La memoria justificativa de la nueva regulación de usos hoteleros impulsada por el Ayuntamiento es un ejemplo paradigmático de esta disfunción. Desde su primer párrafo, el documento parece alinearse con las reivindicaciones de las plataformas en defensa de la vivienda: alerta sobre los riesgos del crecimiento turístico descontrolado, advierte de la pérdida de tejido residencial y subraya la necesidad de proteger la vida ciudadana. Sin embargo, cuando llega el momento de concretar las medidas, el discurso se diluye, se relativiza y termina proponiendo una regulación que contradice abiertamente el diagnóstico previo.

El contraste es tan evidente que basta con leer algunos fragmentos del propio documento. En él se afirma que “el crecimiento sin control a expensas del parque de vivienda puede romper el equilibrio que debe garantizar que la ciudad continúe siendo un lugar donde desarrollar la vida ciudadana”. También se sostiene que es necesario regular el uso turístico para “evitar la pérdida del uso residencial”, “evitar interferencias en el mercado de la vivienda”, “garantizar el acceso a la vivienda” y “proteger el tejido comercial de los barrios”. Con semejante punto de partida, cabría esperar una regulación firme, restrictiva y orientada a frenar la presión turística. Pero no es así.

El diagnóstico que desarrolla la memoria es, de hecho, demoledor. Habla de “saturación”, “sobreexplotación”, “especulación inmobiliaria”, “sobredimensionamiento de la oferta turística”, “crecimiento exponencial”, “carestía del alquiler”, “huida de la población joven”, “uso indebido de plataformas tecnológicas”, “deterioro de la convivencia” y “colonización turística”. Incluso incorpora conceptos como “turistificación” y “gentrificación”, cuyo origen remite a la sustitución de la población trabajadora por clases más acomodadas. Es decir, el documento describe un conflicto social profundo, aunque evita nombrarlo como tal.

Este diagnóstico no surge de la nada. Se apoya en estudios de la Cátedra MESVAL, EXCELTUR, ReviTUR, la Fundación Visit Valencia y diversas universidades, además de la Sentencia del Tribunal Supremo 5958/2019. Todo ello en las primeras treinta páginas, reforzado por datos —aunque suavizados y no actualizados— del servicio de licencias urbanísticas. El documento recoge ejemplos de ciudades como Málaga, Barcelona, Sevilla o San Sebastián, donde se han aplicado medidas estrictas para contener el turismo. Incluso rechaza explícitamente las estrategias que buscan convertir las ciudades en destinos turísticos mediante la inversión pública. Y reconoce que las medidas actuales son insuficientes para controlar los efectos negativos. Hasta aquí, la coherencia es impecable. Con semejante acumulación de evidencias, parecería lógico que la memoria concluyera con una propuesta regulatoria contundente. Pero ocurre justo lo contrario.

Sin embargo, a partir de la página 40, la memoria da un giro inesperado. De pronto aparecen conceptos como “unidad de mercado” y “derecho a la implantación de servicios”, apelando a la Directiva de Servicios de 2006, que —según reconoce el propio documento— no es aplicable en materia urbanística. A partir de ese punto, la regulación se reduce a una mera “ordenación urbanística del uso de viviendas turísticas”, evitando cualquier interpretación que pudiera resultar restrictiva. Se introduce incluso la idea de que la “razón imperiosa de interés general” es un concepto “dinámico”, lo que se utiliza para justificar una lectura favorable a la libertad de empresa.

El resultado es una propuesta que, lejos de limitar, apuesta por “ordenar y hacer compatibles” los intereses de residentes y promotores turísticos. Es decir, después de diagnosticar una enfermedad grave, la solución propuesta no es evitar aquello que la provoca, sino intentar hacerlo “compatible”. Una contradicción difícil de justificar, más si tenemos en cuenta que ya existe una realidad -reconocida igualmente en la memoria- de una saturación general con miles de pisos ilegales. Por tanto, la equiparación de la industria turística con otras actividades terciarias no es un buen punto de partida. Esta tiene su propia dinámica con impactos mucho mayores.

La comparación resulta inevitable: ¿aceptaríamos la existencia de 5.000 panaderías ilegales en Ciutat Vella? ¿O de inmobiliarias, bares, oficinas, badulaques o museos clandestinos? ¿Toleraríamos que se instalaran entre viviendas residenciales estas actividades terciarias, alterando la convivencia y expulsando a los vecinos? La respuesta es obvia. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con los pisos turísticos. La industria turística, por su naturaleza y su impacto, no puede equipararse al resto de actividades terciarias. Pretenderlo es un despropósito.

La lógica utilizada para fijar los porcentajes de saturación es otro ejemplo de incoherencia. En lugar de partir de las características intrínsecas del turismo —ampliamente descritas en la propia memoria—, se aplica una lógica contable basada en la edificabilidad total. Si una actividad tiene un límite del 20% y otra del 50%, las viviendas turísticas se fijan en el 1,5%, aunque finalmente se estime que el 2% “está mejor”. Así, sin justificación, un salto en el vacío aumenta un 0,5%. Una conclusión arbitraria que no responde al diagnóstico previo ni a la gravedad del problema.

Tan arbitraria como es la exclusión de sus propios criterios de saturación, ya de por sí permisivos, la excepción a Ciutat Vella que facilita la compra de inversores turísticos si rehabilitan y ponen “en valor” –su valor, su negocio, sus pisos turísticos y hoteles– nuestro patrimonio catalogado como bienes de relevancia local o con máxima protección. Una alfombra roja para fondos de inversión que va a destrozar –aún más– Ciutat Vella.

La memoria justificativa, en definitiva, es un ejemplo de cómo la administración puede diagnosticar con precisión una enfermedad y, aun así, negarse a aplicar el tratamiento adecuado. Un ejercicio de análisis brillante que desemboca en una regulación tímida, insuficiente y contradictoria. Y un recordatorio de que, en política, el exceso de análisis no siempre conduce a mejores decisiones. A veces, simplemente las paraliza.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, "en la primera quincena de abril", pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según informa EFE.

Durante su intervención en las jornadas de eldiario.es, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF. 

"Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha dejado claro el ministro.

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

El Gobierno ha comunicado este miércoles a las organizaciones sindicales que inicia el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).

Según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Función Pública ha añadido que convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de Personal de los distintos departamentos ministeriales. Posteriormente, apuntan, elevarán la propuesta a la mesa general de la Administración del Estado donde se negociará con los sindicatos.

UGT y CCOO habían urgido la semana pasada a implantar la jornada de 35 horas semanales de manera inmediata, sin esperar a los futuros presupuestos de 2026. Los sindicatos pedían que se adoptara "en el próximo mes de febrero o a principios de marzo", ya que esperar a los presupuestos -cuyo proyecto todavía no se ha presentado- supondría retrasar su aplicación. Ya en ese momento, el ministro Óscar López señaló que las 35 horas se aplicarían "tan pronto como sea posible". 

Muchas de las tensiones que atraviesan hoy nuestras ciudades y entornos naturales comparten un mismo patrón: la tendencia a considerar determinados problemas colectivos como algo ajeno. Esa distancia subjetiva entre el problema y la conducta individual es, a menudo, el eslabón que falta en el diseño y aplicación de las políticas públicas.

El reciente brote de peste porcina que ha afectado a zonas como Collserola es un buen ejemplo. Ante el riesgo de propagación entre jabalíes y cerdos domésticos, las autoridades han restringido accesos y usos recreativos del parque. La medida busca proteger un sector económico estratégico y evitar consecuencias ambientales y sanitarias de gran alcance. Sin embargo, no han faltado incumplimientos: personas que sortean vallas o acceden por caminos secundarios al considerar exageradas las limitaciones. Al no existir riesgo directo para la salud humana, una parte de la ciudadanía concluye que la cuestión no le concierne, aunque sí pueda afectarle a medio plazo en forma de impacto económico, territorial o alimentario.

Algo similar ocurre con la gestión de los residuos urbanos. Muchos municipios afrontan contenedores desbordados, bolsas abandonadas en la vía pública y puntos de recogida selectiva mal utilizados. Paralelamente, crecen las quejas por el incremento de tasas de residuos o por la opacidad del sistema de reciclaje. Aunque existan dudas razonables sobre la eficacia o transparencia de determinados modelos, esa desconfianza se traduce, en algunos casos, en comportamientos abiertamente incívicos: depositar los residuos fuera del contenedor, eludir la separación selectiva o delegar la responsabilidad en un sistema del que se desconfía, pero que se continúa saturando.

La lista podría ampliarse: vehículos abandonados que ocupan durante meses el espacio público, vertederos incontrolados en las periferias urbanas, mobiliario urbano deteriorado o equipamientos colectivos dañados. En todos estos casos se combinan decisiones técnicas, administrativas, políticas y económicas —a menudo poco explicadas— con conductas individuales que se justifican en esas mismas dudas y que sitúan el problema fuera del propio ámbito de responsabilidad.

Es legítimo cuestionar cómo se calculan determinadas tasas, si la gestión de una crisis sanitaria es proporcionada o si la administración actúa con la diligencia debida en la retirada de un vehículo o en la clausura de un vertedero ilegal. Lo que resulta difícil de justificar es que esa crítica se traduzca en una retirada de la propia responsabilidad: tirar residuos donde no corresponde, abandonar un coche, descargar escombros en un descampado o ignorar una restricción temporal de acceso a un espacio natural.

Cuando esto sucede, se produce una paradoja: se señalan los efectos —más impuestos, más restricciones, más costes de limpieza, pérdida de calidad del espacio público— sin reconocer el papel que tienen las prácticas cotidianas en la generación de esos mismos efectos.

Una parte del problema reside en que el factor humano sigue siendo el gran ausente en la formulación de muchas políticas públicas. Se habla de normativas, sanciones, competencias y presupuestos, pero menos de percepciones de riesgo, de confianza en las instituciones, de fatiga normativa o de la tendencia a diluir la responsabilidad individual cuando el daño se reparte entre muchos.

Incorporar seriamente ese factor humano implica asumir que la información no basta si no se vincula de forma clara la conducta individual con sus consecuencias colectivas; que la transparencia no es un adorno, sino una condición para sostener el cumplimiento voluntario; y que las medidas deben ir acompañadas de una pedagogía cívica continuada, no solo de campañas puntuales o de la amenaza de sanción.

También exige reconocer que el cuidado de lo común —de un parque natural, de una calle limpia, de una red de contenedores, de unas infraestructuras compartidas— no puede delegarse exclusivamente en la administración. El espacio público es, por definición, responsabilidad compartida.

Quizá la pregunta de fondo no sea si un problema “nos afecta directamente” o no, sino de qué manera lo hace y hasta qué punto nos sentimos concernidos por él. Porque, aunque el impacto pueda parecer lejano o difuso, nuestras decisiones diarias —cumplir o no una restricción, utilizar correctamente un contenedor, denunciar o tolerar un vertedero o un vehículo abandonado— forman parte de la ecuación. Ignorar ese vínculo es, en sí mismo, una forma de agravar el problema que luego reclamamos que alguien resuelva por nosotros.

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Anna Garcia Hom es analista y socióloga. Dra. en Seguridad y Prevención.

La temporalidad tiene en pie de guerra a los empleados públicos, desde profesores y sanitarios a bomberos o administrativos. Un problema que, además, ha hecho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tenga el foco puesto en España al considerar que la Administración abusa de los contratos temporales y no ha puesto medidas suficientes para corregir esta dinámica. El siguiente paso en este litigio tendrá lugar este jueves, cuando el Abogado General de la Unión Europea, una figura de asesoramiento vinculada al TJUE, se pronunciará sobre si España debe hacer fijos a los funcionarios que han encadenado contratos temporales. 

La madeja burocrática y judicial se explica mejor acudiendo a los ejemplos. Es el caso de Lorenzo Campillo, funcionario de carrera en un ayuntamiento, quien explica a infoLibre su situación: “Yo me vine de Murcia a Guadalajara a trabajar hace 11 años. Vivo aquí, mis hijos estudian aquí. Es una vida y yo no puedo volverme porque decidan echarme prácticamente sin indemnización”. Campillo trabaja en un ayuntamiento pequeño, donde pese a no tener plaza fija —y tras haber pasado procesos de oposición sin obtener plaza— no tiene asegurado su empleo después de más de una década desempeñándolo. Él es una de las cientos de personas que esta semana se concentraron ante el Congreso para pedir soluciones.

Actualmente, las estimaciones apuntan a que las Administraciones Públicas tienen más de 700.000 trabajadores interinos y alrededor de 648.000 pendientes de que la justicia europea avale su petición de hacerles fijos tras años desempeñando un puesto. El problema, en corto, es que la jurisprudencia europea choca con la española. Convertir en fijos a quienes llevan años encadenando contratos temporales de manera automática contraviene, como señaló en su momento el Tribunal Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública, pero dejar las cosas como están, también atenta contra los derechos laborales de los trabajadores. 

“Los tribunales en España siempre han dictaminado que la fijeza automática no cabe en nuestro ordenamiento jurídico”, explica Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO). Ahora bien, dejar fuera a quienes llevan décadas cubriendo un puesto en la Administración o someterles a décadas de inestabilidad laboral también va contra la ley. “A partir de tres años se supone que ya estamos en abuso de temporalidad”, explica Campillo, quien insiste en que la solución no puede pasar por despedir al trabajador o mejorar la indemnización por despido, sino por ofrecer alternativas de estabilización. “Estamos en tierra de nadie, esperando a que el Supremo cambie su doctrina o a que llegue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que fuerce la estabilización”, concluye. 

Desde Comisiones Obreras, Pinillos señala que no es evidente que la resolución llegue mediante un contrato fijo, ya que el tribunal de la UE no ha aclarado este punto. “Este organismo nunca ha dicho que la respuesta al abuso de la temporalidad deba ser la fijeza, lo que ha dicho es que puede ser una de las formas de reparar el daño”, señala. Para el sindicato la mejor respuesta pasa porque se convoquen procesos de estabilización justos.

“La solución parte de que se convoquen todas las plazas de interinidad y que las Administraciones dejen de jugar con oscurantismo, con plazas vacantes, plazas de sustitución, plazas eventuales, etc. Todo ese empleo debe estabilizarse cuando las personas llevan más de tres años empalmando contratos temporales”, concluye.

En la misma línea, Campillo, que también representa a la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos, explica que las plazas que han ido saliendo a concurso de estabilización de su gremio están muy por debajo del número de personas que actualmente trabajan. “En los años anteriores prácticamente no se han convocado plazas y no se llegaba a cubrir la tasa de reposición”, explica el funcionario. “Entonces el ministerio sacó 1.500 plazas libres en 2024 y 1.000 este año”, algo que, según él, abre la posibilidad a nuevos candidatos, pero no da soluciones para quienes llevan años en el limbo. “Hay, por ejemplo, una parte de la antigüedad que no se cuenta y yo tengo compañeros que llevan 20 años trabajando”, concluye.

Así, tanto trabajadores como sindicatos piden procesos de estabilización justos. Algo que, según Pinillos, pasa por evaluar los méritos y los currículums de los trabajadores de forma justa, aunque sin bloquear las nuevas incorporaciones a lo púbico. 

La temporalidad es un factor pernicioso para el mercado laboral que se ha ido reduciendo en los últimos años. En los datos de empleo conocidos la pasada semana, el porcentaje de trabajo temporal se situó en el 12,6% mientras que antes de la reforma rondaba el 28%, y, sin embargo, en lo público la tasa permanece disparada. Es del 27,8% en el segundo trimestre del 2025, según el INE. 

“Desde la crisis de 2012 hasta prácticamente 2017, las ofertas de empleo público casi desaparecen en este periodo austericida y el empleo se cubre con interinidades. Eso deja a los trabajadores sin posibilidad de acceder a ofertas de estabilización durante años”, explica la responsable de CCOO. Para ella, el abuso en esta modalidad de contratación y la ausencia de medidas para corregirlo hizo que se acumulase una tasa de temporalidad que ahora mismo es muy difícil de gestionar.

El recorrido judicial de la medida viene de lejos, pero podría concluir a finales de año. Comenzó al transponer la directiva europea en materia de temporalidad, cuando el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante Bruselas para saber si el marco europeo se podía integrar en la legislación española, ya que el panorama era confuso. El Tribunal de Justicia Europeo respondió en 2024 señalando que la normativa nacional contravenía la normativa europea porque no fijaba indemnizaciones de despido adecuadas y tampoco contemplaba procesos de estabilización justos. En este punto, las sentencias que se sucedían en España se hicieron contradictorias: unas rechazaban hacer fijos a los trabajadores apelando a los principios de igualdad, mérito y capacidad que recoge la Constitución en el caso del acceso a la función pública, pero otros apuntaban hacia la estabilización. 

Con la evaluación del Abogado General este jueves se avanza un paso más, aunque su decisión no equivale a una sentencia. Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE, que podría conocerse dentro de dos meses. “Esto es un tema de justicia social, no queremos mayores indemnizaciones, queremos conservar nuestros trabajos”, concluye Campillo.

Manuel Fernández Padín vive en la calle. "Me han dejado tirado". Cuando han pasado 35 años desde la operación Nécora, el testigo protegido número 2, cuyo testimonio resultó clave para el gran proceso contra los narcos que operaban en Galicia hasta 1990, sobrevive con un subsidio después de que "nadie cotizase por mí en los años en los que estaba protegido". Padín asegura que desde hace días está durmiendo en su coche y que uno de sus hijos, con graves problemas psiquiátricos, "está al borde del suicidio".

Tras más de 20 años amparado por el plan de protección de testigos, el hombre que en su día delató las actividades criminales del Clan de Los Charlines, la famosa organización criminal en cuyo seno trabajó durante un período de tiempo en la década de 1980, asegura que le han dejado "en la puta calle", con una pensión no contributiva y con escasas posibilidades de reinserción social a causa de su edad y de sus largos años lejos de su tierra.

Padín tuvo problemas serios con el consumo de drogas cuando apenas contaba con 24 años. Una sobredosis le hizo dependiente de los tranquilizantes de por vida y la crisis y la falta de oportunidades le llevó, como a muchos otros, a abrazar el contrabando. O eso pensaba él. "Hablé con Manolito Charlín (el hijo de Manuel Charlín Gama), que era de mi pandilla, para pedirle trabajo en el contrabando de tabaco". Cuando ingresó en el clan se encontró con que iba a descargar hachís, primero, y cocaína, después.

Una de las últimas apariciones públicas del exnarcotraficante arrepentido tuvo lugar a las puertas del Congreso en abril de 2023, cuando, con una pancarta, ponía de manifiesto la situación de "abandono" que ya sufría en aquel momento.

Padín declaró a este periódico que se puso en contacto con la subdelegación del Gobierno en Pontevedra para encontrar amparo, algo que por el momento no ha conseguido. Señala que Baltasar Garzón, el juez con el que colaboró en su momento para instruir la histórica operación, le aseguró entonces que su tratamiento sería similar al que se le da a esta clase de personas en países como Italia o Estados Unidos, con una nueva identidad y una vida nueva, algo que no sucede por el momento en España.

Asegura que el Clan de Los Charlines no le ha matado "porque no han querido", al tiempo que insiste en que su declaración fue la única relevante al ofrecer datos del modus operandi de los narcos desde dentro, en el seno de una de las redes que movían el negocio en su momento, mientras que la otra declaración, la del testigo protegido número 1, Ricardo Portabales, "fue fruto de su imaginación". El propio Portabales lo reconocería años más tarde.

En la tarde de este domingo, 24 de agosto de 2025, Padín atendía a este periódico desde el césped de una piscina municipal de Sur del país. "Me cobraron dos euros por ser mayor. Es la única forma de poder dormir un rato completamente estirado, porque el coche es muy pequeño".

"Este es el premio que me dan por colaborar con el Estado, y mientras, los que disfrutan de todos los lujos son los delincuentes", concluye el gallego de Vilanova de Arousa que, un día, resultó clave para quitarles la careta a los grandes capos de la droga que operaban en España en la impunidad.

Padín sufre varias patologías y su alimentación es deficiente. Solicita amparo de la Administración o de personas que tengan capacidad para prestarle una ayuda económica para salir adelante. 

La evaluación de las políticas públicas es una herramienta clave para mejorar la eficacia y la eficiencia de la acción del Estado. Su valor radica en que permite analizar de manera rigurosa si una política, programa o intervención pública está cumpliendo con los objetivos para los que fue diseñada, y si lo hace con un uso adecuado de los recursos disponibles. Esta evaluación, basada en evidencia empírica, no solo ayuda a identificar aciertos y errores, sino que también proporciona criterios objetivos para tomar decisiones informadas sobre el rediseño, la ampliación o la eliminación de determinadas medidas.

Con ese objetivo, el Gobierno promovió, y el Congreso aprobó en 2022, una Ley de Evaluación de Políticas Públicas llamada a mejorar la rendición de cuentas ante la ciudadanía, fortalecer la transparencia institucional y fomentar una cultura de aprendizaje continuo en las administraciones públicas. Una ley que planteaba la resurrección de la agencia independiente eliminada por el Gobierno de Mariano Rajoy, encargada de desarrollar esta tarea, imprescindible para evitar el despilfarro de recursos, detectar efectos no deseados y orientar las políticas hacia un mayor impacto social.

Pero la aprobación del estatuto que debe regular esa agencia, y su creación misma —que debía tener lugar en el plazo máximo de seis meses—, sigue en el limbo. Han pasado tres años y el Gobierno ha sido incapaz de hacer realidad su promesa.

Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por infoLibre atribuyen el retraso a la necesidad de reformar aquella ley para que la nueva agencia, en vez de depender del ministerio de Óscar López, el responsable en materia de función pública, pase a formar parte de la estructura de Economía, cuyo titular es Carlos Cuerpo, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Eso exige un cambio legal y, para llevarlo a cabo, el Gobierno ha optado por recurrir al grupo socialista en el Congreso e introducirlo vía enmienda en la reforma de la ley de Función Pública que está en trámite en la Cámara Baja, y que fue presentada en febrero. Mediada la legislatura, lo cierto es que no hay plazos ni un horizonte que permita prever cuándo la agencia podrá comenzar a funcionar.

En paralelo, señalan las mismas fuentes, Economía ha ido avanzando en una propuesta de estatuto con el objetivo de agilizar los tiempos una vez se apruebe la reforma legal. El departamento que dirige el ministro Cuerpo ya ha pedido informes a los demás ministerios con el objetivo de tener todo preparado para el momento en que la reforma se apruebe en el Congreso (después quedarían todavía trámites como el preceptivo informe del Consejo de Estado). Si el Congreso no lo consigue en lo que resta de legislatura, la reforma decaerá y habrá que volver a empezar.

La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, si algún día logra constituirse, se encargará de coordinar y supervisar el sistema evaluador, diseñar herramientas digitales (portal temático, servicio web común) y acompañar a ministerios.

Se trata no solo de hacer, sino de averiguar si lo hecho ha servido para algo. La evaluación de las políticas públicas, un instrumento que todo el mundo considera imprescindible para mejorar la eficacia de la administración, hace muchos años que forma parte de la vida cotidiana de las instituciones de países como el Reino Unido y los nórdicos —en particular Finlandia—, o de democracias en las que rara vez nos miramos, como la chilena.

En España, después de algunos intentos fallidos, y empujados por las reformas administrativas que exige la Unión Europea para seguir teniendo acceso a los fondos Next Generation, el Congreso dio luz verde a la ley que la regula y que, desde 2022, permanece en un cajón.

Durante años, los expertos han denunciado el problema estructural que sufre la evaluación de políticas públicas en España: la falta de “institucionalización” de la evaluación. Es decir, no está sistematizada, sigue sujeta a vaivenes políticos, no hay mecanismos para exigir su realización ni para incorporar sus recomendaciones.

El primer intento serio tuvo una vida efímera. Una Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios ejecutó alrededor de 40 evaluaciones de programas y servicios públicos entre 2007 y 2011, antes de ser vaciada de contenido y recursos a partir de 2012. Fue disuelta finalmente en 2017, pasando sus funciones a ser asumidas por la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Y eso que el informe de la OCDE Public Governance Reviews, de 2016, recomendaba “fortalecer el estatus de la Aeval” emitiendo declaraciones oficiales sobre sus informes, fuera “aceptando sus recomendaciones o explicando por qué la administración pública no las seguirá”. Esa era la forma, según la OCDE, de integrar unas políticas de evaluación “fragmentadas y dispersas”.

La ley que resucita la Agencia, pero que lleva tres años detenida en el tiempo, propone analizar y evidenciar el impacto de las políticas públicas en cuestiones como la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la extensión de los derechos sociales o la despoblación y el reto demográfico. Pero también el crecimiento económico, el empleo digno, estable y de calidad, la solidaridad intergeneracional, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y a las directrices europeas, o la adecuada alineación de las distintas intervenciones públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Si consiguiese su objetivo, los gobiernos —y los ciudadanos— tendrían a su disposición un modo eficaz de saber si las políticas aplicadas a todos estos asuntos han funcionado. Es fácil imaginar el impacto que semejante herramienta tendría en la salud democrática del país.

El estatuto que elabora Economía y que debe regular la agencia resultará clave. ¿Será de verdad independiente del Gobierno? ¿Tendrá acceso a los datos que necesita para hacer sus evaluaciones? ¿Dispondrá de los medios para cumplir su cometido? ¿Gozará de la flexibilidad necesaria para pedir el auxilio de especialistas, sobre todo del mundo universitario? La ley no lo precisa y queda a expensas de lo que disponga ese estatuto.