Las ECU, el polémico modelo que delega el control público de las obras: “Es un sistema de urbanismo privatizado”
Para construir, reformar o demoler un edificio, el primer paso es tener una licencia de obra, es decir, un permiso oficial emitido por una autoridad municipal que certifique de manera imparcial que la obra cumple con las normas urbanísticas y se desarrolla de forma segura. Este tipo de trámite se hace, en general, directamente con los Ayuntamientos, pero en Madrid y en otros municipios con alto volumen de solicitudes como Valencia o Barcelona hay una figura intermedia, las ECU, acrónimo de entidades colaboradoras urbanísticas. Son empresas privadas “debidamente habilitadas para colaborar en la verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa en el ámbito urbanístico municipal”, tal como las define el Consistorio madrileño.
Pero algunos vecinos que conviven en bloques de pisos cuyas obras certifican estas ECU, han comenzado a levantar la voz contra este modelo. “El Ayuntamiento lo ve como si fuese una colaboración público-privada, pero de facto es una privatización del control, porque toda la actividad de fiscalización que debería llevar a cabo el Ayuntamiento lo lleva una entidad privada que es contratada por el propio promotor de las obras”, explica José Ferreira, inquilino de uno de esos bloques. “Hemos presentado dos reclamaciones pidiendo que viniera un técnico del Ayuntamiento a revisar las grietas, pero no hemos recibido respuesta”, concluye Ferreira, que también es miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Ellos han sido los primeros en alzar la voz contra este modelo y en señalar que existe un “conflicto de intereses” en estas evaluaciones.
“Siempre que estas entidades estén debidamente constituidas e inscritas, los certificados expedidos por ellas tienen la misma validez que la de los técnicos del Ayuntamiento. En términos coloquiales, supone que los informes de los servicios técnicos ya no hacen falta”, explica Gerardo Roger, arquitecto y exdirector general de urbanismo de la Comunidad Valenciana. Y así lo corrobora el reglamento en Madrid: “Los certificados, actas e informes emitidos por las entidades colaboradoras, cuando sean favorables, tendrán efectos equiparables a los emitidos por los servicios técnicos municipales”, recoge literalmente el texto de la norma 7/2022 de 26 de abril.
Para el experto en urbanismo, este tipo de figuras, que nacieron con la vocación de agilizar los retrasos en las tramitaciones municipales, suponen “una privatización de un servicio público” que podría solucionarse simplemente mejorando las capacidades de los equipos de inspección técnica de los consistorios. Para Ferreira, que vive en un edificio cuya licencia ha tramitado una de estas empresas, la sensación es de “inseguridad” porque ningún empleado público ha ido a revisar su edificio y la empresa que debe hacerlo “trabaja para el promotor de las obras” por lo que “difícilmente” irá en contra de lo que estos últimos quieran hacer, concluye.
En corto, la actividad de las ECU equivale a externalizar la tramitación de licencias y la inspección, aunque la resolución final del procedimiento le corresponde a la Administración. Es decir, el particular o promotor contrata a la empresa, le paga el precio acordado y el Ayuntamiento no cobra al interesado la prestación de servicios urbanísticos (aunque sí el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras). También emiten declaraciones responsables a través de las cuales respaldan que el proceso de obra es adecuado. Pero, ¿de dónde sale este modelo en el que Madrid ha sido pionera y para qué se crea?
¿Libertad para elegir o desprotección?
En 2012, bajo el primer mandato de Mariano Rajoy, se aprueba la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, que permite a las corporaciones municipales recurrir a empresas privadas para tareas de certificación de actividades urbanísticas. Madrid fue una de las pioneras en este sentido, aunque no es la única. En una ordenanza de 2014, con Ana Botella como alcaldesa de la capital, se detalla que se recurre a estas entidades “con el objetivo de facilitar, simplificar y dinamizar la actividad económica” y deja en manos del promotor o particular la opción de solicitar sus servicios.
“La Ordenanza diseña un sistema de colaboración a través de entidades privadas sujeto a elección del interesado, quien libremente podrá decidir si desea gestionar su solicitud directamente ante el Ayuntamiento o bien acudir a una entidad colaboradora urbanística”, detalla el texto. Además, en el web del Consistorio proporcionan una lista de las 20 entidades que actualmente están acreditadas para el desempeño de esta función.
El peso de la actividad de estas empresas es considerable en Madrid. Un 74% de las solicitudes de licencia se tramitaron en 2024 ante Entidades Colaboradoras, según señala la última Memoria de Gestión publicada por la Agencia de Actividades del Ayuntamiento. En este cómputo se incluyen tanto licencias básicas, como urbanísticas o de funcionamiento, relativas tanto al uso residencial como al uso para actividad. Si se observan solo las que tienen que ver con el ámbito residencial, en 2024 se tramitaron 587 y todas ellas fueron a través de estas entidades privadas.
Pero esta “libertad de elección” a la que alude la ordenanza supone para los inquilinos una desprotección cuando conviven con las obras. Además, algunos expertos, como Roger, inciden en que se está produciendo una dinámica “de privatización de los servicios urbanísticos” en base a “dejaciones administrativas” que han alargado los trámites por encima de plazos razonables, dejando cabida a estos sistemas.
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En la práctica, este tipo de empresas acortan los plazos que requiere la tramitación de una licencia, aunque en muchos casos su precio es superior al que cobraría la Administración directamente. En Madrid el tiempo medio de espera para la tramitación de una licencia urbanística fue de 143 días en 2024, y la misma Memoria de Gestión del consistorio detalla que “en los expedientes cuya tramitación se inicia por las ECUS, el plazo de resolución es menor”.
Desde el punto de vista legal, Víctor Palomo, abogado especializado en vivienda, explica que este tipo de modelos perjudican “la seguridad y la habitabilidad de los vecinos”. Algo en lo que insiste el Sindicato de Inquilinas, que acaba de pedir que se paren las obras en los edificios de San Ildefonso (donde reside José Ferreira) y Tribulete ,7, que también lucha para frenar las obras que ha comenzado el fondo de inversión que compró su edificio. En una denuncia que acaban de presentar, piden que el Consistorio audite las conclusiones de las ECU que certifican la obra y que mientras no lo hagan, las obras se detengan por seguridad.
“Toda esta privatización es mala, pero podríamos pensar que si al menos Disciplina Urbanística actuase rápido cuando hay reclamaciones, el modelo podría ser adecuado. El problema es que no es así, el Ayuntamiento no aparece y no se asegura de que lo que pone en los papeles es cierto”, explica Palomo. “Madrid está cambiando sin que el Ayuntamiento lo controle”, concluye.
