Los diez primeros menores solicitantes de protección internacional que han sido trasladados desde Canarias hasta la península se encuentran desde esa madrugada en Gijón, han informado a EFE fuentes del Gobierno asturiano. Se trata de nueve malienses y un senegalés, todos ellos mayores de 16 años, que han sido acogidos en las instalaciones que en esta ciudad asturiana tiene la ONG Accem, que han llegado acompañados de varios educadores, según informa EFE.

Las mismas fuentes han señalado que, aunque la tutela sigue siendo del Gobierno canario, el traslado se ha llevado a cabo de forma coordinada y comunicada por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado.

La consejera asturiana, Marta del Arco, ha incidido en que tienen carácter de refugiados y que por lo tanto es el Ministerio de Inclusión quien gestiona los traslados al estar sujetos al programa de protección internacional, pero que estos menores seguirán estando tutelados por Canarias y acogidos por Accem, que tiene suscritos convenios de colaboración.

Desde el Ayuntamiento de Gijón, que gobierna Foro Asturias en coalición con el PP, han asegurado desconocer la operación y que no se les informó de manera directa de la llegada de este primer grupos de menores. No obstante, el segundo teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, ha asegurado que "el Ayuntamiento, con todos sus servicios, estará para colaborar en lo que sea" y que poco más tenía que decir por el momento, pero que siempre es mejor tener información que no tenerla.

Más crítica se ha mostrado la vicealcaldesa y portavoz del PP gijonés, Ángela Pumariega, que ha calificado de "inadmisible" que no se comunicara al Ayuntamiento la llegada de este grupo de menores ni por parte del Gobierno central, ni del que preside en Asturias Adrián Barbón. "Es el colmo de la deslealtad institucional" ha afirmado la vicealcaldesa de Gijón para quien esta forma de actuar "pone de manifiesto, una vez más, el completo caos en que ha tornado la política migratoria nacional".

En su opinión, se están repartiendo menores "sin un plan claro de integración y sin una distribución equitativa entre todas las autonomías" ya que hay "una exclusión deliberada de comunidades como Cataluña o el País Vasco, para no incomodar a los socios independentistas de Pedro Sánchez". Con el trasladado de este primer grupo de jóvenes el ejecutivo avanza en el cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo para que el Estado se haga cargo, con sus recursos, de estos solicitantes de asilo.

El alto tribunal ordenó al Gobierno el pasado 25 de marzo que se hiciera cargo de alrededor 1.000 menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo en las islas, en respuesta a unas medidas cautelares solicitadas por Canarias. La mayoría de menores solicitantes de asilo que ha entrado en este proceso presenta un perfil "altamente vulnerable" y muchos de ellos han huido solos de guerras. Casi el 90 % son malienses y entre ellos hay niñas y adolescentes, según fuentes ministeriales.

El Gobierno central y el del archipiélago mantienen una reunión interadministrativa cada martes para trabajar en el traslado de estos menores solicitantes de asilo y lo previsto es que a partir de esta primera derivación haya dos traslados semanales de entre 15 y 20 jóvenes. La intención es priorizar en un primer momento el empleo de recursos pequeños y que con el avance de las semanas se pongan más recursos disponibles encima de la mesa. En el proceso deberá prevalecer siempre la integridad, el bienestar y el interés superior de cada menor, lo que implica un estudio individual de cada caso para decidir el destino final.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido respeto para los menores solicitantes tras ser retirada, en menos de 24 horas, una pancarta "nazi" en Gijón que pedía su expulsión.

En declaraciones a los periodistas, la ministra ha recalcado que la decisión de su ministerio es no contar públicamente el destino de los niños o niñas solicitantes de asilo que, en cumplimiento de una decisión del Tribunal Supremo, están siendo derivados a recursos de acogida estatales, para "evitar que la persecución de la que huyen se reproduzca" en España.

Sin embargo, pese a esta decisión ha trascendido públicamente que los primeros diez menores trasladados han sido reubicados en Gijón, de donde según fuentes ministeriales han tenido que retirar esta pancarta. Ante este hecho, la ministra ha pedido no poner el foco en los niños y niñas que serán reubicados en centros de titularidad estatal, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Supremo, y ha pedido colaboración a todas las administraciones, sin excepciones, al ser preguntada si también se derivará la acogida de estos menores a recursos estatales en Madrid.

Una multitudinaria manifestación ha recorrido este domingo las calles de Gijón en apoyo a las seis personas conocidas como las Seis de La Suiza, que fueron condenadas a tres años y medio de prisión por coacciones al propietario de una pastelería de la ciudad, para reclamar que no se les aplique la pena privativa de libertad, informa EFE.

La marcha reivindicativa, que ha partido desde el paseo de Begoña y ha culminado ante el Palacio de Justicia, ha estado organizada por nueve organizaciones sindicales y en ella ha participado la líder de Podemos, Ione Belarra.

Los manifestantes, entre los que se encontraban los secretarios generales de UGT y CC. OO. en Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, han coreado consignas como "que no, que no, que no entran en prisión" y han portado pancartas con lemas como 'Seis de La Suiza libertad' y 'Familias contra la represión'.

Los participantes han pedido la libertad de estas seis personas -una extrabajadora de la pastelería y cinco sindicalistas de la CNT- condenadas, a las que el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón negó la suspensión de la pena de prisión, pese a que la Fiscalía era favorable a ello.

La secretaria general de Podemos ha asegurado que las Seis de La Suiza representan "lo mejor de nuestro país" y su condena es "uno de los mayores atentados a la democracia" de España de "los últimos años", al ver como "se criminaliza con dureza el puro sindicalismo".

"Estas personas son lo mejor de nuestra sociedad. No pueden entrar en prisión personas que lo único que están haciendo es ejercer sus derechos laborales", ha apuntado tras criticar que el juez de este caso ha dictado "polémicas sentencias desde los años ochenta contra el sindicalismo".

Belarra ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que "se deje de maquillaje" y "levante el teléfono" para pedir al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que, en caso de entrar en prisión, se dicte un indulto "a la mayor brevedad".

El Tribunal Supremo ratificó en junio del pasado año las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas las puertas del establecimiento.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón ha descartado la suspensión de las condenas a las que fueron condenadas estas personas, por lo que deberán entrar en prisión en los próximos días, según fuentes sindicales.

Este año, mucha gente teníamos puesto el ojo en varios, uno de ellos era en el teatro Jovellanos de Gijón (capacidad 1123 butacas) “Partidario de vivir”. Un encuentro de Joan Manuel Serrat e Iñaki Gabilondo con el público de Gijón, dentro de las actividades programadas para el ganador del “Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024”

Como soy muy disciplinado, me he puesto en contacto con la Fundación, para que me dijeran cómo conseguir la invitación. Sucintamente, me señalan que el sábado 19 de octubre se abría a las 9 y 45h la “cola” para adquirir las entradas. El procedimiento era muy sencillo: una vez abierta la página web de la Fundación y en contacto con ellos, te decían el tiempo que faltaba para que procedieras a retirar tu entrada en función del lugar que ocuparas en la “lista de espera”.

No abrí ordenador a las 9 y 45h sino a las 9h. Esperé pacientemente mi turno. Mi sorpresa es que cuando termina el tiempo para iniciar la reserva de la entrada, me dicen que hay 1345 personas por delante de mí (se supone que todos hemos hecho el mismo procedimiento y yo represento al más torpe de los 1345) y que ello conllevará 35 minutos de espera; dos minutos más tarde ya no eran 1345 sino 1535 los que estaban delante de mí (¿?). Terminado el tiempo de espera, procedo como se me indica a escoger mi entrada y ¡Oh, sorpresa! todo estaba agotado. 

¡Una auténtica vergüenza!

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Dubai Unlocked descubrió a decenas de delincuentes convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos de todo el mundo que residen en el emirato tras haber adquirido allí, sin ningún tipo de traba, carísimas propiedades. Entre ellos hay algunos españoles con cuentas judiciales pendientes. Los documentos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, que han servido de base para la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y del periódico financiero noruego E24, han permitido ahora localizar a otro ciudadano español bajo investigación judicial.

El empresario murciano Antonio José Boluda Sánchez puso en 2021 en concurso de acreedores Natural Mining Resources 1926 SL (NMR), una empresa que, tras convertirse en sólo dos años en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón, desapareció dejando un reguero de deudas de 190 millones de euros. En estos momentos, Boluda, oculto tras un vasto entramado societario que se extiende de Costa Rica a Dubái y la India, ha acumulado media docena de demandas en juzgados de Madrid y Asturias. Se le acusa de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. También se le atribuyen otros dos delitos, relacionados con el propio concurso, de estafa procesal y falsedad en documento mercantil. La Agencia Tributaria le imputa siete delitos contra la Hacienda Pública. Y cinco de sus clientes internacionales –dos empresas marroquíes, dos suizas y una búlgara– han acudido a tribunales de arbitraje en Suiza y Londres para cobrar.

Además, en 2020 y 2021 recibió 6,6 millones de euros públicos, en ocho avales del ICO para paliar los efectos del covid-19, según se puede comprobar en la base nacional de datos de subvenciones.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo, que ha acumulado los procedimientos del resto de los juzgados, recibió un informe de la Guardia Civil en la que se detallan las escuchas telefónicas practicadas a Boluda, a David Rodríguez Menéndez, quien figuraba como administrador único de MNR y fue su rostro visible en el tiempo en que operó en El Musel, así como a otros implicados. Los agentes elaboraron 16 oficios policiales entre julio de 2021 y octubre de 2022, de los que se desprende que ambos ocultaron información económica sensible a los auditores y presentaron a los acreedores datos financieros inexactos ya desde el preconcurso. También aseguran que ambos intentaron hacer perdurar las estructuras societarias y mantener el acceso a la financiación bancaria para su lucro personal, no para conseguir la viabilidad de la empresa. “Descapitalizaron” NMR “en su beneficio particular”, recalcan los investigadores en el informe, al que ha tenido acceso infoLibre.

Según los documentos inmobiliarios a los que ha tenido acceso infoLibre, una de las sociedades creadas por Antonio José Boluda, Obsidian Mining & Steel DMCC, consta como propietaria en 2022 de un apartamento de 307 metros cuadrados y tres habitaciones en The Royal Atlantis Resort & Residences, el edificio más vanguardista y lujoso de Dubái. El precio de la operación, firmada en mayo de ese año, fue de 4,5 millones de euros. Pero, dos años después, en los portales inmobiliarios del emirato se ofrecen apartamentos del mismo tamaño en The Royal Atlantis por el doble de esa cantidad.

Obsidian Mining & Steel DMCC fue registrada en abril de 2017 en el Dubai Multi Commodities Center, una de las Zonas Libres del emirato, donde no se pagan impuestos sobre la renta o los beneficios, no hay restricciones de ningún tipo para repatriar capitales y donde se permite a los extranjeros poseer el 100% de las sociedades. Ahora se llama Anchorage International DMCC. Como administrador figura Ahmed Salah Abdelshafy Mohamed Derbala, el mismo que aparece como responsable de Al Daksyd Metallurgies. Esta es una de las múltiples sociedades dubaitíes cuya propiedad atribuye la Guardia Civil a Antonio José Boluda.

En el emirato, Antonio José Boluda tiene o ha tenido registradas al menos media docena de sociedades, según puede comprobarse en los diferentes registros comerciales del emirato. Varias de ellas remiten al supuesto DSA Group suizo con el que NMR se presentó en Asturias para hacerse con las operaciones de carbón en El Musel y después para comprar la fábrica de amortiguadores Vauste: DSA Resources DMCC, DSA Enterprises DMCC y DSA Group DMCC. También figura como administrador de DSA Resources India Private Limited en Nueva Delhi. Según los registros comerciales españoles, DSA Resources DMCC era la propietaria de Graham Automotive SL y Graham Magnesium SL, que fueron utilizadas por Antonio José Boluda para comprar Vauste en noviembre de 2019. Sólo siete meses después de adquirirla, Vauste entró en concurso de acreedores, su plantilla terminó cobrando del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y entró en liquidación en julio de 2021.

Otras sociedades dubaitíes en las que Boluda figura como administrador son Origin Resources, que aparece con la misma dirección dubaití que Obsidian Mining & Steel, y The Khan Resources FZE.

infoLibre ha preguntado a Antonio José Boluda por el apartamento de Dubái, así como por su residencia fiscal y el estado actual de las demandas legales interpuestas contra él. A través de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada de Proton Mail, el empresario asegura que “cesó en sus funciones como director de Obsidian Mining & Steel en 2021”, y que se ha “desvinculado” de ella para dedicarse “a otras actividades del sector energético”. Dice que la vivienda nunca ha sido de su propiedad, sino de Obsidian Mining & Steel, de la que indica que es una “empresa con capital y socios emiratíes”.

Sin embargo, en los registros de Cedar Rose, una empresa de inteligencia empresarial especializada en Emiratos Árabes Unidos, Antonio José Boluda figura como administrador de Obsidian Mining & Steel al menos desde enero de 2022, cuatro meses antes de que adquiriera el apartamento en The Royal Atlantis. Desde julio de 2023 aparece también otro administrador, Rawda Hashem Abdulnoor Alajmani. Además, la dirección IP de Anchorage International, el nombre actual de Obsidian, es actualmente la misma que la de otras sociedades como Terranova Commodities, creada en noviembre de 2022 y con dirección en la misma oficina del centro empresarial de La Finca donde Boluda ha domiciliado buena parte de su enorme entramado societario. O como Mercurio Continental Limited, registrada en Londres en enero de 2022 y en la que Antonio José Boluda figura como director y socio mayoritario.

Pero hay otros datos que ligan al empresario murciano con Obsidian Mining & Steel más allá de 2021, cuando dice que cesó como director, y con el apartamento de Dubái. Según los documentos de Dubai Unlocked, el correo electrónico que Obsidian Mining & Steel facilitó en 2022 a una web inmobiliaria del emirato es uno de B26 Group, la marca comercial de NMR. Y la dirección de contacto que aún hoy figura en la página web de B26 Group es la misma del centro empresarial de La Finca donde Boluda tiene domiciliadas buena parte de sus sociedades.

Un indicio más aparece en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, que se prolongaron hasta octubre de 2022 cuando, a tenor de la respuesta del empresario murciano, ya se había “desvinculado” de Obsidian Mining & Steel. En una grabación de septiembre de ese año, Boluda y el entonces director financiero de NMR, Pedro Hernández Hoffman, hablan de Obsidian como si aún estuviera bajo su control. De hecho, se refieren a una propuesta de David Rodríguez Menéndez para repartirse las empresas: Boluda se queda con DKTK Energy y él con NMR, S & M Explotaciones Mineras y White Clay. Boluda rechaza enérgicamente la oferta y el director financiero habla de “darle DKTK Energy [otra empresa del grupo, propietaria de dos hipotecas sobre terrenos de Vauste] a Obsidian” [...] “pues el dinero de Vauste te lo vas a quedar tú [Boluda]”. “David firmó lo de Obsidian”, afirma Boluda, quien se niega a “regalar NMR” a su exsocio.

La Guardia Civil destaca en su informe que Antonio Boluda llegó a presumir en otra conversación de que tenía “60 millones en Dubái” e incluso de que estaba “en trámites de instaurar otra red de empresas destinada a reintroducir ese capital en España”. Los agentes también ponen en duda la existencia de los “supuestos dubaitíes” cuyas reclamaciones esgrimía una y otra vez el empresario murciano ante sus interlocutores. La Guardia Civil considera “curioso” que los mencione como acreedores cuando el propio Boluda actuaba como representante de la empresa dubaití en otras operaciones.

En las grabaciones realizadas por los agentes, Boluda reconoce que fue precisamente la ampliación de capital de NMR –en realidad, dos en un periodo de sólo seis meses entre 2019 y 2020– de 5,3 a 24,77 millones, lo que alertó a la Agencia Tributaria: la había suscrito otra de sus sociedades dubaitíes, RB Commodities.

Es más, el informe también revela que Boluda y Rodríguez Menéndez utilizaban testaferros. En concreto, la Guardia Civil ve indicios de blanqueo en algunas de las operaciones pergeñadas por ambos, a través de bienes que tenían “titulados en España mediante hombres de paja o directamente en el extranjero”.

La trabajada red societaria urdida por Antonio José Boluda se completa con compañías registradas en Chipre, Reino Unido y Costa Rica. La propiedad y la administración de muchas de ellas las comparte el empresario murciano con su mujer, Bianca de Vlas, e incluso con una de sus hijas, Kelly Boluda de Vlas, quien participó en 2002 en el concurso de talentos Popstars-Todo por un sueño, de Telecinco. Entre las decenas de sociedades que el matrimonio ha ido registrando –y cambiando de nombre a lo largo de los años– la mayoría comparten dos domicilios sociales. Como queda dicho, uno de ellos se ubica en el centro empresarial de La Finca, la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde acostumbran a residir, por ejemplo, los jugadores del Real Madrid, entre otros millonarios.

Pero el currículo de Boluda va más allá del interminable listado de sociedades que ha registrado en España y en otros dos continentes. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a él y a su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravado por la cuantía, los 3,3 millones de euros que habían robado a Banesto cuatro años antes utilizando otras dos sociedades: Alania Continental Group SL y Megacorp Metal SL. Firmaron con el banco un contrato Banesnet, por el que la entidad adelantaba las cuantías de los recibos emitidos por Alania Continental pese a que no obedecían a ”actividad empresarial alguna”. Por el contrario, dice la sentencia, la intención del matrimonio era “enriquecerse ilícitamente” tras no devolver el importe de los últimos 71 recibos. Boluda y su mujer aceptaron de conformidad la pena solicitada por el fiscal después de reintegrar el dinero al banco.

También falló en su contra la Audiencia Nacional en 2015, cuando dio la razón al Tribunal Económico Administrativo Central y a la Agencia Tributaria, que habían destapado otra operativa ilegal con dos nuevas sociedades, AB Worldwide Corporation SL y Multidynamic Corporation SL. Boluda, dice el tribunal, utilizaba la primera “para vaciar” a la segunda de su responsabilidad patrimonial por las deudas que había contraído. Multidynamic vendió inmuebles a AB Worldwide, por precio inferior al de mercado, para ocultarlos e impedir que fueran embargados por Hacienda. Ambas sociedades eran administradas por Boluda e incluso compartían domicilio social. Esa dirección, así como la propia vivienda de Antonio José Boluda y la de David Rodríguez Menéndez, fueron registradas cuando los dos socios y sus esposas fueron detenidos por la policía años después, en octubre de 2022.

Con estos antecedentes, Natural Mining Resources 1926 SL (NMR) irrumpió en 2018 en Asturias prometiendo millones en inversiones y 3.000 empleos. Sólo un par de años después se había convertido en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón. Pese a actuar en un sector tocado de muerte por las cada vez mayores exigencias medioambientales a la industria, en plena fase de descarbonización, NMR presumía en su web de una cifra de negocio de 139,1 millones de euros y 6,1 millones de beneficios en 2019 y de haber ingresado aún más en 2020: 295 millones, que le permitieron ganar nada menos que 46,6 millones de euros durante la pandemia.

Mientras, había comprado una empresa en estado de derribo, Vauste Spain, la fábrica asturiana de amortiguadores y componentes para el automóvil que antes se llamó Tenneco y antes aún Monroe. También había comenzado a explotar dos minas, una de antracita en Pilotuerto, y otra de arcilla en La Espina. La televisión pública asturiana, RTPA, le dedicaba reportajes resaltando sus logros. NMR, fundada sólo unos meses antes de pisar el puerto del Musel, incluso se convirtió en el patrocinador del Real Oviedo en agosto de 2020. Por medio millón de euros, los jugadores carbayones lucieron durante un año las siglas de la empresa en sus camisetas y el estadio pasó a llamarse NMR Carlos Tartiere.

Pero la historia de éxito comenzó a desinflarse enseguida. En junio de 2020, Vauste había entrado en concurso de acreedores y despedido a la mitad de sus trabajadores. Antes de acabar el año, NMR dejó de pagar a su escasa plantilla y a algunos proveedores.

En abril de 2021 NMR solicitó el preconcurso de acreedores y en noviembre, el concurso, con una deuda de 101 millones de euros. La aparición de nuevos acreedores la ha terminado elevando, tres años después, a 190 millones. Una buena parte de esa deuda, 50 millones de euros, son impagos a NMR de otras empresas de Boluda.

Detrás de Natural Mining Resources 1926 SL estaba Antonio José Boluda Sánchez, pero la cara visible de la empresa en Asturias era David Rodríguez Menéndez que, según publicó en su día la prensa local, había pasado de vigilante de seguridad en una mina a primer ejecutivo de la empresa de Boluda. También ha figurado como administrador y socio de un puñado de las sociedades de lo que podría llamarse grupo NMR: NMR Bunkering, NMR Minerals y NMR Maritime Services. Aunque la lista incluye unas cuantas más: NMR White Clay, NMR Energy 1977, NMR Steel & Solid Fuels, NMR Bulk Terminal…

Nacho Fuster, secretario general de Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y miembro del comité de empresa de Vauste, recuerda la visita de David Rodríguez y de Antonio José Boluda cuando el fondo alemán Quantum Partners les vendió la fábrica, en 2019. Antonio José Boluda era quien mandaba. Pidió expresamente reunirse con Fuster y le anunció que iba a ser necesario “reestructurar” la plantilla. En cambio, opina el sindicalista, Rodríguez Menéndez era un “xateru”, como se adjetiva en bable a una persona limitada en cuanto a palabra, forma y modales. “Entonces estaba aprendiendo inglés”, se sonríe Nacho Fuster.

En cualquier caso, el asturiano sigue apareciendo como administrador –y es el socio único desde octubre de 2023– de Natural Mining Resources 1926 SL, la operadora de carbón del Musel, sólo que desde el pasado febrero se llama Special Anthracites SL. Ahora se dedica únicamente a vender el carbón de la mina de Pilotuerto, situada en el concejo asturiano de Tineo. Tiene una página web, íntegramente en inglés, en la que se presenta como la única mina de antracita de Europa y presume sin rubor de etiquetas medioambientales: “Green Today, Sustainable Tomorrow” [Verde hoy, Sostenible mañana]. Ni David Rodríguez ni los responsables de la empresa han atendido a la solicitud de contacto de infoLibre.

La mina de Pilotuerto era explotada por otra sociedad de Boluda, S& M Explotaciones Mineras, que también solicitó el concurso de acreedores, en julio de 2022. Su único socio es Río Blanco Limited, domiciliada en Chipre. La Guardia Civil también la vincula con el murciano a través de la dubaití RB Commodities. El propietario de la mina era el conocido empresario leonés Victorino Alonso, que se la arrendó a NMR y pasó a engrosar la lista de acreedores del concurso con una deuda de 820.000 euros porque no se le abonaba el alquiler. Special Anthracites SL la explota ahora en calidad de propietario.

La ristra de impagos de NMR es larguísima. A Hacienda por el impuesto de sociedades, a la Autoridad Portuaria de Gijón, a las empresas estibadoras del puerto, incluso al Real Oviedo, que no recibió el medio millón comprometido por el patrocinio. Endesa Generación la demandó en 2021 por una venta de carbón excedente de sus centrales térmicas, en proceso de cierre. La empresa de Boluda no pagó la mercancía y la eléctrica lo acusó de estafa. La Fiscalía llegó a pedir cinco años de cárcel para los responsables de la empresa del Musel. Un portavoz de Endesa explica a infoLibre que el procedimiento fue archivado en 2023 porque el juez no consideró acreditada la falsedad documental y la estafa. Pero la compañía energética sigue personada en el concurso de acreedores.

En teoría, NMR había dado con una fórmula aparentemente lucrativa: importaba carbón ruso o kajazo, por ejemplo, que luego mezclaba con otro que se extraía de minas asturianas y con el excedente de las centrales térmicas que se estaban cerrando. Luego lo exportaba a centrales térmicas de Marruecos. Pero la mezcla de carbón de buena calidad con residuos de lavadero, que tienen más cenizas y menos poder calorífico, es más barata y sólo resulta rentable si la bajada de precio se compensa con un aumento del volumen de venta, explica a infoLibre el profesor de la Universidad de León José Camino Llerandi.

El resultado quedó lejos de ser el esperado. Dos empresas marroquíes, Safi Energy Company (Safiec) y la compañía pública de electricidad y agua ONEE no recibieron los cargamentos de carbón contratados con NMR y reclamaron indemnizaciones de 49,8 y 18 millones de euros, respectivamente. Tanto ellas como las empresas suizas MIR Trade AG y Telf AG, dos comercializadoras internacionales de materias primas, las que traían el carbón de Rusia y Kazajstán, tuvieron que acudir al Centro Suizo de Arbitraje y a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres para reclamar indemnizaciones a NMR por incumplimiento de contrato. Todos los laudos han sido favorables a las empresas suizas y marroquíes, y reconocidos por el juzgado español donde se dirimen las causas contra la empresa de Boluda.

El comercializador de carbón suizo Kaproben y el búlgaro Stone Sales CZ Ltd también presentaron en 2021 demandas contra NMR en sendos juzgados de Pozuelo de Alarcón: la primera por apropiación indebida y la segunda por estafa. Telf AG, que ya en su día llevó a NMR a los tribunales, acaba de interponer otra demanda contra la empresa pública EBHI (European Bulk Handling Installation), que gestiona la terminal de descarga de graneles del puerto de Gijón, y contra la consignataria Marítima del Principado. Telf AG intenta así recuperar las 160.000 toneladas de carbón –10 millones de euros– que vendió a NMR, pero que está nunca pagó y que desaparecieron de El Musel mientras supuestamente estaban en depósito de EBHI. La compañía suiza acusa a la sociedad pública de apropiación indebida y estafa, según adelantó el periódico Público. En concreto, responsabiliza a su directora general y al director de operaciones de EBHI.

Para los trabajadores de Vauste, la justicia no ha llegado a tiempo. El concurso de acreedores fue declarado culpable en octubre de 2023, cuando la empresa llevaba liquidada más de dos años. El pasado septiembre, un juzgado de lo Mercantil de Gijón adjudicó a un supermercado mayorista las parcelas donde se levanta la antigua fábrica de amortiguadores. Supercash ofreció 3,6 millones de euros por los 10.900 metros cuadrados de terreno. Las fincas estaban hipotecadas a favor de otra de las sociedades de Boluda y su esposa, NMR 1977 –luego DKTK Energy–, que había concedido a Vauste un préstamo de 2,25 millones de euros. Es decir, el empresario era al mismo tiempo prestamista y prestatario.

A día de hoy, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid sigue tramitando el concurso de acreedores de NMR como voluntario. La propuesta inicial de convenio fue rechazada por el juez, que está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso contra esa decisión presentada por NMR, según indica a infoLibre el administrador concursal, AC Ius Aequitas Administradores Concursales.

De Antonio José Boluda ya no queda apenas rastro en Gijón. Aunque Nacho Fuster aún recuerda las protestas de los vecinos por el ruido del helicóptero negro que solían utilizar tanto Boluda como David Rodríguez y que hacían aterrizar cerca de El Musel. O los enormes rusos que una vez le flanquearon la entrada en la caseta de obras que luego se convertiría en 336 metros cuadrados de oficinas, cuya propiedad ha revertido a la Autoridad Portuaria.

La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) detuvieron este martes a Juan Manuel Vidal Padín, alias El Burro, considerado uno de los mayores capos gallegos de la droga. Las fuerzas de seguridad llevaban tres décadas tras sus pasos, pero no habían conseguido pillarlo. Las cosas empezaron a cambiar en noviembre de 2019, cuando se incautaron en la playa de O Foxo (Pontevedra) del primer narcosubmarino transoceánico de Europa. Bautizado como Che, su rastro llevó hasta una organización colombiana que había transportado más de tres toneladas de cocaína hasta la ciudad de Leticia, en la entrada del río Solimões. De allí, en lanchas rápidas, se hizo llegar la mercancía a la zona de Santarém, más allá de Manaos, ya en Brasil, en plena Amazonia, donde se cargó en el narcosubmarino que cruzó el Atlántico rumbo a Galicia. Detrás de ese alijo, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia situaron entonces a Juan Manuel Vidal Padín. Así lo revelaron los Narco Files, la investigación internacional coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), con el apoyo de CLIP (Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas), que publicaron en España infoLibre y Narcodiario en noviembre de 2023.

De hecho, la DEA solicitó en 2021 a Colombia que interceptara las comunicaciones de El Burro, sobre el que habían puesto el ojo los policías del país sudamericano. Un año antes, las autoridades de Bogotá ya habían empezado a investigar las empresas que Vidal Padín, con un pie en ese país desde hacía años, utilizaba para sus negocios ilícitos junto con un socio colombiano y familiares de ambos. Habían montado, aseguraban los investigadores colombianos, “una organización orientada al tráfico de estupefacientes, valiéndose de semisumergibles, partiendo de Colombia, cruzado el Atlántico, hasta llegar a España”.

En marzo de 2023, fue hallado otro semisumergible, el Poseidón, de 23 metros de eslora, medio hundido cerca de Vilaxoán, en la Ría de Arousa, y abandonado por sus tripulantes tras descargar casi cinco toneladas de cocaína. La policía española enseguida lo relacionó con Juan Manuel Vidal Padín. El martes, los agentes lo detuvieron junto a otras cuatro personas. También registraron sus empresas Invermar, una firma náutica, y Hermanos Vidal Padín, dedicada al comercio al por mayor de pesca y marisco, según informaron Faro de Vigo y La Voz de Galicia. En sus naves, la policía encontró una narcolancha con cuatro motores y otra a medio construir.

infoLibre trató de contactar con Vidal Padín a través de varias de sus empresas, sin éxito.

La operación se ha desarrollado sólo unos días después de otra en la que se registraron una docena de viviendas y locales de Noia y Bertamiráns (A Coruña), Vilanova de Arousa, A Estrada y Portonovo (Pontevedra). Se decomisaron dos planeadoras más, así como moldes para construirlas. Hubo cinco detenidos en un primer momento. El operativo se vincula con la aparición de dos narcolanchas abandonadas en las playas de Espiñeiredo y O Rial, en el municipio coruñés de Ribeira, en febrero de 2023, sólo unos días antes de que fuera hallado el Poseidón al otro lado de la ría. Del cerco policial escaparon, no obstante, dos lugartenientes de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el histórico capo gallego: José Manuel F. y Francisco Javier P. R.

Sito Miñanco se encuentra en la cárcel a la espera de juicio en la Audiencia Nacional junto con el resto de su organización, que, en teoría, fue desmantelada en la Operación Mito en 2018. Entonces, el capo gallego fue detenido en Algeciras y acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero. El fiscal pide para él 29 años de cárcel. Miñanco tiene ahora 69. De ellos, ha pasado entre rejas casi una tercera parte: fue condenado en 1993 a 20 años de prisión por un delito contra la salud pública, en 2004 por el mismo delito a 16 años y 10 meses y en 2019 por blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas a tres años y nueve meses de cárcel.

Estas últimas detenciones revelan que el narco gallego sigue vivo, con capos ahora más discretos que los históricos Miñanco –su vida ficcionada fue un éxito de audiencia con la serie Fariña– o el explosivo Laureano Oubiña –que ha escrito sus memorias, pero sin mucho tirón editorial–. Como en el caso de El Burro, han cambiado de operativa y de ruta, y no dudan en cruzar el Atlántico para traer la cocaína siguiendo el curso del Amazonas.

Construyen submarinos –el Che se encuentra expuesto en la Escuela de la Policía Nacional en Ávila–, pero también sus propias narcolanchas, que no son sólo un preciado medio de transporte en Barbate (Cádiz). Hay que recordar que fueron los narcos gallegos los primeros que presumían de su pericia para navegar por las rías de noche y sin luces esquivando las lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera. Queda por ver si la detención de algunos de sus hombres en Bilbao y Gijón estos como resultado de estas últimas operaciones no es un indicio de que los narcos gallegos han decidido extender su campo de acción más al norte, primero a las Rías Altas y luego al Cantábrico.

Aunque, en el caso de Vidal Padín, lo cierto es que no ha dejado de estar en el radar de la policía, los jueces, los medios de comunicación y hasta de Hacienda desde los años 90. Incluso ha estado a punto de ser llevado ante los tribunales en varias ocasiones. Y fue denunciado por la Agencia Tributaria por fraude fiscal en 2012. Porque tan importante como su actividad delictiva ha sido la empresarial. Es dueño de un buen número de sociedades, la mayoría dedicadas a la náutica. Pero no solo eso. De hecho, fueron unas conversaciones de El Burro grabadas por el SVA las que pusieron a la Policía sobre la pista de Jorge Dorribo, el empresario lucense que incriminó al exministro de Transportes José Blanco en la que luego se conoció como Operación Campeón.

La instrucción de la causa, un fraude de subvenciones y cohecho a cambio de comisiones, se prolongó durante seis años, pero se cerró con penas menores para la decena de procesados. El caso contra el ministro socialista había sido archivado por el Tribunal Supremo antes, en 2013. Dorribo, dueño de los laboratorios Nupel, aseguró que se había reunido con José Blanco en una gasolinera de Lugo y que había pagado 200.000 euros a un primo del ministro para acelerar gestiones en los ministerios de Hacienda y Sanidad.

En esa causa, sin embargo, no apareció Juan Manuel Vidal Padín, pese que Dorribo le había ofrecido ayuda para solicitar subvenciones al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Tanto un exdirector como un subdirector de ese organismo dependiente de la Xunta de Galicia fueron condenados a seis meses de multa y un año de suspensión de empleo público. Además, Dorribo había comprado dos yates a través de El Burro y los había puesto a nombre de su esposa, pero eran utilizados por el presunto narco para su ocio.

Vidal Padín consiguió desarrollar sus negocios a la vista de todos durante años, pese a la perenne sospecha que le rodeaba. Pero han sido los submarinos, precisamente su operativa más osada, los que finalmente ha hecho posible reunir pruebas suficientes a ambos lados del Atlántico para detenerlo.

Gijón acoge estos días la 61 edición del Festival Independiente de Cine de Gijón/Xixón (FICX). Por séptima edición consecutiva, Alejandro Díaz Castaño (Bimenes, 1979) es el director. Durante este tiempo, ha logrado que la cita cinematográfica se haya convertido en un festival “muy respetado a nivel mundial”, según sus palabras.

Pero el pasado mes de octubre, el festival se vio salpicado por una polémica con el ayuntamiento de la ciudad asturiana. La concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco, perteneciente a Vox, planteó en una rueda de prensa que su formación quería alejar al festival de “sesgos y sectarismos” para “dejar atrás limitaciones ideológicas”. "Se acabó", escribió en la red social X (antes Twitter) la alcaldesa Carmen Moriyón, de Foro asturias. Con esa frase, anunciaba la expulsión de Vox del tripartito que dirigía la ciudad desde las elecciones del 28M.

El FICX cumple 61 ediciones ininterrumpidas. ¿Cuál es el secreto de su éxito?

El Festival de Cine Independiente de Gijón/Xixón fue fundado en 1963. Era un festival de cine infantil y juvenil y, desde mediados de los 90, se convirtió en un referente para el cine de autor independiente. El cine independiente es el tipo de cine que se programa. Este cine, en muchos casos, no es el habitual en las salas comerciales y muchas de las películas no tienen distribución asegurada. En la actualidad tenemos tres secciones competitivas. La sección Alvar, que es para cineastas que ya tienen una trayectoria; Retueyos, para primeras, segundas y terceras películas; y Tierres en Trance, para cine iberoamericano que incluye a España y a Portugal. Además, también tenemos la sección oficial de cortos, otra dedicada al público infantil y juvenil y varias secciones complementarias. Yo creo que es un programa muy completo y sólido.

Para la ciudad tiene una implantación muy importante porque son muchos miles de tickets los que vende el festival en sala. Incluso tiene más público que otros festivales de ciudades más grandes. Creo que es un gran aliciente. Hay un montón de gente que viene a Gijón para estar durante el festival y, por tanto, hay un retorno económico muy importante para para toda la ciudad en un mes complicado como es noviembre.

También tenemos un reconocimiento muy importante. Somos el festival español que mayor financiación ha recibido por parte del Ministerio de Cultura. De hecho, Ignasi Camós, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), nos ha acompañado en la inauguración. Además, hemos recibido ayudas por parte de la Unión Europea. Por tanto, el FICX es un festival gijonés, asturiano, español y europeo.

El festival destaca por su calidad en el cine independiente. ¿Apuestan los festivales lo suficiente por este tipo de realizadores?

Creo que poco a poco ha habido otros festivales que han ido incorporando este arriesgado cine en sus programaciones. Pienso, por ejemplo, en San Sebastián con la sección Zabaltegi-Tabakalera. Cada vez se ve más ese tipo de cine, pero seguimos intentando arriesgar, sobre todo, colocando en la sección oficial películas que son, en muchos casos, autoproducidas y autodistributivas y que no están en el radar. Así apostamos por creadores jóvenes que pueden ser los grandes nombres del mañana. Por ejemplo, el cineasta Ruben Östlund ganó el premio al mejor director en Gijón en 2010 con Play y el año pasado tuvo dos nominaciones al Oscar con El triángulo de la tristeza. Otro ejemplo es Santiago Mitre que ganó el premio al mejor largometraje en 2011 con El Estudiante y que el año pasado ganó el Globo de Oro por 'Argentina 1985'.

Hace poco más de un mes, la alcaldesa expulsaba del grupo de gobierno a la concejala de Festejos, de Vox, Sara Álvarez. ¿Cómo lo vivió el festival?

A la organización no le afectó, porque el festival estaba organizado ya a lo largo de todo el año. Además, hubo una respuesta muy rápida por parte del Ayuntamiento, en este caso de la Alcaldía. Sí que me gustaría añadir que el festival nunca ha sido utilizado políticamente. El festival no pertenece a ningún partido político, pertenece a Gijón y a la ciudadanía y creo que a la hora de configurar un festival quienes tienen que tomar las decisiones son la gente que sabe de cine, no la gente que sabe de política.

Si Vox hubiera continuado en el gobierno local, ¿podrían haber peligrado el Premio Rambal, que distingue al mejor Audiovisual LGTBI de entre toda la programación del FICX, y a las secciones en lengua asturiana?

A mí me resulta bastante contradictorio. Creo que no hay más sectarismo que dejar fuera, en este caso, al colectivo LGTBI de un festival simplemente por el hecho de tener una orientación sexual y vital distinta. En el caso del asturiano, me parece incluso grotesco porque, al final, es la lengua que se habla en Asturias. El festival está en Asturias y dejar fuera de la programación a una película porque está en una lengua u otra y, particularmente, porque está en la lengua que se habla en la comunidad, me parece un sinsentido.

Por causas ajenas a vosotros, el festival se ha convertido en un dique contra las políticas culturales de la ultraderecha. ¿Cómo valoras el apoyo de la sociedad al FICX?

Recibí un montón de muestras de apoyo. Mucha gente llamaba a la movilización, aunque al final no hizo falta porque realmente se resolvió todo muy rápido y de forma muy contundente. Estoy muy agradecido por haber recibido tantas muestras de apoyo. Programadores internacionales, cineastas de toda España y de gente muy preocupada y muy volcada en intentar ayudar. Nos sentimos muy arropados, la verdad.

En un futuro, ¿puede peligrar el festival, como ya ha ocurrido estos últimos meses tras el intentona de Vox por controlarlo, o podemos estar tranquilos?

Predecir el futuro es complicado, pero estamos en una situación geopolítica y política bastante difícil e incierta. Yo creo que hay que salvar esa independencia de los festivales en la programación y tienen que reflejar la pluralidad de la sociedad. Este tipo de sucesos son inquietantes y hacen que tengamos que estar ojo avizor.

¿De qué estás más orgullosos?

De lo valorado que está. Cuando vamos a festivales, como el Festival de Berlín, y nos presentamos como trabajadores profesionales de Gijón, la gente tiene una reacción muy buena porque es un festival que lleva ya 61 años. Es algo muy difícil de alcanzar con cualquier festival. Es un tesoro cultural y la gente lo valora especialmente. Creo que es un festival muy querido y, sobre todo, muy respetado a nivel de prestigio. Creo que de alguna forma también lleva el nombre de Gijón a unas esferas internacionales y lo relaciona con cine de calidad.

Por último, ¿puedes dejar alguna recomendación del FICX para nuestras lectoras y lectores?

Recomendaría muchísimas películas. Por ejemplo, la película inaugural, Lobo dirigida por Alfonso Cortés Cabanillas y protagonizada por Marian Álvarez. Creo que es una película muy comprometida con la violencia hacia las mujeres y tratadas desde una óptica que creo que no es habitual. Muy lejana a lo que puede ser una película de tesis, sin embargo, están todas las temáticas muy orgánicamente dentro de la película. También diría dos películas asturianas: Los últimos pastores, de Samu Fuentes, y El cine, 5 de Elisa Cepedal. Creo que son dos grandes películas, muy importantes para el cine asturiano y que además demuestran que el cine que se está haciendo aquí cada vez está más alineado con otras propuestas nacionales e internacionales y que se compite de tú a tú con los grandes nombres del cine europeo.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha convocado este miércoles una rueda de prensa urgente, en la que se prevé que anuncie la ruptura del pacto con Vox, han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al Gobierno local.

Así lo hará horas después de que la diputada regional y concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco (Vox), anunciara a los medios de comunicación su intención de hacer cambios en el Festival Internacional de Cine de Xixón, para que dejara de ser "de unos pocos" y se alejara de "sesgos y partidismos", para enfocarlo más a los ideales de su partido; "trabajo, esfuerzo y respeto a todos".

"Se acabó", ha publicado Moriyón en la red social X (antes Twitter), sin llegar a dar más explicaciones sobre el significado de estas palabras.

Cabe recordar que el Gobierno tripartito lo forman Foro, PP y Vox. No obstante, el pacto no fue firmado a tres bandas, si no que Foro firmó un acuerdo con el PP y otro con Vox.

Este sábado a primera hora la planta regasificadora de El Musel (Gijón) recibió su primer cargamento de gas desde que fue construida en 2012. La noticia pone fin uno de los mayores culebrones de la industria española, la instalación energética de Enagás que estaba llamada a relanzar la industria asturiana y que nunca llegó a operar porque no era viable económicamente ni cumplía los estándares de medioambiente. La planta costó en su día 387 millones de euros y se recupera ahora solo como almacén temporal de gas licuado en lugar de como regasificadora. Pese a haberse mantenido hasta ahora apagada, los hogares han pagado por ella 282 millones a través de sus facturas de gas, y hasta 2050 pagarán otros 387 millones, según la CNMC. 

La planta empezará a funcionar oficialmente en las próximas semanas, pero el sábado recibió una inyección inaugural de gas que servirá para poner a punto sus dos tanques de 150.000 metros cúbicos, capacidad equivalente a dos barcos metaneros. Según el medio británico Energy Intelligence, el cargamento lo envió la compañía energética alemana RWE procedente de un puerto estadounidense. 

Una vez que esté plenamente operativa, El Musel servirá como depósito temporal para almacenar gas que llegue de terceros países, como Estados Unidos o Nigeria, para después cargarlo de nuevo en barcos rumbo al norte de Europa. También servirá para almacenar una muy pequeña cantidad de gas (0,3 bcm, en la jerga del sector) durante el invierno. 

De esta manera, la planta será infrautilizada respecto a su objetivo original, ya que tiene toda la infraestructura para funcionar como estación de regasificación. Estas plantas reciben gas en forma líquida de los barcos metaneros y lo transforman a estado gaseoso para que pueda circular por la red española de tuberías y llegar a hogares, fábricas y oficinas. Pero España ya tiene seis regasificadoras –es el país de la UE que más tiene– que funcionan como mucho al 50% de su potencial porque la industria y los hogares no tienen capacidad para consumir tanto combustible, por lo que no tendría sentido sumar a ellas la estación de Gijón. 

Esta sobrecapacidad de regasificación no es un problema nuevo para El Musel, una planta que fue tachada de innecesaria nada más terminarse de construir. En 2008, bajo el Gobierno de Zapatero, la construcción de la regasificadora se incluyó en el plan energético del Gobierno como una infraestructura clave para el futuro energético de España. Sin embargo, cuatro años después, bajo el mandato de Rajoy y cuando estaba lista para empezar a funcionar, se abortó su apertura porque las seis plantas existentes eran más que suficientes. "No se considera prudente que nuevas plantas de regasificación comiencen a funcionar […] hasta que la demanda lo justifique", recogió un real decreto ley aprobado ese año, que explicaba que, si se encendía El Musel, la red gasista española podría colapsar porque habría muy poco combustible dividido entre demasiadas regasificadoras.

Quienes estaban al tanto del proyecto en la época relatan que el fiasco fue orquestado por el entonces presidente socialista de Asturias, Vicente Álvarez Areces, que quería convertir a su región en una potencia energética e industrial, con la apertura de una decena de centrales de ciclos combinados y la sustitución del carbón por gas natural en la metalurgia. Todo ello alimentado con el gas que llegaría de El Musel. "Era un plan nefasto e imposible. Quería basar la economía en la exportación de electricidad en un país donde todos querían construir renovables y centrales de gas", opina Paco Ramos, especialista en energía de Ecologistas en Acción que todavía hoy lucha contra El Musel. 

Guillermo Ulacia, entonces ejecutivo de Arcelor en Asturias y hasta el año pasado presidente de la patronal del metal en esa región, coincide con esa versión. "Areces quería convertir el puerto de Gijón en el de Vizcaya [donde había una importante regasificadora que alimentaba a la industria vasca], pero la demanda de gas no era suficiente y la capacidad para enviar el combustible sobrante a Francia por tubo era muy limitada", explica. También recuerda que en la época se rumoreaba con que País Vasco y Galicia, que controlaban la regasifiación en el norte de España, presionaron para tumbar el proyecto asturiano. 

El problema es que el Gobierno había garantizado la construcción a Enagas y como las regasificadoras se consideran parte de la red del transporte de gas, reciben retribuciones del Estado a cambio de su construcción, como ocurre con otras infraestructuras clave del Estado. Incluso estando cerrada, entre 2012 y 2023 Enagas ha recibido 283 millones de euros en retribuciones por el coste financiero de la planta y de sus costes de mantenimiento, según la CNMC. Como la planta estaba cerrada, estas compensaciones no incluían las ayudas públicas a la construcción de El Musel, por lo que la deuda con la compañía no está todavía saldada. 

"El sistema gasista tendría pendiente de retribuir toda la inversión realizada hasta el momento (aproximadamente 387 millones de euros) que no ha sido amortizada aún, así como el compromiso de mantener mientras dure la hibernación la retribución financiera correspondiente y los costes de operación y mantenimiento antes señalados", recoge la CNMC en su informe. El regulador publicó en febrero la hoja de ruta de los pagos, que se extenderán durante 51 años más. El año que viene la retribución será de casi 26 millones de euros, cifra que se reducirá poco a poco cada año. 

Como explica Diego Rodríguez, economista de Fedea, las retribuciones que paga la CNMC proceden del dinero que ingresa el regulador de los llamados peajes de la factura del gas. Es decir, una pequeña parte de lo que pagan los hogares cada mes en el recibo del gas se destina a costear la resgasificadora fallida y a compensar a los inversores de Enagas, incluso con la regasificadora en modo hibernación.

"Como hemos tenido la planta parada nos hemos dedicado a pagar la rentabilidad de la inversión. A partir de ahora estaremos décadas pagando una infraestructura que nos va a costar a todos 670 millones", critica Paco Ramos. 

La historia no acaba aquí. En 2008 el Ministerio de Industria otorgó la licencia de construcción de la regasificadora pese a que estaba a apenas un kilómetro del barrio de El Muselín, lo que entonces era ilegal según la normativa de prevención de ruidos. Colectivos sociales liderados por el grupo político de Los Verdes denunciaron la irregularidad y en 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a los ecologistas y declaró ilegal la planta. Tres años después, tras el recurso de Enagas, el asunto fue al Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia del TSJM. 

A partir de ahí comenzó un lento proceso para tratar de enmendar el error. En 2017 en Ministerio de Industria de Rajoy publicó un decreto que permitió a la planta volver a tramitar los permisos de construcción que obtuvo ilegalmente –ahora que estaba abolida la ley que limitaba su construcción a dos kilómetros de un núcleo urbano–. En 2021 recibió una declaración de impacto ambiental positiva del Ministerio de Transición Ecológica, ya con el PSOE en el poder. Con la crisis de gas derivada de la guerra, los pasos finales se aceleraron y la CNMC actualizó el pasado febrero el sistema de retribución de la regasificadora y hace tres semanas el Gobierno concedió finalmente a la planta su autorización administrativa para funcionar. 

Joan Batalla, presidente de la patronal gasista Sedigas, afirmó esta semana que el motivo de la hibernación de la plata fue la crisis económica de 2008, que provocó una caída del consumo de combustible. Y afirmó que la reapertura de El Musel es una oportunidad para el sector en el país. "España es una puerta de entrada con un sistema enormemente flexible que nos permite actuar de forma solidaria con el resto de Europa. Lo hemos visto durante los meses de mayor inseguridad de suministro", dijo el representante del sector.

Paco Ramos, de Ecologistas en Acción, defiende todavía hoy que la planta nunca se necesitó y que fue un pufo permitido por los gobiernos regional y nacional. Por eso, afirma que hace aproximadamente un mes denunciaron de nuevo a El Musel ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la vía de lo Contencioso. En este caso, ya no por su cercanía a las casas, sino para que se investigue por qué se introdujo en el plan 2008-2016 de planificación gasista y eléctrica si no había una demanda que justificase la regasificadora.

La escritora venezolana María Elena Morán ha sido galardonada con el Premio de Novela Café Gijón por su novela Volver a cuándo, que será publicada por Ediciones Siruela el próximo mes de enero, según informa Europa Press.

Volver a cuándo cuenta desde varios puntos de vista la historia de Nina, quien durante el agravamiento de la crisis venezolana en 2019 emigra a Brasil, dejando a su hija Elisa bajo los cuidados de la abuela Graciela, una mujer en luto por su esposo Raúl, el país y la Revolución.

Mientras Nina intenta organizar su precaria vida de migrante para poder llevar a Elisa y a Graciela consigo, su ex marido, Camilo, aprovecha su ausencia para acercarse a la niña y sacarla del país.

En su fallo, el jurado ha querido destacar "el excelente dominio de tiempos, acción y estructura del relato por medio de las diversas voces narrativas". "Es una escritura coloquial, de gran musicalidad y con hallazgos expresivos muy sugerentes", remarcan.

El jurado del Premio Café Gijón ha estado compuesto por Mercedes Monmany, Rosa Regàs, Antonio Colinas, Marcos Giralt Torrente y José María Guelbenzu, en calidad de presidente.

El Premio Café Gijón fue instituido en 1949 por el actor Fernando Fernán-Gómez, en el célebre establecimiento del paseo de Recoletos de Madrid. Entre su nómina de ganadores figuran nombres como César González-Ruano, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite o Luis Mateo Díez, en su primera etapa; y más recientemente, José Antonio Garriga Vela, Martín Casariego, Jesús Ferrero, José Morella, Antonio Fontana o Alexis Ravelo, ganador del año pasado con su novela Los nombres prestados.

Ediciones Siruela publica desde 2007 las obras ganadoras del certamen, que convoca el Ayuntamiento de Gijón. En la actualidad, la dotación del premio es de 20.000 euros.

María Elena Morán es una escritora y guionista nacida en Maracaibo, Venezuela, en 1985. Es graduada en Comunicación Social en la universidad venezolana del Zulia (2007) y por la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de Cuba, donde se especializó en guion cinematográfico (2012). Magister y doctora en Escritura Creativa por la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul de Brasil (2022), actualmente vive en Sao Paulo, Brasil.

Los bomberos ya han localizado los cuerpos de los dos trabajadores que estaban atrapados bajo los escombros en el interior del colegio San Vicente de Paul, en el cruce de las calles Ezcurdia y Caridad, en Gijón, informa Europa Press. 

Ambos han sido encontrados sin vida. El primero fue hallado aproximadamente sobre las 15.00 horas, mientras que la certificación de la muerte del segundo fallecido se ha producido entorno a las 16.25 horas.

Según fuentes municipales el derrumbe, donde también han resultado dos obreros heridos, se ha producido concretamente de parte del forjado de la terraza que hay en la azotea del edificio.

Todo el personal del parque de bomberos de Gijón se encuentra desplazado y trabajando en la zona, que ha sido acordonada.

La alcaldesa de Gijón, Ana González, del PSOE, ha anunciado este miércoles que no habrá más corridas de toros en la ciudad y lo ha hecho tras denunciar que dos de los animales que han sido lidiados y matados en la última feria taurina se llamaban 'Feminista' y 'Nigeriano', algo que "no se puede permitir". El PP cree que la regidora "hace el ridículo" y ya anuncia una campaña de recogida de firmas contra la medida, informa Europa Press.

Según ha explicado la alcaldesa, el ayuntamiento ya no va a sacar la concesión para organizar otra vez la feria taurina de Begoña, que se ha celebrado los días 13, 14 y 15 de agosto en Gijón, ya que, a su parecer, "se han cruzado varias líneas".

A su juicio, son cada vez más las voces que en Gijón cuestionan las celebraciones de las corridas de toros, pero lo que ha inclinado definitivamente la balanza ha sido ver los nombres de los toros que se han lidiado este año como 'Feminista' y 'Nigeriano'.  Ana González ha asegurado que su ciudad cree en la igualdad de hombres y mujeres, así como en la integración de cualquier persona nazca donde nazca, y no puede tolerar ese tipo de nombres.

El nombre es por su madre

La Unión de Criadores de Toros de Lidia ha explicado este miércoles que los toros lidiados esos nombres porque descienden de las vacas 'Feminista' y 'Nigeriana', con un linaje de 35 años, por lo que son "ajenas de contextos sociales y políticos".

A través de nota de prensa, precisan que la normativa de la raza para la inscripción de nacimientos de reses de lidia en el Libro Genealógico (dependiente de Ministerio de Agricultura) exige que los machos adquieran el nombre de la madre. "Consideramos fuera de lugar y muy desafortunada la polémica claramente intencionada durante estos días en los medios de comunicación y en las redes sociales que es fruto del desconocimiento sobre el ámbito ganadero y, también del mundo rural. Y exigimos una rectificación inmediata por parte de la Alcaldesa", han sentenciado.

Coartan la libertad

Desde el Partido Popular han acusado a la primera edil de frivolizar y de "hacer el ridículo" con sus declaraciones y han tachado la medida de "imposición ideológica": "El socialismo más radical vuelve a coartar la libertad de los gijoneses", ha manifestado Pablo González, presidente del PP de Gijón.

Asimismo, ha indicado que estudiará jurídicamente la decisión de la alcaldesa y que va a poner en marcha una recogida de firmas "en apoyo a las asociaciones y los colectivos taurinos" anunciando que "en dos años un gobierno del PP organizará la mejor feria taurina para la ciudad".

A las críticas del PP, se ha sumado Vox afirmando que la cancelación de la Feria de Begoña es una muestra de "sectarismo" de una corporación "anti Gijón": "La alcaldesa de Gijón, inasequible al desaliento en su fracasada actuación como gestora municipal, hace de la ciudad su particular campo de batalla ideológico", ha manifestado el presidente de Vox Asturias, Ignacio Blanco.

Por contra, Podemos ha celebrado la supresión de las corridas de toros en la ciudad asturiana y ha aplaudido que la primera edil "haya escuchado la voz de los ciudadanos": "No se puede permitir que en Gijón siga habiendo en espacios públicos espectáculos en los que se pueda torturar y asesinar animales", ha reivindicado la diputada de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias, Nuria Rodríguez.

Ya no solo por la declaración hecha a principios del mandato por la recién elegida alcaldesa Ana González –que acto seguido al anuncio de subirse el sueldo declaraba que el tema de la remunicipalización del SAD estaba zanjado–, sino también por el anuncio hecho por Aralia, empresa adjudicataria del SAD, el día 3 de este mes, en el que comunicaba que no abonaría ni la paga del mes, ni tampoco la extra de Navidad. Esta medida, según la empresa, concernía a las plantillas a nivel nacional, justificando la toma de esa decisión por una supuesta falta de liquidez.

En realidad, todo apunta, después de que las componentes del comité de empresa hayan comprobado que en otras provincias las plantillas estaban cobrando su salario con normalidad, a que Aralia decidió entablar una confrontación con el Ayuntamiento de Gijón, utilizando como rehén a la plantilla en esta ciudad. Confrontación iniciada prácticamente desde el comienzo ya que la empresa está incumpliendo, desde el 1 de julio del año pasado hasta hoy, el pliego de condiciones de obligado cumplimiento no pagando el complemento salarial previsto en dicho pliego de condiciones.

En este pulso entre Aralia y el Ayuntamiento, la primera intenta marcharse de Gijón borrando la deuda que tiene con la plantilla del SAD y obteniendo el perdón de las penalizaciones impuestas por el Ayuntamiento por su incumplimiento. Según las declaraciones en la prensa, la concejala de Bienestar Social y Derechos, Natalia González, los incumplimientos de Aralia no son un secreto para nadie y se comprobó que no solo no había problemas de pago en otros ayuntamientos, sino que Aralia consiguió otros contratos en otras ciudades.

Natalia González anunciaba el cese de la facturación de noviembre hasta que no se clarifique la situación y afirmaba que si Aralia incumpliera se iría a la rescisión del contrato (¿no lo tiene claro y cabría otra posibilidad?), como si esas medidas no fuesen evidentes. Añadía en sus declaraciones, “todos los escenarios son posibles”. ¿Incluso el de la remunicipalización del SAD? Sería sin duda alguna lo más indicado.

Respecto a ese tema, Ana Castaño, concejala de IU en la anterior corporación, una de las que se abstuvo para que la remunicipalización no se llevase a cabo, declaraba a principios de marzo de este año: "Celeridad y contundencia porque no se puede tolerar que pícaros y tramposos tengan cabida en el Ayuntamiento". ¡No me diga!

En este caso, como en muchos otros, cuando brillantes funcionarios, adalides de la privatización de los servicios públicos, ya estén al servicio de un Gobierno central, autonómico o local, como aquí, toman la decisión de privatizar un servicio público, las principales víctimas de tal desparpajo son las plantillas y los usuarios. No es extraño que después de tal culebrón en el que tanto la plantilla del SAD como los usuarios del servicio son los perjudicados, las trabajadoras del SAD anuncien protestas y movilizaciones.

Razón tienen, porque en esta sociedad capitalista en la que el dinero es rey, no existe ninguna posibilidad para los y las trabajadoras que solo disponen, en el mejor de los casos, de un salario para vivir. Los servicios públicos en ningún caso deben ser objeto de enriquecimiento, ni estar sometidos a las estúpidas e inhumanas leyes del mercado. Los servicios públicos deben servir esencialmente para satisfacer las necesidades colectivas. ____________

Mario Diego es socio de infoLibre

Para justificar dicha decisión, Ana González destaca, por una parte la responsabilidad que conlleva el hecho de “mandar”; y efectivamente por “mandar” manda e incluso aprovecha, de paso, para saldar algunas cuentas pendientes con Podemos, marginalizándolos. El Gobierno socialista no ha podido resistir a dejar dicho partido, entre otras cosas, fuera de Gijón al norte. Por otra parte nuestra alcaldesa recalca, ahí ya no “manda” ella, que “los salarios deben renovarse obligatoriamente cada cuatro años; no lo decido yo, lo marca la ley”.

Además de que la ley solo dice que los salarios se pueden actualizar, es extraño que el PSOE no haya puesto una denuncia en los juzgados para anular la decisión de congelarlos por parte de Foro. Los políticos del Consistorio no debieron, entonces, salir muy malparados a pesar de dicha congelación, no obstante, por lo que se ve, la congelación tuvo una consecuencia considerada como una anomalía por el nuevo Consistorio: algunos de los altos cargos del funcionariado cobraban más que la propia alcaldesa. Un crimen de lesa majestad.

“Nadie va a cobrar sueldos millonarios”, nos dice nuestra nueva edil, menos mal, solo faltaba eso. Ana González debería ir a explicárselo a los asalariados asturianos que se encuentran en el tramo de los salarios más bajos y en el que la media salarial es de 480 euros o en el tramo intermediario en el que el salario medio es de 1.622, no estoy seguro de que consideren el argumento como un argumento de peso. Si es verdad que cuando se habla de 67.000 euros por año para la alcaldesa y de 58.400 para los concejales con dedicación exclusiva, no son salarios millonarios, también es verdad que quizás no se necesite ganar tanto para tener una vida decente.

Entre el Gobierno gijonés y la clase trabajadora que dice representar – ¿lo sigue diciendo? –, no es una zanja quien los separa, es un abismo. “Cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades”, es una noción de la que los componentes de dicho gobierno ya no solo no se acuerdan, sino que hicieron todo lo posible para olvidarla. Hay quienes hablan, como Aurelio Martín de “dignificar la política evitando hipocresías y sobreactuaciones”, lo comparto y pienso que el representante de IU debería aplicárselo. Quizás sus “sobreactuaciones” en el bombeo continuo al PSOE sea el responsable de los malos resultados de IU.

Ya veremos con qué fogosidad el Ayuntamiento se enfrentará a la reducción de 200 empleos anunciados por  Arcelor, por el momento Ana González se “dice preocupada”, pero tiene que estudiar la situación. La plantilla de Arcelor ya sabe a qué atenerse, el resultado obtenido tendrá que planteárselo. ________________

Mario Diego es socio de infoLibre

Tres jóvenes de Gijón han sido detenidos por una agresión homófoba a un hombre en Gijón que tuvo lugar a primera hora del pasado día 13 de enero en Oviedo. Según ha informado la Policía los detenidos se habrían acercado a la víctima, que iba con otros tres amigos, y le insultaron por su condición sexual llamándole "maricón de mierda". Luego le pegaron, le dejaron sangrando y se fueron corriendo tras robarle el teléfono.

Los detenidos han pasado a disposición Judicial, pero han quedado posteriormente en libertad con cargos a la espera del correspondiente juicio.

Según el relato de la Policía, el suceso se produjo sobre las 08.00 horas cuando la víctima caminaba por la calle Nueve de Mayo de Oviedo en compañía de tres amigos. Los tres jóvenes, de unos veinte años de edad, les increparon e insultaron por su condición sexual.

Entonces, el denunciante se encaró con los tres jóvenes para recriminarles su actitud, pero ellos respondieron con una actitud muy violenta, tirándolo al suelo y propinándole golpes y patadas mientras seguían con insultos de naturaleza homofóbica.

No contentos con ello, le arrebataron el teléfono móvil y emprendieron la huída en dirección hacia la calle La Lila. Mientras que la víctima, que había perdido de vista a sus amigos, quedó tendida en el suelo sangrando por la heridas producidas en el hecho.

Tras investigaciones llevadas a cabo por funcionarios del Grupo de Delincuencia Urbana, lograron identificar a los autores de los hechos, que resultaron ser tres jóvenes de Gijón.

Afirme lo que afirme la alcaldesa, lamentablemente la contaminación de las aguas de baño es debida, no solo a las graves deficiencias de la red municipal de saneamiento, sino también al frecuente vertido de aguas fecales que padece el cauce del río Piles y al que se añaden los otros contaminantes de origen marino. A este problema sufrido por la playa de San Lorenzo se suma la pérdida progresiva de arena y  –jamás dos sin tres– con frecuencia divisamos la presencia permanente de carbón contaminante que llega a ocupar una significativa parte del arenal.

La gravedad de la situación exige, sin duda alguna, por parte del Ayuntamiento de Gijón, un plan de actuaciones que vaya más allá de las simples declaraciones, mediáticas –ya sean hechas éstas por la alcaldesa o por sus expertos– negando lo evidente o solicitando la credibilidad de los ciudadanos, sin aportar un solo dato que permita contrastar lo que afirman.

En este momento ni se dispone de mediciones topográficas contrastadas de la playa ni de batimetrías que muestren la evolución orográfica de los fondos de la zona de servicio bajo la jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Gijón, dicho sea de paso, Autoridad cuyo secretismo y falta de colaboración es cada día más evidente.

La mejor forma de abordar los problemas que afectan a la playa de Gijón no consiste en ignorarlos sembrando confusión mediante múltiples intervenciones en la prensa o meras declaraciones en los plenos municipales, sino en abordarlos con decisión una vez identificados, evaluándolos con rigor y precisión.

En el mejor de los casos se debería analizar y valorar económicamente la posibilidad de erradicar dichos problemas, o en el peor, mitigarlos de tal modo que no representen un inconveniente sustancial para la salud de los usuarios de la playa y por ende para preservar el interés general de Gijón. En cualquiera de los casos, se debería actuar sobre las causas originales activando medidas para evitar las consecuencias, sean estas las manchas marrones en el agua o las manchas de carbón en la arena.

En lo que respecta al agua, no cabe la menor duda que la deficiencia proviene del sistema de saneamiento, y de un estudio para llevar a cabo la construcción de una planta depuradora EDAR que recicle los deshechos sin necesidad de verterlos a la mar, una medida que se debería tomar con urgencia.

En cuanto a las manchas de carbón, un estudio dice que ese carbón proviene todavía del Castillo de Salas, barco hundido en 1986 en la costa gijonesa, mientras que otro lo achaca a los movimientos de graneles carboneros en el puerto del Musel. La solución no consiste en seguir recogiendo muestras del carbón que llega a la playa, cuyo origen en más de un 98% no parece ofrecer dudas. Además es necesario que el Instituto Nacional del Carbón-INCAR determine si, como se sospecha, ese carbón tiene componentes tóxicos como el arsénico.

La aplicación de medidas eficaces para evitar la generación de nubes de carbón tóxico, que son altamente dañinas para el sistema respiratorio y afectan tanto a la fauna y la flora terrestre como a la marina, es una exigencia imprescindible, como también se debe emplear métodos de limpieza, con el barco amarrado al muelle, para evitar baldeos de cubiertas y escotillas con vertidos de carbón del barco a la mar. _____________

Mario Diego es socio de infoLibre

El 23 de septiembre de 2017 arrancaba el primer encuentro estatal de mujeres que tenían como propósito preparar la huelga feminista del 8 de marzo. Lo hacía en Elche, sin una hoja de ruta clara, con muchas aspiraciones y las dudas propias de quien empieza a tejer algo que se presume inmenso. Estaba todo por hacer. Un año después, las feministas se citan este fin de semana, esta vez en Gijón, con toda una serie de lecciones aprendidas, meses de trabajo y el éxito de la movilización en sus mochilas.

El evento coincide, además, con el aniversario del movimiento #MeToo a nivel mundial, cuyo detonante fue accionado el 5 de octubre de 2017 con la publicación de una historia de acoso por parte del productor Harvey Weinstein. La movilización reventó fronteras y puso en el centro la violencia sexual como una de las principales preocupaciones de lo que expertas ya consideran la cuarta ola feminista.

Por el momento, la cita prevé superar todas las expectativas. Con más de 600 inscritas, será la más multitudinaria de las cuatro celebradas hasta ahora. "Nos ha desbordado, no contábamos con tal cantidad de gente, ninguno de los encuentros anteriores ha tenido estas dimensiones". Habla Pilar Muñiz, miembro de la Coordinadora del 8M en Asturias y una de las organizadoras del evento.

Reeditar la huelga

El movimiento feminista que se congrega este fin de semana en Gijón realizará una evaluación conjunta de los meses de trabajo y fijará los propósitos de cara a reeditar la huelga que marcó un antes y un después el pasado 8 de marzo.

La pretensión de articular una huelga deja en el aire diversas posibilidades. Los territorios que participan en el encuentro estatal han hecho ya sus aportaciones, que dibujan una idea aproximada del sentir mayoritario. "Los hay que apuestan por una huelga con los mismos ejes [laboral, estudiantil, consumo, cuidados]", comenta Muñiz, mientras que "otros van un poco más allá añadiendo ejes como violencia o migrantes". Hay, también, "compañeras que apuestan por llegar con una semana previa de movilizaciones", donde estarían incluidas acciones como acampadas o charlas. Otras ideas "plantean cambiar el formato y no repetir todos los años huelga", aunque esta última opción es minoritaria.

Todas las activistas defienden "la huelga como una herramienta útil", aunque apuestan por "repensarla y resignificarla". Entre las cuestiones claves que la agenda feminista ha ido sumando este año, se encuentra la "opresión y desigualdad de la justicia patriarcal", el acoso callejero, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la coeducación, la maternidad como asunto de Estado, la violencia laboral de las empleadas del hogar o la ausencia de recursos públicos para atender a los cuidados.

Surge, durante la cocina de la huelga, una cuestión que en su día no estuvo exenta de polémica y que supuso quebraderos de cabeza para las organizadoras. Se trata del papel que han de jugar los sindicatos. Los sindicatos mayoritarios –CCOO y UGT– convocaron una huelga parcial, mientras que otros como CGT, CNT, el Sindicato de Comisiones de Base (Cobas) y la Confederación Intersindical se inclinaron por una huelga de 24 horas, tal y como alentaban las organizadoras feministas.

Durante el III encuentro, celebrado en Mérida, la cuestión sindical estuvo sobre la mesa. Aquí quedaron de nuevo constatadas las diferencias territoriales. "En Asturias no sólo no hubo ningún roce, sino que las compañeras de los sindicatos participaron en la organización de la huelga y luego cada una dio la batalla en su sindicato", relata Muñiz. En ese sentido, la activista cree que lo importante es "sacar aunque sean dos horas de huelga" porque "todo suma". La cuestión será, de nuevo, uno de los ejes de la reunión en suelo asturiano.  

La burbuja que no se desinfla

La organización estatal que sirve de núcleo funciona ahora en cuatro comisiones de trabajo y una de evaluación, junto a otra de comunicación, donde se encuentran las activistas de los diversos territorios. Cada lugar, no obstante, funciona de forma completamente autónoma e independiente. "Cada territorio tiene para lo que da", reconoce Muñiz, "algunos tienen menos recursos" y por tanto el activismo es más complicado.

Eso no quiere decir, no obstante, que el oleaje haya perdido fuerza. Todo movimiento social, dice Muñiz, "sabe que no puede pretender que todas las miles de personas que acuden a la manifestación estén participando activamente el resto del año". Sin embargo, "las compañeras de los grupos de trabajo siguen funcionando" y aunque "la gente está invirtiendo menos horas y no existe el mismo ritmo frenético, esto no para".

A su juicio, el 8M no ha hecho más que dar fuerzas a una tendencia en alza. Su recorrido así parece demostrarlo. Las feministas se movilizaron junto a los pensionistas, aportando "el problema específico de la mujer, con peores trabajos, el tema de los cuidados y la ausencia de cotización". También salieron a la vía pública cuando se hizo pública la sentencia de La Manada, con un "llamamiento a tomar las calles que duró una semana". Lo mismo sucedió en julio, cuando se dio a conocer la sentencia contra Juana Rivas. En mayo, las feministas apoyaron la huelga de los centros DIA, que "pidieron ayuda para fortalecerse" y en el mismo mes sacudieron las calles reclamando los 200 millones de euros comprometidos por el Gobierno para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La actividad ha sido constante –en las ciudades, barrios y pueblos– y seguirá siéndolo. El ascenso de un gobierno socialista que promete impulsar políticas feministas, de hecho, no cambiará la dinámica de las activistas. "Lo que tiene cabida son las cosas concretas, las medidas que nos afecten a nosotras", reflexiona Muñiz. "De momento, real y tangible no hemos visto nada", confiesa. "Cuando veamos algo podremos hablar, pero de momento todo sigue igual".

Revisar, debatir, organizar

El sábado se abrirá con una reflexión en torno a qué significa el movimiento 8M y cuáles son los retos de cara a la próxima movilización. Ahí se enmarca la pretensión de buscar estrategias "para construir un 8M 2019 más potente", que recogerá las diferentes propuestas territoriales.

Programa del IV Encuentro Estatal del 8M.

Los balances previos que han realizado las comisiones territoriales adivinan algunos puntos comunes. Coinciden en la visibilización y la capacidad de situar al feminismo en la agenda pública como principal punto fuerte de la movilización, pero también observan cuestiones a mejorar. De forma generalizada, los territorios apuestan por revisar la inclusión de las mujeres migrantes y del colectivo LGTBI, con el fin de ampliar las bases e incluir mayor diversidad y otros colectivos. Las activistas insisten, además, en volcar más sus esfuerzos en las necesidades del mundo rural. Creen importante también concretar demandas o elaborar una tabla reivindicativa para evitar brindis al sol.

Asimismo, las feministas estarán llamadas a repensar los ejes en los que fue convocada la huelga, debido al seguimiento desigual de cada uno de ellos.

Respecto a la estructura organizativa, también se espera debate. El objetivo: dar con una organización capaz de aportar continuidad al movimiento. Durante el encuentro previo a la huelga de marzo, que se celebró en Zaragoza el enero pasado, las mujeres asistentes se dotaron de un argumentario que difundieron posteriormente y que lo aborda todo. La estructura, no obstante, "fue muy improvisada". El motivo, agrega Muñiz, es que todos los preparativos de la huelga se desbordaron con el devenir de la misma. "Acabó como todas conocemos, con una movilización que no se veía en años", recuerda la activista.

Tras una reunión de diversas comisiones y grupos de trabajo, el día quedará clausurado con una concentración feminista bajo el lema "Si tocan a una, nos tocan a todas". Finalmente, el domingo será el día de las conclusiones, cuyo broche de oro tendrá forma de charla: "No es país para migretas: la otra cara del mundo laboral".

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón, Ana López Pandiella, ha dictado el sobreseimiento y archivo de la denuncia presentada por Podemos Xixón contra lo que la formación morada consideró una agresión "fascista", al aparecer su sede empapelada con pasquines que aludían al dictador Francisco Franco el pasado 18 de julio, informa Europa Press.

Contra la decisión judicial cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, según el auto del Juzgado, aunque el secretario general de Podemos Xixón, Mario Suárez del Fueyo, ha avanzado que no recurrirán tras el archivo "exprés e inopinado" de la denuncia.

"Esta sentencia y el archivo de diligencias dan alas a la extrema derecha en nuestra ciudad", ha lamentado, a través de una nota de prensa, Mario Suárez del Fueyo, quien ha recordado que el pasado día 2 volvieron a empapelar la citada sede con carteles referidos al Valle de los Caídos, en los que llaman al presidente nacional, Pedro Sánchez, "profanador de tumbas".

Este ha criticado, asimismo, que en el auto de sobreseimiento se argumente que este episodio "ha de entenderse que ha de encuadrarse en el contexto de la libertad de expresión que nuestra norma fundamental ampara y garantiza a todo ciudadano".

"Desde Podemos Xixón recibimos esta sentencia con un alto grado de indignación y serenidad", ha recalcado. "Indignación porque entendemos que no es justo ni ayuda a la democracia ni a la convivencia el que para la jueza esa actividad de agresión franquista al local de Podemos forma parte de la libertad de expresión", ha añadido.

Para Podemos Xixón, utilizar el término de libertad de expresión para amparar a personas que únicamente destilan odio hacia el progreso y una mirada retrógrada no contribuye a construir sociedad ni ciudad.

Según Del Fueyo, sentencias de este tipo hacen que los grupos que se atechan bajo el paraguas del deporte y sus aficiones "empiecen a actuar en otras áreas y facetas de la vida de nuestra ciudad, como mismamente pudimos ver este 8 de agosto con la aparición de pintadas de apología del nazismo en el barrio de Pumarín", ha remarcado.

La candidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, garantizó este sábado que si vence en las primarias de su partido no dejará "que nadie arrodille al PSOE, que nadie nos dé lecciones de nada". "Al PSOE nadie le va a decir lo que tiene que decidir, y además de estar unido, tiene que recuperar la moral de victoria", agregó tras asegurar que quiere ser la secretaria general "de todos los socialistas en todos los rincones de España".

Según Europa Press, durante un acto en Gijón de su candidatura para liderar el PSOE, Susana Díaz reclamó que no haya "ni un insulto ni una mala palabra" en este proceso de primarias, sino respeto entre todos porque "somos compañeros de una misma familia que libremente hemos elegido". "Si queréis que sea la secretaria general, no habléis mal de nadie, hablad bien del PSOE y de los compañeros que formamos el partido, somos el PSOE, vamos a estar a la altura de un gran partido", agregó.

Así, defendió que el PSOE "debe estar unido y debemos respetarnos" y señaló como primer compromiso si ganara las primarias "ser la secretaria general de todos los compañeros, hayan votado a quien hayan votado y hayan avalado a quien hayan avalado".

Así las cosas, y tras dedicar unas palabras al presidente de la Gestora del PSOE y de Asturias, Javier Fernández, de quien dijo que es "un maestro al que admira"; Susana Díaz se mostró convencida de que en los próximos meses el PSOE "va a hacer lo que tiene que hacer: dejar lamentarse y de mirarse ombligo, y se va a poner a mirar a los ojos a los ciudadanos y va explicar que tenemos un proyecto para volver a hacernos cargo de España y para que la gente viva mejor", para que encuentren en el PSOE "la izquierda útil" que les ayuda.

Susana Díaz se refirió a la unión que deben mantener los socialistas frente a quienes "no quieren que el PSOE haga un buen proceso de primarias, quienes quieren intimidar la voluntad libre de los socialistas, quien pone autobuses para manchar la dignidad de los socialistas, quien hace escraches a los actos del partido o que quieren hacer con el PSOE como han hecho con otros partidos", pero, aseguró, si gana las primarias, "nadie le va a decir al PSOE lo que tiene que hacer".

Se mostró convencida de que los socialistas están "en el camino correcto" frente a quienes "no querían un PSOE fuerte, autónomo, libre, que volviera a ser la alternativa en este país", cuando señaló que si llega a la Secretaría General del PSOE no se callará ante "los ataques a los socialistas". "Estamos dispuestos a levantarnos para levantar a este país, para eso quiero ser secretaria general, y vamos a hacerlo juntos", apostilló.

"Nadie nos va a arrugar ni a acomplejar"

"Quiero que el PSOE gane y lo vamos a hacer muy pronto en todos los rincones del país", afirmó Susana Díaz en otro momento de su intervención, cuando indicó que no va a pedir perdón porque le guste ganar o por querer que el PSOE gane elecciones, toda vez que llamó a afrontar el futuro inmediato "sin complejos" porque "nadie nos va a arrugar ni acomplejar".

En este punto, la andaluza criticó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no ha sido capaz de gestionar la recuperación económica ni de estar a la altura ética que se le exige por representar a los ciudadanos", si bien defendió que quiere que los ciudadanos voten al PSOE no porque la derecha lo haga mal sino "porque somos mejores que ellos y porque tenemos un proyecto para hacernos cargo de España". "Nunca diré que dejemos que España se caiga para que la levantemos, sino que saquemos lo mejor de nosotros", indicó.

"No nos va a acomplejar ni la derecha ni los que dicen que son más de izquierdas", prosiguió Susana Díaz, quien se refirió de manera directa al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para garantizar que a los socialistas "no nos van a callar, ni nos van a intimidar, ni nos van a humillar".

Y así, la presidenta andaluza reclamó a los socialistas que la apoyan que "los respetemos a ellos aunque ellos no nos respeten a nosotros" porque, agregó, "somos demócratas y nunca interferiríamos en la voluntad libre de un partido" mientras que ellos "tienen odio y rencor".

"La bandera que me emociona es la de la igualdad"

Durante su discurso, la candidata defendió la sanidad y la educación pública y la Ley de Dependencia, a la par que señaló que quiere ganar "para defender la bandera de la igualdad con fortaleza". En este punto, indicó que una de las primeras medidas que impulsará si lidera el PSOE será que "de manera inmediata y urgente se firme el pacto estatal contra la violencia de género porque no podemos a esperar ni un minuto más".

Asimismo, insistió en la igualdad entre los territorios: "Soy socialista y tengo una sola bandera que me emociona, que me llena de orgullo, la de la igualdad", afirmó antes de garantizar que siempre va a defender lo mismo en todos los rincones de España, porque no está dispuesta a que nadie levante muro ni barrera entre nosotros, "las personas están por encima de territorios".

Susana Díaz dijo que nunca entrará en una subasta "para competir con quienes entienden que en función de donde nacen pueden ser enemigo de otros" porque defiende la Declaración de Granada y quiere una España moderna, federal e inclusiva, "pero también solidaria, sensible y que garantice la igualdad". "En esa España creo y creeré cuando quiera romper el techo de cristal de la Presidencia del Gobierno en este país, dando seguridad, defendido un país que tiene posibilidades de presente y de futuro", aseveró insistiendo en que defiende el mismo modelo de país en cualquier parte del territorio.

De otro lado, a la par que aseguró que el PSOE quiere formar parte de "una Europa de las personas, que sea solidaria y busque solucionar los problemas de los ciudadanos", censuró que la Comunidad Europea "no sabe responder al drama de los refugiados", cuando también criticó que Iglesias y Podemos "se pusieran de perfil" en cuanto a las elecciones francesas y no enfrente de la ultraderecha, el racismo y el xenofobia.

Así las cosas, y tras referirse a los orígenes "rebeldes" del PSOE o cuando sus dirigentes "no pensaron en las siguientes elecciones, sino en la libertad de los ciudadanos, sus derechos y en la convivencia, poniendo los intereses del país por encima del PSOE y de sus intereses", Susana Díaz garantizó que ahora en el PSOE "vamos a volver a ser rebeldes, a construir un país del que sentirnos orgullosos".

"España no nos ha dado la espalda, saben que en el PSOE tienen la oportunidad de cambiar a mejor", sostuvo antes de incidir en que ella no quiere ser la mejor, sino que quiere estar rodeada de los "mejores", y prometió que su comportamiento será "el de una buena socialista" para gobernar desde la ética socialista y con leyes que cambien la vida de las personas. "Somos el PSOE y si me ayudáis y me acompañáis vamos a levantar el PSOE para levantar España, juntos y juntas", zanjó la aspirante andaluza.

El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa (Tuilla de Langreo, 1944) declara este viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, que investiga la querella interpuesta por el propio sindicato minero por un delito de apropiación indebida cuantificado por el momento en 420.000 euros.

Además, la magistrada ha denegado la petición de la defensa del propio Fernández Villa que había reclamado declarar con un acompañante que le tutelase y un forense que velase por que el interrogatorio no le causase un sufrimiento innecesario, según ha adelantado el diario La Nueva España.

Si no acude o no justifica causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención, según ha informado el juzgado. La jueza que lleva el caso considera que los padecimientos del exsindicalista, que fue en su día todo un referente en el sector minero no le impiden en absoluto declarar en calidad de investigado en la fase de instrucción, informa Europa Press.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, cuyo ponente ha sido el magistrado Javier Domínguez Begega, desestimó el pasado 15 de febrero los recursos interpuestos por la defensa del exsindicalista contra la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo en la que ordenaba someter al exsindicalista a una exploración médica por parte de un experto en neurología y, posteriormente, citarle a declarar en calidad de investigado el 12 de enero.

De esta forma, y pese a las continuas trabas del propio Fernández Villa, que fue diputado por el PSOE en la Junta General del Principado de Asturias, el exsindicalista deberá someterse este viernes al interrogatorio ante la magistrada que instruye su causa. La comparecencia del ex líder sindical minero había sido fijada por la magistrada para el pasado 12 de enero, pero quedó suspendida a la espera de conocerse la decisión de la Audiencia, que ratificó la comparecencia.

Preguntas "simples"

En este sentido, la jueza estableció que el que también fuera senador socialista no podrá ser "sometido a presión", al mismo tiempo que se le deberán formular preguntas "simples", garantizando siempre el tiempo para la respuesta.

Además, el interrogatorio no deberá prolongarse más de 45 minutos y podrá ser interrumpido para "permitir el descanso" del investigado, atendiendo al criterio médico del perito que le realizó la exploración neurológica, quien aseguró que Villa "tiene capacidad para decidir si a algo no le conviene contestar siempre y cuando no acumule fatiga".

En la resolución, a la que ha tenido acceso infoLibre, la Audiencia Provincial niega que se hubiera vulnerado el derecho de defensa en la prueba pericial sobre la salud de Fernández Villa, máxime cuando el propio investigado sí estaba dispuesto a someterse al examen, aunque por otro médico.

Sostiene el auto, por otro lado, que la citación realizada por la magistrada era "ajustada a derecho" e, incluso, observa que los recursos de la defensa carecen de "un mínimo reconocimiento al margen de ser sólo expresión del derecho a recurrir", por lo que impone al acusado las costas.

Estado de salud mental

La Audiencia considera "sorprendente" que siendo la intención de Fernández Villa que se archiven las diligencias por su estado de salud mental, por lo que no debería comparecer, "se finalice el argumento del motivo de apelación encomiando la participación del investigado y su activa presencia en el proceso y audiencia".

Asimismo, la Sección Tercera destaca la contradicción a la que recurre la defensa del exsindicalista, que había reclamado que la resolución de la apelación se celebrara en una vista pública, cuando la propia abogada de Fernández Villa había advertido que el informe pericial sobre la salud del exsenador no debía trascender para salvaguardar su intimidad: "Y una cosa, y la contraria, la pide su defensa", especifica el magistrado ponente.

El auto, que llega incluso a hablar de "la supuesta enfermedad mental con la que la defensa se afana en eludir esa comparecencia, es algo que tiene que observar el propio titular del órgano judicial que instruye", en referencia a la jueza Simonet Quelle Coto. Asimismo, los magistrados apuntan a la posibilidad de que Fernández Villa se acoja "al legítimo derecho a no declarar, que es lo que su actuación procesal opositora a la comparecencia sugiere".

La abogada de Fernández Villa basó su rechazo a la declaración de su cliente porque el estado del investigado le imposibilitaba la lectura y el entendimiento de la querella, interpuesta por el propio sindicato que encabezó el imputado durante 34 años. Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia asturiana rechaza esta petición, y recuerda que la decisión de la jueza de citarle a declarar se fundamenta en una pericial médica.

El sindicato SOMA-Fitag-UGT y la Fundación Infide interpusieron la querella tras recibir un informe de auditoría de las cuentas de la organización, que habían encargado a la firma C. B. Auditores y Asesores a raíz de que aflorase la fortuna oculta del exlíder minero, cifrada en al menos 1,4 millones de eurosfortuna oculta1,4 millones de euros, que trató de regularizar con la amnistía fiscal promovida por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

El exsindicalista trató de justificar la existencia de esa fortuna por la herencia familiar, que estaba compuesta por un inmueble y un local comercial en la parroquia de Tuilla, en el municipio de Langreo (Llangréu)Tuilla, en los que se encontraba el bar Casa Hermógenes, que es el nombre del padre.

Según el diario El Comercio, más de 50.000 euros corresponderían a gastos indebidamente justificados (de pagos con tarjeta de crédito y en efectivo) y más de 60.000, a la compra y seguro de un vehículo particular, todo ello a costa del sindicato.

José Ángel Fernández Villa fue expulsado del PSOE y del sindicato poco después de que el diario El País publicase una información en la que señalaba que se había acogido a la amnistía fiscal y que estaba siendo investigado por ocultar 1,4 millones a Hacienda.

Muy influyente en la clase política asturiana durante años, el caso causó un amplio revuelo que originó incluso la apertura de una comisión de investigación en la Junta General del Principado de Asturias. Sin embargo, Villa no acudió a comparecer a la misma alegando motivos de salud. Su representación legal aportó un informe médico del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Agentes de las Brigadas Provinciales de Información de Oviedo y San Sebastián, coordinadas por la Comisaría General de Información de la policía nacional, procedieron a la detención de dos individuos supuestamente integrados en el entramado de propaganda y captación del grupo terrorista Estado Islámico. Uno de los arrestados es de origen marroquí, nacionalizado español y con domicilio en la localidad asturiana de Gijón. El otro es de nacionalidad marroquí y residente legal en San Sebastián, según un comunicado del Ministerio del Interior recogido por Europa Press. 

Ambos, según la investigación del cuerpo, eran piezas clave en el entramado propagandístico y de captación de Daesh. Desarrollaban, asegura Interior, una intensa actividad a favor de la misma publicitando, adoctrinando, enalteciendo su ideario y alentando e incitando a la comisión de actos terroristas.

Los detenidos estaban supuestamente integrados en la estructura de Daesh tras su adhesión voluntaria, asumida y convenientemente publicitada en las redes sociales. El detenido en Asturias había divulgado, afirman los agentes, su jura de lealtad al Califato y al Califa Abu Baker Al Bagdadi y solicitaba a todos sus seguidores que se unieran a este juramento.

Los contenidos divulgados en las redes sociales por los detenidos tenían características perfectamente diferenciadas. Así, afirma el Ministerio de Interior, unos eran claramente propagandísticos y ensalzaban las virtudes de Daesh, tales como victorias militares, logros sociales y demás supuestos méritos, claramente maquetados para su atractiva difusión masiva. Otros eran extremadamente radicales, de demoledora crudeza, en el marco de la estrategia seguida por DAESH para la difusión del denominado "terror informativo" entre la sociedad occidental. Estos últimos, fundamentalmente en forma de vídeos, contenían actos violentos seleccionados en los que se enaltecía claramente la violencia terrorista, además de menospreciar y humillar a las víctimas.

Estas operaciones, que continúan abiertas, se han llevado a cabo bajo la supervisión de los Juzgados Centrales de Instrucción número dos y número uno, coordinadas ambas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Desde 2015, año en que se elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a 150 presuntos yihadistas. Del total de detenciones, 120 se han producido en España y 30 en otros países con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Ministerio del Interior recuerda que, a través de la iniciativa Stop Radicalismos, existen a disposición de los ciudadanos una serie de canales para que, de forma confidencial y segura, pongan en conocimiento del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) posibles casos de radicalización en su entorno.