La titular del Juzgado de Instrucción 45 de Madrid ha inadmitido la denuncia presentada por Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al no ver delito en la gestión del dispositivo policial desplegado en la última etapa de la Vuelta ciclista a España el pasado 14 de septiembre.

Tras abrir diligencias previas para registrar la denuncia que presentó el autodenominado sindicato Manos Limpias, la magistrada Luisa María Prieto ha determinado que "no ha lugar a admitir a trámite la presente denuncia por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal", según un auto, al que ha tenido acceso EFE este miércoles.

La jueza ve en la denuncia de esta organización "una queja de un tercero" a las directrices del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid frente al desarrollo de un evento, y eso, subraya, "tiene su cauce al margen del derecho penal".

En su auto, explica que la denuncia hace responsable penal a Francisco Martín de los actos realizados por otros, que "provocaron, se dice, lesiones a los agentes durante el ejercicio de sus funciones, dirigidas a garantizar el desarrollo del evento".

Manos Limpias presentó la denuncia por presuntos delitos de lesiones y desordenes públicos y desobediencia a la autoridad, causados con imprudencia grave en relación al operativo policial de la última etapa de la Vuelta, donde se produjeron protestas contra los ataques israelíes a la población civil en Gaza.

Aquel día, 22 agentes resultaron heridos leves y la Policía identificó a 97 personas -de las que cuatro tenían antecedentes por desórdenes públicos y siete por delincuencia común- en un dispositivo en el que, según ha defendido recientemente el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, la Policía "actuó con proporcionalidad".

Además de negar que los hechos denunciados sean constitutivos de infracción penal, la magistrada entra a analizar algunos de los delitos que la organización pedía investigar.

Por ejemplo, el de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad con imprudencia grave, que, sostiene contundente la magistrada, "no existe" porque se trata de un delito doloso que no puede ser cometido de forma imprudente.

Y respecto al de lesiones con imprudencia, sería preciso que haya dolo y "no se describe ninguna conducta voluntaria que pueda tener encaje en este tipo penal".

Por todo ello, la magistrada, que recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que "el Tribunal se abstendrá de la práctica de diligencias" cuando los hechos descritos en la denuncia no revistan caracteres de delito, la inadmite y archiva las actuaciones.

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha dejado definitivamente fuera del procedimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, después de que la Audiencia Provincial rechazase que le investigase.

Tras esta resolución de la Audiencia, dice el magistrado en su auto al que ha tenido acceso EFE este jueves, "resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos", de modo que acuerda el sobreseimiento libre de la causa para él.

Francisco Martín ha estado investigado desde el pasado mes de mayo en esta causa por un delito de malversación al considerar el juez que había indicios contra él en relación a la contratación y conocimiento del trabajo de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo (entre 2021 y 2023).

Sin embargo, la Audiencia de Madrid, hace unas semanas, dejó claro que no hay "el más mínimo indicio" de que Martín Aguirre, cuando ocupó ese cargo, participase en una presunta desviación de las funciones públicas que debía cumplir Cristina Álvarez.

En ese auto los magistrados del órgano superior estimaron los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, a los que se sumaron Begoña Gómez y Cristina Álvarez, contra la decisión del juez de imputar a Martín -tras una querella de Vox- argumentando que "no consta que supiera" que Álvarez "estaba excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", de modo que la querella solo expone "meras suposiciones".

Y reiteraron lo que ya dictaron en junio: que la investigación sobre Álvarez debe centrarse en si esta asesora sobrepasó sus funciones públicas "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez, mediante "la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

El juez Peinado mantiene investigados a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos; a Cristina Álvarez por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; y al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.

El procedimiento indaga en si la esposa del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que el juez Juan Carlos Peinado, que instruye a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, investigue al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presunta malversación.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, los magistrados estiman los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del juez -dictada en mayo- de imputar a Martín por su posible participación en la contratación y conocimiento del trabajo de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo (entre 2021 y 2023).Esta resolución de la audiencia madrileña aboca al archivo de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid.

El magistrado admitió parcialmente -en un auto dictado el 5 de mayo- una querella de Vox que ahora los magistrados de la audiencia madrileña rechazan, al entender que no hay "el más mínimo indicio" de que Martín Aguirre, cuando ocupó ese cargo, participase en una presunta desviación de las funciones públicas que debía cumplir Cristina Álvarez.

Los magistrados recuerdan que el juez admitió la querella contra Martín Aguirre por presunta malversación -y rechazó imputarle por tráfico de influencias y por prevaricación-, en un auto en el que rechazó imputar por malversación a Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Luego el juez si acabó imputando a ambas ese delito.

Y reiteran lo que ya dictaron en junio: que la investigación sobre Álvarez debe centrarse en si esta asesora sobrepasó sus funciones públicas "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez, mediante "la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

"Esta debía ser la dirección que debería tomar la instrucción respecto de la citada encausada, no encontrándose la razón de dirigir una nueva querella acumulada, contra el que se supone, hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza, porque no se proporciona el más mínimo indicio que el citado cargo tenga esa supuesta función de control", añaden los magistrados.

Los jueces de la audiencia madrileña descartan, asimismo, que el actual delegado del Gobierno en Madrid cometiera, como sostenía Vox, un delito de prevaricación, ya que -explican- "no consta que supiera que esta estaba excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", y la querella solo expone "meras suposiciones".

Desde que el juez Peinado dictó la decisión que ahora la Audiencia de Madrid revoca, la causa ha avanzado, aunque actualmente el magistrado mantiene investigado a Francisco Martín por presunta malversación en una causa que de juzgarse, se hará por tribunal de jurado. Recientemente, el juez preguntó a las partes personadas en la causa si debe archivar la del delegado del Gobierno en Madrid, como solicitó la Fiscalía.

También siguen investigados en la causa Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos; Cristina Álvarez por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y el empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.

En otro auto conocido este jueves la Audiencia de Madrid da la razón parcialmente a Vox y ordena que se practiquen varias diligencias que el juez rechazó en julio, al considerar los magistrados que son "necesarias" para determinar la relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense y el sotfware que se creó en el seno de la cátedra que codirigió en esa institución.

Una de ellas ya se ha practicado: la entrega por parte del ex vicerrector de la Universidad Complutense de un centenar de correos que cruzó con Cristina Álvarez relacionados con la citada cátedra.

También ordenan los magistrados que testifique el responsable institucional de Google, Miguel Escassi, que en el momento del recurso ya lo había hecho y que lo volvió a hacer en noviembre, y que lo hagan varios cargos de la empresa Deloitte.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha declarado ante el juez Juan Carlos Peinado que, en su etapa como secretario general de la Presidencia, nadie le informó de que la asesora de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, hubiese incumplido las funciones que tenía asignadas, según informa EFE.

Durante apenas cinco minutos ha comparecido este miércoles Martín ante el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que le investiga por un delito de malversación por su "aparente participación" en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez, de quien fue después su superior jerárquico cuando ejerció de secretario general de Presidencia.

A preguntas del abogado del Estado que le defiende, Francisco Martín se ha desvinculado de dicho nombramiento, en el que ha dejado claro que no participó, según informan a EFE fuentes cercanas al delegado. En 2018, cuando se efectuó la designación de Álvarez como asesora, él era jefe de gabinete del ahora ministro Félix Bolaños, que entonces era secretario general de la Presidencia.

No fue hasta tres años después, entre julio de 2021 y marzo de 2023, cuando Francisco Martín ejerció dicho cargo de secretario general, según ha explicado al juez e indican las fuentes.

En ese periodo, Francisco Martín ha señalado que no recibió nunca ninguna comunicación respecto a posibles incumplimientos de Cristina Álvarez -también investigada en la causa- en relación con las funciones que tenía asignadas.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado -que representa a Francisco Martín- han recurrido la imputación del delegado del Gobierno ante la Audiencia Provincial, al considerarla incomprensible e injustificada, según las fuentes consultadas.

Precisamente por estar recurrida la decisión del juez de investigarle, Francisco Martín ha preferido contestar únicamente a las preguntas de su abogado hasta que se resolviera el recurso, por recomendación de su defensa.

El delegado, que ha vuelto a mostrarse tranquilo y confiado en que todo esto quedará en nada, ha sido el último en comparecer este miércoles ante el juez Peinado, que también ha interrogado como testigo a quien fuese coordinador de Personal de Moncloa, a quien ha anunciado que volverá a citar próximamente.

El juez ha interrogado también a diversos empresarios como testigos en relación con el software creado para el máster que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Son Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyecto de Google; Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google; Luis Abril Mazuelas, actual responsable de Minsait y actual consejero ejecutivo y director general de Indra, y Rosauro Varo, miembro del Consejo Asesor de Telefónica España.

Peinado comenzó investigando a Begoña Gómez hace más de un año por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias, si bien la causa acumula ya seis imputados y se investigan también otros presuntos delitos como apropiación indebida o instrusismo.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha negado ante el juez Juan Carlos Peinado que participara en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, cuando fue designada en 2018, y al salir de los juzgados ha asegurado que está tranquilo porque "todo va a terminar en nada", según recoge EFE.

Martín ha declarado durante unos escasos cinco minutos ante el juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por varios delitos, respondiendo solo a preguntas de su letrado, han informado fuentes jurídicas.

El magistrado citó como investigado al actual delegado del Gobierno por su "aparente participación" en el citado nombramiento en 2018, cuando él era jefe de gabinete del secretario general de Presidencia, el ahora ministro Félix Bolaños. Después, ya en 2021, Martín ostentaba el cargo de secretario general de la Presidencia, "responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez", según el juez, que también ha interrogado este miércoles, como testigo, a quien entonces fuese coordinador de Personal de Moncloa, Raúl Díaz.

En su declaración ha asegurado que no ha participado en el nombramiento de Cristina Álvarez, según han informado fuentes presentes en la declaración. Y así lo ha ratificado el delegado al salir de la sede judicial a los numerosos medios de comunicación que le esperaban, a los que ha dicho que ha confirmado al magistrado que "en ningún momento" participó en ese nombramiento por el que se le ha citado como investigado.

"Por lo demás todo queda condicionado al recurso que hemos presentado ante la Audiencia Provincial porque consideramos incomprensible esta citación", ha añadido.

Martín se ha mostrado dispuesto a colaborar siempre con la justicia, "confiando en el sistema judicial de nuestro país y confiando también en el Estado de Derecho". "Y por supuesto tranquilos, porque todo va a terminar en nada, todo va a terminar en nada porque no hay nada", ha concluido.

Antes del delegado, ha declarado como testigo el que era coordinador de Personal de Moncloa en 2018, Raúl Díaz, quien ha dicho al juez que él no tenía la facultad de contratación en sí, y que la asesora Cristina Álvarez cumplió sus funciones, han informado fuentes jurídicas. El juez le ha pedido que recabe información sobre este asunto y le ha comunicado que le volverá a citar.

El juez Peinado ha comenzado los interrogatorios de este miércoles con otra rama de la causa: la de la financiación por parte de empresas como Google, Indra o Minsait (filial de la anterior) de una plataforma creada en el seno del máster que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

Sobre este asunto ha interrogado como testigos a Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyecto de Google; Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google; Luis Abril Mazuelas, actual responsable de Minsait y actual consejero ejecutivo y director general de Indra, y Rosauro Varo, miembro del Consejo Asesor de Telefónica España.

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado este lunes que no comparte el planteamiento "arbitrario" del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, de cerrar el conjunto monumental de la plaza de España, diseñado por el arquitecto Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929; y cobrar una entrada a los turistas; acusando de "deslealtad" al Gobierno local del PP porque el Estado es titular de la galería y el edificio que rodean a dicha plaza y que conforman también dicho enclave, pero no tiene comunicación "oficial" de la propuesta.

En unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación y recogidos por Europa Press, Pedro Fernández ha explicado que hasta el momento, ni la Delegación del Gobierno central en Andalucía ni la Subdelegación del Gobierno, ambas entidades con sede precisamente en el edificio de la plaza de España, tienen comunicación "oficial" por parte del Ayuntamiento respecto a esta "decisión del cierre" de este emblemático espacio público e icono turístico.

En concreto, el Ayuntamiento de Sevilla, según confirmó este domingo su alcalde, planteará a la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, un convenio de colaboración con el que crear una "unidad de gestión" para el mantenimiento y la conservación de la Plaza de España que supondría, entre otras medidas, cerrar el conjunto monumental obra de Aníbal González para la Exposición de 1929 y cobrar una entrada a los turistas, de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia.

Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75% para las arcas municipales y un 25% para el Estado, propietario de la galería y del edificio, garantizando según asegura el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra. 

Pedro Fernández, en ese sentido, ha avisado de que no comparte "el concepto de cerrar una plaza" ideada hace ya casi cien años como "un abrazo a Iberoamérica, una apertura al mundo". Además, ha alertado de que se trata de una "decisión arbitraria que no se puede llevar a cabo sin contar con el Gobierno, titular del edificio y de la galería, que tiene acceso directo a la plaza". Así, ha criticado esta "deslealtad absoluta" del Gobierno local al Estado, sobre todo porque una medida así "afecta directamente a la ciudadanía" que acude a las dependencias estatales de la Plaza de España "a recibir un servicio público".

En la misma línea se ha posicionado el secretario general del PSOE de Andalucía y exalcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en la provincia sevillana, Javier Fernández, que han coincidido este lunes en pedir a Sanz que "rectifique" y renuncie a esta idea ante el "rechazo" y el "clamor" que se ha generado en contra de esa propuesta. Así se han manifestado a preguntas de los periodistas ambos dirigentes socialistas en una atención a medios durante una concentración en defensa de la sanidad pública organizada por la formación socialista ante el Hospital Virgen Macarena de la capital andaluza.

Juan Espadas ha replicado al alcalde hispalense a propósito de esta cuestión que "es de necios confundir valor con precio", y "no tiene precio lo que le ofrecemos a los visitantes que llegan a esta ciudad cuando pueden contemplar el valor de un patrimonio como el de la plaza de España", según ha abundado. El exalcalde y líder de los socialistas andaluces ha llamado la atención acerca de que "parece que ahora" José Luis Sanz "se ha dado cuenta de que no tiene recursos para la seguridad, la limpieza y otros servicios públicos", y ha remarcado que "de esto no hablaba cuando era candidato" a la alcaldía en las elecciones locales del pasado mes de mayo.

El secretario general del PSOE-A ha planteado si, "cuando lo que realmente tiene que decir" el alcalde "es si Sevilla tiene necesidad de tener ingresos adicionales como consecuencia de un incremento del turismo estable y permanente como el que vivimos desde hace unos años, por cierto desde que gobierna el PSOE en la ciudad, no sería más lógico resolverlo como hacen todas las ciudades al nivel internacional que tiene Sevilla, que es siendo capaces de instaurar de una vez por todas la tasa turística en esta ciudad".

Por su parte, Fernández ha considerado que dicha propuesta sobre la Plaza de España es "una nueva invención y una nueva improvisación por parte del alcalde de Sevilla", que ha recibido "un clamor" de peticiones de que "rectifique" esa propuesta, "se deje de improvisaciones y que verdaderamente ponga encima de la mesa un plan serio y riguroso para el turismo, en este caso, de la capital" hispalense. "Sin entrar en la legalidad o no" de esta propuesta sobre la plaza de España, "lo que sí nos parece es un auténtico disparate en un doble sentido", según ha aseverado Javier Fernández, quien por un lado ha defendido que "el proyecto global que se tiene que afrontar es el de la tasa turística global de toda la provincia y, en este caso, de todo el turismo que llega a la ciudad" de Sevilla.

Adelante Andalucía ha realizado este lunes, de la mano de su responsable de Organización, Néstor Salvador, un llamamiento a la "movilización" ciudadana contra la "barbaridad" que, en su opinión, supone la idea del gobierno local de "privatizar" la plaza de España, que constituye "un símbolo de Sevilla y de Andalucía", según ha remarcado.

Néstor Salvador ha criticado que "privatizar un Bien de Interés Cultural es la nueva ocurrencia del Partido Popular que está saliendo en todos los medios de comunicación porque es una barbaridad", y ha remarcado que ese es "el modelo del PP", que pasa por "privatizar un espacio público" al que "no sólo van los turistas", sino al que acuden "los sevillanos y los andaluces a pasear, a hacer vida", como ocurre con "las plazas públicas", según ha abundado.

El representante de Adelante ha considerado que la propuesta del alcalde de Sevilla es "un ataque directamente a la ciudadanía" de esa capital, y "supone un paso más en la expulsión de la ciudadanía para uso de un turismo masivo que está destruyendo las ciudades".

Facua Sevilla también ha expresado este lunes su "profundo rechazo" a esta propuesta. Esta decisión representa, para Facua, "un paso atrás en la concepción de la ciudad como un lugar abierto para el disfrute de la comunidad y un nuevo giro hacia la privatización, ya evidenciado con el cobro por la entrada al Patio de los Naranjos de la catedral o con la ordenanza de veladores".

Asimismo, destaca la importancia de preservar espacios emblemáticos de la ciudad como la plaza de España, y apuesta por evitar su utilización para macroeventos que pueden generar deterioro y causar daños al patrimonio, acogiendo actualmente este espacio el festival de música Icónica.

"Medidas como la que ahora plantea Sanz contribuyen a transformar la capital hispalense hacia un modelo que bien podría compararse con un parque temático, alejándose de su esencia como un espacio compartido por todos", señala Facua, apostando por la implantación de una tasa turística que, "de manera global, sea una herramienta para el cuidado de espacios y la financiación de servicios públicos".

La asociación lamenta además que el Ayuntamiento de Sevilla plantee el cerramiento de la plaza de España "sin antes haber hecho un estudio pormenorizado de cómo afectaría dicha decisión a la población en su conjunto, ni cuál sería el impacto económico real de llevar a cabo una decisión de este calado".

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha criticado este domingo el uso de Telemadrid para la "causa partidista" del PP al emitir en directo la manifestación convocada en Barcelona por Sociedad Civil Catalana contra una hipotética amnistía a los encausados del procés y contra la autodeterminación de Cataluña, según ha informa Europa Press.

"No hay límite que no sean capaces de superar. No les gustan los servicios públicos, salvo cuando los pueden utilizar al servicio de la causa partidista. Y no será que no había puntos de información hoy en Madrid... Muy mal camino", ha censurado el delegado del Gobierno a través de sus redes sociales.

También ha criticado esta emisión la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, quien considera que "no solo es vergonzoso" sino que se trata de "un uso partidista de las instituciones públicas marca PP", ha valorado la portavoz a través de sus redes sociales.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha respondido a estas criticas criticando la "curiosa función" de la Delegación de Gobierno en Madrid al "meterse en la cobertura informativa de una televisión pública autonómica". "Por cierto cobertura similar a la de 2017. La única diferencia es que entonces estaba el PSOE con sociedad civil y hoy está con los golpistas", ha apostillado Serrano.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este miércoles tres nuevos crímenes por violencia de género en Madrid, Barcelona y Guipúzcoa, y eleva a 18 el número de mujeres asesinadas por esta lacra en 2023 y a 1.202 las víctimas mortales desde 2003.

El martes, la Delegación del Gobierno ha confirmado este martes que la mujer asesinada el pasado 6 de mayo en Manresa (Barcelona) se trata de un feminicidio, elevando a 17 el número de víctimas por violencia machista. La mujer estaba embarazada. Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a la pareja de la víctima por su presunta relación con los hechos.

El crimen de Orio, en los que ha muerto una mujer y su expareja, podría haberse cometido con una escopeta de cañones recortados, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha confirmado que el presunto asesino de la mujer de 50 años de edad disparó a bocajarro con una escopeta manipulada a su expareja, con la que había quedado, e inmeditamente se quitó la vida con el mismo arma.

En una rueda de prensa ofrecida en la comisaría de la Ertzaintza en Erandio (Bizkaia), Erkoreka ha dado a conocer estos datos en relación a los hechos ocurridos en Orio que, según ha apuntado, se trataría de delito de violencia de género. Sería la primera víctima mortal de violencia de género en Euskadi de este año 2023.

El consejero ha afirmado, en relación a la víctima del asesinato, que no había precedentes de violencia de género ni violencia machista y, en el caso del presunto autor de los hechos, tampoco figuraban antecedentes en relación "con ningún presunto delito o actividad vinculada con hechos de violencia de género". Erkoreka ha indicado que este hombre, que residía en Zarautz, tenía licencia de armas y utilizó, para "perpetrar el asesinato", una escopeta manipulada de su propiedad, que habría heredado de su padre. Según ha explicado, ambos, agresor y víctima, que eran expareja, habían quedado y, "por razones que todavía se desconocen y están siendo objeto de investigación", el presunto homicida disparó con el arma manipulada a su expareja e, inmediatamente se disparó a sí mismo.

La víctima, residente en Orio y con dos hijos, un varón mayor de edad y una chica menor de edad, es la primera víctima mortal de violencia de género en Euskadi este año 2023, según ha indicado Erkoreka, que ha lamentado y condenado este "todavía presunto delito de violencia de género, que es particularmente aborrecible y aborrecido en la sociedad vasca en estos momentos".

Tanto Montero como la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su más absoluta condena y rechazo a estos asesinatos machistas y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Ambas, además, han pedido todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

Del mismo modo, han recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es/, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana y que se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 08.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

También recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y que, en caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

"Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad", han recordado desde Igualdad.

El 90% de los miembros de bandas juveniles violentas de Madrid son de nacionalidad española y cada vez más jóvenes, ya que la Policía ha identificado a menores de 14 años, según ha indicado esta mañana la delegada de Gobierno en Madrid en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press.

"Cada vez las detenciones e identificaciones que se hacen son de auténticos críos, cada vez son más pequeños, y desde hace un tiempo se ha identificado a personas por debajo de las barreras de los 14 años", ha añadido la delegada. De hecho, ya se han identificado niños de 11 años implicados en bandas.

Mercedes González ha recalcado también que ya son bandas que "que no tienen nada que ver con el concepto de latinos", pues el 90% de los pandilleros son de nacionalidad española, chicos nacidos en España de padres de primera o segunda generación.

En ese punto, ha aplaudido las palabras este jueves en la Asamblea de Madrid de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó en respuesta a la líder de Vox Rocío Monasterio que los miembros de las bandas eran tan españoles "como Abascal, usted o yo". "La presidenta me alertó el lunes cuando en un tuit habló de inseguridad; pero me parece muy bien el giro que dio ayer en la Asamblea de Madrid, diciendo que había incidentes puntuales, pero que Madrid es una ciudad segura", ha manifestado.

La delegada del Gobierno entiende la sensación de inseguridad que puede generar los dos crímenes relacionados con bandas perpetrados el fin de semana, pero ha afirmado que "esta es una ciudad segura, con un ocio seguro" y lo que va a hacer la Policía Nacional para mantenerlo es activar el plan de actuación que comenzó ayer y que "ha venido para quedarse, y no va a parar hasta que cese su actividad".

El objetivo de este plan de choque, ha indicado la representante del Gobierno central en Madrid, es identificar a los pertenecientes de estas bandas, actualmente hay 400 integrantes; y neutralizar cualquier tipo de actividad para que cesen estos acontecimientos en los últimos días".

González también ha indicado que "cada día que pasa están más cerca" de detener a los autores del crimen de Jaime, de 15 años, asesinado el sábado por la noche en la calle Atocha. "Espero que las próximas horas haya novedades", ha señalado.

La delegada también ha hablado del control de las armas blancas, que se viene realizando desde que pusieron en marcha a finales de año la operación Hispano, con el control en las armerías y otras tiendas donde se venden estos grandes cuchillos. Ahora, han pedido a la Policía Municipal que refuerce el control de los establecimientos, mientras el Ministerio del Interior "analiza cómo se puede controlar la venta de ese compra de armas".

"Las bandas tienen que saber que la Policía será implacable con ellos. Por parte de la seguridad lo estamos dando todo, pero esta situación tiene que tener un análisis más profundo, social, porque la actuación y arraigo identitario con las bandas es algo que ha pasado antes de que actúe la seguridad. Algo ha fallado como la cultura del ocio de los jóvenes, la inserción, los servicios sociales y por esto las instituciones tienen que hacer un análisis para saber qué ha pasado", ha concluido.

El Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, ha anunciado que va a imputar un expediente sancionador al organizador de la manifestación de Lorca y que provocó la irrupción en dependencias municipales, ha informado Europa Press.

Además, el expediente se hace extensivo a todos los participantes que hayan infringido la Ley de Seguridad Ciudadana, Vélez ha indicado que "debemos actuar con ejemplaridad para evitar que vuelvan a repetirse hechos gravísimos e intolerables como los ocurridos en Lorca".

En este sentido, el Delegado del Gobierno ha señalado que estos actos "obligan a apelar a la responsabilidad de determinados grupos políticos que condenan a medias, condenan con matices o, directamente, no condenan", ha manifestado Vélez al anunciar la apertura de un expediente sancionador al organizador de la manifestación de ganaderos de Lorca y a todos aquellos participantes que hayan infringido la Ley de Seguridad Ciudadana.

"De forma paralela, y sin perjuicio de los procedimientos penales que siguen su propio curso, hemos solicitado al ayuntamiento de Lorca y a la Policía Nacional todas las denuncias interpuestas por infracciones que correspondan a los preceptos de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana para abrir los correspondientes expedientes sancionadores", ha añadido José Vélez.

Por último, el delegado del Gobierno ha agradecido y felicitado a Policía Nacional y Policía Local de Lorca por su trabajo y por "una investigación rigurosa que, hasta el momento, se ha saldado con la detención de siete personas en apenas 48 horas y que han sido puestas en libertad pero tendrán que responder por cargos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad".

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha indicado este viernes que solo están permitidas 1.000 personas en la manifestación que han convocado CCOO y UGT en la capital por el 1 de mayo, y ha afirmado que "está segura de que los sindicatos cumplirán".

No obstante, la delegada del Gobierno, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha explicado que ambas organizaciones sindicales pidieron que el aforo fuese de 3.000 personas, pero que finalmente se redujo a 1.000. También en declaraciones a Antena 3, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha quejado de la cifra, y ha afirmado que "hay más gente en la Calle Preciados en Madrid que en una manifestación". "Yo creo que esto no es una polémica con demasiada sustancia. Vemos apelotamiento de gente en concentraciones de la campaña electoral de Madrid y no veo que se esté montando tanto escándalo", ha dicho.

Asimismo, el líder sindical ha dejado claro que se va a garantizar que se cumplen las normas de seguridad y que las personas van a acudir con mascarilla y cumpliendo las normas sanitarias.

Por su parte, en una entrevista a RNE, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que este Primero de mayo "tiene que marcar un punto de partida para solucionar los problemas de las personas". "Las manifestaciones van a ser seguras y van a tener plenas garantías desde el punto de vista sanitario, por lo que animo a la población de este país a que se movilicen para encontrar una salida con derechos de esta pandemia", ha dejado claro Álvarez.

Un total de 4.474 migrantes han llegado a las costas andaluzas entre enero y agosto de 2020, lo que supone un 64,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, que ha analizado los datos con la Policía Nacional y la Guardia Civil, según informa Europa Press. 

García se ha reunido este miércoles con los responsables de la Policía Nacional (en sus demarcaciones Oriental y Occidental) y de la IV Zona de la Guardia Civil, donde han valorado el trabajo que se está desarrollando en el fenómeno de la migración como de las medidas tomadas a nivel nacional y autonómico respecto al covid-19.

Según informa en una nota la Delegación, García ha agradecido a las Fuerzas de Seguridad el esfuerzo que están realizando en estos momentos debido al covid-19 y les ha pedido "la máxima colaboración dentro de las competencias establecidas a cada Cuerpo y analizar, desde el espíritu de unidad, todos los pasos que tendremos que ir dando".

Igualmente, ha destacado la necesidad de coordinación con las autoridades sanitarias competentes "para paliar la situación epidemiológica" actual.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado este lunes que se sancionará "con la máxima dureza" permitida por la ley el incumplimiento del uso de la mascarilla en la concentración negacionista del covid-19 para protestar contra con las medidas de protección frente a la pandemia. La manifestación se celebró este domingo en la Plaza de Colón.

"Siempre hay algún descerebrado, en este caso bastantes, por desgracia, que incumple las normas, pero lo que si quiero dejar perfectamente claro es que se sancionará con la máxima dureza que nos permita la ley", ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Franco ha explicado que en el escrito de los organizadores para comunicar la convocatoria de la manifestación a la Delegación del Gobierno "no se reivindica la oposición a la mascarilla", si bien "hablan de instrumentalización, de censura de prensa, de la instrumentalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero en ningún momento se dice nada en contra de la mascarilla".

"Es más, ellos nos garantizan en su escrito la distancia social, incluso dicen que habrá personas recordándolo con carteles", ha agregado Franco, para defender que "en principio no debería haber ningún motivo para prohibir dicha concentración", ha añadido.

Asimismo, ha manifestado que no se plantearon disolver la manifestación ante la ausencia de mascarillas entre los asistentes, porque "el remedio podía ser peor que la enfermedad", y ha defendido la necesidad de actuar "con objetividad, con mesura, con sentido común y, sobre todo, con proporcionalidad".

"Yo creo que la Policía actuó con la proporcionalidad que se le exige y con la que suele actuar siempre y hubiera sido peor, a mi juicio, una carga por disolver esa manifestación", ha agregado Franco, quien ha precisado que se impusieron más de 30 denuncias y que entre las personas identificadas se encuentran los propios organizadores.

Tras reconocer que "estas situaciones siempre son discutibles", ha señalado que no quiere ni pensar lo que podría haber sucedido si se hubiera producido una carga y los manifestantes se hubieran dispersado por las calles de Madrid, y ha agregado que algunos intentaron tomar el Paseo de la Castellana y que la Policía Nacional se lo impidió.

Se sancionará por desobediencia o incumplimiento

"Es absolutamente inaceptable lo que allí sucedió, es gravísimo, y como me parece muy grave vamos a actuar en consecuencia, siempre, por supuesto, con respeto a la ley", ha apostillado Franco, quien ha precisado que las sanciones más graves que se contemplan son "desobediencia o incumplimiento".

En cuanto a la investigación anunciada el mismo domingo, el delegado del Gobierno ha detallado que, aparte de las denuncias que se impusieron en la manifestación, van a "tratar de identificar a más personas que incumplían la normativa vigente". "Vamos a desarrollar una investigación concienzuda", ha aseverado, para añadir que dependiendo de que haya habido incumplimiento o desobediencia se sancionará "con el máximo rigor".

Así, ha recalcado que "no va a haber ningún tipo de impunidad" y que "los que han actuado de forma tan incívica tendrán su justo castigo", con "la máxima sanción que recoja la ley en cada caso, o bien desobediencia o bien incumplimiento".

Franco ha señalado que en la toma de conocimiento de la Delegación de Gobierno relativa a la comunicación de la convocatoria se recordó a los organizadores, un grupo de ciudadanos, la necesidad de respetar la distancia de 1,5 metros y la obligación de usar mascarillas.

Respecto a la posibilidad de que se convoquen nuevas concentraciones de este tipo, el delegado del Gobierno ha garantizado que se extremarán al máximo las precauciones.

Nuevas restricciones

Ante la entrada en vigor de nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid, el delegado del Gobierno ha afirmado que la Policía y la Guardia Civil dispone de medios suficientes para hacerlas cumplir, aunque se ha mostrado "convencido del civismo, de la responsabilidad y de la sensatez del conjunto, de la gran mayoría, de los ciudadanos de Madrid".

"Siempre puede haber alguna excepción, de hecho siempre la hay, y esas excepciones serán sancionadas adecuadamente, pero en principio espero muchísimo de la responsabilidad, de la sensatez, del sentido común de los madrileños y las madrileñas", ha agregado.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha desvelado que quiere hablar con la Delegación del Gobierno en Madrid para ver la manera de establecer "algún protocolo", con las competencias en Seguridad que tiene el Ejecutivo central, para "confinar o cerrar municipios".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha insistido en que el confinamiento de determinadas zonas es una decisión que debe tomar el Gobierno de España y ha recordado que en las videconferencias de presidentes autonómicos pidió que tuvieran "prevención y una estrategia" para posibles rebrotes.

"Si hay algún rebrote y tiene que haber algún tipo de decisión por encima de las comunidades autónomas, ahí nosotros ya no podemos hacer nada", ha explicado, al tiempo que ha indicado que solo les compete el cerrar determinadas actividades "temporalmente".

En este punto, ha insistido en que no tienen competencias por lo que quieren "hablar" con la Delegación del Gobierno "y ver de qué manera" tienen algún protocolo para que decidan, con las competencias en Seguridad que sí tiene el Ejecutivo central, si se pueden "confinar o cerrar temporalmente municipios".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que no entra en sus planes convocar elecciones anticipadas, pero ha reconocido que llegó a barajar "todos los escenarios" por "indefensión", puesto que a su juicio Madrid se ha convertido en el principal "objetivo" del PSOE y del Gobierno estatal.

En una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press, la presidenta regional ha negado que se vaya a producir en Madrid un adelanto electoral pero sí ha reconocido que se tienen que sopesar todos los escenarios debido a la situación "tan compleja" que vive la Comunidad, sobre todo ante los "cantos de sirena" sobre una posible moción de censura por parte del PSOE.

A su juicio, no ha ocurrido en ninguna otra Comunidad que el propio delegado del Gobierno estuviera "en contra del Gobierno autonómico donde trabaja" diciendo que hay que "ir a por todas" en Madrid y "retorcer el asunto de las residencias" estando "todos a una poniendo el foco mediático" en su Gobierno.

"Si el PSOE siempre está diciendo que van a presentar una moción de censura, que van a partir el Gobierno, uno se plantea evidentemente todos los escenarios pero no es algo que me plantee ahora mismo y no es en lo que estoy (...) Quería contemplar todos los escenarios pero yo no voy a convocar elecciones y me compete a mí, y yo lo que quiero es dar estabilidad y frenar los posibles rebrotes", ha lanzado sobre esta cuestión la dirigente madrileña.

Además, Ayuso ha indicado que si se planteó convocar elecciones no fue por desavenencias con su socio de Gobierno, Ciudadanos, con quien ha dicho que en el caso de tener que pactar en un futuro lo volvería a hacer con ellos.

Por otro lado y en referencia a la información publicada por el diario El Mundo relativa a que llegó a reflexionar sobre esa opción, la presidenta de la Comunidad de Madrid se limita a indicar que los ciudadanos "no tienen la culpa" de estas cuestiones políticas y que existen "problemas gravísimos" que deben abordar ahora, como por ejemplo cómo programar el curso escolar o las políticas para reactivar el empleo.

No obstante, la dirigente regional ha asegurado que el Ejecutivo central y el PSOE están "obsesionados" con Madrid, diseñando una estrategia de "desestabilización constante" utilizando el impacto de la pandemia en hospitales y residencias cuando en el pico de incidencia del coronavirus la situación en toda España era de "guerra". En consecuencia, su visión es que Madrid es el principal "objetivo de la Moncloa" en el plano político.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, se ha pronunciado acerca de estas declaraciones. Zafra ha tachado de "irresponsable" que la presidenta de la Comunidad de Madrid se haya llegado a plantear convocar elecciones, algo que considera que no "ayuda" en la relación entre ambos partidos.

A este respecto, en rueda de prensa telemática, el portavoz 'naranja' ha indicado que él nunca se ha planteado elecciones ni una moción de censura pero ha mostrado su preocupación por el hecho de que la presidenta "haga declaraciones en el sentido de que ha mirado todos los escenarios". "Creo que en un escenario como en el que estamos de pandemia, con miles de muertos, simplemente plantearse querer unas elecciones anticipadas a un año de haberlas tenido es una irresponsabilidad que no se puede entender. No tendría sentido poner a la Comunidad en riesgo", le ha reprochado.

Cree que el problema de las residencias se ha dado "en todo el mundo"

En cuanto a la gestión de las residencias, Ayuso ha insistido en que tanto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, tienen que hablar cada uno de su propia gestión, de cómo ha gestionado cada uno la crisis dentro de sus competencias.

A su juicio, las cifras de fallecidos en residencias en Madrid no son superiores a las de otras comunidades, y el Gobierno regional ha hecho lo que podía con los medios sanitarios que se han buscado o con la creación de un hospital como el de Ifema o la medicalización de los hoteles.

"Si todos hubiéramos reaccionado en febrero en España no hubiéramos tenido estas cifras", ha vaticinado Ayuso, al tiempo que se ha preguntando donde se encontraba el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "que dijo que se iba a ocupar de las residencias y no lo hizo".

Sobre los protocolos de derivar a residentes a hospitales, Ayuso ha insistido en que se trataban solo de indicaciones y en ningún caso se le dice a un médico a quién tiene que intubar, llevar a UCIs o derivar a hospitales. "Yo no soy médico, soy un político que da recursos para que los médicos trabajen en libertad y decidan lo mejor para sus pacientes", ha sostenido. Ayuso cree que el Gobierno central está "obsesionado" con Madrid y pone en ella el foco mediático cuando el problema de las residencias "ha sido en todo el mundo".

Estrategias de "madrileñofobia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afeado este lunes las estrategias de 'madrileñofobia' cuando Madrid "lejos de ser una región que en porcentaje pueda contaminar mucho, lo que puede ser es una fuerte contagiada" por la densidad de población que tiene.

Al ser preguntada por el hecho de que no se solicitara finalmente el paso a la fase 3 de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha indicado que los cambios de fase de la 0 a la 1 y de la 1 a la 2 eran más importantes que pasar a la fase 3. Asimismo, ha recordado que como no hubo "explicaciones transparentes para que Madrid no pasara de fase, sino que fue una decisión arbitraria" acudió a los tribunales, porque haber tenido otros 15 días más a Madrid en la fase 0 "es lo que ha causado un perjuicio económico".

En esta línea, ha afeado al Gobierno central que llevan desde Madrid pidiendo durante 14 semanas consecutivas un plan para el aeropuerto de Barajas para que los turistas lleguen en total libertad pero con seguridad, algo que están viendo "como confrontación y una guerra y no es esto".

Ahora, la presidenta autonómica ha señalado que quieren ser "prudentes" ya que la economía "ha empezado a andar" porque "Madrid lejos de ser una región que en porcentaje puede contaminar mucho, como han intentado vender con esa estrategia de madrileñofobia, lo que puede ser es fuerte contagiada". "Lejos de ser un foco para contagiar es un foco para ser contagiado por nuestra densidad de población", ha lamentado.

La presidenta regional ha negado además que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tenga sentimientos nacionalistas, cuando es "el freno al propio nacionalismo". "Él me trasladó que ni mucho menos tenía esa intención, pero en campaña siempre las declaraciones se sacan de contexto y se exageran. A mí siempre me ha demostrado el presidente gallego amor por Madrid y respeto", ha aseverado.

Así, Ayuso ha indicado que quien viene de lejos a la Comunidad desde el primer día es "madrileño", por eso no le gustaría que se crearan tensiones entre comunidades autónomas fabricadas por cuestiones políticas. "Sería nefasto, las cuestiones identitarias no pueden llevar a dividirnos", ha lanzado.

El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane - la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el 'procés' independentista en Cataluña–, y fue presentado el pasado 20 de abril, es decir, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos. A lo largo de 18 páginas, Seoane denuncia que la instructora ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad. Entre otros aspectos, señala que "en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados", Rodríguez-Medel ha desbordado el ámbito competencial que ella misma acotó respecto a la investigación de estos hechos –la manifestación del 8 de marzo–y solicita a la Guardia Civil información "no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria".

Como ejemplo, la Abogacía señala lo solicitado respecto del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, dirigido por Fernando Simón, respecto del cual no se solicita únicamente información acerca de la eventual recepción por la Delegación del Gobierno del informe, que es lo que debería ser objeto de la investigación penal abierta, sino que va más allá al preguntar a la guardia civil qué difusión tuvo el citado informe. A juicio de los servicios jurídicos del Estado, la jueza ha iniciado este proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino "meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado".

Tesis de la defensa

En este punto, la Abogacía del Estado expone su tesis de defensa al considerar que "lo que no es indiciario sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad".

A juicio de la defensa, había recomendaciones sanitarias que fueron intensificándose, sobre todo a partir del día 11 de marzo y a todos los niveles administrativos, pero las mismas, en tanto eran recomendaciones y no prescripciones, no supusieron impedimento alguno para limitar la celebración de eventos deportivos, como el partido de fútbol celebrado en Madrid el día 7 de marzo entre el Atletico de Madrid y el Sevilla FC en el estadio del primero con asistencia de unos 60.000 espectadores; además de normal funcionamiento de recintos cerrados, espectáculos públicos, como cines, teatros, etc, Frente a todo ello, considera que "lo que pretende la instructora, no es verificar si determinados indicios de incumplimiento del ordenamiento son ciertos, sino de encontrar tales indicios. Indicios de que la ausencia de prohibición de actos conmemorativos del 8 de marzo, fue un actuación arbitraria y a sabiendas de su injusticia".

Tramitación en pleno estado de alarma

Otro de los puntos del informe carga contra la celeridad mostrada por la magistrada de Madrid en este asunto en pleno estado de alarma, cuando los plazos procesales se encuentran suspendidos y la justicia sólo actúa en los denominados por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) servicios esenciales, que requieren resolución de urgencia. Es más, recuerda que el auto del 23 de marzo que se impugna, por el que se incoan las diligencias penales, reconoce de forma expresa que no había urgencia alguna por lo que al dictarlo desatiende todo lo excepcionalmente acordado, como eran razones de salud pública, para favorecer y permitir sin causar indefensión a ninguna parte o el aislamiento social. "Pues bien, la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma", incide el escrito.

Vamos ganando “los buenos”, pero cualquiera que haya atravesado un trance similar sabrá también que incluye molestias agudas seguidas de rápidos accesos febriles que precisan un chute de sedación analgésica que te transporta a veces a un estadio semiajeno al mundo real, en el que uno ve y escucha cosas extrañas, o bien te resultan normales escenas que son imposibles.

Hay un personaje de los últimos Episodios Nacionales de Galdós, Tito Liviano, a quien en fases febriles se le aparecen las Efémeras, unos espíritus imaginarios que le transmiten informaciones (ciertas y falsas) sobre la actualidad de la época. Las Efémeras hoy acuden al lecho del dolor por la vía de la prensa digital, a través de TwitterEfémeras, la radio de fondo, algún rato de telenoticias…

Pónganse en mi lugar. En poco más de diez días, las Efémeras me han traído titulares de esta guisa:

De los mítines y entrevistas en la campaña andaluza he escuchado cosas que ustedes no creerían. Y hasta he llegado a ver al candidato del PP a la presidencia hablando con una vaca a la que pedía el voto. Pero me ha dicho el urólogo que eso son imaginaciones mías.

Algún rato de supuesta lucidez me ha llevado a pensar que, efectivamente, lo lógico sería que la mayor parte de esos titulares nacieran del desvarío. Porque de ser reales (como constato a medida que me voy recuperando), cada uno de ellos me lleva a alguna otra reflexión. Por ejemplo:

La velocidad febril a la que se fabrican y se reciben titulares no debe desviarnos de los retos de mayor calado. Es evidente que las tuberías de nuestro sistema democrático también contienen pedruscos que lo atascan, lo bloquean y desgastan su prestigio y su eficacia. Afectan a la política, a la Justicia, a los medios… a todas las instituciones de intermediación. Pero sería un error pensar que la responsabilidad es exclusivamente de los Cosidó, los Marchena, los Rufián, los Casado, los Rivera, los Sánchez, los Iglesias o los eméritos. O que las soluciones pasan por nuevos hiperliderazgos personales o por entregar las herramientas democráticas a los expertos, sustituyendo la política representativa por la tecnocracia.

Vivimos tiempos complejos, en los que nuestro primer reto debería ser el de “comprender la democracia”, como acertadamente titula el filósofo Daniel Innerarity un lúcido librito que abre la serie de ensayos '+Democracia’, y que concentra algún principio activo para frenar la infección. “Las soluciones han de ser institucionales y procedimentales”, sostiene el autor, y advierte de que no basta con achacarlo todo a la "democracia de los incompetentes", sino que la propia ciudadanía tiene (tenemos) la responsabilidad individual y compartida de recuperar el valor de la política y de "fortalecer la organización institucional de la inteligencia colectiva". Dicho de otra forma: debemos abordar reformas que garanticen que, si cualquier imbécil, aprovechado o iluminado llega al poder a través de las urnas, haga el menor daño posible al sistema.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido una entrevista para esta tarde con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para abordar una eventual candidatura del socialista Angel Gabilondo a la presidencia de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes.

En declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press, Sánchez ha revelado que ha enviado un mensaje a Rivera y que ambos mantendrán una conversación sobre este tema en la tarde de este miércoles, en la que Sánchez le pedirá que "recapacite" sobre su negativa hasta la fecha de hacer presidente a Gabilondo.

Una vez decaída la moción de censura con la dimisión de Cifuentes, el PSOE trata de presionar a Ciudadanos para que no apoye a un miembro del PP para suceder a Cifuentes y permita, bien con su apoyo o su abstención, una investidura de Gabilondo.

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, considera además que el PP no ha tenido "valor" para hacer dimitir a la hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y ha optado por ajusticiarla en público, lo que, desde su punto de vista, "huele a mafia nauseabunda".

Así lo ha denunciado Puente en un mensaje de su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, que ha escrito al hilo del vídeo publicado este miércoles por OKDiario un vídeo en que se ve cómo habría sido sorprendida robando cremas en un supermercado en 2011.

"Lo de hoy de Cifuentes huele a mafia nauseabunda. Un vídeo de hace 7 años. Lo sacan hoy en el medio que eligen habitualmente para darse las navajadas y los tiros en la nuca. No han tenido valor para hacerla dimitir y la ajustician en público. Da asco y mucho miedo", reza el tuit escrito por Puente antes de que Cifuentes anunciara su dimisión.

Mantener la Comunidad de Madrid

También el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sin decirlo expresamente, ha dado a entender que el vídeo es una filtración que procede del propio PP para empujar a Cifuentes a dimitir y poder mantener así el poder en la Comunidad de Madrid. "Hay un relevo de la señora Cifuentes a la manera del PP. No le importa ensuciar todo y horrorizar a la ciudadanía con esta imagen de los representantes políticos", ha señalado Ábalos.

En una comparecencia ante los medios, Cifuentes ha explicado que ya tenía decidido dimitir, pero que tenía intención de anunciarlo el próximo 2 de Mayo, tras los actos institucionales por el Día de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, ha adelantado su anuncio porque considera que, con la publicación de este vídeo, se ha dado un "paso más" en la "campaña de acoso y derribo" que se puso en marcha contra ella hace "bastante tiempo" y que dejó de ser "política para convertirse en personal". Además, ha deslizado que "la tolerancia cero contra la corrupción" de la que ella ha hecho gala "tiene un precio".

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha decidido trasladar a la Fiscalía General del Estado una denuncia con posibles "irregularidades" en la gestión del proyecto del Campus de la Justicia en época de Esperanza Aguirre como presidenta del Gobierno regional, han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo madrileño.

Como ha adelantadoEl Mundo, este paso responde a un dictamen de la Abogacía General encargado por la Comunidad de Madrid sobre el proyecto diseñado por el entonces Gobierno de Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales y donde se recoge que se han detectado incumplimientos de forma "sistemática" de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad.

Hace unas semanas, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunciaba que el Gobierno regional había elevado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia para que valorara si es necesario tomar medidas. Entonces señaló que en el informe había "cifras y datos" que a todos generan "dudas en la forma de gestión".

Ha sido el propio Garrido, quien ha explicado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid, que después de la evaluación de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que recogía que podían existir "ilícitos penales", han dado el paso de trasladarlo a la Fiscalía.

Ahora, debe ser ésta la que decida si hay indicios de criminalidad y, en su caso, si lo remite al juzgado. Garrido ha asegurado que en ese momento desde el Gobierno regional se valorará personarse como acusación particular, como han hecho en el caso Púnica.

"La posibilidad de que la Comunidad pudiera estar ahí para recuperar el presunto dinero dañado a las arcas publicas siempre estaría presente, una vez que la Fiscalía determine qué es lo que corresponde hacer", ha subrayado.

Al ser preguntado porque no se sumó el Gobierno autonómico a la oposición, que ha llevado ya hasta en dos ocasiones la cuestión a la Fiscalía, Garrido ha manifestado que las denuncias que ellos plantean deben estar avaladas por la Abogacía.

En este sentido, ha defendido, sobre el hecho de que esta remisión coincida con la polémica del máster de la presidenta, que desde el Ejecutivo no actúan "con intereses partidistas" sino que elevan las cosas cuando tienen que hacerlo.

"Podría haber sido ayer, hoy, hubiéramos hecho exactamente igual", ha dicho. Para el portavoz regional, "la legalidad no entiende ni de colores, ni de departamentos, sino de dejar actuar a los tribunales".

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha declarado este lunes ante el juez que la investiga por un delito societario sobre una transacción de Mercamadrid que dicha operación fue "buena" para la empresa pública, al tiempo que ha criticado la falta de "unidad de acción" por parte del Consistorio actual.

Dancausa ha declarado durante hora y cuarto ante el magistrado del Juzgado número 15 de Instrucción de Plaza de Castilla, José Luis Calama. Luego, en declaraciones a los periodistas, ha dicho que el interrogatorio ha transcurrido "con absoluta normalidad". "Ha sido positivo haber podido explicar al juez los beneficios de esta operación para Mercamadrid y espero que archive la causa", ha agregado.

La delegada ha aseverado que con dicha transacción se obtenían "beneficios para Mercamadrid". "Eludía una posible responsabilidad patrimonial de 8 millones, ponía en marcha unas naves que eran muy importantes, se aseguraba un canon que tenía concedido hasta 2032 y revertía estas naves para el Ayuntamiento. La operación no tenía ningún coste para el Ayuntamiento porque Mercasa era el que pagaba el contrato de arrendamiento que Mercamadrid realizaba con Merca Ocio", ha explicado.

La representante del Gobierno central en Madrid ha reconocido que hubo "una serie de problemas" con dicha concesión porque el hotel se puso en marcha pero las naves "no consiguieron las licencias".

"Cuando yo llegué en 2013 (como concejal delegada de Economía) veo que había un problema con una demanda de Merca Ocio como contestación a la que Mercamadrid había hecho reclamándole las cuotas que había dejado de pagar por un importe de 600.000 euros. Y había una reclamación de 8 millones, una cantidad importante. Por eso se decide hacer una propuesta tanto del secretario general, letrados, director general y el comité ejecutivo (de Mercamadrid) para esa operación, que vemos que es buena para Mercamadrid. Teníamos un problema importante y lo resolvimos de esa forma porque pensábamos que era lo mejor para Mercamadrid", ha detallado.

​​​​​​​Dancausa también ha negado que como consecuencia de la misma haya un perjuicio para las arcas públicas municipales de 11 millones de euros, como se ha reclamado. "Ese perjuicio sólo podía ocurrir si en 2032 no se ha hecho nada con esas naves, es decir, en el supuesto de ese contrato de arrendamiento se mantuviese hasta ese año y no se hiciera nada", ha añadido Dancausa, quien ha apuntado que en la actualidad dichas naves siguen vacías.

Además, ha acusado al actual Consistorio de Ahora Madrid de "no haber hecho lo que tenía que hacer". "Aquí falta una unidad de acción. Cuando se inicia una operación por un gobierno, si no es fraudulenta, que no es el caso, lo que hay que hacer es tratar de llevarla a término. Y lo que han hecho es llevarla a los tribunales por la vía penal y no tiene ningún sentido", considera.

Por último, Concepción Dancausa se ha mostrado "tranquila" y con la "conciencia tranquila" tras la declaración de hoy. "He contado al juez lo que tenía que contar. Ahora nos queda conocer su propia opinión, es la más importante. Me gustaría el sobreseimiento y creo que no tiene por qué continuar el proceso", ha dicho.

También han declarado hoy el expresidente de Mercasa Eduardo Ameijide; el entonces jefe del departamento comercial de Mercasa, Florencio Casillas; el consejero delegada de Konin 22, que fue la empresa inicial a la que le dieron la concesión traspasando los derechos a MercaOcio, Juan María López Alvarez.

En el caso están investigados todos los que estaban en el Consejo de Administración de Mercamadrid y de ellos de momento sólo han declarado tres personas. En total, el juez investiga a un total de 14 personas.

Un caso muy complejo

En 2001 la empresa Mercamadrid S.A., participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Madrid, convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie suya de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

​​​​​​​Mercamadrid estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22 cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.

Siguiendo el relato de la Fiscalía, Merca Ocio comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado.

Merca Ocio formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8 millones de euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

​​​​​​​Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, en 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Merca Ocio y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid "incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional".

Luego Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la vicepresidenta Segunda de Mercamadrid María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Merca Ocio dos acuerdos de transacción que puso fin a la vía judicial.

Para la Fiscalía el "enriquecimiento ilícito" de Merca Ocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013 cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.

En total, hasta octubre de 2016 Merca Ocio recibió 2.255.349,51 euros "para obtener el uso de dos salas —de su propiedad— que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".

También recuerda la Fiscalía que el acuerdo no resultaba "equitativo" para ambas partes ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda "perfectamente contrastada" y a su compensación con rentas futuras. Incluso, subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era "viable".

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81% superior al precio de mercado y deja bien claro que en el "momento actual" no consta "si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Merca Ocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos".