El Ministerio de Defensa ha declarado nulo el acuerdo de formación suscrito por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) con la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa y ha exigido su inmediata retirada.

La asesoría jurídica del ministerio ha emitido un informe por el que "queda demostrada la nulidad del acuerdo de servicios formativos, por falta de legitimidad de la asociación y por el propio objeto del acuerdo", ha informado Defensa en un comunicado.

"Tras estudiar los extremos del citado convenio de colaboración, se ha acordado requerir, a los firmantes, para la anulación del referido acuerdo procediendo, en caso contrario, a la impugnación jurisdiccional del mismo y a la apertura del correspondiente expediente", agrega Defensa.

El convenio firmado por ATME con Desokupa tiene como objeto que los miembros de la asociación reciban formación para, entre otras cosas, favorecer la entrada de militares en puestos de trabajo.

En concreto, los militares adscritos al convenio obtendrán descuentos del 50% en aquellos cursos que ofrezca Desokupa y la empresa se compromete a facilitar el acceso a puestos de trabajo de los soldados que superen las pruebas y se adecuen al perfil ofertado, según informó ATME este martes en un comunicado. La asociación incidió en que el acuerdo se circunscribe a los “múltiples convenios” que tiene firmados con academias de formación.

La firma de este convenio se produjo tras la polémica por el acuerdo entre Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para recibir formación en defensa personal, que llevó al Ministerio del Interior a solicitar un informe a la Abogacía General del Estado para conocer si podría afectar a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y a la compatibilidad de los agentes que impartirán el adiestramiento.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha remitido este lunes una carta al director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, para que investigue de forma urgente si el Ministerio de Sanidad y el del Interior evitaron reforzar la protección de los policías frente al covid-19 "por cuestiones estéticas y no sanitarias", lo que motivó el cese como jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía de José Antonio Nieto González.

El SUP explica, según informa Europa Press, que el Gobierno tiene que dar estas explicaciones ante las quejas de Nieto, facultativo médico que se acaba de jubilar tras 36 años de profesión, al relacionar su cese con el malestar por ordenar en enero el uso de mascarillas y guantes, algo que Sanidad no veía necesario puesto que generaría alarma social. El jefe de Prevención de Riesgos Laborales fue cesado justo antes de decretarse el estado de alarma el 14 de marzo.

En la carta el SUP exige "llegar hasta el final" para determinar por qué Sanidad "se empeñó" en considerar de bajo riesgo a los policías. El sindicato considera que el rechazo para usar mascarillas y guantes "no estuvo relacionado con consideraciones técnicas sino con un absoluto desconocimiento de la realidad de la operativa policial".

El SUP pide a Iván Redondo que abra una investigación "urgente" y el traslado de sus conclusiones al Congreso de los Diputados, "al entender que afecta al conjunto de la ciudadanía". En este sentido, se ha remitido una carta a los portavoces de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos en la Comisión de Interior para recabar su apoyo para el "impulso" de otras medidas como pueden ser proposiciones no de ley.

José Antonio Nieto González ha relacionado este lunes su cese con el malestar mostrado por el Ministerio de Sanidad al haber ordenado ya en enero el uso de mascarillas y guantes para prevenir el contagio de coronavirus. "Minusvaloraban el riesgo", ha defendido en alusión al Gobierno.

"Existía cierto malestar de Sanidad hacia mí por estas medidas, no tengo pruebas pero pudo haber influido", ha señalado Nieto en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que así se lo expresaron sus superiores, aunque reconoce que él no tiene "ninguna prueba pero pudo haber influido".

El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites de licitación para que la Policía Nacional cuente con las primeras 1.000 pistolas eléctricas tipo Táser, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento.

En la actualidad se están redactando los pliegos de la licitación, que se espera que haya concluido en 2020, una vez cuente con el visto bueno de la Abogacía del Estado y pase el filtro de la Ley de Contratos del Sector Público.

La licitación no incluye, al menos de momento, la dotación para la Guardia Civil.

Las pistolas Táser son un arma largamente reclamada por los sindicatos policiales. Su uso está limitado a "funcionarios especialmente habilitados", de acuerdo al artículo 5.1 del Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero), lo que exige una formación específica en el conocimiento de este arma, sus limitaciones, formas de uso o medidas de seguridad.

Su uso por los diferentes cuerpos policiales, incluidas las Policía Locales, no está sujeto a autorización previa o centralizada, de ahí que no exista un registro oficial de las policías que disponen de este tipo de arma. Basta con que quede contemplado en las respectivas leyes autonómicas de policías locales o en sus normas de desarrollo reglamentario, según apuntan las citadas fuentes.

En el caso de las Policía Locales, la formación exigida se adquiere en las respectivas academias autonómicas o, en su caso, a través de los proveedores de estas armas.

Pistolas también en Madrid

Este mismo martes el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que iniciará los trámites para dotar a la Policía Municipal de los dispositivos eléctricos defensivos de control conocidos como táser, dadas las "continuas intervenciones en las que los policías se ven inmersos y en las que deben intervenir usando medios proporcionados y garantistas".

Así lo ha anunciado este martes en el Pleno de Cibeles el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ha precisado que estos dispositivos permitirán abordar situaciones operativas en las que "se deba hacer uso de la fuerza sin emplear armas de fuego, ofreciendo una alternativa moderada en situaciones de crisis al constituir esta herramienta un sistema técnico incapacitante".

Su uso se llevaría a cabo en este tipo de situaciones y cuando resulten "ineficaces" otros medios no violentos para inmovilizar, detener o impedir la fuga de una persona que manifieste un peligro inminente de lesionar a terceros o a sí misma, cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceros y cuando deba impedirse la comisión de un delito.

"La utilización de este dispositivo, en todo caso, lo deberán llevar a cabo los agentes bajo los habituales principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad", han precisado fuentes del área de Seguridad y Emergencias.

Así, el Consistorio iniciará los trámites que concluyan en la adquisición y reparto de más de 200 de estos dispositivos entre las 22 unidades de la Policía Municipal de distrito (el de Centro cuenta con dos unidades) y algunas unidades policiales específicas (UAS, Medio Ambiente). Los policías municipales serían instruidos para su empleo y superarán una capacitación específica.

El Ayuntamiento quiere destinar para la compra de estos dispositivos cerca de 500.000 euros, unos 2.000 euros por equipo. Cada uno de ellos incluye el dispositivo y una cámara de visionado y grabación para registrar cualquier intervención. Los equipos estarían instalados en los vehículos policiales.

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha reiterado que las táser son para "casos de uso garantista de que esa legítima fuerza se haga con el menor daño posible para con quien tuvieran que tener que usarlo". "Sustituye el arma de fuego en situaciones donde hay dificultad", ha indicado.

Sanz ha asegurado que se trata de "una demanda de la Policía que aumenta las garantías del Estado al aplicar esa fuerza", ya que "se puede evitar un uso tan intensivo de la violencia".

Los sindicatos policiales defienden que el empleo de la Táser está extendido en países como Estados Unidos, Reino Unido y la mayor parte de Europa. "La evolución tecnológica ha permitido eliminar riesgos cardiacos durante su uso, ya que los impulsos eléctricos generados están muy lejos del umbral peligroso para la salud, incluso portando marcapasos", aseguró recientemente el SUP en una demostración para "desmontar bulos" sobre sus riesgos.

Jupol (Justicia Policial), el sindicato de reciente creación surgido desde la plataforma Jusapol, que pide una "equiparación salarial real", es desde este miércoles el sindicato mayoritario en la Policía Nacional al conseguir ocho de los 14 vocales en sus primeras elecciones al Consejo del Cuerpo, como recoge Europa Press. El resto de vocales se ha repartido entre SUP (2), SPP (2), CEP (1) y UFP (1).

La asignación provisional de vocales del Consejo de la Policía Nacional ha otorgado seis vocales a Jupol por la escala básica, donde el SUP consigue sus otros dos representantes y CEP y UFP cada uno el suyo. En la escala de subinspección Jupol ha obtenido otro vocal y en la ejecutiva su octavo representante. El SPP, sindicato con amplia representación entre mandos, ha obtenido el otro vocal de la escala ejecutiva y también el único en juego de la escala superior.

A estas elecciones, celebradas el miércoles sin incidentes, estaban convocados 66.776 policías y han concurrido ocho sindicatos policiales, según ha informado la Policía Nacional. En el proceso electoral anterior, en 2015, se eligieron 16 vocales, mientras que este año han sido 14: un vocal de escala superior, dos de escala ejecutiva, uno para la escala de subinspección y diez para la escala básica.

Elecciones marcadas por la equiparación

El recuento le otorga a Jupol unos 30.000 votos -25.000 solo en la Escala Básica, la más numerosa--. La participación ha sido del 72,75%, unos ocho puntos menor que en las elecciones sindicales de 2015 que ganó el SUP, que ha perdido su hegemonía en el Consejo de la Policía, el órgano de interlocución entre los sindicatos y la Dirección General.

Las elecciones celebradas este miércoles han estado marcadas por la irrupción de Jupol (Justicia Policial), el sindicato creado desde la plataforma Jusapol, que nació en paralelo a la negociación y firma en marzo de 2018 del acuerdo de equiparación salarial entre la Policía y la Guardia Civil con respecto a los Mossos d'Esquadra. La plataforma ha creado Jucil como nueva asociación en el Instituto Armado.

En un encuentro con la prensa el pasado viernes, los líderes de Jupol aseguraron que aspiraban a ser el sindicato mayoritario y obtener entre seis y ocho vocales. Además, avisaron de que la "equiparación real es innegociable". Pese al incremento salarial de 561 euros al mes de media, sostienen que los 807 millones entre 2018 y 2020 se deben elevar al menos hasta 1.500 millones.

El acuerdo de equiparación salarial está pendiente del resultado de un informe de una consultora externa para reajustar las cantidades puesto a puesto tanto en la Policía como en la Guardia Civil. Organizaciones de ambos Cuerpos han acusado al Ministerio del Interior de falta de transparencia en este punto del acuerdo que fue firmado cuando era ministro Juan Ignacio Zoido (PP).

Resultado en 2015

En las últimas elecciones celebradas en 2015, el SUP consiguió revalidar su hegemonía con siete de los 16 vocales -dos más que ahora-- del Consejo de la Policía. CEP quedó segundo, con cuatro vocales, y el SPP --que cuenta con numerosos altos mandos entre sus afiliados-- consiguió dos representantes.

La novedad de aquellas elecciones fue Alternativa Sindical de la Policía (ASP), que logró por primera vez representación en el Consejo con un vocal en la Escala Básica, donde también consiguió representación la Unión Federal de la Policía (UFP) con dos vocales. En 2015 se registró una alta participación al votar el 80,56% de la plantilla.

El Consejo de la Policía es el órgano de interlocución entre los sindicatos policiales y la Dirección General de la Policía, es decir, el foro en el que se discuten las cuestiones laborales que afectan a los policías con la administración.

En estas elecciones se ha podido ejercer también el voto por correspondencia para aquellos funcionarios que lo hayan solicitado y los agentes han podido acceder a cualquiera de los puntos habilitados, fuese o no el de su plantilla de destino. En todo el territorio nacional se han constituido 245 comisiones de garantía electoral y 796 puntos de votación.

La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, ha defendido la "neutralidad e independencia" del sindicato tras los "reproches fuera de tono" del director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, por su asistencia a la manifestación en la Plaza de Colón de Madrid que convocó el PP, Ciudadanos y Vox, informa Europa Press.

Mónica Gracia ha explicado en declaraciones a Europa Press que el desencuentro con el director general ocurrió durante una reunión celebrada este martes a la que se había convocado también a los otros sindicatos policiales representativos.

"Cuestionó la independencia del SUP por participar en una manifestación en la que, en todo momento, dijimos que éramos apolíticos pero que íbamos con la idea de defender el trabajo de los policías en Cataluña frente a los ataques del Gobierno de Quim Torra", ha señalado Mónica Gracia.

La líder del SUP ha explicado que en la reunión respondió a las palabras "fuera de tono" del director general de la Policía. Según ella, el sindicato fue a la manifestación de Colón porque "nadie del Gobierno" rechazó los 21 puntos que Torra planteó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre los que incluía "ataques al trabajo policial". Sin embargo, el Ejecutivo, ya en diciembre, anunció que rechazaba la propuesta del Govern con los 21 puntos: este documento "políticamente no tiene ninguna validez" porque no fue pactado.

"El SUP se ha reunido con partidos de izquierda y de derecha; si mañana es la izquierda quien convoca una manifestación para defender el trabajo policial, la unidad de España y la Constitución, pues también iremos", ha añadido.

En la reunión con el director general dos días después de la manifestación en Colón se abordaron las quejas de los sindicatos por las reiteradas desconvocatorias de las reuniones sobre el segundo de los tres tramos de subida salarial acordado con el Gobierno del PP y que se mantuvo con la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior.

Reprochan la falta de información sobre la auditoría pactada y también que no se haya aprobado el real decreto para aplicar la subida de 2019 tras la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado este lunes que existe una "arbitrariedad"arbitrariedad en la concesión de las condecoraciones por mérito policial, porque, a su juicio, no se cumplen "las condiciones necesarias" para su entrega, según ha explicado el colectivo en un comunicado.

Con este escrito, el SUP reitera, "un año más", esta demanda. En concreto, porque considera que se está infringiendo la ley que regula la entrega de estas condecoraciones. "La arbitrariedad ha sido de nuevo la tónica dominante", junto con "la falta de transparencia y de objetividad", ha señalado el sindicato.

En su opinión, durante los últimos años, ha existido una "utilización torticera" que ha premiado "en demasiadas ocasiones" a mandos policiales y a asesores, "en detrimento del personal operativo" que "sí cumple con los requisitos exigidos para su concesión", ha explicado.

Por este motivo, el SUP ha informado de que, como "señal de protesta", no asistirá a los actos centrales previstos con motivo del día del patrón de la Policía Nacional, que tendrán lugar en Almería el 27 de septiembre.

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han anunciado este miércoles que presentan un conflicto colectivo, con apoyo por primera vez de las asociaciones de la Guardia Civil, para forzar al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a concretar sus planes para conseguir la equiparación salarial con policías autonómicos.

En una rueda de prensa conjunta en Madrid, todas las organizaciones representativas han amenazado a Interior con lo que se conoce como trabajo a reglamento, es decir, una huelga de celo con la que podrían llevar a colapsar la Administración y las dependencias policiales al hacer cumplir escrupulosamente con sus protocolos de actuación.

Si Zoido no concreta antes de mediados del próximo mes de enero la propuesta, previa convocatoria de sendos plenos del Consejo de la Policía y la Guardia Civil, los sindicatos y asociaciones estudiarán "medidas de presión" entre las que figuran manifestaciones y concentraciones.

En su hoja de ruta barajan trabajar a reglamento, con lo que se exigiría la documentación a cada ciudadano en todos los controles de aeropuertos y pasos fronterizos, lo que provocaría inevitables colas. Esta situación se replicaría en las oficinas de expedición del DNI o por parte de los agentes encargados de las sanciones y multas de Tráfico.

Las organizaciones sindicales han criticado el "silencio" de Zoido después de remitirle el 19 de septiembre una propuesta de equiparación salarial que han cuantificado en un total de 3.000 millones de euros en el plazo de tres años: 500 millones en 2018, 1.000 millones en 2019 y 1.500 millones en 2020. Por este motivo, le piden volver a reunirse con él de forma urgente.

"Todo lo que no sea esto es retórica política y poner en riesgo la seguridad pública de todos los españoles", han avisado los portavoces José Antonio Calleja y Alberto Moya, en representación de los cinco sindicatos policiales y ocho asociaciones de guardias civiles, además de la plataforma Jusapol.

No hacen falta presupuestos

Las organizaciones consideran que ha llegado el momento de concretar cifras y plazos, y han contradicho al ministro Zoido con que sea obligatorio para la equiparación salarial que primero haya presupuestos generales del Estado ya que, según ellos, se puede acometer vía real decreto.

Entre otras cuestiones, han criticado al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por compararles en el Senado "de manera equivocada y frívola" con otros colectivos como los médicos, a pesar de que "nada tienen que ver" con ellos teniendo en cuenta la peligrosidad o disponibilidad con la que desempeñan sus trabajos los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Alberto Moya ha recordado que la Policía y, sobre todo, la Guardia Civil tienen "restringidos o prohibidos" sus derechos sindicales y que, por ejemplo, no pueden convocar huelgas como otros funcionarios. "Hemos sido los grandes olvidados de la democracia, por eso nuestros gobernantes tienen que ser especialmente garantes", ha reclamado.

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han criticado, al igual que las asociaciones de la Guardia Civil, las palabras en el Senado del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en las que aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado cobran de media más que otras policías europeas y que otros funcionarios en España.

"Es intolerable la falta de rigor, de seriedad y de respeto", sostienen los sindicatos SUP, CEP, UFP, SPP y ASP, que piden a Nieto una "rectificación inmediata". Según ellos, sus palabras del jueves en la Comisión de Interior en el Senado demuestran que "aún no conoce la esencia de la labor policial".

Los cinco sindicatos policiales se suman a la petición en el mismo sentido de las ocho asociaciones de la Guardia Civil que, el pasado viernes, reclamaron directamente la dimisión de Nieto por "el desprecio manifiesto hacia el colectivo".

Los sindicatos consideran que Nieto recurrió a "falsedades" ante el "clamor popular" que pide poner fin a la brecha salarial con los Mossos d'Esquadra y otras policías autonómicas. Según ellos, el secretario de Estado ha recurrido a una "campaña de desprestigio" que busca el enfrentamiento con otros sectores de la Administración.

"Comparar el sueldo de los policías con el de los médicos", como hizo Nieto en el Senado, es para los sindicatos "un acto inadmisible de simplismo, impropio de un responsable político serio". "Más le valdría darse una vuelta por muchas de nuestras dependencias, probablemente no quiera volver", señalan.

Las organizaciones representativas en el Consejo de la Policía Nacional advierten de que, si no hay una rectificación del número dos de Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior, "quedaría inhabilitado como interlocutor válido para el necesario diálogo" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Que tomen nota de ello el Ministerio del Interior y el presidente del Gobierno", señalan los sindicatos, molestos después de que el secretario de Estado dijera en el Senado que, aunque no es partidario de la brecha salarial, en la actualidad los sueldos de policías y guardias civiles están por encima de la media de otros trabajadores públicos en España y también de la media de policías europeas.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció que la reorganización de la estructura de la Policía Nacional aprobada por el Ministerio del Interior "ningunea" la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, invade y redistribuye las competencias del cuerpo y "olvida" tomar medidas para garantizar la independencia y la investigación de las unidades dedicadas a la lucha contra la corrupción, informa Europa Press.

"La imagen transmitida desde los responsables políticos ha sido la improvisación y la debilidad, provocadas ambas por la necesidad de amortiguar la presión derivada de mala gestión del anterior equipo de gobierno", afirma la organización, que además cree "una temeridad" la creación de dos mandos operativos dentro de la Policía Nacional.

En conjunto, considera que los cambios llevados a cabo en la estructura del cuerpo son "imprecisos" y "podrían generar en la práctica, graves situaciones de descoordinación" entre la nueva Jefatura de Información, Seguimientos y Ciberdelincuencia y la estructura periférica que realiza esas funciones y que, a su vez, tiene que ser coordinada por la jefatura de seguridad y coordinación.

Además, cree que la nueva estructura supone "renovar un agotado e insostenible modelo policial" y una nueva omisión en el cumplimiento de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una norma que cree "ninguneada sistemáticamente"

"Las competencias de la Policía Nacional, son invadidas y redistribuidas de forma paralela, sin tener en cuenta las distintas funciones atribuidas a cada cuerpo por la Ley Orgánica, así como, los diferentes entornos geográficos de actuación que se fija en la citada norma, sin que, por otro lado, ninguna de las competencias exclusivas de la Guardia Civil (armas, trafico...), atribuciones, o demarcación de actuación, se vean en absoluto comprometidas", denuncia.

Por último, aseguran que el texto fue elaborado "con opacidad" y con "falta de información" sobre las "consecuencias" que puede tener a nivel funcional y orgánico para los miembros del cuerpo y creen que adolece de "falta de concreción".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, denunció este viernes la "creciente tensión" que se vive en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, donde esta semana los agentes allí destacados tuvieron que pedir refuerzos para contener hasta tres intentos de salida colectiva al exterior. Pide medidas urgentes antes de que la situación derive en "desenlaces irreparables", informa Europa Press.

En un comunicado, denuncia que el pasado miércoles 5 de diciembre, los internos, "tras activar voluntariamente la alarma de incendios" y "violentar una de las chapas que limitan el patio del Centro y que permiten salir al exterior de este", comenzaron a protestar "y mostrar una actitud hostil y violenta hacia los policías", una situación que el SUP tilda de "cotidiana".

Los miembros de la VI Unidad de Intervención Policial (UIP) desplazada de Pamplona a Madrid para complementar el servicio de seguridad en el CIE se vieron entonces "obligados a instancias de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y del responsable de Seguridad del propio CIE" a pedir refuerzo a dos subgrupos de la UIP de Madrid, a fin de "controlar" la situación.

El SUP afirma que después de la cena y llegados los refuerzos, los internos "con la misma actitud agresiva, desafiante y hostil, en medio de cánticos e insultos", intentaron "hasta en tres ocasiones huir en masa al exterior" pero fueron "contenidos no sin dificultades y conducidos finalmente hasta sus dependencias gracias al número de policías que a tal fin se encontraban en el lugar".

Se les incautaron barras de hierro y cable, tal y como muestra una imagen difundida por el mismo sindicato policial.

"Estos hechos que el SUP viene denunciando reiteradamente, tendrán en algún momento desenlaces irreparables y por nadie deseados, motivo por el que se insta al Ministerio de Interior y a la Dirección General de Policía, a dar una solución eficaz y definitiva, a la situación legal y de seguridad, que a día de hoy representa el mantenimiento de los CIEs en estas condiciones", dice el sindicato.

"No hemos denunciado por venganza, sino por justicia con los despedidos por la mala gestión de Telemadrid. Nosotros somos defensores del servicio público". Así se expresa José Ignacio, uno de los trabajadores de la cadena pública madrileña que ejerce la acusación popular del caso del ático que ha posibilitado la imputación del expresidente madrileño Ignacio González; de su mujer, Lourdes Cavero; y del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Este sábado se celebra a mediodía en la Puerta del Sol de Madrid una concentración denominada Corrupción igual a paro, que conmemora los tres años de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró ilegal el ERE de Telemadrid en el que fueron despedidos más de 900 trabajadores.

"Además, la imputación de González nunca podrá compensar lo que hemos sufrido con el ERE. Nosotros ya hemos perdido, porque incluso un compañero acabó suicidándose...", asegura una extrabajadora de Telemadrid, que prefiere no dar su nombre.

José Ignacio y la extrabajadora que opta por no revelar su identidad forman parte de un colectivo de 861 despedidos en el ERE de Telemadrid que, tras conocer que iban a ser despedidos por la gestión económica de la actual dirección, comenzó a investigar las relaciones entre el expresidente madrileño Ignacio González y el empresario Enrique Cerezo. Algunos de ellos, los que formaban parte del comité de empresa, han tenido que ser readmitidos por decisión judicial.

"Veíamos cosas raras"

Según explican a infoLibre, tras hacer un repaso de todas las informaciones sobre los negocios de Telemadrid, se dieron cuenta de que a lo largo de los años anteriores la televisión autonómica había realizado numerosas adjudicaciones sospechosas que favorecían en todo momento a las empresas de Enrique Cerezo. "Nosotros no teníamos seguridad de que hubiera algún delito, pero veíamos cosas raras. Y nos pusimos a hacer algo parecido a una investigación periodística, aunque en realidad estábamos en el paro", explica una de las despedidas.

El trabajo de estos extrabajadores de Telemadrid reivindica el viejo periodismo de investigación. En su caso no se trataba de que una garganta profunda les diera una información valiosa. "Y ahora que está de moda la película Spotlight, nosotros hicimos un poco eso, periodismo de investigaciónperiodismo de investigación", explica un trabajador de Telemadrid, José Ignacio, que ha sido readmitido en la televisión madrileña.

"Telemadrid perdió las buenas prácticas. Necesitábamos otra voz al margen de Salvemos Telemadrid, que estaba más enfocada hacia la denuncia de la manipulación. Cuando vemos que quieren justificar el ERE por causas económicas, creamos la Asociación de Afectados por el ERE de TelemadridTelemadridy empezamos a investigar a dónde se había ido el dinero", sostiene otro extrabajador que dejó la cadena en el expediente de regulación de empleo.

Attac y Economía Sol

Tirando del hilo detectaron, con el asesoramiento de la asociación Attac y del grupo de trabajo Economía Sol, documentación pública que mostraba los continuos y lucrativos contratos que recibía Cerezo de la televisión pública que afrontaba un ERE que acabaría con una parte importante de la plantilla.

Esta ayuda se personaliza en la abogada Liliana Pineda, experta en el análisis de los paraísos fiscales, que desde un primer momento arropó a los alrededor de 250 despedidos que crearon la Asociación de Despedidos en el ERE de Telemadrid. Con el paso del tiempo, este colectivo ha logrado ejercer la acusación particular en la investigación del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González que el próximo 18 de abril deberá declarar como imputado (investigado) junto a su mujer, Lourdes Cavero, y el propio Enrique Cerezo.

Cerezo, TDT, Mutipark

Al final, con toda la información lograda, estos trabajadores acabaron acudiendo a denunciar la supuesta connivencia de Ignacio González con Enrique Cerezo: "Nos fuimos en julio de 2013 a Málaga a contar lo que sabíamos. Nos fuimos con indicios, no con pruebas. Explicamos las concesiones de las licencias de TDT por parte de la Comunidad de Madrid a Cerezo y otras cosas como, por ejemplo, la publicidad de Multipark, un contrato del Canal de Isabel II y los derechos de los partidos del Atlético de Madrid. Y nos dimos cuenta de que la investigación que se llevaba en Estepona se focalizaba sólo en el presunto pago de Martinsa a Ignacio González, y nosotros aportamos la parte de Enrique Cerezo y Telemadrid. Y, de hecho, Enrique Cerezo está imputado junto a González y su mujer, lo que supone un respaldo a nuestra denuncia", explica José Ignacio.

El propio fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, reconoció a los extrabajadores de Telemadrid que lo que aportaban era "un enfoque distinto" –que ha acabado siendo complementario– a lo conocido hasta entonces en el caso del ático.

Meses después, los despedidos de Telemadrid solicitaron ser acusación popular en el juzgado de Estepona: "Y nos dijeron que sí, pero que tendríamos que estar bajo la dirección letrada de la primera acusación, que era la del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Y cuando se retiró, nosotros nos hicimos cargo de la misma y mantuvimos al abogado Javier Carnerero, que estaba haciendo una gran labor".

Visión de Coast Investors

Un escrito reciente de la empresa Coast Investors SL, la compradora del ático en 2008 y que está imputada como persona jurídica, explica su versión sobre las denuncias de las diferentes acusaciones populares: "Cuando se trata de Transparencia y Justicia, se trata de vincular los hechos objeto de instrucción a GürtelGürtel; si es el PSOE o el SUP a Martinsa; si son los extrabajadores de la Televisión Madrileña al señor Cerezo".

Pero la realidad no es tan simple como apunta el representante legal de la empresa imputada. Según el comisario que coordinó la investigación inicial sobre el ático de González, José Manuel Villarejo, un confidente policial explicó que el pago de los dos millones de euros lo habría hecho Martinsa, que habría utilizado la estructura financiera offshore de Enrique Cerezo.

De hecho, el abogado del PSOE madrileño Wilfredo Jurado, que también ejerce la acusación popular del caso del ático, incluyó en su denuncia contra González ante el Tribunal Supremo, dónde estaba aforado el expresidente madrileño, la supuesta participación del presidente del Atlético de Madrid en el presunto abono de la mordida al político madrileño.

José Manuel Sánchez Fornet

El actual coordinador general del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, José Manuel Sánchez Fornet, fue el principal impulsor de la denuncia interpuesta en 2012 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Y el pasado 4 de marzo pasado publicó un artículo de opinión en el periódico confidencialandaluz.com sobre su papel en la denuncia por la compra del dúplex de lujo que desde un principio alquiló la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.

"Nada más saltar la polémica, tanto el presunto inquilino de alquiler [Ignacio González], como el ministro de Interior [Jorge Fernández Díaz] y el director general de la Policía [Ignacio Cosidó] se apresuraron a calificar como ilegal la investigación policial, al tiempo que procedieron al cese, expediente y traslado del comisario jefe de Marbella, Agapito HermesAgapito Hermes", explica Sánchez Fornet en su artículo.

"Pero el político [Ignacio González] tuvo la mala suerte de tropezar", prosigue el texto, "con un sindicato que entonces (ahora no) no dejaba de defender a ningún afiliado por muchas presiones y amenazas que recibiera (que se recibieron)". De esta forma, Sánchez Fornet ataca en su escrito a la actual dirección del SUP, que se retiró como acusación popular del caso del ático, dando paso a los extrabajadores de Telemadrid. "No me extrañó que la dirección nacional del SUP y su máxima responsable, la que elaboró el certificado del pleno de la ejecutiva el 3 de octubre de 2012 por el que el sindicato decidía realizar la denuncia, decidiera retirarse de la acusación popular en vez de esforzarse por activar el caso".

Y por eso Sánchez Fornet alaba a los extrabajadores de Telemadrid: "Aunque en el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC),desde donde hoy actuamos, varios de los que impulsamos aquella denuncia desde el sindicato habíamos decidido ya solicitar la personación como acusación popular para seguir investigando el caso si hubiese sido necesario", concluye.

"Unos días después de saltar la polémica a los medios de comunicación mantuve una reunión en Málaga con el comisario provincial, Francisco Arrebola (después nombrado jefe superior de Andalucía Oriental, Jaén, Málaga, Granada y Almería), quien nos informó de que estaba en marcha una información reservada, que se había producido una investigación no autorizada y que los policías podrían sufrir alguna sanción, según las noticias que le llegaban desde Madrid", especifica este policía, que asegura que para defender a los agentes afiliados decidieron indagar sobre el asunto.

"Y una vez con la seguridad de que dicha investigación había sido ordenada por cauces legales y que no suponía ninguna intromisión ilegal en el honor de nadie, con los datos obtenidos remitimos escrito a la Fiscalía Anticorrupción el 24 de abril de 2012", prosigue. La Fiscalía contestó que no realizaría una investigación penal, pero que sí se podía realizar una investigación policial, por lo que aconsejó a los denunciantes que continuaran las gestiones.

Comisario Rodríguez Ulla

El cese del comisario general de Policía Judicial Enrique Rodríguez Ulla, que declaró como testigo en el caso del ático, precipitó los hechos: "Y por ello se preparó una denuncia que fue presentada el día 22 de octubre de 2012 en el juzgado de Estepona, correspondiéndole al número 5 que desde entonces sigue practicando las diligencias correspondientes", resalta Sánchez Fornet.

El caso del ático ha incluido, además de los expedientes a los policías, numerosos retrasos y errores en las comisiones rogatorias. El coordinador de la investigación policial inicial, José Manuel Villarejo, también aseguró que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le ordenó que dejara de investigar la compra del dúplex.

Y Sánchez Fornet aporta un dato más. Que fue objeto de expedientes tras negarse a retirar la denuncia: "Me sancionaron con tres expedientes disciplinarios de 45, 20 y 15 días de suspensión de empleo y sueldo respectivamente, por decisión expresa del director general de la Policía".

Los principales sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) han presentado una denuncia ante el Juzgado de lo Social de Madrid contra la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Policía porque entienden que la falta de chalecos antibalas para proteger a todos los policías supone un incumplimiento de la legislación en materia de riesgo laborales.

"En la actualidad, los policías que tienen acceso a un chaleco antibalas individual no llegan al 50%", protestaron los sindicatos policiales, según informa Europa Press. Critican que "esta reivindicación histórica ha sido desoída a lo largo de los años, aun cuando la situación actual de alerta antiterrorista se encuentra en los máximo niveles conocidos".

La denuncia fue presentada el pasado 1 de marzo, según informa el SUP por medio de un comunicado en el que además se recogen otras reivindicaciones sobre el equipamiento policial.

En concreto, pide dotar a los agentes de un armamento intermedio como las pistolas eléctricas y especializado como los subfusiles G63. Lo enmarcan en la necesidad de responder al modelo delincuencial y terrorista a la hora de defender la seguridad pública y a los ciudadanos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha plantado este jueves al director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó, en un acto oficial de homenaje a los policías nacionales fallecidos en acto de servicio. La razón es que el evento se ha iniciado con una misa, algo que el sindicato entiende contrario al carácter laico de la institución.

Denuncian que, según la invitación del servicio de protocolo de la Policía Nacional, la previsión era que la misa fuese "voluntaria" y al finalizar el acto, no al principio. El evento central era la inauguración de una placa con todos los nombres de los policías fallecidos en acto de servicio.

"Ante esta invitación para un acto cuyo fin principal era inmortalizar los nombres de los compañeros como merecido reconocimiento a su entrega, algo hasta ahora sin precedente en nuestro colectivo, el SUP decidió estar presente por la importancia y el valor que este hecho requiere, a pesar de que la previsión era celebrar un oficio religioso voluntario tras el acto central", explica el sindicato.

Este colectivo manifiesta a través de un comunicado su respeto "en todo momento el carácter laico de la Policía Nacional donde trabajan personas de los más variados credos; algo que no se ha respetado".

El SUP se niega a permitir que la actual dirección de la Policía Nacional, imponga su criterio religioso a todo un colectivo, en clara muestra de lo que ha venido siendo su talante democrático en esta legislatura, con una clara falta de deferencia hacia quienes no lo comparten".

"Nos hemos quejado en numerosas ocasiones de la retrógrada y peligrosa vertiente militarista y de adoctrinamiento religioso que se viene imponiendo en todos los actos oficiales del CNP", insisten al tiempo que recuerdan que la Constitución deja claro que "ninguna confesión tendrá carácter estatal".

Por todo ello justifican su decisión de abandonar la misa inicial, "con el capellán castrense dirigiendo el acto". Aclaran que no pretenden faltar al respeto de "la religión católica" que cultivan muchos de sus afiliados.

Los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados han censurado hoy el encuentro mantenido por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y Rodrigo Rato –exvicepresidente económico contra el que hay abiertas tres causas penales por delitos de corrupción– y han exigido al ministro que acuda a la Cámara baja para explicar los pormenores de la cita, que tuvo lugar en la sede oficial de su departamento el pasado 29 de julio.

El PSOE ha registrado un escrito en el que exige al titular de Interior que acuda al Congreso para aclarar tanto lo sucedido como "las responsabilidades políticas" que piensa "asumir por estos hechos". El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha calificado de "impresentable" la reunión y ha opinado que también "implica" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de quien ha dicho que es "inconcebible" que no estuviera al tanto de lo ocurrido.

Hernando, en contra de la versión del Ministerio, se ha mostrado seguro de que el expresidente de Bankia charló sobre su imputación con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, así como de la información que sobre él puedan tener tanto Hacienda como la Guardia Civil. "Se produce el mismo día en que el señor Rato va a declarar. Estoy convencido de que no hablaron de dónde iban a pasar las vacaciones", ha dicho. "En el PP hay una estrategia para salvar al soldado Rato", ha dicho por su parte el portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Antonio Saura.

También en esa línea, la Izquierda Plural ha registrado una petición de comparecencia del ministro del Interior en el Congreso y, por boca de su diputado Ricardo Sixto, ha afirmado que Fernández Díaz "debe aclarar" las razones de ese encuentro porque "es inasumible" que un miembro del Ejecutivo "reciba en su propio despacho" a una persona "con varias causas penales abiertas", y menos aún que el encuentro se desarrollará "con cordialidad".

Mientras tanto, la portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, ha exigido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ha avanzado que "insistirá" en el tema porque, a su juicio, la situación debe conllevar "una dimisión o un cese". Además, en una serie de mensajes publicados en su página en Facebook, ha dicho que su grupo solicitará la comparecencia tanto del ministro y como de la número dos del Ejecutivo. 

Podemos y Ciudadanos rechazan la reunión

Desde las filas de Podemos, la secretaria general del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho que "la espina dorsal del PP está podrida" y que ve en la reunión entre el ministro y Rato un símbolo de esa situación. "El PP se empeñará en decir que Rodrigo Rato era también una manzana podrida", ha añadido Rodríguez, para quien la cita demuestra que "el alma mater de la política de la política económica del PP sigue siendo reconocida por su cúpula".

Por su parte, el subsecretario de organización de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, ha exigido explicaciones a Fernández Díaz pero también al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por un encuentro que ha calificado de "inoportuno y falto de todo rigor institucional". Según el dirigente del partido de Albert Rivera, Rajoy es responsable de las acciones de su ministro con independencia de que conociera o no la celebración de la reunión.

Reacciones en el PP

Incluso dentro del PP, la cita en sede ministerial entre el titular de Interior y Rodrigo Rato ha levantado algunas ampollas. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha asegurado que el ministro tiene que dar "explicaciones del contenido de la reunión", aunque ha añadido a renglón seguido que Rodrigo Rato "ha sido y es un referente en el PP y también en España" en materia de buena gestión económica y ha pedido que se reconcozca su labor en los gobiernos de José María Aznar.

Por contra, el PP en Cataluña ha evitado valorar los hechos y, a través de la vicesecretaria de Organización del PP catalán, Dolors Montserrat, se ha remitido a la versión oficial del Ministerio del Interior. En un comunicado, el departamento de Fernández Díaz ha sostenido que el ministro no habló con Rato de su “situación procesal” y que "lo correcto" era recibirlo en la sede oficial porque "no había nada que ocultar".

Jueces, policías y guardias civiles se unen a la crítica

También los principales sindicatos de Policía han manifestado su malestar por el encuentro. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que el ministro de Interior debe dimitir y asumir "responsabilidades públicas", mientras que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) no ha pedido "expresamente" la renuncia del ministro, pero sí ha tachado de "falta de respeto" la cita, pues estima que "no procede" que "como jefe superior de las Fuerzas de Seguridad" se reúna con "una persona con cinco causas abiertas".

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) por medio de su presidente, Antonio Labrado, ha declarado que ve "llamativo" que Fernández Díaz haya mantenido una reunión con una "persona con cinco causas abiertas" y no con las asociaciones sindicales de la Policía, y la Unión Federal de Policía (UFP) ha manifestado que, si la reunión estaba vinculada a las investigaciones sobre Rato, "es evidente que el ministro debe dimitir".

Finalmente, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, se ha mostrado preocupado porque el encuentro pueda derivar en interferencias entre el poder político y el judicial o que como resultado del mismo puedan verse afectadas las investigaciones en curso contra Rato.

La Asociación Transparencia y Justicia, una de las que ejerce la acusación popular en el caso del ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) en el que solicita a la jueza Isabel Conejo que cite a declarar como testigo al presunto testaferro de la operación en Estados Unidos, Rudy Valner, para que explique un supuesto pacto con las autoridades de EEUU para evitar ser acusado del delito de blanqueo de capitales.

Y esta acusación ha pedido también el testimonio del representante legal del despacho de abogados español Suárez de la Dehesa, que participó en la compra del dúplex de lujo, y que ha trabajado para empresas vinculadas con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

La titular del juzgado que instruye el caso, que por el momento analiza la compra de un ático de lujo en Estepona por 750.000 euros por una empresa de Estados Unidos, que al final acabó en manos de Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero, tendrá que decidir si insta a que Valner declare por Internet, tal y como aconseja la propia Asociación Transparencia y Justicia en el mencionado documento: "En lo que se refiere a la declaración existen medios en Internet que permiten realizar vídeoconferencias (léase Skype, por ejemplo) que permiten realizar declaraciones en tiempo real con una calidad altísima", recuerdan desde la asociación.

Tirar de la manta

Transparencia y Justicia hace esta petición a la jueza tras publicar ElConfidencial.com la información titulada El testaferro de Ignacio González ofrece tirar de la manta para evitar la cárcel. En la misma, el diario digital aseguraba que Valner estaba dispuesto a dar información sobre el caso para evitar su posible ingreso en prisión y una multa de 1,5 millones de euros.

"A la vista de dicha publicación y en aras al buen fin de la investigación, interesa esta parte que se cite a declarar de manera urgente y como testigo a Rudy Valner, pues su testimonio tendrá buena relación con el acuerdo que alcance con la Fiscalía de los Estados Unidos y el delito de blanqueo de capitales que le imputan", especifica el documento, al que ha tenido acceso infoLibre.

Esta asociación pretende que este ciudadano mexicano, que también ha trabajado en empresas vinculadas a Enrique Cerezo, aclare los términos del "acuerdo extrajudicial" que según el medio de comunicación pretende alcanzar con la Fiscalía de EEUU: "Y por tanto si los hechos investigados en la causa hacen presumir la comisión del delito de blanqueo de capitales".

El testaferro Rudy Valner

Y una forma de acelerar la declaración de Valner, indica la asociación, podría ser citar al testaferro a través de la empresa Coast Investors, que compró en 2008 el ático, para pocos días después alquilarlo a González y a su mujer por una renta de 2.000 euros mensuales, una suma muy baja en comparación con los alquileres en el entorno.

Además, tal y como adelantó infoLibre, Valner adquirió la vivienda de lujo al empresario vasco Javier Villate en una conversación telefónica, sin tan siquiera ver el inmueble. La operación se llevó a cabo después de que la mujer de González, Lourdes Cavero, visitara hasta en dos ocasiones el dúplex.

Pero la Asociación Transparencia y Justicia también pretende conocer si este supuesto acuerdo afecta al bufete Suárez de la Dehesa. Y por eso el representante legal de este bufete reclama que se reciba declaración testifical al representante legal de los abogados: "Para que aclare la relación que les vincula con Rudy Valner y si ellos también se ven afectados por los términos del acuerdo extrajudicial con las autoridades estadounidenses".

Yáñez Barnuevo

Precisamente de este bufete declaró el abogado Antonio Yáñez Barnuevo, que trabajó en el despacho Suárez de la Dehesa, del que era cliente Coast Investors. En su testimonio, adelantado por infoLibre, Yáñez negó haber visto a Valner, aunque sí reconoció que la empresa Coast Investors era cliente del despacho de sus antiguos jefes.

Preguntado por la jueza Mariana Peregrina por el hecho de que él hubiera inscrito a Coast Investors en su propia vivienda, respondió que lo "desconocía", pero que en todo momento siguió órdenes de la dirección del despacho. No obstante, destacó a preguntas de la acusación que no era normal que el bufete de abogados en el que trabajaba diera de alta a una empresa radicada en el extranjero, y que de hecho era la única que recordaba.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, afirmó este jueves que ha pedido al embajador de Estados Unidos, James Costos, que agilice la comisión rogatoria en Delaware de la que depende el avance de la investigación del ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el juzgado de Estepona (Málaga). La comisión, tal y como informa este jueves infoLibre, lleva año y medio sin ser resuelta.

Madrigal asistía a la entrega de la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero. Allí declaró a los periodistas que el avance de la investigación sobre el patrimonio del presidente González no depende ni del Ministerio Público ni del juzgado, sino de la tramitación de esa comisión rogatoria.

La fiscal general señaló que precisamente este miércoles explicó al embajador estadounidense en una visita informal la necesidad de agilizar esta comisión e insistió en que la conclusión de la instrucción depende en este momento procesal de la cooperación internacional con EEUU.

Compra en 2012

La Fiscalía Anticorrupción ya reclamó en octubre de 2013 al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona que ampliara la comisión rogatoria solicitada un mes antes a Estados Unidos para conocer el saldo y los movimientos de las cuentas bancarias de la empresa Coast Investors.

Esta sociedad fue la que utilizó el presunto testaferro Rudy Valner para adquirir en 2008 el ático de lujo de Estepona. Este inmueble es ahora propiedad de Ignacio González y de su esposa, Lourdes Cavero, que lo compraron por 770.000 euros en diciembre de 2012.

La comisión rogatoria clave del caso del ático lleva al menos un año y seis meses sin respuesta. La Fiscalía Anticorrupción ya reclamó en octubre de 2013 al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) que ampliara la comisión rogatoria solicitada un mes antes a Estados Unidos para conocer el saldo y los movimientos de las cuentas bancarias de la empresa Coast Investors.

Esta sociedad fue la que utilizó el presunto testaferro Rudy Valner para adquirir en 2008 el ático de lujo de Estepona. Este inmueble es ahora propiedad del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y de su esposa, Lourdes Cavero, que lo compraron por 770.000 euros en diciembre de 2012.

La lentitud de la petición, que primero tiene que ser traducida y posteriormente remitida por el Ministerio de Justicia a las autoridades de Estados Unidos, contrasta con la celeridad conseguida por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el caso Gürtel.

Ruz llegó incluso a ser alertado en abril de 2013 por el Gobierno de Estados Unidos mediante un correo electrónico de que uno de los imputados, en concreto el extesorero del PP Ángel Sanchís, tenía intención de retirar el dinero de una de las cuentas investigadas en la trama liderada por Luis Bárcenas. La documentación del sumario Gürtel muestra, además, que la Audiencia Nacional recibe las comunicaciones de Estados Unidos en menos de una semana.

Pero el caso del ático de Estepona es bien diferente. En octubre de 2013, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuyo letrado Javier Carnerero firmó la denuncia que dio origen a la investigación, envió a la jueza sustituta Mariana Peregrina, las preguntas dirigidas a Valner. Este intermediario de nacionalidad mexicana e instalado en California, considerado un testigo de gran importancia, fue la persona que adquirió por 750.000 euros el dúplex de Estepona, que poco después alquiló el matrimonio González-Cavero por 2.000 euros al mes. 

"¿Conoce a Ignacio González?"

Esas preguntas, a las que ha tenido acceso infoLibre, ya apuntaban la supuesta participación de Ignacio González en la operación: "¿Conoce o tiene relaciones profesionales o comerciales con Ignacio González?, ¿Y con Lourdes Cavero?". Estas eran dos de las interpelaciones que Valner tendría que responder.

Pero el letrado Carnerero también se interesaba en la relación de Rudy Valner con el presidente del Atlético de Madrid: "¿Conoce o tiene relaciones profesionales o comerciales con Enrique Cerezo?". Otra de las preguntas del SUP trata de conocer la participación del supuesto testaferro en la visita realizada a Estados Unidos por una delegación madrileña encabezada por González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid: "Indique si la presentación de Egeda US [entidad vinculada con Cerezo], coincidió con Enrique Cerezo, Pedro Pérez, Ignacio González, el señor Gil y representantes de la Confederación de Empresarios de Madrid".

El escrito del SUP trataba de profundizar aún más en la participación del presidente de la Comunidad de Madrid en la compraventa: "¿Quién le sugirió que el contrato de alquiler fuera arrendado a Lourdes Cavero y no a Ignacio González?¿Le consta algún pago realizado por Lourdes Cavero, arrendataria del ático, cuentas, por qué importe y forma de pago indicando las cuentas desde las que le hubiesen realizado las transferencias?".

Sin contestar

Pero estas preguntas permanecen un año y medio después sin contestar. Y no se han obtenido respuestas pese a que la jueza Isabel Conejo, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, reactivara la investigación al reincorporarse a su plaza tras finalizar la baja por maternidad. 

Así, en un auto de 16 de junio de 2014, la jueza reclama una comisión rogatoria a Estados Unidos en la que de nuevo solicita que se "practique la declaración testifical de Rudy Valner", en la que se tenía que incluir las preguntas del Ministerio Fiscal y del SUP de octubre de 2013. Pero Isabel Conejo incluye tres apartados más. El primero iba encaminado a obtener información sobre una cuenta corriente en el banco US Bank, mediante la cual Rudy Valner pagó el ático.

Los beneficiarios

El segundo apartado trataba de determinar los beneficiarios de la sociedad con la que se compró inicialmente el ático: Coast Investors, inscrita en el estado de Delaware (EEUU).

También la jueza solicitaba en el auto la documentación de otra empresa: Waldorf Overseas Investments, la matriz de Coast investors: "Constituida por First Corporate Solutions y remita informe de cuentas de dicha sociedad o certificado de inexistencia de las mismas, así como cuentas bancarias abiertas a su nombre, actividad económica, [...] si dicha entidad es nula a tenor de la normativa aplicable en Delaware, y si carece de entidad jurídica para ser titular de cuenta corriente alguna".

De forma paralela a lo que ocurre con la petición de información de Estados Unidos, la comisión rogatoria del Reino Unido acumula un retraso de más de dos años.

Adolfo Prego

Este retraso ha provocado la paralización de la investigación judicial, que en los últimos días ha incluido la declaración de la testigo Karen A.G. Pero sobre todo la renuncia del letrado Adolfo Prego a defender a Ignacio González y a su mujer.

Este abandono se produjo días antes de que el diario El Mundo publicara el 2 de marzo la informaciónEl Mundo sobre la reunión celebrada en 2011 en un establecimiento madrileño con los comisarios del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Las grabaciones apuntan a que el todavía presidente de la Comunidad de Madrid trató de evitar que la opinión pública conociera que era el auténtico propietario del ático, y no el presunto testaferro Rudy Valner. Sin embargo, González aseguró que la entrevista no fue otra cosa que un "chantaje".

La misma versión se recoge en una nota policial interna, sin firma, que ofrece todo tipo de detalles de la investigación realizada por la Policía en torno al inmueble del presidente madrileño en la localidad de Estepona (Málaga). Este periódico también ha tenido acceso a dicho informe. 

A preguntas de infoLibre, un portavoz de la Dirección General de la Policía admitió que Ignacio Cosidó quedó a comer con Fornet, pero negó de forma tajante que hablasen sobre el ático.

Ignacio González ha defendido siempre que alquiló la vivienda en 2008 a una sociedad del testaferro profesional Rudy Valner –llamada Coast Investors– y que finalmente se la compró en 2012. Las investigaciones policiales y judiciales están encaminadas a saber si en realidad González y su mujer, Lourdes Cavero, son los dueños del inmueble desde 2008 y a conocer el origen del dinero para la adquisición del ático de lujo.

La nota policial interna

Una nota policial interna titulada "Análisis sobre corrupción", que tiene fecha de 20 de diciembre de 2013, confirma la existencia de esta reunión: "El actual director general de la Policía, en comida celebrada el 28 de abril de 2012 con responsables del SUP, pidió que retiraran las denuncias y dejaran de apoyar al comisario expedientado y a cambio no actuaría contra el inspector actuante", en referencia a los agentes que desarrollaron las pesquisas en Estepona. Uno de ellos era el comisario Agapito Hermes de Dios. Este mando fue objeto de un expediente y fue trasladado a Madrid.

En dicho documento policial sin membrete –del que infoLibre reproduce las dos páginas en las que se hace referencia a los problemas generados dentro de la Policía por la investigación al presidente madrileño– se explican otros episodios del caso del ático y se llega a asegurar: "Cuando trascendió públicamente la existencia de tal investigación, el comisario de Marbella [Agapito Hermes de Dios] fue llamado a Madrid y conminado a elaborar un informe de lo actuado".

La nota especifica que el informe fue corregido de forma importante y concreta los cambios. Así, este dossier policial decía en su primera versión: "Por ahora no se habían encontrado pruebas sobre el verdadero propietario que se escondía detrás de Coast Investors, siendo por tanto necesario que se judicializara la investigación para solicitar. entre otras acciones, comisiones rogatorias". Pero la nueva versión del informe cambia la idea de solicitar apoyo judicial por liquidar el casoapoyo judicial: "No se había encontrado nada que señale responsabilidad penal alguna entre los investigados".

En la nota policial interna se explica que, además de corregir el sentido de dichas conclusiones, el comisario de Marbella fue apartado de su puesto y sometido a expediente disciplinario: "Acusado de negligencia en la custodia de documentos oficiales y sancionado con falta grave y 10 días de haberes". El documento destaca también la "fulminante" destitución del comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla.

"El SUP presentó una serie de denuncias, que de una u otra manera dieron lugar a nuevas investigaciones policiales que se aportaron al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, que actualmente entiende de la causa", resalta el dossier anónimo. Fue en este contexto cuando Fornet y Cosidó mantuvieron un discreto encuentro en Madrid.

La versión de Fornet

"Me reuní con el director general de la Policía en un reservado de un restaurante. Y yo comenté el contenido de aquella reunión en el sindicato", recuerda el expresidente del SUP en declaraciones a este periódico. Fornet resalta que un político del PP intermedió para que se celebrara el encuentro con Cosidó, pues previamente ambos habían tenido "una bronca por los nombramientos" policiales.

"El comisario provincial de Málaga, que ahora está en Granada de jefe superior, me dijo que [el caso del ático] era un tema que no iba a ningún lado –afirma Fornet–. Y Cosidó, en la reunión que tuvimos en abril de 2012, me dijo que lo único que podía pasar era que se entorpecieran las relaciones entre la Dirección General de la Policía y el SUP. Que el ático no era un tema sindical, por lo que me pidieron que dejara las denuncias y escritos internos (el día 11 dos medios de comunicación ya se hacían eco de que Interior consideraba ilegal las pesquisas policiales y el 12 de abril Ignacio González acusaba al Gobierno socialista de la investigación)".

Pero el SUP, siempre según la versión de Fornet, decidió seguir adelante: "Decidimos mantener las denuncias en los medios de comunicación y en circulares internas, y Cosidó me dijo que parte de las cosas que habíamos denunciado en las circulares internas no se podían afirmar públicamente".

Fornet aporta a infoLibre más datos sobre la reunión, que asegura que se produjo el 12 de abril y no el 24 de ese mes como sostiene la nota policial interna: "En aquella comida, Cosidó me insinuó que la información abierta no iba a llegar a expediente para los policías y se iba a cerrar. Pero nosotros lo que queríamos era que se aclarara el tema del ático. En la conversación Cosidó daba por hecho que la investigación no había sido ilegal, aunque sí dijo que no se había registrado".

El expresidente del SUP explica que en aquellas fechas el diario El Mundo publicó la primera información sobre el ático de lujo de Estepona: "La investigación se inició en julio de 2011, y se paraliza en enero de 2012. Más o menos en febrero lo sacó El Mundo. En febrero llamaron a los compañeros de Marbella y yo fui a ver al comisario de Málaga. Me dijo que lo mejor era que no hiciéramos nada. Le contesté que los compañeros de Marbella cumplían con su obligación al investigar. A Cosidó le dije que íbamos a denunciar el tema".

De hecho, el sumario que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) incluye la denuncia presentada por el SUP ante la Fiscalía Anticorrupción el 24 de abril de 2012, incluyendo numerosos datos que se reflejan en el mencionado informe policial interno. Anticorrupción contestó el 10 de mayo, archivando la causa, aunque el MInisterio Público especificó que el contenido de la denuncia firmada por Sánchez Fornet podía servir "para una investigación policial".

En el sumario también se incluyen dos informes oficiales realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, de 8 y 18 de junio de 2012, en los que se apunta la necesidad de continuar la investigación. "Cabría señalar que se aprecian algunos aspectos que inducen a pensar que en la operación de compraventa pudiera estar tratándose de ocultar la identidad de las personas que adquirieron el inmueble, así como el origen de los fondos utilizados", se indica en el segundo de esos informes.  

La versión de Cosidó

Este diario se ha puesto en contacto con un portavoz de la Dirección General de la Policía, que confirmó el encuentro con Fornet: "Cosidó ha comido una vez, pero no recuerda la fecha concreta. Sí fue aquel año, en 2012".

El portavoz fue muy categórico desmintiendo las palabras del exdirigente del SUP: "En ningún caso el señor Cosidó pidió a Sánchez Fornet que cesaran las actuaciones o investigacionesSánchez Fornet que se estaban realizando sobre el ático de Estepona".

Asimismo, el portavoz de la Policía rechazó que en la reunión se abordara el tema del inmueble del presidente: "El señor Cosidó no ha hablado con el señor Fornet del ático de Esteponaático de Estepona".

Por último, destacó que "no se puede hablar de nota policia interna porque ese documento no está registrado".

¿Y qué datos faltan? Pues algo tan básico como el número de cuenta bancaria y la concreción del período sobre el que el banco británico Lloyd's TSB Bank tiene que suministrar la información vinculada a la compra del inmueble de Estepona, ahora propiedad del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su esposa, Lourdes Cavero.

La jueza sustituta Mariana Peregrina reclamó al Reino Unido una comisión rogatoria al banco de Londres en la que reclamaba la identidad del último beneficiario de la cuenta a nombre de Coast Investors LLC, la firma que pagó 750.000 euros al empresario vasco Francisco Javier Villate en 2009, poco antes de que el ático de lujo fuera "alquilado" por González y su mujer, tal y como aseguró a los medios de comunicación el dirigente conservador.

Un comisario

El caso fue investigado en Estepona (Málaga) por el comisario Agapito Hermes de Dios. Poco después de destaparse en los medios de comunicación, tanto Hermes de Dios como el entonces jefe de la Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla, fueron destituidos de sus puestos.

Tras estallar el escándalo, González anunció la compra del inmueble por unos 20.000 euros más del precio original: 770.000 euros. Según el sumario, el presidente de la Comunidad de Madrid adquirió el ático el 18 de diciembre de 2012, un día después de que la empresa dueña del inmueble (Coast Investors LCC), cuyo representante es el ciudadano mexicano Rudy Valner, abonase 74.290 euros por impuestos que no había pagado a Hacienda.

Las declaraciones desarrolladas en el juzgado de Estepona han puesto de manifiesto que Valner, residente en Estados Unidos, compró el ático de lujo en la localidad malagueña. Y lo hizo tras una negociación telefónica desde EEUU y después de que la mujer de González visitaseGonzález al menos en dos ocasiones la vivienda.

Isabel Conejo

En la actualidad, y tras la reincorporación de la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Isabel Conejo Barranco, la investigación se centra en conocer quién está detrás de la sociedad que compró el apartamento que tiene el matrimonio González-Cavero, alquilado inicialmente por 2.000 euros al mes.

Pero la decisión de las autoridades británicas de pedir más información no es el primer problema constatado a lo largo de la instrucción del caso. La jueza Peregrina sufrió el bloqueo de dos comisiones rogatorias, solicitadas inicialmente en diciembre de 2013, y que todavía no se han recibido.

Sin traducir

La primera de las rogatorias tenía como destino al Reino Unido, mientras que la segunda a Estados Unidos. Ambas fueron devueltas a la jueza "sin cumplimentar ni traducir". Además, en el caso de la solicitud a las autoridades británicas, la Brigada de la Policía Judicial de Málaga la remitió al destinatario equivocado: tenía que cursarla vía Ministerio de Justicia y la envió a través de Interpol. La petición fue devuelta por el Reino Unido, que recordó que sólo acepta las rogatorias entre ministerios.

También Panamá rechazó la comisión rogatoria sobre el caso con el argumento de que el delito fiscal no existe en su legislación.

En su escrito, el SUP señala que Ignacio González debería "justificar la procedencia para la acumulación de tanto dinero líquido", una petición que justifica porque el matrimonio abonó los 741.000 euros del ático de lujo "mediante transferencia desde su cuenta en La Caixa [...] constituyendo un montante de dinero excesivamente alto para los sueldos de ambos conyuges, uno de ellos servidor publico, quienes disponen de otros bienes inmuebles en zonas exclusivas de España". Dos meses después de la transferencia González y su mujer constituyeron una hipoteca, pero "el pago inicial se realizó en efectivo", subraya el SUP en su relato.

Ignacio González siempre ha negado cualquier irregularidad en relación con la adquisición del ático de lujo.

Centrar la investigación en el blanqueo

El SUP pide a la jueza instructora que se centre en la investigación de un posible delito de blanqueo de capitales, y no en un presunto delito contra la Hacienda Pública, como se ha hecho hasta ahora. En esa línea, reclama que se envíen nuevas comisiones rogatorias, entre otros lugares a Panamá. Esta petición se produce después de que el país centroamericano rechazara la comisión rogatoria inicial lanzada por la jueza. El argumento del país centroamericano fue precisamente que el delito fiscal no existe en su legislación.

En el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona se investiga la compra por parte de la empresa Coast Investors del ático de lujo, que de forma inmediata alquilaron González y su mujerGonzález por un precio "muy por debajo del mercado". Después de que estallara el escándalo en los medios de comunicación, la pareja adquirió el inmueble por 772.000 euros.

Según la declaración de la vendedora del ático, fue el mexicano Rudy Valner el que en nombre de Coast Investors adquirió el inmueble. Y lo hizo después de que la mujer de González visitase al menos en dos ocasiones el ático.visitase al menos en dos ocasiones el ático

El SUP ha pedido "la imputación formal", por el mencionado delito de blanqueo de capitales, de Rudy Valner, que es un testaferro profesional; de los abogados José Antonio Suárez de la Dehesa y Antonio Yáñez, así como de la empresas que realizaron la operación, Coast Investors y su matriz, Walford Overseas Investments.

El documento dirigido por el SUP a la jueza explica, asimismo, que el matrimonio dispone de otros bienes inmuebles "en zonas exclusivas de España", como puede ser su propio chalet en el distrito madrileño de Aravaca, adquirido seis años antes por 1.060.000 euros. Además, apunta otro dato llamativo: "El escaso importe de deuda hipotecaria total" de la pareja, que asciende a 212.500 euros entre Bankinter y Caixa. "Sobre todo si se compara con el alto valor real patrimonial de sus inmuebles".

De esta forma, el sindicato policial focaliza su denuncia en el presidente madrileño, asegurando que, según la legislación del Estado de Delaware (EEUU), la compañía propietaria del ático, Coast Investors, "ya no era legal en el momento de la segunda venta del ático a Ignacio González y a Lourdes Cavero, por no haber presentado las cuentas de sus balances en todos esos años y no haber nombrado administrador en tiempo y forma".

construir una Justificación documental

El SUP considera que la ausencia de actividad de Coast Investors al margen de la operación del ático "es evidente al observar las supuestas facturas emitidas, tratando de construir una justificación documental del cobro del alquiler a la familia González-Cavero".

Así, resalta que las 14 facturas del alquiler del ático de lujo llevan una numeración correlativa, "sin intervalos de otras posibles emitidas a otros clientes, durante el periodo de varios ejercicios. Prueba de que durante todo ese tiempo, del 11 de julio de 2008 al 1 de octubre de 2011, Coast Investors únicamente tuvo como actividad (al menos la única posible de someter a declaración legal), la del supuesto alquiler del ático".

Además, el sindicato considera que el matrimonio se ha beneficiado de un precio en la renta "inferior al del mercado en la zona. Finalmente y contra toda la lógica que aconsejaría una prudente desvinculación de esta operación, cuando ya fue de dominio público, se convierten en sus propietarios finales, siendo más rentable seguir utilizándolo en régimen de alquiler por la exigua cuota arrendaticia (ya que la comunidad, inusualmente, la pagaba la vendedora) que desprenderse de 740.000 euros".

En el escrito, el SUP solicita la ampliación de las diferentes comisiones rogatorias. En concreto las enviadas al Reino Unido y a Estados Unidos, países en los que solicita que se reclame información de las operaciones económicas que hayan podido realizar González y su mujerGonzález y su mujer.

El papel de los bancos

Por otra parte, y como muestra del importante impulso que ha dado el SUP en su acusación, el sindicato conmina a la jueza para que solicite información sobre la posible relación de González y Cavero con las cuentas bancarias utilizadas en la operación, abiertas en Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular. En este punto quieren que se aporten "los soportes documentales de todas las operaciones realizadas con las empresas Coast Investor y Walford Overseas Investment o el ciudadano mexicano Rudy Valner", que fue la persona que compró el ático para venderlo posteriormente a González.

Precisamente, el sindicato analiza la transferencia de fondos para adquirir el inmueble. Así, explica que el Banco Popular actuó como corresponsal del US Bank de Porland en el reenvío de fondos a favor del Santander. "En todo caso, el origen de este dinero y su propiedad no ha sido acreditado", indica el escrito del SUP.

En concreto, hicieron circular el dinero desde el US Bank de Delaware (EEUU) al Banco Popular, en funciones de banco corresponsal, para hacerlos llegar a la cuenta del Banco Santander del vendedor, Pedro Javier Villate Pérez. "De esta forma han evitado que el Banco Popular comunique la operación", asegura el SUP en el escrito, que continúa: "Ya que proviene de una entidad de EEUU, supuestamente sometida a los estándares de prevención internacionales. Lo mismo ha ocurrido con el Santander, que no ha tenido tampoco la obligación de supervisar ni someter la operación a un examen especial que la ley le obligaría, porque los fondos provienen de otro banco español, que supuestamente ya ha controlado y bendecido la operación de llegada del dinero a nuestra jurisdicción".

La acusación del sindicato policial también pretende que el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, el Servicio Ejecutivo de la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac); el servicio norteamericano de crímenes financieros (Fince); la Agencia de Lucha contra el Crimen (CNA) del Reino Unido; y la Unidad de Inteligencia Financiera de Panamá, aporten información sobre operaciones sospechosas de González y de su mujer, así como del resto de personas físicas y jurídicas relacionas con la operación.