Arabia Saudí no es una desconocida. No es una seta que, de repente, haya aparecido en Telefónica con casi el 10%. No es un ignoto Estado con el que España no tuviera casi nada que ver, más allá de las andanzas de Juan Carlos I, lo que justificaría el aparente escándalo: ¡una dictadura se hace con el mayor paquete accionarial de nuestra histórica teleco! No. Aunque resulte incómodo admitirlo por sus vulneraciones de derechos humanos, Arabia Saudí es un socio. Sobre todo, un socio económico, con el que los sucesivos gobiernos se han esmerado en cuidar la relación, engrasada a través de la amistad entre familias reales y que rinde cuantiosas ganancias a la élite empresarial española.

¿Por qué? Sencillo. Porque es un país levantado sobre un mar de petróleo, lo que brinda allí más que suculentas oportunidades, algunas ya aprovechadas, otras por venir. Antes de que Arabia desembarcara en España, España ya había desembarcado en Arabia, donde sacan tajada grandes del IBEX, otras empresas en su estela, clubes y magnates del fútbol y hasta al propio Estado a través de sociedades públicas y mixtas. Algunos participantes en el festín saudí: de FCC a Acciona, de Iberdrola a ACS, de la Liga a la Real Federación Española de Fútbol, de Navantia a Airbus. La privilegiada posición de España en Arabia Saudí tiene una cara b: Riad cuenta con múltiples herramientas y resortes para castigar cualquier movimiento contra su irrupción en Telefónica.

Hay una paradoja: la primera reacción del Gobierno tras conocerse la entrada en Telefónica de STC Group, controlada por la familia real saudí, fue emitir un mensaje de aire distante, que se resumiría así: "Estudiaremos la operación". La advertencia aludía al recurso de veto que tiene el Gobierno sobre las entradas de capital extranjero en firmas estratégicas, en este caso al superar un 5% de una compañía, Telefónica, con contratos con Defensa. Pues bien, la paradoja se resume en esta pregunta: ¿cómo se justificaría este veto a un país con estrechísimos lazos con España... a través de las armas?

España ha exportado a la dictadura saudí material de defensa por valor de 2.671,2 millones entre 2005 y 2021, en una relación que se ha intensificado a pesar de las las denuncias de crímenes de guerra lanzadas contra Riad por el conflicto que asola Yemen desde 2014. Un bocado corresponde a aviones Eurofighters, que fabrica Airbus, empresa con participación del Estado español.

Sobresale el contrato firmado en 2018 entre la pública Navantia y la Marina saudí para el suministro de cinco corbetas. Fueron más de 1.800 millones de euros: el contrato internacional de mayor volumen suscrito Navantia hasta entonces. En noviembre del año pasado, Arabia Saudí encargó a Navantia otros cinco buques de guerra. A la firma en Riad del "memorando" con el Ministerio de Defensa saudí asistió la entonces titular de Industria, Reyes Maroto (PSOE). Aunque no se informó del importe, el encargo fue presentado como garantía de carga de trabajo para Navantia, en especial en San Fernando (Cádiz). Cualquiera puede calcular el coste político de una decisión del Gobierno sobre Telefónica que afectase a este contrato. Navantia no es sólo Navantia: es la tractora de múltiples auxiliares.

Una alianza da idea del nivel de entrañamiento entre España y Arabia Saudí. Navantia y SAMI, la compañía saudí de defensa, formaron en 2019 un sociedad conjunta, Sanni, que ha desarrollado el sistema de combate con el que van equipadas las corbetas. Sanni obtuvo en 2022 un resultado favorable de 26,4 millones. En 2021, de 22,2 millones. Cerca de 50 millones en dos años, todo ello según las últimas cuentas de Navantia.

La Oficina de Información Diplomática de Exteriores, en su ficha sobre Arabia Saudí, destaca la "simpatía" tanto "entre ambos pueblos" como entre "las dos Casas Reales". "SM el Rey ha sido tradicionalmente un gran activo de las relaciones de España con este país", señala. Y aquí llegamos a un punto clave... y espinoso. En efecto, la Casa Real española y los Saúd han exhibido durante lustros una llamativa sintonía, que se extremó con la amistad entre Juan Carlos I y el rey Abdallah, fallecido en 2015. No parece casual que, tras la acusación de Estados Unidos contra el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, por la supuesta orden de asesinar al periodista periodista Jamal Khashoggi –acusación negada por Riad–, Juan Carlos I contribuyera a romper el aislamiento del hombre fuerte del régimen con un apretón de manos que cosechó críticas.

La relación se volvió problemática cuando las investigaciones sobre el rey emérito desvelaron que recibió casi 65 millones de euros como "regalo" de Abdallah, que Juan Carlos I puso a salvo del fisco español. Aquella revelación ha movido a la Casa Real a cierta cautela ante todo lo que huela a la familia real saudí. En 2020 la Zarzuela emitió un comunicado anunciando que Felipe VI renunciaba a cualquier herencia de su padre, después hacerse público que el actual rey era beneficiario de las fundaciones Zagatka y Lucum, esta última destinataria del hoy famoso "regalo" saudí. Esta misma semana Zarzuela se ha dado prisa en aclarar que no estaba informada de la operación en Telefónica.

Pero esto no significa, en absoluto, que la relación de cooperación política con Arabia se haya suspendido. La cooperación sigue, y además sigue anclada en la relación entre las casas reales: en abril de 2018, antes del caso Khashoggi, el príncipe hedero visitaba Madrid y firmaba seis acuerdos de colaboración que hoy siguen dando frutos. Y no sólo para empresas públicas, como Navantia. También mixtas y privadas.

La ministra Maroto encabezó en junio del año pasado, antes de la firma de Navantia, una delegación desplazada a Riad para potenciar la presencia de las empresas españolas en los "giga-proyectos" –terminología del ministerio– de Arabia Saudí dentro de su estrategia Vision 2030, empeño dirigido por el príncipe heredero, que quiere que su capital sea sede de una exposición global en 2030 y acaricia la idea de acoger el Mundial de fútbol, como Qatar.

Acompañaron a Maroto 44 empresas, entre ellas Acciona, Amadeus –las dos del IBEX–, FCC, Grupo Piñero, Grupo Starlite, Hesperia, Idom Consulting o Urbaser. Las compañías pretenden cosechar réditos de la lluvia de petrodólares de proyectos como Neom –una especie de "meca futurista"–, Red Sea –un destino de turismo de ultralujo– o Qiddiya –hub de ocio y entretenimiento–.

¿Cuál es el resultado de que Arabia quiera ser también el más exclusivo destino turístico del mundo? Más dinero para empresas españolas. Además de las empresas turísticas en la delegación de Maroto –Amadeus, la mayor–, está el fútbol. Visit Saudi, el brazo de promoción turística del país, se convirtió en agosto en patrocinador de La Liga, una asociación privada que aúna a los 20 clubes de la Liga Santander y los 22 de la Liga SmartBank, con un contrato de 20 millones anuales, según el medio especializado 2Playbook.

No sólo la Liga hace negocios con Riad. También la Real Federación Española de Fútbol, una institución privada bajo tutela pública, bebe del maná saudí, en su caso gracias a un acuerdo –aquel acordado por Luis Rubiales y Gerard Piqué– para llevar allí la Supercopa por 40 millones de euros por edición. Así que Rubiales y su enemigo íntimo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, tienen algo en común: su interés por el dinero saudí.

Los clubes también asisten a la fiesta. STC Group, la compañía que se ha convertido en accionista líder de Telefónica, es patrocinadora del Real Madrid, presidido por Florentino Pérez, que también hace negocios en Arabia Saudí con ACS. La aerolínea Riyadh Air patrocina al Atlético.

Aunque Vision 2030 está ampliando el radio de beneficiados por la riqueza saudí, el meollo histórico de las relaciones está en construcción e ingeniería. Hay dos megaproyectos con sello español. El principal se ancla en el contrato para la construcción, operación y mantenimiento del AVE La Meca-Medina, adjuicado en 2011 por más de 6.700 millones al consorcio hispano-saudí Al Sholua, del que, por la parte española, forman parte las públicas Renfe, ADIF e Ineco, la mixta Indra, y las privadas OHL, Inabensa, Consultrans, Imanthia, Copasa, Talgo, Cobra (ACS) y Dimetronic. El segundo proyecto es el metro de Riad, donde FCC, presidida por Esther Alcocer, fue hace diez años ganadora de un contrato de 6.000 millones de euros, del que también se beneficia la ingeniera Typsa. FCC Aqualia gestiona además la red hidráulica de millones de saudíes.

Y hay mucho más. Acciona, la compañía presidida por José Manuel Entrecanales, ganó en 2021 un contrato de depuradoras por 855 millones de euros. Abengoa se había hecho un años antes con otro para un desaladora por 183 millones. ACS, con Florentino Pérez al frente, ha logrado cientos de millones en adjudicaciones desde hace más de una década. Indra –con participación pública– ha desarrollado en Arabia Saudí el mayor contrato de ticketing –implantación de sistemas de billetaje sin contacto– del mundo: 266 millones de euros. El gigante saudí Sabic, filial de la mayor petrolera del mundo, Aramco, se ha aliado con Iberdrola, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, para construir la mayor planta de autoconsumo energético de Europa en el complejo industrial que la primera tiene en Cartagena. Coste: 60 millones.

Técnicas Reunidas, CAF, Talgo... la lista de beneficiarios es larga. Y se extiende por sectores donde, a priori, podría parecer más difícil picar. ¿Ejemplos? Inditex tiene 177 tiendas en Arabia Saudi, más que en Alemania, Brasil o India. Hay Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home, según la última memoria de la compañía. Otras empresas consolidadas en el país son Mango, Adolfo Domínguez, Rosa Clará, Pronovias, a las que se están sumando Porcelanosa, Tous, Loewe, Roca, Cacao y Sampaca, según la ficha saudí de Exteriores, que sitúa a España como el 14º país que realiza más exportaciones al reino.

El diluvio de 220.000 millones de dólares –211.000 millones de euros– que Catar ha destinado durante la última década a hacer del tórrido y desértico emirato un lugar adecuado para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2022 atrajo como un gigantesco imán a empresas de todo el mundo. Para hacerse una idea de la cantidad de dinero que los riquísimos jeques cataríes pusieron en juego: equivale al PIB de Grecia según las previsiones del FMI para este año, e incluso supera al PIB del mismo Catar, que se calcula en 180.833 millones de dólares. De esa cantidad, sólo 10.000 millones han ido a parar a los siete nuevos estadios de fútbol con que se ha dotado el país.

Que la concesión del Mundial en diciembre de 2010 estuviera rodeada de sospechas de corrupción, que 6.500 trabajadores migrantes murieran levantando los estadios, según publicó The Guardian, y que la vulneración de los derechos de mujeres y homosexuales formen parte de las leyes del emirato no han sido obstáculo para que las empresas españolas pujaran por los suculentos contratos ofrecidos por las autoridades públicas cataríes. Todas las grandes constructoras, pero también medianas consultoras de ingeniería figuran entre quienes han ayudado a preparar al país para la llegada de los 1,3 millones de visitantes que se esperan a partir de este domingo –el emirato sólo tiene 2,9 millones de habitantes, de los cuales el 80% son emigrantes–. Han construido redes de alcantarillado y plantas desalinizadoras, también carreteras y hoteles de lujo. Hasta el chef Dani García abrió un restaurante BIBO en la capital, Doha, en 2020 y otro, Lobito de Mar, el pasado mes de marzo. Y la institución educativa SEK abrió un colegio también en la capital catarí en 2013.

Las principales constructoras españolas ya estaban en Catar antes de que lloviera el maná del Mundial de Fútbol. ACS desde 2005, Técnicas Reunidas desde 2006 y la constructora alicantina Ecisa desde 2008, por ejemplo. Pero con las milmillonarias inversiones del Mundial otras se sumaron: Ferrovial en 2010, FCC en 2012, Sacyr en 2013, la empresa gestora del agua Global Omnium en 2015…

De todas ellas, es ACS, la compañía de Florentino Pérez, la que más contratos y por mayor importe ha conseguido. En una suma no exhaustiva, son unos 4.324 millones de euros si se incluyen los 1.300 millones en que se adjudicó la construcción del centro comercial Barwa Comercial Avenida en 2009. ACS funciona en el Golfo Pérsico a través de su filial Hochtief, que a su vez concursaba con otra filial, australiana, primero llamada Habtoor Leighton Group y después Cimic.

Entre su cartera de contratos en Catar se cuenta la autopista New Orbital, por importe de 1.233 millones de euros, concedida en 2014 en alianza con Al Jaber Engineering, y el tranvía de Doha, en 2012, por otros 328 millones, también conjuntamente con la alemana Siemens. Además, Leighton se hizo con hasta siete contratos licitados por Kahramaa, la compañía pública de electricidad y agua, el último de los cuales, de 2015, incluía la construcción de cinco embalses por 560 millones de euros. Ya antes había conseguido los embalses de Duhail y Umm Qarn en 2009 –162 millones–, otros dos en Al Shahaniya en 2010, un tercero en Al Kaaban en 2012, así como un contrato adicional de 52,3 millones para los dos primeros pantanos y otro para instalar 120 kilómetros de tuberías por 220 millones más.

La filial de ACS también construyó, entre 2015 y 2019, un túnel de 14,7 kilómetros que forma parte del sistema de alcantarillado del país por 265 millones. En 2016 obtuvo el encargo de levantar dos torres de viviendas, las Al Mutahidah Towers, situadas en la una de las islas artificiales del emirato. Costaron 151 millones de euros. Finalmente, fue la encargada de la construcción y mejora de las carreteras de Azizya East, un contrato de 53 millones.

Pero la trayectoria de Cimic en el Golfo Pérsico tuvo un final abrupto. El pasado mes de abril, el periódico Australian Financial Review informaba de que la filial de Hochtief y ACS, que también es la mayor constructora australiana, abandonaba la bolsa del país, Australian Securities Exchange (ASX), tras haberse hecho público el conflicto que mantenía con 150 empleados por el impago de siete meses de salarios. En marzo ya había anunciado su retirada del Golfo.

Un año antes, las pérdidas de Cimic se llevaron por delante a Marcelino Fernández Verdes, que en 2017 había ascendido a consejero delegado de ACS y a quien incluso se mencionaba como posible sucesor de Florentino Pérez al frente de la constructora. Entonces se le consideró responsable de los 1.100 millones de euros en que se calculaban las pérdidas ocasionadas por la venta de BIC Constructing, la marca con la que operaba en Oriente Próximo.

El segundo gran jugador español en Catar es menos conocido. La constructora alicantina Ecisa, que levantó más de 30 rascacielos en Benidorm, salió rumbo a Catar cuando estalló la crisis del ladrillo en España y constituyó allí una filial, Harinsa Qatar, cuyo 51% pertenecía a Al Alfia, un holding propiedad de la familia real. Desde entonces, ha firmado al menos 13 contratos. De 2012 data el que le brindó la construcción de la Torre Bin Samikh, un hotel de 45 plantas para el grupo Meliá que costó 57 millones de euros. También llevan su firma el Hotel Waldorf Astoria de Doha –85 millones—y el Marriott, 53 pisos y 200 millones de presupuesto. Además, obtuvieron un contrato de 135 millones para levantar seis torres con viviendas de lujo en La Perla, una de las islas artificiales del emirato.

En 2015 se le encargó construir el hotel de cinco estrellas –y 90 metros de altura— Gran Mercure, por 62 millones. En 2012 ya había comenzado la Buzwair Tower, de 45 plantas y con un coste de 86 millones. El edificio residencial Bilal Plaza fue uno de sus primeros proyectos, por 4,7 millones más, al igual que la academia militar de Qatar, dos contratos por un total de 41 millones. Además de las torres, Ecisa construyó dos centros de datos para la Qatar Foundation por 90 millones de euros e incluso un centro logístico por otros 40 millones. En total, una cartera de más de 800 millones de euros.

Tan importante ha sido Catar para Ecisa que la familia Al Thani empezó por ampliar su participación en el capital de la empresa alicantina, inicialmente sólo un 25%, hasta el 76% en 2017, para terminar haciéndose con el 100% en 2020. En julio de 2021, Urbas adquirió Ecisa, al tiempo que el holding Al Alfia entraba en el capital del grupo financiero español.

Una de las obras de mayor volumen licitadas por Catar han sido las del Metro de Doha. Tres líneas –Roja, Verde y Dorada—, 211 kilómetros de vías, con contratos distribuidos en 12 lotes. Una inversión total de 20.000 millones de euros. El doble de la destinada a construir los estadios de fútbol. Dos constructoras españolas participaron en los concursos: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y OHL. Así como otras dos firmas de ingeniería: Typsa y Sener, que han diseñado tramos de algunas de las líneas, además de sus talleres y cocheras. Sener también ha sido la responsable en los últimos 13 años del servicio de supervisión de obra del metro ligero de Lusail, otra ciudad del emirato.

En 2014, FCC consiguió una adjudicación de 506 millones de euros para construir un tramo de la Línea Roja junto con la empresa griega Archirodon, la turca Yüksel y la pública catarí Petroserv Limited. Un año antes, OHL obtuvo el contrato para diseñar y construir dos estaciones, en realidad intercambiadores con otros modos de transporte como el tren: Msheireb y Education City. El importe total del contrato ascendía a 1.100 millones de euros, y se lo repartía con Samsung C&T y Qatar Building Company, una empresa del emirato. Pero la historia terminó mal. En 2016 Qatar Railways Company rescindió el contrato, cuando la obra no se había terminado, alegando que el consorcio había incumplido “ciertas obligaciones contractuales”. Según explicó entonces la empresa de Luis Amodio, la decisión de los cataríes era la respuesta a las “notificaciones de disputa” que las adjudicatarias habían presentado a Qatar Railways Company mostrando su desacuerdo con algunos aspectos del contrato. Su intención, decía OHL, era resolverlo “entre las dos partes o mediante la mediación de un experto independiente”.

El fiasco de este contrato no fue sino el segundo capítulo de un conflicto anterior mucho más crudo que aún sigue en los tribunales. Catar también le había rescindido a OHL un proyecto aún mayor, el diseño, construcción y mantenimiento durante dos años de un gran centro hospitalario –seis edificios– en Sidra. El contrato, de 1.645 millones de euros, fue en su momento, 2008, el mayor conseguido por la constructora española hasta entonces. Lo compartía con Contrakt International, filial del grupo egipcio Orascom. La Qatar Foundation acusaba al grupo español de “falta de diligencia, particularmente en el ritmo de los trabajos y en los plazos de entrega”. En el momento de su rescisión, el contrato estaba ejecutado en un 95%, según alegaba OHL, que presentó una reclamación ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en Londres y que arbitra en disputas entre empresas. Pedía 783 millones de euros a los cataríes, que luego rebajó a 376. Catar, por su parte, exigía al consorcio hispano-egipcio 1.134 millones. Desde entonces, la ICC ha emitido una decena de laudos parciales, pero aún no ha dictado el laudo final, que establecerá las responsabilidades de cada parte. El importe total de los dos contratos fallidos de OHL en Qatar suma 1.235 millones de euros. Los de FCC ascienden a 845 millones de euros si, al del Metro de Doha, se añaden los 300 millones de la gestión del saneamiento de Al Dhakhira, un servicio de 10 años que la filial FCC Aqualia comparte con la coreana Hyundai, y los 39 millones de la urbanización de la zona de Barzán en Al Wajba.

Otra española que tuvo problemas en Catar fue Ferrovial, a la que el Gobierno de Doha anuló un contrato de 750 millones de euros en 2017. También asociada con la turca Yüksel, iba a construir una sección de la carretera de Al-Bustan. En este caso, la responsabilidad cayó del lado de la empresa turca, que no consiguió los avales y garantías exigidas. Además, la compañía de Rafael del Pino consiguió, a través de su filial británica Amey, un contrato para asesorar durante cinco años a la Autoridad de Obras Públicas de Catar en el mantenimiento y mejora de las carreteras del país. Con otra filial, FMM, que Ferrovial ha creado con Qatar Airways, la empresa española se encarga de la gestión del aeropuerto de Hamad y del mantenimiento de cinco instalaciones de la petrolera Schlumberger Qatar. FMM también se hizo con el mantenimiento del Museo de las Artes Islámicas de Catar, situado en una de las famosas islas artificiales del emirato.

Los museos han sido precisamente una de las bazas que ha jugado Acciona para hacer negocio en la península catarí. A través de Acciona Cultura –antes Acciona Producciones y Diseño— es la responsable del diseño, desarrollo y gestión del Museo Olímpico y del Deporte de Qatar 3-2-1, que se publicita como el mayor del mundo dedicado al deporte, y está situado dentro del estadio internacional Khalifa de Doha. También llevan su firma un buen número de exposiciones temporales en el Museo de las Artes Islámicas y el Museo Nacional de Catar, así como el proyecto Msheireb, cuatro museos temáticos situados en otras tantas casas tradicionales cataríes, con una superficie total de 3.000 metros cuadrados.

Pero los mayores contratos de la compañía de José Manuel Entrecanales en el emirato son dos desaladoras, conseguidas en consorcio con Mitsubishi y Toyo Thai Corporation. Las de Ras Abu Fontas y Umm Al Houl, en el sur de Doha, costaron 462 millones de euros y son, según Acciona, las de mayor tamaño de Catar, que depende de este tipo de instalaciones para proveerse de agua potable, debido a la escasez de lluvia y al alto contenido de sal de sus corrientes subterráneas.

Para proporcionar servicios de limpieza y gestión de residuos, Acciona utiliza Acciona & GSSG, otra empresa conjunta, que por 35 millones de euros se encarga de los hospitales de Al Wakrah, Al Khor, Dukhan, dos centros pediátricos de urgencias, cinco centros de salud, 50 centros de servicios médicos de emergencias y el almacén central de la Hamad Medical Corporation, la principal entidad de salud pública del emirato.

Sacyr también ha dispuesto de una abultada cartera de contratos en Catar, que superan los 800 millones de euros. Llegó en 2013, con una adjudicación para construir carreteras en Al Rayyan a cambio de 70 millones de euros, junto a un socio local, Combined Group Company. Otros 65 millones corresponden ese mismo año a los trabajos de urbanización del municipio de Al Khessa. En 2015 se alió con Urbacon Trading & Contracting (UCC) para realizar las mismas tareas en Ras Bufontas, en un contrato de 415 millones de euros. El alcantarillado en esa misma zona también fue responsabilidad suya, por 19 millones más. La urbanización de Bani Hajer le supuso otros 125 millones de euros y la de Al Meshaf, 114 millones.

La empresa Global Omium, propietaria de Aguas de Valencia, ha hecho igualmente su viaje al Golfo Pérsico con al menos cinco contratos. De los estudios sobre diseños y modelos hidráulicos para el aeropuerto de Hamad y de redes de agua potable para el Gobierno, por importe superior a los cinco millones de euros, pasó a conseguir un contrato para operar y mantener las estaciones depuradoras y estaciones de bombeo de una parte del área metropolitana de Doha que dan servicio a un millón de personas. Para ello creó una empresa conjunta con Mace, una firma catarí de ingeniería. Recibirán a cambio 50 millones de euros al año durante cinco años prorrogables a otros cinco. Es decir, 250 millones que pueden ampliarse a 500.

Técnicas Reunidas ha sumado en sólo dos proyectos recientes contratos por valor de 1.052 millones de euros. El año pasado le fue adjudicada –482 millones de euros– por Qatar Petroleum la ampliación de las instalaciones de North Field, el mayor campo de gas natural del mundo no vinculado a un pozo de petróleo. Catar es el mayor exportador mundial de gas natural. Y el pasado abril obtuvo un contrato de Qatar Energy por importe de 570 millones de euros para construir una planta de tratamiento de azufre en el mismo North Field. Técnicas Reunidas tiene el 70% del consorcio que ha creado con la china Wison Engineering.

Mención aparte merece Iberdrola, que creó en 2016 un centro de innovación en Doha, el Iberdrola Innovaction Middle East, en colaboración con la Agencia de Promoción de la Inversión de Catar (IPA Qatar). Es un caso especial porque el fondo soberano del emirato es desde 2011 el mayor accionista de la energética que preside Ignacio Sánchez Galán, con un 8,69% del capital. En 2010 Iberdrola puso en marcha la que por entonces era la mayor central de ciclo combinado de Oriente Próximo, una planta de gas situada en Mesaieed que fue inaugurada por el mismo emir de Catar y le fue adjudicada a la empresa española por 1.593 millones de dólares. Ella sola aporta el 40% de la electricidad del país.

En abril de 2015, el entonces embajador de España en Catar, Ignacio Escobar Guerrero, explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores las peculiaridades políticas, económicas y sociales del emirato. Además de describir sus estructuras de gobierno, el seguimiento del respeto a los derechos humanos que hacía la UE y la política exterior de Catar, enumeró algunas de las empresas españolas que habían obtenido contratos del plan de infraestructuras del Mundial. Junto a las grandes constructoras –Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC— citó a la constructora asturiana Coprosa, con un contrato de 15 millones de euros en acuartelamientos militares, así como a Indra –suministró sistemas de ayuda de navegación a la Autoridad de Aviación Civil— y la vallisoletana Construcciones y Obras Llorente (Collosa), que construyó el intercambiador de Ain Khalid y la estación de autobuses CNG Bus en Doha, dos contratos que superaron los 60 millones de euros.

La aventura catarí de Coprosa, sin embargo, estuvo lejos de ser un caso de éxito. La asturiana, especialista en obra ferroviaria, emprendió en 2012 su expansión internacional y lo hizo dando el salto hasta el emirato. Creó una sociedad, BC Group, con Qatar Bin Laden Group, propiedad de uno de los hijos de Osama Bin Laden, Omar. Y consiguió contratos para construir dos cuarteles militares en Doha, así como carreteras, obras ferroviarias, e hídricas. Pero los impagos de algunas de estas obras abocaron a Coprosa al concurso de acreedores en 2018 y a la liquidación este mismo año.

Pero no sólo las constructoras se han interesado en los millones de Catar. También los bancos españoles han financiado la presencia de las empresas en el emirato. Según un informe de Fair Finance International, la banca española ha financiado con un total de 1.843 millones de euros proyectos en Catar entre 2019 y 2022. Se trata de préstamos y suscripción de acciones y bonos, así como inversiones en acciones y bonos de un grupo seleccionado de grandes empresas, tanto en los sectores de la construcción –946 millones– como en hostelería –898 millones–. Para obtener la cifra han utilizado como fuente los datos de Bloomberg, Thomson Eikon e IJGlobal, además de los informes anuales de las compañías e informes de bolsa. Los números españoles quedan muy por debajo de los 17.163 millones de los bancos alemanes o los 9.556 millones de los británicos. A la cabeza de los españoles figura el BBVA, con un total de 840 millones en financiación, de los cuales 704 millones fueron a parar a constructoras y 136 millones a proyectos hoteleros. Le sigue el Santander, con 645 millones de euros –241 para la construcción y 403 para hoteles– y Caixabank, con 136 millones. Banco Sabadell financió proyectos por valor de 81 millones, los mismo que Bankinter. Y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) sumó 61 millones de euros en financiación.

Hasta mediados de este año, la banca española había dedicado 350 millones de euros a proyectos en Catar. A la cabeza, Caixabank, con 71 millones, seguida de BBVA, con 58. Pero en la lista figuran unos cuantos más: Santander, Kutxabank, Banca Marcha, Sabadell, Ibercaja, y las gestoras de fondos GVC Gaesco y EDM Group, además de las aseguradoras Mapfre, Santalucía y Mutua Madrileña.

Independientemente de cómo discurra el Mundial de Fútbol, de si resulta un éxito organizativo o se hacen patentes las discordancias que el régimen del emir intenta blanquear con el evento, Qatar seguirá siendo un potente polo de atracción para las empresas del resto del mundo una vez haya concluido el último partido. Y no sólo porque la guerra en Ucrania ha elevado la demanda de gas natural licuado, del que el emirato es el primer exportador mundial, garantizando una inagotable fuente de ingresos para el ya de por sí rico país del Golfo. Cuando se haya dado el pitido final, Catar empezará ya a preparar los Juegos Asiáticos de 2030, otra oportunidad para continuar con su apuesta por convertirse en una potencia turística. Pero cuenta, además, con un proyecto estratégico, y seguro que de nuevo milmillonario, Qatar National Vision 2030, con el que pretende llevar a cabo la transición energética, diversificar su economía y, por supuesto, seguir atrayendo inversiones. 

La inflación terminó 2021 en España en el 6,5%, un registro desconocido desde mayo de 1992, y ya ha alcanzado el 7,4% sólo en los dos primeros meses de este año. Ese nivel supone un desafío para los salarios de los trabajadores, que van a sufrir una dolorosa pérdida de poder de compra si no aumentan en la misma proporción. Estos días sindicatos y patronal están embarcados en una dura negociación para dibujar el marco en que deberían moverse las subidas salariales de los próximos tres años. Las empresas esgrimen la débil recuperación de muchos negocios tras el covid y las incertidumbres de la guerra en Ucrania para no conceder más que un aumento moderado de los sueldos. Los sindicatos, por su parte, conscientes de que alzas del 7% son impensables, ofrecen cláusulas de revisión salarial al final de los tres años para modular las subidas iniciales que quieren pedir. Aunque UGT ya ha mencionado el 5% como primera puja, lo cierto es que el dígito final quedará lejos de esa cifra.

Sin embargo, mejoras salariales en esas alturas no son imposibles. De hecho, hasta febrero de este año, la estadística del Ministerio de Trabajo muestra 92 convenios colectivos que este año concederán subidas salariales por encima del 4%. Es más, la media que proporcionarán a los trabajadores a los que se aplican llega al 6,6%. Hay 27 que otorgan el 7%, siete el 8%... En total, 54 de ellos, el 58,7%, igualan o superan la inflación de 2021.

Pero sólo seis han sido firmados este año o su entrada en vigor es este año. El resto son convenios de ejercicios anteriores que en 2022 deben aplicar la subida del IPC para subir los salarios. De los primeros, en cualquier caso, tres registrados por empresas guipuzcoanas reconocen alzas por encima del 6% y uno de una firma de Valladolid llega hasta el 8%. El convenio de los VTC de Madrid acordó un 9% de mejora salarial, pero ha sido anulado por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad porque la mesa negociadora excluyó a CCOO Y UGT y fue firmado en solitario por el Sindicato Libre de Transporte. Según la Comunidad de Madrid, este sindicato “carece de legitimación negociadora o decisoria”.

La estadística sólo recoge los convenios registrados, pero los hay recién firmados que no aparecen en esos datos e incluyen subidas considerables de salarios. Es el caso de Supercor, los supermercados de El Corte Inglés, cuyo convenio establece un alza del 4,7% para este año y del 5,9% para el próximo. Talgo ha firmado un 5% con efectos retroactivos para 2021 y un 4% para 2022. El sector de los mataderos de aves y conejos, tras un largo conflicto laboral, ha concedido un 8,1% de aumento para 2021 y un 4,25% para este año. Si los sindicatos consiguen que se aplique la cláusula de revisión que piden, la subida llegará al 8,6%.

Con los convenios que deben este año subir los sueldos al mismo nivel que lo ha hecho la inflación sí que se está produciendo cierta resistencia en algunos sectores, explica Raúl Olmos, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de CCOO. En el sector de la dependencia la patronal no quiere superar el 3,1%. El mismo atasco está sufriendo el convenio de los centros de atención a personas con discapacidad. Pero, al menos de momento, no han aumentado los descuelgues, el mecanismo que el Estatuto de los Trabajadores proporciona a las empresas para que dejen de aplicar algunas de las condiciones de los convenios por causas económicas, organizativas o de producción. En enero y febrero sólo se han producido 129, el mismo número que en 2021.

De los 92 convenios con subidas por encima del 4%, la mayoría, 62, son convenios de empresa. Pero entre los sectoriales están los de la siderurgia de Guipúzcoa –6,5%– y de Sevilla –7%–, las ambulancias de Asturias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, la atención domiciliaria de Cataluña –8%–, la limpieza viaria de Murcia y Guipúzcoa y los odontólogos de Asturias y Murcia –un 7%–. Entre las empresas, Fomento de Construcciones y Contratas Medioambiente (FCC) subirá los sueldos de sus plantillas un 7% en Aragón, un 5,52% en Ponteareas (Pontevedra) y un 4% en Navarra y Baleares. Los trabajadores de Ferrovial Servicios en Álava y Cespa, perteneciente al mismo grupo y dedicado a la recogida de residuos, en Baleares y Almería también cobrarán un 6,3%, un 4% y un 7% más, respectivamente.

Urbaser en Santa Pola, Barcelona y Zaragoza tienen subidas de entre el 5,9% y el 7%. Y Valoriza, perteneciente a la constructora Sacyr, concederá un alza de casi el 5% en Barcelona.

Todas ellas son empresas dedicadas a la limpieza viaria o la gestión de residuos y viven de conseguir contratos con las administraciones públicas. “Es más habitual que por ese motivo tengan los salarios indexados al IPC pasado, porque les permite una cierta estabilidad y prescindir de las cláusulas de revisión”, explica Raúl Olmos. Desde hace años, CEOE y Cepyme piden que se permita a las empresas repercutir el aumento de los salarios en el precio de los contratos que les adjudican las administraciones públicas. Por eso reclaman que se derogue o se modifique la Ley de Desindexación de la Economía que desde 2015 lo prohíbe. Hace sólo unos días firmaron un manifiesto junto con CCOO y UGT, donde destacan los obstáculos a la negociación colectiva y los costes que imponen a las empresas de servicios las “obligaciones laborales” derivadas de estas subidas o del alza del salario mínimo.

También es reseñable la abundante presencia de convenios vascos y navarros entre ese casi centenar que otorga subidas salariales por encima del 4%. Son 19 y 18, respectivamente, el 40% de los convenios ricos. Un número significativo si se compara con los seis de Cataluña y siete de Madrid. En Andalucía hay 14, pero la región posee 8,5 millones de habitantes y el País Vasco, sólo 2,17 millones. Los salarios vascos y navarros ya son de por sí los más elevados de España, pero también son sus convenios, destaca Raúl Olmos, los que más cláusulas de revisión tienen y donde más se acude a la actualización según el IPC del año anterior. También hay que tener en cuenta que en el País Vasco se han registrado 205 convenios de los 1.694 que tienen efectos este año, según la estadística de Trabajo. Sólo le supera Andalucía, con 278, pero como se ha dicho, con cuatro veces más población. En comparación, los convenios vivos en Madrid este año son únicamente 82.

Además, son los vascos los que mayores subidas salariales establecen para 2022: un 5,16% de media, seguidos por el 4,93% de Cantabria. En Madrid, la media es del 2,7%. La comunidad autónoma más tímida con los sueldos es Castilla y León, cuyos convenios sólo reconocen un 1,96% de mejora para este ejercicio.

Las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, sumadas a los paros de los transportistas, pueden terminar con las subidas salariales de los dos primeros meses del año y atascar la aplicación de las que están vinculadas directamente al IPC. En enero y febrero se han firmado y registrado 22 convenios. Los seis con alzas superiores al 4% equivalen a casi un tercio. Pero la realidad de los 1.694 convenios en vigor este año es mucho menos espléndida. De los 4,38 millones de trabajadores amparados por esos convenios, 1,6 millones tienen subidas de entre el 1,5% y el 2%, y 1,48 millones más entre el 1% y el 1,5%. Sólo 473 convenios incluyen subidas por encima del 3% y de ellos el 85,6% son convenios de empresa. Además, aún queda mucho trecho para llegar al acuerdo de negociación colectiva que debe servir de marco general para empresas y trabajadores. “Los enormes beneficios de las empresas en 2021 deberían ser la realidad negociadora de este año”, protesta el secretario de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 61,3 millones de euros a 12 empresas, entre las que se encuentran filiales de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor y Sacyr, por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018, ha informado Europa Press.

Competencia ha subrayado que se trata de una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ha sancionado además a estas empresas con la prohibición de contratar con las administraciones públicas.

Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento y solidariamente su matriz Acciona; Aceinsa; Alvac; API y solidariamente su matriz ACS; Audeca y solidariamente su matriz Elecnor; Copasa; Elsamex; Elsan y solidariamente su matriz OHL; Ferroser y solidariamente su matriz Ferrovial; Innovia y solidariamente su matriz Copcisa; Matinsa y solidariamente su matriz FCC, y Sacyr Conservación y solidariamente su matriz Sacyr. La sanción más abultada corresponde a API (ACS), con 11,78 millones de euros. La filial de FCC, Matinsa, ha sido multada con 8,5 millones, mientras que Ferroser (Ferrovial) ha sido sancionada con 5,7 millones de euros. La multa a la filial de Sacyr alcanza los 5,17 millones, mientras que Elsan (OHL) ha sido sancionada con 3 millones de euros; Acciona Mantenimiento con 2,33 millones, y Audeca (Elecnor), con 2,6 millones.

Según la CNMC, las empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar.

La CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque ha detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.

El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo que supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.

Una de las empresas participantes en el cártel, Aceinsa, se ha acogido al Programa de Clemencia de la CNMC, por lo que no se le aplica la circunstancia agravante y se verá beneficiada de un descuento del 50% de la sanción impuesta, quedando exenta además de la aplicación de la prohibición de contratar con la Administración.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica a la constructora FCC por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros en comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas de metro y la Ciudad de la Salud de Panamá, informa Europa Press.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado dirige el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A., a las que ha dado cinco días para designar un representante, un abogado y un procurador.

La causa se abrió en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht por posible comisión de un delito de blanqueo, cohecho y organización criminal cometido entre 2009 y 2015. Esta mercantil se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los supuestos sobornos abonados por las diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.

Adjudicaturas únicas

En el caso de FCC, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, el magistrado reproduce en su escrito el relato de la Fiscalía Anticorrupción que describe cómo sus tres mercantiles investigadas constituyeron un consorcio con Odebrecht liderado por la compañía brasileña para participar en el concurso de obras en Panamá. Este consorcio resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas del metro de Panamá.

Los indicios de la investigación, corroborados por información aportada por las autoridades suizas, revelaron que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron, según relata la Fiscalía en su escrito, un esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio. Así habrían obtenido los fondos para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá.

El desvío de dinero se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht. Estas personas ya han declarado en el juzgado en calidad de investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

El pasado mes de enero, la investigación judicial recibió las informaciones de una comisión rogatoria de Suiza sobre los hechos investigados. Incluía el aviso realizado por un banco de la ciudad de Lugano, que advertía de los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados.

Según advertía el banco, gestionaban un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores, y ejecutaban un millonario volumen de facturación cuyos fondos circulaban por sus cuentas.

38 facturas falsas y transferencias

Unos meses después, en mayo y junio, FCC presentó dos denuncias en Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados y aportó 38 facturas y transferencias libradas desde esta compañía al entramado investigado por un importe de 82.768.849 euros entre los años 2010 y 2014 por servicios no prestados, según la compañía, y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

Después de analizar toda la documentación que obra en la causa, el juez considera que existen indicios de que las tres mercantiles de FCC han podido participar en hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

Según explica Moreno en su auto, la denuncia portada por FCC pone de manifiesto la participación de varios altos directivos (actualmente cesados) de estas mercantiles en los acuerdos de presunta corrupción respecto a 13 obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua. Los ex directivos investigados participaron en los contratos denunciados, que encubrieron pagos de dádivas, con supuestos trabajos de consultoría comercial entre los años 2010 y 2014.

FCC no aplicó mecanismos de control 

Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a estas personas, el juez argumenta que la misma "debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa".

Las personas que actuaron bajo el paraguas de las mercantiles mencionadas, apunta el auto, eran "altos ejecutivos de la cúpula directiva de FCC CO, con distintos niveles de dirección y responsabilidad en distintas filiales y en la matriz, actuaron desviadamente durante cuatro años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros, a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC CO, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva".

Para el juez, todo ello revela indiciariamente que "no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente". "Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional", asevera.

De este modo, el instructor concluye que las tres mercantiles de FCC deben ser convocadas a la causa por su presunta responsabilidad penal porque "presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los proyectos del Metro de Panamá y Ciudad Hospitalaria de Clayton".

"Fondos que fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos de corrupción encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos", subraya.

Ricardo Costa, antiguo número dos de Francisco Camps y cuya declaración en el juicio sobre la financiación ilegal del PP valenciano resultó decisiva, ha pedido protección a la Audiencia Nacional. Al confesar que adjudicatarios de contratos públicos pagaron gastos electorales del PP en 2007 y 2008, Costa fortificó los argumentos que llevaron al juez a dictar una sentencia donde literalmente se define esos pagos como "una especie de soborno en diferido".

Fuentes del entorno de Costa han confirmado a infoLibre el traslado de la solicitud de protección al juez que investiga una de las piezas pendientes del caso Gürtel con mayor calado político y en la que declarará este miércoles como testigo: la pieza de los papeles de Bárcenas o de la contabilidad B del PP. 

En primavera, el exdirigente conservador ya solicitó a la Fiscalía Anticorrupción un dispositivo de vigilancia. La petición se tramitó, aunque lo que reclamaba no se consideró "oportuno ni necesario", aseguran las fuentes oficiales consultadas por este periódico. Pero las "presiones" -algunos de sus próximos hablan directamente de amenazas– subsisten a día de hoy, sostienen sin más detalles personas que conocen su día a día.

La comparecencia de Costa debe comenzar a las 12.00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la parte de los papeles de Bárcenasreabierta tras la confesión del jefe de Gürtel, Francisco Correa, en el juicio de la pieza troncal de Gürtel, la de la llamada Época 1. Correa declaró que distintos empresarios desembolsaban mordidas con el objetivo de conseguir contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP. 

En principio, se prevé que el exdirigente conservador ratifique la declaración prestada hace un mes ante la jueza de Valencia que investiga una de las piezas relacionadas con el supuesto desvío masivo de dinero en la Fórmula 1. Costa aseguró haber recibido en 2008 a José Mayor Oreja, entonces directivo de la empresa FCC y hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja. Y añadió que en esa cita Mayor Oreja le dio 150.000 euros en billetes de 500 para la “campaña de Mariano”.

Distintos observadores del caso dan por hecho que Costa hará nuevas revelaciones  por cuanto su decisión es "seguir colaborando". Y que, probablemente, aportará datos sobre los viajes de Luis Bárcenas a Valencia en compañía de empresarios para financiar en negro al PP. En el juicio donde admitió que el PP se financiaba con dinero negro y con facturas falsas endosadas a empresarios afines, el antiguo secretario general del PP valenciano vio rebajada su condena a cuatro años frente a los siete a que inicialmente se arriesgaba.

El Juzgado de lo Social de Madrid ha declarado nulo el despido en 2015 de una empleada de la empresa pública AcuamedAcuamed y ha ordenado que se le readmita de manera inmediata en su puesto de trabajo ya que se trató de una "represalia" contra la ingeniera por negarse a que se accediera a abonar 34 millones de euros que reclamaba la constructora FCC por una obra en Flix (Tarragona).

La empresa debe abonarle los salarios impagados desde su despido el 31 de julio de 2015 e indemnizarle con 50.000 euros, de acuerdo con la sentencia en la que la titular del Juzgado de lo Social de Madrid número 20 expone que no ha existido "causa real ni razonable" para proceder al despido.

Considera que ha quedado probado el relato fáctico de la demandante, que forma parte de la Plataforma por la Honestidad, y según el cual, a raíz del nombramiento de María Mañueco como directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed, comenzó a recibir "continuas presiones" para que se llegara a un acuerdo económico con la constructora que se había contratado para la descontaminación del embalse de Flix.

Mañueco es una de las personas a las que investiga la Audiencia Nacional por adjudicaciones presuntamente irregulares desde esta sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura. La investigación arrancó a principios de 2016 tras una operación bautizada con el nombre de Frontino por un fraude estimado en 25 millones de euros.

Despido decidido de antemano

La magistrada expone que en el caso de la ingeniera Azahara Peralta el despido se produjo al diferir de la opinión mantenida por sus superiores de reconocer la reclamación de 34 millones de euros a la constructora. Por ello insiste en que su salida estaba "decidida de antemano" al formular en reiteradas ocasiones alegaciones al informe favorable a la obra, de la cual era directora.

Además expone que en este contexto se le insinuó la línea en la que deberían ir sus alegaciones respecto al proyecto, pese a que la ingeniera se negó a ello. "En consecuencia, no habiéndose justificado por la empresa la concurrencia de causa lícita para proceder al despido de la demandante, procede declarar su nulidad por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", reza la resolución.

La neutralidad de la Red (Net neutrality, en inglés) vuelve a estar en el centro del debate desde que este martes la Federal Communications Commission (FCC)(FCC, agencia estatal encargada de regular las telecomunicaciones en EEUU, anunciara una propuesta para poner fin a regulación aprobada por Obama que la garantizaba.

infoLibre te da algunas claves para entender la medida y sus posibles implicaciones en caso de aprobarse el próximo 14 de diciembre:

¿Qué es la neutralidad de la Red?

Es el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet (ISP, por su nombre inglés) deben tratar a todo tráfico de datos que transita por la red por igual, sin ningún tipo de discriminación o cobro diferencial al usuario en función del contenido o forma de consumo que utilice.

Se trata, en definitiva, de que los ISP —en España los más conocidos son Telefónica-Movistar,  Vodafone y Orange— concedan a todos los proveedores de servicios (por ejemplo, Netflix) el mismo tráfico y, de este modo, se garantice el acceso igualitario a la Red.

¿Quién y qué se ha anunciado?

El presidente de la FCC, el republicano Ajit Pai, anunció este martes que el próximo 14 de diciembre se votará una propuesta bajo el título Restoring the Internet freedom (Recuperando la libertad de Internet, en español) para poner fin a la regulación aprobada por el expresidente Barack Obama en 2015, que garantizaba la neutralidad de la Red.

La FCC propone así recuperar la consideración del servicio de acceso a Internet como un “servicio de información” en lugar de un “servicio básico”, como planteaba Obama, y que le otorgaba una protección especial . De este modo, la iniciativa supondrá que los ISP tengan una libertad casi total para gestionar el tráfico web bajo su criterio.

A través de un comunicado, el republicano explicó que a cambio de esta desregulación —en línea con las actuaciones que viene defendiendo desde su nombramiento— la FCC requerirá a los proveedores de servicios de Internet que sean “transparentes en sus prácticas”, para que los consumidores puedan comprar el plan de servicio que más les convenga y los empresarios puedan disponer de la información técnica necesaria para innovar.

Además, Pai anunció que la Comisión Federal de Comercio (FTC) será el organismo encargado de proteger la privacidad de los consumidores. El documento que recoge la propuesta ha sido presentado este miércoles.

¿Cuáles serían los posibles efectos de la desaparición da neutralidad de la Red?

La propuesta de la FCC abre la puerta al conocido como Internet de dos velocidades, ya que los ISP podrán priorizar el tráfico de los proveedores que, por ejemplo, más paguen a las teleoperadoras en un “carril rápido” o incluso bloquear o ralentizar la velocidad de conexión de los usuarios en función de la cuota que paguen o de la página que estén visitando.

En este sentido, uno de los temores más extendidos es que los proveedores de servicios de Internet puedan ralentizar la velocidad de sus clientes cuando entren en determinados servicios —que compitan con los que ofrece la teleoperadora que el cliente tenga contratada— o que incluso los usuarios deban pagar una cuota extra para acceder a determinadas web a la misma velocidad que visitan otras o contratar paquetes para acceder a determinadas plataformas.

Pero estos no serían los únicos efectos negativos que la revocación de la regulación de Obama podría conllevar. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) advierten de que la nueva dirección de la FCC "invita a un futuro en el que solo sobreviven las empresas de Internet, cable y telefonía más grandes, mientras que cada nueva empresa, pequeña empresa y nuevo innovador es desplazado". Igualmente, denuncia que se suprimirán las voces de las organizaciones sin fines de lucro y de personas ordinarias, al tiempo que los costes se incrementarán. 

En definitiva, la forma en que los usuarios utilizan Internet podría no volver a ser la misma desde el próximo 14 de diciembre.

¿A quiénes beneficiará y a quiénes perjudicará la medida?

El presidente de la FCC, arguyó durante su anuncio que la medida adoptada por la Administración de Obama ocasionó “una reducción de las inversiones en el desarrollo y expansión de las redes de banda ancha y desalentó la innovación”, que ahora pretende recuperar con esta desregulación. Así, Pai expresó estar deseando volver al periodo dorado, bajo el orden del mercado, que desencadenó la revolución digital y benefició “a consumidores de aquí y de todo el mundo”.

Sin embargo, para los contrarios de la iniciativa la medida supone una gran victoria para los proveedores de Internet, como Verizon, AT&T y Comcast y consideran que los grandes perjudicados del fin del Internet igualitario serán los usuarios. La plataforma Change.org ha puesto en marcha una iniciativa para salvaguardar la neutralidad de la Red, de momento cuentan con más de 200.000 firmas.

El Tribunal de Cuentas del Estado investigará un presunto sobrecoste de 370.000 euros pagado a la empresa FCC por parte del Gobierno municipal de Vitoria durante la etapa como alcalde del actual vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, según informó Europa Press.

Tal y como figura en un escrito del órgano fiscalizador, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato, ha puesto los hechos en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento de la institución con el fin de que "lleve a cabo la correspondiente investigación". Paralelamente, avisa a EH Bildu de que archiva las diligencias preprocesales de la denuncia que este grupo municipal formuló en relación "con la posible existencia de perjuicios en la hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con motivo de la compra de dos camiones por parte de dicha corporación.

El escrito, firmado por el propio Torres, fue dado a conocer este viernes por EH Bildu, formación que hace dos semanas remitió al Tribunal toda la documentación sobre a estos presuntos sobrecostes.

Los documentos enviados por la coalición al órgano fiscalizador se refieren a un posible sobrecoste de 370.000 euros en el pago por dos camiones comprados por FCC –empresa adjudicataria del servicio de limpieza en Vitoria– en la anterior legislatura, en la que Maroto era alcalde de la capital alavesa.

Cada camión de limpieza se pagó a un precio de unos 332.000 euros, cuando –según la documentación que ahora analizará el Tribunal de Cuentas– el precio real de cada vehículo sería de cerca de 155.000 euros.

Antes de su decisión de analizar estos hechos, el Tribunal de Cuentas del Estado ya había abierto una investigación por posibles "irregularidades" en la concesión del contrato de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria, durante la etapa de Maroto como alcalde, a la empresa FCC.

El objetivo de esta investigación es determinar si el Ayuntamiento prorrogó en la pasada legislatura la contrata pese a la existencia de trabajos "pendientes" de ejecutar por valor de 820.846 euros.

Desde la coalición soberanista se explicó que, a diferencia de lo que ocurre en otras instancias, el uso del término "archivado" significa, en este caso, que la denuncia fue tenida en consideración, como se pone de manifiesto con el hecho de que haya sido puesta en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento.

La versión del PP

Mientras, desde el PP, el diputado y presidente de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en las Cortes Generales, Eloy Suárez, denunció los intentos de EH Bildu de utilizar este organismo como "ariete político" contra el Partido Popular, Partido Popular, y destacó que será la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal la que deberá determinar si archiva o sigue adelante con la investigación sobre los presuntos sobrecostes.

El diputado del PP reconoció que el contenido del escrito "a lo mejor induce a error", aunque aseguró que el documento evidencia que el fiscal considera "que no hay ninguna causa", por lo que el caso, "bajo su punto de vista", debería archivarse.

Respecto a la decisión del fiscal de trasladar la denuncia a la Sección de Enjuiciamiento, sostuvo que esto se debe a que la facultad de archivar el caso o de seguir adelante con la investigación "no corresponde al fiscal, sino a los jueces". "Es la Sección de Enjuiciamiento la que va a decidir si archiva o no archiva", ha afirmado.

La versión de EH Bildu

El concejal de EH Bildu Aitor Miguel destacó que el órgano fiscalizador aprecia en este caso "indicios" de una posible "falta contable" y de un posible "perjuicio" a la hacienda del Ayuntamiento de Vitoria.

Miguel ha recordado que FCC es una de las empresas implicadas en el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción vinculada al PP, y emplazó a los ciudadanos a que se pregunten el motivo de que el Gobierno del Partido Popular en Vitoria pagara estos "sobrecostes" a dicha compañía. "La Ertzaintza y la Guardia Civil son las que deberían investigar los flujos de caja del partido", señaló.

El concejal recordó que en las auditorías realizadas recientemente por los Ayuntamientos de Badalona y de Barcelona se detectaron "sobrecostes" de varios millones de euros pagados a FCC en casos similares.

Por ese motivo, emplazó al actual alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, a dejar de ser "blando con los poderosos" y a encargar una auditoria sobre los pagos FCC. Miguel considera que es necesario recurrir a esta vía para esclarecer lo ocurrido, dado que el Tribunal de Cuentas es un organismo "parcial y politizado".

Por su parte, el grupo del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, que difundió un comunicado con similares argumentos a los defendidos por Suárez, advirtió de que "se reserva el derecho a emprender acciones legales contra el concejal de Bildu, Aitor Miguel".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) como un “nuevo mecanismo” para financiar infraestructuras. Un total de 5.000 millones de euros para rehabilitar, ampliar y mejorar carreteras durante los próximos cuatro años que será sufragados en un 20% por las empresas constructoras y en el 80% restante por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y entidades financieras privadas. Además, los proyectos podrán con la ayuda del Plan Juncker, que prevé movilizar 630.000 millones de euros en inversiones hasta 2022. En cualquier caso, un mecanismo que permitirá construir carreteras “sin cargar el gasto al Presupuesto” del Estado. Ni trasladarlo al ciudadano, en teoría, puesto que no se cobrarán peajes.

Sin embargo, el tipo de concesión con que se va a encargar a las empresas construir las carreteras no es tan nuevo, ya ha sido utilizado en España. Fue el modelo empleado para construir el tramo Benavente-Zamora de la autovía A-66, la Ruta de la Plata. Inaugurados en 2015, sus 49 kilómetros costaron 998 millones de euros. El contrato lo firmaron con el Ministerio de Fomento Cintra –filial de Ferrovial–, Acciona y el fondo de inversión Meridiam.

También fue la concesión empleada por la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente, para construir siete hospitales en 2007 y 2008: Infanta Leonor, Puerta de Hierro, Infanta Sofía, Infanta Cristina Hospital del Tajo, Hospital del Henares y Hospital del Sureste. Costaron 747,4 millones de euros, según la Cámara de Cuentas autonómica. Tanto el PSOE como Podemos han avanzado ya que denunciarán esos contratos ante la Fiscalía porque desde 2008 el Gobierno madrileño ya ha pagado a las concesionarias –Dragados, Sacyr, Acciona, FCC, entre otras– 1.182 millones en concepto de canon, y aún quedan 21 años de concesión.

La concesión a la que recurrirá Fomento para sustentar su plan es una forma de colaboración público-privada en la que las empresas adjudicatarias reciben “pagos por disponibilidad”, retribuciones en virtud de la calidad del servicio que prestan y del mantenimiento de la infraestructura o del cumplimiento de la seguridad vial, en lugar de según el número de usuarios de la carretera como ocurría con las quebradas autopistas radiales, por ejemplo.

Según el ministerio, el Estado pagará a las constructoras un total de 350 millones de euros anuales, durante los 30 años que durará la concesión. Después, las infraestructuras pasarán a manos del Estado.

¿Peaje en la sombra?

Con este modelo, Fomento evita el rechazo social que produce la imposición de peajes en las autopistas. Y elude el peligro de que se repita el caso de las radiales quebradas, cuyo rescate va a costar 5.000 millones de euros al erario público, según los cálculos de la patronal Seopan. Pero también reduce el riesgo para las constructoras, explica José Manuel Vassallo, director del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid. “Las empresas pueden controlar el nivel de calidad de la infraestructura”, precisa, “mucho mejor que su número de usuarios, algo que depende de la situación económica entre otros factores”. A su vez, esa caída del riesgo “se lo pone más fácil a los bancos” a la  hora de concederles préstamos, que pedirán menos intereses para prestar dinero a las constructoras.

Aunque, a su juicio, la concesión por disponibilidad no genera lo que se conoce como peaje en la sombra, en realidad ambos modelos guardan una enorme similitud. El primero es el que paga el Estado a la empresa en función del número de vehículos que utilizan la autopista. No la abona directamente el conductor, pero sí el contribuyente con sus impuestos. En el caso de los pagos por disponibilidad, también serán abonados por el contribuyente, aunque en forma de un canon anual que obliga a la empresa privada a comprometerse a largo plazo –30 años– con el mantenimiento y la calidad de la carretera. Lo que no quiere decir que la factura sea más barata. El importe de lo que se abonará a las constructoras no diferirá mucho en cuantía de lo que podría pagarse si el canon se midiera por el número de usuarios de la autopista, matiza José Manuel Vassallo. De hecho, añade, hasta ahora ha sido habitual en España combinar ambos modos de pago –disponibilidad y según el volumen de tráfico– en una misma concesión. El único contrato con pagos por disponibilidad “puro” ha sido el del tramo Benavente-Zamora de la A-66.

Al presentar el plan, Mariano Rajoy presumió de que le permitirá cumplir con el objetivo de reducción del déficit público. En efecto, es una primera ventaja del modelo, concede el catedrático de Ingeniería: “Para que el gasto no compute ahora a efectos de déficit público, o por lo menos repartirlo a lo largo de un periodo de tiempo, la Comisión Europea exige que se transfiera el riesgo al sector privado mediante la concesión”. Y ése también es su inconveniente, destaca Vassallo, porque sólo demora hasta 2021 el aumento del déficit.

Inversión pública bajo mínimos

Por el contrario, con el nuevo plan el Gobierno acaba con el parón que ha impuesto a la inversión pública en infraestructuras desde 2012. Tanto la patronal Seopan como las empresas de ingeniería de Fidex han aplaudido la iniciativa como una forma de reactivar el sector. En 2016 el conjunto de las administraciones licitaron obras por importe de 9.323,6 millones de euros, de los cuales sólo 3.130,8 millones correspondieron al Gobierno central. En 2007, en pleno apogeo económico, la licitación cuadriplicaba esa cifra, hasta alcanzar los 40.354,7 millones de euros, según las cifras de Seopan. En lo que va de año, Fomento sólo ha sacado a concurso obras por valor de 424 millones de euros, un 73% menos respecto a 2016. El grueso de esas cantidades, además, lo constituyen las obras del AVE; las partidas destinadas a carreteras han sido mínimas durante toda la crisis. Ahora, el ministerio pretende extender el modelo del pago por disponibilidad a las líneas de alta velocidad ferroviaria y a construir infraestructuras de agua.

En cualquier caso, los proyectos que se financiarán con el nuevo plan no serán grandes obras, sino de mejora, rehabilitación, conservación o ampliación de vías ya existentes. “Resolver cuellos de botella, adaptar las autovías a las exigencias de la nueva normativa de siniestralidad, ruido y emisiones de CO”, detalla Fomento. La lista de obras no se hará pública hasta después del verano.

2.100 millones con colaboración público-privada

En la Unión Europea, el 80% de los proyectos de colaboración público-privada son del tipo “pago por disponibilidad”. Según los datos del European PPP Expertise Centro (EPEC), el observatorio europeo de la participación público-privada, en 2016 se firmaron 69 contratos con participación pública y privada, por importe de 12.000 millones de euros. De ellos, 28 en Reino Unido y 16 en Francia. La mayor parte, 11 proyectos, corresponde a carreteras, pero también se incluyen hospitales, colegios o plantas de tratamiento de residuos. El Banco de Inversión Europeo (BEI) financió obras por valor de 1.200 millones de euros en 2016, entre ellas dos autopistas alemanas, una eslovaca y otra holandesa, además de una circunvalación en Irlanda.

En 2013, el BEI financió igualmente el citado tramo Benavente-Zamora de la A-66 con un total de 96 millones de euros. Además de la construcción del Hospital de Vigo y la primera fase del Metro de Málaga. Todos ellos proyectos con participación público-privada. De acuerdo con los informes del EPEC, España firmó contratos de este tipo por importe de 2.100 millones de euros entre 2012 y 2016. Muy lejos de los 24.800 millones del Reino Unido, los 9,8 millones de Francia y los 3,5 millones de Alemania.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha requerido a 41.200 empresas para que devuelvan las bonificaciones de las que se beneficiaron en el pago de cuotas a la Seguridad Social por formar a sus trabajadores. Tras cruzar la vida laboral de estos empleados/alumnos con los datos que de ellos posee la Seguridad Social, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae, la antigua Fundación Tripartita), encontró irregularidades en 68.910 empresas, a las que en enero reclamaba un total de 31,25 millones de euros por esas subvenciones de cuotas indebidamente aplicadas en 2015. Cuatro meses después, el pasado mayo, el Ministerio de Empleo remitió al senador de Podemos Óscar Guardingo Martínez el listado de las empresas a las que se les reclama la devolución de las bonificaciones. En una respuesta escrita, se incluyen los nombres de esas 41.200 empresas, entre las que figuran algunas de las principales compañías del país: Mercadona, Inditex, Ikea, Vodafone, Mapfre, Telefónica, Renault o ING, por ejemplo.

Las afectadas que en enero recibieron el resultado de “no conforme” pudieron presentar alegaciones, pues no siempre se trata de ilegalidades. De hecho, la CEOE asegura que en el 25% de los casos se trata de “meras cuestiones formales”, de errores que se subsanan. De ahí, la variación en el número de empresas del primer listado al segundo. La ley establece que sólo pueden participar en estos cursos asalariados que coticen en concepto de formación profesional –es con esta cuota, el 0,7% de la nómina, con lo que se financian–. De los 2,37 millones de trabajadores inscritos para formarse con cargo a sus empresas, 30.035, el 1,27%, incumplían este requisito básico, según el informe elaborado en enero por la Fundae. La mayoría –11.229– figuraban en una empresa distinta a la comunicada a la fundación, otros cobraban prestaciones de desempleo, no estaban dados de alta en la Seguridad Social, e incluso 4.727 eran en realidad autónomos.

Mientras la patronal defiende que la formación bonificada es la que mejor funciona, porque nadie mejor que las propias empresas conocen sus necesidades, los sindicatos sitúan el grueso del fraude en las empresas más pequeñas y en las llamadas “entidades organizadoras”, consultoras de formación que también ayudan a las pymes a gestionar sus créditos. El 61,5% de las empresas que optaron en 2015 por este tipo de cursos tenían menos de cinco trabajadores. Pese a que la mayoría de las empresas del listado remitido por Empleo son, en efecto, sociedades limitadas, también aparecen algunas de las mayores compañías de la economía nacional. Así, a las ya citadas, se les añaden Repsol y Unión Fenosa entre las energéticas; grandes del automóvil como Peugeot, Volvo, Scania, Man, Mercedes Benz, Nissan y Volkswagen; las mayores constructoras, Ferrovial, ACS, Acciona, FCC, e Ibercaja, Bankinter, Cofidis y BNP Paribas en el sector financiero.

Clubes de fútbol, 'El Mundo', Aguirre Newman

Llama la atención también la profusión de clubes de fútbol. Empleo reclama dinero al FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Getafe, el Rayo Vallecano, el Villarreal y el Éibar entre los de Primera División. Entre los de Segunda, a la Unión Deportiva Almería y al Huesca. Incluso la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y la Sociedad Española de Fútbol Profesional, que también preside Javier Tebas, tendrán que devolver las bonificaciones indebidamente aplicadas a las cuotas de sus trabajadores. El Joventut de Badalona de baloncesto figura igualmente en el listado remitido por Empleo.

Los mayores grupos de comunicación deberán igualmente ajustar cuentas por los cursos de formación que impartieron a sus empleados en 2015. Atresmedia –Antena 3, La Sexta, Onda Cero–; Comeresa Prensa, la sociedad instrumental encargada de tecnología, producción y sistemas del grupo Vocento –Abc, El Correo Español, El Norte de Castilla–, Unidad Editorial –El Mundo, Marca, Expansión– y Ecoprensa, que edita El Economista, aparecen en la lista de empresas. Como también dos periódicos del grupo Prensa Ibérica, Faro de Vigo y La Provincia, Diario de Ibiza, Última Hora, Diario de Navarra y el digital Vozpopuli.

Las farmacéuticas Grifols, Novartis y Boehringer Ingelheim, se suman a otras compañías como Deoleo –líder mundial en aceite de oliva–, la cementera Cemex Latam, la ingeniera Carbures, Bridgestone –neumáticos–, las tecnológicas Samsung y Ericsson, Gamesa, marcas de consumo como Freixenet, Segura Viudas, Bimbo y Panrico, Swarovski, Tous, Naturhouse, la inmobiliaria Aguirre Newman…

De la seguridad 'low cost' a los VTC y la ONCE

Además de a dos de las firmas de Miguel Ángel Ramírez, empresario canario de la seguridad privada low cost, Seguridad Integral Canaria, Ralons y Marsegur, a la líder del sector Prosegur le reclama Empleo que devuelva bonificaciones indebidamente aplicadas. O, con una actividad mucho más sofisticada, a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, a Bolsas y Mercados Españoles (BME) e incluso a AIAF Mercado de Renta Fija y a Iberclear, la empresa que registra compensa y liquida los valores que cotizan en los mercados.

Ares Capital, la empresa que mayor número de licencias de VTC –la competencia de los taxistas– posee en España, también ha sido requerida por Empleo. Es el caso igualmente de Ilunión, empresa de la ONCE para insertar personas con discapacidad. Y de las sociedades de estiba y desestiba de los puertos de Cádiz, La Luz, Gijón, Sevilla y Tarragona.

Aparte de las empresas, pidieron descuentos para formar a sus plantillas pero no los aplicaron correctamente organizaciones como Greenpeace, la catalana Òmnium Cultural y Cáritas Diocesana u órdenes religiosas como los Legionarios de Cristo. El PACMA (Partido Animalista) figura en la lista al lado de colegios profesionales como los de economistas, veterinarios, marinos mercantes o censores de cuentas.

Finalmente, organizaciones empresariales locales y provincial han tenido el mismo problema que Unespa –la patronal del seguro–, el Gremio de Editores de Cataluña, la UGT catalana y la de Aragón o CCOO en Murcia y La Mancha. Varias cámaras de comercio, denominaciones de origen y cofradías de pescadores aparecen en el listado, pero también la Autoridad Portuaria de Marín y Pontevedra, y el Ente Público Portos de Galicia. O sociedades municipales como la EMT –autobuses de Madrid–, la de Vivienda de Gijón y el Metro de Bilbao.

Cada vez menos empresas interesadas

En 2015 un total de 372.337 empresas obtuvieron descuentos en sus cotizaciones a la Seguridad Social por la formación que querían impartir a sus empleados. En 2016 los han solicitado sólo 368.418 empresas, lo que supone un descenso del 21,8% desde 2014. Sólo los Permisos Individuales de Formación (PIF), que la empresa autoriza y paga a los trabajadores que quieren hacer un curso, sufrió un desplome del 42,5% entre 2015 y 2016.

La CEOE culpa de la caída del interés de las empresas por este tipo de formación a la reforma de 2015, que ha aumentado la inseguridad jurídica y los controles burocráticos, además de extender la exigencia de cofinanciación a las pymes de menos de 10 trabajadores: ahora deben aportar el 5% del coste. Antes sólo se requería un 10% a las empresas de entre 10 y 49 trabajadores, el 20% a las de 50 a 249 empleados y el 40% a las que sobrepasaban esa plantilla.

La Fiscalía de Barcelona ha iniciado un proceso de diligencias de investigación penal para determinar si la empresa FCC defraudó 800.000 euros al Ayuntamiento de Barcelona falseando datos entre 2013 y 2015 de la gestión del servicio de limpieza viaria y retirada de residuos urbanos que presta en tres distritos de la ciudad, según ha informado Europa Press.

La fiscal Teresa Duerto considera que por la denuncia presentada por el consistorio, el contenido de la noticia de El País y los correos electrónicos, "podrían haberse cometido hechos que podrían revestir en principio los caracteres de delito continuado de falsedad documental y de estafa".

Por ello, pide requerir al consistorio, en un plazo máximo de 15 días desde la recepción del requerimiento, el contrato suscrito con FCC Servicios Ciudadanos del servicio de limpieza y recogida de residuos desde 2013.

Además, le pide también toda la documentación de los datos de la marcha de los servicios contratados que la empresa adjudicataria tenía obligación de comunicar al consistorio y en base a los cuales se facturaban estos servicios dando lugar a las certificaciones para su pago y el resultado de la investigación interna.

El País, por su parte, tendrá que aportar la documentación en su poder sobre el caso por petición de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía.

En su denuncia, el Ayuntamiento explicaba que se han acreditado "presuntos indicios de criminalidad" en la información facilitada por el periodista, que explicaba la presunta manipulación de datos de facturación de los servicios en las relaciones valoradas que dan lugar a las certificaciones para el pago de dichos servicios.

El Ayuntamiento de Barcelona ha analizado este jueves en su Comisión de Gobierno el supuesto de el grupo FCC falseara datos de la gestión del servicio de limpieza viaria y retirada de residuos urbanos que presta en la ciudad para presuntamente incrementar irregularmente sus ingresos, según explicaron a Europa Press en fuentes municipales.

En concreto, el Consistorio analizará si la Delegación en Barcelona de FCC supuestamente facturó servicios no realizados y manipuló datos de la recogida de residuos, mezclándolos, para no superar unos tramos por los que cobraría menos, defraudando así en 2014 unos 800.000 euros, según desvela el diario El País en su edición de este jueves.

De hecho, el Ayuntamiento ya ha elevado el caso a la Fiscalía General del Estado. "Ante la gravedad de los hechos, hemos llevado el caso a la Fiscalía", anuncia el teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación, Jaume Asens, a través de su cuenta en Twitter.

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de librar de la cárcel a dos de los dueños del grupo alimentario Damm, los Carceller, a cambio del pago de una multa de 93 millones de euros ha puesto de nuevo el foco en el papel de los empresarios en los escándalos de corrupción. En el caso de los papeles de Bárcenas, ninguno de los 23 grandes empresarios acusados por el extesorero del PP de financiar de forma ilegal al partido ha acabado en el banquillo de los acusados.

Las empresas de los donantes que aparecen en la supuesta contabilidad B del Partido Popular recibieron más de 12.000 millones entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por el PP, según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía remitido al anterior instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

En los casos de las sociedades Constructora Hispánica (Assignia), OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, la Udef apreció en el mencionado informe "una continuidad en las aportaciones" durante el periodo analizado mientras que en otros, como Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca y Rubau, existía "una concentración (de aportaciones) en un momento determinado" que solía coincidir con el de "mayor volumen de contratación". Sin embargo, el único procesado en el caso de la caja B del PP es Gonzalo Urquijo, el arquitecto que rehabilitó la sede nacional del partido presidido por Mariano Rajoy en madrileña calle Génova.

Por el contrario, en el resto de escándalos de corrupción, como la primera etapa de Gürtel (1999-2005), la financiación irregular del PP valenciano, Boadilla del Monte o la visita del papa, los empresarios sí han sido enviados al banquillo. Y en el caso de la financiación irregular del PP de Francisco Camps, al menos tres empresarios han logrado sortear la cárcel tras confesar que financiaron de forma ilegal el partido.

infoLibre analiza al detalle qué han deparado los tribunales a las personas que supuestamente están en el origen de los escándalos que afectan a los políticos.

Contabilidad B del PP

El 15 de julio de 2013, el extesorero del PP Luis Bárcenas fue conducido a la Audiencia Nacional por la Policía para declarar sobre la contabilidad paralela o caja B que mantuvo el partido durante 18 años. Y en su testimonio, tal y como refleja el acta de la declaración, el exsenador del PP por Cantabria identificó a 23 empresarios que supuestamente habrían aportado importantes cantidades de dinero al margen de la contabilidad oficial.

Así, Bárcenas dio el nombre de importantes empresarios españoles como el dueño de Mercadona, Juan Roig, sobre el que llegó a decir: "Visitó al presidente [Mariano Rajoy] y le dijo que quería hacer una ayuda para la campaña. Éste llamó a Álvaro Lapuerta y quedaron en que vendría a vernos. Es el director financiero el que materializa la donación en una única entrega, de 240.000 euros". En los papeles de Bárcenas aparecen dos entregas en B, en 2004 y 2008, que suman 240.000 euros.

Pero el extesorero también aludió a Juan Miguel Villar Mir (OHL), a quien se le atribuían pagos por 530.000 euros. En este caso, el extesorero del PP relató numerosas reuniones con él, pues era amigo personal su predecesor en la tesorería del PP Álvaro Lapuerta, que se ha librado de sentarse en el banquillo de los acusados por demencia sobrevenida.

En los papeles de Bárcenas también se alude a José Mayor Oreja, de FCC, quién habría entregado, según la confesión de Bárcenas, el dinero que aparece en la contabilidad B del PP: un total de 499.078 euros en 2008, año en el que Lapuerta deja de ser tesorero, cediendo el testigo a Bárcenas.

Roig, Villar Mir y Mayor Oreja son, junto al expresidente de Sacyr-Vallehermoso Luis del Rivero, los cuatro nombres más conocidos de una lista relatada por Bárcenas y que se elevó hasta las 23 personas, que completaban Manuel Contreras, José Luis Sánchez, Alfonso García Pozuelo, José Manuel Fernández Rubio, Ramón Aige, Juan Cotino, Pablo Crespo, José Luis Suárez Gutiérrez, Ignacio Ugarteche, Antonio Pinal, Adolfo Sánchez, Rafael Palencia, Antonio Vilella, Ignacio López del Hierro –marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal–, José Antonio Romero Polo, Joaquín Molpeceres, José Luis Moreno, Cecilio Sanz y Lucio Moreno.

En las hojas manuscritas en las que se reflejaba la entrada y salida de dinero en negro del PP, aparecía también el cobro de presuntas cantidades por parte Mariano Rajoy y otros políticos del PP. Todos lo negaron, pero sin embargo los conocidos como papeles de Bárcenas indican que el ahora presidente del Gobierno habría percibido más de 300.000 euros en sobres.

A pesar de que el juez Ruz dio por acreditada la existencia de una caja B en el PP durante casi dos décadas, la instrucción de los papeles de Bárcenas no logró determinar la implicación de los empresarios, y mucho menos que Rajoy y otros políticos del PP cobraran sueldos en negro, y por eso el magistrado justificó el sobreseimiento a "consecuencia de la ausencia, por el momento y a tenor del conjunto de las diligencias", de indicios suficientes para considerar acreditada su participación en los hechos investigados.

En el banquillo de los acusados aparecen, además de los expolíticos Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Paéz, los empresarios dueños de la sociedad Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y la empleada de esta sociedad Laura Montero, con la que el PP reconstruyó la sede nacional del partido, en la madrileña calle Génova. El juez considera que el PP es responsable civil subsidiario del supuesto delito fiscal cometido al pagar en negro 1,4 millones de la obra. En este caso, las responsabilidades penales pasaron de largo de los presuntos financiadores de la caja B del partido de Rajoy.

'Caso Gürtel'

En la pieza principal del caso Gürtel, denominada Época I, las responsabilidades penales alcanzan a dos exdirectivos de empresas españolas, que sin embargo no están imputadas como personas jurídicas. Sin embargo, la responsabilidad penal no afecta a los máximos dirigentes de las compañías implicadas.

Los empresarios procesados en Gürtel son los expresidentes de Sufi, Rafael Naranjo Anegón [su acusación ha sido archivada por demencia sobrevenida], y Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo. También están otras personas vinculadas a las empresas de Francisco Correa, como es el caso de Pablo Crespo; Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de la red en la Comunidad Valenciana; el cerebro financiero, Luis de Miguel; el gestor de cuentas Antonio Villaverde; la trabajadora Isabel Jordán, y el contable de la organización, Pablo Izquierdo.

Precisamente, Alfonso García-Pozuelo ha sido el primero en confesar al juez José de la Mata que los hechos narrados por la Fiscalía Anticorrupción "son ciertos". García-Pozuelo ya había devuelto 20 millones a Hacienda en 2010. Con todo ello, García-Pozuelo trata de eludir su ingreso en prisión. 

Completan el listado los empresarios Jesús Calvo Soria y Jacobo Gordon; Alicia Mínguez Chacón, Javier Nombela Olmo, Carmen García Moreno, Antonio Martín Sánchez, Juan Ignacio Hernández Rodríguez, Inmaculada Mostaza Corral y Pablo Ignacio Gallo-Alcántara Criado. Todos ellos están procesados.

La Fiscalía también reclama que el Partido Popular y la exministra de Sanidad Ana Mato respondan como partícipes a título lucrativo de los delitos investigados.

FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO

En el caso de la financiación ilegal del PP valenciano, la decena de empresarios que serán juzgados eran directivos de las mayores constructoras, caso de Sedesa, Lubasa, Facsa, Enrique Ortiz e Hijos y Piaf. El magistrado De la Mata declaró a sus empresas responsables civiles subsidiarias.

Estos empresarios son Enrique Gimeno, Antonio Pons, Alejandro Pons, Rafael Martínez Berna, Tomás Martínez Berna, Gabriel Batalla Raigada, Enrique Ortiz —procesado también en el caso Brugal—, José Francisco Bevia García, Enrique Fresquet y Vicente Cotino —sobrino del exvicepresidente valenciano Juan Cotino, también procesado en la causa por la visita del papa–.

Precisamente, Alejandro Pons Dols es uno de los empresarios que ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en el que reconoce que pagó más de 31.000 euros al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) para financiar sus campañas electorales.

Los otros dos empresarios que confesaron también pagos irregulares a la formación política conservadora son Enrique Ortiz, dueño de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, integrado en el Grupo Cívica, y su subordinado José Francisco Beviá. Los tres pretenden, al igual que los Carceller, eludir su ingreso en prisión.

BOADILLA DEL MONTE

En la pieza separada de Boadilla del Monte, considerado el epicentro de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, los empresarios procesados son Gonzalo Naranjo Villalonga, Alfonso García-Pozuelo Asins, José Luis Ulibarri Comerzana, Jacobo Gordon Levenfeld, José Ramón Blanco Balín, Carlos Jorge Martínez Massa, Javier del Valle Petersefeldt, José Luis Martínez Parra y Rafael Martínez Molinero, estos dos últimos directivos de la constructora Teconsa.

La firma Teconsa obtuvo contratos relacionados con la trama, como la construcción de numerosas viviendas en terrenos cedidos por la Empresa Municipal del Suelo (EMSV) de Boadilla del Monte y por el Ayuntamiento de Majadahonda, así como la adjudicación de edificios públicos en estas dos localidades.

Otro de los presuntos pelotazos de Correa en el municipio es la adjudicación de una parcela municipal por parte del Consistorio de Boadilla del Monte, encabezado entonces por Arturo González Panero, a la promotora UFC, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, también procesado, y que pudo haber pagado un millón de euros a Correa. Un informe policial especifica que el dueño de UFC declaró que pagó un millón de euros a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, dirigida por el imputado Jacobo Gordon, empresa que forma parte de la trama, por acelerar una licencia de obras.

Según el juez José de la Mata, "el Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a Sufi (24.901,09 euros), Constructora Hispánica y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247 euros)". La única de estas empresas sobre las que recae la responsabilidad civil subsidiaria es UFC, además del PP, considerado "partícipe a título lucrativo".

VISITA DEL PAPA

En la pieza separada de Gürtel sobre la visita del anterior papa, Benedicto XVI a Valencia en 2006, han sido procesados también los mencionados directivos de Teconsa José Luis Martínez Parra y Rafael Martínez Molinero, pero también otro de los imputados en Boadilla, considerado como el presunto blanqueador de la trama: Ramón Blanco Balín. Teconsa fue la empresa que se encargó de la sonorización y el montaje de pantallas de vídeos durante la visita papal.

Otros empresarios que se sentarán en el banquillo de los acusados, además de los cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, son Francisco Javier Arnuncio Perujo, Jacobo Gordon Levenfeld, Alexandra Benesovsky Svobodova, Carlos Ignacio Fragio Díaz, Óscar Fragio Díaz, Noemí Márquez Castellano, y Vicente Torró. En el caso de estos últimos, se trata de los directivos de las sociedades beneficiadas con las irregularidades cometidas por la trama en la visita del pontífice.

El sumario de la trama descubierta en la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, pone de manifiesto que el juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso, Eloy Velasco, investiga seis operaciones sospechosas que supusieron un importante quebranto para las arcas públicas.

El propio magistrado llega a definir de esta forma la actuación del jefe de la trama desarticulada, Arcadio Mateo, que era director general de Acuamed en el momento de su detención: "Usted lo que hace es favorecer escandalosamente intereses de carácter privado". El propio Mateo, que se negó a declarar, interrumpió en ese momento al magistrado para decirle: "Yo no he favorecido a nadie y lo demostraremos".

Las constructoras presuntamente beneficiadas serían, según los interrogatorios a los que ha tenido acceso infoLibre, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Acciona y Altyum Proyectos y Servicios. Dos de los testigos, en concreto la delegada de Acuamed en la cuenca del Júcar, Gracia Ballesteros, y el responsable de las obras de la desalinizadora de Torrevieja, Diego Cuenca, aseguraron que las empresas trataron de aumentar el precio de dos obras un 10%.

Entre estas operaciones destaca por el montante de dinero la vinculada a la planta desalinizadora del Bajo Almanzora, en Almería, en la que la empresa FCC arrancó del Ministerio de Agricultura, encabezado entonces por Miguel Arias Cañete, un compromiso de pago de 40 millones de euros, según confirmó la extrabajadora Azahara Peralta Bravo, que fue despedida por oponerse al desembolso, ya que ella consideraba que la cifra correcta era de solo 3,5 millones.

Una formación política

El magistrado trata de determinar si los sobreprecios detectados sirvieron para financiar alguna formación política, en referencia al Partido Popular en el Gobierno, o sin embargo ese dinero acababa en manos de los dirigentes Ministerio de Medio Ambiente. En este sentido, el testigo clave, el directivo de Acuamed que denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción, Francisco Valiente, aseguró que el presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, le dijo tras pedirle que amañana el contrato: "Paco, esto es así, no es cosa mía, hay mucha gente ahí... en el partido y tal", aseguró Valiente al juez que le dijo Mateo en relación a la desaladora de Mutxamel.

infoLibre ha tenido acceso a las declaraciones de los principales testigos de la denominada Operación Frontino en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy, que focalizan sus denuncias en la mencionada desalinizadora del Bajo Almanzora, en las plantas de Torrevieja (Alicante), Águilas (Murcia) y El Campello-Mutxamel (Alicante), así como obras ambientales en la Rambla Gallinera del municipio de Oliva (Valencia) y en el río Serpis (Valencia).

1. Bajo Almanzora y embalse de Flix

Las declaraciones de los testigos Francisco Valiente, Azahara Peralta Bravo, Diego Cuenca y de la investigada Gabriela Mañueco evidencian que la obra más importante que investiga el juez Eloy Velasco es la de la desalinizadora de Almería, que costó 76 millones y que a su vez la trama habría ligado a los trabajos de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona, también adjudicada a FCC por 165 millones en 2008, pero cuyo coste final ascendió a más de 190 millones.

Correo electrónico

El denunciante explicó al magistrado que recibió un correo electrónico de su jefe, Arcadio Mateo, en la cárcel desde el pasado 20 de enero, en la que previamente el exsubsecretario de Estado, Federico Ramos, había explicado su intención de compensar a la contratista FCC por las inundaciones que sufrió con la desaladora del Bajo Almanzora. "Y en ese email se decía: a ver si le podemos colar a la contratista los dos millones del Bajo Almanzora y le vamos pagando algo, que le debemos mucho", aseguró el denunciante, que confirmó que en Acuamed se hablaba del intento de compensar las pérdinas que habría sufrido FCC en Almería con otro contrato por la descontaminación del Ebro en Flix (Tarragona).

El subsecretario de Estado Federico Ramos se vio obligado a dimitir tras conocerse la existencia de este mensaje, que acabó en el correo del testigo, que se negó a amañar los contratos, y por lo que acabó despedido. Según adelantó elespañol.es, el propio número tres de Soraya Sáenz de Santamaría fue quién dio instrucciones de paralizar el pago de los 40 millones tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción había iniciado una investigación.

Por eso, el juez Velasco, según se desprende de sus interrogatorios, investiga si el Gobierno trató de compensar a FCC, que fue la adjudicataria de la desalinizadora de Almería, por una inundación que sufrió este infraestructura en 2012. En este presunto acuerdo se enmarcaría una reunión, mantenida "al más alto nivel" en el Ministerio de Agricultura.

En la reunión habrían participado, según reconoció el Ministerio a la Cadena Ser, el entonces ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, y directivos de FCC como el presidente de la filial de construcción Miguel Jurado. Pero el testigo Francisco Valiente asegura que también podría haber participado en la citada reunión Esther Alcocer Koplowitz, la principal accionista de la constructora.

2. Desalinizadora de Torrevieja

Otra de las operaciones que el juez considera "escandalosas" es la de la construcción de la desalinizadora de Torrevieja, Alicante, cuya adjudicataria fue la firma Acciona. Según el testigo Diego Cuenca, responsable de las obras de Acuamed en la planta alicantina, Acciona reclamó un aumento del precio de la misma, que era de 184 millones, de 17 millones. Esta cifra suponía elevar 18,9 millones la cantidad que ofrecía la Administración, que consideraba que debía abonar dos menos de los presupuestados: 182 millones.

Acciona reclamaba ese importante aumento por la construcción de la planta pese a que el testigo principal del caso Acuamed, Francisco Valiente, aseguró al juez que la constructora había "engañado" a la Administración, ya que la edificación de la planta había sido "un desastre".

Según Valiente, una de las empleadas de Acuamed le llegó a asegurar que la desalinizadora estaba terminada y que no tenía ningún problema: "Por los retrasos en la obra se llegaron a perder los fondos europeos, pero eso fue antes de que yo entrara a trabajar. Y no pudimos recuperar los 55 millones de fondos europeos porque no estaban las certificaciones. Y después me dijeron que la obra no está acabada, pues tenía muchos problemas, como po rejemplo fisuras".

Ante esta situación, el denunciante les pregunté a los responsables de Acuamed si no habían controlado los trabajos realizados: "Y me contestaron que para qué, ya que habían adjudicado la obra a la mejor empresa del mundo ¿para qué la vamos a controlar? Y esa respuesta fue definitiva, por lo que llamé a la responsable de la misma Gabriela [Mañueco] y le dije que eso era una vergüenza. Te tenemos que destituir. Y al gerente de la UTE de Acciona hay que escribirle una carta porque nos han engañado", aseguró el denunciante durante su declaración ante el juez Velasco.

3. PLANTA de Mutxamel-El campello

El autor de la denuncia que dio inicio a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Acuamed también explicó al juez instructor que el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, le pidió que "preparara" la adjudicación de la planta desalinizadora de El Campello-Mutxamel (Alicante) a la empresa Altec, que después cambió su nombre por el de Altyum Proyectos y Servicios.

Francisco Valiente se negó a "amañar" la adjudicación. Sin embargo, el denunciante asegura que Acuamed contrató a una empresa externa que hizo un informe que sirvió para otorgar la obra a la empresa que en un principio "estaba colocada como la penúltima de 20 o 30 empresas que optaban al mismo. La adjudicación se amaña para dársela a Altec ya que se cambia para dársela a éstos. Los perjudicados fueron las constructoras que competían" con la firma beneficiada presuntamente de forma irregular.

4. Cerro Colorao en Águilas (Murcia)

Las operaciones sospechosas, según el denunciante del caso Acuamed, incluyen la adquisición de las tuberías de la planta desalinizadora de Águilas (Región de Murcia), que conectan una balsa de agua situada en el paraje denominado Cerro Colorao con las acequias que reparten el agua en el campo de Lorca.

Valiente destacó que las conducciones habían sido compradas por la concesionaria a una empresa de Vitoria sin tan siquiera preguntar a una empresa de Lorca por los precios, que según su versión eran más baratos que los de la empresa vasca. "Con todo lo que había visto, esto me dio una sensación extraña", explicita el denunciante, que asegura que mantuvo una reunión "muy desagradable" con los regantes murcianos que le denunciaron los hechos. "Era un indicio porque no era normal", lamenta.

5. RAMBLA GALLINERA (ALICANTE)

El denunciante Francisco Valiente también se negó a certificar un aumento del gasto de dos millones de euros que beneficiaban a la UTE compuesta por las empresas Sogeosa y Torres Cámara. Esta empresa llegó a hacer tres proyectos diferentes para acondicionar la Rambla Gallinera, con el correspondiente gasto para la Administración pública.

Los tres proyectos, y sus correspondientes obras, fueron realizadas por la contratista "sin contar con nadie", relató Valiente, que aseguró que muchas de estas obras no se llegan a hacer. Según la ingeniera de Caminos que trabajó como gerente territorial en Acuamed, Gracia Ballesteros, Acuamed abonó dos millones de euros por una escollera que "no existía".

6. Río Serpis (Valencia)

Francisco Valiente y la delegada de Acuamed en la cuenca del Júcar, Gracia Ballesteros, aseguraron al juez en sus declaraciones que los directivos de Acuamed trataron de aumentar el 10% el precio de la obra que había que pagar a la constructora Altec por construir la presa de avenidas del río Serpis, en Valencia.

Según esta versión, el director de obra se opuso a ese aumento, que rondaba los dos millones de euros. "La irregularidad consistía en que Arcadio Mateo llamó al director de obra para que hiciera una liquidación un 10% superior cuando él había hecho un informe del cero por cien". Por eso el contratista, Nicolás Steegmann, pidió su destitución, que acabó produciéndose poco después. Al final se abonó la obra con un precio superior al 10% pese a que la misma estaba incompleta.

El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos, presentó este viernes su dimisión tras verse implicado en el caso Acuamed, según informaron fuentes gubernamentales. Fuentes próximas a Ramos indicaron a Europa Press, que este ha dimitido para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad en su cargo anterior como secretario de Estado de Medio Ambiente.

La dimisión se produce en el contexto del desarrollo de la operación Frontino, que investiga la presunta adjudicación fraudulenta de obras por parte de la empresa e Acuamed y que se ha saldado con la detención esta semana de 13 personas, entre ellas, el director general de Acuamed, Arcadio Mateo y la directora de Ingiería, Gabriela Mañueco.

Fuentes de la investigación desvelaron este jueves que el actual subsecretario de Presidencia y exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, participó en la reunión en la que se pactaron, con representantes de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), compensaciones indebidas de 40 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya reveló el miércoles los pagos irregulares en un auto en el que aseguraba que la empresa adjudicataria, implicada en la trama que tenía como epicentro la sociedad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), pactó con "altos cargos" del Ministerio esta retribución ilegal.

Varios denunciantes anónimos, trabajadores del organismo dependiente de Agricultura, han apuntado en distintas declaraciones judiciales sus sospechas sobre el papel que Ramos desempeñó en aquella negociación ahora investigada. En aquel momento presidía el Consejo de Administración de Acuamed.

En el auto en el que envía a prisión a cinco personas, entre ellas el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, Velasco precisaba que la compensación irregular quedó reflejada en los presupuestos generales del Estado de 2015. También se consignó una cantidad total de 26 millones en los presupuestos de 2016. Las fuentes consultadas aseguraron que el monto de las últimas cuentas fue inferior debido a la reducción de la partida del departamento ministerial.

El pago irregular arranca de una inundación en la desaladora del bajo Almanzora (Almería), adjudicataria de Abengoa y de FCC. Acuamed no exigió que FCC cubriera los desperfectos, como debería haber hecho dado que existía un seguro a todo riesgo contratado en previsión de posibles daños.

A cambio cerró un acuerdo por el que Acuamed se comprometía a abonar ella misma un 40% y reclamar a las adjudicatarias el pago del 60, prometiendo que le sería compensado a través de la concesión de otras obras.

El proyecto elegido para ultimar el plan fue la descontaminación del pantano de Flix, que sirvió para ejecutar la compensación fraudulenta. De una facturación de 3,5 millones se pasó a "diseñar" pagos de 40 millones ficticios, que se intentaron justificar mediante la certificación de obra no ejecutada.

La operación Frontino se ha saldado con la detención de algunos de los directivos de las compañías que se beneficiaron de los contratos que les adjudicaba la empresa pública Acuamed, investigada por supuesto fraude. Entre los arrestados está el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado; el director general de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini; y el presidente de la empresa Pipeline, Manuel Moreno Maestre.

Detenidos han acabado también el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco, que fueron destituidos este martes por la "pérdida de confianza y la alarma social" causada.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco comenzará a tomar declaración desde este miércoles, en calidad de investigados, a los 13 detenidos por el supuesto fraude en los contratos de infraestructuras hidráulicas de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

El magistrado les interrogará en relación con la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

La empresa estatal Acuamed habría adjudicado fraudulentamente obras y falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias, entre las que se encuentran Acciona, FCC y otras ocho compañías, según informa Europa Press.

En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.

También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.

Las investigaciones se iniciaron en septiembre de 2014 tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción. 

Parece imposible escribir sobre ricos, grandes fortunas y familias adineradas sin empezar citando por enésima vez a Balzac: “Detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen”. Es su frase más conocida, más rotunda, más citada… y también la más inexacta, por no decir directamente apócrifa. Parece basarse en una frase aproximada pero algo diferente, que aparece en Le père Goriot, en boca del turbio Vautrin: “Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu'il a été proprement fait”. Es decir, que “el secreto de las grandes fortunas sin causa aparente es un crimen olvidado, porque se hizo impecablemente”.

Pero aunque Balzac en efecto se refiere sólo a las fortunas “sin causa aparente”, toda su obra está marcada por esa obsesión de encontrar la raíz inconfesable de la riqueza, en un tiempo en que se amasaron enormes patrimonios, en algunos casos al calor de las convulsiones revolucionarias (la nueva burguesía), y en otros mediante el fraude, las herencias disputadas, la corrupción, la usura, los matrimonios de conveniencia y todo tipo de crímenes y vilezas. De modo que aunque la habitual cita no sea de Balzac, el gran novelista francés tampoco se sentiría incómodo con ella.

Sin necesidad de contar con su cita de autoridad, entre nosotros la riqueza ha sido siempre fuente de sospecha. Algo habrán hecho los ricos para ser ricos, pensamos, expresando la empírica convicción de que en este mundo nadie se hace rico de manera honrada y con su solo trabajo y talento; que para acumular capital hace falta pisar a alguien, mancharse las manos.

Cada vez que se abre una investigación policial contra un corrupto, un narcotraficante, un evasor, una trama de sobornos entre funcionarios o un yerno del rey, siempre aparece su fortuna como prueba en su contra: los medios ofrecen detalles sobre el modo de vida del presunto delincuente, los coches que conducía, la casa que se hizo construir, las obras de arte que colgaba en el baño, las aficiones horteras, construyendo un razonamiento que encuentra fácil asentimiento en los ciudadanos: “¿Ven cómo vivía? ¡Culpable!” Y sí, a menudo se cumple el silogismo y una vida desaforada acaba siendo prueba de un comportamiento criminal.

Los que en principio no parecen delincuentes, los que siguiendo a Balzac tendrían “causa aparente” para su fortuna, tampoco acaban de parecernos limpios. En algunos casos, es fácil vincular un incremento patrimonial con formas de especulación (inmobiliaria en los años de la burbuja, financiera durante la crisis), prácticas empresariales dudosas, o explotación laboral, cuando no todo a la vez. Hasta tal punto que, si de algún millonario no conseguimos identificar su pecado original, será porque todavía nadie lo ha investigado, porque se pierde en la noche de los tiempos, o porque, volviendo a la cita exacta de Balzac, su delito “se hizo impecablemente”, sin dejar huella.

Tal desconfianza hacia las posibilidades de enriquecerse honradamente en el capitalismo es la expresión espontánea de una evidencia: la persistencia de una sociedad de clases (con su lucha de clases, por tanto, aunque suene demodé a la nueva política), y la impermeabilidad de las mismas. El famoso ascensor social, que no deja de ser una ficción capitalista y que, en el caso de España, sólo funcionó unos años: los últimos del franquismo y las dos primeras décadas de la democracia. Pero de forma limitada y precaria. Limitada, porque en la inmensa mayoría de casos el ascensor apenas llegaba hasta el entresuelo o el primer piso: de la pobreza a cierto bienestar con apariencia de clase media, pero sin muchas opciones de subir a los pisos superiores o al inalcanzable ático. Y precaria, porque para muchos de los que subieron en el ascensor social, la crisis los ha arrojado por el hueco del mismo.

En España, lo habitual es que el rico lo sea de familia. De lo contrario, “algo habrá hecho”. El mito anglosajón del self-made man nunca tuvo mucho crédito entre nosotros. Descartados el trabajo y el talento, la principal forma (no delictiva, se entiende) de hacerse rico es la suerte. Nuestros sueños de riqueza pasan por ganar un premio en un concurso televisivo (¿Quiere ser millonario?), o en juegos de azar (porque “no tenemos sueños baratos”, insiste la machacona publicidad). Por algo los delincuentes, cuando quieren limpiar su dinero, lo disfrazan de premios de lotería.

El rey como agente comercial

En España, decíamos, el que es rico lo es de familia. Si uno atiende a las periódicas listas de grandes fortunas, en nuestro país abundan los apellidos ilustres, de rancio abolengo, con título nobiliario en no pocos casos, y cuya fortuna se prolonga desde generaciones. Apellidos presentes en consejos de administración de grandes empresas y bancos, en revistas del corazón y clubes selectos. Una aristocracia del dinero íntimamente relacionada con el poder, y cuyo pecado original, cuyo delito proprement fait, parece indultado por el paso del tiempo, que legitima y naturaliza una fortuna que seguirá pasando de padres a hijos.

En la mayoría, a poco que uno rasque en el árbol genealógico, se descubre fácilmente el “crimen” de partida. En los casos de familias más antiguas, basta pensar en cuáles eran históricamente las fuentes de enriquecimiento más comunes. Durante siglos, las principales vías de acceso a una gran fortuna eran la guerra, la conquista, el pillaje, el sometimiento feudal, la usura o la connivencia con el poder. Después llegó el capitalismo, de cuya acumulación original fue notario Marx: apropiación, privatización y explotación de los medios de producción, los recursos naturales y la mano de obra.

Llegados al siglo XX, una parte importante de las fortunas familiares en España tiene algún vínculo con la Guerra Civil y la dictadura franquista. No es posible haber sido millonario en los años treinta y cuarenta, sin haber tenido alguna vinculación con el franquismo. Las familias que ya eran adineradas antes, mantuvieron su posición apoyando o financiando el golpe de Estado, y posteriormente colaborando con la dictadura. Las fortunas republicanas fueron en el mejor de los casos exiliadas, y la mayoría expoliadas por los vencedores. No pocos de esos afortunados apellidos tienen en su genealogía militares, políticos, empresarios o banqueros que tuvieron relación con episodios criminales en guerra o posguerra. Y por las mismas, ambos momentos fueron el origen de nuevas fortunas, nuevas sagas, nuevos patrimonios, beneficiados del expolio, del cambio de manos de la riqueza republicana, o de los negocios con el nuevo Estado franquista.

En una de nuestras mejores (y más desconocidas) novelas, Jugadores de billar, el recientemente desaparecido José Avello traza una genealogía balzaquiana de esas fortunas que nacieron en la guerra, crecieron en la dictadura y fueron amnistiadas en la democracia, sin pagar precio alguno. Uno de los protagonistas de la novela, y perdonen el spoiler, descubre el origen criminal de la fortuna de su familia. Y sentencia: “En eso consistió nuestra famosa Guerra Civil, un robo escriturado y legalizado ante notario”.

Grandes fortunas al calor de la dictadura

Si seguimos pasando años, la historia empresarial durante el franquismo está marcada por todo tipo de episodios infames: saqueo de empresas y bienes de republicanos, utilización de mano de obra prisionera, obtención de monopolios, obras públicas y contratos con las administraciones, participación en el gobierno y empresas estatales... Es muy útil leer la síntesis económica que dejó Tuñón de Lara en su Historia de España, para entender la oligarquía española. En la obra dirigida por Tuñón se reconocen muchos nombres que hoy siguen ejerciendo el poder político y/o económico, y que durante cuatro décadas de dictadura saltaban del consejo de ministros al consejo de administración; de la dirección general en un ministerio al timón de una compañía, en viajes de ida y vuelta, que facilitaban lo que en la dictadura fue una constante, y que luego la democracia continuó: la privatización de beneficios y la socialización de pérdidas. Las famosas puertas giratorias ya existían con Franco, y no han dejado de girar desde entonces.

La democracia consolidó a empresas y familias enriquecidas durante el franquismo, una vez más mediante privatizaciones, contratos y obras públicas, rutinariamente hinchadas con enormes sobrecostes. No es casualidad que algunos de esos nombres aparezcan relacionados con casos de corrupción: OHL (Villar Mir), Sacyr (Luis del Rivero) y FCC (Koplowitz) en el caso Bárcenascaso Bárcenas; o Ferrovial (Del Pino) en el caso Palau. Con la democracia llegó también la internacionalización de las grandes empresas españolas (familiares unas, privatizadas otras), lanzadas a conquistar nuevos mercados, contando para ello con el mejor representante comercial: el rey.

La década de los noventa y los primeros años del nuevo siglo añadieron nuevos nombres a la lista de millonarios españoles. La “cultura del pelotazo” consagrada durante los gobiernos del PSOE (cuando, en palabras de un ministro socialista, España era “el país donde más rápidamente podía hacerse uno millonario”), enlazó vertiginosamente con la burbuja inmobiliaria, al calor de la que aumentaron patrimonios ya existentes, y surgieron “nuevos ricos”. Una década prodigiosa que habría escandalizado al mismísimo Balzac; años de rapiña especulativa, que tan bien retrató Rafael Chirbes, en la extraordinaria novela Crematorio.

Este retrato de las fortunas españolas parece admitir una enmienda cuando uno ve la lista de los más ricos de España. En ella hay familias tradicionales y constructores como los descritos, sí, pero también otros nombres que no encajan en ese perfil: el megamillonario Amancio Ortega (Inditex), su hija Sandra Ortega; el también empresario textil Isak Andic (Mango); o los dueños de Mercadona, Juan Roig y su mujer, Hortensia Herrero. Todos ellos entre los 10 más ricos de España, ninguno de familia ni de pelotazo.

La tentación es pensar que ellos son la excepción a la regla, y que además representan la versión hispana de esa mitología estadounidense del hombre hecho a sí mismo, que desde un origen humilde funda un gran imperio, de botones a presidente, o en su versión actual, desde el garaje a Silicon Valley. En el caso español, a menudo hemos oído de empresarios que empezaron con un viejo taxi rural y acaban presidiendo una gran compañía de transporte; el ultramarinos familiar que llega a ser cadena de hipermercados; o el pequeño taller de confección que acaba vendiendo ropa en todo el planeta. Serían los representantes de la “cultura del esfuerzo” frente a la del pelotazo; la prueba de que el trabajo y el talento sí acaban teniendo recompensa, y que el ascensor social no siempre se detiene en el primer piso.

Las sombras de los santos

La mayoría de estas biografías (autorizadas, claro) se asemejan a las católicas “vidas de santos” y en ellas no hay ni rastro de ese posible crimen original. Pero una vez más, a poco que uno investigue aparecen las sombras, y el milagro empresarial siempre encuentra explicaciones terrenales, no tan limpias.

En el caso de Mercadona, la empresa que presumía de política laboral es cada vez más cuestionada por los sindicatos por la situación de sus trabajadores, o los agricultores que no tienen más remedio que vender al precio que marca el gigante (“siempre precios bajos” es su lema comercial). El propio Roig, por cierto, aparece también en la telaraña de donantes del PP. En cuanto a Ortega, el fundador de Zara, es el modelo de empresario español triunfante. La leyenda habla de un hombre sencillo, reservado, austero, que empezó desde abajo y se lo ha ganado todo con su trabajo. Pero la moda barata siempre tiene truco, y él no es la excepción: subcontratar y exprimir a los proveedores, desde aquellas costureras gallegas sobre cuyo sudor inició su historia empresarial, hasta los actuales talleres en Marruecos y países asiáticos, de cuyas condiciones laborales (trabajo infantil incluido) se desentiende la multinacional, al ser siempre subcontratas ajenas a la empresa matriz. Un análisis similar podríamos hacer de Mango, sobre la que pesan denuncias de ONG por la deslocalización de su producción en proveedores de países sin derechos laborales.

No dudo de que se pueda ganar dinero de forma honrada, sin pasar por encima de nadie, sólo con el trabajo y el talento. Pero si hablamos de grandes fortunas, de ricos de verdad, Balzac sigue teniendo razón. Sobre todo en España.

El fichaje por Telefónica de la que, hasta hace cinco meses, era presidenta del Gobierno de Navarra ha vuelto a poner sobre la mesa un fenómeno, el de la puerta giratoria, que no es extraño en el sector empresarial español. Este término –acuñado por el revolving door inglés– define el paso del sector público al privado, la transición que hacen directivos de la Administración que, tras cesar de sus cargos, pasan o regresan a trabajar para empresas privadas. Pues bien, este fenómeno se da en 24 de las 35 principales compañías cotizadas en España.

De los consejos de administración de estas firmas formaron parte el año pasado 49 personas que algún momento han ocupado cargos en la Administración. Todos los nombres y sus sueldos se pueden consultar aquí. De todas ellas, una –Felipe González– fue presidente del Gobierno, 16 fueron ministros, 11 fueron altos cargos en ministerios en los que tuvieron puestos relacionados con la industria y 7 fueron consejeros o viceconsejeros autonómicos. Los otros 14 ocuparon cargos públicos de menor relevancia. En total, los salarios de estas 49 personas ascendieron a 29,84 millones de euros en 2014, según datos extraídos por infoLibre de los informes con las retribuciones de los diferentes consejos de administración presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por compañías, la gasística Enagás es la que cuenta con un mayor número de expolíticos sentados en su consejo de administración, son nueve en total. Entre ellos están las exministras del PP de Asuntos Exteriores y Medio Ambiente, Ana Palacio e Isabel Tocino. Empatadas con cinco expolíticos cada una están también Red Eléctrica y el Banco Santander. Se da el fenómeno también de que algunos de estos expolíticos son a la vez consejeros de varias empresas. Es el caso de la propia Isabel Tocino. Aunque hay más. Por colores políticos de ámbito estatal, 21 están ligados al PP y 14 al PSOE.

Además de los 49 consejeros, hay otras 14 personas que, tras ejercer algún tipo de servicio público, pasaron a ser contratadas por empresas del Ibex 35, aunque no en sus consejos de administración sino como altos directivos. En estos casos, las compañías no tienen la obligación de facilitar al supervisor bursátil información sobre sus remuneraciones. Sus sueldos, por tanto, permanecen ocultos. En este grupo está, por ejemplo, el expresidente del Gobierno José María Aznar, que ha ejercido como "asesor externo" para Endesa. 

01. Los 16 exministros

En el grupo de exministros destaca la citada Isabel Tocino, que fue titular de Medio Ambiente durante la primera legislatura de Aznar (1996-2000), y que el año pasado se embolsó 544.000 euros por su pertenencia a los consejos de Enagás y el Banco Santander. También Josep Piqué, ministro de Asuntos Exteriores con el PP (2000-2002), que ganó 800.000 en la constructora OHL; Ángel Acebes, que ocupó la cartera de Interior de 2002 al 2004 y que desde 2012 se sienta en el consejo de Iberdrola, donde el año pasado ganó 299.000 euros; Juan Carlos Aparicio, que fue responsable de Trabajo (2000-2002) y ganó 150.000 euros en Indra. O Abel Matutes, que ocupó la cartera de Exteriores entre 1996 y 2000, y que ganó 183.000 euros también en el Banco Santander.

Entre los socialistas destaca Josep Borrell, que fue ministro de Obras Públicas entre 1991 y 1996 y que es el consejero independiente mejor pagado de Abengoa, donde en 2014 ganó 300.000 euros. Y también la exministra de Sanidad entre 1993 y 1996 Ángeles Amador, que ganó 175.000 euros en REE, empresa que está participada al 20% por la pública SEPI. O el extitular de Comercio y Turismo con Felipe González Javier Gómez-Navarro, que ganó el año pasado 93.000 euros en Técnicas Reunidas. 

Los citados son los que han ocupado la responsabilidad de ministro de manera más o menos reciente. Hay más, aunque estos desarrollaron esta actividad en los primeros años de la democracia. Entre ellos destaca el presidente del Grupo OHL, Juan Miguel Villar Mir, que fue ministro de Hacienda entre 1975 y 1976, y que ingresó el año pasado 194.000 euros por su pertenencia a los consejos de OHL y Banco Santander. También Matías Rodríguez Inciarte, que fue ministro de la Presidencia entre 1981 y 1982, que ganó 5.247.000 también en el Santander. Así como Luis Carlos Croissier, ministro de Industria socialista entre 1986 y 1988, que ganó 309.000 euros en Repsol; y el fallecido Miguel Boyer, que fue ministro de Economía entre 1982 y 1985, y que formaba parte del consejo de REE. 

Por otro lado, Cristina Garmendia, la que fuera ministra de Ciencia e Innovación durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), fue nombrada consejera de Gas Natural el pasado marzo con una remuneración que no ha trascendido. Su designación se enmarca dentro de una maniobra de renovación del órgano de control de la gasística que supuso también la baja del expresidente del Gobierno socialista Felipe González, meses antes había dicho que quería dejar el cargo porque era "muy aburrido", a pesar de que se embolsaba 127.000 euros anuales. 

02. Los antiguos altos cargos

Entre los expolíticos que ahora se sientan en consejos de administración de compañías del Ibex 35 también es relevante la presencia de antiguos altos cargos de ministerios en los que tuvieron puestos relacionados con la industria. El más reciente es el caso de Luis Valero Artola, secretario general de Industria entre 2012 y enero de 2014, que se incorporó a Enagás en abril de año pasado. Por los ocho meses que estuvo sentado en el consejo de la gasística se embolsó 53.000 euros.

Otros nombres destacados son el del que fuera secretario de Estado de Industria con el PP–entre 2002 y 2004– José Folgado, que en 2014 cobró 746.000 euros de REE; el del exsecretario de Estado de Presupuestos entre 2003 y 2004 Ricardo Martínez Rico, que ganó 130.000 euros en Abengoa, o el de las exdirectoras generales de Política Energética y Minas Carmen Becerril y Paloma Sendín, que recibieron 106.000 de Acciona y 190.000 euros de REE, respectivamente.  

Otros altos cargos que han ocupado puestos de relevancia relacionados con el mundo empresarial y que ahora están en consejos de compañías del Ibex 35 son Nemesio Fernández Cuesta (Gas Natural), Javier de Paz (Telefónica), Ramón Pérez Simarro e Isabel Sánchez (Enagás), José F. Sánchez-Junco (Ferrovial) y Guillermo de la Dehesa (Amadeus y Santander). 

También ocupó en el pasado un alto cargo en la Administración el actual presidente del grupo textil Inditex, Pablo Isla, que fue entre director general de Patrimonio del Estado en el Ministerio de Economía durante la primera legislatura de Aznar (1996-1998). Isla ganó el año pasado más de ocho millones de euros, sumando a su remuneración en Inditex los 148.000 euros que cobra por formar parte del consejo de Telefónica. 

03. Los parlamentarios y consejeros autonómicos 

Entre los altos cargos autonómicos que ahora están en consejos de grandes empresas cotizadas es especialmente reseñable el caso de Josu Jon Imaz, que fue consejero del Gobierno vasco entre 1993 y 2004, y que es actualmente consejero delegado de Repsol, compañía de la que el año pasado ingresó más de dos millones de euros. Del consejo de la multinacional energética y petroquímica también forma parte Mario Fernández Pelaez, que fue vicelehendakari del Gobierno vasco entre 1982 y 1985. Otro exconsejero vasco que está ahora en el consejo de una gran compañía es Pedro Luis Uriarte, que cobró en 2014 un total de 96.000 euros de Técnicas Reunidas. 

Por su parte, Braulio Medel, viceconsejero de Economía de la Junta de Andalucía entre 1986 y 1991 y actual presidente de Unicaja, forma parte de los consejos de Acerinox e Iberdrola. Entre los dos ingresó 348.000 euros el año pasado. Medel está, además, imputado en el caso de los ERE por su actuación como consejero de la agencia Idea, pagadora del fondo de los expedientes fraudulentos. Otros exaltos cargos de gobiernos regionales que se han pasado a la gran empresa son el navarro José María Aracama (Gamesa), el madrileño Gustavo Villapalos (FCC) y la canaria Rosa Rodríguez Díaz (Enagás). 

Completan la lista de antiguos responsables públicos con asientos en el Ibex 35 los exparlamentarios María Teresa Costa Campi (diputada del PSOE entre 2000 y 2004 y presidente de la Comisión Nacional de la Energía de 2005 a 2011), ahora en Abertis; los exeurodiputados de CiU Miquel Roca (1977-1995) y Heribert Padrol (2000-2002), ahora en ACS y Endesa, el primero, y Gas Natural, el segundo; y Antonio Hernández Mancha, ex dirigente de Alianza Popular y senador por el PP entre 1986 y 1989, ahora en Enagás. Y también los exeurodiputados del PP Marcelino Oreja Aguirre (1989-1993) y Marcelino Oreja Arburua (2002-2004), padre e hijo, que están en FCC y Enagás, respectivamente. 

En los consejos de las principales empresas cotizadas se sientan también otras personalidades que desempeñaron responsabilidades públicas en los primeros años de democracia. Es el caso, por ejemplo, del presidente de ACS, Florentino Pérez, que ocupó varios cargos con UCD entre 1979 y 1982 y que el año pasado se embolsó 4,6 millones de euros de la empresa que dirige. Y también de José Lladó y Juan Miguel Antoñanzas, ambos en Técnicas Reunidas; de José R. Álvarez Rendueles, en Mediaset, y de José Pedro Pérez Llorca, en IAG. Los citados Juan Miguel Villar Mir (OHL y Banco Santander) y Juan María Nin ( hasta 2014 en CaixaBank, Gas Natural y Repsol) también entrarían en este grupo. 

04. Y otros puestos... 

Además, hay otras 14 personas que, tras ejercer algún tipo de servicio público, pasaron a ser contratadas por empresas del Ibex 35 o por sus filiales, aunque no están en sus consejos de administración. En estos casos, las compañías no tienen la obligación de facilitar al supervisor bursátil información sobre sus remuneraciones. Sus sueldos, por tanto, permanecen ocultos. En este grupo, al menos hasta 2014, estaba el expresidente del Gobierno José María Aznar, que ejerce como "asesor externo" para Endesa. El Confidencial publicó en enero de 2014 que la relación mercantil entre Endesa y Aznar había finalizado. Este periódico preguntó a la compañía si se mantenía o no ese contrato, pero no obtuvo respuesta. 

Por su parte, la exvicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía del PSOE, Elena Salgado, fue miembro del consejo de administración de Chilectra –filial chilena de Endesa– y actualmente lo es del consejo asesor internacional de Abertis. Por su parte, el también socialista Joan Majó, exministro de Industria y Energía con Felipe González, es miembro del consejo asesor de Endesa en Cataluña. Y David Madí, que fue secretario de comunicación de CIU en el Congreso, es el actual presidente del consejo asesor de esta misma compañía, cuyo presidente de honor es otro expolítico: el exministro de UCD Rodolfo Martín Villa. 

Por otro lado, José Terceiro Lomba, exsecretario de la presidencia del Gobierno con Felipe González, es consejero ejecutivo de Abengoa Solar. Dentro del consejo de Abengoa Bioenergy se encuentran el exdiputado socialista Luis Solana y el también exdiputado y antiguo embajador de EEUU Javier Rupérez. Además, desde septiembre de 2015, José Domínguez Abascal, que fue secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2008, es presidente no ejecutivo de esta compañía. 

También desde este 2015 tiene un puesto relevante en el Banco Sabadell David Vegara, que fue vocal asesor en el departamento de Economía del Gabinete de Presidencia entre 1993 y 1995. Por su parte, Pío Cabanillas Alonso, que fue ministro portavoz del Gobierno con Aznar, es ahora director general de Imagen Corporativa y Marketing Global de Acciona. En Iberdrola está también Juan María Atutxa, que fue consejero de Interior con el PNV; y Manuel Marín, presidente del Congreso entre 2008 y 2004. Por último, la que fuera jefa de gabinete de la secretaría de Estado de Energía entre 2002 y 2005, Ana Cuevas Tello, es actualmente directora de Asuntos Corporativos de REE. 

Las compañías del Ibex 35 aumentaron un 37,8% sus beneficios en 2014. Ganaron 31.252,47 millones de euros, dejando atrás la crisis que les condujo a perder 7.400 millones en 2012. Pero esa bonanza no ha repercutido ni en sus trabajadores ni en la Hacienda públicatrabajadores: la mitad de ellas no pagaron ni un euro por el impuesto de sociedades. Quienes sí han notado el cambio de tendencia, y de forma generosa, han sido consejeros y ejecutivos, por un lado, y los accionistas, por otro.

El gasto medio en personal de las 35 principales empresas españolas se recortó en 2014 un 1,4% respecto al año anterior. Por el contrario, la remuneración media de sus primeros ejecutivos se ha disparado un 80%; la de los miembros del consejo de administración, un 43,6%, y la de sus directivos, un 14,3%. Así, de media, un presidente de una gran compañía del Ibex 35 cobra 158 veces el sueldo de uno de sus empleados. Un consejero ingresa 24 veces lo que un trabajador. Y los directivos multiplican por 28 la nómina de sus subordinados. La cuenta se ha hecho suponiendo un gasto por trabajador de 46.312 euros al año. Eso sí, sin olvidar que es una media. Porque en el Ibex las diferencia son cuantiosas: el mayor gasto medio por empleado es el de Bolsas y Mercados Españoles (BME), 92.406 euros anuales. Y los menores, los de Jazztel, sólo 14.560 euros, y los supermercados DIA, 15.269 euros. En Inditex, el gasto medio en personal  –que incluye cotizaciones sociales– alcanza los 21.395 euros al año. Las cifras las ha elaborado CCOO a partir de la información que publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, el informe del sindicato ha calculado la brecha salarial entre las retribuciones de los ejecutivos y consejeros del Ibex 35 y los salarios de sus plantillas. Da igual si se pone el foco sobre presidentes, consejeros o directivos. La mayor distancia entre cúpula y base se produce en Jazztel y Telefónica. También es en estas dos empresas donde más ha se ha ensanchado la diferencia el último año.

El aumento de beneficios tampoco ha repercutido en las arcas públicas. De hecho, la recaudación por el impuesto de sociedades no ha dejado de caer desde que comenzó la crisis. Pese al regreso a los números negros. Lo que las compañías del Ibex 35 pagan a Hacienda por sus ganancias se ha reducido en casi 12 puntos desde 2007, el año de mayor auge económico. Por el contrario, la recaudación por el IRPF que abonaron las empresas en los últimos siete años ha crecido cuatro puntos y un poco más, 4,58 puntos, los ingresos por el IVA. En 2014 las empresas españolas abonaron al fisco un 8,9% menos por el impuesto de sociedades que el año anterior. Por el IVA, sin embargo, pagaron un 9,2% más.

Telefónica y Gas Natural: beneficios y bases negativas

El año pasado, sólo cinco empresas del selectivo bursátil cerraron con números rojos: OHL, FCC. Indra, DIA y Sacyr registraron pérdidas antes de impuestos. Pero fueron un total de 17, el 50% del Ibex 35, las que no tributaron por el impuesto de sociedades, que grava los beneficios. “Bases imponibles negativas, regularización fiscal interanual, créditos fiscales con las administraciones tributarias de los países en los que actúan […] son algunas de las manifestaciones que muestran la gran capacidad de actuación estratégica de estas empresas para diferir, programar o, simplemente, eludir sus obligaciones fiscales”, concluye el informe de CCOO. Esas 17 empresas generaron bases imponibles negativas, aunque sólo tres de ellas –Sacyr, Indra y DIA–  registraron pérdidas. Las otras 18 generaron bases imponibles positivas, pero disfrutaron de deducciones y desgravaciones de las que las compañías no informan y que redujeron su factura a Hacienda en una cuantía imposible de conocer. Ninguna de ellas, lamenta el informe del sindicato, publica cuál es su “tributación real a la Hacienda pública de España”.

Por ejemplo, Telefónica ganó en 2014 un total de 1.989 millones de euros. Pero en sus cuentas individuales –sólo las de la matriz o sociedad dominante– se apuntó a su favor unas diferencias permanentes  –créditos fiscales, por ejemplo– de 5.472 millones, así como diferencias temporarias en su contra de 1.651 millones. Así que su base imponible resultó negativa en 1.832 millones de euros y, finalmente, se apuntó en su contabilidad un ingreso a su favor de 615 millones por el impuesto de sociedades. El ingreso fiscal de Gas Natural fue superior: 876 millones, de los cuales 794 corresponden a la revaluación de activos y pasivos diferidos de otros años, explica CCOO.

Si se consideran las cuentas consolidadas de las empresas  –que incluyen las filiales en las que posean más del 75% del capital–, fue Caixabank la empresa que menos tributó por el impuesto de sociedades en 2014. Con unos beneficios antes de impuestos de 202,17 millones de euros, se apuntó unos ingresos fiscales a su favor de 619,92 millones; es decir, tributó a un tipo efectivo del -206,6%.

Reparto de dividendo pese a las pérdidas

Para hacerse una idea de la magnitud de estas cifras basta con compararlas con los dividendos pagados por las mismas compañías. En 2014 las empresas cotizadas repartieron 40.923 millones de euros entre sus accionistas, lo que supone un aumento del 85% respecto al año anterior. Es decir, por cada euro que las grandes compañías han pagado a sus accionistas han abonado sólo 44 céntimos a la Hacienda Pública en concepto de impuestos de sociedades.

Ni en 2014 ni en 2013 han retribuido a sus accionistas FCC, IAG, Jazztel y Sacyr. Acciona, Bankia, Gamesa y Mediaset no repartieron dividendo en 2013 pero sí en 2014, mientras que Indra no lo hizo en 2014. OHL retribuyó a sus accionistas con 64,9 millones de euros, pese a terminar el ejercicio con unas pérdidas de 213,7 millones. DIA repartió 115,1 millones, aunque cerró el ejercicio con unos números rojos de 391 millones de euros.