La Unesco ha declarado al barrio granadino del Albaicín, junto con la Alhambra, Patrimonio de la Humanidad. Sus laberínticas calles y sus miradores son un reclamo dentro del esqueleto de la ciudad que ningún turista quiere perderse, lo que se ha convertido, de otro lado, en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos. Es más el pasado abril se creó la plataforma ciudadana Albayzín Habitable para luchar “contra el crecimiento ilimitado y corrosivo de la industria turística”. Una de sus miembros, Olalla Luque, aporta a infoLibre un significativo dato: “Hay 7.000 personas censadas, empadronas en el barrio, y las plazas turísticas, contando las hoteleras y las de apartamentos y pisos turísticos, son más de 7.000”, lamenta.

“Tenemos una compañera que vive en una calle donde hay 55 viviendas y sólo 11 son de vecinos, todas las demás son apartamentos turísticos, legales e ilegales, y hostales u hoteles. Cada vez hay menos vecinos y tiendas”, ejemplifica, para añadir: “En otra de las calles más importantes de la zona, había dos locales, uno era un bar y el otro una tienda, y los han convertido en apartamentos turísticos también”. Asegura que han realizado el trabajo de  “comprobar las casas que aparecen como turísticas en páginas de la Junta de Andalucía, con la realidad, y son muy diferentes”, critica. Han armado, de hecho, “un grupo de mapeos de apartamentos turísticos” con el que buscan lograr un dibujo “de las que son legales y las que no”, conscientes de que no es una tarea fácil. “En páginas webs como la de Mil anuncios se pueden alquilar apartamentos que ni siquiera se dan de alta como turísticos, aunque lo son, porque se ven los casilleros de las llaves puestos en las ventanas”, añade.

 “En otras ciudades como Barcelona o Valencia”, asevera Luque, “sí que hay algunos mapas sobre esto, pero en Granada no”, por lo que lo están “haciendo de forma manual”. Además, han presentado alegaciones “al borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)” de la ciudad para intentar ponerle coto a ese fenómeno, como antes elaboraron propuestas ligadas a “una consulta que se hizo sobre el futuro de la vivienda turística en Granada”. Y han solicitado un encuentro con la alcaldesa, la popular Marifrán Carazo, que esperan desde mayo.

De momento no ha habido respuesta a su petición de reunión, pero ya tienen clara sus demandas que pasan por cuestiones como que “se refuercen los equipos de inspección municipal, se revoquen licencias en zonas saturadas y donde el porcentaje de vivienda turística supere el 10% del total, se prohíba la transformación de bajos comerciales en pisos del alquiler temporal, o se reduzca a 15 personas como máximo el tamaño de los grupos de turistas, que bloquean el transporte público”. “Quién va a mantener el barrio patrimonio de la Humanidad si no hay vecinos”, se pregunta Luque, quien cierra apuntando que “en otros países” del entorno europeo “ya se han puesto medidas” contra la presión turística. Y esta no decrece en el conjunto del Estado.

El país recibió 64,3 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de este año, lo que es un 11,2% más que en el mismo periodo de 2023 y un nuevo récord. Histórico es, asimismo, el gasto que realizaron los turistas durante su estancia, que sumó 86.471 millones de euros y creció un 17,6%, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Únicamente en agosto viajaron a España 10,9 millones de personas, un 7,3% más que un año antes, que desembolsaron cantidades por valor de 15.363 millones de euros, un 13% más.

En ese contexto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación centrada en la publicidad de pisos turísticos ilegales, en el marco de sus competencias. “No podemos consentir que miles de viviendas que no disponen de licencia para esa actividad, sigan ejerciendo como tal”, ha defendido su máximo responsable, Pablo Bustinduy. A través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propusieron a las ciudades que se adhirieran a la iniciativa. “La premisa es muy clara: si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de ésta es ilegal y deber ser perseguida”, en palabras del ministro, para quien es “una manera de intervenir en una realidad que está afectando muy negativamente a la vida de millones de personas”, al tener “un impacto enorme sobre la oferta disponible de viviendas en alquiler, los precios y sobre el tejido social porque se están vaciando barrios”, según expuso en RTVE.

Si bien, por ahora, de acuerdo a lo trasladado por el ministerio a este periódico, sólo han “recibido información por parte de 36 municipios, correspondientes a diez comunidades autónomas” distintas. Cuando en España, a la luz de datos del INE de nuevo, hay un total de 8.132, es decir, que se han implicado el 0,4% del global, aunque no todos padecen los efectos de la llamada turistificación. Con todo, desde el área del Gobierno que comanda Bustinduy quieren dejar claro que la Dirección General de Consumo continuará adelante con unas “actuaciones tendentes a perseguir la publicidad de pisos turísticos que no cuentan con la habilitación preceptiva”. Al tratarse de acciones que “están abiertas”, han rehusado aportar más detalles sobre el asunto, para remitirse a lo comentado por Bustinduy, quien sí ha afirmado que “en ciudades como Madrid, hasta el 90% de las viviendas que se destina al alquiler turístico de corta duración, no dispone de licencia para ello”.

¿En qué puede acabar el proceso arrancado por el ministerio? El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, cree que con multas. Mantiene que “es necesaria la colaboración entre el ministerio, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que cada uno actúe en el marco de sus competencias” de cara a “sancionar a las empresas que incurren en alquileres ilegales de pisos turísticos”. A su juicio, mientras el departamento ministerial de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, “puede sancionar a las plataformas que hagan publicidad ilícita a nivel nacional”, las autonomías y los municipios “pueden multar en sus respectivos ámbitos” territoriales y competenciales.

“¿Es normal que alguien sin licencia para esa actividad abra un bar, lo publicite y haga negocio, mientras los establecimientos legales a su alrededor intentan hacer las cosas bien y pagan impuestos?”, lanzan otras fuentes de la órbita de Sumar, para responderse: “No". "Pues con los alquileres turísticos debe ser igual. Si quienes especulan con esas viviendas sienten que se les vigila y se les multa, tendrán menos incentivos para hacer lo que hacen”, concluyen. Toca esperar todavía para conocer el resultado de la conjura del Ministerio de Consumo, de la mano de aún pocos municipios, contra los pisos ilegales.

El popular Alberto Núñez Feijóo forzó este jueves la retirada de la ley del suelo presentada por el Gobierno al no garantizar los votos de su formación, decisivos para el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras el 'no' de sus aliados parlamentarios y también de Sumar, la formación minoritaria de la coalición. Esto le permite concluir al líder del PP que "el Gobierno está roto", al igual que la coalición parlamentaria. Desde las filas populares ya advertían, en privado, el miércoles de que no ayudarían a tramitar la norma pese a que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que presiden los conservadores, lleva tiempo reclamando cambios legales en la misma dirección que promovía el texto. Así, priorizaban asestar otro "golpe" a Sánchez después de que el pasado martes los socialistas tampoco consiguieran que saliera adelante la tramitación de la ley contra el proxenetismo.

Lo que buscaba el Ministerio de Vivienda, con Isabel Rodríguez a la cabeza, era modificar la norma actual que data de 2008, con el fin de "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables” puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Para el ministerio, los tres fines principales de la normativa eran: sortear parones de años "del planeamiento territorial y urbanístico de numerosos municipios por defectos menores que son fácilmente subsanables”; animar a que las autonomías “puedan llevar a cabo las reformas normativas necesarias para hacer que los instrumentos de planeamiento urbanístico sean una herramienta ágil y flexible para el desarrollo” de los municipios; y que “los ayuntamientos puedan afrontar los procesos de modificación y actualización de sus instrumentos de planeamiento urbanístico”.

Una norma deseada tanto por los alcaldes, las comunidades autónomas y las patronales del sector, que esperan que tras las elecciones europeas el Gobierno la vuelva a llevar a la Cámara Baja y el principal partido de la oposición la apoye. "Se había trabajado con el PP en su vertiente institucional, contábamos con ese apoyo para sacarla adelante", lamentaba la ministra Rodríguez tras la decisión de retirar la ley. Fuentes de la dirección popular confesaban el miércoles que el principal motivo para votar en contra y no abstención —otra de las posibilidades que se barajaban—, era "evidenciar" la "soledad" del Gobierno: "Que consiga el apoyo de sus socios", resumían estas fuentes.

Esta estrategia contrasta con el propio trabajo del PP, que había preparado enmiendas parciales a la norma. De hecho, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, en una entrevista reciente en Demócrata recalcaba que el texto se apoyaba en los trabajos iniciados por el último Ejecutivo de Mariano Rajoy y abría la puerta a la negociación con el Gobierno pese que, a su juicio, se quedaba "coja". Ni siquiera Feijóo ha entrado en el contenido de la norma ni ha dado motivos por lo que oponerse, simplemente ha constatado que "el Gobierno se ha roto dos veces en 48 horas" y que el "problema" no es de la oposición.

Desde el PP son conscientes de que la FEMP había tendido puentes entre los alcaldes para ir a una en sus reivindicaciones y centrarse en los asuntos que tienen en común los 8.131 municipios en España como sucede en este caso. El argumento de la FEMP, compartido por el Gobierno, es que la actual daba inseguridad jurídica a ayuntamientos y comunidades autónomas porque, si una sentencia amparaba un recurso en contra algún aspecto de un plan general de ordenación urbana, con la regulación actual, decaía todo el plan. Para Sumar, sin embargo, la ley limita de manera "innecesaria" la posibilidad de intervención de la administración pública, mientras que ERC y Junts consideran que invade competencias.

Desde el ala socialista del Ejecutivo señalaban que el PP tenía un motivo de peso para apoyarla por la presión de sus propios ayuntamientos y comunidades, así como de las patronales del sector. Además, también incidían en que los populares deberían haber votado las enmiendas a la totalidad de las formaciones independentistas para tumbar el texto, lo que, a su modo de ver, también les hubiera dejado en una situación complicada. Sin embargo, para el PP era preferible ese escenario a ser el partido que salvara a Sánchez, en una semana en la que desde Génova han elevado el tono contra Sánchez y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por la crisis diplomática con Argentina.

Al margen de la arena política, una organización había sido muy crítica con la pretensión del Gobierno: Ecologistas en Acción. Coincidía con Sumar cuestiones como que se pretende poner freno a las sentencias que declaren nulos de pleno derecho planeamientos urbanísticos por su ilegalidad, así como recortar la acción pública, el derecho de la ciudadanía a recurrir el urbanismo salvaje. Pero hay otro punto que han querido poner de relieve: el “articulado está redactado ad hoc para desbloquear la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte.

Una circunstancia que, al mismo tiempo, beneficiaba a la patronal del sector promotor e inmobiliario como la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) o la Asociación Promotores Inmobiliarios de Madrid, que habían pedido estos días que se comenzara a tramitar la ley para " acabar la judicialización del urbanismo". Según el presidente de APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, si se quiere “hacer frente a la falta de oferta de vivienda” y a “las dificultades de accesibilidad” se necesita “desarrollar y gestionar suelo de manera más eficaz y con mayor seguridad jurídica". Los datos que manejan indican que hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos.

La ofensiva del PP contra una posible ley de amnistía prosigue. Con todos sus cañones. Génova 13 se ha agarrado a este tema como oposición in pectore, con la idea de desgastar a Pedro Sánchez e intentar torpedear la futura investidura. Y, además, ha decidido utilizar las dos instituciones que controla ya a nivel estatal tras el 28M y el 23J: la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Senado.

La FEMP es una institución que se ha caracterizado a lo largo de los últimos años por evitar las luchas partidistas y evitar posicionarse en los temas de confrontación, siempre intentando tender puentes entre los alcaldes para ir a una en sus reivindicaciones y centrarse en los asuntos que tienen en común los 8.131 municipios en España.

Pero este clima se ha roto estrepitosamente desde que asumiera el cargo de presidenta de la FEMP la popular María José García-Pelayo. Los populares lograron hacerse con el control gracias a un pacto con Vox y en apenas unos días se ha quebrado el espíritu de “unidad” que proclamó la alcaldesa de Jerez en la sesión plenaria, según fuentes de la institución.

García-Pelayo ha puesto en el centro de sus declaraciones públicas esa posible ley de amnistía, provocando el malestar de los representantes del PSOE. La idea que tiene la alcaldesa de Jerez es que haya un debate dentro de la propia FEMP sobre esta hipotética medida de gracia que negocian los socialistas con sus socios para la investidura.

La dirigente popular ha sido muy dura estos días en los medios contra el presidente del Gobierno en funciones: “A cambio de tener un sillón en Moncloa va a entregar la amnistía a personas que se saltaron la ley”. Lo hace en la línea abierta por el PP-A, que quiere elevar el tono con este asunto. El esquema se reproduce a través de debates en el Parlamento regional. Juanma Moreno no dudó en ir a Barcelona para estar junto a Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso en la marcha convocada por Societat Civil Catalana el pasado domingo.

García-Pelayo, según ha manifestado, quiere que desde la FEMP se denuncie el “mensaje de discriminación” entre administraciones que supondría esa amnistía. Su argumento es que esto responde a las “preocupaciones” de los ayuntamientos, que están acogiendo debates (impulsados por el PP) sobre esta posible ley. Y también enarbola la bandera de que un pacto entre el PSOE y los independentistas puede llevar a una “financiación a la carta de Cataluña”.

El malestar es máximo en las filas socialistas por los derroteros de la FEMP en estos momentos. Para el PSOE, "en tres semanas de mandato, García-Pelayo está echando por la borda la esencia histórica y los valores de acuerdo y de diálogo que siempre ha tenido la Federación Española de Municipios y Provincias”.

Los socialistas, según fuentes del partido, ven claro que se trata de una operación orquestada desde Génova 13 para utilizar esta institución, dominada por una persona de confianza de Juanma Moreno, al servicio de Alberto Núñez Feijóo. El PSOE lamenta la actitud de la alcaldesa de Jerez con el “objetivo de enmarañar el debate público y beneficiar la campaña de confrontación de su partido”.

Desde el PSOE, a través de la vicepresidenta primera y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se está intentado reconducir la situación y se le ha ofrecido al PP sentarse para acordar una hoja de ruta “consensuada”, pero el Partido Popular no está por la labor en estos momentos.

Y en ese intento del PP de monopolizar, a través de las instituciones que controla, la actualidad política con la amnistía se dará un paso más este jueves en el Senado, donde se ha convocado la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Los populares han forzado esta cita gracias a su mayoría absoluta en la Mesa y su idea es que los presidentes autonómicos se pronuncien ese día sobre una posible ley de amnistía.

Los socialistas están decididos a no hacerle el juego al PP. Los tres presidentes autonómicos del PSOE -Adrián Barbón (Asturias), María Chivite (Navarra) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha)- han planeado no acudir a la Cámara Alta (no es obligatoria su presencia) para rebaja el debate. Los populares querían poner especialmente el punto de mira en Page, pero él no se trasladará a Madrid porque hay pleno en las Cortes autonómicas, según subrayan fuentes cercanas al socialista.

Por lo tanto, el jueves se convertirá de facto en un acto de los populares porque sólo acudirán los presidentes autonómicos azules (Iñigo Urkullu y Pere Aragonès tampoco tienen previsto asistir). El Gobierno central tiene también la posibilidad de enviar a un representante, pero hasta el momento no ha desvelado si puede aparecer algún ministro (normalmente suele ser la persona encargada de Política Territorial, que ahora está en manos de Isabel Rodríguez). 

Ya el PP forzó la semana pasada una votación sobre una moción para censurar una posible amnistía, que salió adelante gracias a la mayoría absoluta popular pero que no logró quebrar la unidad del PSOE. Los socialistas en la Cámara Alta han criticado tanto ese movimiento como la celebración de la Comisión General: "Conocimos que se convocaba la Mesa por el señor Feijóo, y así ha sido. El señor Feijóo actúa como presidente 'de facto' del Senado, está convirtiendo la Cámara Alta en un despacho anexo de Génova", denunció la portavoz, Eva Granados.

Los de Pedro Sánchez llevan días lanzando ese mensaje: "El Senado debe servir para reforzar la cooperación, para unir a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. El Senado no puede utilizarse para fines espurios buscando conflicto y división, como está intentado el PP. Y ya les digo que no lo va a conseguir". En la dirección del partido denuncian que el PP está utilizando a las instituciones cuando se ha dedicado "injustamente" a criticar que Sánchez ha hecho esto durante cuatro años.

Los presidentes autonómicos se han convertido en la principal columna del PP para hacer oposición a lo largo y ancho de España después de la inmensa conquista institucional tras el 28M. No sólo a través de declaraciones y votaciones en sus parlamentos, sino que también tienen intención de abrir la vía judicial (como hará también la propia Génova 13). El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López-Miras, ha sido el primero en anunciar que irá al Tribunal Constitucional contra la posible ley de amnistía “al minuto siguiente de ser aprobada”.

Los populares asimismo llevan semanas haciendo votar mociones en ayuntamientos, en diputaciones y en cabildos contra la amnistía con la intención de poner contra las cuerdas y dividir a los socialistas. Pero los cargos del PSOE se han mostrado como un bloque férreo y no se han unido a los populares. De hecho, muchos confiesan que este tipo de acciones de los populares les unen mucho más.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha anunciado que las entidades locales también reclamarán este mismo jueves al Ministerio de Hacienda la devolución de un total de 753 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017. Así lo ha comunicado Caballero después de que el Tribunal Supremo fallara a favor de la Junta de Castilla y León y obligara al Estado a devolver la liquidación de este impuesto de 2017 a la Comunidad castellanoleonesa.

Según ha explicado el también alcalde de Vigo, el impago de esta cantidad se generó por el cambio al sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, que impidió la liquidación a los Gobiernos locales del IVA de diciembre de 2017, haciendo que en ese año se liquidasen tan solo 11 mensualidades. Esta decisión llega después de que el miércoles las comunidades asegurasen que confiaban en recuperar hasta 4.150 millones de euros. 

El cobro de esta cantidad viene siendo reclamado por la organización de entidades locales desde 2018 y, en este mismo sentido, el pasado mes de noviembre la Federación planteó una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. 

En esta enmienda se exponía que el "desfase financiero" que supuso una merma de recursos locales de 753,4 millones de euros "comprende la suma de lo que se tuvo que devolver por liquidación negativa (489,5 millones de euros) más lo que se debería haber ingresado por liquidación positiva (263,9 millones de euros)".

Alcaldes del PP ha expresado su esperanza en que el Ministerio de Hacienda acabe presentando un nuevo decreto municipal después de que, como se prevé, el Congreso acabe tumbando este jueves el acuerdo cerrado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y no se tome la "revancha" con los ayuntamientos, según informa Europa Press.

En declaraciones a las puertas de la Cámara Baja, los regidores conservadores, entre los que se encontraba el de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, confían en que se haga "justicia" y este el último "regateo" que ha hecho Hacienda para sacar adelante su decreto no triunfe. El Gobierno ya asume que así será.

"El regateo de Hacienda lo único que visualiza es la preocupación que tienen por mantener el sillón, no por solucionar los problemas reales de los vecinos", ha verbalizado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien ha exhortado a que a partir de mañana, y después de un "espectáculo lamentable", se empiece a hablar de lo que realmente necesitan los ayuntamientos.

"Si no ve la luz (el decreto), seguiremos necesitando diálogo con Hacienda", ha insistido el primer edil zaragozano, para quien sería un "error" que, tras perder, el Gobierno pretenda tomarse la "revancha" y "castigar" a los ayuntamientos no presentando otro texto.

"Si la ministra se toma la revancha pensando que no es necesario un nuevo decreto se estará equivocando con todos los españoles porque no estará castigando a los alcaldes sino a los vecinos y a quien peor lo está pasando", ha puntualizado.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves convalidar el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la cesión de los remanentes de los ayuntamientos, que ha quedado derogado.

En concreto, el texto ha sido tumbado por 193 votos en contra, frente a 156 síes, los que suman los dos partidos que integran el Gobierno, y el del diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte, quien votó telemáticamente a última hora del miércoles pensando que el texto saldría adelante al aceptar la mayoría de grupos la propuesta que les hicieron llegar desde Hacienda durante la tarde.

El Ministerio que dirige María Jesús Montero alcanzó apenas horas antes de la votación un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos que ha permitido el apoyo de los morados y sus confluencias.

Acuerdo 'in extremis' con Unidas Podemos

Ese acuerdo consistía en la creación de un fondo de 3.000 millones de euros para la recuperación económica y social, unos fondos no condicionados que se distribuirían entre todos los ayuntamientos en función de la población.

Sin embargo, las formaciones que componen el Gobierno no han logrado sumar a ningún otro grupo. Se trata de la primera vez que el Ejecutivo de coalición pierde la votación sobre la convalidación de un decreto ley.

De hecho, el único voto positivo ajeno a los partidos gubernamentales ha sido el de Guitarte, quien votó convencido de que había un acuerdo que finalmente no fraguó. Optó por el sí al comunicársele que había un pacto para liberar el 60% del fondo prometido y distribuir ese dinero entre los municipios sin condiciones, tuviera o no superávit, y evitando la controvertida cesión.

Según han informado a Europa Press fuentes próximas al diputado, de haber estado este jueves en el hemiciclo tras comprobar que ese pacto no había llegado a buen puerto, Guitarte hubiera optado por la abstención.

El Gobierno no planea un nuevo decreto

Desde Unidas Podemos el diputado de En Comú Gerardo Pisarello ha emplazado al Gobierno a seguir negociando sobre la base del acuerdo alcanzado con su formación y también el resto de grupos ha urgido a Hacienda ha presentar un nuevo decreto ley para solucionar la situación de los ayuntamientos.

Sin embargo, la ministra de Hacienda, tras negar que la derogación suponga "un desgaste" para el Gobierno, ha dejado claro que es la oposición la que tiene ahora la "responsabilidad" de presentar una alternativa al decreto decaído, dando a entender que el Ejecutivo no tiene en sus planes presentar un nuevo texto.

En España hay 8.131 ayuntamientos según el Instituto Nacional de Estadística (INE)Instituto Nacional de Estadística (INE). El Partido Popular gobierna en 2.860 de ellos tal y como se están encargando de recordar los conservadores en los últimos días, cuando se han puesto a la cabecera de las protestas de los consistorios contra el acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda para que los consistorios puedan acceder a 5.000 millones de euros  para relanzar la economía tras el covid-19 si entregan sus remanentes –unos 15.000 millones–. La iniciativa recibió luz verde el martes pasado, en el último Consejo de Ministros previo al parón estival. Lo hizo en forma de real decreto ley, por lo que tendrá que recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados en un mes. De momento, los apoyos están el aire. Y la forma en la que salió aprobado de la junta de la FEMP, teniendo que recurrirse al voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero, lleva a pensar que no será más fácil en la Cámara Baja. 

"Nos vamos a oponer y llamamos al resto de partidos políticos para hacerlo con nosotros", destacó este lunes desde Almuñecar (Granada) el vicesecretario Territorial del PP, Antonio González Terol. El principal partido de la oposición busca capitalizar el malestar de los consistorios ante lo que creen un "chantaje" del Gobierno central. Los alcaldes del PP, defendió, no ingresarán a las arcas de la Administración General del Estado "los ahorros de sus vecinos para financiar la hoja de ruta socialista del Ejecutivo de coalición", lo que dejaría a estos ayuntamientos sin opción a optar a estos fondos si el real decreto pasa el trámite parlamentario. Horas después de este acto, a las 20.00 horas, este dirigente ser reunía por videoconferencia con alcaldes y portavoces del PP en ciudades más de 50.000 habitantes para trasladarles que el partido votará en contra de la medida y que, en todo caso, los consistorios con remanentes gobernados por regidores del PP no se acogerán a ella.

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por infoLibre subrayan que "nadie" ha trasladado una propuesta alternativa a la aprobada por el Consejo de Ministros de la semana pasada. Tanto en el departamento que dirige María Jesús Montero como en la FEMP destacan que estos días se está negociando con la Dirección General del Tesoro para perfilar las condiciones del préstamo.

La estrategia del PP se completa con mociones en todos los ayuntamientos contra lo que consideran una "incautación" de 15.000 millones de euros, un "hurto", peticiones de reprobación de Abel Caballero, de la comparecencia de la ministra Montero y la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

De forma paralela, Jorge Azcón (PP), alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en el Federación de Municipios y Provincias, anunció que había remitido una carta a la ministra de Hacienda para solicitar una reunión en la que solicita una reunión para renegociar el real decreto que deja fuera a aquellos ayuntamientos "que no disponen de remante de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado". El PP cifra en 3.000 los consistorios que están en esta situación.

Azcón pide ese encuentro, explican las fuentes consultadas, en representación de los diez alcaldes de ocho formaciones diferentes que el viernes firmaron una declaración en la que rechazan el acuerdo entre Hacienda y FEMP que sólo contó con el voto a favor del PSOE. IU-Podemos se abstuvo. Esos ocho alcaldes son los de Zaragoza –el propio Azcón–, Madrid y Murcia, los tres del PP; Cádiz (Adelante Cádiz), Granada (Ciudadanos), Lleida (ERC), Pontevedra (BNG), Reus (PdeCat), Santa Cruz de Tenerife (CC) y Valencia (Compromís).

Estos alcaldes consideran, según Azcón, que el hecho de que se excluya a los ayuntamientos sin remanentes es injusto e insolidario y acaba perjudicando a "cientos de miles de habitantes" de muchos municipios creando una "incaceptable situación de agravio entre unos y otros municipios".

En las filas socialistas están convencidos de que habrá cierre de filas y que ninguno de sus regidores se sumará a este grupo de alcaldes críticos.

En el equipo de la ministra Montero aseguraron a este diario que este lunes no había recibido la carta todavía.

Se complican los apoyos en el Congreso

Será en el mes de septiembre cuando el Congreso acoja la votación de este real decreto ley que, a día de hoy, tiene complicado seguir adelante porque represententes de PP, Vox, Cs, ERC, Junts, CC, Compromís, PdeCat, BNG, EH Bildu y la CUP ya se han mostrado en contra. Dado que todavía hay negociaciones entre el Tesoro y la FEMP para perfilar las condiciones del préstamo que los consistorios harían a la Administración General del Estado, los opositores a esta iniciativa creen que todavía hay tiempo para cambiar las cuestiones que consideran más lesivas. Pero en Hacienda destacan que el acuerdo con la Femp está cerrado y aprobado.

 En todo caso, el Gobierno siempre tiene en su mano la baza de que el real decreto ley se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría la inclusión de enmiendas. Por esta vía, podría negociar el apoyo de algunos de los grupos, sobre todo de los que le han permitido ir sacando adelante iniciativas en los últimos meses.

Este mismo lunes, desde EH Bildu y la CUP se criticaron los términos del real decreto argumentando que supone un ataque frontal a la autonomía municipal.

Los ejes del documento aprobado

El acuerdo prevé un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros de forma proporcional para los gobiernos locales que, con carácter voluntario, hayan puesto sus remanentes de tesorería a disposición de la Administración General del Estado. Los remanentes se devolverán en su integridad en un plazo de diez años, insisten desde la FEMP.

"Prevé igualmente mecanismos de apoyo a municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, exención de la regla de gasto en 2020, uso del superávit de 2019 para financiar gastos de 2020, prórroga de la exención de la regla de gasto y de la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, entregas a cuenta de 2019 y liquidación de 2018", añaden las mismas fuentes. En la carta remitida por Azcón se pide que la regla de gasto y los conceptos de déficit y estabilidad se eliminen, al menos, "durante el año 2021".

Los remanentes en forma de transferencias con carácter finalista sólo podrán ir destinados a tres áreas: "Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad y Cultura", según constaba ya en el primero de los documentos intercambiados entre Hacienda y la FEMP. Entre los usos posibles está el refuerzo de los centros de día, el aumento de la vivienda de alquiler a precios asequibles, la rehabilitación de inmuebles, la peatonalización de calles o de carriles bici, la lucha contra la violencia de género o la promoción cultural. Unas finalidades que, para el PP, tratan de imponer la agenda ideológica de la izquierda y dan la espalda al mundo rural. La adhesión a este fondo es de carácter voluntario.

Adicionalmente, la iniciativa contiene un fondo de 275 millones para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal producido durante el periodo del estado de alarma, así como el que se produzca hasta final de 2020 por reducción de los ingresos por tarifa y costes extraordinarios ocurridos por el covid-19. Este fondo podrá ampliarse a 400 millones siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dio luz verde este lunes a la propuesta del Ministerio de Hacienda que permite que los consistorios gasten su superávit. La iniciativa ha sido votada en una Junta de Gobierno extraordinaria convocada a las 9.00. Y el anuncio fue hecho un par de horas después en rueda de prensa telemática por el presidente de la organización municipalista, el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE).

El fondo está dotado de 5.000 millones de euros "que no serán devueltos", destacó el dirigente socialista.

La iniciativa, que será aprobada por el Consejo de Ministros de este martes, contó con los votos a favor del Partido Socialista (12). Los representantes de Partido Popular (10), Ciudadanos (1) y PdeCat (1) votaron a favor. IU-Unidas Podemos se abstuvo. Este empate se resolvió con el voto de calidad de Caballero.

En reglamento interno de la FEMP en su artículo 29 señala que en votaciones con resultado de empate decide el voto de calidad del presidente.

Los detalles

El acuerdo prevé un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros de forma proporcional para los gobiernos locales que, con carácter voluntario, hayan puesto sus remanentes de tesorería a disposición de la Administración General del Estado. Los remanentes se devolverán en su integridad en un plazo de diez años.

"Prevé igualmente mecanismos de apoyo a municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, exención de la regla de gasto en 2020, uso del superávit de 2019 para financiar gastos de 2020, prórroga de la exención de la regla de gasto y de la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, entregas a cuenta de 2019 y liquidación de 2018", informan desde la FEMP.

Los remanentes en forma de transferencias con carácter finalista sólo podrán ir destinados a tres áreas: "Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad y Cultura", según constaba ya en el primero de los documentos intercambiados entre Hacienda y la FEMP. Entre los usos posibles está el refuerzo de los centros de día, el aumento de la vivienda de alquiler a precios asequibles, la rehabilitación de inmuebles, la peatonalización de calles o de carriles bici, la lucha contra la violencia de género o la promoción cultural.

Caballero defendió el texto del acuerdo como algo "horizontal" que beneficia a ayuntamientos de todo signo político. Y destacó que la FEMP había estado negociando con el Ministerio de Hacienda hasta la mediodía del domingo.

"Favorece a la inmensa mayoría de los ayuntamientos", dijo. "Ni un solo ayuntamiento sale perjudicado. Todos salen beneficiados", destacó al tiempo que lamentó que desde 2012 no hubiese llegado "ni un céntimo" desde el Gobierno de España a los consistorios.

Adicionalmente, la iniciativa contiene un fondo de 275 millones para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal producido durante el periodo del estado de alarma, así como el que se produzca hasta final de 2020 por reducción de los ingresos por tarifa y costes extraordinarios ocurridos por el covid-19. Este fondo podrá ampliarse a 400 millones siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial.

Además, se estudiará la forma en la que los consistorios puedan participar como beneficiarios de los fondos recibidos por la UE.

Un "ataque histórico" para el PP

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, anunció que su formación solicitará la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. Y es que según argumentó, lo pactado es un "ataque histórico" a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares.

Montesinos acusó al PSOE de "dinamitar el consenso municipalista" en la FEMP, incidiendo en que se trata de un "ataque histórico", de ahí que vayan a solicitar la comparecencia urgente de Montero. Montesinos trasladó a todos los ayuntamientos que "van a tener en el PP a un aliado": "No les vamos a dejar solos, vamos a dar la batalla con ellos en defensa de sus ahorros y vamos a llegar hasta el final. Esto no va de intereses partidistas sino del interés general".

Así, emplazó a los ayuntamientos, también a los socialistas, a situarse del lado del PP: "Esto no va de colores políticos sino de defender el interés de todos los ciudadanos. Esta batalla tiene que ser conjunta y debemos parar los pies al Gobierno de España y por eso solicitamos esa comparecencia urgente".

La parálisis económica provocada por la pandemia destruyó 800.000 puestos de trabajo en marzo y abril, según revela el descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social. Un 4,1% del empleo, por tanto, desapareció en dos meses de confinamiento y cierre de empresas. De ellos, 158.000 corresponden a la Comunidad de Madrid, zona cero del coronavirus. Aunque el daño se ha repartido de forma desigual entre sus municipios, en muchos la pandemia ha causado auténticos destrozos. De hecho, en el 70% la pérdida de empleo ha superado esa media nacional del 4,1%. Un 20% de los municipios más que la duplican. En Fuenlabrada la destrucción de puestos de trabajo alcanza el 7,8%; en Arroyomolinos, el 8,3%; en Parla, el 6,5% y en San Sebastián de los Reyes, el 6,1%. Todas las grandes ciudades que rodean la capital han sufrido más que ella –4,7%–, desde Alcalá de Henares hasta Pinto, pasando por Torrejón de Ardoz o Móstoles y Getafe, que han superado el 5%.

Un poco más lejos, la pandemia se ha llevado por delante el 9,4% del empleo en Brunete y el 8% en Chinchón o el 9,8% en Soto Real. Y en otros municipios más pequeños, y más dependientes del turismo, la pérdida de puestos de trabajos se mide con doble dígito: nada menos que un 17,1% en Patones o un 12,5% en Rascafría. El récord, no obstante, se lo lleva Valverde de Alcalá, un pueblo de sólo 430 habitantes en el este de la Comunidad que ha perdido a 16 de sus 57 ocupados, un 28%.

La foto que dejan las cifras del paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tampoco es mucho más favorecedora: casi la mitad de los municipios –un 40,5%– sufrió un aumento del desempleo superior al 15% en dos meses. En 23 de ellos, el número de parados se disparó por encima del 20%, de nuevo por encima de la media nacional de destrucción de empleo, que alcanzó el 18%. La diferencia entre las cifras de caída de la ocupación y paro registrado se explica porque no todos los que pierden su trabajo se inscriben en las oficinas de los servicios de empleo, y otros tampoco siguen buscando, pasan a ser inactivos, o se jubilan.

En Móstoles el paro registrado creció un 13% en abril, cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional. “Tenemos todos los elementos para que el bofetón haya sido importante”, resume Gabriel Ortega Sanz, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento mostoleño. La ciudad, de casi 210.000 habitantes, es una de las grandes del cinturón sur de la Comunidad y sufre con ellas el mismo “desequilibrio territorial estructural”, asegura Ortega Sanz. También ha padecido el desmontaje de la industria común a toda la zona: están rodeadas de polígonos industriales nacidos en los 80 y dedicados al almacenaje y la distribución, mientras que las actividades de mayor valor añadido, describe el edil, se van a la capital. El 70% de sus empresas son pequeños comercios, y microempresas. Hostelería y ladrillo, resume. La renta disponible por habitante es de 20.147 euros –en la capital se eleva hasta 30.096, según datos del INE–, como resultado de todo lo anterior y de otras especificidades laborales. “El 40% de las trabajadoras domésticas de la capital y del noroeste de la Comunidad residen en Móstoles, Leganés y Fuenlabrada”, cita el concejal un informe de CCOO. Los servicios sociales del Ayuntamiento atienden a unos 25.000 usuarios después de que la pandemia haya disparado un 138% la presión asistencial sobre ellos.

En Collado Villalba, situado en la otra punta de la Comunidad, en la sierra noroeste, el paro se disparó aún más en marzo y abril, un 18,76%. Con 63.680 habitantes, en el municipio abundan las segundas residencias de propietarios procedentes de la capital y la dependencia económica de la hostelería es aún mayor. Porque también en Collado Villalba los polígonos industriales están copados por empresas mayoristas de la construcción y la alimentación. La única industria del municipio, Material Auxiliar de Electrificaciones (MADE), luego rebautizada como Forjenor y que provee de piezas metálicas a factorías automovilísticas, llegó a tener más de 2.000 trabajadores en los años 80, de los que ahora sólo quedan 176, cuenta el concejal Gonzalo Díaz. Comprada por el grupo alemán Hay en 2014, éste pasó cuatro años después a manos de un conglomerado japonés, Musashi. La factoría está parada como consecuencia de un ERTE y el miedo al cierre es tan real como el que ha terminado con Nissan en Barcelona.

En el núcleo urbano de Collado el ánimo tampoco es festivo. Antes de la pandemia ya habían bajado la persiana en el centro del pueblo unos 16 comercios, explica Díaz, tras el proyecto municipal de trasladar el mercadillo del pueblo al polígono industrial. A su alrededor crecían un buen número de tiendas que ahora, con la desescalada, puede que tengan un motivo más para no volver a abrir, advierte el edil.

En Arganda del Rey, situada en el sureste de la Comunidad, el paisaje se repite: tiene el segundo polígono industrial de mayor extensión tras el de Cobo Calleja –famoso por ser el punto de distribución mayorista de los comercios regentados por ciudadanos chinos en Madrid– pero, al igual que en Móstoles y Collado Villalba, está ocupado principalmente por pequeñas y medianas empresas de la construcción y los servicios. “Como la mayoría no son sector esencial, han tenido que cerrar, así que el municipio ha resultado muy afectado”, lamenta su alcalde, Guillermo Hita (PSOE), quien también preside la Federación de Municipios de Madrid. Con 55.390 habitantes, Arganda tiene una tasa de 221,31 extranjeros por cada 1.000 habitantes, la más alta de estos tres municipios y casi el doble que Móstoles, y una renta disponible per cápita de 20.421 euros, de las más bajas de la Comunidad, destaca Hita. El paro aumentó un 13% en los dos meses de paralización económica.

“Lo primero debe ser que nos dejen gastar el dinero del superávit”“

“Parece que los ayuntamientos han desaparecido de la gestión de la pandemia, cuando deberían ser fundamentales: es el primer sitio al que se dirigen los ciudadanos si tienen problemas”, protesta Gabriel Ortega desde Móstoles, “pero sólo se habla de las comunidades autónomas”. Guillermo Hita reconoce que, aunque los ayuntamientos no tienen competencias directas en empleo, “sí que están acostumbrados a hacer lo que hay que hacer”. De hecho, los tres municipios están aplicando medidas similares para estimular la reactivación económica y proteger los puestos de trabajo. Han bonificado el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y reducido el IBI este año y el próximo. En Collado Villalba, por ejemplo, un 50% este ejercicio y un 25% en 2021. El problema, apunta el concejal Gonzalo Díaz, es que de las 500 empresas que lo pagan en el municipio, las seis primeras son grandes firmas de la distribución, desde Carrefour hasta Mediamarkt, que se han llevado 400.000 de los 600.000 euros bonificados. “Por un lado, es pegarse un tiro fiscal en el pie y, por otro, la ayuda no llega a los que más lo necesitan, los pequeños empresarios, los que más empleo crean dentro del municipio”, lamenta.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido al Gobierno un fondo de 7.725 millones de euros no reembolsables para impulsar la recuperación tras la pandemia. También que permita a los consistorios disponer de los muchos millones de euros que tienen ahorrados de ejercicios anteriores, el superávit que la llamada Ley Montoro no les permite tocar excepto para pagar la deuda municipal y las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Según sus cálculos, en ochos años consecutivos, han acumulado un remanente de casi 43.000 millones de euros.

La FEMP también quiere que el Gobierno autorice a los municipios a gastar en áreas como empleo o educación, pese a no tener competencias directas, para desarrollar “políticas propias o complementarias de otras estatales o autonómicas”. Y que no se consideren subvenciones las prestaciones sociales a personas y familias en situación o riesgo de emergencia social. Además, los ayuntamientos pretenden recuperar los contratos temporales de inserción, una figura creada en 2001 y derogada en 2006, con la que las administraciones públicas podían emplear a parados para hacer “obras y servicios de interés general y social”. En estos contratos el SEPE pagaba las cotizaciones a la Seguridad Social. Finalmente, con el superávit acumulado los municipios plantean sufragar gastos sociales extraordinarios y los gastos de personal necesarios para prestar servicios de limpieza, seguridad o desinfección dirigidos a “atender a la población más vulnerable”.

Por el momento, las entidades locales saneadas sólo han obtenido 67 millones de euros del llamado Fondo de Impulso Económico, que la FEMP quiere ampliar para cubrir servicios sociales. Otros 274,61 millones se destinarán a dotar de liquidez a los ayuntamientos con problemas financieros.

“A Móstoles le han caído 643.000 euros de los 300 millones que el Gobierno ha liberado a los ayuntamientos y que se podrán gastar en inversiones sociales”, explica Gabriel Ortega, quien los califica de “insuficientes”. A Collado Villalba le llegarán 246.000 euros, añade Gonzalo Díaz. “Lo primero debe ser que nos dejen gastar el dinero del superávit, que algunos ayuntamientos tienen depositados un banco”, reclama por su parte Guillermo Hita, contrario a subir impuestos en plena crisis económica.

Collado Villalba, por ejemplo, tiene 15 millones de euros de remanente de tesorería, asegura Gonzalo Díaz. En Móstoles, sólo en los dos últimos ejercicios, el superávit asciende a 14 millones, precisa Gabriel Ortega. “Si pudiéramos gastar aunque sólo fuera la mitad, sería una transformación revolucionaria, porque siete millones es más que el presupuesto de la Concejalía y un poco menos que la de Servicios Sociales”, destaca. El superávit de Arganda del Rey alcanza los cuatro millones de euros, aporta Guillermo Hita. Los tres suman 33 millones.

Sin derechos de participación en los ingresos autonómicos

Además, la Federación de Municipios de Madrid, continúa el alcalde socialista, ha pedido a la Comunidad un fondo de contingencia, también con partidas no reembolsables, pero aún no ha recibido respuesta. Porque, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, los municipios de Madrid carecen de derechos de participación en los ingresos autonómicos. No están incluidos en su Estatuto de Autonomía. En Cataluña, por el contrario, la Generalitat concede ayudas directas a los municipios. “Aquí eso no existe, sólo hemos tenido el Plan Prisma”, indica el Gabriel Ortega, un esquema de 700 millones de euros que a partir de 2011 fue sustituido por el Plan de Inversión Regional. “Pero en Móstoles llevamos cinco años esperando al Plan Prisma”, se queja. A su juicio, en España hay un “enorme vacío” en materia de financiación local, –“en Madrid no ha habido tiempo en 25 años para aprobar una ley al respecto”– por lo que los fondos destinados a los ayuntamientos “quedan a discrecionalidad del color político”, denuncia.

Mientras esperan los millones del Gobierno, de las comunidades autónomas e incluso de la UE, los alcaldes están negociando pactos locales por el empleo con los sindicatos y las patronales de sus municipios. Medidas sociales, de reactivación económica y promoción empresarial, así como fiscales, están sobre la mesa de las pequeñas competencias locales. Desde eximir del pago de cuotas a los autónomos hasta eliminar la tasa de ocupación de las terrazas durante un par de ejercicios. Gonzalo Díaz advierte de que no son soluciones “muy imaginativas”. Gabriel Ortega piensa más en el largo plazo: “El problema en Móstoles es que no hay un modelo de ciudad”. A continuación, menciona un proyecto de “reindustrialización verde” que proporcionaría empleos de más calidad, otro a fin de desarrollar la asistencia domiciliaria para los mayores de 65 años, también inversiones en rehabilitación energética de viviendas o la remunicipalización de servicios que han sido subcontratados con empresas privadas.

Pero sin financiación suficiente, y con la caída de ingresos tributarios que se avecina por culpa de la paralización económica, el temor de todos es que los ayuntamientos vayan a colapsar “justo cuando hay más necesidades de inversión que nunca”.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha exigido este jueves a Hacienda que si ha encontrado la fórmula para pagar a las Comunidades los casi 4.500 millones que les debe por las entregas a cuenta les abone también a los municipios los 1.203 millones que tiene igualmente pendiente con ellos por este mismo concepto, según informa Europa Press.

El presidente de la Federación, el socialista Abel Caballero, ha asegurado que ha enviado una carta al Ministerio que dirige María Jesús Montero para reclamarle para los ayuntamientos el mismo trato que va a dar a las autonomías. El Gobierno ha asegurado que cuenta ya con los informes que le permiten transferir la actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica, unos 4.500 millones que no ha podido pagar por estar el Presupuesto del Estado prorrogado desde 2018 y el Gobierno, en funciones.

La FEMP ha apuntado sin embargo que esta situación también ha afectado a las entidades locales. Sus ingresos este año por el sistema de financiación local son los previstos en las cuentas del Estado del año pasado y al estar prorrogadas, no han recibido las actualizaciones previstas para 2019, idéntica situación a la sufrida por las Comunidades Autónomas. Según los datos facilitados por la Federación, son 1.203 millones de euros para las entidades locales.

Caballero asegura en su escrito que la posición del municipalismo sobre este asunto es "unánime" y que así quedó de manifiesto en el último Pleno de la FEMP, aunque también añade que confía en poder abordar la cuestión en breve con el Gobierno. Además de exigir que se paguen esas entregas a cuenta, la FEMP exige una solución para que el cambio contable en el IVA de 2017 evite una liquidación definitiva negativa para las entidades locales.

Las elecciones municipales de este domingo determinarán la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ahora en manos del PSOE, que podría revalidar el cargo si es el partido mayoritario el 26M. Pero no será hasta septiembre cuando la institución renovará el Consejo Territorial, la Junta de Gobierno y la Presidencia en función del peso de cada partido en las urnas, informa Europa Press. 

La Federación ha estado dirigida en siete legislaturas por el PSOE, dos de ellas con Francisco Vázquez a la cabeza (alcalde de La Coruña) y esta última con el alcalde de Vigo, Abel Caballero; en otras tres la presidencia ha sido del PP, también en este caso con la repetición de una alcaldesa, la valenciana Rita Barberá.

Los partidos eligen para el puesto a alcaldes con mayorías absolutas, que no pueden ser destituidos a mitad de legislatura, y hasta el momento han procedido de ciudades de distinto tamaño y latitud, desde Málaga a Vigo pasando por Getafe, Palencia o Zaragoza.

La FEMP se creó en 1981 como un órgano de adhesión voluntaria que representa a las entidades locales en sus relaciones con el Estado y otras instituciones, y a las que asesora y ofrece formación. Cuenta hoy con 7.368 miembros: 7.319 municipios, 38 diputaciones provinciales, los cuatro consejos insulares baleares y los siete cabildos canarios, aunque el censo del Pleno de septiembre no está de momento cerrado.

Los estatutos de la institución marcan que la renovación de la FEMP se produzca dentro de los cuatro meses siguientes a las elecciones. La actual Junta de Gobierno se reunirá el próximo 2 de julio para convocar ya el Pleno de septiembre, que previsiblemente se celebrará el fin de semana de los días 21 y 22.

Representación plural 

La presidencia de la FEMP ha correspondido siempre a PSOE o PP, los partidos mayoritarios, pero la Junta de Gobierno incluye a 25 miembros de distintas formaciones según el resultado que cada cual obtenga en las urnas el próximo domingo.

En el Pleno están representadas las entidades locales socias de la FEMP, que tienen entre dos y 100 votos cada una de ellas según sea su tamaño. Es este órgano el que elige a los órganos de gobierno de la Federación. Los asistentes pueden presentar candidaturas en listas cerradas si cuentan con al menos el 5% de los votos del Pleno, listas que no pertenecen a un partido sino que pueden y suelen de hecho incluir a varios de ellos: los aspirantes representan a las entidades locales, no a sus formaciones.

En una primera votación, se elige al presidente y al vicepresidente segundo, que son los dos primeros candidatos de la lista más votada; el vicepresidente primero será el número uno de la segunda candidatura más votada. En una segunda votación se elige al resto de miembros de la Junta de Gobierno: los diez primeros candidatos de la lista más votada, los nueve primeros candidatos de la segunda y el primer candidato de la tercera, de la cuarta y de la quinta candidatura. Si una candidatura recibiese dos tercios de los votos, sería elegida en su totalidad.

20 millones de presupuesto

La institución ha reducido drásticamente su presupuesto de gasto e ingresos en los últimos años, de 60 millones en 2010 a 20 millones en 2014, aunque el gran ajuste se produjo entre 2012 y 2013, cuando se recortó el presupuesto en más de la mitad. El de 2019 se sitúa en 16,6 millones de euros.

Sus ingresos proceden fundamentalmente de las subvenciones oficiales (9,2 millones) y de las cuotas de sus miembros (5,5 millones). En cuanto a sus gastos, un tercio del presupuesto va dedicada a ayudas monetarias a entidades locales (5,3 millones) y otros 7 millones, a pagar los gastos de personal. Los miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo Territorial no perciben retribución o compensación alguna por desempeñar su cargo y se les paga el coste de trasladarse a las reuniones.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado este ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de "perseguir a las administraciones que no son de su cuerda" y que no puede "controlar" y parasitar", mientras "premia" a los ayuntamientos que gobierna el PP por "proteger a los corruptos".

"Es evidente que el PP, lo que no puede controlar, trata de intervenirlo. Allí donde controla, parasita, y donde no puede controlar, interviene", ha denunciado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso. "Atacan la demostración práctica de que se puede gobernar mejor que el PP", ha enfatizado.

Así lo ha asegurado el líder de Podemos al ser preguntado por la decisión del Ministerio de Hacienda de tutelar semanalmente las operaciones financieras del Ayuntamiento de Madrid después de que la semana pasada rechazara por tercera vez el Plan Económico y Financiero (PEF) presentado por el Gobierno de Manuela Carmena y entendiera que sigue incumpliendo la regla de gasto.

"Premia" a los ayuntamientos del PP por "proteger corruptos"

"Hay una evidencia. Mientras el Gobierno de Carmena del Ayuntamiento de Madrid ahorra, cuando gobierna el PP la deuda aumenta. ¿Interviene los ayuntamientos y administraciones que gestiona mal el PP? No, les premian porque protegen a los corruptos", ha denunciado.

Asimismo, ha aprovechado para recordar que el Montoro, "un ministro reprobado que hizo una amnistía fiscal inconstitucional", ha podido tomar esta decisión gracias a "aquella reforma del artículo 135 de la Constitución que pactó el PP con el PSOE, con nocturnidad y sin consultar a los españoles".

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha anunciado este viernes la convocatoria de una junta de gobierno extraordinaria, para el próximo 6 de abril, con el objetivo de que este organismo "se posicione" ante la sospecha de que el Gobierno de España no permitirá a las entidades locales reinvertir su superávit.

En una rueda de prensa, el regidor de Vigo ha recordado que, en 2016, los ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales tuvieron un superávit de algo más de 7.000 millones de euros, y que gracias a la eficiencia de estas entidades, España pudo cumplir los requerimientos europeos de déficit.

"Pero demandamos que esos 7.000 millones sean gastados por las corporaciones locales en cada una de las ciudades en las que se generó el ahorro", ha incidido, y ha apuntado que lo que conoce de la redacción de la ley de presupuestos no va en ese camino.

"Lo que conozco me tiene infinitamente preocupado. Con lo que yo conozco de la redacción no va a ser posible ejecutar el superávit en 2017 y los ayuntamientos dejaremos de usar el ahorro de nuestros ciudadanos. Otras administraciones utilizarán los 7.000 millones", ha denunciado, y ha añadido que "el Estado está empezando a marcar una línea altamente preocupante", porque "habla de condonar deuda a las Comunidades Autónomas incumplidoras".

Según Caballero, el Gobierno "empieza a premiar a incumplidores y a castigar a cumplidores", por lo que ha anunciado una reunión urgente en la FEMP y ha advertido de que no descarta "tomar decisiones al respecto" si se confirman sus sospechas.

"Esto no es lo que se nos dijo, ni está en la lógica de la eficiencia. Nos dijeron que podíamos usar el ahorro en favor de los ciudadanos, y se prima a las Comunidades Autónomas incumplidoras", ha sentenciado.

El aspirante a liderar el PSOE Patxi López ha advertido este miércoles de que si el sábado 11 se hace un acto del partido "para dar una respuesta al Congreso del PP o al de Podemos" la voz que se oiga en él debe ser "del PSOE, no una voz parcial para hacer proselitismo de una candidatura". 

López se ha expresado así, en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, preguntado por el acto con alcaldes organizado este sábado en Madrid por el presidente de la FEMP, Abel Caballero, que contará con la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Además, ha avisado contra los "cálculos antiguos" en relación con el papel de los "aparatos" porque cree que, después de los procesos de primarias que ya se han dado, la militancia del PSOE está lo suficientemente madura "como para no obedecer consignas" y decidir libremente lo que considere mejor para el conjunto del partido.

De hecho, ha recordado que él basa su candidatura precisamente en eso, en una militancia "harta de la división y el enfrentamiento interno" que quiere que el PSOE salga de ese bucle para empezar a hablar de lo que preocupa a los ciudadanos.

López ha remarcado además que el PSOE no debe definirse en función de su política de alianzas y de a quién debe acercarse más. Quien pretenda eso, ha dicho, será porque quiere "un PSOE con complejos". A su modo de ver, lo que tiene que hacer el PSOE es "agrandar su espacio y eso achicará el espacio de otros".

Por otro lado, ha avisado de que los socialistas no pueden "conformarse" con la ligera mejora electoral que estima el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): "No podemos conformarnos con ser la tercera fuerza y que la alternativa no sea el PSOE, sino otra fuerza", ha dicho en alusión a Podemos, que se mantiene como segundo.

López ha dejado claro que no estaba acusando a la Gestora del PSOE de conformarse, sino simplemente advirtiendo de lo que no pueden hacer. A su modo de ver, el PSOE tiene que tener un proyecto por el que los ciudadanos les reconozca como "fuerza de izquierdas exigente" y ocupar su "espacio de siempre como partido mayoritario y ganador".

No haría una moción de censura

No obstante, también ha dejado claro que si ganase las primarias para ser líder del PSOE no apostaría por presentar de inmediato una moción de censura contra el Gobierno del PP: "Somos oposición pero no vamos a hacer locuras, una moción de censura en este momento no tendría mucho sentido". Eso sí, ha dejado claro que lo que sí haría el PSOE es defender en el Congreso sus posiciones.

López cree que está bien que el PSOE haya conseguido que el Gobierno suba el SMI o apruebe medidas contra la pobreza energética pero ha avisado de que la imagen del PSOE no puede ser la de un partido que va "poniendo parches" a las políticas del Gobierno.

A modo de ejemplo, ha señalado que el PSOE no puede aceptar "edulcorar lo más sangrante" de la reforma laboral sino que tiene que optar por la derogación, y que no puede aceptar unos Presupuestos que sigan recortando en vez de recuperar derechos. "Deberíamos tener una posición muy firme", ha zanjado.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistirá este martes al acto institucional en el que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) concederá la Llave de Oro del Municipalismo, a título póstumo, a la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá.

La Junta de Gobierno de la FEMP, en aplicación del Reglamento de Honores y Distinciones de la Federación, ha acordado la concesión a título póstumo de la Llave de Oro del Municipalismo a Rita Barberá, que fue Presidenta de la FEMP durante dos mandatos, entre los años 1995 y 2003.

Es la segunda ocasión en que se concede esta distinción después de habérsela otorgado en julio de 2015 a Pedro Aparicio, primer Presidente de la Federación.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistirá al acto institucional que tendrá lugar este martes 31 de enero en la sede madrileña de la FEMP.

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia por el Partido Popular y senadora del Grupo Mixto, falleció el 23 de noviembre de 2016 a los 68 años a causa de un infarto. Barberá murió dos días después de declarar ante el Tribunal Supremo por supuesta corrupción en el PP valenciano.

Rita Barberá, nació en Valencia 16 de julio de 1948. Ejerció como alcaldesa de Valencia durante 24 años, entre 1991 y 2015; fue diputada por Valencia en las Cortes Valencianas entre 1983 y 2015 y senadora por designación autonómica desde el 2015 hasta su fallecimiento.

Estuvo afiliada a Alianza Popular (AP) y al partido que le sucedió, el PP, durante cuarenta años, entre 1976 y 2016, cuando se dio de baja.

La mitad de los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción, según un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que indica que en estos momentos, subsisten con menos de mil habitantes un total de 4.995 de los 8.125 municipios españoles.

La inmensa mayoría de esas casi cinco mil localidades sufren el continuo envejecimiento de su censo demográfico y un mínimo o nulo relevo generacional, con escasas o nulas cifras de natalidad, ha advertido la FEMP.

Este es uno de los datos que aporta el informe Población y despoblación en España 2016, que ha sido presentado a la Comisión de Despoblación de la FEMP por su presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que también es presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), en una reunión celebrada este miércoles a la que han asistido, en calidad de invitados, varios miembros de la Comisión de Diputaciones, entre ellos su presidente y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes.

El estudio ha sido realizado a partir del análisis del último padrón de habitantes publicado hace escasas semanas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que se detallan las cifras de población de todos y cada uno de los municipios españoles.

El informe presentado por Sánchez Quero alerta de que sigue agravándose la crisis demográfica y de que sus efectos comprometen el futuro de cada vez más localidades. Así, ya son 2.652 las poblaciones que subsisten con censos de menos de 500 habitantes.

De ellas, 1.286 (casi dos de cada diez municipios españoles) ni siquiera pasan de los cien vecinos empadronados: son 48 más que en 2015 y 358 municipios más de los que había en el año 2000 con menos de 100 empadronados.

Entre 2015 y 2016, España ha perdido 67.374 habitantes, pero esa sangría poblacional se ha concentrado mayoritariamente en las áreas rurales, ya que la suma de población de las capitales de provincia españolas ha ganado unos 14.000 habitantes durante el último año.

Pasar a la acción

Con los datos que aporta este informe, el presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP, Juan Antonio Sánchez Quero, ha reclamado "la aplicación de urgentes políticas de Estado" ante el severo retroceso demográfico que se está produciendo y la amenaza que supone para las áreas rurales, algo que ha calificado como "un problema sociopolítico de primer orden" para España.

Sánchez Quero ha subrayado que la crisis demográfica está azotando con especial crudeza a los pequeños y medianos municipios, lo que hace que cada vez más localidades se encuentren "tras la línea roja del peligro de extinción".

Por ello, ha considerado "imprescindible la adopción inmediata de medidas concretas para sostener e incrementar la población de los pequeños y medianos municipios, no solo por una cuestión de interés social sino también económico".

En concreto, ha apelado a la "coordinación de un plan nacional contra la despoblación entre Estado, Comunidades autónomas y FEMP, que se elabore y desarrolle con la voz protagonista de las diputaciones y de los ayuntamientos, que conocen de primera mano la crisis demográfica y son, en su día a día, la 'punta de lanza' en la lucha contra la despoblación rural".

La empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI) que, según los investigadores, constituye el centro de la trama de desvío de dinero público destapada en la operación Térmyca, es una de las cinco sociedades a las que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó en septiembre de 2015 un acuerdo marco para que los ayuntamientos contrataran con ellas los servicios de gestión tributaria.

Las otras cuatro empresas son Servicios de Colaboración Integral SL, Lindorff España, Gesmunpal y Martínez Centro de Gestión. Cientos de ayuntamientos españoles recurren a empresas privadas para gestionar y recaudar sus tributos para suplir su falta de medios propios. Según la FEMP, el acuerdo marco pretende “mejorar la eficiencia de las entidades locales asociadas en la recaudación ejecutiva”, así como “potenciar la recaudación ejecutiva de la deuda municipal pendiente de cobro”.

Del contrato excluye expresamente la asistencia y colaboración para recaudar las sanciones de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que fueron adjudicadas previamente en otro acuerdo marco a la propia CGI otro acuerdo marcoy a otras dos empresas: la UTE Eurocop-Eysa y Vialine Gestión SL. CGI propone quedarse con el 30% de lo que recaude en vía voluntaria y un 15% en vía ejecutiva durante cuatro años. En su página web presume de haber sido la empresa que recibió la máxima valoración técnica de la FEMP en el concurso.

Con motivo de esa adjudicación, la revista de la FEMP, Carta Local, publicó en 2015 dos entrevistas a otros tantos directivos de CGI, Raúl Lipiani, responsable de Proyectos de Recaudación ejecutiva, y Mary Carmen Sainz de los Terreros Elizalde, responsable de Proyectos de Multas. Ambos ensalzan la eficacia de los servicios que su empresa presta a los municipios.

CGI cobra a los ayuntamientos a los que presta sus servicios de recaudación entre un 14% y un 16% del dinero que consiga ingresar. Gesmunpal, entre un 18% y un 20%. Lindorff, un 20%. SXCI, un 14,90%. La más cara es Martínez Centro de Gestión: entre un 20% y un 30% de lo que recauda. Se trata de precios de referencia, que luego cada Ayuntamiento puede intentar reducir cuando negocie con estas empresas. El acuerdo marco tiene una duración de sólo un año, que concluye el próximo septiembre, pero puede prorrogarse con periodicidad anual.

Sociedades públicas ficticias en los ayuntamientos

La Guardia Civil detuvo este martes a 11 personas, entre alcaldes, exalcaldes y directivos de CGI. Es el caso de Ramón Solé, su director general, y de Toni Martos, el director de Consultoría. Blas Acosta figura como uno de sus apoderados. Martos era el presidente de Efial, la consultora que fue investigada en el caso Torredembarra, un municipio tarraconense conectado con la financiación ilegal de CiU.

Según la Fiscalía Anticorrupción, CGI continuó con las actividades irregulares de Efial tras absorberla. De hecho, CGI es, apuntan los investigadores, la responsable de haber diseñado toda una estructura paralela de sociedades públicas municipales ficticias, carentes de actividad. Sólo servían para desviar fondos públicos de los ayuntamientos, que terminaban en las cuentas de CGI. Gracias a esta empresa, los detenidos “evitaban la labor supervisora del secretario y del interventor municipal”, asegura la Fiscalía Anticorrupción.

De Palma y Santander a la Diputación de Girona

Según detalla CGI en su página web, la empresa presta servicios a 154 ayuntamientos, emplea a 252 personas y gestiona 200 millones de euros en impuestos. Dice facturar 14,8 millones de euros al año.

Por ejemplo, es la responsable del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón), con el que suscribió un contrato de cuatro años el pasado 22 de febrero por importe de 892.662 euros. También se encarga de la gestión de las multas del Ayuntamiento de Santander desde 2012. En abril de 2015 el de Palma de Mallorca le adjudicó la inspección tributaria a cambio del 11,5% de la recaudación: dos millones de euros repartidos en cuatro años. Además, gestiona la inspección fiscal en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela desde 2007. El último contrato, firmado en marzo de 2015, no termina hasta 2018. CGI se lleva el 14,53% de la recaudación, un total calculado en 960.000 euros repartido en cuatro años.

Las diputaciones de Salamanca y Girona, los ayuntamientos de Segovia, Huesca, Córdoba, Fuengirola y Santa Cruz de Tenerife, así como los madrileños de Getafe y Valdemoro han contratado igualmente sus servicios de recaudación, atención al usuario o asesoría con CGI.

El Ayuntamiento de Valdemoro le adjudicó los servicios de inspección tributaria y de recaudación de las multas de tráfico a partir de 2007. Y es una de las empresas investigadas también en la operación Púnica, la red de corrupción tejida por el exalcalde de Valdemoro y exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, con el empresario David Marjaliza.

La política está preñada de paradojas. Momentos de gloria que dan paso a días de pasión. Y viceversa. Ese es precisamente el caso de Abel Caballero (Ponteareas, 1946), alcalde de Vigo y a partir de este sábado presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La historia de Caballero, convertido en arquetipo de alcalde con amplio respaldo ciudadano en un escenario político en el que las mayorías absolutas son una rareza, arranca de un enorme fracaso que le obligó incluso a abandonar la actividad pública durante cuatro años y a refugiarse en la universidad.

Ocurrió en 1997. Él era el candidato a la Presidencia de la Xunta del Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE). Fue designado cabeza de cartel por Francisco Vázquez, entonces alcalde de A Coruña y líder del partido en Galicia, y se estrelló. No sólo le ganó Manuel Fraga, con el segundo mejor resultado de su vida, sino que fue la única vez que los socialistas gallegos quedaron en tercer lugar en Galicia, superados por el BNG de Xosé Manuel Beiras. Un desastre electoral sin paliativos que se llevó por delante el liderazgo de Vázquez y la carrera política de Caballero, degradado a diputado raso por sus propios compañeros y excluido de toda responsabilidad a partir de 2001.

Desde el PCE a un ministerio

Parecía el punto final de una trayectoria política de 19 años ininterrumpidos que había arrancado en 1982 de la mano del PSOE en el Congreso de los Diputados, apenas 24 meses después de abandonar las filas del Partido Comunista. Doctor en Ciencias Económicas por las universidades de Santiago y Cambridge y destacado guerrista mientras este grupo de presión mantuvo su poder dentro del partido socialista, el cénit de su carrera política fueron los tres años que sirvió como ministro de Transportes en el Gobierno de Felipe González.

Con ese historial, nadie pensó que sería capaz de rehacerse cuando en 2005 José Blanco se acordó de él para presidir la Autoridad Portuaria de Vigo, ya con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. El puerto de Vigo ha sido tradicionalmente utilizado por PP y PSOE como trampolín para conseguir la AlcaldíaAlcaldía de la ciudad y el caso de Caballero no fue una excepción. Se hizo con el bastón de mando en 2007 gracias a una coalición con el BNG que desplazó al PP. Y conservó el puesto en 2011, aunque esta vez sin el respaldo de los nacionalistas.

La bandera del localismo

Cuando se mira en el espejo, Abel Caballero ve a Pasqual Maragall o a Enrique Tierno, dos emblemáticos alcaldes socialistas con los que le gusta identificarse, aunque la mayoría a quien reconoce en su forma de gobernar es a Francisco Vázquez. La bandera del localismo, la defensa a ultranza de los intereses de la ciudad de Vigo, la agitación popular para hacer frente a la Xunta o al Gobierno central en toda clase de controversias, el desparpajo a la hora de desafiar la autoridad del partido o de hacer frente a los adversarios políticos, conservadores o nacionalistas, son algunas de sus señas de identidad y explican las raíces de su éxito en las elecciones municipales del 24-Méxito en las elecciones municipales del 24-M. Un resultado (51% de los votos) que contrasta no sólo con la tendencia a la baja del PSOE en casi toda España —especialmente en Galicia— sino con la decadencia de los partidos hegemónicos provocada por la crisis y la corrupción.

Un buen ejemplo de la heterodoxia que practica en las filas de la izquierda es su cerrada defensa de la cruz falangista de O Castro, cruz falangista de O Castro, situada en plena ciudad, y que las asociaciones de recuperación de la memoria histórica tratan de derribar desde hace años.

Caballero no tiene pelos en la lengua ni vocación decorativa. Por eso nadie duda que su nuevo cargo al frente de los municipios españoles será cualquier cosa menos un ejercicio rutinario de la representación local en defensa de la autonomía municipal, sus competencias y su financiación. Tres asuntos peliagudos si, como parece, en la legislatura que viene acaba abriéndose el melón del reparto de los fondos públicos entre administraciones.

El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha sido elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el undécimo Pleno de la institución local que se ha celebrado este sábado en Madrid.

La candidatura del PSOE ha cosechado un total de 15.154 apoyos de los 25.736 emitidos durante el encuentro de este sábado en el que se han sometido a votación sendas listas del PP y del PSOE. La socialista ha sido la más votada logrando un apoyo de casi el 60% del plenario.

El PSOE ha recuperado este sábado la dirección de este organismo cuya Junta de Gobierno ha estado presidida en seis legislaturas por socialistas, dos de ellas por el exalcalde de La Coruña Francisco Vázquez. Tras cuatro años del control conservador, el socialista Caballero presidirá la nueva FEMP, cuya candidatura cuenta con 14 puestos de los 25 que tiene la Junta de Gobierno debido a que ha sido la lista más votada.

La otra candidatura, presentada por el PP y a la que se ha sumado el PAR, Foro y UPN, ha obtenido un total de 10.291 votos. Al ser la segunda lista más votada, ocuparán 11 puestos en la Junta de Gobierno: entre ellos, la vicepresidencia primera, que será ocupada por el presidente saliente de la FEMP, Íñigo de la Serna.

De los 14 puestos con los que cuenta la lista más votada en la Junta de Gobierno de la FEMP, el PSOE en esta ocasión ha cedido dos espacios: la vicepresidencia segunda –que le corresponde por ser la primera lista– a IU y una vocalía a CDC.

En concreto, el PSOE ha cedido la Vicepresidencia segunda de la FEMP al alcalde de Mieres, Anibal Vázquez, de Izquierda Unida (IU). De los 12 vocales que le corresponden, ha cedido una a CDC en nombre de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercé Conesa.

El resto de vocales son alcaldes del PSOE: el de Soria, Carlos Martínez; la de Avilés, Mariví Monteserín; el de Mérida, Antonio Rodríguez; el de Huelva, Gabriel Cruz; la de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), Maria Concepción Brito; el de Lasarte-Oria, Jesús Zaballos; la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora. También son vocales de la FEMP el alcalde socialista de Torrent, Jesús Ros; la de Haro (La Rioja), Laura Rivado y la de Pineda del Mar (Barcelona), Xavier Amor.

Al PP, por ser la segunda lista más votada, además de la vicepresidencia primera le corresponde 10 vocalías. Entre los vocales conservsdores de la FEMP está la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra; el de Murcia, José Francisco Ballesta; el alcalde de Guadalajara, Antonio Román; el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar; el de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez; el de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, el de la Diputación de Castellón, Javier Moliner; el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; David Pérez, alcalde de Alcorcón y Manuel Blanco, alcalde de Teruel.

Por su parte, el PP no ha cedido ningún espacio a ninguna formación política, pese a que el PSOE sí esperaba que lo hiciera. Ambos partidos han mantenido contactos estos últimos días para barajar la posibilidad de presentar a la FEMP una lista unitaria consensuada. Sin embargo, finalmente han presentado dos listas separadas por la falta de acuerdo entre ambos.

Desde el PP, han denunciado el afán de "ruptura" del PSOE que, según los populares, no han querido alcanzar un acuerdo con "el partido más votado" y "con más representantes" y sí con otras fuerzas políticas. Por su parte, los socialistas han defendido que la existencia de dos candidatura era "más democrático" que una única, y han achacado "el enfado" y críticas de dirigentes del PP al temor de perder el liderazgo de la FEMP.

El Partido Socialista se aseguró ya en las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo la posibilidad de arrebatar al PP la Presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). No porque le ganara en votos –se quedó a unos 450.000 en toda España–, sino porque redujo la diferencia con los conservadores y porque los pactos electorales le han conferido mayor poder municipal, determinante a la hora de elegir a la directiva de la entidad.

La votación para renovar los cargos de la FEMP se celebrará este sábado a las 18:00 horas. A la federación están asociadas 7.346 de las 8.174 entidades locales que existen en España, aunque no todas ejercerán su derecho al sufragio, porque para ello es necesario que se inscriban previamente. Además, y en función de la población a la que representan, su voto tiene diferente valor: desde 2 puntos –en el caso de los municipios de hasta 2.500 habitantes– hasta 100 –si superan el millón de ciudadanos–.

El PSOE ya anunció la semana pasada que "ganará ampliamente" la elección y que, por tanto, el hasta ahora vicepresidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, se convertirá en el número uno de la entidad. En la dirección del PSOE calculan que obtendrán en la asamblea unos 13.000 votos por los 10.000 del PP, y reiteran que conseguirán imponerse "sin problemas". La cuestión, ahora, estriba en saber si otros partidos logran colarse en los órganos de gobierno y en qué posiciones.

Una sistema bipartidista

La duda surge por el particular sistema de elección de los cargos en la federación. En una primera votación se elige al presidente y a los dos vicepresidentes. El cabeza de lista más votado y su segundo se convierten automáticamente en el presidente y el vicepresidente segundo. El número uno de la segunda lista más votada se queda, por su parte, con la vicepresidencia primera. Las listas son cerradas y bloqueadas, y el plazo para presentarlas concluye apenas una hora antes de la votación.

En una segunda votación se escoge a los 22 vocales y los cargos se reparten, nuevamente, entre la lista más votada –que se alza con 12 representantes– y la segunda –que consigue 10–. El resto de listas no obtienen ningún asiento en la Junta de Gobierno. Más aún, si una candidatura logra dos tercios de las papeletas se adjudica automáticamente todos los puestos. Es lo que ocurrió en la última asamblea, en 2011, cuando PP y PSOE pactaron una lista donde también se incluyó a representantes de CiU, IU y el PAR.

Finalmente, una tercera votación sirve para seleccionar a los 61 vocales del Consejo Territorial, para el que se proclaman elegidos los 31 primeros candidatos de la lista más votada y los 30 de la segunda. También aquí, si una propuesta consigue un respaldo igual o superior a los dos tercios de los apoyos en juego, sienta directamente a todos sus representantes. En las tres votaciones cualquier candidatura necesita el respaldo mínimo del 5% de los votos del Pleno para poder concurrir.

El PP quiere un nuevo pacto

Ante su pérdida de poder a nivel municipal, fuentes conocedoras de la negociación señalan que la opción preferida por el PP sería presentar de nuevo una lista conjunta. Los conservadores aceptarían que Abel Caballero fuera presidente y proponen que el número uno saliente, Íñigo de la Serna –alcalde de Santander– se convierta ahora en vicepresidente primero. El PP pretende, además, que en esa lista no figuren miembros de los ayuntamientos que gobiernan candidaturas en las que participa Podemos.

Pero los socialistas no parecen estar por la labor de pactar. Fuentes de la negociación consultadas por infoLibre ven"muy difícil" reeditar el acuerdo porque el PSOE califica de "irrenunciable" que la FEMP se convierta en una entidad "fuerte y reivindicativa" que "defienda la autonomía local" y abogue por la derogación de la Ley de Racionalización de la Administración Local –que restringió las competencias de los municipios–, la de Haciendas Locales –que introdujo cambios en materia de financiación– y la eliminación del techo de gasto.

Fuentes de la dirección del PSOE apuntan, por su parte, que el partido "siempre ha beneficiado" la inclusión de representantes de otras fuerzas en la federación y afirman que ese "espíritu" se va a mantener. Es decir, que "no sólo PP y PSOE" deberían estar representados en la FEMP, pues consideran que esta debe ser un "espacio para el entendimiento entre ayuntamientos". Otros conocedores de la negociación apuntan que los socialistas estarían por la labor de ceder un asiento a IU y otro a Coalición Canaria.

IU confía en llegar a un acuerdo

Precisamente en las filas de Izquierda Unida se confía en alcanzar un "acuerdo" para una "lista de consenso". La federación descarta prácticamente por completo la idea de presentar una candidatura propia y se dice "consciente" de sus propias limitaciones y de "su peso" en el mundo municipal –gobierna unos 200 municipios–. Por eso apuesta por "intentar llegar a un entendimiento con la lista más progresista", la socialista, para "intentar revertir el paradigma del bipartidismo que representa la FEMP" desde "dentro". Por parte del PSOE, aseguran, "hay buena disposición para el entendimiento".

"No se trata de que dependamos de la generosidad del PSOE para obtener representación en la FEMP –añaden fuentes de la dirección de IU–, sino que es una relación amistosa casi obligatoria: no hay que olvidar que los socialistas han conseguido gobernar en muchos ayuntamientos gracias a IU". Izquierda Unida presentará, además, cuatro resoluciones para su aprobación en el Pleno del sábado: una para "hacer la FEMP menos personalista", una segunda para derogar la reforma local, otra para que el Gobierno mejore la financiación de las entidades locales y una última para poner en marcha ayudas para familias en situación de emergencia social.

El dilema de las listas de Podemos

Por último, queda pendiente resolver el posible encaje de las candidaturas en las que se integró Podemos y que gobiernan ciudades como Madrid –Ahora Madrid–, Barcelona –Barcelona en Comú–, Zaragoza –Zaragoza en Común– o Cádiz –Por Cádiz sí se puede–, entre otras. Habida cuenta de que sus votos son claramente insuficientes para desplazar a PP o PSOE de la segunda posición, y de que sólo dos listas obtienen cargos en la federación, sus únicas opciones serían integrarse en la candidatura del PSOE o quedar fuera del reparto.

Así las cosas, y aunque la portavoz municipal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, señaló el pasado jueves que Ahora Madrid trabaja en una candidatura para la presidencia de la entidad, fuentes del partido se dicen conscientes de que es imposible tener éxito en esa misión. "Estamos en conversaciones [con otras candidaturas que gobiernan ciudades como Barcelona o Zaragoza] para ver si hay una tercera lista", señalan, pero admiten que "el objetivo es llevar el cambio a la FEMP" y que "sólo las dos primeras tienen representación".

Otras fuentes que siguen estos días las conversaciones apuntan que los socialistas podrían ofrecer a estos representantes municipales algún hueco, aunque todo apunta que se trataría de puestos poco destacados, sin entrar en la Junta de Gobierno. En ese caso, las opciones pasarían por sentar a los autodenominados miembros de los "ayuntamientos del cambio" en el Consejo Territorial o en alguna Comisión. La candidatura definitiva no se cerrará, en todo caso, hasta el último minuto.

Un presupuesto mengüante

La federación, creada en 1981, fue la sucesora de la Federación Española de Municipios aparecida apenas un año antes, tras las primeras elecciones democráticas y a iniciativa del entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Su presupuesto proviene mayoritariamente de las cuotas de las entidades locales asociadas –que pagan esas cantidades en función de su población– y de subvenciones del Ministerio de Hacienda y de otros organismos públicos que canalizan a través de la entidad ayudas para programas municipales.

En los últimos años se han desplomado los ingresos de la entidad, especialmente por la caída de las subvenciones y ayudas. Así, mientras que en 2010 contó con 60,2 millones de euros anuales, en 2013 y 2014 su presupuesto apenas superó los 20 millones. Para 2015 están previstos en sus cuentas unos recursos de 18,9 millones de euros.

Entre sus objetivos figuran la defensa de las competencias de los ayuntamientos, el fortalecimiento de las relaciones con los ámbitos municipales de otros países y la prestación de servicios a entidades locales o a los entes de que ellas dependan. En esta última etapa, bajo la presidencia del conservador De la Serna, la FEMP ha recibido críticas de otros partidos como el PSOE o Izquierda Unida, que consideran que se ha alejado de la reivindicación de los intereses de los municipios y que ha practicado un acusado "seguidismo" del Gobierno central.