La Mesa de la Asamblea de Madrid debe decidir este lunes si admite la propuesta de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos para crear una comisión que investigue las irregularidades de Avalmadrid, en el centro de la controversia por las vinculaciones de las empresas a las que avalaba con consejeros y directivos de la sociedad de garantías, así como por el trato de favor dispensado, entre otras, a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso.

Ciudadanos y Vox ya han anunciado que apoyan la creación de la comisión, pero el PP la descarta con el argumento de que Avalmadrid es una empresa privada y, como sociedad de garantía privada, ya está sometida a la supervisión del Banco de España. Queda fuera, por tanto, del ámbito de control de la Asamblea madrileña. El informe que los letrados de la cámara regional acaban de enviar a la Mesa desmonta ese razonamiento, al determinar que la supervisión administrativa del Banco de España no excluye la parlamentaria y que ésta se centra, precisamente, en la actuación del Gobierno o en la información que el Ejecutivo tiene gracias a su participación en los órganos de dirección de esta sociedad.

Además, son numerosas las comisiones de investigación abiertas, tanto en el Congreso y en el Senado como en los parlamentos autonómicos, desde 1977. Y muchas de ellas se ocuparon de empresas privadas y semipúblicas, como es el caso de Avalmadrid, cuyo 26,1% pertenece a la Comunidad madrileña. Otro 25,4% del capital lo aporta Bankia, que a su vez es propiedad del Estado –a través del FROB– en un 61%. El presidente de Avalmadrid lo nombra el Gobierno regional, y en su consejo de administración se sientan también otros dos altos cargos de la Comunidad: el viceconsejero de Economía y el secretario general técnico de esa consejería.

  RUMASA

El Congreso de los Diputados, ya en la segunda legislatura, examinó la evolución del grupo Rumasa desde que se creó, en 1961, hasta que fue expropiada por el Gobierno socialista el 23 de febrero de 1983. Todos los grupos, menos el Mixto, apoyaban la investigación, que se abrió sólo tres meses después de la expropiación y se prolongó hasta abril de 1985, un año más de lo previsto. El dictamen final, que contó con los votos particulares de Alianza Popular y UCD, culpó a los gobiernos anteriores a 1977 del crecimiento irregular de Rumasa así como de sus “desastrosas repercusiones, sociales y económicas”. También consideró la expropiación como la única “solución eficaz”. El grupo comandado por José María Ruiz-Mateos llegó a tener más de 700 empresas, incluidos 17 bancos, y a contar con una plantilla de 60.000 trabajadores. Pero en el momento de ser expropiado sufría un déficit patrimonial que Arthur Andersen cifró en 1.558 millones de euros. Debía 64,7 millones a la Seguridad Social y 116 millones más a Hacienda.

Como suele ser habitual con las investigaciones parlamentarias, también hubo una actuación judicial. Y en este caso fue múltiple: la Fiscalía demandó a Ruiz-Mateos, que fue detenido en abril de 1985 en Fráncfort y extraditado. Fue juzgado por falsedad documental y contable en la Audiencia Nacional pero absuelto en 1997, pese a quedar probado que falseó la contabilidad, porque cuando lo hizo el Código Penal no lo consideraba un delito. Pero tanto el Supremo como el Constitucional fallaron en contra de Ruiz-Mateos y confirmaron la legalidad de la expropiación.

En 1986, en cambio, el Congreso rechazó crear una segunda comisión para investigar la gestión que hizo el Gobierno de la Rumasa expropiada y su posterior privatización. Alianza Popular promovió la iniciativa, que fue apoyada por el PDP, IU, CDS y el Grupo Mixto, pero contó con el rechazo del PSOE, entonces en el Gobierno y con mayoría absoluta en la Cámara Baja.

  GESCARTERA

En septiembre de 2001 se constituyó otra comisión que investigó a una empresa privada: la agencia de valores Gescartera. Ese verano había sido intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había descubierto un agujero patrimonial de 100 millones de euros. Perdieron su dinero la mitad de los clientes, unas 2.000 personas. El fraude se convirtió en un escándalo político cuando se hizo público que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, era hermana del secretario de Estado de Hacienda y que la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, había mantenido reuniones con los dueños de la sociedad de valores a petición suya. Enrique Giménez-Reina tuvo que dimitir, al igual que Valiente. Además, el vicepresidente de la CNMV –y exdiputado del PP– Luis Ramallo, había recibido regalos del principal accionista de la agencia, Antonio Camacho, por valor de 12.000 euros. Gescartera había sido investigada desde 1993 en varias ocasiones por la CNMV, pero nunca actuó contra ella.

En noviembre de 2001, el Congreso aprobó el dictamen de la comisión, que eximía al Gobierno de responsabilidades políticas. Sólo la apoyaron, además del PP, CiU y Coalición Canaria. Mientras, el frente judicial se prolongó hasta marzo de 2008, cuando la Audiencia Nacional condenó a 52 años en total a las ocho personas acusadas.

También en los parlamentos autonómicos se han sucedido las comisiones de investigación desde 1977 hasta ahora. Bajo la lupa se pusieron tanto empresas privadas como semipúblicas. Por recibir subvenciones –las primeras– o por la participación de los gobiernos autonómicos en su gestión –las segundas–. Sin olvidar las cajas de ahorros, entidades privadas pero con dependencia orgánica de las administraciones territoriales.

  SPANAIR

Así, el Parlamento catalán investigó en 2014 la quiebra de Spanair, una de las empresas del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ocurrida dos años antes. Fue solicitada por todos los grupos políticos, que querían saber qué había ocurrido con los 185 millones de euros que habían inyectado la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para apoyar la compra de la aerolínea por parte un grupo de inversores catalanes. Sin embargo, entró en concurso con un pasivo de 474 millones de euros.

En julio de 2015, la comisión eximió de responsabilidad política a las instituciones, con los votos de CiU, PSC y ERC, la abstención de ICV y el rechazo de PP y Ciudadanos. Si éstas apoyaron con dinero público la operación fue porque consideraron que el proyecto era “viable”, aseguraba el dictamen. La Audiencia Nacional terminó exonerando a la cúpula de la empresa, que había sido condenada en primera instancia a pagar 10,8 millones de euros, al igual que la sociedad de la Generalitat Avançsa, que ejercía de administradora de la empresa, Fira de Barcelona e Inversions Turistiques i Comercials (Iticsa), filial de Turisme de Barcelona, un consorcio municipal.

  PROYECTO CASTOR

Tampoco ha tenido problema el Parlament para investigar el proyecto Castor, la planta de almacenamiento de gas que una empresa del grupo ACS, Escal UGS, perforaba frente a la desembocadura del Ebro en Tarragona. El proyecto tuvo que ser clausurado cuando empezó a detectarse una fuerte actividad sísmica en la zona. El Estado, que había asegurado el riesgo geológico de la obra, terminó pagando 1.350 millones a la empresa, propiedad de Florentino Pérez. La comisión se creó con el apoyo de todos los grupos políticos de la cámara. Aún no ha terminado sus trabajos.

  EPSILON E HIRIKO

En otros casos, los parlamentos autonómicos han investigado a empresas privadas por sus relaciones con las administraciones públicas. Por ejemplo, el Parlamento vasco analizó en 2015 las ayudas concedidas por el Gobierno de esa comunidad autónoma a los proyectos Epsilon –60 millones de euros en 2007– e Hiriko –15 millones en 2009–, que resultaron fracasados. La comisión halló responsabilidades políticas en miembros tanto del Consejo de Promoción Económica como del consejo de administración del Parque Tecnológico de Álava y de SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial.

  MUSEOS GUGGENHEIM Y BALENCIAGA

En la comisión que se abrió en 2008 sobre el Museo Guggenheim, se trataba de dilucidar responsabilidades políticas por las “irregularidades financieras, ausencia de control administrativo y anomalías” descubiertas en las dos sociedades públicas del museo: la Sociedad Tenedora, encargada de comprar obras de arte, y la Sociedad Inmobiliaria, dueña del solar y del edificio. El 50% de la Sociedad Tenedora es propiedad del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, pero sus cuentas no estaban integradas en los presupuestos de ninguna de estas instituciones ni sujetas a control público. La oposición las tachaba de opacas.

El detonante de la investigación fue el desfalco de más de medio millón de euros entre 1998 y 2005 cometido por el director de Finanzas del Museo, Roberto Cearsolo. Pero también se sometió a escrutinio una operación de compra de dólares –destinados a la adquisición de obras de arte–, donde la Sociedad Tenedora perdió más de seis millones de euros, de los 17,3 millones que habían aportado el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya.

El dictamen de la comisión culpó al director del museo, Juan Ignacio Vidarte, por su “falta de capacidad profesional” para controlar a sus subordinados, tutelar los bienes de la institución y gestionarla. Pero sobre todo reprochó a la consejera de Cultura, Miren Azkarate, su “falta de celo” en el control al director del museo y que hubiera “relajado su atención” sobre el manejo de recursos públicos. Azkarate presidía los consejos de administración de las dos sociedades antes citadas.

Casi al mismo tiempo, el Parlamento vasco indagaba en las irregularidades detectadas en otro museo, el Balenciaga, en esos momentos aún en fase de proyecto. En el patronato de la fundación que lo promovía se sientan el Ayuntamiento de Getaria (Guipúzcoa) y el Ministerio de Cultura, así como el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, en 2005 las cuatro instituciones constituyeron la sociedad Berroeta Aldamar para impulsar la construcción del museo dedicado al diseñador.

La comisión atribuyó responsabilidades políticas a los miembros del consejo de administración de Berroeta Aldamar por su “dejación en la gestión adecuada de los recursos públicos, falta de celo en su función de control de sus gestores y por avalar actuaciones de su gestor máximo con resultados contrarios al interés de la sociedad”. También culpó a la Dirección de Patrimonio del Gobierno vasco de una “insuficiente actuación en la supervisión e inventario”.

  GRUPO HISPANO TEXTIL

En Castilla y León fue el grupo Hispano Textil el que tuvo que someterse a escrutinio de su parlamento por una subvención de 3,61 millones de euros que la Junta le había concedido en 1992. Más otros 1,6 millones en incentivos regionales. De dos millones se desconoce aún cuál ha sido su paradero. La empresa de Béjar (Salamanca) cerró en 1983, dejando a 350 trabajadores en la calle. La comisión parlamentaria concluyó eximiendo de responsabilidades políticas al Gobierno del PP, pese a que durante las investigaciones se habían aportado documentos que revelaban fraude en la contabilidad, con indicios de caja B.

  NEW TECHNO

Otra subvención bajo sospecha fueron los 360.000 euros que recibió la empresa New Techno de la Junta de Castilla-La Mancha en 1987. Además, el Ministerio de Industria le concedió otros dos millones. El problema era que la empresa tenía escasa viabilidad. Aun así, la Junta, a través de la Sociedad de Fomento Regional (SFR), se quedó con 600 acciones de la empresa a cambio de la ayuda. Además, New Techno resultó ser la dueña del jaguar que durante años condujo el entonces secretario del Grupo Socialista en el Congreso, el abogado José María Mohedano, quien tuvo que dimitir cuando se hizo pública su relación con la empresa: también actuaba de asesor legal de su dueño, el empresario José Luis Gómez Pinto-Fontán.

  ACOREX

En Extremadura la comisión que investigó la quiebra de Acorex, la mayor cooperativa agrícola de la comunidad autónoma, en 2015 fue un fracaso: el Parlamento autonómico no llegó a aprobar un dictamen conjunto porque cada uno de los cuatro grupos sólo votó a favor del suyo propio y rechazó el del resto. Las indagaciones se centraron en la intervención de la Junta de Extremadura en Acorex, que entró en concurso de acreedores ese año, y en la Caja Rural extremeña. Todos los grupos coincidieron en la existencia de “injerencias políticas” en la empresa y en la caja, para unos por parte del Gobierno del PP y para otros, del PSOE. Podemos pidió la comparecencia de más de 100 personas, pero finalmente no acudieron ni los presidentes Guillermo Fernández Vara (PSOE) ni José Antonio Monago (PP), mientras que la Caja Rural de Extremadura pidió –y consiguió– que las sesiones no fueran públicas. La Junta, a través de la sociedad pública Avante, inyectó 16,9 millones de euros en el grupo cooperativo, de los cuales 10 millones eran préstamos. La Caja Rural debía actuar como “pulmón financiero” de Acorex, que salió del concurso en 2017. Según dijo entonces el PP, la intervención en la caja rural fue para “evitar que desapareciese”, siguiendo el consejo del Banco de España.

  CAJAS DE AHORROS

Un capítulo aparte merece la atención que han prestado los parlamentos autonómicos a las cajas de ahorros de sus respectivos territorios. Las vinculaciones entre estas entidades financieras y los políticos llevan mucho tiempo en el ojo del huracán. En 1988 el Parlamento canario empezó a investigar las cuentas corrientes que los miembros del Gobierno regional y los diputados tenían en las cajas de ahorro de las islas. Quería saber si algunos de ellos se habían beneficiado de créditos concedidos por estas entidades. La comisión se creó a solicitud del CDS, después de que IU lanzara las primeras acusaciones: el presidente canario, Lorenzo Olarte, había pedido un crédito de seis millones de euros a la Caja Insular de Ahorros de Canarias –de la que había sido presidente– para levantar una urbanización en Fuerteventura. En la misma comisión tuvo que comparecer otro presidente canario, el socialista Jerónimo Saavedra, para explicar la concesión de créditos por la misma entidad financiera.

En el Parlamento andaluz todos los grupos aprobaron el dictamen que denunció las múltiples irregularidades financieras y contables cometidas durante años en la Caja Rural de Jaén. Fue en 1983 cuando se destaparon los pufos que llevaron a la intervención de la entidad y los que se cometieron cuando ésta ya era inminente. Entre ellos, el trato de favor recibido por el teniente coronel Antonio Tejero. Ya había sido condenado por el intento de golpe del 23-F cuando pudo rescatar unos 20 millones de pesetas –120.000 euros– invertidos en valores de la Caja Rural de Jaén antes de su vencimiento. Esa cantidad le había sido entregada por la empresa editora del diario ultraderechista El AlcázarEl Alcázar. Cuando la entidad estaba a punto de ser intervenida, Tejero pudo así recuperar su inversión y los intereses, mientras que muchos otros clientes perdieron hasta un 25% de su dinero.

Además, el presidente de la entidad, Domingo Solís Ruiz, había utilizado fondos de una caja B para financiar un partido que había fundado, Acción Social Agraria, también para financiar a la UCD.

Pero es sin duda la crisis que llevó a la desaparición de las cajas de ahorro tras el estallido financiero de 2008 el asunto que más ha acaparado la atención de las cámaras autonómicas en los últimos años. Las de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja se han dedicado a intentar dirimir responsabilidades. Pero con éxito dispar.

En Castilla y León, la comisión que indagó por los motivos que llevaron a la desaparición de sus seis cajas de ahorro terminó el pasado enero sin conclusiones tras año y medio de trabajo. No salió adelante ninguna propuesta por el empate entre los 42 escaños del PP y los del conjunto de la oposición. Los populares pedía que eximiera de toda responsabilidad a la Junta de Castilla y León, además de culpar de lo ocurrido a la falta de vigilancia del Banco de España. Eso sí, los directivos de las cajas de Segovia, Ávila y Caja EspañaSegoviaÁvilaCaja España han afrontado en los juzgados sus correspondientes procesos.

En la Comunidad Valenciana, la cámara autonómica examinó el desvalijamiento de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con una comisión que se constituyó con el apoyo unánime de los grupos en octubre de 2011 y no concluyó sus trabajos hasta marzo de 2015. Indagó sobre los motivos por los que la cuarta caja de ahorros española terminó siendo intervenida por el Banco de España y desapareció con unas pérdidas de 1.731 millones de euros y una tasa de morosidad del 20%. Lo que no fue óbice para que sus directivos se embolsaran cuantiosas indemnizaciones, los mismos que habían concedido avales a proyectos inviables y habían permitido una sobreexposición de la entidad al ladrillo de 16.000 millones de euros.

En sus conclusiones, la comisión repartió culpas entre el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por falta de diligencia. Pero también señalaron a los directivos por sussueldos desorbitados y sus pensiones vitalicias, además de acusarles de manipular las cuentas y los balances. También reprocharon a la auditora KPMG por una actuación “complaciente”. Y no faltaron las menciones al trato de favor recibido por algunos empresarios.

La Audiencia Nacional sigue aún juzgando a algunos de los directivos responsables de la estrepitosa caída de la CAM, mientras el Tribunal Supremo acaba de absolver del delito de falsedad contable a su ex director general Roberto López Abad y de reducir las penas a otros dos ejecutivos.

En La Rioja, la comisión que investiga la integración de su caja en Bankia empezó a trabajar en septiembre de 2016. Fue suspendida en junio de 2017. Y aún hoy sigue sin cerrarse.

En Navarra, por el contrario, el dictamen se aprobó el pasado 22 de febrero y determinó que la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) podría haber continuado en solitario, en lugar de desaparecer al quedar integrada primero en Banca Cívica, en 2010, y en 2012 en Caixabank. Contó con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, pero con el rechazo de UPN, PSN y PP. La comisión atribuyó el fin de la CAN al cambio de modelo de negocio que impulsó su último director general, Enrique Goñi, así como a una “dejación de funciones de control” por parte de los gobiernos forales de entonces. Además, destaca que la pérdida patrimonial que sufrió la caja navarra, del 80%, fue “muy superior a la sufrida por otras entidades del entorno”.

La Audiencia Nacional ha absuelto a la antigua cúpula directiva de Abengoa, a la que el fiscal acusaba de un delito de administración desleal y apropiación indebida por haber cobrado indemnizaciones de casi 16 millones de euros cuando la empresa se encontraba al borde del concurso de acreedores. Los magistrados no sólo han librado al expresidente Felipe Benjumea y al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega –los que cobraron–, sino también a tres miembros de la comisión de nombramientos y retribuciones, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, que informaron favorablemente sobre las indemnizaciones. Para los primeros las acusaciones pedían cinco años de cárcel y cuatro para los segundos.

Según la sentencia, los contratos de Benjumea y Sánchez Ortega fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que ambos intervinieran en su redacción. Tampoco cree el tribunal que los miembros de la comisión de retribuciones actuaran “torticeramente” al informar favorablemente sobre las condiciones económicas de los dos máximos ejecutivos de la empresa de ingeniería sevillana.

Además, descarta que existiera “confabulación” alguna para beneficiar a presidente y consejero delegado con su salida de la compañía. Finalmente, la Audiencia Nacional destaca que ni siquiera la propia Abengoa les pide ninguna cantidad, pese a que “ha tenido múltiples oportunidades procesales para personarse en las actuaciones o, al menos, reclamar lo presuntamente mal abonado”. Benjumea y Sánchez Ortega abandonaron la empresa en 2015; Abengoa perdió 7.626 millones de euros en 2016.

La sentencia rechaza con dureza las que considera “peticiones indemnizatorias desbordadas” de las acusaciones. Y les reprocha que pretendieran ampliar el ámbito de los perjudicados por la mala gestión de los ejecutivos de Abengoa a los accionistas y bonistas de la empresa: los primeros vieron diluida su participación en un 95% con el acuerdo de refinanciación de noviembre de 2016 y los segundos sufrieron quitas superiores al 70%. “Se ha planteado el juicio como una causa general contra la actividad empresarial desarrollada en Abengoa”, recrimina la sentencia a los acusadores.

Reproche moral, pero no delito

Pese al escándalo y la indignación que han suscitado los múltiples casos de altos directivos que recibieron cuantiosos sobresueldos o prejubilaciones mientras sus empresas se encaminaban a la ruina, sólo unos pocos ejecutivos han sido condenados y han tenido que devolver lo indebidamente cobrado. De hecho, el Tribunal Supremo ha dejado al margen de toda responsabilidad penal las “conductas que, pudiendo generar otro tipo de reproche moral, ético o político, aparecen sujetas a otras exigencias distintas del principio de legalidad que caracteriza el sistema penal”. Con ese argumento el Alto Tribunal archivaba en julio de 2013 las actuaciones judiciales contra la expresidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por el cobro de dietas irregulares en una comisión de Caja Navarra que no figuraban en las cuentas de la entidad ni habían sido comunicadas al Banco de España ni a la CNMV.

Desde luego, los casos más sonados han sido los que han afectado a los máximos directivos de las cajas de ahorro. A punto de ser rescatadas con dinero público o fusionadas con otras, asfixiadas por el ladrillo tóxico y recortando sus plantillas en miles de trabajadores, muchas de ellas subían los sueldos o aprobaban bonus y prejubilaciones para los responsables de su nefasta gestión.

Una conducta que las instituciones europeas quieren extirpar de raíz aplicando una cláusula de recobro o clawback, para los directivos de bancos con pérdidas o en trámite de resolución. Establecida por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el Banco de España la impuso el pasado 1 de enero y el Santander acaba de activarla para reclamar 25 millones de euros a los dos últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a los consejeros delegados Pedro Larena, Francisco Gómez e Ignacio Sánchez Asiaín. A Ron le correspondió una prejubilación de 12,8 millones y a Gómez, otra de nueve millones. El banco de Ana Patricia Botín absorbió el pasado mes de junio el Popular, que perdió la mitad de su cotización bursátil y agotó su liquidez tras reformular sus cuentas en 700 millones de euros.

Sólo  pagan Caixa Penedès y Novagalicia

A la espera de lo que decidan los tribunales sobre las prejubilaciones del Banco Popular, muchos son los directivos de entidades financieras que han debido defenderlas en sede judicial. Algunos ya han tenido que pasar por caja. Los primeros fueron cuatro exejecutivos de Caixa Penedès, después integrada en Banco Mare Nostrum (BMN). Condenados a dos años de cárcel por administración desleal, se libraron de ir a prisión porque devolvieron 27 millones de euros percibidos ilegalmente como prejubilaciones.

También fueron condenados a reintegrar prejubilaciones de escándalo los directivos de Novagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Ricardo Pradas. Se embolsaron casi 19 millones de euros. Primero se subieron los sueldos y luego cambiaron sus contratos, justo cuando la entidad se encontraba técnicamente en la quiebra y había pedido ayudas públicas para ser rescatada. Finalmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó un total de 10.118 millones de euros, de los que da por perdidos 8.648 millones, según los cálculos del Banco de España.

El Supremo les obligó a devolver 10 millones de euros, pero como no desembolsaron ni la mitad, la Audiencia Nacional les envió a prisión el pasado mes de enero. Fernández Gayoso, de 85 años, salió de la cárcel el pasado agosto, debido a su elevada edad y a que ha terminado devolviendo la cantidad íntegra que le exigía el tribunal. Los demás continúan entre rejas, pero han obtenido permisos de salida semanales antes de conseguir el tercer grado.

Por el contrario, los 13 máximos ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –luego integrado en el Banco Sabadell– se libraron de reintegrar los 47 millones de euros embolsados en 2010 y 2011 entre prejubilaciones, rentas vitalicias, aportaciones a planes de pensiones y retribuciones variables. La Audiencia Nacional las consideró legales en una sentencia del pasado octubre tras absolverles de estafa, apropiación indebida y administración desleal. La operación fue similar a la de Novagalicia: los ejecutivos aprobaron mejorar sus rentas justo cuando la CAM se dirigía hacia la bancarrota. El Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre con aportaciones del resto de las entidades bancarias españolas, inyectó para el rescate de esta antigua caja un total de 11.093 millones de euros, según las últimas cuentas del Banco de España. La sentencia avala las actuaciones de la cúpula de la CAM con el argumento de que aun no siendo “siempre lógicas e incluso inteligibles”, estuvieron “amparadas por las resoluciones de la comisión de remuneraciones y el consejo de administración” de la entidad.

Caja Madrid, Catalunya Caixa y Caja Segovia, pendientes

Pendiente de la decisión final de los jueces se encuentran aún los antiguos gestores de Caja Madrid. Según los cálculos que el FROB remitió a la Fiscalía, los ejecutivos de la entidad percibieron indebidamente un total de 14,8 millones de euros entre 2007 y 2010. Empezaron subiéndose el sueldo más de 26%, entre retribución fija, variable, aportaciones a planes de pensiones e indemnizaciones. También acordaron aumentarse las retribuciones por dietas y por las tarjetas black.

Tanto el expresidente Miguel Blesa como su director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, estaban obligados a sentarse en el banquillo por los 8,57 millones de euros que cobraron en sobresueldos ilegales y por los que la Fiscalía Anticorrupción les pedía cuatro años de prisión. También les reclama su devolución. Blesa se suicidó en julio, pero el Tribunal Supremo le condenó cuatro meses después a responder con sus bienes por los 9,3 millones de euros que defraudó por el uso de las tarjetas blackblack y de los que sólo devolvió una mínima parte. Por este caso, la Audiencia Nacional condenó a los 65 implicados a devolver 12,5 millones de euros. De ellos, 2,7 millones corresponden a Rodrigo Rato, que a partir de 2010 también presidió la sucesora de Caja Madrid, Bankia.

Y Bankia, una vez intervenida y nombrado José Ignacio Goirigolzarri al frente, exigió enseguida a 72 de sus mayores ejecutivos que devolvieran los bonus cobrados en 2011. Como resultado de la revisión de sus cuentas, los 309 millones de euros de beneficios que habían servido a los directivos para cobrar sus variables se convirtieron en 2.979 millones en pérdidas. Lo mismo ocurrió con la indemnización de un millón de euros que pretendió llevarse Rodrigo Rato al salir de Bankia en mayo de 2012.

A lo largo de los próximos meses los tribunales deberán dilucidar qué ocurre con las cantidades cobradas por todos ellos en los casos de las tarjetas black de Caja Madrid –pendientes de recurso en el Supremo–, así como de la salida a Bolsa y de la falsedad de las cuentas de Bankia. La Audiencia Nacional sostiene que las irregularidades contables que precedieron a la operación bursátil permitieron también a los altos ejecutivos cobrar bonus ilegales .

La Fiscalía pide para el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y su ex director general, Adolfo Todó, cuatro años de cárcel por buscar únicamente su propio beneficio aprobando unos sobresueldos y prejubilaciones “escandalosos”. El rescate de la entidad catalana costó a las arcas públicas 11.830 millones de euros inmediatamente después. El fiscal les  ha reclamado, a ellos y a otros 39 miembros del consejo de administración una fianza conjunta de 9,5 millones de euros. Todó cobraba un sueldo anual de 600.000 euros, más una retribución variable del 35% y se aseguró una prejubilación del 90% del sueldo entre los 60 y 67 años, para a partir de esa edad percibir de forma vitalicia el 80%. Serrá sumó dietas extraordinarias de hasta 135.000 euros a su retribución anual de 175.000 euros.

Esta primavera se sentarán igualmente ante el juez seis ex altos cargos de Caja Segovia, una de las entidades que terminó formando parte de Bankia. Pese a que un juzgado de Segovia archivó en junio de 2016 la causa por apuntarse 17 millones de euros en prejubilaciones, la Audiencia Provincial la reabrió después de que el Tribunal Supremo condenara a la cúpula de Novagalicia. Como en otros casos similares, los directivos de la caja segoviana se adjudicaron 34 millones de euros –17 millones en prejubilaciones y el resto en planes de pensiones– justo antes de que la entidad se integrara en Bankia.

El Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob), el organismo del Estado responsable de la recapitalización de las cajas de ahorros, persigue en estos momentos a los responsables de 24 pelotazos cometidos en el seno de las entidades restacadas, según desveló esta semana el presidente de este organismo público, Jaime Ponce, en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, en la que especificó que el organismo que preside ha denunciado 47 actuaciones sospechosas que han supuesto "un perjuicio económico" de 3.587 millones.

Jaime Ponce cuantificó las ayudas concedidas por la Administración pública al sector financiero español: 58.996 millones, entre las ayudas directas aportadas para la recapitalización y las garantías otorgadas en varios procesos. En cualquier caso, hasta ahora sólo se han recuperado 4.837 millones, un 8% del total. El Tribunal de Cuentas casi dobla aquella cifra y asegura que han sido necesarios 107.914 millones de euros.

Desde que se constituyó el Fondo, en mayo de 2013, este organismo dependiente del Ministerio de Economía y del Banco de España ha revisado 90 operaciones dudosas de las entidades en las que ha ido asumiendo la propiedad, aunque después haya vendido sus participaciones, como por ejemplo es el caso del Banco de Valencia, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Catalunya Banc.

Casi la mitad de estas denuncias se encuentran en manos de los tribunales por actividades de las entidades financieras relacionadas "con el tráfico inmobiliario y las prácticas retributivas", según especificó Jaime Ponce a los parlamentarios.

1.503 millones de impacto

En marzo, el Frob envió una decena de operaciones a la justicia, con un impacto patrimonial de 1.503 millones, esto es, un 40% de todo el perjuicio calculado de las nacionalizadas.

Asimismo, el Fondo se ha personado en 24 causas penales de las que 20 se han iniciado por denuncia de este organismo, según aclaró Ponce, bien ante la Fiscalía o mediante las propias entidades durante el periodo que fueron administradas por el Estado. Sin embargo, una portavoz del organismo no ha querido especificar en qué causas concretas está personado. infoLibre hace un recuento de estos casos:

operaciones vinculadas con el Banco de Valencia

El exfiscal jefe de Anticorrupción Antonio Salinas llegó a asegurar a infoLibre que el caso Banco de Valencia, compuesto por una pieza principal y una decena de piezas separadas "está dando un trabajo infernal". Lo dijo tras reconocer que ha tenido que asignar a tres fiscales al caso y sus ramificaciones.

La investigación se inició después de que el Frob, una de las entidades que ha tenido que suministrar una parte de los 17.000 millones necesarios para evitar su quiebra, denunciara ocho actuaciones presuntamente ilegales. El fondo estatal de rescate señaló como principal responsable al exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, que figura en las ocho querellas como presunto autor de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. 

Precisamente, el juez Santiago Pedraz ha acordado el archivo de dos de estas piezas separadas del caso Banco de Valencia. La última de ellas contra Parra y el exdirector de Sociedades Participadas Inmobiliarias de la entidad Alfonso Monferrer y el empresario Bartolomé Cursach por la presunta comisión de apropiación indebida en la concesión de préstamos a dos empresas del grupo.

Novacaixagalicia Banco

La Audiencia Nacional condenó el 22 de octubre a Julio Fernández Gayoso como excopresidente de Novacaixagalicia, así como a su exdirector general José Luis Pego y al antiguo responsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, en una causa en la que el Frob ejerció la acusación popular.

La Audiencia les condenó a dos años de cárcel por delitos de administración desleal y de apropiación indebida por el cobro indebido de sus prejubilaciones millonarias, que ascendieron a 14 millones. Sin embargo, ninguno ha ingresado en prisión.

Asimismo, el Frob envió a la Fiscalía nueve operaciones correspondientes a NCG Banco, que podrían suponer un daño estimado de 810 millones. Entre ellas está un crédito de 60 millones que otorgó Caixanova a la inmobiliaria Rivas ACI para la compra de una parcela de 40.000 metros cuadrados en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid.

Según el diario económico Expansión, en las denuncias también se incluye la conexión entre Caixa Galicia y la inmobiliaria Astroc, cuyos hechos presuntamente delictivos dejaron un agujero de 300 millones de euros en las cuentas de NCG Banco.

Catalunya Banc

El Frob remitió a la Fiscalía General del Estado 16 operaciones financieras presuntamente delictivas correspondientes a Catalunya Banc (Catalunya Caixa), con un perjuicio estimado de 900 millones, así como un expediente relativo a una cartera de préstamos hipotecarios minoristas concedido por esta entidad.

Además, el Fondo envió a la Fiscalía un expediente relativo a la extinción de contratos de alta dirección correspondientes al periodo 2008- 2009. En aquella época la entidad estaba presidida por el exvicepresidente socialista Narcís SerraNarcís Serra y dirigida por Adolf Todó.

La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona acabó denunciando a Serra, Todó y a otros 52 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010 por "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia".

Bankia y Caja Madrid

Por lo que respecta a las operaciones relacionadas con retribuciones de los administradores, el Frob denunció ante los fiscales dos expedientes relativos al grupo Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, o a las cajas que lo formaron. En ambos casos está personado el Frob.

El primero de estos expedientes es el de las tarjetas blackblack, tal y como lo denominó el propio teniente fiscal Alejandro Luzón, que está juzgándose ahora mismo en la Audiencia Nacional con 65 procesados, entre los que se encuentran los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. El fiscal Luzón les acusa de haberse beneficiado de forma irregular de 12 millones de euros.

El segundo caso denunciado por el Frob sobre Bankia y Caja Madrid ante la Fiscalía está relacionado con sobresueldos e indemnizaciones por parte de directivos de Caja Madrid en el período 2007-2010. Tanto Blesa como su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, declararon por este asunto como investigados ante la jueza de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto. El perjuicio provocado presuntamente por estos sobresueldos, según el Fondo, fue de 14,8 millones.

El organismo presidido por Jaime Ponce también está personado en la pieza principal del caso Bankia,caso Bankia, en la que se juzga a Rodrigo Rato y otros directivos por las irregularidades cometidas en la fusión y posterior salida a bolsa. El agujero de Bankia es, según el Tribunal de Cuentas, de 22.400 millones.

Caja de Ahorros del Mediterráneo 

Los administradores de Caja Mediterráneo (CAM) solicitaron tras el rescate bancario a la Audiencia Nacional personarse como acusación particular en la causa que investiga a la anterior cúpula directiva de la entidad financiera. El juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional instruye una causa contra la anterior cúpula por estafa, delito societario y falsedad documental.

El agujero dejado por la CAM, según los datos aportados por el Tribunal de Cuentas, es el mayor de todos, superando incluso al de Bankia. La CAM ha necesitado 24.000 millones de euros por 22.400 la entidad ahora presidida por José Ignacio Goirigolzarri. En estos momentos la entidad de origen valenciano y murciano forma marte del grupo Sabadell.

Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès

En julio del año pasado el Frob remitió a la Fiscalía General del Estado otras cinco operaciones relacionadas con Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedés, con un daño conjunto para el Estado cifrado en 175 millones de euros. Hasta el momento, ninguna de estas denuncias se ha convertido en una querella interpuesta en los juzgados.

El Banco Mare Nostrum (BMN) que conformaron junto a la entidad granadina, las también desaparecidas Caja Murcia, Sa Nostra y Caixa Penedés precisó un total de 1.645 millones de fondos públicos para evitar su quiebra.

La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona ha absuelto al exdiputado del PP Santiago Cervera del delito de amenazas que le imputaba el expresidente de Caja Navarra José Antonio Asiáin.

Entre otros argumentos, la magistrada sostiene que "no existe" prueba de que Cervera remitiera el correo electrónico con el contenido del chantaje. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra.

Los hechos juzgados se remontan a diciembre de 2012, cuando José Antonio Asiáin recibió un correo electrónico anónimo en el que se le exigía el pago de 25.000 euros para evitar que se hiciera pública información en la que se le acusaba de haber facturado importantes cantidades de Caja Navarra por su actividad en su despacho de abogado.

Se le pedía que el dinero fuera depositado el 7 de diciembre en una muralla cercana al Club Natación de Pamplona. Asiáin denunció los hechos ante la Guardia Civil. Se preparó así un dispositivo de vigilancia para localizar a la persona que acudiera a recoger el dinero. Acudió Santiago Cervera, que resultó detenido. El diputado aseguró que había sido víctima de una trampa por medio de un email anónimo.

La juez estima que "tiene razón la defensa del acusado cuando argumenta que no se ha practicado prueba de cargo suficiente como para acreditar la concurrencia de los elementos que integran el delito de amenazas".

"En la presente causa, tras una abundante prueba, no existe prueba directa que permita atribuir al acusado la autoría de los hechos, en concreto no existe prueba de que el acusado remitiera el correo conteniendo el chantaje al denunciante", considera la sentencia.

La juez recuerda además los informes elaborados por la Guardia Civil, que señalaron que era "imposible afirmar" que los equipos informáticos de Cervera fueran utilizados para la comisión de los hechos.

Según la sentencia, atendiendo a estos informes, la Guardia Civil no pudo conocer "quién utilizó la IP desde la que se envió el correo delictivo ya que se trata de una empresa radicada en Hong Kong que no viene obligada por su legislación a proporcionar esa información lo que impide por tanto conocer dicha información".

Además, la juez recuerda que los agentes manifestaron en el juicio que, "pese a que en los ordenadores del acusado existiera una aplicación de VPN, no llegaron a encontrar en los ordenadores del acusado trazas de utilización de dicho programa o aplicación, es decir, de ningún software de anonimación de VPN, solo un Log con una parte de VPN muy genérico que corresponde a un pincho 3G". "Por tanto, aun cuando la aplicación exista no queda acreditado que la utilizara el acusado y menos aun para enviar el correo delictivo", apunta la sentencia.

Asimismo, la juez añade que los peritos declararon que "en dichos ordenadores no constaba que tuvieran o hubieran tenido técnicas sofisticadas de borrado ni programas especiales de borrado pese a buscarlos, ya que es la cosa que primero se hace y en estos ordenadores no existían técnicas o rastros de programas de borrado antiforenses". Por tanto, la magistrada absuelve a Santiago Cervera por los hechos enjuiciados. Contra la sentencia cabe interponer recurso en el plazo de diez días ante la Audiencia Provincial de Navarra.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos interpuestos por el Ministerio fiscal y el partido UPyD contra la decisión del juez Eloy Velasco de archivar la investigación sobre la fusión y la salida a Bolsa de Banca Cívica.

Además, la Audiencia ha estimado el recurso presentado por el expresidente de Caja Navarra y del Gobierno foral, Miguel Sanz, que se oponía a que la parte relativa a Caja Navarra fuera enviada al Juzgado de Instrucción Número 3 de Pamplona. De esta forma, la parte relativa a CAN será investigada también en Madrid.

La Sala de lo Penal explica en su auto que la instrucción que realizó el juez Eloy Velasco "se encuentra inconclusa, como consecuencia principalmente de la no aportación de la documentación e información requerida" para realizar la investigación. Por este motivo, ordena al juez la continuación de las actuaciones de investigación, en concreto, "el requerimiento de la documentación necesaria y demás que fueren precisas para la conclusión de la pericia, tras lo cual deberá procederse por el instructor a una nueva valoración de los hechos objeto del procedimiento en su conjunto, con absoluta libertad de criterio".

En concreto, la Sala de lo Penal recuerda que peritos del Banco de España ya comunicaron que sería necesario para la investigación que Caixabank, como sucesora de Banca Cívica, facilitara diversos documentos, tales como las combinaciones de negocios contabilizadas en junio y diciembre de 2010, así como con la revisión de los ajustes de valor razonable de la combinación de negocios de Banca Cívica con Cajasol realizada en el cierre contable del año 2011, tal y como se recogen en las cuentas anuales consolidadas y publicadas para los ejercicios 2010 y 2011. También solicitaban los peritos la documentación archivada como antecedentes de las reuniones del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Banca Cívica.

Igualmente quedaría pendiente de recibir, según las necesidades expuestas por los peritos, la documentación sobre los créditos otorgados a miembros del Consejo de Administración de Caja Navarra y sus familias entre los años 2005 y 2011; los criterios seguidos en operaciones de saneamiento de activos por Caja Navarra, y operaciones efectuadas entre la entidad a través de la Corporación industrial y las sociedades de Enrique Goñi –exdirector general de la Caja–.

"Necesidad" de la información

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional explicó que no cabe "ninguna duda de la transcendencia e imprescindibilidad de la documentación preterida, interesada y no remitida, así como de su necesidad para una correcta confección del informe pericial en las presentes actuaciones".

Al estimar los recursos, la Audiencia señala que este informe pericial "se erige como pieza nuclear acerca de la que giran el resto de las diligencias de investigación, como así sucede en la persecución de delitos de carácter económico, relacionados con actividades financieras llevadas a cabo por entidades crediticias".

Por tanto, la Sala concluye que "en este momento procesal, incompleta la instrucción, no parece aconsejable la decisión de sobreseimiento de las actuaciones, debiendo traerse la documentación requerida, y tras su análisis por los peritos del Banco de España, completar su informe, tras lo cual, el instructor estará en condiciones de adoptar alguna de las decisiones previstas".

Respecto a la posibilidad de que el juez Eloy Velasco se inhiba o no en la parte relativa Caja Navarra, la Sala considera que, "dada la evidente conexidad de las conductas objeto de investigación, no hacen aconsejable la remisión de las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona" y argumenta que "las actuaciones u operaciones financieras antecedentes acaecidas en Caja Navarra no pueden desvincularse del posterior proceso de fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica".

El juez de Instrucción número 2 de Pamplona ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el exdiputado del PP Santiago Cervera por un supuesto delito de chantaje al expresidente de Caja Navarra José Antonio Asiáin.

El denunciante solicita catorce meses de cárcel para Santiago Cervera mientras que el fiscal, la defensa y Kontuz! piden el archivo de la causa, según publican este martes Diario de Navarra y Diario de Noticias.

Este auto llega después de que el pasado 18 de marzo el juez concluyera la investigación del 'caso Cervera'. El magistrado señaló que consideraba que hay indicios contra el exdiputado del PP, que, como se recordará, fue detenido en diciembre de 2012 en Pamplona en el marco de investigación por un supuesto chantaje al expresidente de CAN.

Asiáin recibió el 5 de diciembre de 2012 un correo electrónico anónimo en el que se le exigía el pago de 25.000 euros para evitar que se hiciera pública información en la que se le acusaba de haber facturado importantes cantidades de CAN por su actividad en su despacho de abogado.

Se le pedía que el dinero fuera depositado el 7 de diciembre en una muralla cercana al Club Natación de Pamplona. Asiáin denunció los hechos ante la Guardia Civil. Se preparó así un dispositivo de vigilancia para localizar a la persona que acudiera a recoger el dinero. Acudió Santiago Cervera, que resultó detenido. El diputado aseguró que había sido también víctima de una trampa por medio de un e-mail anónimo.

En el auto de marzo, el magistrado sostenía que en el presente caso "son variados los indicios racionales de criminalidad contra el imputado Santiago Cervera, cuya valoración conjunta e imparcial ha de llevar, necesariamente, al dictado de la presente resolución, sin perjuicio de lo que finalmente se resuelva por el órgano competente para el enjuicimiento, en el caso de que termine celebrándose un juicio".

El fiscal, sin embargo, había soliticado el archivo de la causa al considerar que "no existen pruebas para poder acusar formalmente" al imputado. Según expuso, a pesar del "esfuerzo" realizado por el juez instructor, en este caso los interrogantes y las incógnitas respecto de la autoría "no han resultado desplazadas o superadas por las necesarias certezas requeridas para poder formalmente formular escrito de acusación contra el imputado".

La detención la semana pasada del que fuera director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, no ha sorprendido a muchos.Roberto López Abad, Según la investigación llevada a cabo por el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, este banquero, en colaboración con empresarios y otros empleados de la caja, idearon un sistema que logró evadir más de 200 millones de euros al fisco español, con destino al paraíso fiscal caribeño de Curaçao (antiguas Antillas Holandesas). También ha estado entre rejas el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ingresó hasta en dos ocasiones en la cárcel, imputado por la emisión de cientos de millones de euros en preferentes. ingresó hasta en dos ocasiones en la cárcel, Hasta ahora son los dos únicos dirigentes de bancos que han ingresado en prisión.

Pero podrían no ser los únicos, pues en varias partes de España, jueces y fiscales investigan a los gestores de 16 cajas de ahorros y bancos que formaron parte de un sistema financiero español que desde mayo de 2009 ha necesitado 61.366 millones de euros de dinero público en inyecciones directas de capital  para evitar su desplome.

Hasta el momento, y según la información recogida por infoLibre, 195 directivos y empresarios, todos ellos vinculados a las cajas de ahorros rescatadas, permanecen imputados en la Audiencia Nacional o en juzgados de instrucción por delitos como evasión fiscal o administración desleal. 

Todo está relacionado con el expolio de las cajas de ahorros, controladas por los partidos mayoritarios en las diferentes comunidades autónomas, especialmente el PP, el PSOE pero también Izquierda Unida. A muchos de esos banqueros se les acusa de aprobarse a sí mismos prejubilaciones multimillonarias,prejubilaciones multimillonarias pero también de enriquecerse de forma ilícita. Y todo esto se produjo en un periodo de tiempo en el que las entidades financieras que gobernaban han tenido que ser rescatadas.

Las dos antiguas cajas de ahorros que más dinero han necesitado para sobrevivir, Bankia (22.424 millones) y Catalunya Banc (12.052 millones), son de las que más dirigentes imputados mantienen, con 36 y 54, respectivamente. La tercera en volumen de dinero obtenido de los españoles es Novacaixagalicia, con 8.981 millones, tiene ya ocho imputados. El Banco de Valencia (5.498 millones) tiene a cerca de una treintena de personas implicadas en los diferentes casos judiciales.

Estos son los implicados de cada una de las 16 cajas, muchas de ellas ya desaparecidas, que están siendo investigadas.

La parroquia tuitera, que no se caracteriza por tener pelos en la lengua, ha hecho su propia lectura de la actuación judicial:

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha decidido remitir el caso Caja Navarra al Tribunal Supremocaso Caja Navarra para que éste valore si es pertinente tomar declaración como imputada a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina. 

La jueza ya había imputado en esta investigación al anterior presidente del Ejecutivo navarro, Miguel Sanz; al alcalde de Pamplona, Enrique Maya; y al exconsejero de Economía, Álvaro Miranda. 

Barcina, que ostenta un cargo aforado que sólo puede ser investigado por el Supremo, formó parte, junto con los tres imputados, de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, un reducido órgano consultivo de la entidad en el que sus integrantes cobraban dietas por la asistencia a reuniones. 

La magistrada del juzgado de Pamplona ha estado investigando desde comienzos de este año el cobro de dietas en la entidad, al considerar que estas percepciones podrían tener un sustento "cuanto menos dudoso", y ha apuntado la existencia de indicios de un presunto delito de cohecho. Ha tomado por ello declaración como imputado a una cuarta persona, el exdirector general de CAN, Enrique Goñi.

La jueza ha venido manifestando que las denominadas sesiones de reporte (Permanente) tenían lugar con "carencia absoluta" de soporte normativo que las justificara y que sus integrantes "fueron elegidos de manera arbitraria por quien convocaba esas sesiones, que era el presidente de la Junta de Entidades Fundadoras y presidente del Gobierno de Navarra".

El fiscal se oponía a remitir el caso al Tribunal Supremo para estimar el cobro de dietas no constituye delito de cohecho. 

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados la legalidad de la emisión de participaciones preferentes por parte de las entidades financieras: "No se trata de una estafa, aunque se utilice en sentido coloquial, pero no lo es en el sentido técnico", explicó Rodríguez durante la presentación del informe anual sobre los mercados de valores de 2012. En este sentido dijo que las preferentes comenzaron a dar problemas con la crisis. Y citó el ejemplo de unos preferentistas de Unim que han vuelto a obtener beneficios tras la integración de estas cajas en BBVA.

La legalidad de la actuación de las entidades financieras, según Elvira Rodríguez, no es incompatible con que 9 grupos financieros de los 13 existentes en la actualidad estén inmersos en actuaciones disciplinarias. En concreto, estos bancos y cajas que no son identificados en el informe, pero entre los que se incluyen Bankia y Novacaixagalicia, han protagonizado 22 incumplimientos de la normativa vigente. Estos incumplimientos están relacionados con la falta de valoración de la conveniencia o de la idoneidad (doce casos) y la inadecuada gestión de los conflictos de interés (ocho casos). Pero también por suministrar información inadecuada (dos casos). Estas actuaciones afectan a inversiones por un valor nominal de 6.212 millones de euros, "una cifra que representa un porcentaje relativamente pequeño del total emitido".

A los infractores, según explicó la presidenta de la CNMV que se negó a identificarlos, se les impondrá una falta "muy grave", tal y como viene indicado en la Ley del Mercado de Valores. En algunos casos las sanciones incluyen una cuantía que se determinara en función del lucro obtenido por las entidades financieras. En este punto, Rodríguez se refirió a lo que calificó como "ejemplo desgraciado", en relación a la filtración de un informe de la CNMV sobre la comercialización de las preferentes de Bankia: "El juez Andreu de la Audiencia Nacional nos solicitó toda la información relativa a las preferentes de Caja Madrid y del resto que se fusionó creando Bankia. Pero lo hicimos con la advertencia de que era documentación reservada y que no se podía hacer público. Y a las tres semanas estaba colgado en un confidencial digital", se lamentó la presidenta de la CNMV, que continuó: "Y en esa documentación había un informe que era como para trabajarlo. Pero estas cosas nos pasan con más frecuencia de la que debería".

Preguntada por los periodistas al final de su comparecencia en el Congreso, Elvira Rodríguez explicó que serán sancionadas todas las que realizaron operaciones de reventa (cases): "Todas las que han hecho operaciones de case, ninguna gestionaba bien el conflicto de intereses, que al final es con lo que estamos trabajando, pero ahora no los voy a decir, lo diré más adelante".

Elvira explicó además que "por lo general" la comercialización de las preferentes era correcta, "pero en otros casos la comercialización no se ha hecho bien. Y prácticamemente todos los grupos tienen problemas con las operaciones del mercado secundario que se cruzaban dentro de la propia institución". Las inspecciones realizadas también han logrado "identificar" diversas incidencias de relevancia, "como un deficiente diseño de los tests de conveniencia e idoneidad y un rigor insuficiente en la evaluación de los resultados".

Rodríguez ha destacado que desde su creación se han realizado emisiones por 115.000 millones de euros que han tenido un total de tres illones de suscriptores. La mayoría de las emisiones han procedido de entidades financieras. También ha resaltado que se han realizado emisiones todos los años, pero ha precisado que los que han registrado más actividad en este sentido han sido 2001, 2004, 2007, 2009 y 2011. En concreto, ha indicado que en 2009 se produjo la gran emisión de productos híbridos debido a que las entidades necesitaban liquidez.

Entre los grupos de la oposición las palabras más utilizadas para definir las participaciones preferentes fueron las de "gran estafa" o "gran engaño". En este sentido, el portavoz del PSOE, Valeriano Gómez, llegó a considerar la emisión de preferentes como uno de los grandes engaños de la historia, por lo que apuntó la posibilidad de que el Estado compre los títulos a los afectados, términos en los que coincidió con el representante del PNV en la comisión de Economía.

Alberto Garzón, de Izquierda Plural, coincidió al criticar la emisión de las obligaciones subordinadas, pero también rechazó lo que calificó de "inacción permanente" de la CNMV. Por su parte, el representante de UPyD, Luis de Velasco, que recordó que su formación política ya ha acudido a los tribunales por las preferentes, aseguró que estos productos financieros eran "una estafa de gran cuantía".