El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado actos del partido en este momento en los que participe su antecesor, Pablo Casado, ya que, según ha explicado, su nueva actividad profesional "no es compatible" con la vida política. Según ha dicho, le parece "razonable" que no pueda implicarse en la actividad política "al menos durante un tiempo", según ha informado Europa Press.

Así se lo trasladó durante el almuerzo que ambos celebraron este miércoles en un céntrico restaurante de Madrid próximo al Senado, según ha relatado Feijóo a los periodistas en Daimiel (Ciudad Real), tras visitar la empresa García Carrión, acompañado del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

"Está enfocado y centrado en una actividad profesional y esa actividad profesional, según me ha dicho, no es compatible con la actividad política, cosa que entiendo y además me parece razonable e inteligente", ha declarado Feijóo, al ser preguntado si hablaron de incorporarle en actos del partido a medio plazo.

Feijóo, que ha enmarcado en la "normalidad" ese almuerzo porque la relación es "cordial", ha insistido en que el nuevo trabajo de su antecesor —en un fondo de inversión vinculado a la Defensa— requiere en este momento "no mezclarla con la actividad política".

En cualquier caso, ha dicho que si en algún momento Casado tuviera compatibilidad para participar en actos políticos, "iría a aquellos sitios donde se le invitara, como no puede ser de otra forma".

"No vamos a lugares donde no nos invitan", ha sentenciado. En los últimos días, desde Génova han repetido que son los candidatos electorales los que deciden sus campañas y quienes participan en ellas.

A preguntas de los medios sobre esa incompatibilidad, Feijóo ha explicado que esa actividad profesional internacional de Casado "requiere independencia partidista". "Por tanto, no puede hacer actividad política, al menos durante un tiempo", ha apostillado.

Preguntado entonces si no le vio con ganas de volver a la política, el líder del Partido Popular ha dicho que no es "intérprete" de Casado y ha añadido que se limita a decir lo que le trasladó en ese encuentro "sin más".

"En mi partido hablar con exdirigentes no está prohibido. Y como no hay ningún tipo de mala conciencia con nadie, pues yo hablo con todos los exdirigentes que ha tenido mi partido si les parece bien mantener un contacto conmigo y a mi me parece oportuno hacerlo. En este caso se produjeron las dos cuestiones. A él le interesa hablar conmigo y que a mi me parezca interesante y oportuno hablar con el, ha manifestado.

Dicho esto, Feijóo ha recalcado que "no hay nada que ocultar" ni hay "ninguna cuestión pendiente". "Simplemente hubo un congreso, no se presentó nadie y la gente votó", ha recordado, para subrayar que "un congreso democrático en partido democrático es lo normal para sustituir a un líder", ha aseverado.

La comida entre Feijóo y Casado ha coincidido en el tiempo con el primer aniversario de la profunda crisis interna que vivió el PP tras estallar la guerra entre Casado y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, en la madruga del 24 de febrero de 2022, el anterior presidente del PP pactó su salida con los 'barones' territoriales de partido.

Sin embargo, Feijóo ha explicado que ese almuerzo estaba fijado para la pasada Navidad pero como consecuencia de su agenda y la propia "agenda internacional" de Casado no ha podido celebrarse hasta este miércoles.

Pasar página lo antes posible, como si en el PP no hubiese tenido lugar una revuelta interna sin precedentes en la política española que ha puesto de patitas en la calle a quien hasta hace un mes era supuestamente su líder indiscutible, se ha convertido en la principal prioridad del primer partido de la oposición. 

La operación relevo, que el entorno de Pablo Casado considera el resultado de una conspiración planificada y premeditada, culminará formalmente en Sevilla dentro de dos semanas en el segundo congreso extraordinario consecutivo que el PP se ve obligado a organizar desde que fue desalojado del poder en 2018. 

Pero el entusiasmo con el que el gobierno provisional del partido y los barones autonómicos intentan presentar la consagración de Alberto Nuñez Feijóo como nuevo líder apenas puede disimular las heridas que deja la extraordinaria situación que atraviesa el PP.

La última pista de que no todo va bien la dio este viernes el comité organizador del congreso al revelar que apenas 41.681 afiliados se han inscrito para participar en las primarias del Partido Popular celebrará el próximo lunes. Una votación que el responsable de la mecánica del congreso, el eurodiputado Esteban González Pons, preferiría no celebrar, porque sólo hay un candidato y existe un riesgo real de que la participación en la votación interna no sea todo lo abultada que les gustaría.

Pons, al que muchos consideran el principal candidato a ocupar la Secretaría General del PP, el puesto que hasta ahora ocupaba Teodoro García Egea en Génova 13 y que, a todos los efectos, convierte a su titular en el número dos del partido, asegura que los estatutos le otorgaban margen suficiente para saltarse la votación de los militantes y adulterar así el proceso de primarias. La presión de Feijóo —en una insólita intervención que pone al descubierto la supuesta independencia de criterio de la organización— es lo que ha motivado la decisión de mantener la votación del próximo lunes.

Lo cierto es que la ausencia de competidores —la organización anuló la candidatura de la única aspirante que pretendía presentarse a las elecciones internas para elegir al nuevo presidente del PP— y lo abultado de los avales recogidos por Feijóo —más de 55.000— contaminaron desde el primer momento todo el proceso. 

Como también lo adulteró el hecho de que los barones, en la ya célebre reunión de la madrugada del 24 de febrero en la sede de Génova —exactamente 41 años después de la intentona golpista del 23F—, forzasen a Casado a renunciar por escrito a presentarse a la reelección en el congreso, lo que en la práctica hubiese dejado en manos de los afiliados la decisión de legalizar o no el golpe interno impulsado por Feijóo.

El presidente de la Xunta quería desde el primer momento el camino despejado. De ahí que la organización, en un gesto que también acaba en la práctica con el modelo de primarias del PP y disipa cualquier fantasía de imparcialidad, se volcase en la recogida de avales a la candidatura de Feijóo en las 17 comunidades autónomas. 

El esfuerzo fue tan intenso que, paradójicamente, hay más militantes del PP que han apoyado la candidatura del aspirante gallego —exactamente 55.580— que afiliados dispuestos a participar en la votación —41.681—. Una cifra que, en cualquier caso, revela una rebaja sustancial de la movilización interna: representa casi un 40% menos que la de las primarias del año 2018. En aquel entonces, con varios candidatos en liza —entre ellos Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la más votada por los militantes, y Pablo Casado, que fue el elegido por los compromisarios en el congreso—, se inscribieron para votar 66.384 afiliados.

Es cierto que la motivación era entonces mayor, porque había varios aspirantes y ahora todo el mundo sabe quién va a ser elegido. Pero también lo es que la cifra resulta sustancialmente inferior a la de hace casi cuatro años a pesar de que todos los barones pusieron sus respectivas maquinarias internas al servicio del nuevo líder para mostrar un partido movilizado y comprometido en torno al elegido para sustituir de Casado.

Los organizadores del congreso y el gobierno provisional del partido ni siquiera se han molestado en disimular que todo es un mero trámite y que Feijóo salió ya elegido presidente del PP, por decisión de sus pares autonómicos, de aquella reunión con Casado en la calle Génova. Durante los últimos diez días ha sido el propio partido el que ha convocado a los militantes a los mítines que el todavía presidente de la Xunta ha ofrecido por casi toda España y que culminará este fin de semana en Castilla y León y Extremadura. Con episodios tan reveladores, por insólitos, como la singular decisión de retrasar los actos de tres comunidades —País Vasco, Navarra y La Rioja— hasta después de la votación.

No es este el único elemento de distorsión del congreso. Uno de los más llamativos es que la defensa de la gestión del equipo de Casado la llevará a cabo una de las personas que pasó de defenderle a acusarle. La elegida es la actual coordinadora general, Cuca Gamarra, que en su día se unió a los dirigentes que pedían la dimisión del presidente del partido después de que Isabel Díaz Ayuso pusiese en marcha una ofensiva contra él por haberse atrevido a cuestionar la legalidad de un contrato público del que se había beneficiado su hermano.

En realidad, hasta el propio Feijóo confesó, al inicio de todo el proceso, su escasa fe un procedimiento que se propone cambiar. No será ahora, porque el formato elegido para celebrar el congreso extraordinario no incluye la modificación de los estatutos. Habrá que esperar a un congreso ordinario para cambiar el sistema actual —primero votan los militantes y después los compromisarios pueden cambiar esa decisión— que no gusta ni al nuevo PP ni a Feijóo. “Las primarias asamblearias necesitan ajustes. Hay que darle una vuelta al sistema de que cualquiera vote a cualquiera que se presente con 100 avales, y entonces nos presentamos todos, y hacemos 20 campañas electorales, y después volvemos a votar, y no tiene por qué coincidir el que sale con más votos al principio del que sale con más votos al final”, declaró el 6 de marzo al diario El Mundo.

Lo que él quiere es, sencillamente suprimirlas, pero conservando el nombre. “Creo en las primarias a través de compromisarios, no en las primarias asamblearias. Los militantes eligen a los compromisarios, y estos tienen la responsabilidad de elegir entre los candidatos”, explicó en la misma entrevista.

En esto también sigue al expresidente Mariano Rajoy. En su último libro, Política para adultos (Plaza & Janés), dedica un capítulo entero a explicar por qué no le gusta este modelo que, sin embargo, incorporó el PP en 2017, cuando él todavía era su máximo líder.

Poco a poco, día a día, declaración a declaración, Alberto Núñez Feijóo va borrando la línea divisoria que hasta hace pocas semanas separaba al Partido Popular de Vox. El último charco lo cruzó este jueves cuando puso en duda que asesinar a los hijos de una mujer pueda ser considerado “violencia machista” y deba calificarse de “violencia intrafamiliar”, la expresión con la que la ultraderecha trata de negar la existencia de una violencia dirigida específicamente contra las mujeres por el hecho de serlo.

El presidente de la Xunta trató después de matizar sus declaraciones a través de Twitter, a la vista del incendio desatado y de que sus palabras contradicen no sólo la legislación española y los pactos que el PP ha suscrito contra la violencia de género sino incluso la ley que él mismo impulsó en 2021 en Galicia para reconocer la violencia vicaria como violencia machista. 

“Cuando un padre mata a un hijo que está pegando a su madre o una madre comete un parricidio”, eso es violencia intrafamiliar, inrentó enmendarse a sí mismo. “Que nadie dude de que lucharemos contra todas las violencias y que no daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista”.

Pero ya era tarde. Su primera versión ya había disculpado las declaraciones en las que el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, aseguró preferir hablar de “violencia intrafamiliar” antes que de violencia de género. 

Desde que confirmó su candidatura a la Presidencia del PP, que obtendrá formalmente dentro de dos semanas en Sevilla sin nadie que le dispute el puesto, Feijóo está borrando la línea divisoria entre su partido y Vox. 

Primero avaló el pacto suscrito con la extrema derecha en Castilla y León por el barón local, Alfonso Fernández Mañueco, que por primera vez dará acceso a Vox a tareas ejecutivas en un gobierno. 

Después, haciendo suyo el discurso trumpista de Isabel Díaz Ayuso que tanto gusta a los votantes ultras, cuando se confesó “impactado” por la “entereza y solvencia” de la presidenta madrileña y confesó estar deseando “volver a vivir en Madrid” porque es una ciudad que “ama la libertad”.

Y ahora asumiendo el léxico que utiliza Vox para negar la violencia contra las mujeres, en línea con el acuerdo suscrito en Castilla y León que, además de afirmar la existencia de “adoctrinamiento” en las escuelas de la comunidad, que el PP gobierna desde hace casi cuatro décadas, oficializa la decisión de este partido de dejar de distinguir cualquier especificidad en los asesinatos machistas.

La distancia con Vox, decretada por el todavía presidente del PP, Pablo Casado, durante la moción de censura que Santiago Abascal presentó en 2020 contra el presidente Pedro Sánchez, ha desparecido. La formación ultra ya ni disimula su satisfacción con el cambio en el liderazgo del PP y la política de no agresión con la que Feijóo se está presentando ante sus militantes y con la que se dispone a dirigir Génova 13. 

Abascal y los suyos, conscientes de que con el nuevo PP no habrá cordones sanitarios y se les abrirán las puertas a los gobiernos autonómicos y municipales e incluso la Moncloa si en 2023 sus escaños son decisivos para una investidura, extreman estos días el cuidado en las formas y evitan cuidadosamente las críticas que tan a menudo dirigían contra el PP mientras Casado era su líder.

El presidente de la Xunta suma ya diez días de mítines por toda España en los que, además de atizar el malestar de los ciudadanos contra el Gobierno por el alza de los precios, especialmente de la energía, que sigue desvinculando de la tensión internacional derivada de la política de Vladímir Putin, extiende cada vez más las contradicciones de su discurso y trata de presentarse como un líder que aspira a gobernar en solitario.

Este jueves en Oviedo, la descripción que hizo de cómo entiende él un gobierno, con la que intentaba desacreditar a Pedro Sánchez, sonó inevitablemente a enmienda a la totalidad a Mañueco. Porque Feijóo cree en “un gobierno sin cuotas, imposiciones ni vetos. Cuando un presidente no puede nombrar a sus ministros, cuando tiene que asumir a personas que no conoce, cuando tiene que aceptar imposiciones y vetos, no puede liderar el gobierno”, remarcó pasando por alto que será Vox quien decidirá a quién tendrá que nombrar Mañueco como vicepresidente de Castilla y León y para ocuparse de tres de sus consejerías. “Yo a mis conselleiros los nombro y los ceso yo”, proclamó enfáticamente entre aplausos de los asistentes.

En su diatriba diaria contra el Gobierno, Feijóo ridiculizó su apuesta —que es también la de Europa— por completar una transición energética que haga a España menos dependiente de energías contaminantes que además en su mayor parte dependen de materias primas que hay que importar de otros países. “La transición energética se ha convertido en uno de los fracasos más absolutos de este gobierno”. 

La decisión del Ejecutivo de cerrar las centrales térmicas de carbón es lo que ha provocado la subida del recibo de la luz, aseguró aprovechando que estaba en Asturias y pasando por alto que es el gas el que está provocando, por culpa del mecanismo de fijación de precios del mercado energético, el alza de los precios de la factura.

El gobierno no toma decisiones, repitió como lleva haciendo estos días, antes de detallar algunas de las medidas que acaba de tomar el Gobierno de la Xunta para ayudar a las familias más vulnerables a la subida del IPC y tratar de paliar con anticipos y rebajas en el cobro de algunas tasas las consecuencias que la crisis derivada de la guerra de Putin está teniendo en sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca.

La visión de Feijóo es que durante la pandemia Sánchez “se escondió detrás de las Comunidades Autónomas y ahora lo hace detrás de la Unión Europea”. El Gobierno ha incumplido, según él, el acuerdo al que llegó con los presidentes autonómicos en la isla de La Palma para rebajar impuestos —algo que Feijóo reivindica como un compromiso que “le arrancó” personalmente a Sánchez— y advirtió, en referencia al apoyo que el Ejecutivo está buscando en el Congreso para poner en marcha su plan de medidas para paliar las consecuencias de la guerra: “No vamos a firmar papeles en blanco a nadie”.

Allí, en medio de la euforia con la que esta días le arropan los militantes y cargos del partido, el presidente de la Xunta escuchó la primera crítica, aunque apenas unos segundos porque inmediatamente fue acallada por gritos, pitos y abucheos. “La actitud que está teniendo viniendo aquí a dar este discurso es lo peor que podía hacer, después de todo lo que ha hecho Pablo Casado por este partido”, le reprochó un asistente al acto.

Feijóo ni siquiera respondió. Eso sí, a pesar de que dice ser un político serio que desprecia los tuits, una hora más tarde publicó uno diciendo lo siguiente:

La decisión del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de dar una vuelta de tuerca más a la intensidad de sus diatribas contra el Gobierno se ha producido en su momento de mayor debilidad desde que, hace apenas tres meses, intentó reflotar el proyecto político de su partido en la convención de València.

La inquietud entre los barones territoriales y algunos de los cargos intermedios del partido es cada vez más patente. El PP no consigue recuperar el ritmo de las expectativas electorales, cada vez más menguantes, mientras Vox exhibe su potencial social en cada encuesta y su influencia política en parlamentos como el de Andalucía, en la Asamblea de Madrid o en el gran escaparate del ayuntamiento de la capital. 

Mientras tanto, el Gobierno consigue una vez más —y van dos— sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y garantizarse al menos un año más de legislatura a pesar de la flaqueza de algunos indicadores económicos y de una pandemia que parece estar de vuelta cuando casi todo el mundo empezaba a darla por superada. 

A lo que hay que añadir la profundidad de la herida abierta entre Casado e Isabel Díaz Ayuso. El conflicto por el control del aparato del partido en la Comunidad de Madrid se ha cronificado. La presidenta madrileña sigue cuestionando su liderazgo y menguando sus posibilidades de consolidarse como una alternativa creíble. Ahora discuten incluso por la gestión de la pandemia, que hasta hace poco Casado defendía sin reservas.

Su falta de autoridad es tal que ni siquiera ha sido capaz de replicar las durísimas acusaciones de su exportavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, que en un libro de reciente publicación ha acusado de acoso, con todo lujo de detalles, a su secretario general, Teodoro García Egea.

En Sevilla, en Santiago de Compostela y en Valladolid cunde la preocupación por las consecuencias que esa guerra interna, cuya finalización llevan meses pidiendo discreta pero firmemente a Génova, puedan tener para sus propios intereses electorales.

Para colmo, el discurso del líder del partido desconcierta a propios y a extraños. En su reciente minigira por el cono sur americano pasó en apenas dos días de ofrecer una gran coalición al PSOE para después de las elecciones a admitir por primera vez que, si los números le obligan, aceptará gobernar con la extrema derecha de Vox.

Todas las fuentes consultadas por infoLibre coinciden en que frenar ese deterioro es la razón por la que este miércoles Casado decidió poner sobre sí mismo los focos de los medios y la atención de la opinión pública después de expresarse en términos muy altisonantes en el Congreso —“¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?”, le espetó a Sánchez provocando una sonora ovación de sus diputados— y de tratar de relacionar al Gobierno con casos de abusos de menores, algo que ha molestado muy especialmente a los miembros del Ejecutivo. 

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se lo reprochó ese mismo día, en privado, aprovechando un acto en el que coincidió con el líder del PP, sin sospechar que la conversación trascendería a los medios de comunicación. La paradoja es que aunque quien hizo graves acusaciones en público fue Casado, la estrategia de Génova trata ahora de señalar con el dedo a Calviño, a la que el líder del PP reprocha no sólo “insultar” sino tratar de “impedir el ejercicio democrático de una oposición”.

Casado mezcló, en apenas dos minutos y medio, 17 temas en su ofensiva en la sesión de control del Congreso. Uno cada nueve segundos. Entre ellos el debate sobre el estado de la nación, la pandemia, la utilización del Falcon del presidente, el precio de a luz, el paro, la deuda, los fondos europeos, la recuperación económica, el lenguaje inclusivo, las campaña de Consumo contra los juguetes sexistas y la publicidad de alimentos infantiles no saludables, los dibujos animados en euskera, la educación y las pensiones.

Pero los temas que llevó ese día al pleno que más han enfadado al Ejecutivo y desatado críticas contra Casado fueron el supuesto abandono del niño de Canet cuyos padres quieren que estudie en castellano, su insistencia en que los socialistas tratan de ocultar un caso de “niñas tuteladas por el Gobierno de Baleares que fueron prostituidas” y el de la “menor abusada por el marido de Mónica Oltra [vicepresidenta del Gobierno de la Comunitat Valenciana]” y una acusación directa contra Juana Rivas. Casado acusó a la madre indultada por el Gobierno después de haber sido condenada por negarse a entregar a sus hijos al padre de ocultar “agresiones sexuales” contra uno de ellos.

La realidad revela en qué quiere convertir Casado su oposición al Gobierno, que lo considera una prueba de “debilidad”. El PP lleva una semana larga acusando a Sánchez de inacción en relación con el conflicto de Canet pese que tanto el presidente como la ministra de Educación ya han dejado claro no sólo su respaldo a la familia sino a la sentencia del Supremo que obliga al centro escolar a facilitar que el niño afectado por el fallo reciba al menos un 25% de la enseñanza en castellano. 

Para reforzar su discurso, Casado ha recuperado casos que se remontan años atrás e incluso inexistentes. El primero tiene su origen en la violación grupal de una menor tutelada en Baleares en 2019 cuando la víctima eludió la vigilancia de una psicóloga y estaba fuera de su centro de acogida. 

El PP, Vox y Ciudadanos llevan desde entonces tratando de responsabilizar al Gobierno de Francina Armengol por lo ocurrido a pesar de que ni la Fiscalía, ni la Policía ni la Guardia Civil fueron capaces de hallar nada que reprochar al Ejecutivo autonómico. Y de que hasta un organismo tan poco sospechoso como Unicef ya constató en 2017 casos de explotación sexual de adolescentes tutelados en siete comunidades autónomas, lo que evidencia que las carencias de la red de tutela de menores están extendidas por media España y no son exclusivas de Baleares. 

El segundo caso que repite estos días el líder del PP como si fuera algo nuevo es el de la violación de una menor cometida entre finales de 2016 y principios de 2017 por el exmarido de la vicepresidentas valenciana, Mónica Oltra, hechos por los que fue condenado a cinco años de cárcel. 

Los tribunales investigan ahora si la conselleria de Oltra desatendió a la menor a raíz de la denuncia presentada por una exdirigiente de Vox. En octubre los tribunales ya sobreseyeron otra denuncia presentada en nombre de la menor, ahora mayor de edad, por el líder ultraderechista de España 2000, José Luis Roberto. Hasta ahora ningún juzgado ha hallado responsabilidad alguna por parte del departamento que dirige la vicepresidenta valenciana.

El tercer caso que Casado mencionó en el Congreso afecta a uno de los hijos de Juana Rivas, la mujer indultada parcialmente por el Gobierno después de haber sido condenada en 2018 por sustracción de menores cuando intentaba alejar a sus hijos del padre. El niño fue objeto en su día de una investigación judicial para aclarar si ciertas lesiones se correspondían con abusos sexuales, pero las diligencias acabaron en 2017 en un sobreseimiento provisional por falta de pruebas, lo que no impidió a Casado afirmar el miércoles en el Congreso que Rivas los había ocultado.

El tono furibundo de Casado no gusta en los sectores formalmente más moderados del PP. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se lo dijo abiertamente este viernes en un acto en Abegondo (A Coruña) al poner a su Gobierno como ejemplo de gestión y política “serena y sosegada” “en una España con tanto ruido”, en la que “se hace política con todo, hasta con la lengua”. No hay nada “más revolucionario", insistió, que “la serenidad” y “el sosiego”. “Lo verdaderamente necesario es la reflexión” y tomar “decisiones meditadas”.

“¿Por qué tenemos que vivir en tirantez política permanente? Como si los problemas” reales “no fueran suficientes”. La solución, propuso, es hacer una “política serena, sosegada y reflexiva como la que hacemos en Galicia”, algo a lo que invitó, sin mucho éxito, al propio Casado. “Aquí están la raíces de nuestro partido”, le recordó. “Tienes que llevar serenidad y sosiego a la política española” y aprovechar “el próximo año para seguir perfeccionando nuestro proyecto” y ganar “las municipales de 2023”. La respuesta inmediata de Casado no dejó lugar a dudas sobre su estrategia, claramente alejada de la de 'serenidad y sosiego' reclamada por Feijóo:  “No nos van a callar. Vamos a seguir haciéndolo y los españoles nos lo van a recompensa”.

Pablo Casado y Santiago Abascal juntos de nuevo. Codo con codo en una protesta, en este caso convocada por los sindicatos policiales que se oponen a que la mayoría absoluta del Congreso derogue la ley mordaza. 

La última vez que ambos coincidieron en una concentración fue en la plaza de Colón el pasado mes de junio, entonces contra la concesión de indultos a los condenados por el procés. Entonces ni se vieron las caras, pero esta vez sí: Casado se acercó a Abascal y saludó cortésmente al presidente de Vox y a sus dos acompañantes, la portavoz adjunta Macarena Olona y el líder local de la derecha extrema, Javier Ortega Smith. 

La foto de Colón, la que unió por primera vez a las tres derechas en el escenario de la plaza madrileña en febrero de 2019, se repitió este miércoles en la calle Miguel Ángel de la capital frente al edificio que sirve de sede a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid. En primera fila, representantes sindicales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se oponen a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que planean llevar a cabo PSOE y Unidad Podemos con el apoyo de la mayoría de los diputados del Congreso. Detrás de ellos, Abascal y sus acompañantes, Casado y su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, y dos representantes de Ciudadanos: su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, y su jefa de filas en Madrid, Begoña Villacís, que se hizo sitio a codazos muy cerca del líder del PP para enfado de la diputada conservadora Ana Vázquez Blanco, desplazada a la tercera fila.

Cuando Casado se acercó a la acera donde tenía lugar la protesta, una concentración de apenas un centenar de personas, Abascal ya llevaba un largo rato haciendo declaraciones a la prensa y departiendo con los manifestantes, alguno de los cuales no pudo reprimir un grito de “¡presidente! ¡presidente!”. 

Las protestas de los agentes de Policía y de la Guardia Civil, normalmente de carácter estrictamente laboral pero desde hace algunas semanas netamente políticas, son un territorio en el que Abascal y los suyos se mueven como peces en el agua, en parte gracias a la creciente influencia en este colectivo de organizaciones afines a la extrema derecha. Y este miércoles en Madrid se hizo patente que sigue siendo así. Casado, arropado por los suyos, llegó justo para hacerse la foto detrás de la pancarta sindical y escuchar el manifiesto leído por los congregados. Y tal como llegó se fue en volandas, rodeado por su equipo y una nube de periodistas y fotógrafos, sin esperar ni un minuto.

Todo lo contrario que Abascal, Olona y Ortega Smith. Los tres permanecieron junto a los manifestantes el resto de la concentración, animándoles a continuar con las protestas y atendiendo a los medios de comunicación, en especial a la miríada de nuevos soportes digitales que les son afines.

Casado se quedó frente a la Delegación del Gobierno el tiempo justo para salir en la foto y trasladar a la prensa no sólo su apoyo a las reivindicaciones de los agentes sino su propuesta de que el Gobierno tome el control de la educación pública en Cataluña a través del artículo 155, un mecanismo que el líder del PP no invocaba desde 2019. Su mera mención le devuelve al argumentario de los primeros meses de su mandato como líder de la oposición.

La foto con Abascal pone fin a la distancia táctica que el equipo de comunicación del PP había buscado para apuntalar la imagen de Casado y que en junio les llevó a evitar a toda costa la cercanía con el líder de Vox en la plaza de Colón a pesar de ambos compartían la misma protesta. La proximidad entre los dos en este asunto, la reforma de la ley mordaza, quedó patente en sus declaraciones a los medios. Las encuestas que le son más favorables dibujan un escenario en el que Casado, de ganar las elecciones, no podría gobernar sin el apoyo de Vox.

Lo que el PP no ha aclarado, a pesar de que infoLibre se lo ha preguntado en varias ocasiones en las últimas horas, es si Casado mantiene su participación en la manifestación de agentes del próximo sábado, en la que además de Abascal estará la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

Su presencia en esa protesta fue confirmada por fuentes oficiales del PP el lunes y ratificada el martes en una entrevista en televisión por Teodoro García Egea, número dos del propio Casado. Si decide acudir, como estaba previsto, coincidirá por primera vez en público con Ayuso desde que hace casi dos meses la presidenta madrileña desafiase al líder de su partido discutiéndole la fecha de celebración del congreso del PP de Madrid y, lo que es más relevante, el control de la organización en esta comunidad. 

Escapar de esa foto con Ayuso sería, según algunos medios, el motivo por el que Casado estaría considerando alguna excusa para no tener que acudir a la manifestación del sábado. De ahí su presencia este miércoles en la concentración frente a la Delegación del Gobierno.

Para intentar explicar el cambio de planes y desvincularlo de su incomodidad con la presidenta madrileña, la cúpula del PP ha convocado en León a los presidentes provinciales del partido de toda España para unas jornadas de “convivencia” en las que se busca hacer equipo e intercambiar experiencias de trabajo, según fuentes del PP citadas por Europa Press.

En sus planes para este otoño, la dirección del PP había proyectado un escenario en el que Pablo Casado, aupado por la convención nacional que su partido celebró en València a comienzos de octubre y subido a lomos del creciente malestar social provocado por las dificultades económicas que afrontan diferentes sectores, recibiría el impulso que necesita para distanciarse definitivamente de Pedro Sánchez en las encuestas y mirar con optimismo las próximas elecciones generales.

De aquella hoja de ruta, sin embargo, queda poco. Los argumentarios del partido se esfuerzan en difundir encuestas que supuestamente predicen la llegada de Casado a la Moncloa —en realidad, y aunque está en cabeza, el PP está estancado y ligeramente a la baja desde junio— y en señalar con el dedo la traición que, para los conservadores, supone que el Gobierno esté negociando los Presupuestos de 2022 con todos los partidos, incluidos Esquerra y EH Bildu, dos formaciones que, para Casado, deberían estar excluidos de cualquier diálogo.

Ambas ideas apenas trascienden, porque los titulares de los periódicos y los informativos de radios y televisiones están ocupados desde hace semanas por la incapacidad del líder del PP de someter a su disciplina a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un conflicto enquistado al que en los últimos días se ha sumado el desafío de su exportavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo. Y, en las últimas horas, la noticia de que Casado acudió el pasado sábado en Granada a una misa en memoria del dictador Francisco Franco en el 46º aniversario de su muerte.

La disputa con Ayuso demuestra que la tensión interna, lejos de ceder, va en aumento. A pesar de que las dos partes temen las consecuencias electorales que la batalla pueda acarrear y que tanto preocupan a los barones de comunidades como Andalucía, Castilla y León y Galicia. Casado no quiso aclarar este lunes si se refería a la presidenta de Madrid cuando el domingo en Sevilla proclamó que en el PP ”no caben los solistas” ni “el personalismo”, que su partido no es “la suma de planes individualistas” y que su proyecto es “demasiado importante” como para arriesgarlo en una ““hoguera de vanidades que no conduce a ninguna parte” porque “esto no es un talent show de megalomanías”.

En todo caso, su antigua amiga, con la que ya no tiene contacto —según ha reconocido ella misma—, no se dio por aludida. Eso sí: en una entrevista en La 1 de TVE dejó claro que ella no va a ceder, que sigue queriendo un adelanto del congreso regional y no piensa renunciar a su objetivo de convertirse en presidenta del PP de Madrid.

Y dejó caer, a modo de advertencia, a lo que se arriesga Casado si no cede: “Llevamos dos meses” de conflicto y “se ha hecho eterno. Prolongarlo otros ocho creo que desgasta, erosiona, crea más guerra interna y más malentendidos. Yo creo que sería bueno hacerlo pronto” y no en las fechas aprobadas por la dirección del partido.

Casado, que en principio había optado por mirar para otro lado y evitar declaraciones que alimentasen la polémica con la presidenta madrileña, está viendo que de ese modo no logra silenciar el problema. Ayuso está aprovechando los demás congresos regionales del partido —primero el de Castilla-La Mancha y este fin de semana el de Andalucía— para brillar con luz propia y defender su derecho a ser presidenta del PP de Madrid.

Ayuso no siente que esté siendo “desleal” con la persona que en 2019 la puso al frente de la candidatura madrileña y sólo se considera “crítica”, aunque reconoce que ahora mismo las cosas dentro del partido se han “enfangado”. “Esto no ha empezado ahora”, afirmó en la misma entrevista. “El secretario general [Teodoro García Egea] en junio ya dijo que me apoyaría. Y después se han enmarañado” las cosas.

Y pide “coherencia”, porque ella subraya, no es “un producto de una marca. Tengo que responsabilizarme de la organización cuya papeleta he encabeza dos veces”.

La lideresa madrileña presiona para que Casado asuma lo mucho que tiene que perder si la pelea se prolonga en el tiempo. “Tenemos que salir de esta situación pronto, respetando los tiempos, todos unidos. Que elijan los militantes y preparemos el PP para las elecciones” de 2023, municipales, autonómicas y generales, en las que Ayuso quiere tener la voz cantante a la hora de confeccionar las listas en un territorio, Madrid, que Casado consideraba hasta ahora como propio.

Lo que está pasando “va a tener un coste” para Casado y para el PP, reconoció en TVE. “Es un error por parte de todos, porque al final el PP es la alternativa en España a lo que está sucediendo. Yo entiendo que el electorado de centroderecha no entiende nada”.

Y mientras Ayuso habla, Casado calla. Este lunes visitaba el Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria (Araba), y utilizó el lugar como excusa para no hablar de Ayuso.

Contra toda evidencia, y contradiciendo sus propias palabras del domingo en Sevilla, se limitó a afirmar que en el Partido Popular están “todos unidos” y van “todos a una”. “Estamos todos unidos en un proyecto para construir una alternativa para España urgente y estamos a lo importante”. Eso sí, no tuvo inconveniente en referirse a las encuestas pese a hallarse a las puertas del memorial: “En días como hoy vemos que las encuestas siguen diciendo que claramente estamos 30 escaños por encima del PSOE”.

Tampoco se refirió Casado a su participación el sábado en Granada en una misa por el alma del dictador Francisco Franco que, según fuentes del PP citadas por Newtral, fue producto del azar, pero de la que supuestamente no se ausentó al comprobar de qué se trataba. Por este hecho le han pedido explicaciones varias formaciones de la izquierda, entre ellas PSOE y Unidas Podemos, que se han preguntado qué hubiese hecho Angela Merkel si, también por azar, se hubiese encontrado con una ceremonia religiosa por el alma de Adolf Hitler.

Quien sí respondió a Casado fue la diputada disidente del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que le acusó de confundir el “personalismo” con “la personalidad” y el “divismo” con el “liderazgo”.

La posibilidad de que la España vaciada irrumpa en el Congreso de los Diputados a partir de 2023 siguiendo la senda que abrió hace dos años Teruel Existe pertenece, a día de hoy, al terreno de la especulación. Esa es, al menos, la opinión de los expertos en opinión pública y procesos electorales con los que ha consultado infoLibre, a pesar de que una reciente encuesta publicada por El Español pusiese sobre la mesa esa hipótesis atribuyéndole nada menos que un potencial de 15 escaños. Una suma lo suficientemente abultada como para decidir el presidente del Gobierno en la próxima legislatura.

Para la derecha, sin embargo, se trata de una amenaza real. Así lo reconocieron esta semana el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y el presidente del PP, Pablo Casado.

El líder de la oposición trufó gran parte de su discurso de esta semana en Puertollano (Ciudad Real), durante la clausura del congreso regional del PP de Castilla-La Mancha, precisamente con las demandas de la España vaciada. Fue allí donde no sólo reivindicó a su partido como una formación política identificada con las necesidades de las áreas rurales sino que denunció que las organizaciones que trabajan ya activamente para emular a Teruel Existe y presentar candidaturas provincialistas en las elecciones de 2023 son en realidad “marcas blancas del PSOE”.

Son “marcas blancas del PSOE” cuyo único objetivo es “intentar competir con el PP”, porque los socialistas “ya han renunciado a ganarnos en estas provincias del entorno rural”. “Saben”, sentenció, “que el PP es quien más entiende sus necesidades”. Por eso quieren “intentar dividir a la gente del campo para que les vote o al menos que no se movilice” contra ellos.

Es la misma fórmula que utilizó dos días después el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. El representante de la derecha extrema pidió a los ciudadanos de las provincias de la España vaciada que tengan “cuidado de no caer en manos de marcas blancas de aquellos” que ya les “han engañado”, en alusión al PSOE pero también al PP, con quien los ultras compiten en el mismo espacio político.

De la inquietud que estas iniciativas provocan dieron buena prueba no sólo la intervención de Casado en Puertollano sino que el principal acto político del líder conservador en toda la semana sea su participación, este viernes, en el Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asaja Ciudad Real.

Esta es precisamente una de las provincias de la España vaciada, o en proceso de vaciamiento, en las que está en discusión la posibilidad de que organizaciones locales den el paso y acaben presentando una candidatura electoral. Son una veintena, aunque en muchas de ellas será difícil alcanzar el mínimo de votos necesario para ganar al menos un diputado y robárselo al PP, al PSOE o incluso a Vox. Además de Teruel, a la cabeza de las provincias agraviadas todo el mundo cita cinco casos: Soria, Jaén, Zamora, Burgos y León. Pero en la lista también están Ávila, Palencia y Segovia (Castilla y León), Huesca (Aragón), Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara (Castilla-La Mancha), Badajoz y Cáceres (Extremadura), Lugo y Ourense (Galicia), y Córdoba y Jaén (Andalucía).

En conjunto son más de la mitad de las circunscripciones, 28 de 52 (50 provincias más Ceuta y Melilla), las que reparten cinco o menos escaños. Es ahí donde la irrupción provincialista concentra todo su potencial. Y donde se distribuyen casi un tercio de los escaños del Congreso de los Diputados.

Las organizaciones de la España vaciada ya han tomado la decisión. En su III Asamblea General, celebrada hace pocas semanas en la localidad alcarreña de Priego (896 habitantes), discutieron activamente la necesidad de seguir la ruta trazada con éxito por Teruel Existe. Si tienen éxito, pueden tener la llave del próximo Gobierno.

Las prevenciones con las que PP y Vox hablan de la posibilidad de que el provincialismo político fructifique, considerándolo una iniciativa encubierta de la izquierda, parece confirmar la tesis de Sergio Andrés Cabello, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco y autor del libro La España en la que nunca pasa nada. Periferias, territorios intermedios y ciudades medias y pequeñas (Akal, 2021), según el cual la mayoría de estas organizaciones tienen su origen en movimientos vecinales y asociativos progresistas.

Los valores de la izquierda

“Yo los veo más cercanos a valores de la izquierda, muy basados en conceptos de participación ciudadana”, asegura. Aunque eso no significa que su éxito vaya a perjudicar más a unos que a otros: va a depender “del contexto” y, sobre todo, de cómo se adapten a la situación los partidos tradicionales. Hay que tener en cuenta que cuando estas plataformas dan el salto “es porque ya no se fían de los partidos mayoritarios”.

Por si acaso, consciente de lo que el PP se juega en esas provincias, Casado ya ha empezado a desarrollar un discurso en el que trata de identificar a su partido con la defensa de la España vaciada y acusa al Gobierno de pretender solucionar la despoblación a golpe de decretos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según Casado, “contra la despoblación no luchan los políticos”, sino los agricultores, los ganaderos, los emprendedores que plantean negocios en las áreas rurales y los cazadores. “Un político no puede” usar “el BOE” para decir: “Oye, usted no se va a despoblar’. Por mucho que muevan aquí organismos, por mucho que quieran enfrentar autonomías”.

Casado promete allí donde va dedicar a la España vaciada los fondos europeos y llevar la fibra óptica a todos los municipios, “por pequeños que sean”. Su apuesta por el campo, resumió en Puertollano, lo es por conseguir “servicios públicos, buenas conexiones, buena fiscalidad y una ley del suelo atractiva”.

Vox está en la misma estrategia. Su idea de identidad se basa en las provincias, como demostró en el festival que organizó el pasado octubre en Madrid para contraprogramar la convención nacional del PP.

Los ultras aseguran entender los motivos de queja de la España vaciada, castigada y discriminada desde hace años por “todos los gobiernos”, los del PSOE y los del PP, en palabras de Espinosa de los Monteros. “Hay un descontento real” y es “muy comprensible”, concedió el martes el portavoz de Vox en el Congreso.

Pero la solución, advirtió, no es votar partidos provincialistas que no son más que extensiones de PP y PSOE. “Ese legítimo deseo de ser escuchados probablemente esté mejor representado por fuerzas nacionales, siempre y cuando estén dispuestas a frenar el chantaje de los nacionalistas”.

La ultraderecha resiste. A un año de la decisión de Pablo Casado de marcar distancia estratégica con Vox durante la fallida moción de censura protagonizada por Santiago Abascal y siete meses después de verse aupado en las encuestas por el viento de cola del éxito de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid, el PP comprueba que crecer por su derecha para recuperar el control del espacio político que le era propio hasta 2018 no será sencillo.

La hoja de ruta del PP es simple. Casado quiere emular al José María Aznar de 1996 y hacerse con todo el voto a la derecha del PSOE. El PP ha perdido pie en una comunidad clave como Cataluña, de la que depende casi medio centenar de escaños en el Congreso. Así que necesita un mapa político menos poblado para marcar una distancia significativa no sólo con el PSOE, sino también con Vox para ser investido y gobernar en minoría. El presidente del partido ha confirmado en más de una ocasión que ese es su plan.

Pero, para conseguirlo, no le basa con devorar a Ciudadanos. Eso ya lo ha conseguido y es, en gran parte, lo que reflejan las encuestas que le sitúan en cabeza a poca distancia del PSOE. La clave para alcanzar sus objetivos pasa por debilitar a Vox y quedarse con todo lo que pueda de su electorado convenciendo a un número significativo de sus votantes de que sólo unificando el voto de la derecha en torno al PP será posible echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

El resultado de las elecciones autonómicas de Madrid parecía indicar que el PP había tomado la dirección correcta. Por primera vez en años, el partido de Casado lideraba las encuestas. Pero la nave conservadora no despega y, sobre todo, no consigue hacer mella en Vox.

La media de las encuestas publicadas en los últimos meses —y son muy numerosas, como si estuviésemos a punto de celebrar elecciones— revela la enorme solidez del voto a la extrema derecha. Los decepcionados con el PP, unidos a los votantes que hallaron en las proclamas xenófobas y antisistema de Abascal un motivo para acudir a las urnas, están lejos de dejarse tentar por los cantos de sirena que llegan desde la calle Génova. Ni por la dureza con la que Casado ejerce su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

Vox lleva por encima del 15% de intención media de voto en las encuestas publicadas desde las últimas elecciones generales. Sólo estuvo por debajo de esa cifra cinco meses —entre abril y agosto de 2020—. En marzo pasado llegó a tocar el 17,5% y ahora resiste con comodidad muy cerca del 16%.

El PP, por su parte, despegó en marzo: en tres meses —hasta junio— pegó el estirón y pasó de una media del 21,5% a un 28,2%, lo que unido a la caída en intención de voto experimentada por el PSOE en el mismo período —del 28 al 25%— aupó a los de Casado al primer lugar en las encuestas.

Desde entonces, sin embargo, la evolución de la intención de voto expresada a través de la media de las encuestas publicadas señala un estancamiento, cuando no una ligera tendencia a la baja. Aquel 28,2% de junio ha caído un punto por término medio. El sondeo del pasado fin de semana publicado por El Confidencial lo situaba en un 27,1%, apenas ocho décimas por encima del PSOE.

La evidencia es que Vox no cae y el PP no crece. Y aunque ambos estarían muy cerca de sumar escaños suficientes para garantizar la investidura de Casado si las elecciones se celebraran en estos momentos, lo cierto es que los estrategas de la calle Génova aspiran a mucho más. Necesitan distanciarse lo suficiente en las urnas de la ultraderecha como para justificar un Gobierno en solitario siguiendo el modelo de Ayuso.

En la Comunidad de Madrid, que es el espejo en el que Casado quiere mirarse, el PP logró cuatro veces más votos que Vox. Un margen lo bastante grande como para limitar, siquiera en parte, la influencia de los ultras en las políticas que Génova se propone desarrollar si logra escorar el resultado electoral a la derecha. Pero en España, en estos momentos, el PP ni siquiera duplica a Vox en intención de voto. Y esa distancia no parece que, como planeaba el equipo de Casado, se esté reduciendo.

Parte del problema es que la figura del líder del PP no acaba de cuajar en el electorado de Vox. Los seguidores de Abascal vivieron como una auténtica traición que el PP no apoyase la moción de censura simbólica que los ultras presentaron y defendieron en el otoño de 2020. Y no perdonan, sobe todo, la dureza de las palabras que el presidente de los conservadores dirigió a su propio líder.

A esa dificultad de Casado a la hora de ganarse las simpatías de la franja más radical de la derecha se suma otro problema: los votantes de la extrema derecha han hallado en Isabel Díaz Ayuso una figura mucho más de su agrado. El propio Abascal ha dicho en más de una ocasión que está mucho más cerca del PP que representa la presidenta madrileña que del que lidera el jefe de la oposición en el Congreso. Y cuanto más crece el enfrentamiento personal entre ambos a cuenta de la presidencia del PP de Madrid, más complicada resulta la reconciliación que Casado ansía con los electores que en 2019 prefirieron la papeleta de Vox a la suya.

La estrategia de Vox

Por contra, la que sí parece estar funcionando es la campaña que Vox mantiene contra el PP en los últimos meses, apretando a los de Casado en Andalucía, en Madrid o en el Congreso.

La estrategia siempre es la misma: acusar al PP de abrazar las mismas políticas del PSOE y retratar a sus dirigentes como el reverso de una misma moneda que supuestamente comparten con los socialistas.

Los ultras denuncian el incumplimiento de los acuerdos suscritos en su día para hacer posible la investidura de Juanma Moreno como el principal argumento para no dar apoyo a los presupuestos andaluces de 2022. Acusan al PP de buscar un pacto con el PSOE y de faltar a sus compromisos.

En Madrid, Vox está regateando el apoyo que Ayuso necesita para sacar adelante sus primeros presupuestos, que se le resisten desde que llegó a la presidencia de la comunidad hace más de dos años. En este caso, su objetivo es marcar diferencias acabando con las leyes autonómicas que protegen la diversidad sexual y penalizan su discriminación.

No obstante, el Congreso sigue siendo el lugar en el que Vox exhibe con más frecuencia su distancia con el PP y los límites que les separan. Los ultras de Santiago Abascal denuncian con frecuencia la responsabilidad de los de Casado en muchas de las políticas que ellos denuncian, especialmente en relación con la gestión pública, las comunidades autónomas o lo que ellos definen como despilfarro de fondos públicos.

Aunque pocos asuntos como el acuerdo suscrito por el PP con PSOE y Unidas Podemos para renovar el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas han dado más juego a la extrema derecha para denunciar la supuesta connivencia de Casado con Pedro Sánchez y su objetivo de restaurar la alternancia bipartidista que ha marcado la política española durante décadas. “Gracias al PP el TC se va a convertir en un nido de activistas, jueces politizados y hasta esbirros del Partido Comunista”, escribió Abascal en Twitter sobre la renovación de cuatro plazas del órgano encargado de zanjar las disputas en torno a la Carta Magna. “Luego llegarán los lamentos cuando el TC ponga alfombra roja a los atropellos contra los españoles. Ese día habrá que pedir cuentas en Génova 13”.

En esa pugna por el espacio político, Casado tiene otra desventaja: la pléyade de medios digitales ultras, la mayoría de los cuales no pasan de ser meros repetidores de consignas políticas, que defienden la continuidad de Vox y reprochan a Casado que en vez de buscar un acercamiento con Abascal trate de atraer a su electorado para acaparar todo el voto de la derecha. Los mismos que, por otra parte, apoyan a Ayuso en su pelea con la dirección nacional por hacerse con el control del PP en Madrid.

“Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España?” La frase de Isabel Díaz Ayuso, pronunciada en septiembre de 2020 tras la llamada cumbre de las banderas con Pedro Sánchez, resume como pocas no sólo la filosofía de fondo que mueve el discurso político de la presidenta madrileña sino su afán por completar su influencia convirtiéndose en presidenta del Partido Popular de Madrid. Porque, aunque no todo el mundo reconozca en el PP de Madrid a toda España, como hace Díaz Ayuso, sí que todos admiten su papel protagonista dentro del partido.

En Madrid, en teoría, según datos oficiales, hay casi 100.000 militantes del PP. Sin embargo, todo indica que apenas una mínima parte está al corriente de sus cuotas y goza de todos los derechos que establecen los estatutos para participar en la vida de la organización.

Si nos atenemos a las primarias convocadas en 2018 para resolver la sucesión de Mariano Rajoy, la última referencia disponible, el peso real en número de militantes del PP madrileño está un poco por debajo del 15%. Para participar en aquella votación se inscribieron 66.706 afiliados en toda España de los que 9.944 eran de Madrid. Por detrás solo de Andalucía, la comunidad con mayor número de afiliados en aquella votación (11.658), y casi a la par con la Comunitat Valenciana (8.964).

Pero más allá de esas cifras, la importancia de la influencia del PP de Madrid radica, según opinión unánime dentro del partido, en su cercanía a la organización nacional. Con ella comparte sede en el edificio número 13 de la calle Génova y sobre todo una circunscripción clave por la que se presentan el líder nacional y que decide 37 escaños en el Congreso. Por no hablar del poder que es capaz de ejercer desde el Ayuntamiento de la capital.

Madrid es la comunidad de Isabel Díaz Ayuso, pero también la de Pablo Casado. Al presidente del PP le gusta presumir de sus orígenes rurales, en León y Palencia, y de sus primeros pasos en política en Ávila, pero su territorio natural es Madrid. Lo que convierte la batalla por el control del partido en algo más que en una pelea entre la dirección nacional y una demarcación territorial. Cuando Ayuso reclama para sí el control del PP madrileño desafía también la influencia de Casado en la comunidad.

Para demostrar la fortaleza del líder del PP en Madrid basta con recordar que fueron lo afiliados de esta comunidad los únicos que apoyaron mayoritariamente la candidatura de Casado a la presidencia del partido en las primarias de 2018 para elegir al sucesor de Rajoy, muy por encima de sus rivales. Casado obtuvo entonces en Madrid el 54,4% de los votos de los afiliados (4.487), más del doble que María Dolores de Cospedal (22% y 1.811 votos). Un resultado casi tan revelador como que su principal rival, Soraya Sáenz de Santamaría, se quedó en un raquítico 19,6% (1.613 votos). La exvicepresidenta obtuvo más votos que Casado en España pero perdió estrepitosamente en Madrid. Esa votación de los militantes dejó fuera de la carrera a Cospedal y el liderazgo del partido se decidió después en un congreso extraordinario, donde sólo votaron los compromisarios, que eligieron a Casado en detrimento de Santamaría. 

Más de tres años después, muchas cosas han cambiado en la Comunidad de Madrid. La más decisiva, el ascenso hasta ahora imparable de la figura de Isabel Díaz Ayuso. Un fenómeno político que la mayoría de los analistas asocian al trumpismo y que dio muestras de su enorme potencial en las elecciones del pasado 4 de mayo, en las que demostró ser capaz de pasar en menos de dos años de 30 a 65 escaños y asegurarse una mayoría suficiente para depender exclusivamente de Vox y laminar a Ciudadanos.

Averiguar cuál de los dos —Ayuso o Casado— es en estos momentos la referencia para los afiliados madrileños es una tarea imposible. Han ido de la mano —eran amigos, al menos hasta hace pocos meses— durante los últimos 17 años. Ayuso ha construido su carrera política gracias a Casado. Y ambos son, o eran, parte indivisible de un mismo proyecto para controlar la Comunidad de Madrid y hacerse con el Gobierno de España.

Buscar una solución negociada

Así que desde que Ayuso confirmó su deseo de convertirse también en presidenta del PP madrileño, dirigentes orgánicos y cargos institucionales sortean como pueden el dilema de tener que elegir. La mayoría evita pronunciarse. El temor a que una guerra abierta acabe pasándoles factura es muy evidente y por eso son muchas las voces que, según distintas fuentes, están pidiendo en privado a ambas partes que lleguen a una solución negociada. Nadie quiere apostar a caballo perdedor. Y si al final hay dos listas, una de Ayuso y otra impulsada por Casado —probablemente con el alcalde José Luis Martínez-Almeida a la cabeza— será muy difícil mantenerse al margen.

El peso institucional en el congreso es evidente. En Madrid el PP tiene 65 diputados autonómicos, 80 alcaldes, casi 800 concejales, diez parlamentarios en el Congreso y siete senadores. Del lado que se pongan será decisivo también en la fase de primarias en la que voten los militantes.

La elección es más fácil para los afiliados. El equipo de Ayuso, encabezado Miguel Ángel Rodríguez —el que fuera secretario de Comunicación de José María Aznar— está convencido de que si sólo votasen los militantes su líder se haría sin problemas con la presidencia madrileña del partido.

Pero no es así. Los estatutos que regirán el congreso cuando se celebre son los mismos que gobernaron la sucesión de Rajoy. Primero votan los afiliados y sólo deciden si hay un candidato que supera el 50% de los sufragios y consigue una ventaja de 15 puntos sobre el segundo aspirante más votado. Es decir: en un combate entre Ayuso y Almeida, que en estos momentos nadie dentro del PP quiere ver, la presidenta de Madrid necesitaría al menos el 57,5% de los votos para ganar la presidencia en primera vuelta. Por debajo de esa cifra, significaría que el alcalde de Madrid se habría quedado a menos del 15%, lo que daría lugar a una segunda votación en la que decidirían los compromisarios del congreso. Eso siempre que no compitiese un tercer candidato.

Es en ese escenario en el que Génova trabaja para tratar de convencer de Ayuso de que no puede ganar y acepte, cuando menos, un solución de compromiso. Porque los compromisarios salen de los cargos institucionales de la comunidad y de los puestos orgánicos, y ahí la influencia de Casado y de su equipo —con Teodoro García Egea a la cabeza— es mayor. El PP lleva gobernado por una gestora desde que Cristina Cifuentes dimitió en abril de 2018 de todos sus cargos después de que una web difundiera un vídeo de 2011 en el que aparecía robando en un supermercado. Al frente, Pío García-Escudero, alineado en la guerra interna del lado de Casado y, por tanto, adversario de Ayuso. Igual que la secretaria general, Ana Camins, que es a la que Génova planeaba poner en la presidencia a modo de tercera vía para evitar un enfrentamiento con Ayuso, pero que en realidad es también de obediencia casadista.

Camins es diputada en la Asamblea de Madrid, igual que Diego Sanjuanbenito, jefe de gabinete de Casado. Así que a nadie extrañó su ausencia de la reunión del grupo parlamentario autonómico que Ayuso organizó el pasado jueves apenas unas horas después de que el Casado hiciese lo propio con el grupo del PP en el Congreso. Dos reuniones sin orden del día preestablecido pero que todos en el partido interpretan como señales inequívocas de la batalla que se avecina, en la que ambas partes pulsan cada vez más abiertamente la posición de cada cual.

En tierra de nadie, aunque supuestamente más cerca de Casado, están dos dirigentes madrileños relevantes. El primero es el vicesecretario de Territorial del partido, Antonio González Terol, ex alcalde de Boadilla y el interlocutor de Génova con los alcaldes y sus grupos municipales. El otro es Enrique López. Juez de profesión, en él se da un circunstancia singular: es a la vez la mano derecha de Ayuso en el Gobierno de Madrid, en el que está a cargo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, y vicesecretario de Justicia de la dirección de Casado, puesto desde el cual ha contribuido a diseñar buena parte de la estrategia de oposición del partido contra Pedro Sánchez.

Del lado de Ayuso está un personaje clave del PP en las últimas décadas, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que mantiene una cuota de influencia muy relevante dentro del partido en Madrid. “Aquí tenemos a la persona que más daño político ha hecho a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias”, proclamó. Y aunque no se ha pronunciado, casi todo el mundo cree que también José María Aznar estará con Ayuso en su pretensión de convertirse en presidenta del PP madrileño.

En campaña

Entretanto, y a la espera de una fecha para celebrar el congreso, la presidenta de Madrid no ha perdido el tiempo. Desde que confirmó sus intenciones, el pasado mes de agosto, su agenda siempre incluye visitas y actos oficiales que a menudo se extienden al partido y al contacto informal con militantes y simpatizantes en bares y restaurantes.

Ayuso no está pulsando la opinión de los afiliados: está en plena campaña. Y la respuesta, en opinión de su equipo, no puede ser más favorable. De ahí que en septiembre ya diese por hecha la victoria: “Cuento con el apoyo necesario Cuentopara presidir el PP de Madrid”, declaró.

En esta batalla hay además otro factor en juego que algunos consideran importante: la fecha del congreso. Ayuso quiere adelantarlo todo lo posible. Génova se propone posponerlo, si puede ser al mes de junio. Algunos medios creen que Casado prefiere demorarlo para fortalecerse en las encuestas y estar en mejores condiciones de plantar cara a Ayuso en Madrid. Según esta teoría, cuanto más cerca esté el sueño de ganar las elecciones generales, más posibilidades tiene Casado de atraer a sus posiciones a los cargos orgánicos e institucionales que en segunda vuelta pueden decidir la presidencia.

El líder del PP sabe bien de lo que habla: en 2018 perdió frente a Sáenz de Santamaría las primarias de los afiliados pero ganó la elección gracias a los compromisarios de la tercera en discordia, María Dolores de Cospedal.

La clave es cuánto apoyo podría restarle Almeida a Ayuso si llegan a enfrentarse. La popularidad del alcalde, sobre todo en la capital, está fuera de toda duda.

Lo que no quieren los alcaldes es una guerra que acabe perjudicándoles cuando se enfrenten a las urnas en 2023. No les cabe en la cabeza tener que verse forzados a tomar partido a favor o en contra de Ayuso. Creen que la batalla daña a todo el partido y es especialmente inconveniente en un momento en el que casi todas las encuestas anticipan una victoria del PP y “se respira un ambiente ganador”. “Hay que llegar a un acuerdo”. “No tiene sentido abrir una guerra, tiene que haber una solución pactada”, pidió a través de las páginas de El Mundo el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez.

Al margen de cuáles sean sus preferencias reales, esta opinión es compartida por la inmensa mayoría de los regidores. Que sueñan con llegar a 2023 subidos a una ola de apoyo popular gracias a la fuerza combinada de Casado, de Almeida y también de Ayuso. Y temen poner eso en peligro.

La batalla municipal es precisamente una de las motivaciones de Ayuso para hacerse con el control orgánico del PP. Eso le daría el poder que le falta para renovar liderazgos y poner y quitar candidatos. Su obsesión es trasladar la victoria del 4M a los ayuntamientos. Es verdad que en estos momentos el PP gobierna la capital, pero sólo tiene 13 de los 35 bastones de mando de las corporaciones locales con mayor peso demográfico, aquellas que superan los 20.000 habitantes. El PSOE domina la parte alta de la tabla, con siete de las diez alcaldías de más de 100.000 habitantes.

Torrejón (con 128.000 habitantes) es el mayor municipio del PP madrileño después de la capital. Por encima de él hay seis con alcalde socialista (Móstoles, Fuenlabrada, Alcalá, Leganés, Getafe y Alcorcón). Ayuso quiere manos libres para cambiar eso. Y disputar las alcaldías igual que batió a la izquierda en las autonómicas de mayo.

Isabel Díaz Ayuso tiene cada vez más claro que si quiere ser presidenta del PP de Madrid tendrá que imponerse a la voluntad de la dirección nacional del partido y de su presidente, Pablo Casado. Y que con toda probabilidad tendrá que competir por el puesto con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de Madrid, Ayuso dio por hecho que el alcalde será su rival y se esforzó en subrayar que en todo caso no afectará a la relación personal y política que hay entre ambos.

“Durante años” y “en los momentos más complicados” “la necesaria colaboración y la lealtad entre el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid la hemos mantenido siempre”. “Mi trabajo con el alcalde siempre ha sido de absoluta complicidad y de apoyo y esto va a seguir siendo así: vamos a estar a la altura”, vaticinó después de ser preguntada por el deterioro del clima político dentro del partido desde que anunció su decisión de presentarse a la presidencia del PP madrileño y la dirección nacional, de la que Almeida es portavoz, hizo saber que quiere impedirlo.

En todo caso, y “para evitar más confrontación”, le gustaría que las primarias para decidir el liderazgo del partido en Madrid “se celebraran pronto”, insistió. Unas primarias que da por ganadas: “Ir a unas urnas a uno siempre le hace libre. Es lo que a mí me ha pasado en las dos últimas ocasiones al frente de la Comunidad de Madrid y por eso voy” a “seguir adelante con este proceso”.

Ayuso confesó que en todo caso ni se ha planteado la posibilidad de ofrecer a Almeida una candidatura conjunta. “Queda muchísimo”, alegó, y “no debo hablar de cuestiones de partido con tanto detalle”. Su objetivo, reiteró, es culminar todo el receso salvando la colaboración entre ambos. “Hemos sido siempre un mismo equipo. Y sé por eso que esto acabará bien”. “Mi afán está en salir unidos de esta y sé que lo vamos a conseguir. Mi obligación es convencer” a quienes creen, como es el caso de la dirección de Casado, que no es la persona adecuada para dirigir el partido en Madrid.

Aunque “lo más difícil es pensar en el final”, cuando el proceso de elección haya terminado, “yo sé que el desenlace va a ser bueno. Vamos a estar a la altura” porque “la gente no entendería algo diferente. Los madrileños necesitan gobiernos en la comunidad y el ayuntamiento fuertes y cohesionados y sé que lo vamos a hacer”.

La presidenta madrileña admitió, en respuesta a las informaciones que afirman el enfado de Casado y de su equipo con ella y la convicción de Génova de que no es la persona adecuada para presidir el PP de Madrid, que “lo que está pasando estos días es complicado. Lo que está pasando no es fácil”, pero no va a afectar a su gestión al frente de la Comunidad. “Tengo una responsabilidad de Gobierno que está por encima de todo; no se entendería otra cosa. Acabamos de celebrar unas elecciones y me han dado un mandato con mucho peso. Lo que me gustaría es que esta situación [la elección de presidente del PP de Madrid] pase pronto y que salgamos de aquí unidos, fortalecidos y centrados en lo importante, que es Madrid”.

Ayuso ya no habla de Casado con la cercanía de hace unos meses. “Tenemos una buena relación, la hemos mantenido durante 17 años”, fue todo lo que dijo cuando le preguntaron por la última vez que había hablado con el presidente del PP. “Yo lo que quiero es normalidad y que las cosas sigan como hasta el momento. Hemos estado unidos y hemos cosechado entre todos los mejores resultados jamás pensados en Madrid”, aseguró olvidando las mayorías absolutas de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, también tuvo que responder a las preguntas de la prensa sobre la guerra abierta por el control del partido en la comunidad madrileña. Igual que Ayuso, el regidor trató de salvar la relación personal entre ambos, a pesar de que los planes de Génova le abocan aun enfrentamiento con ella: “Tengo un contacto muy frecuente con la presidenta de la Comunidad, nuestra relación es muy buena. A mí los entornos”, añadió en referencia al equipo de Ayuso, que lidera su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, “ni me van ni me vienen, a mí lo que me va son las personas. Mi relación con Isabel Díaz Ayuso es muy buena y los madrileños perciben que vamos al unísono”, declaró en un acto en un barrio de la capital.

La incomodidad de Almeida

Almeida, a diferencia de la presidenta, sí se quejó del interés de los periodistas. “Hay una ansiedad con este tema…”, dejó caer después de subrayar que no iba a decir nada más sobre el Congreso de la formación, en línea con los deseos de Génova.

“No voy a hablar del PP de Madrid. Si me pregunta por las relaciones entre comunidad y Ayuntamiento de Madrid sólo puedo decir que desde el punto de vista institucional, y también político y personal, los madrileños aprecian y valoran que Isabel Díaz Ayuso y yo tenemos una gran relación y que nuestro contacto para tratar los diversos problemas de Madrid y cómo afrontarlos es prácticamente diario”, señaló.

Almeida aseguró que tanto él como Ayuso saben que deben “conservar” esa actitud porque es una de sus “fortalezas”. “Desde el punto de vista político, los madrileños confían en que la presidenta y el alcalde actuemos al unísono para resolver el problema de los madrileños”, zanjó.

Mientras tanto Pablo Casado, que lleva varios días sin exponerse a las preguntas de la prensa, se escabulló de los informadores el Congreso, al que había acudido para defender la enmienda del PP a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos para 2022.

Una periodista de La Sexta le preguntó: “Señor Casado, ¿cómo vive la batalla entre el PP de Madrid y Génova? ¿Quién quiere que presida el partido? ¿Ayuso? ¿Almeida? ¿Una tercera vía?”. El líder del PP no respondió y se puso a hablar con su compañera de partido Ana Pastor. Las cámaras de televisión captaron lo que decía: “El tema de la reforma laboral es que es insólito lo que está pasando”. “Sí, pero sobre el PP de Madrid. ¿Algo que decir sobre el PP de Madrid?”, volvió a preguntar la periodista que cubre habitualmente la información parlamentaria. Casado permaneció en silencio.

En la dirección de Génova es muy visible el malestar que ha provocado la resurrección de la pugna por el control del PP de Madrid, que creían haber conjurado en la convención de València. Sobre todo porque acapara todos los titulares sobre el partido y deja en un segundo plano la ofensiva que habían preparado contra el Gobierno de Sánchez, tanto por los contenidos de los presupuestos como por los aliados políticos con los que los ha negociado en el Congreso.

Ayuso y Almeida almorzaron el jueves en Sol 

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida comieron juntos la semana pasada en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, un almuerzo del que estaba al tanto la dirección nacional del partido, según han informado a Europa Press fuentes del partido. En ese almuerzo, la víspera de la polémica Junta Directiva donde se puso de manifiesto la ruptura del partido entre los partidarios de adelantar el Congreso regional del PP de Madrid y los que apuestan por seguir con los tiempos marcados por Génova, "no se habló ni de terceras vías ni de listas", según fuentes del equipo de la presidenta madrileña.

Las mismas fuentes han señalado que en esa comida se habló "solo de unidad y proyectos conjuntos" y han subrayado que se trata de "un encuentro más" que se enmarca en la "normalidad y amistad entre los partnerspartners". Sin embargo, fuentes próximas al alcalde han indicado que en ese encuentro Almeida defendió que ni Ayuso ni él fueran presidentes del PP de Madrid, apostando por la tercera vía como solución para poner fin a la crisis y acabar con el ruido interno que se está generando estas semanas. Fue el propio regidor el que sacó este tema cuando ya estaba avanzada la comida y defendió que el PP de Madrid lo presidiera una tercera persona. Sin embargo, la presidenta madrileña rechazó esta oferta de pacto, según han señalado a Europa Press fuentes del equipo del primer edil.

Las hostilidades entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado por el control del PP de Madrid han comenzado. Y ya se han cobrado su primera víctima: la unidad escenificada hace apenas un mes en la convención nacional de València que tanto interesaba al líder del partido para reforzar su liderazgo se ha volatilizado. De ella no quedan casi ni las formas.

La presidenta de Madrid desafía a la dirección nacional del partido y convierte cada evento público en el que participa en un acto de precampaña en el que insiste en su deseo de anticipar la celebración del congreso del PP regional y en su voluntad firme de presentar su candidatura a la presidencia. Génova le había pedido expresamente que pusiese fin a su demanda, que respetase la fecha fijada para la asamblea madrileña del partido —la próxima primavera— y que evitase abrir con tanta antelación el debate sobre el liderazgo del PP en Madrid. Pero no ha hecho caso.

Ayuso tiene su propia hoja de ruta y este martes lo volvió a demostrar en un acto en plena sierra de Guadarrama organizado para presentar el futuro Museo Del Valle de los Neandertales. Allí, entre aplausos de sus seguidores, ni se molestó en desmentir el malestar de Génova y de Pablo Casado con ella, que estos días airea la derecha mediática. E insistió en sus planes: “Sigo diciendo lo mismo que a finales de agosto: mi ilusión por liderar la formación por la que me he presentado dos veces ante los electores”.

“Eso es coherente”, defendió, para a continuación demandar, una vez más y en contra de los deseos de la dirección del PP, un adelanto del congreso. “Lo que quiero es que este proceso discurra con rapidez”, “que sea pronto, porque creo que es lo mejor”. Pero “también con unidad”, remarcó anticipándose a las críticas de quienes desde Génova le reprochan estar echando por la borda el trabajo de todos estos meses para refuerzo del liderazgo de Casado. 

Y quiere hacerlo, añadió, “con toda la paciencia y el cariño que se precisen. Es lo que haré. Cuando tenga la oportunidad, daré ese paso adelante”. Y entretanto seguirá “trabajando con plena lealtad”, en primer lugar por los madrileños, que por eso le “han votado mayoritariamente”, recordó evocando una vez más el resultado electoral del 4 de mayo que le ha movido a intentar ahora hacerse con la presidencia del PP de Madrid en contra de los deseos de la dirección de Casado.

La presidenta madrileña evitó en todo momento enfrentarse al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la principal baza de Génova para frenar su asalto al partido en la comunidad, al que el diario El Mundo atribuyó este martes la frase: “Yo lo que no quiero es que Ayuso presida el PP de Madrid”, y que el regidor demintió en rueda de prensa haber pronunciado.

“Quiero que quede claro que el alcalde de Madrid y yo somos un tándem, un ticket electoral”, subrayó. “Y sobre todo compañeros de dos administraciones que han caminado juntas y que lo vamos a seguir haciendo”. Ella, precisó, no le ha “oído abiertamente decir algo así”. “Lo que tengo claro es que somos dos compañeros de partido que nos entendemos, que nos respetamos y es lo que vamos a seguir haciendo”.

Lo que sí quedó en evidencia este martes es que las relaciones con Casado están lejos de pasar por un buen momento. Ayuso no quiso explicar cuándo habló por última vez con el líder de su partido, con quien antes del verano —según ella misma se jactaba— conversaba diariamente.

Casado está advertido

La lideresa madrileña sí explicó que, en todo caso, ella dice lo mismo en público que en privado, dando a entender que a Casado y a la dirección de Génova les sigue diciendo que quiere presidir el PP de Madrid. “Por coherencia, porque creo que es bueno”, insistió. Y para ponerlo al servicio de Casado: “Lo que más me gustaría es poner mi partido a punto para que después se hiciera desde él la campaña a Pablo Casado camino a la Moncloa, ya que se presenta por Madrid. Eso es lo que quiero hacer”. Y “eso se lo he traslado [a Casado] abiertamente siempre y eso es lo que seguiré haciendo, con todo el afán para unir, por entendernos”.

En Génova no parecen creer a Ayuso. Temen su influencia sobre el PP de Madrid y a través de él en el conjunto de partido. Y sobre todo desconfían de sus decisiones a la hora de elegir candidatos en las diferentes elecciones al margen del criterio de la dirección nacional. Así que ya trabajan para hacerle frente en una estrategia en la que es vital el compromiso y la participación del alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida.

No obstante, el regidor madrileño evitó este martes el enfrentamiento abierto con Ayuso poniendo “distancia” con la frase que le atribuyó El Mundo. “Se me hace una imputación en un medio de comunicación y no es cierta. Esa frase que se me atribuye no la he dicho, no he dicho que Isabel Díaz Ayuso no pueda ser presidenta de Madrid“, afirmó sin aclarar que eso sea lo que piensa. De hecho, se negó una vez más a zanjar el debate dejando claro que no va a competir con ella por la presidencia del PP madrileño: “No toca hablar del tema” porque “no es la labor del alcalde”. “De la Junta de Dirección regional quedó claro que la presidenta presentará candidatura y que el Congreso se celebrará en la fecha en la que toque”, se limitó a decir.

En este momento, precisó abriendo la puerta a que eso pueda cambiar en el futuro próximo, está “centrado en los madrileños, tratando de resolver los problemas de la ciudad y ajeno a lo que dicen los medios de comunicación”. “Las decisiones a tomar serán en el momento que correspondan, cuando se convoque el Congreso. Los madrileños no entenderían que estuviera más centrado en temas de partido”, remarcó.

Paso a paso, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, avanza hacia el negacionismo del golpe de Estado de 1936. Esa es precisamente la posición que defiende el líder de Vox, Santiago Abascal, que en el libro de entrevistas España vertebrada (Planeta) lo calificó de “movimiento cívico militar” en vez de golpe contra el gobierno democrático de la República. En él no intervino todo el Ejército, sino sólo una parte”, argumenta Abascal en ese libro, publicado en 2019. “Tenía que ser así. En aquel momento la nación estaba partida por la mitad”.

El propio Casado levantó una polvareda hace apenas dos semanas cuando, en una intervención en el Congreso, aseguró que “la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia”. Una frase que deslegitima al Gobierno de la República al mismo tempo que da sentido a la actuación de los sublevados que dieron el golpe de Estado contra el régimen democrático, a los que retrata como defensores del cumplimiento de la ley.

En esa línea, hace tiempo que el PP trabaja en una propuesta legislativa para tumbar la ley de Memoria Democrática que aprobó este martes el Consejo de Ministros. El partido de Casado la ha llamado “de concordia”, equiparando la democracia republicana con quienes se levantaron en armas contra ella. Y afirmando, desde su preámbulo, que ya se ha dado respuesta a los represaliados con la supuesta concesión, según los cálculos del PP, de 16.000 millones de euros.

Este lunes Casado se deslizó un poco más allá al elogiar una intervención del exministro de UCD y cofundador de Vox Ignacio Camuñas en la que negó que la guerra civil naciera de un golpe de Estado. negóLa controversia provocada por su actitud no fue suficiente para que se decidiese a aprovechar alguno de los tuits que publicó en las últimas 36 horas con el fin de despejar cualquier duda sobre la opinión que le merecen estas palabras.

Por parte del PP solo tomó la palabra este martes la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, pero sin añadir luz a las dudas que empiezan a acumularse sobre la opinión que el principal partido de la oposición tiene sobre lo que ocurrió el 18 de julio de 1936. En sus breves declaraciones, la dirigente conservadora evitó desautorizar a Camuñas y aseguró que la posición de su partido sobre este asunto sigue siendo que “condena la Guerra Civil”. Ni una palabra sobre el golpe de Estado.

Gamarra se remitió a la resolución que aprobó en 2002 el Congreso por unanimidad, de la que “el PP no se ha movido ni un ápice” subrayó. Casado “siempre ha sido muy claro y muy rotundo en relación a la Guerra Civil”, zanjó.

Lo cierto es que en el acto convocado este lunes por la fundación del PP Concordia y Libertad, los organizadores eligieron a Camuñas y al también exministro Rafael Arias Salgado para acompañar a Casado en un coloquio sobre patriotismo. Allí Arias Salgado desarrolló la tesis de que la memoria democrática “no es un mecanismo para superar la Guerra Civil” sino que su objetivo es en realidad “deslegitimar el pacto constitucional”, afirmación con que que el líder del PP se mostró visiblemente de acuerdo. El PSOE trata enlazar la legitimidad democrática directamente con la República, desligándola de la Constitución de 1978. “El consenso constitucional se ha roto”, afirmó Arias Salgado. Y si Sánchez gana las próximas elecciones, “el pacto constitucional del 78 se va a quedar en agua de borrajas”, adviritió. “Va a quedar totalmente desnaturalizado”. “Hay un proceso de cambio de régimen”, concluyó en línea con lo que llevan defendiendo Casado y Abascal desde hace meses.

Tal es su supuesta deriva, aseguró también el exministro de José María Aznar, que si Casado gana las próximas elecciones la izquierda “no va a aceptar” el resultado. “Y va a llevar a cabo acciones para hacer imposible la acción de gobierno”.

“¡Qué lujo de ponencias!”

“¡Qué lujo de ponencias!”, exclamó el líder del PP después de escuchar las intervenciones de Arias Salgado y de Camuñas, que forman parte de las aportaciones que su partido está recogiendo para la convención de otoño donde quiere lanzar el proyecto político que los conservadores presentarán en las próximas elecciones generales.

La resolución del Congreso a la que se remitió Gamarra para definir la opinión del PP sobre el origen de la Guerra Civil se aprobó por unanimidad el 20 de noviembre de 2002, tiene cuatro párrafos en su parte resolutiva y en ningún momento resuelve la cuestión de quién provocó la Guerra Civil.

El primero párrafo dice que “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”. Pero ni siquiera cita la dictadura franquista, la Guerra Civil ni el golpe de Estado de 1936.

En su segundo punto, el Congreso declara que “resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia”.

En el tercero, la Cámara Baja reafirmaba por unanimidad “el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista”. E instalaba “a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil”.

El último párrafo de la resolución que ahora el PP cita como referencia, “insta al Gobierno para que desarrolle, de manera urgente, una política integral de reconocimiento y de acción protectora económica y social de los exiliados de la guerra civil, así como de los llamados niños de la guerra, que incluya la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española, y su extensión a sus descendientes directos, con reconocimiento del derecho de voto”.

La exposición de motivos que acompañó aquellas declaración tampoco hace referencia al golpe de Estado. En ella sí se elogia la “voluntad de entendimiento basada en el perdón y el olvido” de los años de la transición y se reivindica la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, que Naciones Unidas y numerosas organizaciones consideran contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y cuya derogación han exigido en varias ocasiones porque “impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias”.

“Nada queda en la sociedad española del endémico enfrentamiento civil porque, consciente y deliberadamente, se quiso pasar página para no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha”, remarca la exposición de motivos de la resolución de 2002.

Contra Camuñas tampoco se pronunció Vox. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, esquivó en Zaragoza varias preguntas de periodistas que trataban de saber si está de acuerdo con que la Guerra Civil no la provocó un golpe de Estado. Lo ocurrido entonces le parece opinable y “en los temas de historia no vamos a entrar, no vamos a ponernos a juzgar”, declaró.

La política europea volvió este jueves a poner en dificultades al PP de Pablo Casado, esta vez a cuenta de una durísima resolución del Parlamento Europeo en contra de la legislación homófoba que ha impulsado en su país el primer ministro húngaro, Viktor Orban. Los diputados conservadores españoles —salvo Esteban González Pons, que sí lo hizo, rompiendo la disciplina de voto de su partido— se negaron a respaldar la iniciativa y acabaron absteniéndose en un asunto que en las últimas semanas se ha convertido en clave para los partidarios de la unidad europea y de los defensores de los derechos y las libertades en la Unión Europea, entre ellos la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

La resolución que el PP no ha querido apoyar “condena en los términos más enérgicos posibles la ley aprobada por el Parlamento húngaro” contra las personas LGTBI porque “constituye una violación manifiesta de los valores, principios y el Derecho de la Unión”. Vulnera derechos fundamentales consagrados en la Carta y los tratados e “infringe el acervo consolidado de la Unión”.

Por esa razón, el Parlamento celebra que 18 países hayan pedido a la Comisión que emprenda acciones legales contra Hungría iniciando “un procedimiento de infracción acelerado” y que, en caso necesario, haga uso de todos los instrumentos procesales disponibles ante el Tribunal de Justicia, incluidas solicitudes de sanción.

“La ley no es un caso aislado”, sostiene la resolución, “sino que es otro ejemplo deliberado y premeditado del desmantelamiento gradual de los derechos fundamentales en Hungría”, entre los que destacan “las campañas de desinformación y la LGTBIfobia organizadas y promovidas por el Estado” como “herramientas de censura política en manos del Gobierno húngaro”. Las violaciones de los derechos humanos de las personas LGTBI “son parte de un proyecto político más amplio encaminado al desmantelamiento de la democracia y el Estado de Derecho, incluida la libertad de los medios de comunicación, y deben ser consideradas violaciones sistémicas” del tratado de UE.

Las medidas aprobadas en Hungría no son una broma. Tienen por efecto prohibir de hecho la adopción a las personas que forman parejas del mismo sexo y a las personas solteras y no casadas, a menos que se les conceda un permiso especial el ministro de Política Familiar. Se ha prohibido de hecho el reconocimiento jurídico del género para las personas transgénero e intersexuales en Hungría, vulnerando su derecho a la intimidad y exponiéndolas a la discriminación. Se van a marcar los libros infantiles en los que aparezcan familias diferentes de la tradicional. Y se relaciona la orientación sexual y la identidad de género con la pedofilia y las violaciones de los derechos de los niños.

A pesar de estos hechos, el PP no halló razones suficientes para sumarse a la inmensa mayoría del Parlamento Europeo, incluida la mayor parte del Partido Popular Europeo (la resolución fue aprobada por 459 votos a favor, apenas 147 en contra y 58 abstenciones).

La razón, según su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, es que en la resolución “no se señalaba sólo a Hungría, sino también a otros países como Croacia”. Y eso lo consideran “injusto”. “También se equiparaba a Hungría con Letonia y Lituania”, subrayó Montesinos en declaraciones a Radio Euskadi para justificar la decisión de no condenar la política homófoba de Viktor Orban.

La verdad es que el texto aprobado se refiere a estos tres países pero para calificar de “igualmente preocupante” una propuesta del partido conservador croata Most de incluir la “prohibición de la exposición de menores a propaganda LGTBI” y para recordar que el Parlamento “ya ha condenado el uso indebido de leyes sobre la información puesta a la disposición de los menores, especialmente en el ámbito de la educación y los medios de comunicación, para censurar contenidos y materiales relacionados con las personas LGTBI, en particular en Lituania y Letonia”. De hecho, esas dos alusiones ni siquiera forman parte de la parte resolutiva del texto aprobado por el Parlamento, que se centra exclusivamente en el caso de Hungría.

Montesinos asegura que el PP apoyaba la iniciativa pero decidió desmarcarse después de la incorporación de las menciones a Croacia, Letonia y Lituania “mediante enmiendas presentadas por la izquierda”. “No vamos a tolerar que desde la izquierda se intente embarrar una resolución perjudicando a otros países que nada tienen que ver con lo ocurrido en Hungría”, proclamó el vicesecretario de Comunicación de Pablo Casado.

“El PP es un firme defensor de igualdad, la libertad y la tolerancia”, remarcó en declaraciones a la misma emisora.

Fuentes de la delegación española del PP en Europa consultadas por infoLibre negaron la existencia de una posición conjunta del partido a escala europea. “Hubo votos muy divergente entre las diferentes delegaciones nacionales”. En todo caso, subrayan, “debe quedar claro que el PP está en contra de la ley homófoba de Orban y de cualquier discriminación por razón de la orientación sexual de la persona”.

La disidencia de González Pons

Lo que no explicaron fue la decisión del eurodiputado Esteban González Pons de votar a favor de la resolución, ignorando la decisión de partido.

Más allá del criterio utilizado por el PP, lo cierto es que la posición adoptada en el Parlamento Europeo alinea a la formación de Pablo Casado con las posiciones contrarias a la defensa del Estado de Derecho dentro de la UE y le aproximan a la extrema derecha liderada por Orban, en la que milita con entusiasmo Vox.

El partido de Santiago Abascal defiende sin reservas las medidas contra la comunidad LGTBI aprobadas en Hungría al tiempo que defiende en España la abolición de la legislación igualitaria que en los últimos años ha hecho posible el matrimonio entre personas del mismos sexo, la adopción por parte de parejas homosexuales o su visibilidad en las escuelas. Según los ultras españoles, existe una “persecución izquierdista contra el gobierno de Orban. Los globalistas quieren hacer pasar por el aro a las naciones libres y soberanas que no se arrodillan ante sus postulados totalitarios”. El propio Abascal escribió en Twitter: “Están atacando los fundamentos de la Unión Europea. Represalias contra Hungría y subvenciones a Marruecos. Pero cada vez más europeos están dispuestos a plantar cara a las oligarquías y a sus empleados”.

El PP gobierna el Ayuntamiento de Madrid, Andalucía y Madrid con el apoyo de Vox. Un modelo que quiere repetir en el Gobierno de España si el resultado de las elecciones lo hace posible.

La Comisión Europea deberá ahora actuar contra la deriva antidemocrática del Gobierno de Orban, tanto por la vía legal como mediante el bloqueo de fondos. La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, trabaja desde la tramitación de la ley por parte del Parlamento húngaro en la base legal con la que armar el caso y poder lanzar un procedimiento de infracción por violación del Derecho comunitario y valores fundamentales de la UE.

“Si Hungría no corrige el tiro, la Comisión hará uso de los poderes que le confiere ser guardián de los Tratados. Seamos claros, hacemos uso de estos poderes sea cuál sea el Estado miembro que infringe el Derecho europeo”, advirtió.

En lo que va de legislatura la Comisión ha iniciado unos 40 procedimientos de infracción vinculados a la protección del Estado de derecho y a otros valores fundamentales recogidos en el Tratado de la UE. “Si es necesario habrá más procedimientos”, subrayó Von der Leyen.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha remitido una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y a las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, reclamando el inicio "inmediato del proceso de elección" de candidatos para la renovación del órgano de gobierno de los jueces "dada la situación de bloqueo permanente del Partido Popular". Acusa al PP de realizar "técnicas de bloqueo inadmisibles en Democracia", informa Europa Press.

En la misiva, traslada su preocupación "por el prolongado incumplimiento del artículo 122.3 de la Constitución Española que dispone que debe ser renovado cada cinco años, igual que cada cuatro años sucede lo propio con las Cortes Generales". "Sin embargo, desde el 4 de noviembre de 2018 no se ha procedido a cumplir con tal mandato constitucional", lamenta.

Desde la asociación inciden en que, a pesar de los acuerdo que se dieron, que quedaron frustrados por las "escandalosas revelaciones de unos mensajes instantáneos", en referencia a los maensajes de Ignacio Cosidó, apuntan que ahora que se retoman las negociaciones se sigue "ante un flagrante incumplimiento de las obligaciones constitucionales de quienes tienen el deber institucional de proceder a renovar, en plazo, el órgano".

Indican además que las razones del PP para la no renocavión "son cambiantes e insuficientes" y añaden que "la pretensión de una reforma previa del sistema de elección no puede ser obstáculo para la renovación" ya que si debe hacerse, corresponde a las Cortes Generales adoptarla.

"Pero también es responsabilidad del Congreso y Senado cumplir la Constitución y renovar en plazo, conforme a la regulación vigente en cada momento, el Consejo General del Poder Judicial", subrayan para luego recordar que existe un Pacto de Estado sobre la Justicia que diseñó el actual sistema para la designación del Poder Judicial y que lleva vigente 20 años.

Por ello, reclaman que Lesmes se dirija de nuevo a las Cortes para proceder a la inmediata renovación del órgano y que las presidencias del Congreso y del Senado "inicien ya tal proceso, sea cual fuera su resultado".

"Si hay que hacer cambios en las normas, que se propongan, pero ya tenemos una regulación vigente y aplicable desde hace décadas: la que había el 4 de noviembre de 2018, fecha en la que debería haberse renovado la composición del Consejo General del Poder Judicial, y que hoy aún está en vigor", añaden.

Asimismo, reclaman que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Congreso y el Senado, se dirijan a la dirección del PP, a Pablo Casado, o a los grupos parlamentarios que sea preciso, "para proceder al inmediato cumplimiento de nuestra Constitución y de la ley", dado que ambas están siendo incumplidas y vulneradas con "técnicas de bloqueo inadmisibles en Democracia".

La herida abierta en las relaciones del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la patronal y los empresarios que apoyan la decisión del Gobierno de indultar a los presos del procés que permanecían prisión sigue abierta. Y no parece que vaya a cerrarse pronto. El líder de la oposición evidenció este martes la profundidad de su malestar con quienes son sus aliados habituales en el debate político y económico de España. Fue en una entrevista en Onda Cero en la que negó incluso toda representatividad al diálogo social, en el que tradicionalmente se dan cita la patronal y los sindicatos para llegar a acuerdos sobre todo en materia laboral.

Según Casado, los empresarios catalanes que apoyan la medida de gracia aprobada por el Gobierno “no representan a nadie”. Ni ellos, añadió, ni los que el lunes se sentaron en el Liceo a escuchar al presidente Pedro Sánchez y que “no tienen un acta” de diputado.

Su enfado con la patronal le llevó incluso a cuestionar el diálogo social, el mecanismo informal mediante el cual, desde los Pactos de la Moncloa, el Gobierno convoca a sindicatos y empresarios para buscar acuerdos, sobre todo en materia laboral.

En plena entrevista con el periodista Carlos Alsina en el programa Más de Uno, Casado se quejó de que el Gobierno le pida apoyar en el Congreso los acuerdos a los que están llegando esta legislatura sindicatos y empresarios en el marco del diálogo social. Entre ellos están los ERTE para proteger a los trabajadores y las empresas durante la pandemia, la subida del SMI, la ley de teletrabajo o la reguladora de las plataformas que emplean falsos autónomos.

“Oiga, que esto lo he hablado con los sindicatos y con la patronal”, sostiene que le dice a menudo el Gobierno. “¿Y a mí qué me importa? ¿Qué español ha votado a los sindicatos y a patronal? Como si me viene del círculo de tenis. Oiga, este es un Parlamento de una nación cinco veces centenaria”.

El diálogo social, subraya, “es previo al diálogo democrático en el Parlamento. Quienes tiene que decidir, reivindicó, “son los españoles a través de sus diputados y senadores”.

Según Casado, “estamos viviendo un vaciamiento del parlamentarismo en España” porque ahora se dice que “todo se va a pactar con las ONG, la sociedad civil, los empresarios y los sindicatos. Y no. La soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto, representado por senadores y diputados”.

De seguir así, añadió, “va a llegar un momento en el que voy a llegar a una sesión de control” del Congreso “y van a decir: ‘No, señor líder de la oposición, espere, que tiene la palabra no sé qué presidente de una asociación”. Sustituir el legislativo por las organizaciones sociales, aseguró, fue lo que le planteó Sánchez durante la pandemia porque le propuso que en los pactos de reconstrucción participasen el Gobierno, los presidentes autonómicos, los municipios, asociaciones, sindicatos y empresarios. “¡Pero bueno, oiga, esto qué es! Es que voy a acabar negociando una ley con el padre Ángel. O con un deportista. O con un chef. Esto es una democracia. Aquí se vota y aquí se tiene una representación en el Parlamento”, sentenció.

Agresión al Estado de Derecho

Esta forma de plantear la política, añadió, es una estrategia del presidente del Gobierno para que parezca “que habla con la sociedad”. “Y lo siento mucho, con la sociedad se habla en el Parlamento”. Sánchez, a quien culpó de protagonizar la “mayor agresión al Estado de Derecho en democracia”, “no puede empezar a hacer performances con teatros o con pianistas cuando la competencia legislativa la tienen las Cortes”.

El Congreso “no puede decidir nada” desde hace un año porque el Gobierno se apoya constantemente en la aprobación de reales decretos, enfatizó Casado pasando por alto que esas normas también se debaten y votan en la Cámara. Y que prácticamente todas ellas han conseguido el respaldo de la mayoría, muy a menudo con el voto afirmativo del propio PP.

El líder de la oposición ni siquiera trata de disimular su malestar con una sociedad civil y empresarial a la que acusa de unirse a la persecución que, según él, existe en Cataluña “contra los constitucionalistas”. Una actitud en la que se ha visto respaldado por la derecha mediática a través de artículos y editoriales en los que se han multiplicado las críticas hacia los empresarios. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que la semana pasada se atrevió a decir en una entrevista que “si los indultos sirven para algo bienvenidos sean”, ha sido el blanco preferido de estos medios.

La desconfianza de Casado hacia la patronal, especialmente hacia los grandes empresarios, viene de lejos. Un buen ejemplo tuvo lugar el pasado octubre, en el turno de preguntas de un acto organizado por la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha en la localidad de Toledo. Allí el líder del PP se mostró dolido con la actitud de los grandes empresarios españoles por haber mostrado su respaldo al plan de reconstrucción del Gobierno. Mientras al PP le niegan “el pan y la sal”, lamentó, esos empresarios “miran de reojo el Boletín Oficial de Estado” esperando ayuda. “¿Algunas empresas que miran de reojo el BOE van a aguantar lo que viene” sólo “porque les invitan a los actos” del Gobierno? ¿Y pidiendo a la oposición que no crispemos?”, se quejó.

“Algunos tienen que reflexionar”, sugirió entonces, ya casi al término del acto. Porque nos enfrentamos a una “recesión brutal”. Y “si algún empresario o algún medio o alguien piensa que se van a librar por ser amigos de los del BOE, que luego no vengan a decir que dónde estaba la oposición. Pues haciendo su trabajo. La oposición lleva demasiados meses clamando en el desierto. Simplemente hago esta advertencia”, dijo, porque ve “una sociedad demasiado dormida. La sociedad española tiene que despertar”. Alguien tiene que dar una campanada y despertar”, concluyó.

Empresarios divididos

Las diferentes patronales no quisieron responder, a petición de infoLibre, a las acusaciones de Casado. Pero sí precisaron su posición sobre los indultos. Como la patronal madrileña CEIM —integrada en CEOE—, a la que algunas informaciones atribuía haberse pronunciado contra la medida de gracia, pero que según su presidente, Miguel Garrido, no lo ha hecho. “Hemos tenido Junta Directiva y sí, mayoritariamente las voces contra los indultos son un clamor. Pero esa misma mayoría ha decidido, como organización empresarial que somos, no posicionarse sobre algo que es puramente político”, precisó. Igual que ATA, la principal asociación de autónomos —también parte de CEOE—. Están en contra a título personal pero no se pronunciarán como patronal, segun las fuentes consultadas por este diario.

En cambio, Uatae, otro de los grandes colectivos de autónomos españoles, sí se muestra a favor. “Siempre que los indultos conlleven un retorno a la normalidad y una mejoría de los negocios, todo ello relajando la tensión artificial creada con el procés, perfecto”, declaró un portavoz de esta organización a infoLibre.

En la misma línea se expresó este martes en distintos medios Pimec, la gran patronal catalana de pequeñas y medianas empresas: “Los representantes políticos deben alejarse de los frentismos y favorecer los espacios de diálogo en beneficio del bienestar social y del impulso de las políticas sociales y económicas necesarias”, declaró su presidente Antoni Cañete.

Pimec y Uatae forman parte de la nueva patronal Conpymes, que pretende disputar a CEOE el monopolio de la representación de las empresas en el diálogo social, especialmente ahora que está a punto de llegar el dinero de los fondos europeos.

El presidente de una patronal estatal de ascensores que prefiere no revelar su identidad, declaró a este diario: “El independentismo es un anacronismo que nos distrae de los grandes retos de nuestro tiempo”. Pero eso no significa que no se deban conceder los indultos. “No hay más remedio que hacerlo y me parece bien cómo se ha planteado”, subrayó.

La que acaba de terminar no ha sido, ni de lejos, la mejor semana de Pablo Casado. A las dificultades que está encontrando, al menos por ahora, su estrategia para convertir los indultos “en la tumba política” de Pedro Sánchez, tal y como los definieron fuentes de su partido cuando quedaron claras las intenciones del presidente, el líder del Partido Popular se ha topado con una situación más que incomoda con la Casa del Rey que ha provocado incluso el pronunciamiento de los portavoces de Zarzuela y con el aval de la Comisión Europea al Plan de Reconstrucción del Gobierno. En plena reactivación económica, Casado empieza a tener problemas para sostener el discurso del apocalipsis económico que defiende desde que la pandemia puso contra las cuerdas la economía española.

Aprovechando el impulso de la victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo, el PP se trazó como objetivo convertir por fin a su líder en el referente político de la derecha. referenteCon Ciudadanos en vías de extinción, la prioridad para los estrategas de Génova es atraer a los votantes de Vox, al menos a los menos radicalizados, y a los electores del PSOE que según los informes demoscópicos que maneja el partido se sienten incómodos con el diálogo que Pedro Sánchez ha abierto con el Govern de la Generalitat y sobre todo con la concesión de medidas de gracia para los presos del procés.

De hecho, el PP trabaja ya a pleno rendimiento en un calendario de actividades cuyo punto culminante será una convención que tendrá lugar en octubre en València con el objetivo de convencer a todos los votantes a la derecha del arco parlamentario, desde los moderados del PSOE a los que siguen prefiriendo a Vox, pasando por los pocos que le queden a Ciudadanos, de que si quieren un cambio de gobierno deben votar a Casado.

“Hemos convocado una gran convención abierta a todos los que quieran contribuir” para “unir a la sociedad española”. “Para pasar del enfado a la tarea, de la frustración a la esperanza”, subrayó el lunes Casado. “No es un evento de partido, sino una oportunidad para un reencuentro nacional”.

Pero esa hoja de ruta saltó en parte por los aires el pasado domingo, desbordada por la estrategia de Vox de movilizaciones en la calle contra los indultos. Aunque no llegó a asomarse a la plaza de Colón y se limitó a recorrer a pie, escoltado por dirigentes y militantes del partido, el escaso trecho que va de la sede de la calle Génova al cruce con la Castellana, el líder del PP descubrió que Sánchez ya no es el único dirigente político que escucha insultos y abucheos cuando se expone en público.

Allí mismo tuvo que soportar gritos de “Casado, cabrón, apoya la moción” o “Pablo Casado, nos has abandonado” coreados por seguidores de Vox que no le perdonan que el PP votase en contra de la censura que Santiago Abascal presentó contra Sánchez el pasado mes de octubre. Que no olvidan que fue el último Gobierno del PP el que fue incapaz de impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña. O que preferirían que su puesto lo ocupase Isabel Díaz Ayuso, convertida, ella sí, en un ejemplo de coherencia para la derecha extrema.

Fue la propia Ayuso, políticamente mucho más poderosa desde su victoria del 4M, la que desencadenó el segundo dolor de cabeza de la semana para Casado. Además de sentir en su propia piel la desconexión de su liderazgo con una parte muy significativa de los votantes de la derecha, la presidenta madrileña se atrevió a cuestionar el papel de rey Felipe de Borbón en contra de los indultos. “¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?”, se preguntó en presencia de Casado y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El corrector, corregido

Una apelación a la implicación política del jefe del Estado vetada expresamente por la Constitución y que el propio Casado había prohibido hacer a los dirigentes del partido, algunos de los cuales, desde que Sánchez confirmó su voluntad de aprobar los indultos, habían empezado a insinuar que el rey probablemente no debería firmarlos. Así que el líder del PP aprovechó la segunda ocasión que tuvo de pronunciarse —la primera fue el domingo y prefirió guardar silencio—, para hacer valer su autoridad y corregir a Ayuso. Aunque después fuese ella, al día siguiente, quien le corrigiese a él diciendo que los dos piensan exactamente igual. “Sigo pensando exactamente lo mismo”, subrayó, y Casado lo comparte, apostilló.

El desaguisado sobre el rey acabó obligando a la Casa del Rey, a través de sus portavoces, a salir al paso para recordar que la Jefatura del Estado está fuera del debate político y, por supuesto, no tiene autonomía para apoyar o rechazar las decisiones de los poderes del Estado. “Felipe VI cumple escrupulosamente sus deberes constitucionales”, declararon.

Para colmo, la fotografía del monarca con Pere Aragonès en Barcelona de este miércoles empujó la normalización institucional que Sánchez está empeñado en recuperar y acabó por desengañar a quienes desde la derecha especulaban con que Felipe de Borbón protagonizase algún gesto de distancia con la apuesta del Gobierno por el diálogo.

Pero no fue esa la única consecuencia de la polémica sobre el papel del rey en relación con los indultos. También confirmó que Ayuso, ya investida por segunda vez presidenta de Madrid y con independencia de cuáles sean sus ambiciones personales, se va a convertir en una dura rival del propio Casado a la hora de apuntalar su propia imagen como el líder indiscutible que aspira a ser en el espacio del centroderecha. La dificultad de encajar el verso suelto de Ayuso, con un perfil claramente de derecha extrema que la sitúa más cerca de Vox que del PP tradicional, ya preocupa en la dirección de la calle Génova.

Para colmo, la reactivación de la economía y el visto bueno de Bruselas al Plan de Recuperación del Gobierno han desbaratado también la segunda línea de batalla de Casado contra Sánchez. El discurso con el que lleva meses anunciando la catástrofe empieza a no sostenerse.

Los presidentes de Telefónica, Santander e Inditex, José María Álvarez-Pallete, Ana Botín y Pablo Isla, pintaron el miércoles el escenario contrario al que pronostica el PP. Los tres coincidieron en Barcelona en vaticinar crecimientos en los próximos años superiores a las previsiones oficiales de entre el 6% y el 7%. “España se va a salir del mapa”, llegó a decir Botín, que igual que Isla calcula aumentos en los próximos trimestres de hasta el 8% o el 9%. ¿A qué achacan esas previsiones? Al ritmo de vacunación y a la llegada de los fondos de reconstrucción.

No fue la única cosa en la que contradijeron a Pablo Casado. La presidenta del Santander se mostró a favor de cambiar el sistema fiscal e incluso dijo que estará “encantada” de que suban los impuestos a las empresas siempre que paguen todos los que tienen que pagar.

Pero el líder del PP, de momento, sigue apostando por describir un panorama catastrófico. España va peor que otros países por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez, dijo el jueves en Barcelona. Algo que en su opinión ya ocurría antes de la pandemia. Sólo por encima de “Bosnia, Sudán, Venezuela o Palestina”, subrayó a modo de demostración.

Von der Leyen avala a Sánchez

La guinda de la semana se la ha puesto al líder del PP tener que ver cómo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a la que a menudo cita como su referencia en Bruselas y que forma parte de su misma familia política, bendecía en un acto en Madrid el Plan de Recuperación diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez y al que él y su partido llevan oponiéndose con todos los recursos a su alcance desde el pasado otoño.

Hace muy pocos días Casado rechazaba todavía el plan de recuperación que Bruselas acaba de bendecir y decía que no se sentía comprometido por las reformas propuestas por Sánchez. Es más, aseguraba que las revertiría en cuanto llegase a la Moncloa. En una entrevista publicada por El Confidencial decía: “El plan de reactivación va a ser un fracaso, porque lo que está primando es una especie de Plan E que cree un empleo a corto plazo que no se mantenga en el tiempo, como ocurrió entonces cuando se crearon 100.000 empleos y solo un 4% se mantuvo. Lo que están haciendo es dando de lado toda la economía productiva nacional”.

Un empeño en el que abundó este jueves, insistiendo en su tesis de que España es el único país donde estos fondos no los gestionará una agencia independiente —en realidad ningún país va a utilizar ese modelo— e insinuando que se van a distribuir de manera clientelar. Es decir, cerrando los ojos al informe de Bruselas sobre el plan español, según el cual, “proporciona suficientes detalles” acerca de cómo las autoridades nacionales “preverán, detectarán y corregirán” situaciones de conflicto de intereses, corrupción o fraude en el uso de estos fondos europeos.

Casado también volvió a pedir que aunque las prioridades ya estén fijadas (sobre todo transición ecológica y digitalización) el dinero se use para otros fines, como ya anticipó en enero: bajar de impuestos, poner en marcha la llamada mochila austríaca, reducir gasto en la Administración y activar el sector de la construcción y de las obras públicas concediendo avales públicos para acceder a la vivienda y llevando a cabo un ambicioso plan de obras hidráulicas.

Y no sólo eso. Casado, que lleva oponiéndose a la estrategia del Gobierno de coalición desde antes de la investidura de Pedro Sánchez, en enero de 2020, tuvo que oír cómo la propia Von del Leyen le emplazaba a él y al Ejecutivo a la unidad. “Quiero hacer un llamamiento a todos nosotros, a todos los grupos políticos, a todos los actores sociales, a todas las ONG” para aprovechar esta oportunidad. “Necesitamos a todos para hacer que los fondos sean un éxito”, concluyó.

El papel del rey en relación con los indultos es un buen ejemplo de ello. Esta vez Ayuso no sólo cruzó una línea roja dentro del partido al implicar a Felipe de Borbón en el debate político abierto en torno a las medidas de gracia que el Gobierno planea aprobar para poner en libertad a los presos del procés —Casado quiere mantener al margen al monarca— sino que se ha atrevido a ir más lejos. Menos de 24 horas después de que el presidente del PP en persona la corrigiese con unas declaraciones en las que dejó claro que pase lo que pase con los indultos la firma del decreto correspondiente no salpicará al rey y de que ella misma matizase sus palabras, la presidenta madrileña en funciones dio marcha atrás este martes. “Si firma, si no firma… haga lo que haga está en tela de juicio”. “Es una absoluta vergüenza que el rey tenga que firmar semejante documento”. Es una “humillación” para él. Y fue más allá: Casado “opina lo mismo y no hay nada que rectificar”, remarcó.

Lo cierto es que, después de su victoria electoral, la apuesta de Ayuso por incorporarse al debate político nacional se ha incrementado. Lo ha hecho cuando la pandemia y las sucesivas polémicas que ha mantenido con el Gobierno central sobre la gestión de la emergencia sanitaria se lo han permitido. Como si la campaña electoral no hubiese terminado, el 14 de mayo acusó al Gobierno central de criminalizar a la sociedad madrileña y de estigmatizarla con “las cañas, los toros y las borracheras” después de que la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, asegurase que la “libertad” pregonada por la presidenta madrileña y los datos sanitarios de su región han influido en el hecho de que Reino Unido no incluya nuestro país entre los destinos seguros para el turismo.

Su vocación de competir con Casado en la tarea de control al Gobierno quedó clara bien temprano. Nada más ganar las elecciones, el 12 de mayo, anunció su intención de abrir en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre la relación entre la llegada de la covid-19 a España y las restricciones establecidas en el Aeropuerto de Barajas, un asunto que escapa a las competencias de su comunidad.

En sus intervenciones, y en apenas cuatro semanas, Ayuso ha tocado casi todos los palos de la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La pandemia, la economía, los indultos e incluso la política internacional. A veces incluso asumiendo expresiones de la ultraderecha.

El 21 de mayo, desde Fitur, cargó contra el presidente del Gobierno acusándole de promover una “catequesis progre” después de que Sánchez presentase las propuestas elaboradas por un grupo de expertos sobre la España de 2050. Siete días después, en un acto organizado por el expresidente José María Aznar, descalificó los discursos de la izquierda sobre “la mujer, el género, la resiliencia, el ecologismo, el empoderamiento, lo inclusivo, lo diverso y lo migrante”, muy en línea con las guerras culturales que Vox ha normalizado en el debate público. Y el 9 de junio se puso del lado de Plácido Domingo como uno de los mayores embajadores españoles en el mundo de la música y la cultura, después de que el tenor fuese recibido con una larga ovación en el Auditorio Nacional a pesar de haber reconocido que acosó sexualmente a varias mujeres. “Para mí es un orgullo tenerlo entre nosotros, es uno de los mejores tenores y ha sido uno de los mayores embajadores que ha tenido España”, declaró la presidenta en funciones.

Ayuso, que este viernes será investida por segunda vez en sólo dos años presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de los diputados de Vox, brilló con voz propia el domingo en la Plaza de Colón y escuchó gritos de los manifestantes que le pedían que sustituyese a Casado.

Madrid como modelo frente a Sánchez

Su discurso contra los indultos se ha hecho hueco en la agenda al margen del presidente del PP. El 26 de mayo, dos días antes de la convocatoria de Colón, con la que se comprometió con entusiasmo, a diferencia de Casado, ya inició su particular campaña contra la medida de gracia. Pedro Sánchez sigue “una y otra vez equivocándose y tomando decisiones inoperantes e injustas para todos los ciudadanos”, aseguró. Frente a ese modelo, está Madrid, que defiende “la separación de poderes, la libertad y el trabajo de los jueces”.

Volvió sobre este asunto en varias ocasiones. El 10 de junio, en la presentación del libro Libertad o Igualdad, de Daniel Lacalle, el ideólogo de las propuestas económicas de Casado. Y repitió en las inmediaciones de Colón este domingo.

El 1 de junio denunció la “factura” económica y política que en su opinión deja el presidente del Gobierno tras tres años en la Moncloa. Una semana después defendió la necesidad de luchar “por la libertad” porque según ella España corre riesgo de “involucionar”. “El precio de defender la libertad siempre será más bajo que el de recuperarla”, declaró en un foro económico organizado por la derecha mediática. Allí habló de todo, menos de Madrid. “Nos duele ver a Europa preocupada y alerta por nuestra independencia judicial y la separación de poderes, en lugar de confiada por la oportunidad de transformación que tenemos gracias a los fondos Next Generation”.

Ayuso se siente cómoda en ese papel. Hace unos días, en una entrevista publicada por el diario británico The Times, de tendencia conservadora, celebró que alguien haya tenido la ocurrencia de compararla con Margaret Thatcher. “Ella defendió lo que creía hasta el final. Adoro a la gente que no se deja llevar por la corrección política, y eso no es populismo, es ser valiente y tener corazón”, argumentó.

Thatcher “se hizo cargo de situaciones difíciles y también procedía de una clase y entró en otra en la que la gente no siempre es admitida. Estas historias de superación de retos me representan”, confesó a The Times.

Su victoria el 4 de mayo, argumentó en la citada entrevista, “ha generado una esperanza tremenda en toda España para quienes están buscando un tipo alternativo de política” y permitirá “iniciar un nuevo camino para el centro y el centro-derecha españoles”.

La guinda la puso este jueves. Apenas unas horas después de ridiculizar en rueda de prensa a Sánchez por su saludo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que Ayuso bautizó como “la cumbre de los 26 pasos”, por su brevedad, recibió en audiencia al encargado de negocios de la embajada de EEUU y actual responsable de la embajada, Conrad Tribble. Sobre la mesa, la necesidad de impulsar las relaciones comerciales, institucionales y de intercambio de conocimiento entre Madrid y Estados Unidos, según una nota oficial del gobierno madrileño.

El PP intenta pasar página de la foto de Colón y trata de poner tierra de por medio, de nuevo, con Vox. Al mismo tiempo que deja en evidencia las declaraciones en las que la presidenta en funciones de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, implicó a Felipe de Borbón en la batalla política de la derecha contra los indultos.

El presidente del partido, Pablo Casado, utilizó este lunes un acto de presentación de la convención nacional que los conservadores celebrarán el próximo otoño para distanciarse de los dos, de Vox y de Ayuso. Pero sin mencionar a ninguno. Su defensa del rey dejó sin contestar las preguntas que la presidenta madrileña lanzó el domingo en su presencia, de las que fue testigo pero que entonces no quiso contradecir. La responsabilidad de los indultos, proclamó, “corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su Gobierno como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el Rey Felipe VI como jefe del Estado”. “Nadie salvo quienes los promueven y los aplauden son responsables; no hay más cómplices que ellos”, insistió.

Tampoco habló de Vox. Pero sí denunció, un día después de participar junto a la derecha extrema en la protesta de Colón, que no quiere “que el malestar de los españoles sea el camino electoral” del PP. “Con decepción y frustración social no se va a construir el país que necesitamos”, añadió, “ni se van a encontrar las soluciones que buscamos”. “No queremos el voto del rechazo”, remarcó poniendo distancia con Santiago Abascal, que reclama elecciones inmediatas parea “echar” sin más demora a Pedro Sánchez de la Moncloa. “Debemos transformar el malestar en ilusión, en voluntad de cambiar las cosas; debemos canalizar esa energía”.

Eso es lo que se propone hacer a partir de ahora el PP de Casado con una hoja de ruta que reconoce implícitamente que PSOE y Unidas Podemos completarán sin problemas la legislatura porque incluye una intensa programación de actos políticos que el partido se propone desarrollar a lo largo del próximo año con el fin de llegar a la convocatoria electoral de 2023 en condiciones de ofrecer “proyectos nuevos y ambiciosos”.

En el PP contaban con que la concesión de los indultos fuese el momento decisivo de la legislatura. Con las encuestas a favor, los de Casado creían hace apenas dos semanas que la medida de gracia sería la tumba política de Sánchez, entre otras cosas porque quebraría la unidad del PSOE.

Pero no ha sido así. La estrategia de Colón no ha debilitado en nada los planes del presidente ni su apuesta por los indultos como una fórmula capaz de iniciar un periodo de distensión política en Cataluña, avalada hace unos días por el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Los síntomas de la recuperación económica empiezan a ser visibles, la pandemia aparenta estar en franco retroceso y la campaña desatada por la derecha contra los indultos no parece ganar adeptos. Una prueba de ello será la votación que el propio PP ha forzado esta semana en el Congreso para que la Cámara se pronuncie sobre la anunciada medida de gracia y que, con toda probabilidad, acabará con un respaldo mayoritario del legislativo a los planes del Gobierno.

La convención que prepara el PP tiene un objetivo: convencer a todos los votantes a la derecha del arco parlamentario, desde los moderados del PSOE a los que siguen prefiriendo a Vox, pasando por los pocos que le queden a Ciudadanos, de que si quieren un cambio de gobierno deben votar a Casado.

“Hemos convocado una gran convención abierta a todos los que quieran contribuir” para “unir a la sociedad española”. “Para pasar del enfado a la tarea, de la frustración a la esperanza”, subrayó Casado. “No es un evento de partido, sino una oportunidad para un reencuentro nacional”.

“Abrirse a la sociedad”

El Partido Popular quiere “abrirse más a la sociedad española”, explicó Casado. “Escucharla, hablar con ella, aprender de ella y explicarle sus ideas, recibir propuestas y ofrecer las suyas”.

Una apertura que sigue sin incluir explicaciones sobre supuestos casos de corrupción. Casado no pronunció en el acto ni una sola palabra sobre María Dolores de Cospedal, la ex secretaria general del partido que resultó clave para su propia elección como presidente del PP y que ha sido imputada por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Este lunes el diario El País publicó nuevos indicios de que Cospedal pagó al excomisario Villarejo por sus servicios en el marco de la Operación Kitchen, destinada a boicotear la investigación judicial sobre Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular. El PP ni siquiera ha abierto expediente informativo a Cospedal.

Desde ahora hasta octubre, el PP trabajará con diferentes laboratorios de ideas y fundaciones conservadoras. “Y después, la convención la desarrollaremos otros cuatro meses por todas las provincias para enriquecer las conclusiones con la realidad de cada lugar de nuestra España diversa y unida”. Un proceso que demorará la construcción de la oferta programática del PP hasta febrero de 2022, a poco más de un año de la fecha prevista de las elecciones.

La dirección del PP ha diseñado un programa que incluye actos de presentación de sus “pilares ideológicos” en Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y Castilla y León, las cinco comunidades en las que gobierna y a través de las cuales quiere impulsar su proyecto nacional.

El punto culminante de esa estrategia será la convención, que el PP celebrará en València. Será a partir ahí, con esas “bases políticas”, con las que el líder del PP espera reunificar el centro derecha. No antes. No hay "atajos al futuro. Al futuro se llega día a día, paso a paso”, remarcó.

La estrategia que el PP de Pablo Casado diseñó para convertir los indultos en una palanca capaz de agitar la disidencia dentro del PSOE y atraer, de paso, a los votantes socialistas contrarios a la aprobación de medidas de gracia no está funcionando. O al menos no está funcionando todo lo bien que el PP esperaba.

Los barones en ejercicio y exdirigentes históricos que han realizado declaraciones críticas pertenecen a la lista habitual de quienes ya llevan años marcando diferencias con el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A las reservas expresadas en un primer momento por los presidentes de Castilla-La Mancha (Emiliano García Page), Aragón (Javier Lambán) y Extremadura (Guillermo Fernández Vara) no se ha sumado nadie relevante dentro del PSOE. Y no ha habido bajas por parte de ninguna personalidad relevante del Gobierno o del partido. Ni siquiera la baronesa andaluza, Susana Díaz, se ha desmarcado de presidente.

Entre los ex altos cargos del partido tampoco ha habido novedades. Felipe González y Alfonso Guerra siguen encabezando la misma nómina de personalidades socialistas contrarias a los indultos y José Luis Rodríguez Zapatero la de los que apoyan la medida. Tampoco ahí el PP ha conseguido que los planes de Sánchez provoquen deserciones.

Alimentar esas discrepancias fue, desde el principio, un objetivo de Casado. En el PP están convencidos de que el protagonismo que ha recobrado la agenda catalana en general y la más que probable concesión de indultos a los condenados por el procés en particular constituye una gran oportunidad para atraer a los votantes más moderados del PSOE, especialmente de aquellos que se puedan sentir incómodos con la medida de gracia. En el núcleo de ese argumento está la creencia, apoyada por algunos estudios de campo, de que en las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso recibió el respaldo de una parte significativa de electores que hace dos años habían votado la candidatura del PSOE.

Para conseguirlo, el PP ha puesto en marcha la presentación de mociones contra los indultos en todas las instituciones en las que está presente (municipios, diputaciones y asambleas autonómicas), aunque ninguna de ellas tenga competencias en materia de control al Gobierno. El objetivo es “obligar a retratarse” a todos los partidos, especialmente a los dirigentes del PSOE cuya vida política está vinculada a esas instituciones y que han discrepado de los planes Sánchez.

Es lo que acaban de hacer en Castilla y León, cuyas Cortes debatieron y aprobaron este miércoles una resolución en contra de los indultos con el voto a favor de PP, Cs, Por Ávila y Vox y el pronunciamiento en contra de PSOE, Podemos-Equo y la procuradora trásfuga elegida por Cs, Fátima Pinacho. El único parlamentario de UPL se negó a participar en la votación.

Es también lo que el PP pretendía llevar a cabo en las Cortes de Castilla-La Mancha con la intención de forzar al presidente autonómico, Emiliano García Page, a votar con su partido o seguir su propio criterio contrario a los indultos. Pero el PSOE, según fuentes de Génova, ha impedido que la propuesta sea tramitada en la asamblea autonómica, privando a los conservadores —al menos de momento— de uno de los escenarios más propicios a la discrepancia socialista.

Mientras el PP asegura ver al Gobierno “cada vez más nervioso”, porque según ellos “sabe que no cuentan con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles” y “tampoco de los votantes socialistas”, el PSOE y el Gobierno prosiguen su campaña de explicación de las medidas de gracia. Espoleados por la declaración en la que el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, no sólo valoró los indultos sino que proclamó que la vía unilateral hacia la independencia es “inviable”.

El PSOE pide “confianza en el Gobierno”

De visita oficial a Argentina, Sánchez ha pedido a los ciudadanos catalanes y españoles que tengan “confianza” en el Ejecutivo así como “comprensión y magnanimidad” para evitar los errores cometidos en 2017. “La sociedad española tiene que transitar de un mal pasado a futuro mejor”. El desafío que hay por delante “merece la pena” porque es “sembrar convivencia”.

Ministros y representantes del PSOE repiten estos días una amplia gama de argumentos para convencer a propios y extraños de la necesidad de los indultos con intervenciones en las que no faltan referencias a que se trata de una medida controvertida. Hay que “pasar página” por la “concordia, la convivencia y el fortalecimiento de la democracia”, argumentan, al tiempo que piden a los españoles que “tienen dudas” que “confíen” en el PSOE porque “cuando ha hecho falta resolver algún problema” los socialistas siempre han “estado ahí, en la Transición” o en el final del terrorismo. Los mismos momentos en los que “la derecha se lanzó a la calle, y en todos esos momentos el PSOE mejoró España”. La misma derecha que gobernaba España cuando se produjo la declaración de independencia y a cuya política de “no hacer nada” responsabilizan de la fractura política en Cataluña.

Pero si el PP no ha logrado, al menos de momento, alimentar el disenso dentro del PSOE, tampoco está teniendo mucho éxito a la hora de mostrar un criterio unánime. Al menos en lo que se refiere a unir sus planteamientos a los de Vox en la manifestación contra los indultos que se celebrará este domingo en la plaza de Colón de Madrid, un espacio emblemático para la derecha extrema.

Junto a Pablo Casado estarán ese día manifestándose junto a Santiago Abascal (Vox) los presidentes de Madrid (Isabel Díaz Ayuso) y Murcia (el tránsfuga Fernando López Miras) los dos estrechamente vinculados al líder del PP. Pero no acudirán los barones más alejados de su estrategia: el gallego Alberto Núñez Feijóo, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco y el andaluz Juanma Bonilla. Los tres están en contra de los indultos, pero ninguno de ellos se siente cómodo compartiendo manifestación con Vox.

Feijóo asegura que no puede estar en Madrid el domingo porque el lunes tiene que visitar el Vaticano, donde tiene audiencia con el papa Francisco. Mañueco aseguró tener “motivos personales” que no aclaró pero recordó que la manifestación coincide con la fiestas de Salamanca, su ciudad natal. Bonilla tampoco ha dado muchas explicaciones: lo suyo también son “motivos personales”, se limitó a decir.

A esta imagen de falta de unidad se une la resistencia del PP catalán a montar mesas petitorias en las calles contra los indultos, hasta el punto de que esta comunidad será la única en el que la recogida de firmas se realice en el interior de las sedes del partido.

Desde que la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid ofreció a Pablo Casado la oportunidad de hacerse con el control de la agenda política, la vida del líder de la oposición se había vuelto apacible. Atrás había quedado el segundo fracaso consecutivo de su partido en Cataluña. Incluso el desgaste asociado a los escándalos de corrupción todavía sin resolver y que obligaron hace apenas tres meses a anunciar la venta de la sede nacional del partido, el emblemático edificio de la calle Génova que durante casi 40 años ha servido de cuartel general a la derecha española.

El PP llevaba desde entonces construyendo la tesis de que España vive un cambio de ciclo electoral —por primera vez desde hace años las encuestas les sitúan en cabeza en las preferencias de los votantes— y trasladando una narrativa según la cual la división de la derecha ya es historia. Al hundimiento de Ciudadanos seguiría, en la hoja de ruta construida por el equipo de Casado, el retroceso de Vox. La mera recomposición del espacio conservador y la ley d’Hondt multiplicarían por sí solas las posibilidades matemáticas de que el PP quede por encima del PSOE en las próximas elecciones generales.

Pero el camino despejado hacia la Moncloa se ha terminado. En apenas unos días Casado ha visto cómo el líder de Vox, Santiago Abascal, le ganaba la iniciativa al ponerse el primero al frente de la manifestación de la plaza de Colón que el próximo 13 de junio volverá a reunir a toda la derecha —PP, Vox y Cs—. El miércoles se supo que Rodrigo Rato, el exministro al que el PP siempre presentó como el autor de un supuesto milagro económico durante el mandato de José María Aznar, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. Y ese mismo día supimos que la también exministra María Dolores de Cospedal, con la que Casado compartió tareas de dirección en el PP de Mariano Rajoy y a la que debe su puesto de presidente del partido, ha sido imputada como supuesta autora de delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Casado llevaba desde hace meses evitando tener que hablar de su oscuro pasado en materia de corrupción y guerra sucia contra los jueces que investigaban a su partido. El líder del PP decidió después de las elecciones catalanas que ni él ni su equipo volverían a responder preguntas de los periodistas que tuvieran que ver con el itinerario judicial que su partido y sus exdirigentes tienen todavía pendiente. La fórmula funcionó, en parte gracias a que la actualidad puso en agenda otros asuntos como la moción de censura de Murcia o las elecciones madrileñas, y los periodistas dejaron de preguntar sobre estos temas.

Hasta que se conoció la imputación de Cospedal. Los medios aprovecharon la primera ocasión en la que Casado se ofreció a responder preguntas. Fue este jueves en Ceuta, pero el líder del PP volvió a dar la callada por respuesta diciendo que son asuntos que no tienen nada que ver con él. “No voy a volver a hablar de cuestiones que no me corresponden, que nada tiene que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular”, zanjó.

Pero aunque él no lo admita, lo cierto es que el caso de Cospedal ha vuelto a poner presión sobre los hombros de Casado. Entre otras cosas porque tiene que decidir si le abre al menos un expediente informativo, como ha hecho en otras ocasiones, o decide mirar para otro lado. Y la exsecretaria general no es un militante más: no sólo fue la número dos del PP con Rajoy sino quien decidió que el nuevo presidente del partido fuese el propio Casado y no la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El artículo 22 de los estatutos del PP obliga al Comité de Derechos y Garantías “a la apertura de un expediente informativo” en todos los casos en que un afiliado sea imputado por haber incurrido supuestamente en “conductas que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos” que establecen las normas internas del partido. No cabe una definición más exacta de la situación der Cospedal.

Lo de Rato le pilla más lejos. Es de una época en la que Casado no tenía responsabilidades de relieve en el PP. Pero le recuerda que al partido le quedan muchas cuentas pendientes con la justicia en asuntos sobre los que no ha dado todavía explicaciones. Este miércoles infoLibre publicaba además en exclusiva que el traficante de armas El Assir se declara dueño de una empresa en Luxemburgo con 77 millones que Anticorrupción atribuye a Rato. Se trata de una de las primeras revelaciones de la investigación periodística OpenLux, en la que participa este medio, y que desvelará los nombres de todos los españoles con sociedades en Luxemburgo en busca de opacidad o ventajas fiscales.

El efecto Colón

Para colmo, la manifestación de Colón acaba de dinamitar la estrategia puesta en marcha por Génova después de las elecciones de Madrid para aparecer como el titular indiscutible del espacio político a la derecha del PSOE. El líder de Vox, Santiago Abascal, se apuntó inmediatamente a la concentración, convocada en un espacio que ya se ha convertido en uno de sus emblemas.

Casado titubeó unos días pero, al final, la dirección conservadora no tuvo más remedio que anunciar que Casado también estaría presente en la protesta, como ocurrió en febrero de 2019. Aunque todavía se muestran incómodos cuando se les pregunta si finalmente habrá foto de grupo como hace dos años.

La manifestación no solo da alas a los ultras, a quienes los de Casado creían tener bajo control después de las elecciones madrileñas, sino que pone en peligro la distancia formal que el PP quiso poner con Vox desde la moción de censura que la derecha extrema defendió —y perdió— en el Congreso de los Diputados también con el voto en contra de los conservadores.