El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado este jueves la imputación de las empresas Repsol y Caixabank como personas jurídicas en el marco de la pieza separada número 21 del caso Tándem por su presunta participación en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para trabajos de espionaje contra el que fuera presidente de Sacyr Luis del Rivero.

En el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, les imputa un delito de cohecho y un delito de revelación de secretos, justo un día después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado les requiere que designen un representante, así como abogado y procurador para llevar a cabo la comparecencia en la que se informará a las dos compañías de los hechos que se les atribuyen. Tras esa primera cita, el 26 de julio a las diez de la mañana tomará declaración a ambos representantes de las empresas. Los presidentes de ambas compañías en el momento de los hechos, Antonio Brufau e Isidro Fainé, también están imputados.

Consta indiciariamente acreditado el encargo directo realizado por el investigado Rafael Araujo, director de seguridad de la petrolera, y Miguel Ángel Fernández Rancaño, jefe de seguridad del banco, a Villarejo para, cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, llevar a cabo una investigación sobre Luis del Rivero y su entorno, según explica el juez en el auto. La información a obtener a través de dicha investigación se habría de utilizar para frustrar el pacto que Luis del Rivero, a través de Sacyr, había alcanzado con la mexicana Pemex para tomar el control de Repsol.

La investigación de esta pieza separada ha permitido acreditar que en el curso del encargo, realizado conjuntamente con Caixabank, "se accedió a tráficos de llamadas telefónicas realizadas por Luis del Rivero y otras personas de su entorno, lo que podría llegar a constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos".

Además, Repsol habría realizado un segundo encargo a la empresa del comisario, Cenyt, realizado en 2014 por los investigados, en su condición de gestores de Repsol –sin participación en esta ocasión de Caixabank– referido a la necesidad de acreditar que un determinado directivo se había ausentado sin causa justificada a una reunión programada de la comisión de que formaba parte.

Las facturas emitidas por Villarejo en ejecución de los trabajos de investigación encargados fueron abonadas por Repsol y Caixabank, "poniendo de manifiesto que la actuación de los investigados se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cuenta" de las propias compañías.

García Castellón aprecia dudas sobre la diligencia empleada por las dos entidades en la contratación de los servicios de Villarejo y para ello destaca dos extremos: la legalidad del servicio contratado y la condición de funcionario público del comisario. Tanto Caixabank como Repsol remitieron en su momento documentación en la que ambas aludían a la legalidad de la contratación de Cenyt justificándola en la convicción de que se trataba de servicios de seguridad privada. Sin embargo, el instructor aprecia un grave fallo en la diligencia exigible para constatar que esta empresa nunca estuvo habilitada para ejercer actividades de seguridad privada al tratarse de una comprobación que puede efectuarse a través de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

Para el magistrado, resulta especialmente llamativo que no se practicara esa comprobación cuando los dos jefes de seguridad de Repsol y Caixabank que contrataron a Villarejo habían sido jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional (en el caso de Araujo) y jefe Superior de Policía en Galicia y Cataluña en el caso de Fernández Rancaño. Para el juez, aunque ambos no se encontraban en activo debían conocer el escalafón de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para saber que Villarejo ejercía como policía en activo cuando las dos compañías investigadas contrataron sus servicios.

Por eso, García Castellón concluye que la falta de diligencia debida de estas dos compañías, con incidencia en el resultado delictivo investigado exige “cuanto menos que las entidades responsables expliquen en sede judicial por qué pudo producirse esta situación”.

El ex presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero ha señalado este miércoles ante el juez que investiga la contratación por parte del BBVA del comisario José Manuel Villarejo que cuando la constructora decidió en febrero 2005 abortar el intento de entrar en el Consejo de Administración de BBVA, que presidía Francisco González –investigado en esta causa–, lo hicieron tras sentirse atacados en los medios y por miedo después de que ardiera la Torre Windsor el 12 de febrero de 2005.

Fuentes presentes en la declaración apuntan a Europa Press que Del Rivero ha afirmado asimismo preguntas de los fiscales que en 2004 mantuvo reuniones tanto con el entonces ministro socialista Pedro Solbes como con el expresidente del Gobierno José María Aznar, como cabeza visible de la oposición, sobre esa operación.

Del Rivero comparecía ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón como perjudicado por el espionaje de Villarejo por encargo de BBVA –Proyecto Trampa–. Ese proyecto habría sido orquestado por Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco, y conllevó desde pinchazos telefónicos a seguimientos.

Del Rivero ha realizado durante su comparecencia un pormenorizado relato de las reuniones y movimientos que realizó en ese 2004 con el objetivo de ganar peso accionarial en BBVA, un peso que le podría haber abierto la puerta al grupo para tener voto y capacidad de decisión a la hora de los nombramientos en la entidad.

Así, Del Rivero ha indicado que el 22 de noviembre de 2004 mantuvo una reunión con el entonces alto directivo del BBVA José Ignacio Goirigolzarri para trasladarle la decisión de adquirir el 3,5 o el 5 por ciento de las acciones del banco. Tras esa reunión, siempre según Del Rivero, mantuvo una comida con el ministro Solbes, con quien al día siguiente se reunió en el ministerio, teniendo ya el apoyo de Société Genérale para la operación.

El apoyo de Société Genérale 

Si bien esas reuniones se mantienen en noviembre, la operación se gesta entre marzo y mayo cuando tantearon a Aznar, él y su vicepresidente Juan Abelló, para saber cómo veía el asunto. Tras esto se lo comunicaron al Gobierno a principios de junio, por medio de la Oficina Económica.

Según ha explicado Del Rivero ante el juez, para entonces ya habían contactado con Société Genérale y su presidente para España y Portugal, Donato González, estuvo presente en reuniones y estaba al tanto. Cuando Sacyr compra acciones a través de esa entidad llegando al 3,16 por ciento del BBVA es cuando deciden hablar con Solbes. Era ya noviembre de 2004.

Según su relato, ese mismo mes, el día 8, también se reunió con los accionistas del BBVA José Domingo Ampuero y Santiago Ybarra –hermano del que fuera presidente del BBVA Emilio Ybarra–, y ahí es cuando deciden pedir reunión con el ministro de Economía y comunicar la adquisición de acciones al Gobierno. Asimismo, ha negado que se reuniera con el entonces vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas, aunque sí con el exministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, en dos o tres ocasiones.

Al hilo, ha explicado que él opina que el BBVA quiso convertir esa operación en un movimiento que llegaba desde la política con el objetivo de desacreditar el cariz puramente económico que, ha defendido, es lo que realmente era. Y ha afirmado que si el Ejecutivo hubiera querido que la operación saliera adelante lo habría hecho, pero que se mantuvo al margen.

Las reuniones con Caruana y la CNMV 

Por otro lado, ha indicado que también se reunieron por este asunto con el entonces subgobernador del Banco de España Gonzalo Gil y con el gobernador Jaime Caruana, quien fue mucho más restrictivo que el subgobernador en sus posiciones. Y que también fueron citados junto al BBVA en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) porque tenían interés en conocer los detalles y posiciones concretas de la operación.

Tras todos estos movimientos en busca de apoyos políticos y económicos para la entrada en la entidad, finalmente el 15 de febrero de 2005 el Consejo de Administración de Sacyr Vallehermoso decidió formalmente no seguir con la operación, y en solo una noche la constructora decidió vender sus acciones en BBVA con un descuento del 3 por ciento.

Según ha explicado, la decisión la toman tras el incendio del Windsor y tras "saber" que había una investigación de Anticorrupción sobre los papeles de Merryll-Lynch, relacionados con la sociedad de valores de Francisco González, cuyos informes tenía la consultora Deloitte en dicho edificio. Por eso, ha añadido, ante esta escalada en la "guerra" decidieron dejar la operación.

Julio Corrochano, director de seguridad del BBVA hasta que se jubiló en abril de 2018, informó puntualmente a su presidente, Francisco González, sobre el espionaje encargado al comisario Villarejo a través de su empresa Cenyt para abortar el desembarco del grupo inmobiliario Sacyr en el banco. Así lo demuestran las grabaciones que el propio Villarejo hacía de sus conversaciones con terceros y que constituyen uno de los elementos clave para que la Fiscalía Anticorrupción sitúe a Francisco González como la figura decisiva en la cadena de contratos "ilícitos" con Villarejo.

Entre las grabaciones que destapan el papel jugado por González, conocido como FG en el mundo financiero, figura la efectuada por el propio Villarejo el 1 de abril de 2005. A lo largo de la conversación, y así consta en la transcripción incorporada al sumario, el policía y Julio Corrochano charlan sobre un extenso informe relativo a la marcha del dispositivo contra aquellos a quienes, como el político socialista Miguel Sebastián o el empresario Luis del Rivero, vigiló y hostigó Cenyt entre 2004 y 2005 para evitar la entrada de Sacyr en el accionariado. Corrochano trata de convencer al policía de que no necesita páginas y más páginas –"Pepe, es una novela, entiéndeme, coño", llega a decirle– sino un relato directo y conciso. Y en un momento dado resume así su posición: "Yo lo que quiero son los tres o cuatro folios que no tiene que leer nadie nada más que mi presidente".

Aquel encargo hecho por el BBVA en diciembre de 2004 y con el que Corrochano, expolicía y amigo de Villarejo, buscaba satisfacer las expectativas de su jefe máximo fue el primer eslabón de una cadena de contratos que Anticorrupción define como de "naturaleza ilícita" y que "vulneraron" los derechos fundamentales de los espiados. Le costaron al banco 10,28 millones hasta diciembre de 2017.  Villarejo bautizó aquel primer proyecto como "Operación Trampa". Su objetivo pasaba por frenar al "Grupo Hostil" que capitaneaba Sacyr. O lo que es lo mismo, el "GH" que aparece en documentos internos de la trama que dirigía el policía.

De la importancia de aquel contrato inaugural con Cenyt hablan varios documentos incorporados a la causa y cuyo contenido prueba dos hechos de trascendencia. El primero, que el BBVA ocultó toda la información sobre tal contrato a la CNMV cuando en octubre de 2018 le reclamó datos sobre las relaciones del banco con Villarejo, como adelantó la semana pasada elindependiente.com.

El segundo hecho puede resumirse así: una vez que en enero de 2019, el digital moncloa.com desveló que Sebastián, Rivero y otros como el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, habían sido víctimas de un dispositivo que incluyó espiar 15.000 llamadas telefónicas, el organismo supervisor mandó un segundo requerimiento al BBVA donde le lanzó un aviso contra los datos "inexactos o no veraces". En esa segunda ocasión, la entidad sí remitió a la CNMV todos los contratos con Cenyt anteriores a 2013 y los pagos efectuados hasta esa fecha, nada menos que cinco millones omitidos en su primera respuesta. Pero hubo algo que no le facilitó tampoco ahora: los informes –o "entregables", en la terminología empleada en estos casos– que se correspondían con los contratos signados entre 2004 y 2007. Y esa serie de contratos arrancaba con el de la Operación Trampa.

"Dado el tiempo transcurrido –adujo el banco el 23 de enero de 2019–, no consta en los archivos de BBVA soportes documentales de los servicios prestados a los que corresponden dichas facturaciones". En esa fecha, FG ya había dado el relevo en la cúspide de la entidad a Carlos Torres aunque conservaba la presidencia honorífica. Este lunes, infoLibre preguntó a los portavoces del BBVA por qué en los archivos del banco se conservan los contratos con Cenyt y las facturas que emitió pero no los informes que acreditarían la prestación de los servicios encomendados a la empresa de Villarejo. El banco se limitó a responder así: “Con fecha 23 de enero de 2019, BBVA dio cumplida respuesta al requerimiento remitido por la CNMV el 11 de enero”.

Qince años antes de esa "cumplida respuesta", al entonces director de seguridad del BBVA, expolicía y amigo de Villarejo, le preocupaba que el hombre que al inicio del nuevo siglo se había convertido en presidente de la segunda entidad financiera del país considerase inútil el primer contrato con Cenyt. Un contrato suscrito, como los posteriores, por el socio de Villarejo, Rafael Redondo, y en cuya ejecución –subraya la Fiscalía y atestiguan ya distintos indicios recopilados por la Audiencia Nacional en 14 meses de investigación secreta– el comisario y su equipo utilizaron "medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares". 

"Putadas" para dejar al jefe seguro de no haber tirado el dinero

¿Sabía entonces FG que el poderoso comisario y su grupo afín podía obtener de compañías telefónicas listados de llamadas sin orden judicial? González niega tajante haber participado o conocido cualquier delito. Pero en la conversación referida en el segundo párrafo de este texto, Julio Corrochano ya se mostra inquieto ante la posibilidad de que FG tomase a Cenyt por ineficaz en el cumplimiento de los objetivos: "emplear toda la energía posible en buscar elementos de presión, contra los diferentes miembros del GH para obligarles a huir". 

"Mi jefe –había transmitido Corrochano de viva voz a Villarejo el 1 de abril de 2005– tiene un mosqueo que te cagas con esta movida, te lo dije, el otro día, se reunió con mi director general [el jefe directo de Corrochano, Ángel Cano, luego consejero delegado] y piensa que hemos hecho el indio, te lo digo así".

A partir de ahí, lo que los dos interlocutores dijeron sella cualquier atisbo de duda sobre quién, según Corrochano, sufría ese "mosqueo": 

– Villarejo: ¡Qué cabrones son, macho!

– Corrochano: Bueno, pues piensa que hemos hecho el indio...

– Villarejo: Cuando están, cuando están jodidos...

– Corrochano: Pepe... no, no, no olvídate de mi jefe, digo el presidente, ¿sabes?

Para inclinar a FG hacia su posición y la de su amigo Villarejo, Corrochano ideó una estrategia: resumir por un lado, aunque también en "dos folios", las cosas que se hacen "que son limpias (...) no sé cuantas vigilancias, no sé cuantos seguimientos, no sé cuantas captaciones de información de fuentes abiertas..." y reservar para FG la narración de los mayores logros. O, por usar los términos que emplea Corrochano, "las putadas". ¿Por qué? Porque "las putadas" son las que "le puedan dejar la conciencia tranquila, porque eso lo lleva muy claro, porque no le gusta tirar ni un duro". Ahí tercia de nuevo Villarejo y de nuevo Corrochano insiste en su idea:

– Villarejo: Ajá.

– Corrochano: Ni un puto duro, macho (...), lo controla todo, de que le quede la conciencia tranquila de que se han hecho una serie de putadas que justifiquen el tema.

Las "putadas" ya aparecen en el sumario a modo de listado en un documento denominado "Proyecto FG". La larga nómina de acciones ahí enumeradas detalla desde intoxicación a medios informativos a reuniones con miembros de los servicios de información e inteligencia del Gobierno e intentos de destrozar reputaciones sacando a la luz episodios de la vida privada de los investigados.

El departamento de prevención de blanqueo del BBVA ya sabía en 2014 que Cenyt, la empresa cuyo espionaje a políticos y empresarios ha sacado a la luz la investigación judicial, pertenecía a José Manuel Villarejo pero ignoraba entonces, porque "en ningún sitio consta", que fuera policía en activo. Eso, exactamente, es lo que el representante legal del BBVA, Adolfo Fraguas, declaró el 20 de noviembre ante el juez que investiga el caso. La versión del banco sobre cuándo se enteró de que Villarejo estaba tras el grupo de investigación privada había permanecido hasta ahora en el ángulo ciego de una historia de espionajes a políticos y empresarios con medios policiales y parapoliciales por los que el BBVA pagó 10,28 millones.

Lo dicho por Fraguas dibuja una línea de defensa frente a la acusación central de la Fiscalía Anticorrupción: que los contratos con Villarejo, en cuya plasmación sitúa la Fiscalía al expresidente Francisco González como figura decisiva e inculpa al propio banco como persona jurídica, se hicieron "a sabiendas" de su condición policial. Se llevaron a cabo, dice el ministerio público en uno de sus informes, mediante "la utilización por éste [Villarejo] de medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares con vulneración de sus derechos fundamentales". 

Fraguas, quien admitió que se había producido un quebrantamiento de las normas de contratación del banco y que consideró "lógico" que el presidente conociera el contrato para investigar a Ausbanc y su fundador, Luis Pineda, lanzó por sorpresa su relato sobre lo sucedido en 2014.

A raíz de una pregunta sobre un contrato de diciembre de 2014 sobre cuyo objeto real manifestó sus dudas el fiscal Ignacio Stampa, Fraguas hizo una afirmación por completo inesperada: que en 2014 el departamento de blanqueo de capitales supo quién era "el titular real" de Cenyt porque así figuraba en la "declaración de actividades económicas". Y  añadió aquí un pero: "En ningún sitio consta que sea policía. Blanqueo no sabía que fuera policía".  Como el banco levanta "murallas chinas" como medida de protección de datos –siguió argumentando el representante del BBVA– tampoco Blanqueo comunicó a ningún otro departamento la identidad del propietario de Cenyt. 

En resumen, la versión oficial sostiene que el entonces director de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, conocía la doble trayectoria profesional de Villarejo pero el banco como tal, no. En cuando a Corrochano, Fraguas no descartó que recibiese instrucciones aunque no precisó de quién o quiénes.

Pero tres meses después de la firma del contrato de diciembre de 2014 con Cenyt, contrato del que deriva un pago de 211.750 euros que podría estar conectado al encargo de investigar a Pineda, ocurrió algo que metió a Fraguas en un callejón de difícil salida. El 10 de marzo de 2015, el principal diario español, El País, llevó a portada una amplia información con el siguiente titular: "El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital".  

Y aquí comenzó uno de los más importantes forcejeos dialécticos del interrogatorio. Porque el fiscal Ignacio Stampa le preguntó si el BBVA tuvo conocimiento en tiempo real de aquel artículo, firmado por el exdirector de comunicación del BBVA, Javier Ayuso. Fraguas respondió así: "Bueno, no sé quién tuvo ese artículo, pero luego hay un artículo de un mes posterior en el que se dice que la Policía ve compatibles los negocios privados de Villarejo".

El fiscal no se detuvo. "¿Y ustedes se quedaron tranquilos con eso?", inquirió cuando Fraguas invocó aquella segunda noticia. "No –respondió– si lo que me dice es que debiera haber preocupado que un policía estuviera prestando unos servicios, llevando a cabo una actividad incompatible, pero lo que se dice es que el Ministerio del Interior lo ha investigado y es compatible".

En efecto, el 21 de abril de 2015, El País había publicado una segunda información compartida por otros medios cuyo titular corroboraba lo dicho por Fraguas: "Interior considera compatibles los negocios privados de Villarejo". Pero el texto incorporaba un entrecomillado de relevancia. Que Villarejo tuviese empresas privadas se consideraba compatible, aseveraba el informe policial realizado tras la noticia de Ayuso, si su actividad privada “no tiene relación con asuntos relacionados o que se refieren a las actividades que desarrolla en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia". ¿Podía un policía, tanto si operaba como agente encubierto como si no, dedicarse a la investigación privada? Anticorrupción y el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, creen de forma tajante que no.

Lo que no consigió Stampa es que Fraguas explicase por qué el BBVA no hizo alguna averiguación directa a través del Ministerio del Interior y se conformó con una noticia de prensa. 

Desde que en diciembre de 2004 el BBVA contrató a Cenyt para espiar, entre otros, al político socialista Miguel Sebastián y al empresario Luis del Rivero para abortar el desembarco de la inmobiliaria Sacyr en el accionariado, la empresa de Villarejo hizo valer sus poderes a través de la marca "V&V Developments". Su carta de presentación, y así lo subraya la Fiscalía en su informe, la definía como "la división de inteligencia empresarial de Cenyt",  una organización "dirigida y coordinada por miembros de Seguridad del Estado en situación administrativa de disponibilidad". 

El levantamiento del secreto en la pieza del caso Villarejo donde la Audiencia investiga su relación con el BBVA ha sacado a la luz un informe de Anticorrupción –al que ha tenido acceso infoLibre– que señala al expresidente del banco, Francisco González, como quien ordenó  los contratos con el policía pese a que desde el primer momento el banco conocía su "naturaleza ilícita". Entre esos contratos figuran el que convirtió en espiados al político socialista Miguel Sebastián y al empresario Luis del Rivero o el que, según un documento interno de un directivo del banco, derivó en la presentación de una "denuncia anónima" contra el fundador de Ausbanc, Luis Pineda, tras una comida que González mantuvo con la "cúpula de la Policía" en enero de 2015. Pineda es ahora el principal acusado en el recién iniciado juicio donde se le atribuyen delitos de extorsión a distintas instituciones, una de ellas el BBVA.

Con un coste global para la entidad financiera, la segunda del país, de 10,28 millones, el primero de esos contratos se remonta a diciembre de 2004 mientras que el último no se dio por resuelto hasta 11 días después de que Villarejo fuese detenido el 3 de noviembre de 2017. Y todo indica, subraya la Fiscalía, que esos contratos se llevaron a cabo "con la presunta participación coordinada de múltiples áreas del banco a sabiendas de la condición policial" de Villarejo y de que para los trabajos a través de su empresa Cenyt utilizaba "medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares con vulneración de sus derechos fundamentales".

Fechado el pasado 11 de noviembre, el informe de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa ofrece abundantes datos sobre el papel protagonista de Francisco González, conocido en los ámbitos financieros como FG. Relata, por ejemplo, cómo distintos archivos de audio grabados entre los meses de diciembre de 2004 y junio de 2005 recogen conversaciones mantenidas por Villarejo, su socio Rafael Redondo, el comisario Enrique García Castaño y el entonces director de seguridad de la entidad, el expolicía Julio Corrochano. En esas conversaciones "se desarrolló y evaluó" el denominado Proyecto Trampa, que inauguró la simbiosis entre el BBVA y Villareno y tenía por objeto abortar el desembarco del grupo inmobiliario Sacyr en el accionariado del BBVA. En la transcripción de esas conversaciones, dice el informe, "se constata cómo Julio Corrochano daría cuenta del resultado de las gestiones desarrolladas por Cenyt al presidente", es decir, a Francisco González, y al consejero delegado, Ángel Cano.

El Proyecto Trampa implicó seguimientos, pinchazos telefónicos, múltiples medidas de presión, de intoxicación a medios informativos e incluso –desvela el sumario– reuniones con miembros de los servicios de inteligencia para bloquear la entrada de Sacyr en el BBVA. El espionaje se realizó contra personalidades como Miguel Sebastián, entonces director de la Oficina Económica del Gobierno Zapatero y luego ministro; Luis del Rivero, que presidía Sacyr; o Carlos Arenillas, en aquel momento vicepresidente de la CNMV. Diversas técnicas de "hostigamiento sostenido" –remarcan los fiscales– afectaron "a su libertad, intimidad, reputación, carrera profesional, y a la esfera más privada de su vida personal y familiar".

El testimonio de Corrochano y de otro de los exdirectivos imputados, Antonio Béjar, ha resultado también decisivo para que Anticorrupción coloque el foco sobre Francisco González. 

FG en Canillas

El informe de Anticorrupción desvela un hecho por completo desconocido hasta ahora. En un documento denominado "Relatorio", el que ocupó el cargo de director de los servicios jurídicos contenciosos, Eduardo Ortega, narró lo que la Fiscalía resume así: que Ortega "participó junto al Presidente Francisco González Rodríguez en un almuerzo en el Complejo Policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a la investigación de dicha asociación". La denuncia, prosigue la Fiscalía tomando como fuente el citado "Relatorio", la redactó el propio Eduardo Ortega, que se la habría entregado a Corrochano. "Y este a su vez a José Manuel Villarejo, que la presentaría ante la UDEF, dando lugar posteriormente" a las diligencias contra el fundador de Ausbanc, Luis Pineda, y otros miembros de su grupo. 

Pineda y otros 10 acusados a raíz de aquella denuncia anónima comparten banquillo en un juicio cuya primera sesión de interrogatorios se celebra este jueves y en el que se arriesgan a elevadas penas de cárcel por delitos de extorsión: para Pineda, la Fiscalía pide 119 años. Su abogado, Miguel Durán, sostiene que el caso es solo un "montaje policial" urdido por Villarejo de la mano del BBVA.

Por lo que ha podido averiguar este periódico, el documento "Relatorio" fue localizado en el ordenador de Ortega, aunque infoLibre ignora si el BBVA ha ofrecido datos fehacientes sobre en qué fase de su investigación interna se produjo el hallazgo, quiénes lo hicieron y por qué procedimiento.

El dictamen de la Fiscalía sobre el proyecto de espionaje contra Pineda, el llamado "Proyecto Pin", resulta demoledor: "Constan incorporados múltiples documentos relacionados con la obtención de información con vulneración de derechos fundamentales de Luis Pineda Salido y su familia y las actividades de Ausbanc, como tráficos de llamadas y análisis de cuentas corrientes, abarcando varios años". Durante ese periodo, supervisaron "el proyecto" cinco directivos del BBVA: Francisco González y cuatro de sus subordinados.

“Es tan grande y negra la sombra que proyecta Francisco González, a pesar del golpe de efecto de ayer, que no sólo ensombrece los resultados [del BBVA], sino que también lastra su presidencia [la de Carlos Torres], porque este negocio se base en la confianza y en la prudencia, y [con el escándalo Villarejo] la primera se ha perdido y de la segunda no ha habido suficiente”. Carmen García, representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG), describió a la perfección el desarrollo de la junta general de accionistas que el BBVA celebró este viernes en Bilbao.

El “golpe de efecto” fue la carta que el presidente de honor del banco, Francisco González, envió la víspera a su sucesor, Carlos Torres, para anunciarle que abandona “temporalmente” sus cargos en la fundación y la entidad financiera “mientras concluyen las investigaciones en curso” sobre el caso Villarejo. Y la sombra que planeó durante las tres horas que duró la junta correspondía, en realidad, no sólo a Francisco González, sino también al comisario José Manuel Villarejo, pese a que el nuevo presidente del BBVA utilizó el recurso rajoyano de esconderlo bajo una perífrasis –“el caso con el que abría yo mi intervención”– o se limitó a aludir a la empresa del expolicía, Cenyt, a la que el banco encargó el supuesto espionaje.

Ayudado por la renuncia previa de González, Carlos Torres intentó pasar por encima del escándalo que amenaza con arruinar la reputación del BBVA, además de acarrearle graves consecuencias judiciales. Así que su única mención al ya expresidente fue para “agradecerle” que se apartara y evitar así la utilización de “su persona para dañar la imagen del banco”. Después detalló las actuaciones de la entidad para afrontar el caso desde el 9 de enero pasado, cuando empezaron a publicarse las noticias sobre las supuestas escuchas y seguimientos de Villarejo, por encargo del BBVA, a exministros, altos cargos de la CNMV, directivos de Sacyr y periodistas. Torres lleva en el cargo desde diciembre y subrayó que enero “marcó un punto de inflexión”. Entonces envió una carta a los 125.000 empleados de la entidad donde aseguraba que las conductas reveladas en las informaciones de El Confidencial y moncloa.com eran “indudablemente muy graves, deplorables y contrarias a los valores de BBVA”. A continuación, anunciaba una investigación externa a cargo de PricewaterhouseCoopers y los despachos Garrigues y Uría Menéndez, “todo ello con el impulso del consejo de administración”, recalcó.

Respondiendo a los apremios del BCE, a través de Luis de Guindos, y del Banco de España, que le reclaman una solución “rápida” al escándalo, Torres advirtió de que aún harán falta “varios meses de trabajo” para concluir las indagaciones. “Tan importante o más que hacer el trabajo rápidamente es hacerlo bien”, subrayó. Antes de encargar la investigación externa, BBVA ya había emprendido, en junio de 2018, otra interna a cargo de Garrigues, tras revelar publico.es que el banco había suscrito un contrato con Cenyt para vigilar a Ausbanc, entre cuyos –presuntos– chantajeados figuraba precisamente el BBVA.

Carlos Torres también dejó claro que el banco está “colaborando activamente con la Justicia”, puesto que la Audiencia Nacional investiga igualmente las actividades de Villarejo en la Operación Trampa. Y en ese procedimiento judicial se apoyó después para no responder a ninguna de las múltiples acusaciones que sobre las relaciones de Francisco González con Villarejo le hizo la docena de accionistas que intervinieron en la junta general. “He dicho todo lo que podía decir”, zanjó.

Pese a que fue un reproche repetido por los accionistas la pérdida de valor de la acción del BBVA y el daño que el caso Villarejo puede infligir no sólo a la reputación del banco sino también a sus cuentas, el presidente negó que hasta el momento el escándalo haya producido “impactos relevantes” tanto en el negocio como en la cotización. Incluso no dudó en proclamar que “el BBVA ha sido, es y seguirá siendo un banco honesto y continuará actuando como tal”.

Renuncia definitiva

Sin embargo, los accionistas que intervinieron no resultaron muy convencidos. “Resulta que la gestión no sólo ha sido mala, sino deshonestaResulta que la gestión no sólo ha sido mala, sino deshonesta y susceptible de responsabilidades judiciales”, le espetó Paulino García-Toraño Martínez, que representa a Uniter, una asociación de exempleados del BBVA dueños de tres millones de acciones y que se declararon “muy afectados por los acontecimientos en torno a Francisco González y por su pésima trayectoria de gestión”. García-Toraño recordó el “habitual tono despectivo con los accionistas críticos” que usaba el expresidente y preguntó al responsable de la comisión de auditoría y cumplimiento, José Miguel Andrés Torrecillas, cómo es posible que fallaran los controles internos, además de si ese órgano –“que debería ejercer de contrapoder frente a la dirección ejecutiva del banco”, apuntó– fue informado de los contratos con Villarejo y qué medidas tomó. “No pueden ustedes escudarse detrás de la comisión de investigación”, recriminó a los responsables de la entidad. Así que exigió que el “alejamiento temporal” anunciado por Francisco González se convierta en “definitivo”, una petición recibida por aplausos de los accionistas. Fue la tónica de la junta general: las ovaciones con que era interrumpida cualquier crítica o acusación hacia quien presidió el BBVA durante 18 años.

Se repitieron también los reproches a González por la caída de valor de la acción –“perdemos dinero a espuertas”–, los sueldos de la cúpula del banco –si se los bajaran un 35% entenderían mejor a los accionistas”– y a algunas de las operaciones realizadas durante su mandato, como la compra del banco turco Garanti. Hubo quien pidió que se le “embargaran el bonus” y sus acciones a Francisco González, entre más aplausos de los allí reunidos. Y quien reclamó que el centro de decisión volviera a Bilbao. “Madrid lo ha contaminado todo”, remachó el empresario José Francisco Arrese Igorecheburua, antes de advertir de que la próxima junta podría celebrarse “en Estambul”.

Aunque la tanda de críticas la habían abierto los sindicatos, que recriminaron la “subida salarial irresponsable e inmoral” de la “élite” del banco, así como las “listas negras, la presión cortoplacista sobre los resultados de los trabajadores y la plantilla insuficiente”. “Pedimos mejor clima laboral, pero no nos escuchan”, resumió Carmen García.

La intervención estrella

Pero la intervención estrella fue la de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y uno de los espiados supuestamente por el comisario Villarejo. También el principal promotor de la operación para tomar el control del BBVA en 2004 que Francisco González intentó parar vigilando a quienes bautizó como “grupo hostil”. En ese momento, Sacyr pretendía adquirir una participación significativa en el BBVA de hasta el 5%, que junto con el 4,2% en poder del entonces consejero José Domingo de Ampuero, podía otorgarle “una notable presencia en el consejo de administración” del banco.

Del Rivero calificó de “invento” que aquélla fuera una “operación política”, un calificativo que atribuyó a los “orígenes” de Francisco González, en alusión a su nombramiento por el Gobierno de José María Aznar en la presidencia de Argentaria, que luego se fusionaría con el BBV. Así, negó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estuviera detrás del intento de asalto al banco. “No era un bambi de peluche, sino de acero”, repitió una frase pronunciada por Alfonso Guerra en 2004. Por ese motivo, si hubiera contado con el apoyo de un Ejecutivo que era “inflexible” en sus decisiones, la operación “habría triunfado”, advirtió.

Antes Del Rivero había presumido de que en su intento de toma de control del BBVA contaba con el respaldo de “81 de las 82 familias fundadoras del Banco Bilbao Vizcaya”. “La primera vez que fuimos a ver a [el ministro de Economía Pedro] Solbes”, abundó, “acudimos con Santiago Ybarra”, hermano de Emilio, el antecesor de González al frente del BBVA. El expresidente de Sacyr, de hecho, comenzó su intervención recordando las “operaciones tan terribles” que echaron de la cúpula del banco a Emilio Ybarra y otros consejeros, y que siempre se han atribuido a las maniobras de Francisco González. “Todas las imputaciones quedaron sobreseídas, pero fueron la excusa para acabar con los consejeros de aquella época”, recordó.

Después el ataque pasó a ser directo. Luis del Rivero comparó los 250 millones de euros que calcula que ha cobrado González en su cargo con los 75 millones percibidos por Emilio Botín en el mismo periodo de tiempo, mientras caía el valor del BBVA. Y le echó en cara que el banco haya pasado de ser el primer accionista de Repsol, Telefónica, Iberia o Iberdrola a haber desaparecido de todas ellas, menos de Telefónica. “Quizá porque nos interesa oír”, ironizó aludiendo a las 15.000 escuchas telefónicas practicadas por Villarejo.

Entre apremios de la presidencia, Del Rivero terminó revelando que ha enviado una carta a 59 fondos accionistas del banco para pedir que se cree una comisión especial –“al estilo de las que se constituyen en Estados Unidos para crisis de reputación como ésta”– integrada por “consejeros de primer orden”, que debería coordinar los equipos de Garrigues, Uría y PwC a fin de “dar más valor” a sus informes. Incluso citó los nombres de quienes deberían componerla: Pedro Luis Uriarte –ex consejero del BBV–, Juan María Nin –exconsejero de Caixabank–, Emilio Ybarra, José Domingo de Ampuero y Jesús María Cainzos –exvicepresidente del BBVA–. “Si lo hacen, salvarán su reputación; si no lo hacen, ustedes sabrán por qué”, concluyó entre aplausos.

Carlos Torres no respondió después al discurso del expresidente de Sacyr, alegando que sus “planteamientos” no figuraban en el orden del día de la junta general.

Récord en demandas

Otro de los investigados por Villarejo es la organización de consumidores Adicae. Sus dos representantes en la asamblea alertaron al presidente del BBVA de que la reputación del banco no sólo corre riesgo por culpa del encargo a Villarejo, sino también por el “trato dado a los clientes”. Le acusaron de discriminar a los usuarios de las entidades absorbidas, Unimm y Catalunya Caixa, frente a los del banco matriz. También le recordaron que el BBVA es la entidad que más demandas acumula por las cláusulas abusivas sobre gastos de formalización de las hipotecas. Y le instaron a adoptar el “comportamiento diligente” que sus clientes le exigen “frente a cualquier uso fraudulento de los medios de la entidad por parte de sus administradores presentes o pasados”.

Jean Pierre Paelink, representante de la World Federation of Investors, un grupo internacional de vigilancia de los mercados financieros cuyo miembro español es AEMEC (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas), indicó que el caso Villarejo va más allá de lo económico o corporativo y criticó la “injerencia del poder político en la gobernanza de las empresas”. “No nos parece tolerable que en España exista la peor forma de capitalismo, que es el capitalismo clientelar”, destacó.

Pese a las críticas lanzadas en la junta general, el 98% de los accionistas respaldó el nombramiento de Carlos Torres como presidente del BBVA para los próximos cuatro años.

El exministro Miguel Sebastián se ha personado como acusación particular en la causa que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sigue contra el excomisario José Manuel Villarejo por la Operación Trampa, el espionaje que supuestamente le encargó el BBVA en 2004 y 2005 para frenar el intento de control del banco por parte de la constructora Sacyr. Sebastián, que en esa época era secretario de Estado y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, se une así a otros espiados, como el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el ex consejero del BBVA José Domingo Ampuero y el ex director general adjunto y consejero de Sacyr Vicente Benedito, que han interpuesto denuncias en el mismo juzgado contra el expolicía y contra los responsables del banco.

En un escrito presentado ante el juez al que ha tenido acceso infoLibre, Miguel Sebastián explica que fue objeto de “seguimientos y vigilancias continuadas” por parte de “grupos operativos coordinados” por Villarejo, quien además intervino sus comunicaciones telefónicas, tanto privadas como oficiales, e incluso “construyó un falso relato en torno a su persona” para “desacreditarlo ante los demás y torcer su voluntad”. En concreto, resalta que de las 15.000 llamadas pinchadas, 65 tenían su origen o su destino en la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de la Presidencia o el palacio de la Moncloa. “Y en 60 de las 65 ocasiones aparece el móvil corporativo que tenía Miguel Sebastián en aquel momento”, apunta.

El exministro de Industria asegura que se utilizaron “recursos del BBVA” para defender “posiciones internas de poder en perjuicio de accionistas minoritarios”. Sebastián se refiere a que el entonces presidente del banco, Francisco González, intentaba impedir que Sacyr obtuviera una participación significativa de las acciones de la entidad financiera. Y González creía que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apoyaba la operación. “De resultar finalmente probados, [estos hechos], podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española”, subraya Miguel Sebastián.

Además, esos “grupos operativos” contratados por Villarejo, añade en su denuncia el exministro socialista, parecen tener “una estrecha relación con personas pertenecientes a cuerpos policiales, lo que les habría permitido acceder a informaciones privadas y reservadas especialmente protegidas”.

Investigación interna “absolutamente ineficaz”

Sebastián también reprocha al BBVA que ninguno de sus representantes se haya “disculpado públicamente” por esta operación ni se haya dirigido a él para informarle de las “medidas internas que piensa adoptar” o para prestarle ayuda y colaborar en la identificación de los responsables y en defensa de los derechos de los perjudicados por el espionaje. A su juicio, el banco incumple así “la más elemental política de compliance [cumplimiento normativo]”. “Tampoco se ha adoptado una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar de las personas presuntamente implicadas y que todavía desempeñan ciertas tareas de representación institucional del BBVA”, destaca. Aunque Francisco González abandonó su cargo como presidente el 31 de diciembre pasado, continúa como presidente de honor del banco que dirigió durante 18 años. El exministro señala igualmente en su escrito al jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, que trabajaba directamente para González y recibía los informes de Villarejo.

Para terminar, pone en duda los resultados de la “supuesta investigación interna” que sobre el espionaje abrió el BBVA el pasado mes de junio. A su juicio, será “absolutamente ineficaz” porque la persona al frente de la auditoría interna del banco, Joaquín Gortari, fue jefe de gabinete de Francisco González y las firmas que la llevarán a cabo –PwC, Uría Menéndez y Garrigues– tienen “un claro conflicto de intereses” por sus “previas vinculaciones personales y profesionales” con los implicados en el caso. Sebastián advierte de que la investigación no concluirá antes del verano, con posterioridad a la Junta General de Accionistas del BBVA, por lo que a éstos “se les sustraerá el conocimiento o resultado” de las indagaciones.

Los ejecutivos a los que presuntamente espió el excomisario José Manuel Villarejo por encargo del expresidente del BBVA Francisco González están acudiendo a los jueces para denunciar la violación de sus conversaciones profesionales y, sobre todo, personales. Lo ha anunciado el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas y lo hizo el presidente del grupo Sacyr, Luis del Rivero, en una denuncia conjunta con el ex consejero del BBVA José Domingo de Ampuero y el ex director general adjunto y consejero de Sacyr Vicente Benedito.

El pasado 12 de febrero presentaron en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de la investigar el espionaje, un escrito en el que piden penas de entre dos y cuatro años de prisión para el excomisario y quienes le encomendaron el trabajo. Les atribuyen un delito agravado de descubrimiento y revelación de secretos de empresa, así como otro de descubrimiento y revelación de secretos relativos a la intimidad cometido por funcionarios públicos. Ése sería el caso de José Manuel Villarejo que, según destaca la denuncia, se ha jactado de actuar “como parte de la estructura del Estado en calidad de agente encubierto”.

Los denunciantes entienden que se trata de un “delito especial impropio agravado” debido a la “mayor facilidad” que tuvo el autor para cometerlo y a la “correspondiente indefensión para la víctima”. Además, subrayan que el plazo de prescripción del delito es de 15 años. Las supuestas escuchas se realizaron en entre 2004 y 2005. De las 15.000 llamadas pinchadas, Villarejo puso a disposición del BBVA el contenido de 750, así como mensajes de texto, señala el escrito presentado al juez.

Querella del exvicepresidente de la CNMV

Este miércoles el exvicepresidente de la CNMV en esos años, Carlos Arenillas, ha anunciado que presentará una querella por el mismo motivo en sendas cartas que ha enviado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente del regulador bursátil, Sebastián Albella.

A Arenillas, Villarejo no sólo le intervino las llamadas telefónicas sino que, además, fotografió su domicilio y siguió su coche oficial, según las informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial. Al igual que Del Rivero, Benedito y De Ampuero en su denuncia, el ex número dos de la CNMV asegura en ambas cartas que el teléfono pinchado lo empleaba para sus comunicaciones personales, pero “sobre todo para las profesionales”. De forma que no sólo se violentó su intimidad personal, sino que también pudo haberse visto “comprometida información confidencial” derivada de su cargo institucional. De ahí que inste tanto al Banco de España como a la CNMV a que revelen cuál es su posición en el procedimiento judicial que se sigue en la Audiencia Nacional.

El espionaje, que el propio excomisario bautizó como Operación Trampa, se produjo en plena ofensiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la constructora Sacyr José Luis Rodríguez ZapateroSacyrpara tomar el control del BBVA. En ese momento, Sacyr pretendía adquirir una participación significativa en el BBVA de hasta el 5%, explica el expresidente de la constructora en la denuncia, que junto con el 4,2% en poder de De Ampuero, podía otorgarle “una notable presencia en el consejo de administración” del banco. A esa maniobra se oponía Francisco González, que bautizó a sus rivales como “grupo hostil”.

El auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz llama como imputado en el caso de los papeles de Bárcenas al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP), por la supuesta donación de 200.000 euros de Sacyr para la campaña de las autonómicas de 2007 a cambio de un contrato público, contiene una carga de profundidad que puede afectar a María Dolores de Cospedal o al actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado.

El magistrado avisa en su auto de que no cesará en sus investigaciones hasta averiguar si es cierta la declaración de Bárcenas, según la cual la pretendida donación opaca de Sacyr fue una comisión a cambio del contrato de basuras de Toledo para su filial Sufi. Pero no solo. Ruz seguirá adelante hasta constatar “el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas”.  

Y ello, añade, “con carácter previo a una eventual remisión” de esa parte de la causa al “órgano que se estimare competente". Y ese órgano es "en principio la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”. 

En el relato que sobre esa donación trazó Luis Bárcenas ante Ruz, en sus declaraciones judiciales del 15 de julio de 2013 y el 10 de abril de este año, solo aparecen dos aforados ante el TSJ castellano-manchego: Vicente Tirado, presidente de las Cortes regionales y quien según Bárcenas asistió junto con él mismo a una reunión con los responsables de Sacyr –Luis del Rivero y Manuel Manrique, quienes han negado en sede judicial el pago de cualquier comisión– para abordar su contribución a la campaña; y la propia presidenta regional y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, quien, según Bárcenas, fue quien le comunicó que Vicente Tirado acudiría a la reunión con Sacyr.

Ante el juez Ruz, el extesorero nacional del PP presentó los 200.000 euros que, según sus palabras, hizo llegar al PP de Castilla-La Mancha como un anticipo de un montante muy superior: “600.000-700.000 euros”.

Al introducir una mención expresa a “persona o personas aforadas”, Ruz solo puede por tanto referirse a Cospedal y/o Tirado. Porque en lo investigado figura un tercer personaje público que goza de aforamiento, pero ante el Supremo: el diputado en el Congreso Sebastián González, cuyo papel parece circunscrito a la transmisión de un mensaje a Bárcenas, a finales de 2006, para que contactase con Cospedal, quien le quería “plantear un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo”.

Pero las pesquisas sobre la presunta comisión pagada por Sacyr al PP de Castilla-La Mancha no han avanzado solo sustentadas en la versión de Bárcenas. En junio, la Intervención General del Estado (IGAE) dictaminó en un informe encargado por Ruz que, si bien el coste oficial del contrato con Sufi ascendía a 6,13 millones por año durante una década, el coste real se elevó a 11,3 millones.

El precio del contrato se disparó, dice el informe, "omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho". Y un segundo informe, este de la UDEF, llegó a Ruz días antes de dictar el auto de imputación de Molina.

Prevaricación, soborno y tráfico de influencias

José Manuel Molina, cuya comparecencia como imputado está fijada para el 24 de noviembre, reside desde abril en la República Demócratica del Congo, donde ocupa el tercer escalón en la Embajada española. La resolución por la que el juez Ruz lo llama en calidad de imputado recalca que los hechos investigados pudieran ser constitutivos de tres delitos de corrupción: prevaricación, cohecho (soborno) y tráfico de influencias.

Ruz también cita, como testigos, al actual alcalde de Toledo, el socialista Emiliano García-Page; al diputado Sebastián González y al entonces viceinterventor del consistorio, Javier Sánchez Rubio.

El juez avanza en solitario

En dos días, Pablo Ruz ha dictado dos imputaciones de alcance: la de Ángel Acebes, predecesor inmediato de Cospedal en la secretaría general del PP, en relación a la compra de acciones de Libertad Digital con supuestos fondos opacos del PP; y la del exalcalde de Toledo José Manuel Molina, el último político de los presuntamente involucrados en la operación basuras de Sacyr que no goza de aforamiento.

Ruz ha adoptado ambas decisiones literalmente solo: es decir, sin que la Fiscalía Anticorrupción, que tiene encomendada la persecución pública de los delitos investigados, solicitase previamente ninguna de esas dos imputaciones.

Ayer miércoles, infoLibre preguntó a portavoces de la Fiscalía el porqué de ese hecho, pero no hubo respuesta. Las fuentes consultadas sí garantizaron en cambio que Anticorrupción no impugnará ninguna de las dos imputaciones.

Qué consecuencias prácticas tendrá la decisión de Ruz de llegar hasta donde su jurisdicción le permite es todavía una incógnita. Pero, de momento, las declaraciones de los dos dirigentes del PP castellano-manchegos ya imputados por el asunto de Toledo han operado, por poco verosímiles, como un bumerán.

Del recibí falso firmado por miedo al tesorero del papel higiénico

En noviembre, el gerente regional del PP, José Ángel Cañas, aseguró en noviembre a Ruz que en marzo de 2007 firmó un recibí por la recepción, en dos remesas, de los 200.000 euros cuyo origen sitúa Bárcenas en Sacyr. Pero, según Cañas, en realidad no pasó por sus manos uno solo de esos 200.000 euros. Simplemente, por “imposición” de Bárcenas y por miedo a perder su puesto, redactó y firmó el recibí de una cantidad astronómica, lo cual, incluso aceptando que el dinero nunca hubiera existido, convertía en más que difícil explicar lo sucedido llegado el caso. O sea, llegado el momento de una investigación como la dirigida por Pablo Ruz.

Y ya en julio de este año, el segundo imputado del PP castellano-manchego, el extesorero regional Lamberto García Pineda, rizó el rizo con una sorprendente declaración judicial.

Además de manejar oficialmente las cuentas regionales del PP, García era concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo y presidente de la mesa de contratación que adjudicó a Sufi el 15 de enero de 2007 el contrato municipal. Fue, además, quien ante la perspectiva de una huelga de la de limpieza por los bajos sueldos a menos de una semana de las elecciones locales y autonómicas de mayo, firmó en nombre del Ayuntamiento de Toledo una modificación al alza del contrato con Sufi.

Pese a esos datos biográficos, García proyectó de sí mismo ante el juez Ruz la imagen de un tesorero estrictamente decorativo que nada decidía ni de nada se enteraba. "He firmado cuatro talones en mi vida, algunos de un euro por un café o para papel higiénico", dijo literalmente.

El PP culpa a García-Page

Ayer miércoles, este diario pidió a los portavoces del PP castellano-manchego opinión sobre el párrafo del auto donde Ruz alude a “persona o personas aforadas”. Las fuentes consultadas declinaron pronunciarse y remitieron al comunicado oficial emitido por la dirección regional del partido.

Bajo un titular en el que el PP “se declara satisfecho” por el hecho de que Molina “pueda explicar la verdad” sobre el contrato con Sufi, la nota de prensa del PP obvia la palabra imputación o cualquiera con su misma raíz. 

La nota avanza por el siguiente derrotero: el de que al actual alcalde socialista es el verdadero responsable de que Sufi ganase el concurso para el servicio de basura seis meses antes de las elecciones municipales donde García-Page desbancó al PP. Atribuyendo esas palabras a la portavoz regional del partido, Carmen Riolobos, el comunicado lo expresa así: “Los toledanos saben que fue Emiliano García-Page, alcalde de Toledo y secretario general del PSOE, quien aprobó la adjudicación definitiva del contrato de basura de Toledo, a pesar de los informes con reparos suspensivos de la intervención municipal”.

Fuentes socialistas admitieron ayer que García-Page autorizó en 2008 la formalización definitiva del contrato y que aceptó cambios, aunque de menor entidad que los pactados en junio por el Gobierno del PP. Las fuentes no precisaron en qué consistían los cambios aprobados en enero de 2008. "A ver si ahora va a resultar que los 200.000 euros de Sacyr eran para Emiliano García-Page y no para la campaña del PP", ironizó uno de los consultados antes de recalcar su mensaje central: no es la gestión del PSOE en ese asunto lo que investiga Ruz, sino si Sufi obtuvo el contrato con el Gobierno local del PP previo pago de una comisión.

El magistrado de la Audiencia Nacional que se encarga de investigar el caso Gürtel, Pablo Ruz, ha descubierto que el expresidente de Sacyr Luis del Rivero y el actual consejero de la constructora José Manuel Loureda tenían cuentas en Suiza vinculadas a uno de los imputados: Amando Mayo. A este empresario zaragozano el magistrado lo mantiene imputado por su participación en el mayor pelotazo del caso Gürtel, que consistió en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de una parcela a la sociedad Martinsa, cuyo principal accionista es el empresario Fernando Martín.

En concreto, Mayo es el representante de la sociedad Zorak, que es el origen de una transferencia a la sociedad Pacific Portfolio LTD en el Banco Coutts, cuyo beneficiario es Luis del Rivero, según la documentación procedente de Suiza que analiza la Audiencia Nacional. Esa transferencia, por importe de 100.000 euros, se produjo en julio de 2006.

Mucho mayor es la cantidad que recibió José Manuel Loureda. Entre enero y junio de 2006, su empresa Lancefield Finance Ltd ingresó un millón de euros procedentes de Zorak (la sociedad utilizada por Amando Mayo).

Fuentes próximas a Luis del Rivero desvinculan la cuenta suiza de la actividad de la trama Gürtel. Sostienen que la cuenta, cuya cuantía no precisan, está relacionada con la actividad de Mayo como gestor. Es un asunto "personal", sostienen las fuentes consultadas, entre Del Rivero y Mayo, cuya relación es "de bastante tiempo".

Los datos sobre los exdirectivos de la constructora han llegado a España raíz de una petición que hizo la Agencia Tributaria para seguir el rastro de pagos realizados por Amando Mayo. La empresas de los exdirectivos de Sacyr fueron constituidas en el paraíso fiscal de Belice y son las titulares de las cuentas en Suiza. Además de Del Rivero y Loureda también aparecen sus esposas e hijos, lo que indica que se trata de cuentas personales, no de Sacyr.

Fernando Martín, por su parte, recibió a través de la empresa Cedargrove 1.000.022 euros en junio de 2006. 

4.000 documentos

Ruz ha incorporado a la causa y ha dado trasladado a Fiscalia, Policia y Agencia Tributaria de casi 4.000 nuevos documentos que la justicia helvetica remitio a la Audiencia Nacional el pasado 30 de diciembre. De esta forma, Suiza responde a las reiteradas peticiones de ampliacion de informacion que ha ido cursando el juzgado a lo largo de estos años (38 ampliaciones de comisiones rogatorias en total).

Además de las cuentas encontradas a los exdirectivos de Sacyr, entre la documentacion figura también una cuenta de Rosalia Iglesias –la esposa del extesorero Luis Bárcenas– en el banco Lombard Odier, dos cuentas del exsenador del PP Luis Fraga –la denominada " Ranke" en el Lombard Odier y otra en la entidad LGT, en la que figura como apoderado Barcenas– y varias cuentas vinculadas al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.

La apatía con la que vegetaba Antonio Brufau en Argentina fue dinamitada desde las entrañas de Repsol-YPF. Pemex decidió anticiparse a la catástrofe que vaticinaba la gestión de su presidente y consejero delegado. Petróleos Mexicanos es miembro fundador de Repsol, y como tal adquirió el inicial 2,9% de sus acciones; porcentaje que amplió hasta el 5% en marzo de 1992. Aunque se trata del socio más versado en la industria del petróleo, mantuvo un bajo perfil hasta el último trimestre de 2011.

Es el cuarto productor de crudo a nivel mundial. A pesar de sus dividendos cuantiosos, vive al día, estrangulada por una retención del 70% de sus ventas. Sólo Pemex aporta al fisco mexicano el 40% de sus recaudaciones. Esta falta de liquidez crónica la ha postrado en el subdesarrollo tecnológico, obligándola a escudriñar aliados que le permitan renovarse en el know-how del Upstream. No cuenta con Estados Unidos desde que, en 1848, le concedieron un área extensa de su geografía. En el Golfo de México queda fotografiado el rendimiento insuficiente de Pemex. Mientras en el lado estadounidense las plataformas trabajan a todo vapor, la porción mexicana delata su escasez presupuestaria. Una pena, porque en esas aguas se concentra el 49% de sus recursos prospectivos.

Que no tenga cómo, no significa que Pemex ignore dónde se cuece el negocio petrolero. Sabe que está ocurriendo una revolución en la que los recursos naturales ya pueden obtenerse a través de la excavación horizontal y de la fractura hidráulica. Así que, asociados desde hace más de veinte años a una compañía que ostenta uno de esos filones extraordinarios, el progreso estaba próximo. Al mismo tiempo que aprendieran la técnica del fracking, estrecharían lazos para lanzar la producción en aquellos depósitos que la falta de dinero ha transformado en contemplaciones impotentes. Pero Repsol-YPF sólo piensa en diluir a los socios. En pleno cambio energético, se rezaga ampliando una y otra vez el capital para obtener dividendos, los cuales no se reinvierten en labores de exploración sino en salarios, primas, incentivos y en una ingeniería financiera aventurada. “Como la compra de generadores en el Mar del Norte —lamenta una fuente del sector—, refinerías en Alemania o compra de empresas a montos exorbitantes”. No es difícil encontrar patrones que ratifiquen esta recriminación: el sobrepago de 16.757 millones de euros que Gas Natural, participada por Repsol-YPF, entregó a Florentino Pérez, presidente de ACS, por la destartalada eléctrica Unión Fenosa.

Si alguien objeta que el negocio anterior no cuenta, por tratarse de un asunto donde la preponderancia la ejerció Gas Natural —de la que Brufau es vicepresidente desde 2004—, indaguemos en los dominios exclusivos de Repsol-YPF. El 25 de septiembre de 2009, la petrolera inauguró en Canadá la planta de gasificación Canaport LNG. En sociedad con Irving Oil, iba a suministrar al mercado local y a buena parte del mercado estadounidense, incluidos núcleos demográficos significativos como Boston y Nueva York. Brufau declaró que esta participación, en la que Repsol alcanza el 75%, “demuestra nuestra capacidad para desarrollar proyectos energéticos de gran magnitud y complejidad”.

Así las cosas, tres años antes de que la planta estuviera en funcionamiento, Repsol-YPF firmó sendos contratos con Emera Brunswick Pipeline Company, Ltd., para trasladar el gas a través de un gasoducto que une Canaport con la frontera estadounidense, y con Maritimes & North East Pipeline, para transportarlo desde allí hasta Dracut, un pueblo del condado de Middlesex, Massachussets. Ambos contratos tienen una duración de 25 años. Hasta diciembre de 2012, han costado a Repsol más de 2.723 millones de euros. Ahora bien, si el tamaño de la inversión auspiciaba un dividendo mayor, ¿por qué Canaport cerró 2012 con un balance negativo de 136 millones de dólares? ¿Por qué Antonio Brufau intentó vendérsela a la Shell en 2013? La respuesta surge de la escasa previsión de Repsol-YPF: mientras se metía a fondo en el negocio del gas natural licuado, apostando el todo por el todo a la dependencia energética de países como Estados Unidos, no se tomó en serio que la Unión Americana, gracias a su intensiva extracción de Shale gas, pasaría rápidamente de importar a autoabastecerse. La lección que propinó la realidad a Brufau es que de no concentrarse en las reservas no convencionales, apresurando su producción, los desplazamientos en el mercado serán frecuentes.

El pacto entre petroleros y constructores

¿Quién querría vender hielo en el Polo Norte? Sacyr Vallehermoso no. Pemex tampoco. En septiembre de 2011, la petrolera mexicana despertó de su letargo y adquirió 56.037 millones de títulos de Repsol-YPF, que se convirtieron en un 4,62%. Pasó a tener un 9,62% de las acciones. El incremento se produjo en el recorrido final del Gobierno de Felipe Calderón. El CEO de Pemex, Juan José Suárez Coppel, justificó la adición porcentual como una herramienta para mejorar su capacidad productiva. Manuel Bartlett, ex senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces en la oposición, puso reparos (La Jornada: 4/9/11): “Si Pemex pretendiera explotar en aguas profundas conjuntamente con Repsol, tendría que comprar la tecnología, porque la empresa española no cuenta con ella”.

El objetivo del nuevo estatus de Pemex era la ejecución de un pacto con Sacyr Vallehermoso. Al sindicar sus acciones alcanzaban, en el filo de la OPA, un potente 29,62%. Los mexicanos y los constructores exigían que, en lugar de la jerarquía financiera, demasiado inconsistente y arbitraria, se estableciera un gobierno corporativo. Apostaban por una instancia de control que separara la presidencia ejecutiva de la comisión delegada. No escondieron su programa y trataron de persuadir a Antonio Brufau. Primero, por las buenas, despabilándolo: “Una petrolera existe por la cantidad de reservas que tiene; lo que no sea Upstream sobra”. Incluso, dada su debilidad por la práctica bursátil, sugirieron que sacara a bolsa tramos de mil kilómetros de Vaca Muerta (Argentina) para atraer inversores y sufragar la producción de Vaca Muerta, como había hecho Repsol-YPF en la zona presal de Brasil, situada a más de 5 mil metros de profundidad en el mar. Nos lo cuenta una persona que estuvo involucrada en esta negociación: “Repsol-YPF tiene la técnica de exploración marítima, por su trabajo en las aguas del Golfo de México, en el lado estadounidense. Pero no tenía la capacidad para trabajar por su cuenta en Brasil”. Necesitaba un socio. “Pemex y Sacyr Vallehermoso convencieron a Brufau de que vendiera el 40% del yacimiento para asegurar la producción”. Los autores del pacto preveían repetir en Argentina la alianza entre Repsol-YPF y China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec). Considerando que el costo de inversión ronda los 20.000 millones de dólares anuales, la asociación era una estrategia inaplazable. “O invertimos a tope en Vaca Muerta o nos la quitan”, advirtieron los mexicanos.

Brufau desdeñó la idea de Pemex y de Sacyr Vallehermoso porque temía a Luis del Rivero. Lo veía a la zaga de su puesto. No se fiaba de él desde que, respaldado por sus abogados y sus bancos de inversión, torpedeó, en mayo de 2007, la fusión entre Gas Natural y Repsol-YPF. Otra vez quedaba postergado el proyecto de la burguesía catalana de asentar el monopolio energético en Barcelona. En cuanto a Pemex, y así lo dijo, recelaba de una competencia entre petroleras, que no existe en virtud de que operan en mercados de abastecimiento diferentes. El trabajo en equipo y la mirada de largo plazo no son atributos de una mentalidad financiera.

Como Antonio Brufau no quiso curarse en salud ante el malestar del kirchnerismo y el acoso subrepticio de sus verdaderos competidores petroleros, sus accionistas se amotinaron, enzarzándose en un altercado que llegó hasta México y Argentina. Brufau atacó con su artillería pesada. En Madrid, corrió el bulo de que Pemex quería irse de Repsol-YPF, y que todo el ruido era un chantaje para cobrar compensaciones onerosas. Junto a la codicia imputó, según la rutina táctica ya empleada en el 'caso Lukoil', el riesgo de que desposeyeran de su “españolidad” a la compañía.

Las represalias de Brufau

En agosto de 2011, Antonio Brufau viajó al Distrito Federal para convencer a Suárez Coppel de que su asociación con la constructora era poco recomendable. “Los va a arrastrar a la quiebra”, aseguró, pero el CEO de Pemex se mostró inflexible. Partió a Buenos Aires, donde acusó a los mexicanos de estar maniobrando para “nacionalizar” YPF. Cristina Fernández de Kirchner creyó a Brufau y blandió la “acción de oro” contra los sublevados. A dos meses de las elecciones presidenciales, los enredos de Brufau la habían colocado en una situación embarazosa. A principios de septiembre, YPF convocó a los consejeros delegados de Pemex y de Sacyr Vallehermoso a una reunión urgente con Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación. Lo que los accionistas tenían que declarar fue Gardel para sus oídos: “Queremos que Argentina pase de ser importadora a exportadora; que reduzca su factura energética a través del fracking”. Si Brufau no tenía previsto invertir en Vaca Muerta, ellos se asegurarían de que Repsol-YPF lo hiciera, designando un Consejero Delegado. Ante las buenas noticias, Fernández de Kirchner no se opuso al pacto, lo que explica el optimismo de Baratta en la reunión del directorio de YPF el 2 de noviembre de 2011.

Brufau contestó a la revuelta con más golpes bajos. También despachó a un agente desestabilizador, vulnerando la soberanía nacional y las leyes no escritas de la peculiar idiosincrasia mexicana. Ese agente era Fernando Ramírez Mazarredo y tenía el mandato de instalarse en México para hablar pestes de los mexicanos. Ramírez Mazarredo reúne los tres galones que más admira Brufau filas adentro: ex socio de Arthur Andersen, ex director general adjunto de La Caixa y ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Ramírez Mazarredo no llegó muy lejos: contratado en marzo de 2006 como director financiero de Repsol-YPF, debió de aparentar una renuncia por “motivos personales” en diciembre de 2010. Su partida ocurrió justo cuando se cerró el convenio entre Repsol-YPF y Sinopec. Estaban en juego 7.111 millones de dólares. Las fuentes mexicanas atribuyen a Ramírez Mazarredo un error en la conversión de divisas, lo que habría provocado su despido. Una fuente del mercado español asegura en cambio que Brufau “lo echó para que pudiera cobrar un 'paracaídas dorado', que si esperaba a principios de año, tenía una fiscalidad mayor a partir de ese momento”. Efectivamente, por cuatro años de trabajo, Ramírez Mazarredo fue indemnizado con 7,6 millones de euros. “Y lo sigue manteniendo —puntualiza la misma fuente— como bisagra en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por eso es que allí no prospera nada contra Antonio Brufau”.

Menos de un año después de su destitución millonaria, Ramírez Mazarredo reapareció en México representando los intereses de Repsol-YPF. Esta vez como asesor externo. Sus intrigas entre los partidos políticos y los medios de comunicación locales no fueron tan discretas como hubiera deseado Brufau. Y menos aún útiles para desacreditar el pacto entre Pemex y Sacyr Vallehermoso. El 10 de octubre de 2011, la revista 'Impacto' lo denunció. Con todo, Brufau supuso que, una vez sustituido Juan José Suárez Coppel al frente de Pemex, las aguas volverían a su cauce. La destitución sobrevino en diciembre de 2012 con la llegada del PRI al poder, pero el nuevo Gobierno había tomado nota del comportamiento de Repsol-YPF. Después de que Argentina expropiara YPF, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación español perdió la memoria y buscó la ayuda de México.

En diciembre de 2011, el pacto entre Pemex y Sacyr Villahermoso estaba roto. Antonio Brufau, además de contar con el apoyo de gran parte de la prensa, sumó las circunstancias a su favor. El 21 de diciembre de 2011 expiraba el crédito contraído por la constructora para ajustar el coste de su ingreso en Repsol-YPF. En medio de la crisis, era poco probable que consiguiera una prórroga de 3 años. Brufau se esforzó para que Luis del Rivero no se asociara con nadie. El último intento fracasó en noviembre, cuando Essar, un grupo indio dedicado al sector energético, industrial y de telecomunicaciones, se batió en retirada. “Les dijeron que eran defraudadores en Canadá y en la India”, recuerda un experto en bolsa. “Nosotros hemos venido a comprar una participación en España. No a que nos monten un lío”, y se largaron, frustrando la refinanciación de Sacyr Vallehermoso.

Pemex no le quitaba el sueño a Brufau: con el triunfo de la oposición, Suárez Coppel tenía las horas contadas. La piedra en el zapato era Luis del Rivero. Brufau fabricó un Coup d´état tirando el cebo adecuado: a pesar de la deuda y de los roces, podía aflojarle a la constructora la soga de los acreedores siempre y cuando destituyeran a su presidente. Justo un día antes de la ejecución del crédito, y en cumplimiento del acuerdo adoptado por unanimidad en el Consejo de Administración del día 18 de diciembre, Repsol-YPF adquirió 122.086.346 acciones, correspondientes a un 10% de su capital social. Lo hizo pagando 2.572 millones de euros. Brufau compró a la banca la mitad de las participaciones que Sacyr Vallehermoso gozaba en la petrolera. En el canje de deuda por enemigo, pagó el mismo precio tasado en el préstamo. Brufau ganó un nuevo y determinante adepto. En octubre de 2011, Luis del Rivero se quedó sin trabajo, y aunque se resistió a salir de Repsol-YPF acabó borrado del mapa en diciembre de ese año. Su mano derecha, Salvador Font, responsable del área de Energía de Sacyr Vallehermoso, fue removido meses después.

Luis del Rivero era consejero de la petrolera desde finales de 2006; se desempeñaba como vicepresidente y vocal de la comisión delegada. Por ambición o por instinto de supervivencia, Del Rivero bregó para que Brufau enmendara su itinerario ejecutivo. Después, cuando la verticalidad del mando se mostró intolerante y obcecada, luchó para que el catalán desalojara el cargo. Pendiendo sobre su cabeza la espada de Damocles de la banca estadounidense, no se sometió por conveniencia a Brufau o a Fainé. Del Rivero los desafió y pagó las consecuencias. Su última embestida fue como reír el último. Al dormirse en Vaca Muerta y sacrificar financieramente las prioridades productivas, Brufau atrajo la expropiación. El paso definitivo en esa dirección lo dio al degradar la garantía que representaban para el Gobierno argentino el sentido común del pacto entre Pemex y Sacyr Vallehermoso.

El “descubrimiento” de Vaca Muerta

Con el nuevo liderazgo de Sacyr Vallehermoso en su puño, y la administración de Pemex procediendo con la cautela de los recién llegados, el otro movimiento de Brufau fue un acto de magia. Iba a resucitar Vaca Muerta. Sin amilanarse, afirmó que el yacimiento, situado en las provincias de Neuquén, Río Grande y Mendoza, era el “mayor descubrimiento de petróleo” de la historia de Repsol-YPF. Hubo dos impulsos coincidentes para montar la farsa del 7 de noviembre de 2011: Argentina participó en el escaparate, no para lucimiento de Repsol, sino para que esos competidores que, a lo largo de los años, explícita o implícitamente, habían prometido ordeñar aquella Vaca, recibieran el pláceme. Además —sobre todo—, dentro de dieciséis días se celebrarían elecciones presidenciales. Toda foto que huela a trabajo, dinero y prosperidad es bienvenida.

Del lado español, según dedujo Brufau, su “descubrimiento” de Vaca Muerta mandaba un mensaje doble. A sus contendientes: “Esta vaca puede ser de ustedes”, y a sus socios argentinos, volviéndolos a subestimar: “¿Queréis inversión? Estamos en ello”. Después, ya en paz, podría seguir pilotando los dividendos reportados por Repsol-todavía-YPF. Al acto de magia siguió un acto de fe: Brufau cruzaba los dedos para que, sin la tutela de Néstor Kirchner, su viuda se estrellara en las urnas. Su fracaso era vital para salvar el cuello. No hubo milagro: el 23 de octubre de 2011, Cristina Fernández de Kirchner logró 11.865.055 votos. Su rival más cercano, Hermes Binner, apenas 3.684.970. Lo que podía salir mal, salió peor.

Una vez reelectos, los argentinos aceleraron la recuperación de YPF. Los revolvía no sólo el ataque de Antonio Brufau al pacto entre Pemex y Sacyr Vallehermoso, también los indignaba lo que su antiguo amigo estaba haciendo a sus espaldas. Entre enero de 2011 y marzo de 2013, Brufau sostuvo 142 reuniones con directivos de la competencia. Sin consultarlo con el Gobierno de Argentina, ofreció el 51% de su patrimonio en YPF a 12 petroleras: a las canadienses Talisman Energy Inc y Petrominerales; a la noruega Statoil; a la china Sinopec; a la empresa minera Vale, de Brasil; a la angloholandesa Shell; y a las estadounidenses Anadarko Petroleum Corporation, Southwestern Energy, ConocoPhillips, Hess Corporation, ExxonMobile y Chevron. Es la memoria de actividades del CEO de Repsol-YPF que los expropiadores incautaron en su despacho.

¿Qué estaba pensando Brufau? ¿De veras supuso que alguien más cometería el error de España al quedarse con YPF de aquella manera? Todas las petroleras con intereses extranjeros se miran en el espejo de Repsol. Ninguna iba a comprar, ni siquiera a precio de saldo, el rechazo popular y la enemistad política. Era como pillar en el mercado negro lo que pronto podría adquirirse legalmente.

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(Próximo capítulo: Antonio Brufau y la extraña compra de una empresa rusa)

Sacyr Vallehermoso fue fundada en 1986 como Sociedad Anónima Caminos y Regadíos. En 1991 pasó a llamarse Sacyr; en 2002, con la compra de un 24.5% de Vallehermoso, a la que se fusionó al año siguiente, se convirtió en una constructora de envergadura. Si en 2004, la promoción de Antonio Brufau encontró al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el pie cambiado, a finales de 2006 tenía algo que decir. En vista del valor estratégico de la petrolera, apoyó la entrada de Sacyr Vallehermoso en Repsol-YPF.

La constructora, que cerró 2005 bajo la presidencia de Luis del Rivero con un beneficio neto de 413 millones de euros, hizo lo que tantos españoles por aquellas fechas: endeudarse por una cifra que excedía sus ingresos. Así pudo comprar el 9,23% de Repsol-YPF, en octubre de 2006, y otros porcentajes menores que, a finales de noviembre, consolidaron un influyente 20% de las acciones. Sacyr Vallehermoso pagó 5.000 millones de euros, de los cuales 2.000 millones pertenecían a bancos estadounidenses. Con la crisis de las hipotecas 'subprime', surgida en 2007, las redes financieras se trasformaron en terminales confusas y temerosas. En paralelo al frenazo de los créditos, la estadística de los impagos aumentó exponencialmente. La recesión forzó a Estados Unidos, el decano del capitalismo, a rescatar su sistema financiero. A pesar de que muchos clientes tenían sus cuotas al día, se incrementaron las tasas de interés y, en los casos abultados, como el de Sacyr Vallehermoso —con el agravante de que se dedicaba al ladrillo a expensas de la burbuja inmobiliaria—, optaron por anticiparse a una probable situación de quiebra.

La solvencia de la constructora se sustentaba sobre la garantía de las acciones de Repsol, y los activos de sus filiales Testa, Vallehermoso y Valoriza. Los acreedores quisieron agilizar la recuperación de su dinero declarando el default. Legalmente era imposible: con los dividendos de Repsol-YPF, Sacyr Vallehermoso no había dejado de pagar los intereses del préstamo. Así que, en abril de 2007, decidieron pasear su deuda por el mundo. Utilizaron un gancho erróneo en un período de máxima desconfianza en las deudas ajenas: “El crédito vence en 2011, y como la empresa española no podrá hacer frente, ustedes adquieren por descontado las acciones de una petrolera”.

ExxonMobil, Chevron, Shell, la italiana Eni, la francesa Total, etcétera, fueron los primeros en recibir la oferta. Como dijeron no, los acreedores se arrimaron a los nuevos ricos de la India y de Indonesia, que tampoco quisieron correr riesgos. Tras un tiempo muerto, recordaron que uno de los hombres que mejor podía colaborar en esta enrevesada comercialización se encontraba en España. En concreto, en la Embajada de Estados Unidos de América. Eduardo Aguirre, acreditado en el país desde junio de 2005, era amigo personal de George W. Bush —“Soy su fontanero”, declaró— y durante veinticuatro años fue presidente del Bank of America. La cartera de las grandes fortunas estuvo a su cargo. Con la familiaridad que brindan los orígenes compartidos, le pidieron un favor: deshacerse de la deuda de Sacyr Vallehermoso. Y Aguirre, que sólo conocía la diplomacia del dólar, se puso manos a la obra. “Él es quien identifica al comprador potencial”, indica una fuente conocedora de este proceso de venta.

El asalto ruso

El 12 de noviembre de 2008, en una visita oficial a España, Alexander Zhukov, vicepresidente del gobierno ruso, declaró que Gazprom tenía interés en comprar las acciones de Sacyr Villahermoso que, dos meses atrás, había reconocido sus apuros económicos, ofreciendo sus acciones en Repsol-YPF. Fue tanto el escándalo que el 14 de noviembre, Zhukov tuvo que echarse para atrás. Mario Rajoy dijo estar radicalmente en contra: "Espero que al Gobierno ni siquiera se le pase por la imaginación". No tardó en instalarse una retórica que se define cabalmente con el título de una película de los años sesenta, “¡Que vienen los rusos!”. La frase ha permeado el inconsciente colectivo y suele utilizarse en situaciones como ésta, donde la expectación y el miedo empañan la visión de Rusia. Si en la dictadura franquista prevalecía el “temor rojo”, ahora, desde los medios de comunicación, sus hombres de negocios —que los hay— son acusados de pertenecer a la mafia.

Que, a pesar del recelo, el nuevo gobierno de Dimitri Medvédev, con Vladimir Putin como su indiscutible Maquiavelo, sustituyera a Gazprom por Lukoil significaba dos cosas: que Zhukov se había equivocado al mencionar una petrolera por otra; y, en cualquier caso, que el negocio entre ambos países estaba en marcha. La compra de las acciones de Repsol-YPF no era un globo sonda de los rusos. Ni Zhukov, ni Medvédev, ni el entonces llamado “zar del petróleo” Ígor Sechin, daban un paso sin el permiso de Putin. Y éste no dejaría que un asunto tan delicado se aireara en suelo español sin el beneplácito del rey, su máximo interlocutor desde mayo de 2000.

La amistad entre Putin y Juan Carlos I es patente. Tienen tres aficiones en común: la cacería, los negocios y la política de altos vuelos. Durante la última década, el monarca acumula, entre giras oficiales y viajes relámpago, por lo menos ocho estancias en Rusia. Ambos han fraternizado en las salas del Kremlin, en la residencia de Novo-Ogarevo y en el balneario de Sochi. Por tanto, la confianza impide que cualquiera de los dos cometa la descortesía de no compartir detalles de operaciones que afectan a sus países. En resumen, si Zhukov decía que una petrolera rusa tenía previsto adquirir las acciones de Sacyr Vallehermoso, se estaba limitando a hacer de dominio público la anuencia entre Madrid y Moscú.

Sólo Rusia mostró interés en liquidar la deuda de la constructora a cambio de un porcentaje substancial de Repsol-YPF. Estratégicamente, significaba que anexarían un mercado al que venderle sus productos. La petrolera era su caballo de Troya para instalarse en Gas Natural y participar de sus redes de distribución hasta implantar el monopolio ruso. En un primer momento, Moscú decidió comprar desde Gazprom. Sin embargo, para atenuar el impacto de la atmósfera hostil generada por los grupos de presión españoles, pasaron a Lukoil, la segunda compañía de petróleo más importante de Rusia, que daba la garantía de contar con socios privados, entre ellos la petrolera estadounidense ConocoPhillips, con experiencia en el fracking en superficie tejana. Los rusos querían “desputinizar” la negociación, pero su remedio fue peor que la enfermedad, y las suspicacias saltaron las alarmas. Desde la oposición, Rajoy volvió a apelar, más que a la integridad, al integrismo nacional: "Nuestro petróleo, nuestro país y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa rusa porque eso nos convertiría en un país de quinta división". Trascendió que los servicios de inteligencia europeos afirmaban que uno de los jerarcas de la mafia rusa —Zakhar Kalashov— poseía acciones en Lukoil. A pesar de la polémica, se dio la imagen de que, a través de los cauces oficiales, el trato seguía adelante.

Implicaciones de un cable diplomático

Con la filtración de los cables de Wikileaks, se conoció el parte del embajador Eduardo Aguirre del 24 de diciembre de 2008, notificando a su gobierno las novedades de las negociaciones entre España y Rusia. Por la indiscreción de Bernardino León, secretario general de la Presidencia, quedó al descubierto el apoyo del rey y las complicadas gestiones del Gobierno de Zapatero para que la venta de las acciones a Lukoil no se produjera en un porcentaje que le diera el control de Repsol-YPF. Resultó llamativo que entre los receptores habituales de este tipo de comunicaciones (Departamento de Estado, la Central de Inteligencia Americana y los organismos técnicos a los que corresponda el manejo de los datos cableados), Aguirre incluyera al Embajador en Moscú (John Beyrle), y al cónsul general en Barcelona (Todd D. Robinson).

Una inspección somera de los hechos permite ubicar el interés de Washington, distribuido en Madrid y en Moscú, pero ¿cuál era el motivo de compartir las noticias con el negociado catalán? La lógica apunta a La Caixa, propietaria entonces de un 10% de Repsol-YPF. Al no aparecer el embajador en México, por el segmento que corresponde a Pemex, se descarta que Aguirre siguiera la guía de los accionistas como criterio de información diplomática.

La Caixa era importante por dos cuestiones: la influencia que Isidro Fainé ejercía sobre Antonio Brufau y su trato privilegiado con la Casa Real. ¿Pero quién trajo a Lukoil? Para responder conviene cambiar la pregunta por otra: ¿quién no trajo a Lukoil? Las figuras de Putin, del rey y del embajador Aguirre son manifiestas. ¿Y dentro de Repsol-YPF? Lo cierto es que se personificó en Luis del Rivero, presidente de Sacyr Vallehermoso, la supuesta felonía de apalabrar con los rusos el fin de la “españolidad” petrolera. No existe ningún ethos de esa clase en una multinacional que, por naturaleza, enarbola intereses privados. Aún así, Del Rivero quedó reducido a secuaz de Moscú. Ante la magnitud de la transacción, es evidente que Lukoil tenía un interlocutor no sólo en el Estado español, sino en la propia Repsol-YPF. Al respecto, infoLibre ha recabado dos versiones de los hechos que son complementarias.

Según una fuente próxima a Sacyr Vallehermoso, en el V Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), celebrado en Zaragoza el 13 y 14 de noviembre de 2008, Isidro Fainé “acordó el reparto de consejeros, qué cosas tendría que dejar Repsol-YPF ya con Lukoil dentro y qué tendría que hacerse con las participaciones de gas para que La Caixa siguiera siendo el agente dominante”. La fuente es categórica: “A los rusos los trajeron Brufau y Fainé”. Al contrastar esta revelación con otra fuente del entorno de la petrolera, escuchamos: “A Lukoil la va a buscar Repsol, pero en medio de las negociaciones no se ponen de acuerdo con el precio de venta. Como Sacyr Villahermoso había comprado el 20% de Repsol a crédito, y a un precio muy alto, una media de 22 o 22,5 euros, Brufau quería venderle a los rusos a 25 euros. Lukoil respondió que sólo pagaría a 25 euros la acción si en lugar de comprar un paquete del 20% se quedaba con un paquete del 30%”. Nuestro confidente jura que esto es tan real “como el cielo que está viendo”, y recalca: “Es el señor Brufau el que va a La Caixa a pedirle a Isidro Fainé que venda su 10% para sumarlo al porcentaje de Sacyr Vallehermoso y poder venderles a 25 euros el 30%. La Caixa le dijo que ni hablar”.

Todo sea por Sajalín III

Queda claro que Antonio Brufau participó en la maniobra con Lukoil. De hecho, desde febrero de 2006, Repsol-YPF estaba presente en el mercado energético ruso con la compra, por 90 millones de dólares, del 10% de West Siberian Resources, una compañía sueca con derechos de exploración. Por lo tanto, la llegada de Lukoil no era un acontecimiento aislado, formaba parte de una cadena de hechos. No únicamente por el libre intercambio comercial entre países. Brufau quería matar tres pájaros de un tiro: romper con La Caixa y emanciparse de Isidro Fainé, conjurar la amenaza representada por Luis del Rivero y, el premio gordo, entrar en el proyecto ruso de Sajalin III, que debe su nombre a la isla de 76.400 kilómetros cuadrados situada en el lejano Oriente asiático, en el mar Ojotsk. Desde los años noventa, se pusieron en marcha las unidades Sajalin I y II, operadas por ExxonMobile y Shell, respectivamente. Sus reservas guardan más de 45.000 millones de barriles. En 2008, se taladró el primer pozo de exploración del campo North-Veniskoye, en el área Veninsky, y se calculó que tenía una reserva de 34.000 millones de metros cúbicos de gas y 20.700 millones de barriles de condensado. Esos recursos configuraron Sajalin III, el proyecto más atractivo del Estado ruso en aquel momento.

El plan se torció cuando Sacyr Vallehermoso y La Caixa, por razones distintas, rehusaron vender sus porcentajes. Lukoil tampoco quería lanzar ninguna OPA. Estaban en Madrid porque los intermediarios políticos prometieron un aterrizaje suave en la petrolera española. Ante la avalancha de críticas, y buscando asegurar su puesto, Brufau se sometió al guión ideológico imperante: “los rusos son malos” y “Repsol-YPF es el Sancta Sanctorum patrio”. Como enfrentarse a Fainé hubiera sido un aspaviento suicida, apuntó contra el jugador más débil —Luis del Rivero— tornándolo en su chivo expiatorio. Ensayó, sin escrúpulos, su gesto dramático favorito: envolverse en la bandera española y clamar como lo haría un héroe o una víctima. Acto seguido, negó a los rusos.

Un protagonista en especial no daba crédito al curso de los acontecimientos. Fuentes de La Moncloa de aquella época confirman que el jueves 20 de noviembre de 2008 el rey Juan Carlos llamó al menos seis veces a José Luis Rodríguez Zapatero. El jefe del Estado quería preguntarle al presidente de Gobierno el motivo por el cual las negociaciones no se consumaban. ¿A qué se debía este remedo bufo de la crisis de los misiles? Su Majestad era inoportuno: Zapatero tenía delante los datos que demostraban que el déficit público iba a ensancharse. Por primera vez en quince años, el Producto Interior Bruto reflejó un decrecimiento continuo. La recesión, que iba a destruir la vida de tantos españoles, estaba a días de distancia.

Antonio Brufau salió a la calle a buscar aliados. El viernes 21 de noviembre de 2008, se reunió con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Éste creyó a pie juntillas su entrega a la causa españolista. En el contexto de una crisis económica arrolladora, el PP invertía su tiempo corroborando que Brufau tenía más ideas en común con ellos que con el PSOE. La faceta “Brufau, el mártir”, se imprimió en los periódicos. “Brufau amenaza con abandonar Repsol si Lukoil toma el control”. Este artículo de La Vanguardia, del 3 de diciembre de 2008, contenía los baños de pureza de Brufau: “Obviamente no habré luchado yo 60 años para acabar con esta situación… No estaría yo dirigiendo una compañía que no hubiese pasado por la claridad de las reglas del mercado”. A pesar de que se había agusanado el negocio con Rosneft por Sajalin III, de que seguiría atado a Fainé, y de que su adversario Luis del Rivero resistió la presión mediática, Brufau salió indemne si consideramos la dimensión del problema. De cara a la clientela conservadora, él había abortado el “ataque ruso”.

Reunión en Viena con el Zar del petróleo

El 2 de marzo de 2009, en su primera visita a España, el presidente ruso Dimitri Medvédev derogó el tema Lukoil con reproches: “Dividir a los inversores en buenos y malos, en correctos e incorrectos, es levantar un muro de Berlín en la economía”. Y tachó de “idiota” la disputa surgida al proclamar la compra de las acciones de Repsol-YPF. Era visible el enfado del Kremlin. Sentían que les habían tomado el pelo y que se estaban riendo de ellos. Su proyecto de controlar Gas Natural a través del 30% de las acciones de Repsol se había arruinado. Días después, el domingo 15 de marzo de 2009, rusos y españoles coincidieron en Viena, en una reunión en la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. A las 14:00 de la tarde, el viceprimer ministro de Rusia, Igor Sechin, invitó a su suite del hotel Bristol a tres españoles. Quería saber por qué se frustró la transacción y si existía la posibilidad de reactivarla. El diálogo se desarrolló en presencia de Vladimir Bogdanov, presidente de la petrolera Surgutneftegas, y con la ayuda de un intérprete. Un dato interesante porque Sechin habla español desde los tiempos de la Guerra Fría.

—Pero el jefe del Estado está de acuerdo con esta operación —fue lo único que Sechin, exasperado, dijo en español.

—Si está de acuerdo el jefe del Estado —respondió uno de los presentes—, que les venda él.

En los círculos de espionaje ruso, el Hotel Bristol de Viena es popular. El 27 de septiembre de 2003, el general Anton Surikov se reunió con otros personajes vinculados al crimen y al petróleo. Por cierto, en el transcurso de la charla salió el nombre Ígor Sechin. Un medio ruso publicó la trascripción. Surikov fue asesinado en 2009.

Lo que se habla en los alrededores de la OPEP se oye en Moscú.

Y llegaron los rusos. Nadie se rasgó las vestiduras cuando Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company), creó una joint venture, en mayo de 2010, para participar junto a la petrolera catalana Meroil en la ampliación de la terminal petrolífera del puerto de Barcelona. Se trató de una inversión de 50 millones de euros. Meroil y Lukoil inauguraron el 27 de abril de 2012 el resultado de su sociedad: una plataforma de 40.000 metros cuadrados, con capacidad para almacenar 360.000 metros cúbicos de petróleo, que permitirá a Barcelona exportar, importar y distribuir crudo y gas en conexión con la red de oleoductos de la Compañía Logística de Hidrocarburos, presidida por José Luis López de Silanes, un antiguo peón de Antonio Brufau en el tablero de su OPA contra Iberdrola, y participada por Repsol con un 10%. En la foto que conmemora ese acuerdo entre Rusia y España, se ve a Vagit Alekperov, presidente de Lukoil, y a Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya. Dos años después del conato de unión con Repsol-YPF, no se escuchó ni leyó por ningún lado el supuesto historial 'delictivo' de la petrolera rusa.

Finalmente, Lukoil ancló en el puerto de la misma ciudad por la que había entrado para comprar las acciones de Sacyr Vallehermoso. Quizá por eso, el embajador Eduardo Aguirre había copiado su cable a Todd D. Robinson, cónsul general en Barcelona. Acaso también quería ponderar el apego recíproco entre la Casa Real y La Caixa. El banco catalán patrocinó las andanzas del equipo de vela del rey Juan Carlos a bordo del yate Bribón XV, y puso en nómina, desde octubre de 1993, a la infanta Cristina, a la que ascendió en marzo de 2006 al puesto de directora del área internacional de su Obra Social. Tan profunda es la amistad, que La Caixa concedió, en octubre de 2004, a ella y a su esposo Iñaki Urdangarín, una hipoteca inverosímil; y, ante la polvareda que levantó la corruptela del Caso Nóos, hizo posible su traslado a Suiza, en julio de 2013, encargándole la coordinación de sus programas con las agencias de Naciones Unidas.

Convaleciente de una intervención quirúrgica, el 18 de julio de 2012, el rey iba de camino a Moscú: “Otra persona estaría aún de baja, pero yo tengo que currar”. Don Juan Carlos iba a que lo condecorara su viejo amigo Vladimir Putin. Tenía razón después de todo, porque, medallas aparte, España tiene importantes activos económicos en Rusia. Si no, que lo diga Repsol.

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(Próximo capítulo: 'La rebelión de Pemex y Sacyr contra Antonio Brufau')

El presidente de La Caixa, Isidro Fainé, es un ejemplo de lo rentable que puede llegar a ser el denominado "envejecimiento activo" "envejecimiento activo" que algunos teóricos defienden para reformar el sistema de pensiones. Claro que no todo el mundo es Fainé y puede cobrar a los 65 años un plan de pensiones millonario, ser ascendido después a presidente de la entidad en la que fue empleado y cobrar otros 2,6 millones anuales.

Fainé es presidente de La Caixa, de la Fundación La Caixa y de Criteria CaixaHolding. Además, fue nombrado por unanimidad en 2010 presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). También es vicepresidente de Telefónica, de Abertis y de Repsol. Según La Caixa, Fainé cobra 2,6 millones anuales, sin incremento alguno desde 2010 y sin tener en cuenta su pertenencia a varios consejos.

Lo de la pensión millonaria, el ascenso y el sueldo millonario anual son las cosas que suceden en un sector, el financiero, que retribuye a los altos directivos de forma muy alejada de la realidad que vive la mayoría de la población. Vayan por delante algunos ejemplos. La pensión rescatada en 2007 por Fainé, de 24,5 millones, equivale al salario medio de 1.070 trabajadores durante un año (el salario medio es de 22.900 euros, según el Instituto Nacional de Estadística, INE).

Las mismas matemáticas se pueden aplicar a otra gran pensión, la del exnúmero dos del Banco Santander, Alfredo Sáenz. Los 88 millones con los que abandonó Sáenz este año la entidad que preside Emilio Botín suponen el sueldo anual de 3.500 profesores de primaria (25.500 euros al año).Un club muy exclusivo

Sáenz y Fainé pertenecen al exclusivo club de los que se jubilan con indemnizaciones de decenas de millones. De ese club forman parte, entre otros, Ángel Corcóstegui (108 millones en 2002), Francisco González (BBVA, 79 millones en 2010) o Francisco Luzón (Santander, 65 millones en 2013).

La pensión de Fainé fue objeto de polémica en 2012. Un empresario, Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y enfrentado a La Caixa por sus aspiraciones frustradas a controlar la petrolera Repsol, denunció lo cobrado por el actual presidente de La Caixa ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). denunció

El examen duró dos semanas. La Oficina concluyó que los hechos denunciados "ni son susceptibles de ser constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal, ni tienen, a la vista de la información disponible, ningún otro tipo de trascendencia penal".

La Caixa destaca que en lo que respecta a Fainé, todo está claro: "Cobró lo que le correspondía tras treinta años de trabajo en la alta dirección de la entidad, con salarios elevados. Los pagos pasaron por la comisión correspondiente y así se probó en la documentación enviada a las instancias judiciales que lo requirieron en su momento. Fainé no hizo nada distinto a lo que hicieron anteriores presidentes en las mismas circunstancias".

El portavoz de La Caixa se refiere a Josep Vilarasau, que sustituyó a Juan Antonio Samaranch al frente de la entidad en 1999,Josep Vilarasau, que sustituyó a Juan Antonio Samaranch y a Ricardo Fornesa, que sustituyó a Vilarasau en 2003.

Una actuación habitual

Según el relato oficial, esta es la actuación habitual en la entidad: los directores generales como fue Fainé y como fue el actual presidente de Repsol, Antonio Brufau, nombrados directores generales con Vilarrasau, capitalizan su plan de pensiones al cumplir 65 años, dejan de ser empleados de la entidad financiera y pasan a cobrar como presidentes.

En el caso de Brufau, que nunca ha estado en sintonía fina con el que fue su compañero en La Caixa, Isidro Fainé, la decisión de abandonar la entidad, donde era director general de empresas participadas, para centrarse en Repsol, empresa que presidía por encargo de la caja, también le fue rentable. 

Brufau, como Fainé, capitalizó su plan de pensiones. A menos tiempo, menos dinero. Brufau, empleado de La Caixa desde 1988 (Fainé entró en 1982) cobró, según fuentes conocedoras del proceso, 22,5 millones de euros. Dos millones menos que su par en la entidad.

Inversión de Brufau

Repsol no da detalles sobre la salida de Brufau de La Caixa. Un portavoz se limitó a señalar que el presidente de la petrolera invirtió 4,5 millones de euros en acciones de Repsol en noviembre del año 2007. Y añadió que Brufau sigue manteniendo el plan de pensiones en Vida Caixa, pero Repsol no precisa la cantidad acumulada por su presidente en su etapa como directivo de la caja catalana.

La Caixa destaca que tiene externalizados los planes de pensiones de sus empleados con una gestora de la propia caja que cuenta con un patrimonio neto cercano a los 5.000 millones de euros. La revista Alternativas Económicas detalló en su último número que la entidad es la compañía que ha dedicado más dotaciones a complementar las pensiones de sus empleados.

Para atender el retiro de los altos directivos y de los empleados con mayores salarios, La Caixa constituyó en 2000 dos fondos internos que se nutren con dotaciones con cargo a resultados. Entre otras cosas, con esos fondos se podía aportar a los planes de los ejecutivos más dinero del que establece la normativa para los planes externos.