Apenas unas semanas después del incendio que arrasó un tramo del cauce seco del Guadiana a mediados de octubre, vecinos de la zona han confirmado lo que muchos temíamos: la turba está ardiendo bajo tierra, muy cerca de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

La crónica no solo estaba anunciada. Estaba escrita desde 2009. Y vuelve a cumplirse.

Lo que comenzó como un incendio superficial —aparentemente controlado— ha terminado activando el peligro más silencioso y devastador del Guadiana desecado: la combustión de la turba subterránea, ese material orgánico acumulado durante siglos que, cuando se seca, se convierte en un combustible lento, profundo y casi imposible de extinguir.

El humo ya es visible en la superficie, señal de que la zona sigue caliente y ardiendo de manera interna. Y trae consigo un olor inconfundible: el olor de la memoria quemada del humedal. Quienes vivieron lo ocurrido en 2009 no han dudado en avisar. Saben lo que significa.

Ese humo no es un residuo sin importancia: es el síntoma de un incendio vivo, oculto, que avanza por el subsuelo y puede permanecer activo semanas, incluso meses.

Este episodio confirma lo que llevamos años denunciando: el abandono del cauce seco del Guadiana es un riesgo ambiental y un riesgo para la seguridad, tanto del Parque Nacional como de los habitantes del entorno. Mientras el cauce siga actuando como un corredor de biomasa seca —en superficie y bajo ella— y no se humecte adecuadamente, cualquier incendio superficial puede transformarse en un incendio de turba.

Lo ocurrido tras el incendio de octubre —alertado desde estas mismas páginas— demuestra que el problema no terminó con la extinción visible. Era solo el inicio. Y refuerza la urgencia de actuar en esta zona antes de que sea demasiado tarde.

Hoy, la turba arde bajo nuestros pies. Mañana, si no actuamos, puede volver a amenazar al Parque Nacional, como ya ocurrió en 2009. Y no podemos decir que no lo vimos venir.

Cuando el Guadiana dejó de aportar agua, muchos pensaron que había dejado de importar. Pero la naturaleza no desaparece porque dejemos de mirarla: se transforma. Y la transformación del cauce en un corredor de fuego es su advertencia más firme.

Este nuevo incendio subterráneo no es solo una consecuencia. Es un aviso. Y el Guadiana, una vez más, habla con humo.

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Alberto Celis Pozuelo es geógrafo e historiador daimieleño.

Los trenes de la línea parados al comienzo de esta tarde del sábado por el incendio en un vagón de otro convoy entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano (Ciudad Real) han vuelto a circular una vez subsanada esta incidencia, según InfoRenfe.

El restablecimiento de la línea se ha producido después de que el tráfico ferroviario de la línea Madrid-Andalucía fuera cortado tras incendiarse el último vagón de un tren, a la altura de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), por lo que fueron evacuados 210 pasajeros.

El incidente ocurrió, según ha informado el 112 a EFE, alrededor de las 14.00 horas en el kilómetro 201 de la vía férrea.

Renfe ha señalado que "se restablece la circulación por una vía" entre esas localidades manchegas y que los trenes que con origen Atocha (Madrid), Málaga, Sevilla y Granada "comienzan a reanudar la marcha".

Por su parte, Adif ha comunicado que el tren de la incidencia sigue estacionado entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano y que comienzan a circular esos trenes, tanto los que parten desde Madrid como los de Andalucía.

El siniestro se produjo en un tren que viajaba desde Almería hasta Madrid y cuyos pasajeros fueron evacuados por la Guardia Civil.

Los bomberos de Puertollano (Ciudad Real) extinguieron el incendio, originado en un vagón sin pasajeros.

Los servicios de emergencia también movilizaron una ambulancia de soporte vital básico, por prevención.

Fuentes de Renfe informaron a EFE de que, tras la extinción del fuego, los pasajeros han podido volver al tren y que esperaban a un nuevo convoy para reanudar la marcha.

La avería ha afectado, además de a ese tren que cubría el trayecto Almería-Madrid, al AVE 02123 Málaga-Madrid, que se ha detenido en Puertollano; al AVE 02136 Madrid-Granada, detenido en Malagón; al AVLO 02137 Sevilla- Madrid, detenido en Villanueva de Córdoba; y al AVANT Puertollano-Madrid, que realiza el trayecto entre Puertollano y Ciudad Real en autobús.

Daniel Dorado, uno de los bomberos que ha intervenido en la extinción del fuego, ha explicado a EFE que el fuego se ha podido controlar rápidamente, sin que se extendiera a otros vagones, y las labores se han centrado en refrigerar la zona y controlar fugas de gasoil.

Según ha señalado el bombero, los daños han afectado a componentes electrónicos y cables, que se han "derretido", mientras que todos los pasajeros han podido abandonar el vehículo de forma segura.

La pasajera de 84 años del tren que permaneció parado en la vía por la avería de una catenaria en la provincia de Toledo desde última hora de este lunes y que fue trasladada este martes al Hospital Universitario de Toledo al sufrir una insuficiencia respiratoria ya ha sido dada de alta. Fuentes del Hospital de Toledo han señalado a EFE que la mujer ya ha sido dada de alta.

Esta mujer es uno de los 318 pasajeros del tren que cubría el trayecto Madrid-Sevilla y que sobre las 21.00 horas de este lunes se quedó detenido a la altura del término municipal de Villaseca de la Sagra (Toledo) por la avería de una catenaria en Yeles (Toledo).

Estos pasajeros han pasado la noche dentro del convoy y el 112 de Castilla-La Mancha ha coordinado el reparto de 1.200 litros de agua y comida que ha puesto a disposición el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra. Este reparto ha contado con la colaboración de efectivos de Geacam y de voluntarios de Protección Civil.

Esta avería produjo que también otros trenes se detuvieran -cuatro en la provincia de Ciudad Real y otro más en la provincia de Toledo-, si bien los pasajeros de estos otros vehículos parados pudieron salir de los trenes, porque estaban más cerca de estaciones. 

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos empresarios por la presunta comisión de varios delitos contra los derechos de los trabajadores, pues se les acusa de beneficiarse de la situación de inmigración en situación irregular de sus empleados para someterlos a condiciones abusivas, con jornadas de trabajo de hasta 14 horas y sueldos de 15 euros semanales.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado que recoge EFE, los empresarios presuntamente se beneficiaban de la situación irregular de los empleados para restringir sus derechos laborales, sometiéndolos a extensas jornadas de trabajo.

Los agentes iniciaron sendas investigaciones a raíz de una serie de informaciones que relacionaban estos dos negocios, uno con sede en la capital y otro en la cercana localidad de Carrión de Calatrava, con la contratación de inmigrantes en situación de vulnerabilidad, a quienes engañaban con la promesa de facilitarles en un futuro inmediato un permiso de residencia.

La investigación policial, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, permitió comprobar que ambos investigados, siendo conocedores de la situación de necesidad y la carencia de documentación de los empleados, los contrataban para trabajar en sus empresas sin horarios, sin cotización ni cobertura médica, y con jornadas laborales de hasta 14 horas diarias con un día de libranza semanal.

Se da la circunstancia de que uno de los investigados, con antecedentes penales previos por delitos violentos, fue detenido por la Policía Nacional por hechos similares el pasado mes de abril, cuando se pudo comprobar que regentaba un taller mecánico en el que presuntamente se cometían delitos de trata de seres humanos y explotación laboral a inmigrantes en situación irregular.

Tras su detención y puesta en libertad, esta persona trasladó sus operaciones a un nuevo local en la localidad de Carrión de Calatrava, donde continuó explotando laboralmente a nuevos inmigrantes, toda vez que eludía en la medida de lo posible el control policial de sus actividades.

En este nuevo taller, los trabajadores en situación irregular llegaban a trabajar hasta 84 horas semanales, con horarios en ocasiones de 08:00 a 22:00 horas, quedando dentro del taller cuando era cerrado al mediodía para trabajar bajo intimidaciones por parte del detenido. Además, dejaron de percibir el salario estipulado inicialmente de 60 euros diarios para, tras varias semanas, llegar a cobrar pequeñas cantidades de dinero que se redujeron finalmente a 15 euros semanales y asignaciones de comida.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que no conocía la propuesta del Gobierno de España para abrir un centro de acogida de emergencia de personas migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, pero ha rehusado hacer valoraciones hasta que no pase el Debate sobre el Estado de la Región que comienza este martes, según recoge EFE.

En declaraciones a los medios, minutos antes del debate, García-Page ha asegurado que "por supuesto" no conocía la propuesta del Gobierno, pero ha asegurado que "es el día de debatir con las diputadas y los diputados" y que "aunque sea por respeto, lo que tenga que hablar, debe ser en el Parlamento".

Desde la ciudad, el alcalde, Francisco Cañizares, ha apuntado que el aeropuerto podría llegar a acoger hasta 3.000 migrantes. El alcalde, en declaraciones a los medios, ha asegurado que así lo han manifestado ya organizaciones no gubernamentales que no ven bien esta medida "ni por el sitio, ni por el volumen" de personas de las que se habla.

Cañizares, además, ha apuntado que la maquinaria de la empresa pública Tragsa ya está trabajando en el aeródromo y realizan explanaciones donde supuestamente se instalarían los barracones en los que se acogería a las personas inmigrantes.

Respecto a esto, el alcalde ciudarreño ha asegurado que su Ayuntamiento, como ya ha hecho la Junta de Comunidades, está "en contra radicalmente de la implantación en el Aeropuerto de Ciudad Real de un centro que es un auténtico campo de concentración para migrantes". "El lugar no reúne las mínimas condiciones humanitarias para atender a esas personas, y es un territorio que sin duda no está preparado para asumir lo que la gente que nos han comentado llegará", ha denunciado.

Además, ha recordado que el aeropuerto de Ciudad Real es un Proyecto de Singular Interés regional, aprobado por la Junta de Comunidades, donde "no aparece reflejado, ni por asomo, la posibilidad de instalar un centro de estas características". "No está preparado, no está aprobado para ello, y sería una irregularidad en toda regla que se instale a personas", ha dicho.

El alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Junta de Comunidades, que tampoco había sido informada acerca del propósito, van a iniciar todo tipo de acciones para frenar este proyecto y ha avanzado que el Consistorio ha activado "todos los servicios" para ver "qué está pasando allí"

Además, ha avanzado que el Ayuntamiento contempla también tomar medidas judiciales, puesto que las máquinas han empezado a actuar y el Consistorio no ha concedido "ningún tipo de licencia", independientemente de que esa actividad no está contemplada en el Proyecto de Singular Interés del aeropuerto. Esto, para el alacalde, supone haber actuado "con mala fe y el oscurantismo que está rodeando esta operación".

Cañizares ha confirmado que este lunes habló con el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, sin que este le ofreciera ningún detalle de este proyecto, y también habló con el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, que le dio la información de la que disponía y le comentó que "tenían la misma sintonía" de que "no era un proyecto asumible ni para Ciudad Real ni para Castilla-La Mancha".

Por otro lado, en declaraciones a EFE, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha señalado que en la reunión que mantuvo el 1 de octubre la ministra de Migraciones, Elma Saiz, con las delegaciones del Gobierno, "ninguna delegación propuso nada", sino que fueron a "escuchar las líneas de actuación del Ministerio".

Estas mismas fuentes han precisado que en el encuentro no estuvo la delegada del Gobierno central en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, sino que la Delegación estuvo representada a través de un subdelegado. Además, han subrayado que "en ningún caso", se trasladó ningún acuerdo sobre el aeropuerto de Ciudad Real.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por su parte, han confirmado que el Gobierno central está valorando la posibilidad de abrir un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CEAD) de personas migrantes en el Aeropuerto de Ciudad Real, para atender de forma temporal a las personas llegadas a las costas del país.

El Gobierno central está valorando la posibilidad de abrir un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CEAD) de personas migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, para atender de forma temporal a las personas llegadas a las costas del país.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares (PP), ha censurado el proyecto de apertura del centro, afirmando que lo que "pretende construir" el Ejecutivo es "un auténtico campo de concentración para inmigrantes". En un comunicado de prensa difundido esta tarde, Cañizares ha declarado: "Se trataría de una medida indigna sin precedentes en nuestro país, adoptada de manera oscura, que trata inhumanamente a los inmigrantes, que carece de sentido en nuestro territorio y con la que estamos absolutamente en contra".

Asimismo, el Ayuntamiento ha mostrado su "total repulsa y preocupación ante la falta de información" por parte del Gobierno "sobre este proyecto y sobre la llegada de inmigrantes", lo que el Consistorio considera "una falta de respeto para con los vecinos en Ciudad Real". En este sentido, desde el Consistorio denuncian que el Gobierno ha actuado "sin contar con la administración local y, aparentemente, tampoco con la autonómica". Y han recordado que la administración regional no solo es la competente en el ámbito de atención a la inmigración, sino también la responsable de la autorización de uso de la infraestructura aeroportuaria, a la que se tendría que conceder un fin contrario al que se estableció en su momento.

También Vox, socio del PP en el Ayuntamiento, ha expresado su rechazo a esta opción. El teniente de alcalde, Ricardo Chamorro, ha subrayado que lo que Ciudad Real necesita son "soluciones a nivel de trabajo y de lucha contra la despoblación, en vez de plantear estas ocurrencias" y llevar a la provincia "este tipo de proyectos, que no traen absolutamente nada de desarrollo".

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado a EFE que están estudiando esta posibilidad, toda vez que han señalado que estas instalaciones tienen actualmente un "uso marginal". Estas mismas fuentes han precisado que se trataría de un centro de carácter temporal para atender la acogida de las personas llegadas a las costas españolas y derivadas desde Canarias, Baleares y otros puntos de llegada, como Murcia, Almería o Alicante.

El Ministerio está desarrollando los estudios y análisis pertinentes para concluir la definitiva idoneidad del proyecto y una vez que finalicen dichos informes de idoneidad, será confirmada junto con las principales características del centro en caso de ser definitivamente considerado viable. Por su parte, fuentes de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se han mostrado sorprendidas por la posibilidad que estudia el Ministerio de Inclusión y han calificado el proyecto de "despropósito".

El Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista Emiliano García-Page, considera "una barbaridad" que el Gobierno valore crear un centro de acogida de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, y cree que sería "casi un campo de refugiados".

Así lo han trasladado a EFE fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha, que justifican su rechazo a la iniciativa "no por los inmigrantes" sino "por dónde y cómo lo quieren hacer", y se quejan además de que no han contado con "ninguna información" por parte del Gobierno.

"¿Es mejor un barracón en un aeropuerto que tratar con dignidad a esos seres humanos en los recursos residenciales que tiene el Gobierno en toda España, también en Castilla-La Mancha?", se preguntan las mismas fuentes.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado a EFE que están estudiando esta posibilidad, toda vez que han señalado que las instalaciones aeroportuarias tienen actualmente un "uso marginal".

Estas mismas fuentes han precisado que se trataría de un centro de carácter temporal para atender la acogida de las personas llegadas a las costas españolas y derivadas desde Canarias, Baleares y otros puntos de llegada, como Murcia, Almería o Alicante.

El Ministerio está desarrollando los estudios y análisis pertinentes para concluir la definitiva idoneidad del proyecto y una vez que finalicen dichos informes de idoneidad, será confirmada junto con las principales características del centro en caso de ser definitivamente considerado viable.

La noticia se ha conocido en la víspera del Debate sobre el Estado de la Región de Castilla-La Mancha, que se celebra este martes y miércoles en las Cortes regionales.

Una mujer de 54 años de edad ha muerto este viernes presuntamente a manos de su marido, también de 54 años y que ya ha sido detenido, en la localidad ciudadrealeña de Aldea del Rey.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, la víctima y el presunto autor de los hechos estaban solos en el momento en el que ha ocurrido el suceso ya que su hijo, de ocho años de edad, se encontraba en el colegio.

Estas mismas fuentes indican que no existían denuncias previas por malos tratos y que la Guardia Civil ha establecido que se trata de un posible caso de violencia de género.

El Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso por estos hechos sobre las 9.55 horas en un domicilio de la calle Padre Jara de la localidad ciudadrealeña. Al lugar ha acudido la Guardia Civil y un médico de Urgencias.

La programación de actividades para mujeres promovidas por el Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real) han desatado un enfrentamiento con el PSOE, que ha acusado al alcalde, Javier Navarro Muelas (PP) de machista por su contenido. El político popular ha respondido a las acusaciones asegurando que el programa se remonta a 2022, cuando la formación socialista gobernaba este municipio manchego.

La polémica está en el tipo de cursos ofertados dentro del Programa de Actuación Comunitaria del Ayuntamiento, e impartidos en el Centro Municipal de Servicios Sociales, que incluyen Corte y confección, Manualidades, Cocina y alimentación, Restauración y tapicería, Peluquería, Telares y Estética.

Las críticas al consistorio, liderado en coalición por PP y Vox, no han tardado en llegar. Se han pronunciado varios cargos del Partido Socialista, entre ellos la consejera de Igualdad de la Junta, Sara Simón, quien a través de sus redes sociales ha calificado la temática como "un ataque intolerable" a la igualdad.

En la misma línea, la eurodiputada y vicesecretaria general y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha señalado que ha tenido que leer varias veces la programación para asegurarse "de que no se trataba de un recorte de La muchacha en el hogar", entre otras opiniones que recoge el tuit.

El regidor Javier Navarro ha respondido a ambas, también vía Twitter, advirtiendo de que se trata de un programa que viene ofertándose con los mismos contenidos desde, al menos, 2022. "Deberías echar un ojo a esta noticia", ha interpelado Navarro a Cristina Maestre. "Si no es suficiente podrías consultar las bases del 2023, firmadas por Inma Jiménez, todavía alcaldesa de Tomelloso", ha añadido, en referencia al gobierno de la anterior mandataria socialista de Tomelloso.

Asimismo, el alcalde ha apuntado que "no hay que retroceder un siglo, tan solo un año y ver que la programación es la misma que la que hacía el PSOE Tomelloso. No recordamos que por entonces os escandalizaseis. ¿Qué ha cambiado?", ha sentenciado.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de hacer públicas las 619 aportaciones que empresas, hospitales, colegios médicos, consumidores/pacientes, académicos y expertos le han enviado como respuesta a la consulta pública sobre seguros de salud que abrió el pasado marzo. La mayoría de quienes enviaron comentarios no han permitido a la CNMC publicar su identidad, aunque sí se han dado a conocer las patronales del seguro (Unespa) y de los grupos hospitalarios privados (ASPE), aseguradoras como Sanitas y Adeslas, la organización de consumidores Facua, los colegios médicos de Madrid y Barcelona y algunas asociaciones profesionales de ginecólogos, anestesistas, fisioterapeutas…

A tenor de la información suministrada por todas las partes implicadas y del funcionamiento del sistema que describen, la CNMC tiene mucho trabajo por delante. Según explican a infoLibre fuentes del organismo, el informe que saldrá del estudio de todas las aportaciones no estará listo hasta el año próximo, en una fecha aún por determinar. No es para menos, y no sólo por el volumen de comentarios, sino también por el conflictivo paisaje que dibujan: las compañías de seguros se quejan del elevado grado de concentración de los grupos hospitalarios, mientras que éstos señalan que las cinco principales aseguradoras copan el 74% del mercado. Se acusan mutuamente de imponer precios y condiciones fuera de mercado. Los médicos, por su parte, ya sea a través de sus colegios profesionales o de la asociación Unipromel, disparan a ambos lados y denuncian que no existe competencia ni entre las aseguradoras ni entre los grandes grupos hospitalarios. Y que ambos abusan de su poder de negociación.

“Es un cártel puro y duro, en el que los pagafantas son los médicos y los pacientes”, resume Juan Carlos Lluch Cerdá, corredor de seguros y uno de los participantes en la consulta pública de la CNMC. Lluch empezó en 2006 a asistir a personas y empresas “víctimas de malas prácticas” en el mundo del seguro, y hasta hoy han pasado por sus manos más de 15.000 casos, apunta. Por su experiencia, no duda en tachar de “oligopolio de aseguradoras y hospitales” el mercado de la sanidad privada en España. Un triángulo, el formado por compañías de seguros, grupos hospitalarios y médicos, además, muy mal avenido. “Son fuentes en tensión, y quienes sufren las consecuencias son el paciente, al que se araña la calidad de la cobertura, y los médicos, a los que los grupos hospitalarios quitan entre el 20% y el 50% de unos honorarios ya de entrada tercermundistas”, denuncia.

El objetivo de la CNMC al abrir la consulta pública es analizar “la concentración en la oferta de seguros sanitarios y en los servicios de asistencia sanitaria”, así como los efectos de “la integración y relación vertical” entre aseguradoras y hospitales. También quiere comprobar si hay “diferencias de poder negociador entre los diferentes agentes que intervienen en el sector, incluyendo a los facultativos y a los ciudadanos”. Y si se producen “asimetrías de información” para estos últimos.

Pues bien, según la mayoría de las aportaciones identificadas, existen evidentes problemas de competencia en la oferta de seguros y en los servicios sanitarios, agravados por la integración vertical entre unos y otros. Además, tanto aseguradoras como hospitales abusan de su posición de dominio a la hora de negociar precios y condiciones. Finalmente, la información facilitada a los ciudadanos a la hora de contratar una póliza de salud deja mucho que desear.

Por supuesto, tanto la patronal Unespa como Sanitas y Adeslas, las dos principales compañías por volumen de primas, sostienen que el mercado de los seguros de asistencia sanitaria en España disfruta de una “intensa competencia”. Para Adeslas –que pertenece a la Caixa y a Mutua Madrileña–, el hecho de que 10 aseguradoras se repartan casi el 80% de las primas no es síntoma de excesiva concentración, sino de concurrencia sin trabas. El número total de empresas en este sector es de 82, a cierre de 2022, según los datos de ICEA, el centro de estudios de las aseguradoras. Sanitas, por su parte, destaca como otra muestra de elevada competencia en el sector la gran movilidad de asegurados entre entidades –un extremo que niegan los médicos, Facua y los hospitales–. Unespa presume también de que, en los “múltiples” tipos de seguro de enfermedad existentes, se ofertan diferentes coberturas, con distintos cuadros médicos e infraestructuras, así como técnicas de tratamiento.

Por el contrario, a juicio de las compañías de seguros, es en los grupos hospitalarios donde se sufre un serio problema de concentración empresarial. Tan grave que, en algunas provincias de Castilla-La Mancha y Castilla y León, para algunos servicios sanitarios sólo hay un proveedor hospitalario privado, que cuenta, por tanto, con “un elevado poder de negociación”. Las compañías de seguros se quejan de que, en esos territorios, están “obligadas a llegar a acuerdos con dichos grupos sanitarios para prestar servicios a sus clientes”. Adeslas no duda en calificar de “monopolio” lo que ocurre en algunas provincias de las dos comunidades autónomas citadas. “Toda la oferta de servicios asistenciales hospitalarios privados, tanto de internamiento como de pacientes ambulantes, así como de medios de diagnóstico” se encuentra “en un único hospital o unidad de decisión”, describe la aseguradora de la Caixa.

Así, en Toledo y Ciudad Real es Quirónsalud el propietario del único hospital privado de la provincia. Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora y Cuenca sólo tienen también un hospital privado, pertenecientes todos ellos al Grupo Recoletas. En Valladolid hay dos, igualmente de este grupo. En León el único centro privado es del grupo HM. El Colegio de Médicos de Madrid cifra en un 50% la cuota del mercado español en manos de Quirónsalud. El de Barcelona destaca que, en esa provincia, el 74,36% de la oferta de camas la agrupan los cinco primeros grupos hospitalarios, y de esa cifra el 42,36% corresponde a Quirónsalud.

Según su página web, este grupo, propiedad del gigante alemán Fresenius, tiene 58 hospitales, además de 131 centros de salud. Un total de 8.267 camas. Es la empresa que más factura, 4.441 millones de euros en 2022, a considerable distancia de la segunda, Vithas, que con 18 hospitales y 2.155 camas tiene una cifra de negocio de 699 millones, de acuerdo con los datos publicados por la Fundación IDIS, que agrupa tanto a hospitales como a aseguradoras de salud. Vithas es propiedad de la familia Gallardo, dueños a su vez del laboratorio Almirall. El grupo HM cuenta con 21 hospitales y 22 policlínicos, gracias a los cuales ingresó 575 millones de euros en 2022. Riberasalud forma parte de Vivalto-Santé, el tercer grupo sanitario privado francés, y posee en España ocho hospitales y 1.056 camas. Es el tercero en facturación, con 585 millones de euros. Recoletas, que se presenta como una empresa familiar cuya presidencia ostenta Amando Rodríguez, ingresó 113 millones el año pasado gracias a sus ocho hospitales, según consta en su página web.

Esa concentración se agrava, desde la perspectiva de los médicos y de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), por la integración vertical de aseguradoras y hospitales, una tendencia que se ha acrecentado en los últimos años. Así, HLA, que pertenece a la aseguradora Asisa, es el mayor grupo hospitalario español propiedad de una aseguradora y el cuarto por facturación: cuenta con 18 hospitales e ingresó 576 millones en 2022. Sanitas también se ha lanzado a la caza de hospitales. Tiene cuatro, que suman 398 camas. La aseguradora Caser posee cinco, pero con menos camas, 185.

Según los grupos hospitalarios asociados en ASPE, la creciente integración vertical produce una “distorsión del mercado”, ya que, como sintetiza el Colegio de Médicos, “es una relación imposible porque tienen intereses contrarios”. “La compañía [de seguros] gana dinero cuando el paciente no gasta en el hospital y el hospital gana dinero cuando el paciente gasta en el hospital… Naturalmente, manda la compañía”, pero “pierde el paciente y el médico por cuanto se elimina la competencia”. Unipromel, la asociación que está liderando la guerra de los médicos privados, advierte de que, con la fusión de hospitales y aseguradoras, se impone al facultativo “la decisión que más conviene a la compañía [de seguros], no al paciente, con el fin de reducir costes”. Además, supone la desaparición de los médicos de ejercicio libre, lo que a su vez se traduce no sólo en una menor competencia sino también en una merma de la calidad asistencial. Porque, resalta, se sustituye la decisión del médico por la de la aseguradora o del grupo hospitalario.

Por el contrario, los grupos hospitalarios dicen que la concentración del mercado se da en el lado de las aseguradoras de salud. ASPE, utilizando otro informe de ICEA, eleva hasta el 84,26% la cuota de mercado de las 10 principales compañías de seguros de salud y cifra en 7.071,9 millones de euros la facturación de las cinco primeras, que copan el 74,47% del negocio. El poder de negociación que les otorga ese acaparamiento del mercado obliga a los hospitales a aceptar las condiciones que las aseguradoras les imponen, protesta ASPE. De hecho, abunda, las aseguradoras representan el 64% de la facturación de los hospitales privados.

En el punto de mira sitúan éstos, por ejemplo, el reciente acuerdo entre Sanitas y Generali, mediante el cual la primera ha pasado a gestionar las pólizas de salud de la compañía italiana, tras rescindir los contratos que había suscrito con diferentes hospitales para atender a sus 150.000 clientes. Desde el pasado 1 de enero, esos centros sanitarios tratan a los asegurados de Generali con las condiciones de Sanitas, con unas tarifas un 20% más baratas. ASPE ha denunciado el acuerdo ante la CNMC. Sanitas también acaba de comprar el negocio de seguros de salud de Asefa, especializada en el sector de la construcción, incluyendo sus dos centros médicos. La aseguradora, una histórica de la sanidad privada española, es propiedad desde 1989 de la British United Provident Association (BUPA). “Era la que mejor pagaba, pero desde que entró capital británico es tan agresiva como Adeslas o Asisa”, asegura Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel.

Guerrero, oftalmólogo con consulta en Sevilla, niega sin embargo que el conflicto entre aseguradoras y grupos hospitalarios sea real. “Es mentira, se llevan mal sólo de puertas afuera”, replica, “¡si están todos juntos en la Fundación IDIS!”. Creada en 2010, reúne tanto a las principales compañías de seguros de salud como a los grandes grupos de hospitales, con una misión: “Poner en valor la aportación de la sanidad privada” en España.

De hecho, Unipromel ha denunciado ante la CNMC tanto a Quirónsalud como a Sanitas y Asisa, en unos procedimientos que aún están pendientes de resolución. Juan Carlos Lluch advierte de que el mercado de la sanidad privada es un “castillo de naipes” que amenaza con desmoronarse. En su aportación a la consulta de la CNMC, Unipromel habla de una “burbuja” a punto de estallar. Guerrero avisa de que, si aseguradoras y hospitales se siguen negando a negociar, a partir de enero de 2024 se va a producir un “plante espontáneo” de los médicos privados. “Daremos al paciente su factura, con un precio muy razonable, y le diremos que se la reclame a su seguro”, explica el oftalmólogo. O se darán de baja si las aseguradoras pagan menos de una determinada tarifa.

Pero no es probable que acepten sentarse. Adeslas deja claro a la CNMC que las reivindicaciones colectivas de los médicos, “cada vez más agresivas y beligerantes”, incitan a transgredir la libre competencia. Los otorrinos de Badajoz, otras ocho especialidades en Sevilla, incluidos reumatólogos y pediatras, ya han decidido parar en enero, dice Guerrero. “Cuando lo hagan los ginecólogos, se va a liar; los traumatólogos sevillanos ya le han dicho a Sanitas que, o suben los baremos, o no operan”, avanza.

El oftalmólogo asegura que Asisa –“la que peor paga”– acaba de subir de 17,03 a 17,27 euros la consulta, 25 céntimos “después de 20 años”. Guerrero acusa a las aseguradoras de “meterse en las consultas” para decirles a los médicos lo que tienen que facturar. Con precios que no se han actualizado desde hace 30 años, cuando no a la baja desde que se instaló el low-cost también en el seguro de salud.

En España se pueden encontrar seguros de salud de 12 a 600 euros al mes, detalla Juan Carlos Lluch en sus respuestas a la consulta de la CNMV. Es decir, se venden pólizas “con bajo contenido asegurador, límites muy pequeños y escasas especialidades, tratamientos y tecnologías que, además, recurren a profesionales muy mal pagados”. Pero también otras que admiten libre elección de médico y hospital, tienen elevados niveles de calidad y tecnologías y tratamientos actualizados. Lo que está claro, comenta a infoLibre Lluch, es que si una compañía ofrece “el mejor seguro médico por 24 euros”, está engañando al consumidor. “Con una revisión ginecológica de calidad ya has rebasado esa cantidad”, recalca, “y desde luego no puedes tener un neurocirujano primera espada por 16 euros la consulta”.

Más aún cuando en España, con una sanidad pública universal de calidad pese a todo, la sanidad privada siempre ha sido un “producto suntuario”, precisa el corredor de seguros balear. “Quien recurre a ella busca una habitación privada, evitar las listas de espera, más calidad asistencial o acceso a ciertas tecnologías”, explica, “y eso no es low-cost”. Las aseguradoras, sin embargo, han emprendido “campañas de captación muy agresivas”, con pólizas muy baratas. Pero resulta que, si un paciente consume más del 65% de la prima anual, la compañía entra en pérdidas, señala Lluch, por lo que el negocio para ellas consiste en “quedarse con los clientes que no generan gasto, con los sanos, y echar al resto”. Y el problema es que el consumidor “no es consciente de a cambio de qué está pagando menos, no se lo dicen, y se entera en el peor momento de que el seguro no le cubre”.

Así, ASPE se queja ante la CNMC del lenguaje “muy técnico y complejo” utilizado en las pólizas, lo que impide que los ciudadanos entiendan cómo funciona el copago o qué tratamientos tiene cubiertos. Por el contrario, Adeslas defiende que la información de las ofertas de seguros es “clara y comparable”. “No es un producto especialmente complejo ni en su estructura ni en su redacción”, sostiene.

A juicio de Ignacio Guerrero, el sistema empezó a estropearse con la aprobación de la Ley Ómnibus de 2009, que prohibió a los colegios médicos fijar los precios de las consultas. Entonces, y pese a la gravísima crisis económica, “se dispararon las inversiones en la sanidad privada, tanto de los hospitales como de las aseguradoras, y el mercado no ha dejado de crecer un 10% anual”, recuerda. A día de hoy, 12 millones de españoles tienen un seguro de salud, el 25% de la población. Guerrero dice que el encarecimiento de la “mano de obra médica” por el que lucha Unipromel puede suponerle al sector un gasto extra de más de 1.200 millones de euros. “Los bajos baremos de la privada son lo mismo que los recortes en la sanidad pública, sólo que esos tienen mala prensa, mientras que, en la privada, el paciente no se entera”, lamenta.

No es de lo único de lo que no se entera el cliente. Juan Carlos Lluch resalta que, en las condiciones generales de las pólizas ofertadas por las seis principales aseguradoras se incluyen como exclusión en la cobertura las epidemias y pandemias. Pues bien, desde el covid, la contratación de seguros de salud se ha disparado un 20%. Lluch duda mucho de que quienes las han comprado sean conscientes de la existencia de ese vacío de cobertura.

La alcaldesa de La Solana (Ciudad Real), la conservadora Luisa Márquez Manzano, ha asegurado que los plenos municipales que se celebren en el Ayuntamiento del municipio ciudadrealeño se dedicarán "única y exclusivamente a asuntos locales y de la incumbencia del propio consistorio, dejando las expresiones de cualquier otro tipo, ya sean de luto, condena o recuerdo, para fuera del mismo", como es el caso de los minutos de silencio por las víctimas de la violencia de género.

En un comunicado remitido a los medios y recogido por Europa Press, la regidora de La Solana ha respondido así a la que considera "campaña malintencionada, sectaria y miserable del PSOE", que este miércoles denunció que una de las primeras medidas de la regidora ha sido eliminar el minuto de silencio que la Corporación municipal guardaba al comienzo de cada pleno en memoria de las victimas de violencia de género.

"Están utilizando un asunto de un calado tan importante y de una importancia tan relevante como es la violencia de género. Desde nuestro equipo de Gobierno no podemos más que lamentar que sus intereses partidistas estén por delante de los de la localidad y los solaneros", les ha reprochado.

"Que el PSOE de La Solana quiera utilizar esta decisión —la de eliminar esos minutos de silencio de condena— para crear polémica, hacer política y llevar a cabo una campaña cínica y poco responsable, no es más que la muestra de su nula capacidad de asumir los resultados democráticos que hace poco más de dos meses los sacaron del Gobierno municipal".

Dicho esto, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Solana, "con su alcaldesa a la cabeza", mantiene "con claridad que la violencia de género, su erradicación, condena y la lucha contra la misma es una prioridad absoluta". "Seguiremos trabajando para acabar con esta lacra a través del consenso y el trabajo conjunto con la sociedad con hechos", asegura.

Por ello, por medio de esta declaración institucional remitida a los medios, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Solana ha expresado su "rotundo y sin ningún tipo de reservas rechazo a la violencia de género".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de La Solana, Eulalio Díaz-Cano, denunció este miércoles la "actitud" del equipo de Gobierno del Partido Popular y en particular de su alcaldesa, Luisa Márquez Manzano, por adoptar entre sus primeras medidas la eliminación del minuto de silencio que la Corporación municipal guardaba al comienzo de cada pleno en memoria de las victimas de violencia de género.

Un acto simbólico que se venía realizando durante los últimos 12 años y con el que los gobiernos socialistas han dado, durante este tiempo, "visibilidad" al problema de la violencia de género, "mostrando la solidaridad de toda la corporación municipal, en representación de los vecinos y vecinas de La Solana, con los familiares de las mujeres asesinadas, 9 en el pasado mes de julio en nuestro país", según puntualizaba Diaz-Cano en un comunicado.

Asimismo, criticó el argumento ofrecido por la alcaldesa conservadora, que, tras ser interpelada por el Grupo Municipal Socialista, "equiparó este tipo de expresiones a la propaganda política".

En este sentido, el portavoz socialista quiso dejar claro que "la lucha conta violencia machista no debe tener color político" y, por tanto, "tendría que ser condenada por todas las formaciones", algo que "lamentablemente" a partir de ahora no ocurrirá con el Gobierno del PP de La Solana.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó el pasado domingo en sus redes sociales que está "recabando datos" de los asesinatos por "presunta" violencia de género de una la mujer de 46 años de Cádiz y de otra de 24 años de Ciudad Real. Este lunes ha añadido en sus redes sociales a la mujer asesinada en Tenerife como presunta víctima de violencia de género. De confirmarse los tres casos, se tratarían de las primeras víctimas del 2023 por violencia machista, según recoge Europa Press.

Además, en Roquetas de Mar (Almería) otro hombre ha sido detenido tras haber confesado el asesinato por estrangulamiento de una mujer después de haber mantenido relaciones sexuales con ella. En este crimen, la violencia de género "no es la principal hipótesis".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha abogado este domingo por "revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación" hasta evitar todos los asesinatos machistas tras conocerse los dos casos. "En investigación los primeros asesinatos machistas del año. Revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación hasta evitarlos todos. Pero no acabaremos con la violencia machista si no acabamos con el machismo: educación, prevención y feminismo hasta que no haya ni una menos", ha escrito la ministra en una publicación en su perfil de Twitter.

De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia machista ascendería a tres en 2023 (tres si se llegase a contabilizar el caso de Almería) y a 1.185 desde 2003. Los de Cádiz, Tenerife y Ciudad Real están en investigación y serían los primeros de este año tras un 2022 que terminó con casi medio centenar de mujeres asesinadas por violencia de género. Además, veníamos de un diciembre negro, en el que se registraron 11 asesinatos, la cifra mensual más alta desde que hay registros y que iguala a la registrada en diciembre de 2008, que ostentaba en solitario este triste récord hasta la fecha.

En más del 40% de los casos contabilizados en 2022 existía denuncia previa contra el presunto agresor, algo que ha preocupado a las organizaciones feministas que piden una mejor valoración del riesgo de la víctima y una mayor formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los jueces.

En el caso de Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María a un hombre de 40 años de edad como presunto responsable de la muerte de una mujer de 46 años de edad cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado en el interior de una vivienda en Valdelagrana con heridas de bala.

El presunto autor ha sido localizado y detenido sobre las 4:00 horas de este domingo tras la alerta de un ciudadano al escuchar disparos en un domicilio particular.

Sobre las 7:00 horas la Policía ha entrado en un piso ubicado en la Urbanización Bahía Sherry donde se encontraba en su interior el cuerpo sin vida de la mujer, la cual presentaba heridas como consecuencia de haber recibido algún disparo. La investigación continúa abierta a la espera de los resultados de la autopsia y de las diligencias tendentes a descubrir las circunstancias de este homicidio.

El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, ha informado que la Policía Nacional ha detenido a un segundo hombre por su presunta relación con este asesinato como testigo presencial del crimen.

Asimismo, ha detallado que el autor material tiene antecedentes por violencia de género por otra pareja anterior y el caso permanece en VioGén como caso inactivo. No obstante, el subdelegado del Gobierno ha señalado que la víctima no tenía interpuestas denuncias, por lo que no constaba en el sistema.

Con respecto al caso de Ciudad Real, el marido de la joven de 24 años que esta madrugada ha sido asesinada tras ser agredida con una arma blanca en la localidad de Piedrabuena ha sido detenido por su presunta relación con los hechos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, que no han precisado si la agresión ha tenido lugar en la calle o en un domicilio. Dichas fuentes tan solo han apuntado que se ha decretado secreto sobre las actuaciones y que aún no se puede hablar de violencia de género, pues hay abiertas otras líneas de investigación.

El alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, ha indicado que la joven no había solicitado ayuda a los servicios sociales ni al Centro de la Mujer de la zona por violencia de género. En declaraciones a Europa Press, el regidor también ha indicado que el hombre tienen una niña de tres años.

En Almería, la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Roquetas de Mar por matar a una mujer estrangulándola tras haber mantenido relaciones sexuales. Tanto el arrestado como la víctima no son de nacionalidad española. Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que la víctima y el presunto autor no tenían relación sentimental.

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Almería, María del Mar Esparza, a través de un mensaje en su perfil de Twitter ha confirmado que el hombre tenía antecedentes en VioGén en relación con otra mujer.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan, no obstante, que "no es la principal hipótesis" la violencia de género, sino "otro tipo de circunstancias", ya que "se está investigando si la víctima se dedicaba a la prostitución" y si esto pudiera tener relación o no con el trágico suceso.

El detenido como presunto autor del crimen sucedido en Adeje, Tenerife es un hombre de 44 años. Se trata del presunto autor del asesinato de su exmujer, de 46 años. Además, ha causado daños también a uno de los hijos de la víctima mientras este trataba de defenderla, según ha informado el diario Público.

El asesinato de una mujer de 48 años tras ser agredida con arma blanca este domingo mientras trabajaba en un restaurante de Tomelloso ha sido confirmada como caso de violencia de género, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Europa Press.

El cadáver del presunto responsable ha aparecido este lunes sin vida en un paraje del pantano de Peñarroya, en el término municipal de Argamasilla de Alba, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real. La Guardia Civil estableció desde el primer momento un operativo de búsqueda para la localización del presunto autor de un crimen que ya ha sido confirmado como un caso de violencia machista.

El suceso ocurría en un restaurante ubicado en la calle Cruz de Tomelloso. El cuerpo fue localizado en una de las dependencias del establecimiento sobre las 19.20 horas de este domingo y hasta el lugar se acercaron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, así como una UVI, que únicamente pudo certificar el fallecimiento de la mujer.

El levantamiento del cadáver se ha producido alrededor de las 01.00 horas de este lunes.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo pasadas las 9.30 horas de este miércoles al exalcalde del PSOE Joaquín Hermoso por las presuntas irregularidades cometidas en las obras del campo de fútbol de la ciudad, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Además del exalcalde socialista, se llevaron a cabo otras ocho detenciones. La investigación afecta a 17 personas en total y el Juzgado de Instrucción número 3 de Puertollano ha ordenado 19 registros en el Ayuntamiento, domicilios, empresas y despachos profesionales, según precisó en un comunicado la Policía Nacional.

La operación, que sigue abierta sin descartarse nuevos arrestos en los próximos días, se ha bautizado como Cerrú por ser el nombre como se conoce popularmente al estadio de Puertollano inaugurado en 2010 con un aforo que supera los 7.000 espectadores. Joaquín Hermoso, que está implicado en otros casos que han llegado a los tribunales como el de la construcción de una plaza de toros, impulsó esta obra como uno de sus proyectos estrella en su etapa como alcalde entre 2004 y 2013.

Según la Policía, los agentes de la UDEF buscan documentación por la construcción de este estadio de fútbol ante los indicios de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude y/o exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, cohecho, malversación de caudales públicos y/o blanqueo de capitales.

El vicesecretario de Organización del Partido Popular de Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, se mostró este miércoles muy crítico con las declaraciones del expresidente del Gobierno, José María Aznar, en las que se postulaba para dirigir un proyecto que aglutine el centro derecha español tras los casos de corrupción y la sentencia de la Gürtel, informa Europa Press.

En este sentido, Rodríguez consdieró que lo que es "lamentable" es que sea la persona que "en la boda de su hija estuvieron todos los que hoy están en la cárcel por procesos de corrupción" pretenda ahora dar lecciones al PP.

"El Partido popular es un partido limpio y serio. Me parece que debería ser más prudente, que aquí el centro derecha está representado por el Partido Popular", señaló el también portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ciudad Real y viceportavoz conservador en la Diputación provincial.

En este sentido, y a preguntas de los periodistas sobre la oferta de Aznar de encabezar un proyecto de centro derecha, Miguel Ángel Rodríguez  concluyó aseverando que "somos el partido que va a volver a ganar las elecciones y no necesitamos salvadores ni nadie que nos ayude de esa manera".

"No nos merecemos ese desprecio"

La diputada nacional del PP por la provincia de Cádiz, Teófila Martínez, firmó, "con todos" sus "respetos" a Aznar que "los militantes que llevamos tantos años o más que él en el partido no nos merecemos ese desprecio".

"He trabajado con él, ha sido mi presidente y ha sido compañero de partido, hemos trabajado muchos militantes, muchos diputados para que el PP llegara al Gobierno bajo un equipo que presidía Aznar, y creo que no nos merecemos ese desprecio", afirmó a pregunta de los periodistas Teófila Martínez.

En este sentido, insistió en que "aún agradeciéndole lo que hizo por el partido y por España, a estas alturas olvidarse de todos los miles y miles de militantes que trabajaron y pelearon para llegar al Gobierno de la nación y cambiar el ritmo de las cosas –con él como presidente–, no nos merecemos que se haya olvidado tan pronto de nosotros, de todo el trabajo".

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, quiere centralizar en su dirección algunas competencias que ahora dependen de las federaciones regionales de la organización. Así lo detalla el dirigente en un borrador de propuesta que se ha hecho llegar a la militancia para reformar las estructuras de IU, un texto en el que se plantea la desaparición de las federaciones con personalidad jurídica propia –como es el caso de la andaluza o la valenciana– y se abre la puerta a que la dirección de Garzón pueda echar mano de los recursos de las organizaciones autonómicas para saldar parte de la deuda que mantiene IU con los bancos.

El borrador elaborado por la dirección se debatirá por primera vez este sábado en la reunión que mantendrá la ejecutiva de IU, y posteriormente también se discutirá en la Asamblea Político y Social –el máximo órgano entre congresos de la federación– que tendrá lugar el próximo 12 de mayo, cuando también se deliberará sobre la confluencia para las elecciones de 2019. Fuentes tanto oficialistas como críticas hacen hincapié en que el documento es únicamente un primer esbozo de la reorganización de las estructuras de IU, si bien el sector contrario a los postulados de Garzón –que aglutina a algo menos del 25% de los principales dirigentes– critica que el coordinador está planteando una "recentralización" de la organización y el "vaciamiento" de sus órganos.

La meta que plantea en todo momento el borrador es la de "abandonar la estructura de partido político clásico y avanzar" hacia la de "movimiento político y social", uno de los ejes sobre los que Garzón construyó el programa con el que se impuso en la última Asamblea Federal de IU, celebrada en 2016. De hecho, se propone incluir esta identificación dentro de la "definición política" que encabeza los estatutos de IU, y también se plantea la necesidad de que estos estatutos recojan la "obligatoriedad del sufragio universal para todos los procesos internos y externos", la fijación de un sueldo máximo de tres salarios mínimos para los cargos "públicos y orgánicos" de IU o la construcción de "redes de activistas" compuestas por militantes y no militantes de IU que deberían funcionar como grupos de movilización social, al estilo de los círculos de Podemos.

No obstante, el cambio más relevante que propone el borrador tiene que ver con el funcionamiento de IU y, más concretamente, con el manejo de sus estructuras y direcciones. Actualmente, IU tiene una estructura federal en la cual la dirección de Garzón coordina 17 direcciones autonómicas con un notable grado de autonomía: algunas son ramas dependientes jurídicamente del tronco federal, pero otras –Andalucía, Comunidad Valenciana o Asturias– tienen personalidad jurídica propia, lo que les permite manejar sus propias cuentas o utilizar la marca y los logotipos de IU sin autorización expresa de Garzón.

"Centralizar los recursos" si es necesario

Y es precisamente con eso con lo que el coordinador federal quiere acabar, según fuentes próximas a Garzón para mejorar la eficiencia y la rendición de responsabilidades ante instituciones como el Tribunal de Cuentas. El efecto más evidente de ese "proceso de desaparición de las personalidades jurídicas de las federaciones" que se recoge en el borrador es que la dirección federal podrá disponer de los fondos de estas formaciones autonómicas que ahora tienen CIF propio. De hecho, así lo establece el propio documento al señalar que "los recursos de la organización están al servicio de toda la organización, han de servir para poner en marcha las políticas aprobadas y debemos garantizar que se implementa lo aprobado en todo el territorio".

Eso implica que Garzón podrá utilizar el dinero de las federaciones autonómicas para sufragar la deuda de IU, un objetivo recogido expresamente en el borrador. "Es necesario resolver la deuda de IU, un movimiento político y social que pretende cambiar la sociedad no puede tener deuda bancaria, por lo tanto modificaremos los estatutos para señalar mecanismos que permitan centralizar recursos si así fuese necesario", apunta el documento, que plantea igualmente la necesidad de "unificar la cuota de IU" para que los afiliados de todas las federaciones paguen lo mismo: cinco euros al mes.

Asimismo, Garzón propone crear dos fórmulas nuevas para participar en IU, que se añadirían a las de afiliado y simpatizante: las de activista –sin cuota– y activista afiliado –con una cuota de 24 euros anuales–. Según define el documento, los activistas serían aquellos "que se organizan de forma horizontal en torno a temas sectoriales y conflictos concretos", mientras los activistas afiliados serían militantes que ejercerían su actividad en las "redes de activistas" –los círculos– que pretende crear IU.

Los críticos rechazan el borrador

El texto distribuido entre las federaciones y la militancia es únicamente un esbozo, pero ya ha provocado el rechazo tanto de la principal corriente crítica, IU sí; con más fuerza –liderada por la eurodiputada Paloma López y que aglutina en torno a un 20% de la dirección– como de Izquierda Abierta, el partido de Gaspar Llamazares. Para los próximos a López, la propuesta de Garzón supone "el vaciamiento de las estructuras de IU" en virtud de una forma de organizarse similar al "centralismo democrático" propio de los partidos comunistas del siglo XX.

Fuentes de este sector aseguran que la propuesta busca concentrar el poder en la dirección federal en detrimento de las regionales, y sostienen que eso convertiría a IU meramente en una "marca", una "organización meramente nominal" a disposición de esta dirección. Además, estas fuentes aseguran que eliminar la personalidad jurídica de algunas federaciones para acceder a sus fondos no resolverá el problema de la deuda de IU, ya que "los recursos de las federaciones son muy relativos, porque están vinculados a los resultados electorales".

Izquierda Abierta, por su parte, también se muestra contraria a un borrador que considera "incompatible" con la "tradición" de IU, en palabras de Tasio Oliver, el único miembro de la formación en la ejecutiva federal. "Tradicionalmente la pérdida de autonomía y federalidad se ha utilizado para influir o supeditar a decisiones centrales las acciones, fórmulas y modelos locales", señala Oliver, que asegura que el modelo propuesto por Garzón "contradice la oferta política de IU para el Estado, que es el de una república federal" y lo compara con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Los 155 en lo político o la democratización de las pérdidas en lo económico no nos van a hacer menos partido y más movimiento político y social", critica.

No hay disolución, pero sí pacto con Podemos

Este borrador fue filtrado este jueves a El Mundo y la Cadena Ser, y la interpretación del diario fue la de que la propuesta de Garzón abría la puerta a la disolución e integración de IU en Podemos. El coordinador federal aseguró en Twitter que "en ningún caso" ese es el fin de la iniciativa y tachó de "inventada" la información. En una carta dirigida a la militancia este jueves, Garzón insistió en que "en ningún caso este proceso culminará con "la absorción" de IU en otras formaciones políticas. En este caso, la coincidencia tanto con Oliver como con las fuentes de IU sí; con más fuerza consultadas es total: el dirigente de Izquierda Abierta asegura que el borrador "no habla tanto de integración o desaparición como de recentralización", mientras que la principal corriente crítica sostiene que el problema no es la disolución de IU, sino su "vaciamiento".

El documento, en cualquier caso, será debatido primero este sábado en la ejecutiva y, posteriormente, en la reunión que mantendrá el 12 de mayo la Asamblea Político y Social de IU. El nombre de Podemos sí saldrá en esta segunda reunión, pero porque lo previsto es que para entonces se haya alcanzado al menos un principio de acuerdo con el partido morado que establezca las líneas maestras de la alianza que ambas formaciones suscribirán para presentarse unidas a las elecciones autonómicas, municipales y europeas de 2019.

Los secretarios de Organización de IU y Podemos, Ismael González y Pablo Echenique, se encuentran ultimando los detalles de un pacto que servirá como certificación por escrito de que ambas formaciones quieren concurrir unidas en 2019 y que servirá como base a los acuerdos que posteriormente tendrán que cerrar las direcciones autonómicas y locales de los dos partidos. Según explican fuentes de IU, el acuerdo será lo suficientemente abierto como para facilitar los pactos en el mayor número de lugares que sea posible, dado que la relación entre Podemos e IU es muy diferente en comunidades como Andalucía (donde existe una gran sintonía) y Asturias (donde las direcciones mantienen un enfrentamiento público), por no hablar del ámbito local, que especialmente en municipios pequeños funciona con sus propias dinámicas.

Así, estas fuentes sostienen que dos de los asuntos que más discrepancias generaban entre González y Echenique, la fórmula para realizar primarias y la marca de la confluencia, quedarán "suficientemente abiertas" como para poder presentar el acuerdo en mayo y que sean las direcciones autonómicas y municipales las que concreten el acuerdo en cada lugar. Desde el inicio de las negociaciones, IU ha exigido que se realicen primarias conjuntas, mientras Podemos ya ha aprobado su propio proceso de elección de candidatos en lugares como la Comunidad de Madrid. Asimismo, ambas formaciones han puesto como condición que su nombre esté presente en las papeletas de 2019.

Dos personas han perdido la vida este lunes tras arrollar un tren el turismo en el que se encontraban, situado en un paso a nivel sin barreras en la entrada de la estación del ferrocarril de la localidad ciudadrealeña de Almagro. Los fallecidos no han sido identificados aún.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, que añaden que el suceso ha tenido lugar sobre las 7.48 horas.

El accidente ha tenido lugar a dos kilómetros y medio de la estación de Almagro, y el tren ha arrastrado el vehículo 300 metros. Los hechos han ocurrido en un paso a nivel sin barreras entre las localidades de Bolaños de Calatrava y Almagro.

Al lugar de los hechos ha acudido la Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos, un médico de Urgencias y una ambulancia de Urgencias.

Un hombre de 46 años de edad ha sido detenido por ser el presunto culpable de matar a puñaladas a su pareja sentimental, de 46 años de edad, y a la hija de ésta, de 18 años, en la localidad ciudadrealeña de Daimiel.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en la región, que han indicado que a la espera de que concluya la investigación policial todo apunta a un nuevo caso de violencia machista.violencia machista

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, ha denegado a la empresa Quantum Minería –impulsora del proyecto de minería de tierras raras en el Campo de Montiel– el plazo adicional solicitado para elaborar un estudio de impacto ambiental que consiga la calificación de favorable para refrendar su idoneidad, informa Europa Press.

De esta manera, el plazo de tres meses concedido por el Gobierno autonómico a la empresa para cumplimentar este estudio el pasado 18 de noviembre culminará a mediados del mes de febrero, y no en abril como pretendía Quantum.

En la resolución que justifica esta denegación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno castellano-manchego esgrime como justificaciones que el proyecto "ha generado alarma social en la comarca", por lo cual "procede agilizar, en la medida de lo posible, la tramitación ambiental del mismo".

Añade la Junta que en los contactos mantenidos con el promotor previamente al envío del Documento de Alcance emitido por la Consejería de Agricultura el pasado 8 de noviembre ya se había acordado remitirle "informes y sugerencias relevantes" de entidades como la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el Instituto de Salud de la Universidad Carlos III, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Ministerio de Agricultura o del Servicio de Política Forestal de Ciudad Real.

Aprovecha la Administración regional para recordar que toda vez que transcurra el plazo máximo de tres meses desde la fecha de acuse de recibo del Documento de Alcance, se dará por desistida la petición de puesta en marcha del proyecto, y previa resolución se procederá al archivo del expediente.

Todo ello, según se recalca, a efectos previstos de la Ley de Procedimiento Administrativo y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Documento de alcance

Fue el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, quien el 8 de noviembre informó del Documento de Alcance enviado a la empresa por el cual el Gobierno regional consideraba que el proyecto de minería de tierras raras resultaría "inviable medioambientalmente"tierras raras, por lo que vaticinó que esta iniciativa no saldría adelante.

Este documento estaba elaborado por 22 organismo públicos y 44 colectivos y adjuntaba las firmas de 7.500 ciudadanos en contra del proyecto.

Entre los extremos expuestos por estos organismos que hacían desaconsejable la puesta en marcha del proyecto, afecta a zonas de hábitat del lince ibérico y del águila real; carece de recursos hídricos; o se presentan enormes riesgos para la biodiversidad de la zona.

El estudio de impacto ambiental que ha de preparar Quantum y para el que solo le restan unas seis semanas toda vez que la Junta le ha denegado ampliar este plazo en otras seis más debe de resolver todas estas cuestiones, según recordó el consejero.

Días antes de la intervención del consejero, el propio presidente autonómico, Emiliano García-Page, avanzó desde Puertollano la intención de su Ejecutivo de "impedir" que vengan empresas a la Comunidad Autónoma a "destrozar el medioambiente", por lo que avanzó que el Consejo de Gobierno pondría medidas con el citado Documento de Alcance para conseguir que no siguiera adelante.

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 10 confirmó la sanción de 10.000 euros impuesta a los propietarios de la finca de Cabañeros, la familia Aznar-Oriol, por excederse en las obras de construcción de un camino en pleno corazón del Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real. La sentencia, sobre la que ya no cabe ningún recurso, llega como respuesta al recurso que la familia había presentado tras conocer la sanción. 

En el 2014, Alejandro Aznar, marido de la expresidenta del Círculo de Empresarios , Mónica de Oriol, pidió una licencia para rehabilitar la vivienda original de la finca Cabañeros, propiedad de la familia del empresario situada en el Parque Nacional, un espacio altamente protegido. La Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional, integrada por dos representantes de la Administración General del Estado y dos representantes de la comunidad de Castilla-La Mancha, fue el organismo que dio luz verde a la obra de rehabilitación.  

Sin embargo, aprovechó las obras para construir al lado un aparcamiento y una explanada para eviscerar las reses cazadas en monterías. Ambas infraestructuras superan los 1.000 m2 cada una, a pesar de que la ley de creación de este espacio protegido prohíbe "la construcción o remodelación de edificios u otras infraestructuras para fines distintos de los tradicionales, al margen de los supuestos contemplados en la presente Ley", motivo por el que pesa sobre la empresa propietaria de la finca, Inmobiliaria del Bullaque, un segundo procedimiento judicial pendiente de resolución, al proponer el Ministerio de Agricultura 200.001 euros de sanción por las ireegularidades en las obras, sanción que también recurrieron los propietarios de la finca.  

Además de la construcción del complejo, uno de los caminos de acceso a la mansión fue modificado mejorando la calidad del firme hasta aparentar prácticamente una carretera. Unas labores que, en principio, excederían los trabajos de protección de la vía pecuaria, sobrepasando el límite en la anchura de la vía, algo que estaba prohibido expresamente, así como modificar el trazado o tocar la vegetación más allá de las cunetas que ya existían.

Las organizaciones Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF denunciaron la construcción de la pista por entender que afectaba de forma negativa al espacio protegido, motivando la sanción, posteriormente recurrida por la familia explotadora del latifundio, y ahora ratificada de forma definitiva por la Justicia. 

Las tres ONG ambientales denunciaron que el proceso de autorización de la pista, de unos 1,5 kilómetros, estuvo plagado de sombras e irregularidades, y que, en vez de colaborar con la conservación de este espacio, la empresa Inmobiliaria de Bullaque (titular de los terrenos) continúa presentando recursos contra las sanciones que se le imponen.

Las organizaciones se muestran especialmente molestas con el hecho de que tras haber recurrido en su día el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para Cabañeros, la empresa siga obstaculizando su aprobación hasta la fecha. Todo ello para después alegar, apuntan, que la ausencia de este PORN priva de efectos legales a la protección del Parque Nacional.