El Ministerio de Interior ha acatado la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y ha restituido al coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue cesado por pérdida de confianza como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por parte del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, según confirman fuentes de Interior a Europa Press.

Fue el pasado 28 de marzo cuando el Supremo dio la razón a Pérez de los Cobos, confirmando la sentencia dictada el 31 de marzo de 2021 por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 8 de la Audiencia Nacional, que declaró "ilegal" el cese del coronel al entender que la motivación no era "real" o, como poco, no se ajustaba "a la realidad".

Ya en junio, Pérez de los Cobos envió una carta a Grande-Marlaska en la que le reclamaba que "a la mayor brevedad lleve a punto y debido efecto lo ordenado por sentencia firme, disponiéndose lo oportuno para ser restituido en su puesto y funciones sin mayor dilación".

Interior tenía un plazo de dos meses para ejecutar la restitución de Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid. No obstante, fuentes del caso indicaron que el plazo se había dilatado porque empezó a contar desde que el fallo se notificó de forma efectiva al Ministerio del Interior. Se apuntaba así a una restitución "en torno a la primera semana de agosto".

Pérez de los Cobos fue cesado en mayo de 2020, concretamente un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma por la COVID-19 y de que agentes de la Comandancia de Madrid iniciaran una investigación --luego archivada-- por orden de una juez sobre la posible conexión de la manifestación feminista del 8-M y la expansión de contagios.

El cese de este coronel ha motivado una de las críticas recurrentes del PP, Vox y Cs a la gestión de Grande-Marlaska. El coronel alegó en uno de sus recursos que su cese era una "directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal", como hubiera ocurrido en el caso de "informar a los responsables políticos del Ministerio de Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva".

El juez Celestino Salgado declaró "ilegal" el cese del coronel al entender que la motivación no era "real" o, como poco, no se ajustaba "a la realidad". Luego, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dio la razón a la Abogacía del Estado en un primer momento, al considerar que no hubo "desviación de poder" por deberse a una pérdida de confianza. Lo contrario, adujo, supondría eliminar la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial.

Tras conocerse el fallo del Supremo, Grande-Marlaska aseguró que iban a cumplir la sentencia, aunque reiteró que la decisión de cesarlo estaba justificada por pérdida de confianza debido a la filtración del informe del 8-M y a que no comunicó a sus superiores la práctica de esta diligencia, como había hecho anteriormente con otras novedades. Según él, en ningún momento desde la cúpula de Interior el interés fue conocer "el contenido" de dicho de informe.

El ministro también aludió en el Congreso a la posible relación de Pérez de los Cobos con el mal uso de fondos reservados en la etapa del Gobierno del PP, ya que el coronel fue alto cargo en Interior --fue enviado a Cataluña por el referéndum del 1-O-- antes de jefe en Madrid. No obstante, luego Grande-Marlaska matizó que su intención no había sido vincularle directamente con el 'caso Kitchen'.

Sin duda el lector habrá adivinado que los personajes del tríptico son el coronel Pérez de los Cobos, la jueza Rodríguez- Medel y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El panel central lo ocupa, por méritos propios, la jueza Rodríguez Medel, y los laterales el coronel y el ministro. La jueza tomó en consideración la denuncia, manifiestamente infundada, de un abogado que pasaba por la plaza de Castilla, en la que se acusaba al presidente del Gobierno, al delegado del Gobierno en Madrid y a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio de Sanidad, de haber autorizado la manifestación del 8M, día de la mujer, que se celebró en Madrid en el año 2020 a sabiendas de que ya había surgido un brote epidémico de origen desconocido, así como su forma de transmisión hasta el punto que la Organización Mundial de la Salud no consideró declararlo como pandemia hasta el siguiente día 11 de marzo.  

En la mayoría de las ciudades de España, de Europa y del mundo se habían celebrado manifestaciones conmemorativas y no conozco que ningún juez de la Unión Europea ni ningún otro de los miles de jueces de instrucción de nuestro país, hayan iniciado unas diligencias penales por considerar que la autorización de las manifestaciones podría ser constitutiva de delito.  Según un auto del 23 de marzo, la juez pide a la Guardia Civil y a los forenses que practiquen una serie de pesquisas.   

En lugar de rechazar de plano una denuncia tan inconsistente, decide aceptarla a trámite, añadiendo por su cuenta la posible existencia de un delito de lesiones (por qué no de muerte) por imprudencia. Para establecer una conclusión definitiva, decide que el médico forense adscrito al juzgado emita un informe sobre si la manifestación supuso un riesgo evidente para la vida y  la integridad física de las personas, insinuando que el delegado del Gobierno conocía el peligro y a pesar de ello autorizó la manifestación. Pero lo más sorprendente viene a continuación, cuando acuerda que la Unidad de Policía judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid elabore atestado en el que se averigüe la información que podía existir en los archivos oficiales. Conociendo perfectamente que el coronel Pérez de los Cobos era el Jefe de la Comandancia, descartó la posibilidad de requerir el auxilio a cualquier otra unidad de la Policía Judicial, más especializada en asuntos relacionados con la salud pública. 

Después de muchas vicisitudes termina sobreseyendo provisionalmente las actuaciones porque estima que el delegado del Gobierno no tenía un conocimiento cierto, seguro y técnico de suficiente solvencia como para prohibir manifestaciones o concentraciones. Espero que, si alguna vez le toca la investigación de las causas del derrumbe de un puente o de cualquier otra edificación, encargue los informes al instituto Torroja u otros organismos técnicos y no convierta al coronel Pérez de los Cobos en especialista en resistencia de materiales.

Una vez terminada su función, desaparece de la escena y quedan los dos retablos laterales enfrentados el uno al otro: el coronel Pérez de los Cobos y el Ministerio del interior. Para opinar sobre la resolución judicial definitiva del Tribunal Supremo considero necesario repasar las normas que regulan, según la ley, el funcionamiento y organización de la Policía Judicial. 

La Constitución española, en su artículo 126, establece la creación de unidades de Policía Judicial dependientes de los jueces, de los tribunales y del Ministerio fiscal en sus funciones de averiguación del delito en los términos que la ley establezca.  La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la que regula la organización y funcionamiento de la Policía Judicial. En ella se establecen que la Policía Judicial depende orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los jueces y fiscales. El artículo 31.2 establece claramente que los órganos judiciales pueden solicitar la intervención de funcionarios o unidades orgánicas de la Policía Judicial pero no autoriza que los jueces designen directamente a ningún funcionario concreto o elegido selectivamente. Ahora bien, una vez designados no pueden ser removidos hasta que termine el procedimiento judicial si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente.

Consumada la designación unilateral, el Ministerio del Interior toma conocimiento de la decisión judicial y solicita información al coronel Pérez de los Cobos. Vaya por delante que, si la autoridad judicial hubiese declarado secretas las actuaciones, sería ilegal solicitar información sobre su contenido. En todo caso es exigible la neutralidad del Ministerio del Interior y la libertad de actuación de los componentes de la Policía Judicial.  Después de conocerse la filtración a un medio de comunicación de un informe confuso, delirante, lleno de bulos y de inexactitudes, el  Ministerio del interior decide cesar el coronel por pérdida de confianza.

Examinando los antecedentes que se contienen en las resoluciones judiciales que han abordado la legalidad o ilegalidad del cese, me parecen convincentes y contundentes los razonamientos de la sentencia de la Audiencia Nacional para justificarlo. Dice textualmente: ”En cuanto a la razón del cese indica que la pérdida de confianza es por la "no información" del "desarrollo" —no del contenido— de "investigaciones y actuaciones" llevadas a cabo por la Guardia Civil, todo ello en el amplio y, a veces, confuso "marco operativo y de Policía Judicial". Por tanto, hay motivación, es suficiente, la ha conocido el cesado sin que se pueda, conforme a la jurisprudencia, ir más allá del análisis de existencia de la motivación y de su suficiencia. Y, al quebrar la confianza, no tiene sentido la reincorporación al destino e imponer una relación profesional sustentada en la confianza”. Por si existía alguna duda añade que:” de la prueba se desprende que no hubo orden judicial que impidiese cualquier comunicación”.

Pero, en definitiva, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo. Examinemos la sentencia que anula el cese del coronel Pérez de los Cobos. Coincidimos con su declaración de que "en las resoluciones de cese en puestos provistos por el sistema de libre designación deben explicitarse las razones del cese evitándose expresiones opacas, estandarizadas, que puedan encubrir una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron a la elección". Nada tendríamos que objetar a este planteamiento si el resto del contenido de la sentencia no diese lugar a incertidumbres.

En síntesis, el cese se produce: “por pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento”. Se alega además que no se ha pretendido que el recurrente y los miembros de la UOPJ faltasen al deber de guardar rigurosa reserva, sino que hubo filtraciones.  

El Tribunal Supremo admite que la razón que dio la Administración para justificar el cese es confusa (no la tacha de falsa o caprichosa). Es evidente que la filtración a la prensa entraña una grave negligencia que constituyó el detonante del cese. En todo caso, no queda más remedio que cumplir la sentencia y restituir inicialmente al coronel Pérez de los Cobos a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos. Creo que, pase lo que pase, la confianza está perdida.

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José Antonio Martín Pallin es abogado y comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

El coronel Diego Pérez de los Cobos ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Nacional declarara en septiembre legal la orden que adoptó el Ministerio del Interior de cesarle del puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid. El cese se produjo cuando subordinados suyos investigaban bajo la dirección de una juez la posible relación de la manifestación del 8M de 2020 con el inicio de contagios por coronavirus. Ahora, el coronel ha decidido recurrir ante el alto tribunal, tal y como adelanta El Mundo y ha podido confirmar por fuentes de la defensa Europa Press.

Según este diario, Pérez de los Cobos recurre su cese por "arbitrario, delictivo y discriminatorio", e incide en que la Audiencia Nacional se apartó de la jurisprudencia que existe sobre la necesidad de motivar ceses de funcionarios públicos en puestos de libre designación.

Fue en septiembre cuando los cinco magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional consideró justificado el argumento esgrimido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aludió a la pérdida de confianza para acometer la salida del coronel. Señalaron que "habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino". Así, no veían lógico mantener "al interesado en el mismo" puesto "imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva". "Es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino", añadían.

Para la sala, esa pérdida de confianza llegó, como recuerda la sentencia, por la "no información" del "desarrollo" -y no del contenido- de "investigaciones y actuaciones" llevadas a cabo por la Guardia Civil. Todo ello, apunta, en el amplio y, a veces, confuso "marco operativo y de Policía Judicial". "En el presente caso", señalaron los magistrados, "no se discute la idoneidad del cesado, es decir, su capacidad profesional para ostentar dicho cargo, sino la pérdida de confianza, en la que las razones subjetivas de la autoridad que lo designó están amparadas por la decisión libre de cesarle".

En concreto, el cese fue ordenado un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma por el covid-19, dando paso a las críticas de los partidos de la oposición al entender que Grande-Marlaska apartaba a un oficial, con larga experiencia en la lucha antiterrorista y con un papel destacado durante el referéndum del 1-O, por no mantenerle informado de las pesquisas -luego archivadas- que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

La sala estimó de esta forma el recuso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, que alegó en representación del Ministerio del Interior que el cese de Pérez de los Cobos no supuso "desviación de poder" al deberse a una pérdida de confianza. Además, sostenía que con su decisión la Audiencia Nacional "eliminaba" la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial, de acuerdo al "juicio de confianza" que establezca la cadena de mando. En este sentido, la sentencia recoge que "no se advierte en el supuesto de autos desviación de poder" al "constatarse en la propia sentencia de instancia una justificación suficiente del cese en los términos señalados".

El escrito de apelación presentado por Interior ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo planteaba el desacuerdo remitiéndose a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y subrayando que en el relato de hechos de la última palabra el coronel Pérez de los Cobos "contradijo el resultado de la prueba practicada". "El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo", sostuvo.

En este sentido, Interior alegaba que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigación sobre el 8M antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta de una videoconferencia con la magistrada Carmen Rodríguez-Medel para "acelerar la investigación", de una conversación sobre el "plus de cautela" y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones.

Sobre el fondo del problema, que el ministro Grande-Marlaska quisiera conocer un informe que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid y a Fernando Simón en el curso de una investigación judicial, Interior también negaba su interés: "Estamos hablando de una información que ya había sido entregada a las partes personadas en el procedimiento -entre ellas, el Delegado del Gobierno- y había sido objeto de difusión en un medio de comunicación".

Revocada la sentencia que conminaba a reincorporar a Pérez de los Cobos

La decisión de la sala de considerar legal su cese también supone la revocación de la sentencia de 31 de marzo de 2021 del Magistrado Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, que había anulado la resolución administrativa, del Secretario de Estado de Seguridad, que dispuso el cese de Pérez de los Cobos como coronel jefe de la Comandancia de Madrid y la que la confirmó en alzada, del Ministro del Interior. Entonces, el magistrado Celestino Salgado declaró "ilegal" el cese del coronel al entender que "la motivación de la propuesta de cese" no era "real, o al menos no se" ajustaba "a la realidad". En ese momento, ordenó a Grande-Marlaska que reingresase a Pérez de los Cobos en su puesto.

La Audiencia Nacional rechazó ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló el cese rechazando de esta forma que pudiese reincorporarse inmediatamente a su puesto, al considerar que, de volver, cuando el fallo aún no era firme, podría causar un perjuicio de "imposible reparación" a quien ostentaba ese cargo. Por su parte, el coronel se defendió alegando en su recurso que su cese era una "directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal, como lo hubiera haber sido haber informado a los responsables políticos del Ministerio del Interior una investigación sometida a la más estricta reserva".

El titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha desestimado reabrir la causa contra la directora general de la Guardia Civil por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid una vez que la Audiencia Nacional concluyó que estaba suficientemente motivado.

En un auto de 16 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha rechazado la petición de la organización Manos Limpias de reactivar la investigación y ha decretado "el sobreseimiento libre y el archivo de las presentes actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado". Ha precisado, además, que "quedan sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieran impuesto con anterioridad".

Las diligencias de investigación tuvieron origen en la denuncia presentada por Manos Limpias el 3 de junio de 2020, pero se acordó el sobreseimiento provisional el 23 de ese mismo mes. Posteriormente, se solicitó el levantamiento del archivo por "hechos nuevos", en referencia a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 8 de la Audiencia Nacional por la que se anulaba el cese de Pérez de los Cobos por ser "ilegal".

Ahora, tras conocerse la resolución de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que revoca dicha sentencia, el juez ha acordado el archivo, tal y como ha adelantado El Periódico de España.

El magistrado ha concluido que aunque "podría considerarse" que se han producido "conductas irregulares o ilegales" por parte de la directora general de la Guardia Civil, "la realidad" es que la sentencia del pasado 15 de septiembre de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional "destaca la inexistencia de desviación de poder y que el cese del cargo estaba suficientemente motivado". En este sentido, el juez ha insistido que "no hay hecho nuevo que permita levantar el sobreseimiento provisional".

La conclusión de la Audiencia Nacional

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional declaró legal la orden que adoptó el Ministerio del Interior al cesar al coronel Pérez de los Cobos del puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid cuando subordinados suyos investigaban bajo la dirección de una juez la posible relación de la manifestación del 8M con el inicio de contagios de coronavirus.

Los cinco magistrados de la Sección Quinta vieron justificado el argumento esgrimido por el ministro Fernando Grande-Marlaska, quien aludió a la pérdida de confianza para acometer la salida del coronel. En esta línea, los jueces estimaron que "habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino".

"En el presente caso", indicaron los magistrados, "no se discute la idoneidad del cesado, es decir, su capacidad profesional para ostentar dicho cargo, sino la pérdida de confianza, en la que las razones subjetivas de la autoridad que lo designó están amparadas por la decisión libre de cesarle".

Así, la Sala estimó el recuso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, que alegó en representación del Ministerio del Interior que el cese de Pérez de los Cobos no supuso "desviación de poder" al deberse a una pérdida de confianza.

El cese en cuestión fue ordenado un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma por la covid-19. La decisión generó críticas de los partidos de la oposición al entender que Grande-Marlaska apartaba a un oficial, con larga experiencia en la lucha antiterrorista y con un papel destacado durante el referéndum del 1-O, por no mantenerle informado de las pesquisas -luego archivadas- que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Hablar de la causa sobre la posible incidencia de la manifestación del 8M en la pandemia de coronavirus es hablar de la primera investigación penal sobre la gestión de la epidemia y de los controvertidos informes que elaboró la Guardia Civil en sus labores de policía judicial. No duró mucho el caso, apenas unos pocos meses, pero la tormenta política que generó aún colea, año y medio después. ¿La razón? El cese del coronel del Instituto Armado Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y, por tanto, de los guardias civiles a cargo de esa investigación. En medio de la polémica, el Ministerio del Interior invocó "pérdida de confianza" para trasladar al alto mando. El pulso entre Pérez de los Cobos y el ministro Fernando Grande-Marlaska acababa de comenzar.

La casualidad ha querido que el enfrentamiento se haya dirimido justo cuando Grande-Marlaska es uno de los ministros más cuestionados por la derecha. Y a pesar de que un juez de la Audiencia Nacional había dado la razón al coronel, ahora una Sala de cinco magistrados de lo Contencioso-Administrativo acaba de determinar, por unanimidad, que el cese fue conforme a Derecho. La justificación de "pérdida de confianza" es, para el tribunal, argumento más que suficiente para llevar a cabo una medida que, según se puede concluir, fue puramente política y que correspondía tomar a los responsables políticos de Interior, pues el puesto de jefe de una comandancia de la Guardia Civil es de libre designación y su cese, también. Para los jueces, una vez "quebrada la confianza" no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino, pues la confianza es una cualidad que "acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino".

Los informes de la causa del 8M fueron encargados por la juez de Madrid Carmen Rodríguez Medel, que dio orden expresa a la policía judicial de guardar "rigurosa reserva" sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones y el Ministerio del Interior explicó días después del cese de Pérez de los Cobos que el detonante de su destitución no fue por una supuesta negativa del coronel a desvelar el contenido de los informes, sino que éste ofreció a sus superiores una versión distinta de la real. Un argumento que esgrimió la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional y que los magistrados comparten al confirmar que "la pérdida de confianza es por la no información del desarrollo, no del contenido, de investigaciones y actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil; todo ello en el amplio y, a veces, confuso marco operativo y de policía judicial". La fina línea entre "desarrollo" y "contenido" de las investigaciones es suficiente para que el tribunal niegue la ilegalidad del cese.

Bulos y declaraciones tergiversadas

La destitución de Pérez de los Cobos se hizo pública un 25 de mayo de 2020. Días antes, los guardias civiles a su cargo que se ocupaban de la investigación sobre la autorización de las marchas feministas del 8M en Madrid remitieron un informe al juzgado de Rodríguez Medel cuyo contenido se filtró sólo unas horas después a El Confidencial. El texto, de 83 páginas, venía a concluir que "no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19" y que "tampoco se deberían haber celebrado unas y cancelado otras, "como al final terminó ocurriendo", en referencia a la convocatoria de la marcha por el Día de la Mujer mientras se suspendía un congreso evangélico en la capital. Y no sólo eso, sino que señalaba también al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por haber tolerado la manifestación del 8M. De Simón llegaba a decir que algunas de sus declaraciones "implican un propio riesgo para la comunidad" y aunque no le atribuía ningún delito, tampoco a Illa, afirmaba que ambos conocían los riesgos y que aún así toleraron la marcha.

Aparte de las consideraciones políticas y de apuntar directamente a la cúpula del Ministerio de Sanidad, otros contenidos del informe pusieron en solfa las conclusiones de la Guardia Civil, que iban más allá de un informe puramente técnico sobre la posibilidad de que el ex delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco hubiese cometido un delito de prevaricación, que era el asunto central de la causa del 8M. Abundantes noticias de Okdiario, bulos sobre la pandemia que ya habían sido desmentidos o declaraciones tergiversadas de dirigentes del Gobierno de Pedro Sánchez también fueron incluidas en el documento.

Un par de ejemplos pueden servir de muestra. Junto al informe se entregó en el juzgado un vídeo emitido en la web de la Cope sobre un bulo viralizado por PP y Vox durante aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en el 8M de portar guantes para protegerse de contagios porque ya sabían que el covid-19 campaba a sus anchas, obviando que imágenes de otros años muestran que asistentes a las manifestaciones del Día de la Mujer portaban ya guantes de color morado de forma simbólica. En otro punto, se incluye una noticia de Okdiario que afirma que el entonces ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, había reconocido que la gravedad del coronavirus se conocía desde enero. Nada más lejos de la realidad: en una rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, había explicado que los investigadores españoles empezaron a trabajar activamente desde que se conoció la enfermedad en enero, pero el atestado policial concluía: "El Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus".

No tardó el coronel Pérez de los Cobos en echar su pulso particular al ministro Grande-Marlaska. Primero recurrió ante Interior; después, confirmada su destitución como jefe de la Comandancia de Madrid, acudió a la Audiencia Nacional. En primera instancia, un juez le dio la razón declarando ilegal la destitución, pero ahora, un tribunal de cinco magistrados ha revocado la decisión. Por unanimidad, lo que complica las expectativas que pueda tener el coronel en caso de que decida recurrir al Tribunal Supremo. Tiene treinta días para hacerlo. Destinado ahora en comisión de servicios a la Intervención Central de Armas y Explosivos en Madrid, ha tratado de ascender a general, algo que rechazó el ministerio. El enfrentamiento no ha terminado.

El procés y la operación Kitchenoperación Kitchen

Con una larga carrera en la Guardia Civil, Pérez de los Cobos –hermano del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos– fue asesor de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior, pero la salida del PSOE en 2011 y la llegada del PP al Gobierno no impidió que siguiera ejerciendo de consejero para asuntos de seguridad en este departamento, donde más tarde fue nombrado director del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Seguridad. Muy respetado entre sus compañeros, su nombre empezó a ser conocido en el marco del proceso independentista catalán al ser designado como coordinador del dispositivo policial que debía impedir el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Por esta actuación fue el testigo estrella de la Fiscalía en los juicios celebrados en el Supremo contra los dirigentes políticos que lideraron el procés, y en la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos d'Esquadra. Fue en este último proceso cuando llegó el que puede considerarse el primer revés judicial para el coronel: su versión sobre la actuación del mayor Josep Lluís Trapero, con el que tuvo una mala relación desde el principio, fue ampliamente contestada en la sentencia, que acabó absolviendo al ahora jefe de la policía autonómica. A diferencia de lo que mantenía el coronel, los dos tribunales concluyeron que Trapero no estaba alineado con los planes independentistas del Govern de Carles Puigdemont.

El juicio al mayor no ha sido la última visita de Pérez de los Cobos a la Audiencia Nacional. El coronel declaró como testigo en el marco de la pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la operación Kitchen, el operativo parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. ¿El motivo? Durante los siete años en que estuvo al frente del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Seguridad se encargó de visar los gastos de fondos reservados que le iban llegando de la Policía Nacional y la Guardia Civil. De este dinero público que se debe destinar a operaciones sensibles para la seguridad del Estado salieron los fondos para financiar el operativo ilegal. Su testimonio, según el cual él no conocía el pormenor de las operaciones, sirvió para poner en evidencia aún más el descontrol en la gestión del dinero, unos seis millones de euros, en el Ministerio del Interior. 

La Audiencia Nacional ha declarado este miércoles legal la orden que adoptó el Ministerio del Interior al cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos Pérez de los Cobosdel puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid cuando subordinados suyos investigaban bajo la dirección de una juez la posible relación de la manifestación del 8M con el inicio de contagios de coronavirus.

Los cinco magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ven justificado el argumento esgrimido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aludió a la pérdida de confianza para acometer la salida del coronel. En esta línea, el escrito señala que "habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino".

Así, no ve lógico mantener "al interesado en el mismo" puesto "imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva". "Es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino", añade. Y esa pérdida de confianza llegó, como recuerda la sentencia, por la "no información" del "desarrollo" -y no del contenido- de "investigaciones y actuaciones" llevadas a cabo por la Guardia Civil. Todo ello, apunta, en el amplio y, a veces, confuso "marco operativo y de Policía Judicial".

"En el presente caso", señalan los magistrados, "no se discute la idoneidad del cesado, es decir, su capacidad profesional para ostentar dicho cargo, sino la pérdida de confianza, en la que las razones subjetivas de la autoridad que lo designó están amparadas por la decisión libre de cesarle".

La sala no ve "desviación de poder" en su cese por parte de Interior 

En concreto, el cese fue ordenado un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma por el covid-19, dando paso a las críticas de los partidos de la oposición al entender que Grande-Marlaska apartaba a un oficial, con larga experiencia en la lucha antiterrorista y con un papel destacado durante el referéndum del 1-O, por no mantenerle informado de las pesquisasGrande-Marlaska -luego archivadas- que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

La sala estima de esta forma el recuso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, que alegó en representación del Ministerio del Interior que el cese de Pérez de los Cobos no supuso "desviación de poder" al deberse a una pérdida de confianzano supuso "desviación de poder". Además, sostenía que con su decisión la Audiencia Nacional "eliminaba" la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial, de acuerdo al "juicio de confianza" que establezca la cadena de mando. En este sentido, la sentencia recoge que "no se advierte en el supuesto de autos desviación de poder" al "constatarse en la propia sentencia de instancia una justificación suficiente del cese en los términos señalados". El escrito de apelación presentado por Interior ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo planteaba el desacuerdo remitiéndose a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y subrayando que en el relato de hechos de la última palabra el coronel Pérez de los Cobos "contradijo el resultado de la prueba practicada". "El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo", sostuvo.

En este sentido, Interior alegaba que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigación sobre el 8M antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta de una videoconferencia con la magistrada Carmen Rodríguez-Medel para "acelerar la investigación", de una conversación sobre el "plus de cautela" y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones.

Sobre el fondo del problema, que el ministro Grande-Marlaska quisiera conocer un informe que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid y a Fernando Simón en el curso de una investigación judicial, Interior también negaba su interés: "Estamos hablando de una información que ya había sido entregada a las partes personadas en el procedimiento -entre ellas, el Delegado del Gobierno- y había sido objeto de difusión en un medio de comunicación".

Revocada la sentencia que conminaba a reincorporar al coronel 

La decisión de la sala de considerar legal su cese también supone la revocación de la sentencia de 31 de marzo de 2021 del Magistrado Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, que había anulado la resolución administrativa, del Secretario de Estado de Seguridad, que dispuso el cese de Pérez de los Cobos como Coronel Jefe de la Comandancia de Madrid y la que la confirmó en alzada, del Ministro del Interior.

Entonces, el magistrado Celestino Salgado declaró "ilegal" el cese del coronel al entender que "la motivación de la propuesta de cese" no era "real, o al menos no se" ajustaba "a la realidad". En ese momento, ordenó a Grande-Marlaska que reingresase a Pérez de los Cobos en su puesto.

La Audiencia Nacional rechazó ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló el cese rechazando de esta forma que pudiese reincorporarse inmediatamente a su puesto, al considerar que, de volver, cuando el fallo aún no era firme, podría causar un perjuicio de "imposible reparación" a quien ostentaba ese cargo. Por su parte, el coronel se defendió alegando en su recurso que su cese era una "directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal, como lo hubiera haber sido haber informado a los responsables políticos del Ministerio del Interior una investigación sometida a la más estricta reserva".

El Gobierno expresa su respeto a las decisiones judiciales

El Gobierno ha expresado este miércoles su "absoluto respeto" a las resoluciones judiciales justo después de conocerse que la Audiencia Nacional declara legal la orden del Ministerio del Interior de cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos.

"Respeto absoluto resoluciones órganos judiciales", ha afirmado la ministra de Justicia, Pilar Llop, a su salida del Pleno del Congreso si bien ha reconocido que no había visto "nada de eso", dado que en ese momento se acaba de conocer la decisión judicial.

La Audiencia Nacional ha rechazado ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, rechazando de esta forma que pueda reincorporarse inmediatamente a su puesto, al considerar que, si volviera en este momento, cuando el fallo aún no es firme, podría causar un perjuicio de "imposible reparación" a quien actualmente ostenta ese cargo, según informa Europa Press. 

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 8 de la Audiencia Nacional dejó sin efecto el cese de Pérez de los Cobos ordenado por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar se produjo por cumplir con la ley y la orden de la juez del caso 8M, es decir, por no haber cometido un "ilícito penal".

Pérez de los Cobos pidió posteriormente al mismo juzgado, dirigido por Celestino Salgado, la ejecución provisional de la sentencia que anuló su cese, alegando que, si no se reincorporaba ya, podía sufrir un perjuicio irreparable por cuanto la firmeza de la resolución judicial podría llegar cuando ya hubiera pasado a la situación de reserva.

El magistrado coincide en que "es evidente" que Pérez de los Cobos ha sufrido un "perjuicio que continúa en el tiempo en tanto no se produzca dicha reincorporación al puesto del que fue cesado", pero ve igual de "evidente" que "dicha sentencia no es firme, por lo que eventualmente puede ser revocada" por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Así las cosas, el juez ha concluido que el regreso del coronel a su antiguo puesto, "si bien no podemos determinar en este momento que pueda abocar a situaciones irreversibles, sí es susceptible de producir perjuicios de imposible reparación", por lo que ha rechazado la ejecución provisional de la sentencia dictada el pasado mes de marzo.

Perjuicios a terceros

Salgado funda su decisión en que "la ejecución provisional sin duda produciría perjuicios a las personas que actualmente ocupan puestos en la Comandancia de Madrid y en la Intervención Central de Armas y Explosivos", donde también trabajaba.

Rechaza con ello uno de los argumentos planteados por Pérez de los Cobos, según el cual el hecho de que su sucesor como comandante de la Guardia Civil en Madrid, David Blanes, no se haya personado en esta causa significa que no cree que pueda sufrir perjuicio alguno. Solo pasaría a ser su número dos, apunta el coronel.

"Por el contrario", enmienda el juez, su vuelta "obligaría a una reorganización en la Comandancia de Madrid y en la Intervención Central de Armas y Explosivos, con la consiguiente afectación de personas que ocupan puestos en ambas y, eventualmente, en las evaluaciones por razón del puesto ocupado en las que sí priman las puntuaciones obtenidas en el proceso de evaluación".

Añade el magistrado que existe la posibilidad de que la sentencia sea tumbada en apelación, lo cual "determinaría una nueva reorganización del personal en los puestos de la Comandancia de Madrid y en la Intervención Central de Armas y Explosivos resultantes de la ejecución provisional".

Meras "expectativas"

Además, ha contestado a Pérez de los Cobos que es prematuro concluir que no podrá reincorporarse cuando la sentencia sea firme, señalando en este sentido que "su pase a la situación de reserva (...) se produciría el 13 de diciembre de 2024". "La posibilidad de que fuera admitido a trámite un eventual recurso de casación es una mera hipótesis que no podemos tener en cuenta en el momento actual", ha sostenido.

Asimismo, Salgado vuelve a responder a las razones expuestas por Pérez de los Cobos en su recurso, en los que defendió que el cese en dichos puestos le privaría de un eventual ascenso a general de brigada porque no podría sumar los puntos que percibiría por desempeñar esos trabajos y que le serían necesarios para seguir subiendo en el escalafón.

El titular del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 8 le ha recordado que "la posibilidad de ascenso al empleo de general de brigada es una mera expectativa" que, en cualquier caso, "no se produce por estricto orden de puntuación derivado del proceso de evaluación".

Se posiciona con la Abogacía del Estado

De esta manera, el magistrado ha acogido los motivos presentados por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Interior, para evitar la reincorporación inmediata de Pérez de los Cobos.

Los servicios jurídicos del Estado adujeron que la ejecución provisional de la sentencia ocasionaría "un importante perjuicio a varios miembros de laGuardia Civil,

a la organización de la Administración y, por extensión, al servicio que se presta al ciudadano, perjuicio que, además, resulta irreparable una vez que tenga lugar".

Y todo ello, apuntó, por "especulaciones sobre el sentido y la posibilidad de recurrir en casación una sentencia que aún no se ha dictado o tergiversaciones sobre la normativa y el funcionamiento del sistema de ascenso por elección al empleo de general de brigada".

Pérez de los Cobos fue cesado como jefe de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza al no informar de la presentación del informe del 8M ante la juez de Madrid que investigaba el inicio del contagio del coronavirus.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha descartado este martes la reincorporación del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que él mismo ha solicitado sin esperar al recurso del Ministerio del Interior recurso del Ministerio del Interiorcontra la sentencia de la Audiencia Nacional que anula su cese, hasta que haya una decisión judicial firme.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Gámez ha asegurado que la reincorporación de Pérez de los Cobos a su puesto al frente de la Comandancia de Madrid "es una cuestión que está todavía pendiente de decisión judicial", por lo que esperarán "a que los jueces resuelvan". "La primera decisión judicial está recurrida y cuando resuelvan definitivamente o nos indiquen que hay que ejecutarlo lo de manera provisional, pues actuaremos", ha dicho.

"Entre tanto no hay nada. No hay obligación de reincorporarlo a la Jefatura de la Comandancia de Madrid y seguirá prestando sus servicios como hasta ahora dentro de la Guardia Civil en otro área", ha añadido Gámez, que ha querido dejar claro que Pérez de los Cobos "realmente no ha dejado de estar en la Guardia Civil" porque "lo que se produjo fue su salida de la Comandancia de Madrid, por tanto estaba ejerciendo y sigue ejerciendo dentro de la Guardia Civil en otro destino".

La directora de la Guardia Civil se ha pronunciado de este modo cinco días después de que el coronel Diego Pérez de los Cobos haya presentado en la Audiencia Nacional una petición para reincorporarse a su puesto como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, cargo del que fue cesado cuando una unidad bajo su dependencia fue requerida judicialmente para investigar la posible relación entre la manifestación feminista del 8-M y el inicio de contagios de coronavirus.

Pérez de los Cobos solicitó el pasado jueves 6 de mayo su reingreso en la Comandancia de Madrid, sin esperar al recurso planteado por el Ministerio del Interior que, a través de la Abogacía del Estado, sostiene que el cese fue legal al ser cargo de libre designación y que no hubo "desviación de poder".

El cese del coronel se anunció en mayo, cuando estaba en vigor el real decreto del primer estado de alarma por el covid-19, y está en la actualidad pendiente de resolución por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, tras el fallo del juzgado número 8 de este órgano judicial que declaraba ilegal la destitución de este mando.

Fuentes de Interior ya avanzaron a Europa Press que se opondrán a través de la Abogacía del Estado a la ejecución provisional de la resolución de la Audiencia Nacional que daba la razón a Pérez de los Cobos. Entienden que no cabe aceptar su reingreso al haber sido recurrido y que, como se ha señalado en el recurso presentado, "se considera que el cese fue legal, motivado y ajustado a derecho".

En su recurso, de hecho, Interior justificaba el cese en una pérdida de confianza hacia Pérez de los Cobos, que antes de la Comandancia de Madrid estuvo en la Secretaría de Estado de Seguridad y fue asignado como coordinador del dispositivo para frenar el referéndum del 1-O en Cataluña.

El coronel Diego Pérez de los Cobos ha solicitado en la Audiencia Nacional su petición para reincorporarse a su puesto como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, cargo del que fue cesado cuando una unidad bajo su dependencia fue requerida judicialmente para investigar la posible relación entre la manifestación feminista del 8M y el inicio de contagios de coronavirus. Según ha adelantado eldiario.es y confirman a Europa Press fuentes jurídicas, el coronel ha solicitado este mismo jueves su reingreso en la Comandancia de Madrid, sin esperar al recurso planteado por el Ministerio del Interior que, a través de la Abogacía del Estado, sostiene que el cese fue legal al ser cargo de libre designación y que no hubo "desviación de poder".

El cese del coronel se anunció en mayo, cuando estaba en vigor el real decreto del primer estado de alarma por el covid-19, y está en la actualidad pendiente de resolución por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, tras el fallo del juzgado número 8 de este órgano judicial que declaraba ilegal la destitución de este mando.

Fuentes de Interior han señalado a Europa Press que se opondrán a través de la Abogacía del Estado a la ejecución provisional de la resolución de la Audiencia Nacional que daba la razón a Pérez de los Cobos. Entienden que no cabe aceptar su reingreso al haber sido recurrido y que, como se ha señalado en el recurso presentado, "se considera que el cese fue legal, motivado y ajustado a derecho". En su recurso, de hecho, Interior justificaba el cese en una pérdida de confianza hacia Pérez de los Cobos, que antes de la Comandancia de Madrid estuvo en la Secretaría de Estado de Seguridad y fue asignado como coordinador del dispositivo para frenar el referéndum del 1-O en Cataluña.

Interior alegó que el coronel, una vez iniciada la investigación del 8M -luego archivada- en la que se imputó al delegado del Gobierno en Madrid, "cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo", dejando de reportar a la cadena de mando sobre cuestiones relativas a la investigación judicial, algo que sí había hecho hasta en cuatro ocasiones antes, a pesar de que ya existía la orden de reserva por parte de la juez. El magistrado que ordenó el reingreso de Pérez de los Cobos en su puesto apuntó que, de las pruebas practicadas, la conclusión era que "no es cierto que el recurrente no informase del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". Por tanto, entendía que "la motivación de la propuesta de cese no es real, o al menos no se ajusta a la realidad".

Críticas tras el cese

El cese provocó una fuerte polémica por las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior, con peticiones reiteradas desde PP, Cs y Vox para que Marlaska dimitiera. En octubre, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó la denuncia presentada por Vox por la destitución al no apreciar delito de prevaricación en la actuación de la directora general del Instituto Armado, María Gámez, ni del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, remitiéndose a lo que decidieran los jueces de lo contencioso-administrativo.

El Ministerio del Interior nombró en junio de 2020 al teniente coronel David Blanes González como sustituto de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid. El coronel cesado, que fue destinado en comisión de servicios a la Intervención Central de Armas y Explosivos en Madrid, trató de ascender a general, algo que rechazó el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2020, se convocó la tradicional manifestación, que el Delegado del Gobierno permitió por considerar que no existía ningún peligro de alteración del orden público ni para las personas y para los bienes, como sucedía en otras manifestaciones y concentraciones que se celebraron en esa fecha: el mitin de Vox en Vista Alegre, partidos de fútbol y multitud de actos colectivos. Nadie podía esperar que la decisión de no oponerse al ejercicio de un derecho fundamental se convirtiese en un hecho presuntamente delictivo.

Nos encontrábamos en los albores de la aparición del virus covid-19 y el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, con fecha 2 de marzo, había calificado la situación, en general, como de riesgo, entre moderado y elevado. La Organización Mundial de la Salud, después de valorar todos los datos que había recibido de 114 países, el día 11 de marzo, declara el estado de pandemia. Estos datos, unos previos y otros posteriores al 8 de marzo, en cualquier sociedad estable, equilibrada y democrática, son suficientes para generar un debate, en términos estrictamente científicos y sanitarios, sobre las decisiones que se habían tomado en esa fecha y las que se deberían adoptar en el futuro.

Las decisiones pudieron haber sido erróneas pero, en mi opinión, en ningún caso delictivas. Después de una campaña mediática, centrada exclusivamente en la manifestación feminista del día 8 de marzo, se creó el clima necesario para que alguien tomase la iniciativa de presentar querellas o denuncias demenciales por estimar que se habían cometido posibles homicidios imprudentes, derivados de una decisión administrativa que se consideraba, inicialmente, como prevaricadora.

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid (que terminó archivando provisionalmente las diligencias), tramitó la denuncia, presentada a título individual por un abogado desconocido, que también se dirigía contra el Presidente del Gobierno, por lo que la remitió, en parte, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La jueza llegó a la conclusión de que el Delegado del Gobierno le iba a ocultar datos, quizá sin darse cuenta que lo estaba considerando ya como un posible delincuente que, con toda seguridad, trataría de eliminar las pruebas. Lo demostró, encargando sorprendentemente al Coronel Pérez de los Cobos para que nombrase una unidad de investigación que actuaría con riguroso secreto para evitar que el "culpable" pudiese manipular o destruir los datos que manejó para no oponerse a la manifestación, a pesar de que existía un riesgo de contagio.

Desconfía a priori del deber de lealtad, transparencia y objetividad del Gobierno, encomendando secretamente una diligencia sobre el curso que se dio "al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en lo que a España se refiere". En concreto, solicitó un informe sobre cuál fue el "órgano de recepción oficial de dicho informe en nuestro país, difusión que del mismo hizo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid (fechas, texto literal remitido)". Que cada uno saque las conclusiones que se pueden obtener de esta anómala actuación judicial. El informe elaborado, de ochenta folios, termina filtrándose a un medio de comunicación que como es lógico lo publica, sin que el Coronel Pérez de los Cobos diese explicación satisfactoria alguna sobre el origen de tan grave negligencia.

La Directora General de la Guardia Civil consideró que esta fuga de información justificaba suficientemente la pérdida de confianza en el Jefe de la Comandancia que, en cumplimiento de las normas reguladoras del régimen del personal de la Guardia Civil, había designado libremente. Lo sucedido implicaba, por lo menos, una negligencia merecedora de la revocación del nombramiento. El Ministro del Interior confirmó, en el ejercicio de sus atribuciones, que procedía la propuesta de cese.

Ante la demanda de la anulación del cese que presenta el Coronel Pérez de los Cobos, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo considera que el acto de cese es nulo por no estar suficientemente motivado, sin tener en cuenta la numerosísima jurisprudencia que consagra la libertad de decisión, en los casos de cargos de libre designación. Cualquier persona, sin necesidad de conocimientos jurídicos, puede comprender que si se tiene libertad absoluta para la designación, también se tiene para la destitución. El incidente me recuerda una divertida historia que me contó uno de sus protagonistas. El Presidente del Gobierno designó Ministro a un buen amigo que recibió el encargo con notable euforia y voluntad de trabajo. Pasado un tiempo remodeló el Gabinete y decidió cesarle. Recibió la noticia con evidente irritación. Enojado, decidió pedir audiencia al Presidente para que le explicase su pérdida de confianza. La respuesta que recibió no pudo ser más lapidaria y contundente: ¿Me preguntaste por qué te nombré?.

El proceso judicial sigue su curso y, como era de esperar, el Ministerio del Interior por medio de la Abogacía del Estado acaba de presentar el oportuno recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente y, entre otras alegaciones, acusa al Juez de haber vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva que merece la decisión del Ministro. Denuncia, y esto es más grave, que el Juez ha introducido en el relato de hechos probados manifestaciones de Pérez de los Cobos que "contradicen el resultado de las pruebas practicadas". Por supuesto también niega que se haya cometido una desviación de poder ya que siempre se actuó con arreglo a la normativa que rige los ceses por pérdida de confianza.

Vengo denunciando el exceso de intervencionismo o activismo judicial en casos en los que los hechos que se denuncian pertenecen al ámbito de las decisiones estrictamente políticas y esta es la razón por la que me he decidido a escribir estas líneas. Hemos visto numerosas resoluciones judiciales en las que se cesa a Presidentes de Autonomías o de los Parlamentos autonómicos por decisiones o actuaciones que entran dentro del campo de sus competencias, recibidas por el voto de la soberanía popular. Si seguimos por esta senda, sin objeción alguna por parte de los constitucionalistas o representantes políticos, caminamos hacia una subversión de los principios constitucionales que proclaman que la forma política del Estado Español es una monarquía parlamentaria. A la vista de lo que está sucediendo, realmente vivimos bajo una Monarquía judicial. 

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José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo, comisionado de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra y abogado.

La Abogacía del Estado ha presentado el recurso en representación del Ministerio del Interior contra la condena que anula el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, un escrito que alega que la Audiencia Nacional "elimina" la posibilidad de destituir del cargo a un mando de acuerdo al "juicio de confianza" que establezca la cadena de mando, según informa Europa Press. 

"Entiende esta parte que la Sentencia apelada ha superado los límites del control jurisdiccional en actos de esta naturaleza, eliminando cualquier espacio posible al juicio de confianza que el superior jerárquico puede y debe realizar con ocasión del nombramiento o cese de un subordinado en un puesto de libre designación y que no puede ser objeto de control jurisdiccional", señala el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press.

El recurso responde a la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que anulaba el cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid coincidiendo con la investigación por la posible relación entre la manifestación del 8M y el inicio de la pandemia de coronavirus.

El escrito de apelación presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo plantea el desacuerdo remitiéndose a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y subrayando que en el relato de hechos de la última palabra el coronel Pérez de los Cobos "contradice el resultado de la prueba practicada". "El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo", sostiene.

En este sentido, revela que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigación antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta una videoconferencia con la magistrada para "acelerar la investigación", de una conversación sobre el "plus de cautela" y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones.

"No es cierto que el demandante informase hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones. Dicha afirmación no es cierta se mire la prueba por donde se mire", se queja Interior.

La Abogacía continúa defendiendo la "inexistencia de desviación de poder", añadiendo que la motivación para el cese del coronel fue "real y legal", motivada en la "pérdida de confianza y el control jurisdiccional" de las investigaciones.

"Tampoco se ha buscado promocionar fraudulentamente a una persona que careciera de méritos suficientes u obtener del demandante una información de la que no podía disponer por ser ello ilícito. De hecho, en este último caso, lo lógico habría sido que se hubiese acreditado, aunque fuera mínimamente, la petición ilegal de información que se habría desatendido, , algo imposible de probar ya que no existió petición alguna", recoge el escrito.

"Estamos hablando", prosigue, "de una información que ya había sido entregada a las partes personadas en el procedimiento –entre ellas, el Delegado del Gobierno– y había sido objeto de difusión en un medio de comunicación".

Se informó en cuatro incidencias

El recurso expone de manera "clara y concisa" cuáles son los hechos relevantes que han resultado acreditados de la prueba practicada, empezando por el auto de 23 de marzo de 2020 del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que incoa diligencias previas por la posible comisión de un delito "únicamente frente al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo".

Citan en este punto la petición de la juez instructora de "guardar rigurosa reserva sobre la evolución" de la investigación, pese a lo cual la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid comunicó a la cadena de mando del Ministerio del Interior, a través del coronel Pérez de los Cobos, "incidencias de diversa índole hasta en cuatro ocasiones, nunca referidas al contenido de la investigación que se estaba llevando a cabo".

"La naturaleza de la investigación no implicaba que no pudieran recibir información alguna de esa investigación judicial", insiste. La decisión de cesar al coronel se adopta a partir del 22 de mayo de 2020, cuando apareció publicada una noticia en El Confidencialsobre las diligencias llevadas a cabo por la Policía Judicial, "apuntándose, entre otros extremos, a la posible responsabilidad de otros cargos como Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad".

El 24 de mayo, según el recurso, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, realizó una llamada al entonces Director Adjunto Operativo, el teniente general Laurentino Ceña, "a fin de aclarar si él era conocedor de que se habían entregado las diligencias referentes a la investigación". A través del Mando de Operaciones, se requirió explicaciones a Pérez de los Cobos que contesta que "ni conocía ni debía conocer nada".

La contestación no satisfizo al Ministerio del Interior, según detalla el recurso: "Esta fue la única respuesta ofrecida por el demandante a la cadena de mando en relación con su conocimiento sobre la entrega de las diligencias (no el contenido), después de haber informado a la cadena de mando sobre diversas incidencias de la investigación (hasta cuatro) y tan solo dos días después de que el contenido de esas mismas diligencias, practicadas por la UOPJ integradas en su Comandancia, se hubiese comunicado a todos los lectores del periódico digital 'El Confidencial".

"El mismo día 24 de mayo de 2020, el órgano competente acordó el cese del demandante por pérdida de confianza, que le fue notificado el día 25 de mayo de 2020", añade en su cronología de hechos en base a la versión de Interior.

Cese de otro mando

La Abogacía se apoya en la jurisprudencia y el cese de otro mando de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, por ser un puesto de libre designación. "El cese analizado viene regulado en la legislación específica aplicable al personal de la Guardia Civil; por tanto, la normativa general sobre ceses de empleados públicos (y la interpretación que de ella se haga por el Tribunal Supremo) no puede extenderse al personal de la Guardia Civil", alega.

La destitución se justifica en que en la Guardia Civil "radican los principios de disciplina y operatividad" y que dichos principios son defendidos en resoluciones como la del Tribunal Constitucional 323/1996, por lo que "siguen vigentes a día de hoy". "No nos encontramos ante un cese por falta de idoneidad, regulado en el artículo 83.3 de la Ley 29/2014, sino ante un cese por pérdida de confianza, regulado en el artículo 83.1 de la citada Ley. Debe así motivarse únicamente la competencia de la autoridad que adopta el cese", añade.

También rebate la supuesta desviación de poder: "No se ha hecho uso de la potestad administrativa para un fin distinto del legalmente previsto, sino como consecuencia de la disconformidad con el proceder del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que ha motivado la pérdida de confianza de la directora de la Guardia Civil, del secretario de Estado de Seguridad y del ministro del Interior".

"Ni la motivación recogida en la propuesta de cese y la resolución del recurso de alzada es intrínsecamente ilegal, ni los hechos acreditados y la legislación y jurisprudencia aplicables en materia de Policía Judicial nos permiten concluir que se haya exigido o esperado un comportamiento que habría sido ilegal", concluye.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado hoy desde Teruel que no tiene "ninguna voluntad" de dimitir después de la que la Audiencia Nacional anulara el pasado miércoles la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, según informa Europa Press.

Marlaska respondía así tras la decisión del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional de anular y dejar sin efecto el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid (Tres Cantos-Madrid), por lo que ha ordenado al Ministerio de Interior a su reingreso en el puesto.

"No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando", ha respondido el ministro, quien ha añadido que el Gobierno no hace valoración de resoluciones judiciales.

Ha recalcado, además, que el Ejecutivo ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución de la Audiencia Nacional, al ser preguntado si va a restituir al coronel en su puesto como jefe de la Comandancia de Madrid.

El magistrado Celestino Salgado explicó en su sentencia, hecha pública el miércoles pasado, que la decisión de cesar al coronel se motivó por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, con fines de conocimiento, todo ello en el marco de la investigación judicial por el 8-M abierta en el juzgado 51 de Madrid, que había impuesto a Pérez de los Cobos el deber de reserva.

Sin esperar al recurso del Gobierno o a que la sentencia sobre el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en la Comandancia de Madrid adquiera firmeza, Vox ha presentado ya una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y la directora del instituto armado, María Gámez, por obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación tanto por la destitución del coronel como por la posterior dimisión del DAO Laurentino Ceña.

La Vicesecretaría Jurídica de la formación de ultraderecha, que dirige Marta Castro, recuerda que hace un año ya presentó una querella por estos mismos hechos y fue archivada por no constituir delito ni aportar prueba suficiente. Ahora, tras la sentencia de la Audiencia Nacional pone de relieve que existe prueba de que el cese del coronel de la Guardia Civil fue “inmotivado, arbitrario” y, además, tuvo relación directa con “la petición de realización una actividad abiertamente ilegal”.

La resolución del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional, que deja sin efecto la destitución, estima que la "pérdida de confianza" alegada por Interior para cesar a Pérez de los Cobos el año pasado vino motivada por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial sobre la investigación judicial abierta al hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en el conocido como caso del 8M por la autorización de concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, al inicio de la pandemia.

En línea con esta argumentación, Vox considera que el verdadero motivo de la pérdida de confianza fue “no avenirse a acometer un acto manifiestamente ilegal solicitada desde las más altas instancias del Ministerio del Interior” y así lo refleja en su querella. En su opinión, esto “supone el reconocimiento expreso de la comisión del delito, del que resulta responsable Grande-Marlaska, del que se afirma que se constata la vinculación de los intereses ministeriales con un proceder arbitrario, con evidente desviación de poder, y, además, mentir públicamente, a la vista de las manifestaciones realizadas desde mayo de 2020”.

En el escrito que ha presentado Vox ante el Supremo, por ser el tribunal ante el que está aforado el ministro, se pone de manifiesto la posibilidad de otros delitos, como acoso laboral, aunque deberá ser el alto tribunal el que estime si es oportuno hacer el ofrecimiento al coronel de ejercer acciones como perjudicado e investigar los hechos. Eso sí, la Vicesecretaría Jurídica considera “difícil” evitar una investigación por prevaricación, obstrucción y represalias.

Entre las diligencias que propone el partido de ultraderecha están la remisión del expediente disciplinario completo, el procedimiento seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional, incluido un documento entregado en el mismo y clasificado como reservado, además de tomar declaración a la directora de la Guardia Civil, el secretario de Estado de Seguridad y el propio Grande-Marlaska.

Continúan las peticiones de dimisión

Mientras Vox recurre a los tribunales como respuesta a la sentencia de la Audiencia Nacional, PP y Ciudadanos han insistido este jueves en exigir la dimisión de Grande-Marlaska. Para la portavoz conservadora en el Congreso, Cuca Gamarra, "de hoy no debe pasar sin que el ministro del Interior abandone el Gobierno de España" y si él no lo hace, "debe ser cesado por parte de Pedro Sánchez".

"Es de máxima gravedad lo que ayer sentenciaba la Audiencia Nacional, un fallo que lo que dice es que, desde el Ministerio del Interior, con su máximo responsable, el ministro socialista Marlaska, se instó a un servidor público a cometer un ilícito penal, con el objetivo de conocer la investigación que se estaba llevando a cabo judicialmente por el 8M y que afectaba al Gobierno central. Sin duda alguna un varapalo que tiene que tener consecuencias políticas, porque lo que no puede ser es que un ministerio sea el que se inste al incumplimiento de la legalidad", ha remarcado.

Desde Ciudadanos, su candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha defendido a Pérez de los Cobos, al que ha definido como un "gran profesional con criterios técnicos y neutral que ha trabajado tanto con PP como con PSOE". La sentencia de la Audiencia Nacional, en su opinión, contiene afirmaciones "muy graves" sobre Grande-Marlaska, del que ha recordado que es "magistrado de carrera". "Debería poner su cargo a disposición e irse del Gobierno para no manchar el nombre de España", ha apuntado.

La Audiencia Nacional considera que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid (Tres Cantos-Madrid) es "ilegal", por lo que ha ordenado al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que le reingrese en su puesto.

El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia, que ha sido adelantada por El Mundo, en la que ha anulado y dejado sin efecto el cese de Pérez de los Cobos, estimando así su recurso contra la Resolución del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de 28 de julio de 2020 por la que se desestimaba el recurso de alzada formulado contra la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 24 de mayo que dispuso su cese.

Tras analizar los hechos y las resoluciones adoptadas en el cese, el magistrado Celestino Salgado afirma que la "pérdida de confianza" alegada por Interior para cesar al coronel vino motivada por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial sobre la investigación judicial abierta al hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, en el conocido como caso 8M por la autorización de concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, al inicio de la pandemia.

El cese fue por no accede a realizar un "acto abiertamente ilegal" 

El coronel alegó en su recurso que su cese es una "directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal, como lo hubiera haber sido haber informado a los responsables políticos del Ministerio del Interior una investigación sometida a la más estricta reserva".

El magistrado no asume este criterio, pues recoge sobrada jurisprudencia que señala que la destitución por pérdida de confianza en ningún caso significa una "sanción encubierta", pero sí asevera que la motivación del cese era "ilegal".

El juez de lo contencioso-administrativo afirma que la resolución impugnada no motiva suficientemente el cese ni cuenta con informes personales de calificación para ello, si bien apunta que "en nuestras normas no existe precepto alguno que imponga a priori una determinada extensión o un cierto modo de razonar".

"Ante tal vacío legal" sí considera "acertado y necesario" que este tipo de decisiones se motiven, pero subraya que la resolución en cuestión se remite a la propuesta de cese de la Dirección General de la Guardia Civil en la que sí se explican los motivos de la pérdida de confianza. "En definitiva, la motivación del cese existe, está explicitada y ha sido conocida por el interesado", concluye.

Así las cosas, la sentencia destaca que es en dicha propuesta de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, donde se explica realmente que la pérdida de confianza surgió porque Pérez de los Cobos no informó de la investigación que se llevaba a cabo en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, y cuyas diligencias fueron archivadas el 12 de junio.

La motivación de cese "no es real" 

El magistrado apunta que de las pruebas practicadas durante este procedimiento se ha concluido que "no es cierto que el recurrente no informase del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". Por tanto entiende que "la motivación de la propuesta de cese no es real, o al menos no se ajusta a la realidad".

Y es que, según relata en la sentencia el juez Salgado, Pérez de los Cobos afirmó que informó desde el primer momento, a través de la cadena de mando, de la existencia de diligencias de investigación en las que estaba incurso el Delegado del Gobierno en Madrid. No obstante, esta información dejó de ofrecerse cuando la juez de Madrid Carmen Rodríguez Medel recordó el deber de reserva que tenían los investigadores y ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones.

Por tanto, el juez de la Audiencia Nacional, que enfatiza que no es su deber buscar el "verdadero fin perseguido" del cese de Pérez de los Cobos, entiende que el "desencadenante" para tomar la decisión de quitar al coronel de la Comandancia no fue que no se informase de la existencia de una investigación.

Señala que el motivo fue "la filtración de un informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) –a quien la juez instructora del caso '8-M' solicitó un atestado sobre los hechos objeto de investigación– de la Comandancia de Madrid sobre dichas investigaciones judiciales sobre actuaciones que podían extenderse a otras personas".

Así ve "indiscutible" que, "a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la magistrada a la UOPJ, se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil".

Por tanto, concluye que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ como a sus superiores, en este caso al señor Pérez de los Cobos". "La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad", recalca el juez.

La sentencia añade que de haber informado de cómo se iba avanzado la investigación y actuaciones del conocido como caso 8M, el coronel podría haber cometido algún acto "constitutivo de un ilícito penal".

Reprocha argumentos de la Abogacía del Estado 

La sentencia también responde los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio del Interior, y reprocha que justifique la petición de información a Pérez de los Cobos era necesaria por motivos de "organización".

Según alegaron los servicios jurídicos del Estado, se trataba de conocer la "disponibilidad de recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para otras operaciones distintas a las de la Policía Judicial" y por ello considera que esta comunicación es "legal, imprescindible y esperable del cargo que ocupaba el recurrente".

El juez no da credibilidad a este argumento porque "es lo cierto que tal motivo no aparece –ni tan siquiera aludido– en ninguna de las resoluciones objeto de este recurso". Además, indica que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid estaba integrado por cinco agentes de la Guardia Civil y en ningún caso "requirió de medios materiales o programación para la explotación de la operación".

A todo ello suma la declaración como testigo del ex director adjunto Operativo (DAO) el teniente general Laurentino Ceña, quien dimitió un día después del cese de Pérez de los Cobos, que manifestó que "no era necesaria ninguna programación ni comunicación de explotación de la operación y que a efectos organizativos era innecesario que la cadena de mando comunicara a la Directora General de la Guardia Civil la existencia de la investigación, sino que se hizo así debido a la singularidad de la persona investigada".

El Gobierno ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional. "Desde el respeto a las decisiones judiciales, al discrepar con la resolución del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, se interpondrá recurso contra la misma a través de la Abogacía del Estado", ha informado el Ministerio del Interior tras conocer la sentencia que afirma que el cese "era ilegal".

Carta de cese y filtración 

El cese de Pérez de los Cobos se hizo público el 25 de mayo de 2020 e implicó la dimisión un día después del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña.

Al día siguiente de la dimisión del DAO fue relevado el otro teniente general al frente de las cuestiones operativas del Cuerpo, Fernando Santafé, Mando de Operaciones, y uno de los dos responsables –el otro fue el jefe de Zona en Madrid, José Antonio Berrocal– que precedió a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, en la llamada inesperada a Pérez de los Cobos en la tarde-noche del domingo 24 de mayo, cuando fue cesado a propuesta suya por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. En su primera comparecencia en rueda de prensa en Moncloa tras el cese del coronel, Grande-Marlaska encuadró el relevo de Pérez de los Cobos en una reestructuración de los cargos de confianza que se había suspendido por la pandemia de covid-19. Además, desligó el cese del informe de la Guardia Civil entregado a la juez del 8-M.

El 2 de junio, fuentes de Interior ampliaron su versión sobre el cese del coronel para asegurar que lo que se hizo fue "precipitar" su relevo como jefe de la Comandancia de Madrid tras la pérdida de confianza que supuso que este alto cargo de la Guardia Civil dejara de informar a sus superiores en la cadena de mando sobre trámites relacionados con la entrega de informes sobre la investigación judicial del 8-M y la imputación del delegado del Gobierno de Madrid.

Respondían de esta forma a una carta del cese de Pérez de los Cobos, donde se recogía que el motivo alegado a propuesta de la directora general del Instituto Armado –y avalado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez– era que se había negado a informar del "desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

El 3 de junio, en una nueva comparecencia en el Congreso, Grande-Marlaska relacionó el cese –como había hecho un día antes en el Senado– con la filtración del informe de la Policía Judicial remitido a la juez Rodríguez-Medel, y por el que se abrió una información reservada.

En la tribuna de la Cámara Baja el ministro alegó que fue su número dos quien firmó el cese y que él no quiso dar los primeros días detalles por respetar la "carrera profesional" del coronel y ante un posible recurso.

Pocas causas judiciales revelan tantas cosas como la operación Kitchen. Un extesorero imputado por la Justicia y espiado para saber si se había llevado información sensible sobre una supuesta contabilidad opaca del partido del que había sido despedido. Un grupo de comisarios que hicieron de la Policía Nacional su cortijo particular para supuestamente enriquecerse. Una cúpula del Ministerio del Interior imputada, la primera desde la época de los GAL. Y sospechas y más sospechas sobre la utilización de dinero público para presuntos fines personales y, además, ilegales porque habrían estado destinados a ocultar información a los tribunales. Ese dinero público son los fondos reservados que manejan tres departamentos del Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y cuyo control, ahora se ha visto, sigue siendo una asignatura pendiente para evitar que se destinen a fines espurios. La inestabilidad política no ayuda: estos gastos llevan año y medio sin ser controlados por el Congreso.

Que se sepa, para la operación Kitchen se destinaron al menos 53.000 euros entre 2013 y 2015 salidos de los fondos reservados destinados a Interior para pagar a Sergio Ríos, antiguo chófer de Luis Bárcenas, fichado como confidente de la Policía para ayudar en la tarea de espionaje. Según la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional desde hace dos años, Ríos habría cobrado 2.000 euros al mes por su trabajo justificados con recibís rellenados y firmados a mano, un modo de hacer no poco sorprendente teniendo en cuenta que hablamos de un ministerio tan sensible, una documentación que la Fiscalía Anticorrupción constata que "no se ajustaba a la normativa legal que regulaba esos fondos desde 1995".

Tirando del hilo, el juez Manuel García Castellón y los fiscales anticorrupción encargados del caso han destapado, según el sumario de la causa, un “clan policial mafioso” y una operación policial "intrínsecamente ilegal" que fue posible gracias "a las disfunciones e irregularidades en la gestión y el control" de los fondos reservados. Los antiguos responsables de la Policía de este dinero público –uno de ellos se autodenominó “cajero”– fueron preguntados en sede judicial por la Kitchen, pero sus respuestas revelaron un modus operandi que han ido heredando unos de otros, por lo que cabe deducir que esta forma de trabajar no se circunscribió a los años de espionaje a Bárcenas, sino que es la habitual desde hace tiempo, tanto con gobiernos del PP como del PSOEmodus operandi.

Los sucesivos escándalos de uso fraudulento de fondos reservados que se hicieron públicos en la primera mitad de los noventa llevó al Gobierno de Felipe González a promulgar en 1995 una nueva Ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, así como una posterior orden ministerial del entonces jefe de Interior, Juan Alberto Belloch, con las normas internas de gestión, documentación que obra en el sumario de la pieza que investiga la operación Kitchen. En esa orden se deja muy claro que “toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, tendrán la calificación de secreto”.

Casi 28 millones de euros para 2021

Obviamente, nadie duda de que operaciones como las que se sufragan con gastos reservados no deben ser de dominio público, pues se trata de operativos antiterroristas o relacionados con la seguridad del Estado. Sin embargo, lo que la Kitchen ha revelado es que la orden ministerial no ha servido para evitar que personas concretas manejen irregularmente unos fondos que este año han alcanzado los 27,86 millones de euros, cantidad que prevé mantenerse en 2021, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se está tramitando en el Congreso.

Reveladoras sobre ese descontrol han sido las declaraciones de los mandos policiales imputados y no imputados que han pasado por la Audiencia Nacional y que se conocieron tras el levantamiento del secreto de la pieza 7 del caso Villarejo que investiga la operación ilegal para espiar a Luis Bárcenas y su entorno familiar. Lo que dijeron José Manuel Benavides, secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a lo largo de siete años hasta el otoño de 2013, y su sucesor, Enrique Lacasa, revelaron un modo de trabajar y gestionar los fondos reservados nada escrupuloso y sobre el que juez y fiscales no pudieron esconder su sorpresa.

La orden ministerial de 1995 habla de “cajas” en las que se reparten los fondos reservados solicitados por las unidades operativas y cuyo control consiste en comprobar que, “a partir del saldo del mes anterior, más las entradas menos las salidas, la cifra resultante coincide con las existencias”, y que “tanto la entrada está justificada con el recibí del responsable de la caja como las salidas están soportadas con los recibís de las personas receptoras, cuadrando todas las cifras”. Igualmente “se verificará que la justificación del empleo de los fondos está firmada por la persona autorizada”.

Benavides explicó el sistema que él manejó. Según él, “las unidades operativas comunicaban a la secretaría general la cantidad que necesitaban para el mes siguiente” y ese dinero era el que él solicitaba a la Secretaría de Estado de Seguridad. El que entregaba los fondos era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, cargo que desempeñó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos durante parte del tiempo en el que se extendió la operación Kitchen. Los fondos se entregaban en metálico y el propio Benavides firmaba el “recibí”, tras lo cual los repartía a las unidades que los habían reclamado para sus operaciones.

Ni preguntaba ni quería saber

De su explicación se desprende que nunca tenía el detalle del destino del dinero. Lo que hacía era justificar lo solicitado en un libro de contabilidad, pero sin especificar para qué. Tanto Benavides como Lacasa subrayaron este detalle: “Ni quería saber ni preguntaba para qué era ese dinero”, dijo el segundo. Lo que se pedía, lo que se recibía de Interior y lo que se gastaba era apuntado en un libro de contabilidad con conceptos genéricos que impiden saber si el dinero reclamado era gastado en el desarrollo de las operaciones para las que en teoría iba destinado.

Miguel Ángel Bayo, asesor jurídico de la DAO durante más de treinta años que declaró como testigo, confirmó este modo de hacer: “Te dan cuarenta y tienes que responder de cuarenta. Y que cada palo aguante su vela”, dijo sobre el funcionamiento de la salida y entrada de fondos reservados, que gestionó durante un tiempo tras la jubilación de Lacasa, en referencia a que no se daban detalles del destino del dinero.

Los recibís son firmados a mano y el dinero entregado se apunta en unos cuadros diseñados y anexos a la orden ministerial de Belloch en los que se indican importes, fechas, conceptos o la unidad receptora. Para solicitar los fondos, hay otro cuadro en el que se deben escribir conceptos como “pagos a colaboradores fijos”, “pagos a colaboradores ocasionales”, “actividades de investigación”, “adquisición de equipos y materiales”, “gastos de exterior”, “gastos por servicios extraordinarios”, “bases operativas en Madrid”, “bases operativas en el resto de España” o “bases operativas en el extranjero”, entre otros. De lo declarado por los secretarios generales del DAO, se deduce que este trabajo no se cumplió, al menos en lo que respecta a Kitchen.

Para empezar, el nombre de la operación no aparece por ninguna parte en la documentación que el magistrado García Castellón solicitó al Ministerio del Interior que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska. "Revisada la documentación obrante en este centro gestor de fondos reservados de los servicios centrales, y correspondiente a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional para los años 2013 a 2015, no consta ninguna correspondiente o que haga referencia a una operación policial denominada KITCHEN, COCINERO, COCINA o K", explica el oficio, de fecha 15 de noviembre de 2019.

Pero los investigadores tienen constatado que el operativo para espiar a Bárcenas y su familia se puso en marcha, se desarrolló y tuvo éxito en la medida en que hubo seguimientos, le robaron material como dispositivos electrónicos y disponen de grabaciones incautadas a Villarejo en las que se escucha a los implicados hablar del asunto. Así lo reflejan juez y fiscales en todos sus escritos, en los que remarcan el carácter ilegal y al margen del control judicial del operativo.

Aparte de esa contabilidad tan poco exhaustiva, la investigación de la operación Kitchen ha revelado que el propio DAO en aquellos años, Eugenio Pino, daba sus propias órdenes a sus secretarios generales para que entregaran determinadas cantidades a altos mandos policiales como los comisarios imputados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, éste último exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), cantidades que también quedaban reflejadas en un recibí, pero ni Benavides ni Lacasa sabían a qué destinaban ese dinero. Al ser preguntado, el segundo destacó que se trataba de “un policía de mucho prestigio” y no tenía por qué dudar de que tuviese una asignación especial.

Cuestión de confianza

Si los que debían gestionar los fondos no tenían el detalle, los mandos superiores del Ministerio del Interior alegan que ellos, mucho menos. Ni el exministro Jorge Fernández Díaz ni el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos imputados, se hacen responsables: ambos han negado por dos veces al juez que nunca conocían el detalle de lo que se gastaba o dejaba de gastar en las operaciones policiales. Es decir, que una cosa es que el dinero saliese de su departamento y otra cosa que estuvieran en el pormenor de cada desembolso. Ni siquiera el hombre encargado de dar el dinero a las solicitudes que se hacían desde la DAO, el coronel Pérez de los Cobos, estaba al tanto de las particularidades, tal y como dijo en la Audiencia Nacional en su declaración como testigo.

Según el coronel de la Guardia Civil, el sistema funciona de abajo a arriba y si la información que se iba transmitiendo desde las unidades hasta el ministerio contaba con las autorizaciones oportunas, el dinero se entregaba. Lo mismo que declaró Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017: “Hay que apelar a la honradez, buena fe y legalidad del funcionario”, explicó, para aclarar también que él nunca supo nada de una operación Kitchen.

En la orden ministerial de Belloch también se establece un control parlamentario de los fondos reservados. “Semestralmente, se informará a la comisión parlamentaria, creada para el control de estos fondos, sobre la aplicación y el uso de los correspondientes fondos presupuestarios. Dicha información se referirá a los gastos efectuados durante el período, clasificados orgánicamente, hasta el nivel de Dirección General”, explica. Son tres departamentos del Gobierno los que gestionan este tipo de dinero público, Interior, Exteriores, Defensa, además del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Desde su creación, la Comisión de control de los Gastos Reservados del Congreso de los Diputados, a la que acude un representante de cada grupo parlamentario, se venía reuniendo cada seis meses y acudían los distintos responsables de los departamentos encargados, siempre a puerta cerrada por la sensibilidad de la información que se transmite. Sin embargo, la última vez que se convocó fue el 3 de marzo de 2019, justo antes de la disolución de las Cortes antes de las elecciones generales de abril.

Ya no ha habido más comparecencias, según informó Europa Press. El Congreso surgido de esos comicios, que dio paso a una legislatura de apenas cinco meses, ni siquiera se llegó a plantear la posibilidad de constituir la citada comisión, pero tampoco en la presente, que arrancó hace diez meses. Así las cosas, ya va para un año y medio que la Cámara no controla la labor de los servicios de inteligencia españoles y los fondos reservados. El problema es que, según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos, esto es, de 210 votos, algo que resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y el clima político actual no parece muy propicio: los vetos de unos y otros hacen imposibles formar la comisión creada para controlar la labor de los servicios de inteligencia españoles y los fondos reservados.

La comisión del Congreso, un “paripé”

Controlar o al menos parecer que lo hace. Según un antiguo miembro de la comisión consultado por infoLibre, los comparecientes solían hacer “intervenciones muy genéricas” de los temas sobre los que trabajaban sus respectivos departamentos con cargo a los fondos reservados, la mayoría de los cuales se referían a estrategia antiterrorista o de seguridad nacional. No se entregaba nunca documentación y los portavoces podían preguntar algunos asuntos concretos, pero raramente se daban datos muy específicos. En ningún caso se daban los nombres de las operaciones en marcha ni detalles sobre informantes.

En su opinión, la comisión no sirve para lo que fue creada, es decir, controlar la gestión de los fondos reservados. “Al final, la sensación que nos quedaba es que todo era un paripé. Era algo bastante protocolario y nunca nos quedaba claro a qué se estaba dedicando el dinero”, subraya. Tampoco percibió grandes diferencias entre el funcionamiento y la información que se daba en la comisión con gobiernos del PSOE y del PP.

La X de la operación Kitchen sigue sin despejarse. Si acaso, las últimas diligencias practicadas en la Audiencia Nacional en forma de declaraciones de imputados y testigos no han servido para aclarar nada acerca de quién dio la orden y dirigió el operativo parapolicial sin control judicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. Pero lo que sí se ha revelado con esta pieza 7 del caso Villarejo es el descontrol en la gestión de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, seis millones de dinero público al año de los que los máximos responsables del departamento que dirigía Jorge Fernández Díaz no sabían ni preguntaban a qué operaciones se destinaban.

La cifra de seis millones la ha dado este lunes el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien ha declarado en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, pues durante siete años fue director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y se encargaba de visar los gastos de fondos reservados que le iban llegando de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Su cometido, ha dicho, era como el de un "tesorero", pues se encargaba de revisar y autorizar los pagos, pero no de dar el visto bueno ni conocer el detalle de las operaciones que se sufragaban con los gastos reservados, pues esto correspondía al jefe de la unidad que solicitaba el dinero, según han informado a infoLibre fuentes jurídicas.

Por eso, ha negado haber tenido conocimiento de una operación llamada Kitchen o cocinero o algún apelativo similar, pues ha asegurado que su función no era conocer los pormenores de los operativos, sino la de ir controlando los pagos para que el presupuesto destinado a los fondos reservados cuadrara y no se sobrepasaran los límites asignados al Ministerio del Interior. Si no sabía del detalle de las operaciones, mucho menos de los confidentes para llevarlas a cabo. En el caso de la pieza 7, uno de los confidentes era Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, captado a razón de 2.000 euros al mes por el comisario José Manuel Villarejo para supuestamente sustraer información comprometedora del partido o sus dirigentes que se habría llevado el tesorero al ser despedido. El conductor, que está imputado, ha pedido declarar de nuevo ante el juez y lo hará este miércoles.

El testimonio de Pérez de los Cobos cierra de momento la puerta a despejar la vinculación de la operación Kitchen con los dirigentes de Interior operación Kitchendel primer Gobierno de Mariano Rajoy, pues su versión coincide con la aportada por el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Francisco Martínez. El primero dijo que se enteró por la prensa de este operativo cuando se empezó a investigar hace dos años en la Audiencia Nacional, y el segundo, que no estaban en los pormenores de la administración de los fondos aunque su departamento los gestionase. Señaló al coronel de la Guardia Civil como el encargado de visarlos, pero éste ha relegado su labor a mera contabilidad.

Un testimonio sin ningún resultado

El nombre de Diego Pérez de los Cobos –pieza fundamental en la acusación por rebelión a los líderes del procés catalán y al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero– ya venía rondando la pieza 7 del caso Villarejo desde hace mesescaso Villarejo por haber ocupado la dirección del gabinete que firmaba los fondos reservados. Dos secretarios generales de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, José Manuel Benavides y Felipe Eduardo Lacasa, hablaron de él como la persona que debía tener conocimiento de las operaciones sufragadas con fondos reservados, pues a él se le reclamaba el dinero y se le entregaba justificación de lo gastado, según obra en el sumario de la causa. El comisario Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), también le mencionó de pasada durante una de sus declaraciones.

Sin embargo, el testimonio del coronel no ha aportado ninguna nueva luz a las pesquisas. Durante su comparecencia, de una hora y media aproximadamente, ha detallado cómo se gestionan los fondos reservados en Interior, a los que aportaba su firma final a medida que le iban llegando las carpetas con informes de las unidades policiales solicitantes. Lo que hacía era revisar que se cumplieran los elementos mínimos exigibles, esto es, meras cuestiones formales, y también se ocupaba de advertir a las unidades cuando se estaban excediendo en los gastos, puesto que se podría sobrepasar el presupuesto y en principio no disponían de ampliación de fondos. A preguntas del fiscal Miguel Serrano, ha manifestado que Fernández Díaz en ningún momento le preguntó o se interesó por una operación llamada KitchenKitchen o sobre un espionaje a Luis Bárcenas o sobre cualquier otra operación, eximiéndole de cualquier tipo de conocimiento.

Este descontrol del dinero público destinado a operaciones secretas ya fue puesto de manifiesto en declaraciones ante el juez de otros imputados de la llamada policía patriótica. Significativo es lo dicho, por ejemplo, por el inspector José Ángel Fuentes Gago, que estaba adscrito a la DAO que comandaba Eugenio Pino: "Los fondos reservados los coge cada uno, firma y ya está. La regla general es no justificar para qué se usan los fondos reservados".

¿Significa todo esto que en Interior, según la versión del coronel, confiaban en el buen hacer de las unidades policiales a la hora de solicitar fondos reservados y por eso se les autorizaba lo que solicitaban para sufragar sus operativos? Es lo que parece. De hecho, Pérez de los Cobos ha explicado que el sistema funcionaba de abajo a arriba y que las solicitudes de dinero ya le llegaban con todas las firmas necesarias de los mandos policiales responsables de los operativos. Si el juez se quedara sólo con las últimas versiones recabadas, cabría deducir que la responsabilidad de la Kitchen no pasó de los mandos policiales ya imputados y que han reconocido, en mayor o menor medida, haber participado en una operación para espiar a Bárcenas.

La vinculación de los dirigentes políticos parece, de momento, confusa, pero el instructor mantiene imputados a Fernández Díaz y Martínez, ya que sus declaraciones fueron muy contradictorias y García Castellón ha encargado diligencias para saber quién de los dos miente: ordenó al exministro que entregara en el juzgado su antiguo teléfono móvil para tratar de saber si intercambió los mensajes que el ex secretario de Estado le atribuyen y en los que habrían hablado de la operación.

Un nuevo policía imputado

Todo esto en lo que respecta al Ministerio del Interior. Pero el juez continúa indagando en la pata policial de la operación Kitchen y este lunes ha imputado al que fue jefe de vigilancias y seguimientos en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Vicente Galán. Según las fuentes consultadas, ha acudido a la Audiencia Nacional para comparecer como testigo, pero a medida que se desarrollaba el interrogatorio ha decidido cambiar el estatus jurídico del mando tras avisar la Fiscalía Anticorrupción de que podía estar incurriendo en afirmaciones que le incriminasen.

Todo porque previamente una agente de esta misma unidad había declarado que Galán le encargó –aunque no ha sabido precisar cuándo– dos operativos: uno para verificar la presencia de un vehículo negro en las inmediaciones del domicilio de Bárcenas y otro para comprobar si la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias, se encontraba "en peligro". Ante esta declaración, Galán ha confirmado el primer operativo y que se lo ordenó su superior, Marcelino Martín Blas –también imputado–, y que éste le advirtió de que debía tener cuidado porque el vehículo se encontraba cerca de casa de Bárcenas, pero el jefe de seguimientos ha desvinculado totalmente esta vigilancia en una operación dirigida a espiar al extesorero del PP.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado en contra de la admisión a trámite de varias querellas presentadas a mediados del pasado mes de junio contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la polémica destitución del coronel jefe de la Comandancia de Madrid Diego Pérez de los Cobos en mitad de la instrucción de la querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8 de marzo en la capital.

Las querellas habían sido presentadas por abogados contra el responsable de Interior por varios delitos, entre ellos el de prevaricación, falsedad documental y coacciones. En el informe firmado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, con fecha del pasado jueves, se descartan los delitos apuntados por los querellantes al ser el de Pérez de los Cobos un cargo discrecional, según informa El Español y recoge Europa Press.

En las querellas se acusaba a Grande-Marlaska de intentar usar su posición para influir en la investigación ahora ya archivada por la juez de Instrucción número 51 de Madrid contra Franco, al ser Pérez de los Cobos el responsable de la unidad encargada de elaborar los informes periciales que la magistrada encargó a la Guardia Civil.

La polémica destitución, que tuvo una agria respuesta política por parte del PP, de Ciudadanos y Vox, también fue objeto de querellas en los juzgados ordinarios. El pasado 3 de junio el juez de Instrucción número 11 de Madrid archivó la que se había presentado Vox contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las llamadas que realizaron a Pérez de los Cobos anunciándole su cese.

Vox presentó su querella contra el 'número 2' de Interior y la directora de la Guardia Civil por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación por no dar credibilidad a las declaraciones del ministro del Interior, quien inicialmente atribuyó el cese del coronel Pérez de los Cobos a una "pérdida de confianza".

Unos días más tarde Grande-Marlaska cambió su versión y dijo que el cese se produjo por haber incumplido el coronel el procedimiento de comunicación de actuaciones, aunque puntualiza que esa comunicación debía ser "a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas". Lo hizo tras conocerse por un medio de comunicación el documento oficial de la propuesta de destitución.

La titular del Juzgado de instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha archivado este viernes la investigación por un presunto delito de prevaricación al permitirse la manifestación del 8M, una instrucción que motivó el cese como jefe de la Comandancia de Madrid del coronel Diego Pérez de los Cobos. Al cese el 24 de mayo le siguió el relevo en la cúpula de mando de la Guardia Civil tras la dimisión de su director adjunto operativo (DAO), teniente general Laurentino Ceña, en medio de peticiones de la oposición para que dimitiera el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por supuestas injerencias –negadas por el departamento ministerial– para conocer el informe de la Policía Judicial sobre el 8M. Varias asociaciones profesionales del Instituto Armado también han atacado frontalmente la gestión del ministro, que ha sufrido un desgaste de imagen tras las acusaciones de los partidos de la oposición que le han acusado de mentir en sede parlamentaria.

La investigación, a raíz de una querella del abogado Víctor Valladares, recayó por reparto en el Juzgado de Rodríguez-Medel, que empezó la instrucción el 23 de marzo, transcurrida una semana con el estado de alarma en vigor por la pandemia de coronavirus.

El archivo provisional –que algunas partes van a recurrir–se ha comunicado dos días después de tomar declaración al único imputadodeclaración , el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al entender la magistrada que no tenía "conocimiento cierto" sobre los riesgos para la salud de permitir la manifestación feminista del 8M.

La juez comisionó a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid para que llevara a cabo una batería de diligencias, con la advertencia de que los investigadores –que se quejaron por el retraso en la entrega de documentación del Ministerio de Sanidad– sólo podían reportar a ella de las novedades. Así se lo comunicó la magistrada al Ministerio del Interior el lunes 25 de mayo, en un escrito en el que aludía a consecuencias penales si no se respetaba su orden.

Ese mismo 25 de mayo trascendió el cese como jefe de la Comandancia de Madrid de Diego Pérez de los Cobos, al que la noche del domingo le había apartado del cargo en una conversación telefónica la directora de la Guardia Civil, María Gámez. El coronel llegó al Ministerio del Interior en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba, donde ocupó con el PP la jefatura del Gabinete de Coordinación y Estudios desde la que fue designado por orden judicial como coordinador del dispositivo policial para impedir el referéndum independentista del 1-O.

La decisión del cese fulminante levantó inmediatamente un fuerte malestar dentro de un sector de la cadena de mando del Instituto Armado, al entender que se había producido una injerencia política para conocer el primero de los dos informes sobre el 8M cuyo contenido, previamente, había sido filtrado a la prensa el viernes 22 de mayo.

Dimite el DAO días antes de su relevo

En medio de las informaciones sobre el primer informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con críticas por algunos errores incluidos en sus diligencias, trascendió la dimisión del director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armadodimisión, teniente general Laurentino Ceña, en desacuerdo por el cese de Pérez de los Cobos.

El máximo responsable operativo del Cuerpo adelantó su relevo unos días: estaba previsto para el 2 de junio después de que en marzo se suspendiera por la crisis sanitaria, donde fue uno de los portavoces en las ruedas de prensa de uniformados en Moncloa.

Al día siguiente de la dimisión del DAO fue relevado el otro teniente general al frente de las cuestiones operativas del Cuerpo, Fernando Santafé, Mando de Operaciones. Este último fue uno de los dos responsables –el otro fue el general jefe de Zona en Madrid, José Antonio Berrocal– que precedió a la directora de la Guardia Civil en las llamadas a Pérez de los Cobos en la tarde-noche del domingo 24 de enero que acabó con su cese fulminante.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en varias ocasiones que nadie le pidió al coronel cesado ni el informe del 8M ni detalles del mismo, sino que el interés se centró en si se había dado traslado del mismo a la juez Carmen Rodríguez-Medel.

En su primera comparecencia en rueda de prensa en Moncloa tras el cese del coronel, Grande-Marlaska anunció el pago del tercer y último tramo de la equiparación salarial, encuadrando el relevo de Pérez de los Cobos en una reestructuración de los cargos de confianza, un plan que había quedado en suspenso por la pandemia de covid-19. Además, desligó el cese del informe del 8M y anunció que el nuevo DAO era el general Pablo Salas, hasta entonces jefe de los Servicios de Información.

Carta con el motivo del cese

El 2 de junio, fuentes de Interior ampliaron su versión sobre el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos para asegurar que lo que se hizo fue "precipitar" su relevo como jefe de la Comandancia de Madrid tras la pérdida de confianza que supuso que este alto cargo de la Guardia Civil dejara de informar a sus superiores en la cadena de mando sobre trámites relacionados con la entrega de informes en la investigación judicial del 8M.

Respondían de esta forma a la carta del cese de Pérez de los Cobos, adelantada por El Confidencial, y donde se recogía que el motivo alegado a propuesta de la directora general del Instituto Armado –y avalado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez– era que se había negado a informar del "desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

El 3 de junio, en una nueva comparecencia en el Congreso, Grande-Marlaska relacionó el cese –como había hecho un día antes en el Senado– con la filtración a la prensa del informe de la Policía Judicial remitido a la juez Rodríguez-Medel, y por el que se abrió una información reservada. La crisis ha llevado a PP, Vox y Ciudadanos a pedir varias veces la dimisión del ministro, entre críticas de asociaciones profesionales de la Guardia Civil con representación en la escala de mando.

En la tribuna del Congreso el ministro alegó que fue su número dos quien firmó el cese y que él no quiso dar los primeros días detalles por respetar la "carrera profesional" del coronel, ante la previsión de que presentara en alzada un posible recurso que él tendría que resolver.

Grande-Marlaska también se presentó como víctima de su decisión de "desmantelar el Ministerio del PP", en alusión –aunque sin decirlo con estas palabras– a la conocida como policía política que sí había mencionado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención durante el debate parlamentario.

Al margen del archivo del caso 8M, que algunas partes han anunciado que van a recurrir, la Comandancia de la Guardia Civil ha abierto una investigación reservada sobre la filtración de los informes de su Policía Judicial, pendiente aún de resolución. Pérez de los Cobos, por su parte, también tiene la opción de recurrir su cese vía alzada ante Interior, así como ante la justicia ordinaria.

Reconozco que no me he atrevido. Tenía previsto escribir desde el puro sarcasmo después de soportar un día tras otro esa broma macabra con la que los cerebros del despiste y la provocación política, primos hermanos de los sospechosos habituales que vienen manejando las cloacas del Estado desde hace décadas, han conseguido una vez más ocupar el debate público, marcar la agenda política y judicial, la apertura de los telediarios y los titulares de la mayoría de los medios. Pero me resulta imposible tomarme a chufla ese ofensivo disparate que relaciona incluso penalmente las manifestaciones del 8 de marzo con la expansión del covid en España.

Había pensado hacer una especie de confesión definitiva, un anexo a incorporar a esos delirantes informes realizados por agentes de la Guardia Civil, relatando las conclusiones “lógicas” que pueden extraerse de la acusación sobre la que se basa esa ¿investigación? que dirige la jueza Rodríguez-Medel: el Gobierno, perfectamente consciente de que en Madrid había estallado el contagio descontrolado del coronavirus, decidió a través de su delegado en la comunidad autorizar la manifestación del 8M.

Por resumir: si alguien en sus cabales da la más mínima verosimilitud a esa especie, debería entonces continuar el razonamiento hasta el final. Está claro que Pedro Sánchez quería acabar con su matrimonio, al permitir que su pareja, Begoña Gómez, participara en la manifestación. Y es obvio que planeaba liquidar además a la mitad de su gobierno, empezando por sus vicepresidentas Carmen Calvo o Nadia Calviño, y siguiendo por la ministra de Educación o el nunca suficientemente apaleado Fernando Grande-Marlaska, salvo que todos ellos manejaran también la información exacta sobre la posibilidad de contagiarse, y en ese caso habría que pensar que habrían decidido formar una especie de secta suicida dispuesta a autodestruirse en la conmemoración del 8 de marzo. En una demostración máxima de entendimiento en la coalición, también ministras de Unidas Podemos, empezando por Irene Montero, se mostraron decididas a jugarse la vida unos metros más allá de la pancarta de las socialistas. (Una decisión corroborada “documentalmente” por el vídeo de un off the record posterior de la ministra de Igualdad en el que reconoce, ¡oh, cielos!, que seguramente este año no fue tanta gente a las manifestaciones a causa de la preocupación por el virus). Por algo el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, el doctor Raboso, sostiene que las marchas feministas “convirtieron a España en una bomba epidemiológica” que provocó “una hecatombe” (ver aquí). A la que contribuyeron también, por cierto, dirigentes del PP como Cuca Gamarra o María del Mar Blanco (ver aquí). No fue el caso de Ana Pastor, médica de formación, expresidenta del Congreso y actual diputada, que teniendo síntomas gripales compatibles con los del virus (como se confirmó a los pocos días) no acudió a la marcha ni avisó a sus contactos, a quienes por las mismas fechas abrazaba y besaba con el mismo afecto que Ortega Smith a sus compañeros de Vox en Vistalegre (lean a Esther Palomera en eldiario.es).

¿Y qué me dice, señoría, del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tan sereno y afectuoso en apariencia, tan creíble aunque sólo fuera porque no le nombró este gobierno social-comunista sino el mismísimo Mariano Rajoy (ver aquí)? Pues ahí donde lo ve y sabiendo desde muchos días antes que Madrid era una “fiesta del virus” dejó acudir a la manifestación del 8M ¡a su propio hijo!, en un acto por el que convendría abrir una pieza separada de esta causa por presunto filicidio.

Habría concluido esa disparatada narración con una confesión íntima a la que ya me referí en estas páginas (ver aquí): yo mismo acudí a la manifestación del 8M. Después de casi cuatro décadas ejerciendo el periodismo, buena parte de ellas en el territorio de la política, no he sido capaz de disponer de fuentes, aunque sólo fuera una, que me advirtiera del infierno en el que me metía junto a un numeroso grupo de amigas y amigos, en el que había escritoras, actrices, una célebre guionista, un alto cargo de la cultura, una editora reconocida, una cantante de éxito, una pianista de prestigio… ¡hasta una experimentada enfermera de León caminaba a mi lado, por dios! No nos lo perdonaremos nunca, y eso que nos pasaba lo mismo que confesó Irene Montero en la confianza de ese off the record pisoteado indecentemente por ABC: estábamos muy preocupados por el coronavirus, hasta el punto de procurar no tocarnos ni abrazarnos ni besarnos…

Pero no. Aunque hay corresponsales que observan alucinados el hecho de que este país gire en torno a una memez como la que esa instrucción judicial plantea siguiendo a su vez el hilo de la cometa soltado desde el PP, Vox y sus altavoces mediáticos, la cosa no tiene la menor gracia. Por un doble motivo: el primero, porque es evidente que se aprovecha nada menos que una pandemia con miles de muertos para seguir atacando, ensuciando y demonizando al feminismo. Porque si no fuera así, estarían poniendo querellas o citando a declarar a responsables de los transportes públicos, los clubes de fútbol, las salas de conciertos, el estadio de Vistalegre… que ese mismo 8 de marzo congregaban en conjunto a millones de personas. Sólo les interesa interpelar (y manipular) a organizadores de manifestaciones feministas. No entienden ni aceptan ni respetan la lucha por la igualdad. Y si pueden mancharla incluso utilizando un coronavirus que ataca a la humanidad entera, ¡sin complejos!.

El segundo motivo es aún más vergonzoso e indignante. Mientras llenamos debates parlamentarios, telediarios, tertulias y portadas de periódicos con una causa penal extraterrestre sobre el 8M –que antes o después acabará en la papelera y que no tiene similitud en ninguna parte del mundo–, han logrado durante semanas dejar en la oscuridad el mayor horror humano de esta pandemia: lo ocurrido en las residencias de mayores. Y muy especialmente la gestión protagonizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde se concentra el mayor número de muertes. Primero intentaron desviar toda la responsabilidad al Ejecutivo central por la declaración del estado de alarma, pese a que todo el mundo sabe que las competencias sobre geriátricos y hospitales siguen siendo de cada comunidad autónoma. Para bien o para mal. Es un insulto a la inteligencia utilizar la autoridad para fotografiarse junto a aviones cargados de mascarillas o para presumir de lo logrado en el IFEMA y lavarse las manos cuando se trata de explicar por qué no se medicalizaron las residencias en las que morían por miles ancianos y ancianas sin atención sanitaria.

Esta semana, en infoLibre, hemos publicado los documentos que demuestran que Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, mienten cuando describen como “borrador” un Protocolo enviado a residencias y hospitales con “criterios de exclusión” que ordenaban no trasladar a mayores con determinadas patologías o grado de dependencia (ver aquí). Y el propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (de Ciudadanos), ha confirmado que advirtió a sus superiores de que ese abandono de los residentes a su suerte no sólo era "indigno" sino que suponía una “discriminación de graves consecuencias legales” (ver aquí). La lectura de las distintas versiones del Protocolo deja en evidencia el serial de falsedades y manipulaciones que Ayuso, con el asesoramiento siempre osado y contundente del aznarismo, ha ido administrando en sede parlamentaria y ante los medios. Pretende además confundir a la ciudadanía mezclando lo que es una práctica deontológica reglada que corresponde al personal médico (el llamado triaje que obliga a decidir por criterios sanitarios a quién se intenta salvar la vida y a quién no) con lo que ha sido una directriz política desde el gobierno autonómico que tuvo una consecuencia tan trágica como incontestable: el 80% de los fallecidos en marzo en residencias madrileñas no fueron derivados a hospitales en aplicación de esos “criterios de exclusión” (ver aquí).

No aprendemos. Ni siquiera en mitad de una pandemia que ha puesto patas arriba el mundo que conocíamos. Siguen tomándonos por imbéciles y seguimos acumulando méritos para que se sientan cómodos en ese ecosistema que abona la rueda permanente de la provocación-respuesta-crispación-equidistancia. Intentan convertir el 8M de 2020 en un revisitado 11-M de 2004. Si durante años alimentaron teorías conspiranóicas sobre unos atentados que desde el primer minuto sabíamos que eran obra del terrorismo yihadista, harán lo posible ahora para convertir una marcha feminista en una especie de aquelarre genocida. Y para ello tanto les vale distorsionar los datos conocidos de la epidemia aquel domingo como la influencia interna de un alto mando de la Guardia Civil llamado Diego Pérez de los Cobos.

Para extraer las muchas lecciones que deberíamos sacar de esta crisis inédita y compleja, deberíamos empezar por no caer en todas las trampas que nos tienden quienes acostumbran a imponer los marcos de debate público. No toquen con sus sucias manos al feminismo, que al parecer les quita el sueño incluso más que miles de muertes que quizás no pudieran evitarse, pero al menos deberían servir para que afrontemos todos los cambios de modelo socio-sanitario que sean precisos para no pasar otra vez por el mismo drama.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado cualquier posibilidad de pronunciamiento militar. En una entrevista al programa Más de Uno, de Onda Cero, Robles se ha mostrado tajante a este respecto: "Creo rotundamente que no hay peligro de golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas", ha sentenciado, para añadir después que no ha visto "ningún acto de deslealtad" por parte de la Benemérita, "sino todo lo contrario".

La exmagistrada se ha pronunciado también sobre la destitución del que fuese director de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos. “No opino sobre las decisiones del ministro de Interior, porque de ser prudente es no opinar sobre lo que no se conoce”, ha comentado. Robles se ha mostrado favorable al nombramiento de María Gámez como Directora de la Guardia Civil: “El ministro del Interior fue quien se decidió por María Gámez como nueva directora de la Guardia Civil. Me lo comunicó y formalmente fue una elección de ambos”.

La titular de Defensa ha respondido también las preguntas de Carlos Alsina acerca de la polémica designación de Ignacio Carnicero, amigo personal de Pedro Sánchez, como director general de Agenda Urbana y Arquitectura (cargo de nueva creación). “Para los cargos hay que nombrar a las personas con mérito y capacidad, pero conocer a alguien no debe ser un demérito. Cuando a alguien se le nombra para un cargo público y tiene un currículo adecuado ¿por qué no?”, ha opinado Robles.

La ministra considera que "nos hemos acostumbrado a sembrar la duda en todo el mundo", y que "debemos ser más generosos porque cuando a la gente se le nombra en un sitio es por mérito". “España trata de buscar siempre cosas negativas. Si el ejercicio no demostrara su capacidad, pues tendríamos que exigir responsabilidades”, ha apostillado. En esta línea, Robles ha sostenido que "todo el mundo" debe contar con la "presunción de inocencia" y ha lamentado que en España la gente se haya "acostumbrado a sembrar la sombra de la duda" sobre las personas.

Sin "inconveniente en pedir excusas" por el 8M

La máxima dirigente del ministerio de Defensa ha asegurado también que si se "demuestra" que hubo "valoraciones equivocadas" por parte del Gobierno al permitir la celebración de concentraciones masivas como las del pasado 8 de marzo, por el Día de la Mujer, "no pasa nada por reconocerlo". Robles ha sostenido que asumir un error "no hace de menos" a las personas, sino que las engrandece. "Es evidente que nos encontrábamos en una pandemia que era desconocida para todos. El Gobierno hizo lo que creía que tenía que hacer", ha añadido.

Así, Robles ha señalado que no es "científica ni epidemióloga" y, por tanto, no puede referirse a si la celebración de eventos de grandes masas fue un "error". Con todo, "si alguien piensa" que así fue, la ministra ha dejado claro que no tiene "inconveniente en pedir excusas si alguien" lo necesita. La ministra ha insistido en la línea que ha venido marcando desde el inicio de la crisis por el coronavirus. "También me gustaría que se reconocieran los esfuerzos que se han hecho. En democracia las cosas pueden verse de manera distinta y no pasa nada. Si se han cometido errores, tener humildad engrandece", ha apuntado.