Quienes recuerdan esos tiempos, hace algo más de dos décadas, quizá se reconozcan en la idea de que publicar en internet era un acto de optimismo. La promesa de las redes sociales era horizontal y democrática. Cualquiera podía ser emisor, cualquiera podía encontrar su público, la conversación fluía en abierto.

Un cuarto de siglo después, esa promesa está en revisión. El informe de Ofcom —el regulador mediático británico—, publicado hace unos días, pone cifras a lo que muchos usuarios llevan años experimentando: la mitad de la población conectada del Reino Unido se ha convertido en lo que los analistas denominan fantasmas digitales, consumidores pasivos de contenido que no dejan rastro de interacción pública.

Solo el 49% de los adultos británicos que usan internet publican, comparten o comentan activamente en redes sociales. En 2024, esa cifra era del 61%. Doce puntos porcentuales de caída en apenas dos años. Hay que esperar y ver cómo evolucionan los datos, pero todo apunta a un cambio estructural en la relación de una generación con el espacio público digital.

El informe de Ofcom identifica uno de los motores de este repliegue. Casi la mitad de los adultos —el 49%— reconoce estar preocupado por cómo sus publicaciones pasadas podrían causarles problemas en el futuro, frente al 43% del año anterior. El rastro digital, que durante años se percibió como un activo —visibilidad, red de contactos, reputación construida post a post—, ha pasado a ser percibido como un lastre.

La consecuencia lógica es el refugio en los formatos efímeros: las stories de Instagram, los snaps, los contenidos que desaparecen a las 24 horas. La permanencia, que antes era un signo de solidez, se ha convertido en una señal de vulnerabilidad. Y donde la permanencia persiste, muchos usuarios prefieren directamente no publicar.

Ya hay quien ha puesto nombre a este comportamiento: zero posting. El usuario permanece en las plataformas —consume el feed, ve vídeos, sigue perfiles—, pero  abandona la producción propia de contenido. No cierra la cuenta. No se va. Pero desaparece como sujeto activo y se queda como espectador. Y eso está cambiando la naturaleza misma de las redes sociales.

La conciencia de que X, Instagram o YouTube son un problema es cada vez mayor. El mismo informe de Ofcom revela que el porcentaje de personas en el Reino Unido que cree que las redes sociales son buenas para su salud mental ha caído del 42% al 36% en un año. Y la percepción de que los beneficios de estar conectados superan los riesgos ha pasado del 72% al 59%. El balance, que durante años se asumía ampliamente positivo, está perdiendo consenso.

Esta erosión de la confianza no es exclusiva del mercado británico. Según datos recogidos por el Digital 2025 Global Overview Report de DataReportal —un servicio privado de análisis digital—, el Digital News Report del Reuters Institute y estudios de Deloitte y Edelman —las consultoras de comunicación más grandes del mundo—, la Generación Z, la primera que creció con las redes como infraestructura social, es también la que más activamente intenta autorregularse. 

El 63% ha planificado o realizado algún tipo de detox digital, y el 68% ha tomado descansos de las plataformas específicamente por razones de salud mental. La generación que las adoptó con más naturalidad es la que hoy las gestiona con más cautela.

En España, el diagnóstico es parecido. El Estudio Anual de Redes Sociales 2025 de IAB Spain constata que el tiempo de uso diario ha descendido en absolutamente todas las redes sociales analizadas. La intensidad media de uso bajó de una hora y ocho minutos a una hora y un minuto. No es una caída dramática, pero su universalidad —ninguna plataforma se salvó— apunta a una saturación sistémica, no a la crisis particular de una aplicación.

Hasta un 33% de los usuarios españoles afirma haber dejado de usar alguna red social en el último año. Y también un tercio declara haber publicado menos contenido propio que en el año anterior. Los datos de Edelman de febrero de 2026 registraron, además, una caída del 2,5% en usuarios activos entre 2023 y 2024, seguida de estancamiento.

El caso más llamativo es el de X (la red propiedad del oligarca tecnológico de extrema derecha Elon Musk), que justo ahora cumple 20 años de existencia. Según datos de GfK DAM, la plataforma antes conocida como Twitter ha perdido el 36% de sus usuarios activos en España, y el estudio de IAB cifra en un 28% la tasa de abandono. Y no es solo una cuestión de controversia reputacional en torno a la propiedad de la compañía —que también—. X ejemplifica con nitidez el agotamiento de un modelo basado en la conversación abierta, pública y confrontacional.

Facebook, por su parte, propiedad del también multimillonario Mark Zuckerberg, dueño a su vez de Instagram y WhatsApp, ha alcanzado sus niveles más bajos de uso y valoración desde que se inició el registro en 2009. El abandono es especialmente pronunciado entre los perfiles más jóvenes, que nunca la adoptaron con la intensidad de las generaciones anteriores.

Es cierto que el 86% de los internautas españoles —32,4 millones de personas— sigue usando redes sociales. Pero ese porcentaje lleva tiempo funcionando como un techo estructural. El crecimiento se ha agotado, y la discusión ya no es cuántos usuarios entran, sino qué hacen dentro.

Porque el hecho de que los usuarios publiquen menos en abierto no significa que se comuniquen menos. Significa que se comunican en otro sitio. La conversación se ha desplazado hacia lo que la industria de la atención —la que gana dinero consumiendo nuestro tiempo— ha bautizado como dark social: los grupos de WhatsApp, los mensajes directos en Instagram o TikTok, los canales de Discord, los correos electrónicos. Canales donde la interacción es más íntima, más controlada y donde los algoritmos de analítica apenas pueden rastrear el origen del tráfico.

Las estimaciones actuales apuntan a que aproximadamente el 84% de todo lo que se comparte en internet ocurre a través de estos canales privados o semicerrados. Es una cifra que, si se confirma con solidez metodológica, implica que la conversación digital visible —la que circula por los feeds públicos, la que miden los estudios de engagement, la que monetizan las plataformas— es apenas la punta de un iceberg mucho más vasto e invisible.

El dark social no es un fenómeno nuevo, pero su consolidación como destino preferente responde a factores concretos: la percepción creciente de toxicidad en los espacios abiertos, la fatiga de los algoritmos diseñados para maximizar la atención a cualquier coste y la búsqueda de entornos donde la confianza sea real y el juicio de extraños, inexistente.

En España, esta tendencia se materializa de manera especialmente clara en la persistencia de WhatsApp como plataforma dominante. No por sus capacidades técnicas, sino por lo que ofrece simbólicamente: privacidad percibida, grupos de confianza, ausencia de exposición pública. WhatsApp no es exactamente una red social en el sentido convencional del término, pero es donde ocurre buena parte de la vida social digital española.

Lo que está pasando está desencadenando otro fenómeno relevante: un cambio que recorre transversalmente todos estos datos y que las plataformas llevan años acelerando con sus propias decisiones de diseño: la transformación de las redes sociales en canales de entretenimiento pasivo basados en vídeo algorítmico.

El usuario de 2026 ya no abre Instagram para ver qué ha publicado su círculo cercano. Abre Instagram para que el algoritmo le sirva contenido basado en sus patrones de consumo, con independencia de si sigue o no a quien lo produce. La distinción entre red social y plataforma de entretenimiento se ha vuelto semántica. Lo que técnicamente sigue siendo una red social funciona cada vez más como una televisión personalizada.

Este giro —que algunos analistas describen como el paso de Social Media a Interest Media, de redes sociales a redes de intereses— no es neutro. Debilita uno de los argumentos originales que hicieron hegemónicas a estas plataformas: que conectaban a personas entre sí. Lo que conectan ahora, en buena medida, es a personas con contenido. La experiencia es más cómoda, más adictiva en algunos casos y sustancialmente más pasiva.

El criterio que decide qué aparece en tu pantalla ha cambiado. Ya no es a quién sigues, sino qué has mirado en los últimos minutos. En el modelo original de las redes sociales, el algoritmo organizaba lo que veías en función de a quién conocías. Tu muro se llenaba de tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo. El motor era la conexión interpersonal.

En el modelo actual, ese principio ha sido desplazado. Lo que aparece en pantalla ya no depende de quién eres socialmente, sino de qué comportamiento has exhibido en los últimos minutos. El algoritmo calcula tus intereses en tiempo real y sirve contenido en consecuencia, con independencia de si sigues o no a quien lo produce.

TikTok es el ejemplo más puro y precoz de este modelo. Su algoritmo no requiere que el usuario siga a nadie para inferir que le interesan, por ejemplo, los vídeos de cocina coreana o los tutoriales de carpintería: basta con medir cuántos segundos se detiene en cada pieza.

El resultado es una experiencia que puede resultar perturbadoramente precisa desde el primer uso y que ha redefinido las expectativas de los usuarios sobre cómo debe funcionar una plataforma.

Instagram replicó la lógica con los reels y la sección Para ti. Aunque nació como una red para seguir a amigos, hoy una parte sustancial del tiempo de uso transcurre en contenidos que el algoritmo selecciona al margen de quién está en la lista de seguidos.

YouTube, por su parte, se ha consolidado para muchos usuarios como sustituto de la televisión lineal, precisamente porque su sistema de recomendación permite encontrar contenido sobre intereses muy específicos —tutoriales, deportes, podcasts, divulgación científica— sin necesidad de buscar activamente. Incluso Facebook, la red social más asociada al modelo original de conexiones personales, ha introducido feeds de vídeo basados en recomendación algorítmica para retener a una audiencia que ya no interactúa con sus contactos.

Una de las consecuencias menos discutidas de este giro es la ruptura de la ecuación entre seguidores y alcance. En el modelo anterior, acumular seguidores era la estrategia central de cualquier creador o marca: más seguidores equivalía a más audiencia potencial.

En el ecosistema del Interest Media, esa lógica se debilita. Una pieza de contenido coincidente con la demanda puede alcanzar a millones de personas aunque el creador cuente con apenas unos cientos de seguidores, porque el algoritmo la distribuirá a quienes tengan ese interés específico.

Es una meritocracia del contenido concreto, no de la audiencia acumulada. Lo que importa ya no es el tamaño de la comunidad construida, sino la capacidad de cada vídeo, cada post, cada pieza individual de retener la atención en un entorno de competencia extrema.

Si se consolida el modelo, los influencers que basen su negocio únicamente en el volumen de seguidores verán debilitada su capacidad de negociación. La monetización dependerá cada vez más de la capacidad de entrar de forma legítima en las conversaciones privadas (dark social) y de producir contenido que cada algoritmo, por sí mismo, considere relevante para un interés específico del usuario.

Este modelo explica también, en parte, el fenómeno del zero posting. Si el contenido de tus contactos ya no ocupa un lugar central en la experiencia de las plataformas, el incentivo para publicar decrece: ¿para qué compartir si nadie en tu red va a verlo necesariamente?

La promesa original —publicas, tus amigos lo ven— se ha roto. Lo que queda es competir con creadores profesionales por la atención de un algoritmo que favorece el entretenimiento de alta producción. Muchos usuarios han decidido, racionalmente, no jugar esa partida.

Los datos de Ofcom, IAB Spain, GfK DAM y Edelman apuntan todos en la misma dirección. No hacia el fin de las redes sociales, sino hacia su redefinición. El usuario que está emergiendo de esta transición es más selectivo, más cauto con su huella pública, más interesado en la privacidad que en el alcance. Ha pasado de la fascinación por la exposición a algo más parecido a la gestión del riesgo. Puede que sea madurez. Puede que sea agotamiento. Probablemente, ambas cosas a la vez.

El escenario es revelador. La Administración Trump, que ha rebautizado el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra y al frente del cual está Pete Hegseth, un exmilitar que llegó al cargo directamente desde un programa de la cadena Fox, exigió a las grandes empresas de inteligencia artificial lo que todo poder ejecutivo acaba pidiendo a quienes necesita controlar: acceso sin restricciones. La cláusula era tan amplia como inquietante: "Cualquier uso legal". Bajo ese paraguas cabían, sin mayor matiz, la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y el desarrollo de sistemas de armas completamente autónomas —maquinaria bélica que decide por sí misma a quién matar, sin intervención humana en el momento del disparo—.

Anthropic dijo que no. OpenAI respondió que sí.

Ese contraste condensa el debate más sustantivo que atraviesa el sector tecnológico en este momento y que obliga a entender qué son estas empresas. ¿Laboratorios de investigación con responsabilidad pública? ¿Proveedores de infraestructura al servicio del mejor postor? ¿O actores morales con una agenda propia que trasciende el beneficio trimestral? La respuesta no es filosófica. Tiene consecuencias directas sobre cómo se desplegará la tecnología más transformadora del siglo, quién la controlará y bajo qué condiciones.

Para entender el alcance de lo que está en juego, hay que presentar a los actores. Porque en esta industria, los nombres importan menos que las estructuras de poder, las lealtades financieras y, sobre todo, las líneas que cada uno ha decidido —o no— trazar en el suelo.

Para entender por qué Anthropic rechazó al Pentágono, hay que recordar por qué existe Anthropic. La compañía fue fundada en 2021 por Dario Amodei, su hermana Daniela y varios investigadores que abandonaron OpenAI con una convicción compartida: que sin salvaguardas robustas el desarrollo de inteligencia artificial general —la que los científicos entienden que sería equiparable, para bien y para mal, a la del ser humano— representa un riesgo existencial para la humanidad. No era retórica. Era, y sigue siendo, la premisa fundacional de todo lo que hace la empresa.

De esa convicción surgió la llamada IA Constitucional, el enfoque técnico y filosófico que distingue a Claude —el modelo de Anthropic— del resto. La idea es tan elegante como ambiciosa: en lugar de entrenar al modelo mediante el castigo y la recompensa de comportamientos humanos, proceso opaco y difícilmente auditable, se le enseña a evaluarse a sí mismo contra un conjunto de principios escritos. Una Constitución. El modelo aprende a rechazar instrucciones que violen esos principios no porque un operador humano lo castigue en tiempo real, sino porque ha interiorizado una arquitectura ética.

La estructura corporativa de Anthropic —una de las poquísimas tecnológicas que no ha donado dinero a Trump y que respalda la regulación de la IA que está llevando a cabo la Unión Europea— refleja la misma lógica. La empresa opera como una Corporación de Beneficio Público y ha creado un organismo de supervisión independiente, el Long-Term Benefit Trust, con capacidad real de intervenir en decisiones estratégicas. No es marketing. Es una arquitectura diseñada para que ningún inversor, por grande que sea, pueda forzar a la empresa a cruzar ciertas líneas.

Y eso que los inversores son grandes. Amazon ha inyectado 8.000 millones de dólares. Google ha aportado cerca de 2.000 millones. Fondos soberanos de Singapur y gestoras como Coatue, una de las más importantes del sector tecnológico, completan un balance que eleva la valoración de Anthropic a cifras estratosféricas. Pero esas inyecciones de capital no se traducen en control sobre las decisiones éticas de la empresa —al menos no formalmente, no todavía—.

Cuando la Administración Trump designó hace unos días a Anthropic como "riesgo para la cadena de suministro" —etiqueta históricamente reservada para adversarios extranjeros, no para empresas domiciliadas en San Francisco— estaba reconociendo implícitamente que sus mecanismos habituales de presión no habían funcionado. La empresa había dicho no y mantenía el no. A un coste enorme: contratos federales vetados, acceso restringido a determinadas agencias y la señal inequívoca de que Washington puede hacer la vida muy difícil a quien no coopere. Anthropic, aparentemente, lo asume. De momento, con el apoyo del sector.

OpenAI (creadora deChatGPT) nació con una misión igualmente grandiosa: garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad. Durante años, esa misión tomó la forma de una organización sin ánimo de lucro que publicaba sus investigaciones y rechazaba la lógica de la acumulación privada. Lo que siguió es conocido: la necesidad de capital para competir forzó una reestructuración profunda, completada en octubre de 2025, que convirtió a OpenAI en una Corporación de Beneficio Público valorada en 500.000 millones de dólares.

Para comprender qué es hoy OpenAI, hay que mirar quién la financia. Microsoft es el mayor accionista externo, con una participación del 27%. La compañía ha invertido más de 13.000 millones de dólares desde 2019. SoftBank lideró una ronda de financiación de 41.000 millones de dólares y controla aproximadamente el 13% de la empresa. Entre los inversores de esa ronda figuran también Founders Fund —el vehículo de Peter Thiel, el dueño de Palantir y pieza clave de la estrategia del Pentágono—, Sequoia Capital y Andreessen Horowitz, tres de las firmas más influyentes de Silicon Valley.

La Fundación OpenAI, heredera de la estructura sin ánimo de lucro original, conserva alrededor del 26% y mantiene el poder de nombrar al consejo directivo. Lo paradójico es que su CEO, Sam Altman, no posee ninguna participación accionarial en la empresa que dirige, lo que en teoría elimina conflictos de interés pero en la práctica no limita su capacidad de negociación.

En ese contexto, la firma de un contrato clasificado con el Pentágono responde a una racionalidad perfectamente coherente con esa estructura. OpenAI argumenta que sus salvaguardas internas son suficientes para gestionar los riesgos, que no necesita restricciones contractuales rígidas porque confía en sus propios procesos de revisión.

Es un argumento que suena razonable hasta que se pregunta quién supervisa esos procesos cuando el cliente es el propio Gobierno que podría regularlos, y cuando los accionistas esperan rentabilidad sobre inversiones de decenas de miles de millones de dólares. El propio Altman se lo confesó esta semana a sus empleados: no "tiene la capacidad de tomar decisiones operativas" sobre cómo el Pentágono usará sus tecnologías. Será Hegseth quien decida.

Ningún análisis del presente se entiende sin una figura que lleva veinte años haciendo exactamente lo que las demás empresas tecnológicas dijeron que jamás harían: vender inteligencia artificial al aparato militar y de seguridad del Estado sin disculpas ni eufemismos.

Palantir fue cofundada en 2003 por Peter Thiel, que acababa de vender PayPal a eBay, y fue financiada en sus inicios parcialmente por el fondo de capital riesgo de la CIA. Thiel la concibió como un noble propósito: software que ayudara a las agencias de inteligencia a detectar amenazas ocultas sin convertir Estados Unidos en un Estado policial.

Para dirigirla reclutó a Alex Karp, filósofo doctorado en Frankfurt, sin formación tecnológica pero con una capacidad extraordinaria para vender la visión de un mundo violento donde los datos son la única defensa posible. El propio Karp, un ejecutivo sin pelos en la lengua, admite que Palantir “se utiliza en ocasiones para matar a personas”, una honestidad brutal que contrasta llamativamente con el lenguaje aséptico del resto del sector.

Durante años, Silicon Valley trató a Palantir como a un paria. Trabajar con gobiernos, con el ejército, con agencias de inteligencia era considerado una transgresión moral inaceptable en los campus tecnológicos de California. Palantir no se disculpó. Karp convirtió esa marginación en argumento: mientras sus competidores miraban hacia otro lado, él construía la infraestructura de datos más profundamente integrada en el Estado que nadie haya levantado jamás.

El resultado es hoy difícil de ignorar. En julio de 2025, el Ejército estadounidense adjudicó a Palantir un contrato por valor de hasta 10.000 millones de dólares durante una década. Su sistema Maven Smart System, plataforma de IA para operaciones en el campo de batalla, es el núcleo del esfuerzo de modernización militar del Pentágono y se basa en la utilización de ChatGPT (el modelo de OpenAI), Grok (el de Elon Musk) y, hasta hace unos días, de Claude (el de Anthropic).

Según The Wall Street Journal, el Departamento de Defensa utilizó los modelos de inteligencia artificial de Anthropic precisamente a través de su contrato con Palantir, para asistir en operaciones militares. Y ahora tendrá que buscar otro modo de hacerlo.

Esta circunstancia revela algo fundamental sobre la arquitectura real del poder en el sector: Palantir no es un competidor de los grandes laboratorios de IA, es su cliente más exigente y su intermediario más poderoso ante el Estado. Palantir opera a través de dos segmentos principales: el Gotham, que sirve a agencias de defensa e inteligencia en todo el mundo, y el AIP, orientado al sector comercial. Su valoración de mercado ronda los 350.000 millones de dólares. En el cuarto trimestre de 2025 registró un crecimiento de ingresos del 70% interanual.

La ideología que anima a Palantir merece atención porque es, a diferencia de la mayoría de sus competidores, completamente explícita. Karp declara que la misión de Palantir es “asustar a sus enemigos y, en ocasiones, matarlos”, refiriéndose a los adversarios de Occidente. Ha dicho que las empresas tecnológicas tienen la obligación de apoyar al ejército estadounidense, y que él y Palantir son “activos en la defensa de los valores de Occidente”.

El contraste entre estos actores no agota el mapa. Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, propiedad de Mark Zuckerberg, ha adoptado una estrategia radicalmente distinta: la apertura total de sus modelos Llama, accesibles para cualquier investigador, empresa o gobierno.

Su filosofía oficial es que la transparencia genera seguridad, que un modelo auditable públicamente es más seguro que uno guardado en una caja negra corporativa. Pero conviene no confundirse, sin embargo, sobre su naturaleza: Meta no es una ONG. Sus ingresos dependen de la publicidad y de las licencias empresariales. La apertura de sus modelos no es filantropía: es una apuesta estratégica para establecer un estándar global que otros tengan que adoptar, erosionando la ventaja competitiva de quienes guardan sus modelos bajo llave. Eso sin contar que, según sus críticos, esa misma apertura permite también a actores maliciosos descargar el modelo, modificarlo y eliminar cualquier salvaguarda.

El panorama no acaba ahí. Los grandes nombres se completan con Google y su modelo, Gemini, que ocupa un territorio peculiar porque modificó sus propios principios de IA —los que en 2018 prometían no desarrollar tecnología bélica— para convertirse en el primer proveedor de la plataforma de IA del Pentágono. La tensión entre la cultura investigadora y ética de DeepMind —el laboratorio de IA de Google— y las demandas comerciales de Google Cloud —la empresa de computación en la nube— es real y no está resuelta.

Y luego está xAI, la empresa de Elon Musk, que ha convertido la ausencia de restricciones en argumento de venta. Grok fue aprobado para uso militar clasificado precisamente porque aceptó el estándar gubernamental sin negociaciones. El aceleracionismo —la convicción de que cualquier freno al desarrollo tecnológico es un error— es aquí una posición explícita, no una consecuencia involuntaria de presiones comerciales.

La designación de Anthropic como "riesgo para la cadena de suministro" es, a su manera, un reconocimiento involuntario de que la arquitectura ética de una empresa puede tener consecuencias políticas reales.

Los gobiernos saben que quienes controlan la infraestructura de IA controlan algo parecido al sistema nervioso de la economía global. Nvidia, el principal fabricante de los chips que mueven la IA, alcanza una valoración de varios billones de dólares gracias a estas empresas. Amazon y Google han tejido una interdependencia entre sus nubes y los modelos de IA que hace casi imposible una desinversión sin daños colaterales sistémicos. En ese contexto, una empresa que dice "no" es, efectivamente, un problema.

Lo que el episodio también revela es que Palantir lleva dos décadas construyendo exactamente el puente que casi todas los demás empresas intentaron evitar —el que conecta el poder computacional privado con el aparato coercitivo del Estado— y que ahora ese puente resulta ser la infraestructura indispensable.

Los nuevos actores de la IA pueden tener principios más sofisticados y modelos más potentes, pero necesitan a Palantir para llegar al cliente que más paga. Y Palantir necesita sus modelos para mantener la ventaja operativa. Es una dependencia mutua que ninguno de los dos lados tiene mucho interés en proclamar.

La pregunta que queda abierta tras la negativa de Anthropic a participar en el festín de la IA capaz de matar de manera autónoma no es técnica sino política: ¿puede sobrevivir un modelo de negocio que antepone límites éticos a los contratos gubernamentales en un entorno donde el Estado controla la regulación, los contratos públicos y, llegado el caso, la etiqueta de “riesgo para la seguridad nacional”? Anthropic apuesta a que sí, que la credibilidad a largo plazo —con clientes corporativos, con reguladores europeos, con la opinión pública informada— vale más que los contratos que rechaza hoy.

Musk, Zuckerberg, Durov.... todos fueron pioneros, admirados y celebrados por sus invenciones. Ahora, todos ellos parece que no están satisfechos con lo que han conseguido. Quieren más. Es una sucesión de imágenes: Zuckerberg aparece con un cambio de aspecto generalizado, con ropa juvenil, collares y unos rizos naturales; Bezos cierra Viena por completo para celebrar su boda multitudinaria; Musk se presenta en un mitin del partido republicano haciendo un saludo que se parece (mucho) al mismo que hacían los nazis. Todos ellos presencian juntos la investidura de Donald Trump en un lugar privilegiado. Desde hace ya un tiempo, son los grandes magnates de la tecnología los que deciden —en gran parte— sobre el futuro de naciones tan importantes como Estados Unidos. La tecnología lo puede todo. Sus dueños creen que ellos también.

Paula C. Chang, investigadora de Filosofía por la Universidad Complutense, y Andrea G.Galarreta, doctorada en Filosofía por la misma institución, escriben a cuatro manos Criptoprofetas: Hipermasculinidad y nueva derecha, un ensayo que destripa este fenómeno. Se sumergen en la arquitectura ideológica y afectiva que rodea a una masculinidad nueva. Aquella que reniega de todo tipo de afecto, vulnerabilidad o pacto social, y que (sobre todo) mira con buenos ojos a la extrema derecha.

En infoLibre adelantamos la introducción de este ensayo que saldrá a la venta el 11 de febrero.

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El mundo cambió mucho antes de que nos diéramos cuenta. No se trata de un discurso anecdótico ni de casos aislados, sino un susurro amplificado, una avalancha de conversaciones que se diseminan en foros, pódcast y canales privados. Un ejército de hombres — muchos jóvenes, precarizados y convencidos de que algún día dejarán de serlo— empezó a surgir en los márgenes de la política y la teoría social.

Autoproclamados como incorrectos e incómodos, los «criptoprofetas» se convirtieron en símbolo y síntoma de algo más grande, algo que estaba gestándose en la oscuridad de los algoritmos de internet y en las sombras de los mercados globales. Era el retorno de un viejo espectro y el renacimiento de una patología que muchos pensaban superada; pero, en la fabricación de valores culturales en la fase actual de la era postfordista, el culto a los caudillos no parece una realidad tan alejada ni remota.  

Se trata de un fenómeno que combina el desdén por las instituciones tradicionales con una fe casi mística en el poder de la tecnología para derribar todo lo que se interponga en su camino hacia la restauración de un orden anterior a la crisis de la masculinidad, incluida la restauración de su lugar en el mundo. Mientras algunos observaban el fenómeno como simple síntoma del disenso social, sectores políticamente movilizados mirábamos con desconfianza esa retórica del señalamiento: una masculinidad rígida, un deseo de demolición de lo establecido y una profecía de ruptura absoluta con el consenso social y sus formas organizativas.

Los criptos se convirtieron en la imagen de un nuevo tipo de sujeto político y económico, un nodo donde convergen la especulación financiera, el individualismo exacerbado y una masculinidad inquieta y ansiosa de validación. Hágase justicia aunque caiga el cielo; una aproximación teórica a la creciente reactividad social era imperativa. Estamos ante el auge de una ultraderecha renovada, impulsada tanto por la tecnología como por un desencanto radical con las instituciones y un progresismo social que cuestiona sus privilegios existenciales: la actualidad donde se hace más patente que nunca que la separación entre persona y avatar no existe, ahí donde la violencia se moviliza a partir de ese no-lugar común que son los foros.

El fenómeno de los criptoprofetas, en apariencia complejo y fragmentario, se mueve bajo principios que parecen claros para sus adeptos, pero indescifrables para el resto. Una aproximación a ellos supone también una redefinición del poder en sus múltiples formas de expresión. Lo que encontrarás en las próximas páginas no es una solución definitiva al problema que plantea este resurgimiento, sino una serie de claves para comprenderlo en toda su transversalidad. El objetivo de nuestro texto es esbozar de qué modo se configuran las políticas de la reactividad en los nuevos entornos virtuales, una aproximación a través de la convergencia entre el ensayo y la etnografía; un pretexto para reivindicar la filosofía como una herramienta viva, orgánica y con una vehemente orientación práctica, encomendada a entender todo fenómeno que nos rodea e interpela.

Por lo expuesto, el texto que tienes entre manos se forja apostando por el análisis criptográfico, ofrece la reflexión teórica y su marco, con la integración interdisciplinar de la visión del devenir mundo de distintos agentes sociales: filósofos, periodistas, activistas, docentes, artistas… Huelga destacar que, dada la complejidad del análisis que comporta nuestro objeto de estudio, la estructura de este libro se presenta como arborescente; una narrativa con distintas ramificaciones para abordar qué son los criptoprofetas, explicar su emergencia como fenómeno vivo de nuestro ecosistema político de actualidad y comprender la arquitectura afectiva de las masculinidades de la nueva derecha. En la primera parte abordaremos la taxonomía de las subjetividades y perfiles sociales que articulan este fenómeno de las masculinidades criptoproféticas a la vista de una crisis de la masculinidad que va de la mano de la crisis de Lehman Brothers; una cartografía de los actores que convergen en el nuevo ecosistema virtual, escenario de nuevos modus vivendi y nuevas ansiedades. Aquí exploraremos cómo las nociones de otredad, parásito, deseo y poder se reconfiguran en este espacio, y de qué manera se articulan discursos de masculinidad que hacen del resentimiento y la ruptura su piedra angular.

La segunda parte de este libro se sumerge en la concreción práctica de estas subjetividades en comunidades explícitamente ultraderechistas, donde lo latente se vuelve manifiesto y las redes de afinidad se consolidan en estructuras políticas basadas en el odio. Aquí, la ultraderecha no solo emerge como mera preferencia ideológica con la que cohabitar, sino como amenaza a la diversidad social, apoyada en las ínfulas de la higienización y el despliegue de violencia simbólica que, paradójicamente, se reviste de una retórica de «libertad» y defensa de la tradición. Este trabajo aspira a ser un esbozo para entender, por un lado, cómo se entrelazan las fuerzas subyacentes del postfordismo en los nuevos ecosistemas políticos que auspician el nacimiento de esta nueva ultraderecha y, por otro, cómo la figura del criptoprofeta es, en el fondo, mucho más que una nueva moda pasajera en tiempos de fascismo pop: es el epítome de una resistencia subterránea a las transformaciones sociales y de género de nuestro tiempo. Son cuatro las manos que escriben este texto. Concebimos esta obra como madres primerizas que, con mucho amor y esfuerzo, han procurado que las diferencias entre los pares de manos se difuminen, se entremezclen. Como la progenie: estos ojos son tuyos y la boca es mía, pero en realidad no son de ninguna de las dos porque son única y exclusivamente de esta nueva vida que es el libro. Con el fin de comprender algunos términos nucleares sobre los que se construye este ensayo adjuntamos a continuación algunas definiciones aclaratorias.

Apenas unas horas después de replicar, en persona, al dueño de X, el oligarca tecnológico de extrema derecha Elon Musk, por el uso de su plataforma para difundir bulos sobre la regularización de inmigrantes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un paquete de medidas sin precedentes para regular las plataformas digitales en España.

Hace un año, el presidente ya había acusado a la "tecnocasta" de tratar de utilizar su poder "omnímodo" para controlar el debate público y la acción gubernamental en todo Occidente y había llamado a Europa a rebelarse y defender la democracia.

No se trata de recomendaciones ni de códigos de buenas prácticas: Sánchez ha puesto sobre la mesa reformas legales que incluyen responsabilidad penal para los directivos de las grandes tecnológicas, la tipificación de nuevos delitos relacionados con la manipulación algorítmica y la prohibición expresa del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Con esta última medida enmienda además la plana a la reforma legal impulsada por su propio Gobierno —y que está atascada en el Congreso de los Diputados—, que era mucho menos ambiciosa, porque planteaba que los menores de entre 14 y 16 años pudiesen seguir usando redes sociales si tenían el consentimiento de sus padres (en la actualidad, si los progenitores consienten, pueden acceder aunque tengan menos de 14).

En un contexto de creciente preocupación sobre los daños que las redes sociales causan a sus usuarios, en particular a los más jóvenes, a los procesos electorales y a la salud de las democracias en general, el Gobierno pasa de la retórica a la legislación y lo hace poniéndose a la cabeza de los países de nuestro entorno.

La medida más contundente de todas las propuestas por el presidente es la reforma del Código Penal para establecer la responsabilidad penal directa de los ejecutivos de plataformas digitales. Hasta ahora, las sanciones recaían sobre las corporaciones, diluidas en multas que apenas arañaban sus astronómicas cuentas de resultados.

El Ejecutivo quiere cambiar las reglas: si un alto directivo ignora deliberadamente una orden judicial de retirada de contenidos ilícitos, podrá responder penalmente en persona. La norma, que se tramitará mediante un Proyecto de Ley Orgánica, pondrá fin —si llega a aprobarse en el Congreso— a la impunidad derivada de la opacidad corporativa. Ya no bastará con escudarse en la complejidad de los algoritmos o en la imposibilidad material de controlar millones de publicaciones.

Pero la iniciativa no se queda ahí. La segunda gran novedad es la tipificación penal de la manipulación algorítmica. Con su propuesta, Sánchez reconoce explícitamente lo que hasta ahora solo han establecido los académicos: los contenidos tóxicos no surgen de forma espontánea en Internet, sino que son creados, impulsados y amplificados por actores concretos y por algoritmos diseñados para maximizar el beneficio económico.

La reforma del Código Penal convertirá en delito la manipulación de algoritmos que facilite deliberadamente la amplificación de contenidos ilegales, así como la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. Francia ya introdujo delitos similares en 2023, y España toma nota. La idea de que estas tecnologías son neutrales quedaría definitivamente sepultada.

La tercera medida es la más innovadora, aunque también la más difícil de implementar y, previsiblemente, la más polémica: la creación de la “huella de odio y polarización”. Se trataría de un sistema destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo cada plataforma fomenta la polarización social y amplifica el odio.

El objetivo declarado es transformar un fenómeno opaco en algo cuantificable y evaluable, generando un ranking que señale públicamente a las peores plataformas. No es solo una herramienta técnica: es un mecanismo de presión social y reputacional. Si funciona, el Gobierno espera que obligue a las empresas a competir no solo por usuarios, sino por no aparecer en lo más alto de una lista que nadie querrá encabezar.

En el terreno de la protección de menores, el Gobierno da un paso que otros países europeos ya han comenzado a explorar: la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida se incluirá en el Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en Entornos Digitales que se tramita en el Congreso, y obligará a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad que vayan más allá de la simple casilla de “acepto que soy mayor de edad”. El Gobierno quiere controles reales y eficaces, amparado en el artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales europea y en las directrices publicadas por la Comisión.

La quinta medida adopta un tono de ultimátum: tolerancia cero frente a las infracciones vinculadas a contenido sexualizado de menores. El Gobierno apunta directamente a plataformas como Grok o TikTok, y anuncia que trabajará conjuntamente con el Ministerio Fiscal para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, promover la acción de la justicia. No es una advertencia genérica: es un aviso con nombres propios. Las investigaciones ya están en marcha en Europa, y España se suma a la ofensiva.

El anuncio de Sánchez coloca a España en la vanguardia regulatoria europea, junto a Francia y Reino Unido. Pero la distancia entre el anuncio y la realidad legislativa puede ser larga. Los proyectos de ley deberán tramitarse en las Cortes, donde el Gobierno no tiene mayoría absoluta y donde los lobbies tecnológicos ejercerán toda la presión posible, como ya están haciendo con el Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad.

La implementación técnica de algunas medidas, como la verificación de edad o la huella de odio, planteará desafíos considerables. Y nadie en el sector espera que las plataformas, acostumbradas a operar con impunidad, se queden quietas, especialmente cuando cuentan como aliado con el presidente de EEUU, Donald Trump, que ya en el pasado ha amenazado con aprobar aranceles contra cualquiera que legisle sobre las actividades de sus aliados tecnológicos.

En cualquier caso, el debate sobre la regulación de las plataformas digitales ha dejado de ser teórico. Y no solo en España. Varios países han comenzado ya a implementar medidas que, aunque parciales, marcan el camino de lo que podría convertirse en un nuevo paradigma de control sobre las grandes tecnológicas.

Reino Unido ya había dado el paso más audaz en materia de responsabilidad directiva. Su Online Safety Act, aprobada en 2023, contempla penas de cárcel para los ejecutivos de empresas tecnológicas que incumplan de forma reiterada las órdenes de protección de menores o destruyan pruebas. Es una legislación sin precedentes que traslada la responsabilidad de la corporación al individuo, señalando con nombre y apellidos a quienes toman las decisiones. Y que va más lejos de lo que ha implementado la Unión Europea, que ha optado por la vía de las sanciones económicas: la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) impone multas de hasta el 6% de la facturación global, aunque la responsabilidad penal individual solo se activa si se demuestra un delito ordinario.

En el terreno de la manipulación algorítmica, la DSA no tipifica como delito la programación de algoritmos manipulativos, pero obliga a las plataformas a auditar y mitigar los “riesgos sistémicos” —desinformación, polarización, manipulación del discurso público— bajo amenaza de sanciones millonarias. Brasil sí ha intentado ir más allá con su proyecto de ley contra las fake news, que busca criminalizar directamente la difusión masiva automatizada de desinformación, aunque el texto sigue atascado en un debate legislativo intenso.

La propuesta española de crear una “huella de odio y polarización” —un sistema de trazabilidad del impacto de cada plataforma en la degradación del debate público— no tiene parangón internacional. Es una terminología nacida del informe del Comité de Expertos presentado en 2024, y supone una novedad radical en el enfoque regulatorio. Lo más similar en Europa es el sistema de monitorización de la Comisión sobre desinformación, pero se trata de análisis estadístico agregado, no de un rastreo individualizado.

El Gobierno ha dejado claro que no está solo en esta ofensiva contra las grandes tecnológicas. Ha presentado sus propuestas en el marco de lo que ya se conoce como la Coalición de los Dispuestos Digitales: un bloque de seis países europeos que han decidido dejar de esperar al consenso lento de los 27 miembros de la Unión Europea para actuar de inmediato. Junto a España se sitúan Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Alemania. Un Gobierno socialdemócrata y cinco de derechas. No es una alianza simbólica: representa a más de 170 millones de ciudadanos y a las economías más fuertes del continente. Y su objetivo es crear un estándar de oro regulatorio que las plataformas no puedan ignorar ni esquivar.

Es, en el fondo, un mensaje de soberanía dirigido directamente a Silicon Valley: si quieren operar en los mercados europeos, las reglas las ponen los Estados, no sus términos y condiciones. Al actuar de forma coordinada, la coalición minimiza la amenaza que algunas plataformas han utilizado en el pasado: la de abandonar un país si la regulación les resulta incómoda. X lo intentó en Australia y lo ha insinuado en otros territorios. Pero no pueden permitirse cerrar el grifo en los seis mercados más potentes de Europa a la vez.

El gigante tecnológico Meta ha anunciado este lunes que ha nombrado a Dina Powell McCormick, exasesora de Donald Trump durante parte de su primer mandato, como presidenta y vicepresidenta de la empresa, informa EFE.

Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo, y estuvo "profundamente involucrada" a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda en la inteligencia artificial (IA) y superinteligencia personal, según un comunicado.

"La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa", ha manifestado Mark Zuckerberg.

Por su parte, Trump ha felicitado en Truth Social a McCormick, que se desempeñó como su asesora adjunta de Seguridad Nacional hasta 2018, y la ha definido como una persona "fantástica" y "talentosa" que "sirvió a la administración Trump con fuerza y distinción".

Según el comunicado de Meta, Powell, de 52 años y originaria de Egipto, formará parte de su equipo directivo y ayudará a guiar la estrategia y la ejecución general de la empresa. Así, colaborará con los equipos de informática e infraestructura para garantizar que las inversiones multimillonarias de la empresa se ajusten a sus objetivos "y generen un impacto económico positivo en las comunidades" donde opera.

Además, su papel como presidenta y vicepresidenta de la tecnológica "impulsará la creación de nuevas alianzas estratégicas de capital y la búsqueda de formas innovadoras de ampliar nuestra capacidad de inversión a largo plazo", incide la compañía.

Powell trabajó durante 16 años en Goldman Sachs y en 2023 se unió a la firma de inversiones BDT & MSD Partners, y además trabajó para el Departamento de Estado durante la administración de George W. Bush.

Los arquitectos de la inteligencia artificial (IA), como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang y Sam Altman, fueron elegidos este jueves como Persona del Año 2025 por la revista Time, "por inaugurar la era de las máquinas pensantes, por asombrar y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender los límites de lo posible".

La foto de la portada muestra a diversos directores ejecutivos de empresas tecnológicas almorzando sentados en una viga de acero suspendida a gran altura sobre la ciudad de Nueva York, un guiño a la famosa fotografía Lunch atop a Skyscraper (Almuerzo en la cima de un rascacielos) de 1932.

En este caso los protagonistas de la foto son: Zuckerberg, líder de Meta; Lisa Su, directora ejecutiva de AMD; Musk, director ejecutivo de Tesla, SpaceX, fundador de xAI y cofundador original de OpenAI; Huang, director ejecutivo de Nvidia; Altman, líder de OpenAI; Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft; Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind; Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic; y Fei-Fei Li, codirectora del Instituto de IA de la Universidad de Stanford.

"2025 fue el año en que el potencial de la inteligencia artificial se manifestó en todo su esplendor, y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás", destaca este jueves la revista. En 2024, los editores de Time eligieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otras elecciones recientes incluyen a la superestrella del pop Taylor Swift, al presidente ucraniano Volodímir Zelensky y a Musk, pero en esa ocasión en solitario.

La publicación empezó a otorgar este título en 1927 y se llamó Hombre del Año hasta 1999.

Este año, además, la revista nombró al actor Leonardo DiCaprio como el Artista del Año; al director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, como CEO del Año; a la jugadora de baloncesto A'ja Wilson como Atleta del Año; y a la película de animación KPop Demon Hunters como Revelación del Año. 

El PSOE ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta; de Javier Oliván, jefe de operaciones (COO) de la compañía y de José Luis Zimmermann, director de Asuntos Públicos para España y Portugal, por el supuesto espionaje a millones de usuarios.

El presiente el Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció hace varias semanas, en una intervención en el foro Metafuturo (Atresmedia), que los socialistas llevarían al Congreso a los responsables de Meta para que den explicaciones por haber rastreado sin permiso la navegación en teléfonos móviles.

El gigante estadounidense Meta, propietario de Facebook, Instagram y Whatsapp, aseguró poco después, en un comunicado remitido a EFE, que está dispuesto a colaborar "de forma constructiva con las autoridades en este asunto".

Los socialistas, que han pedido también la comparecencia de expertos ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, recuerdan que la investigación anunciada por Sánchez se deriva de la información revelada por varios centros europeos sobre la posible violación de la privacidad de millones de usuarios en España y Europa.

"En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias", dijo Sánchez.

Se trata de una investigación realizada por centros de referencia internacionales —IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos)—, que reveló que Meta utilizó durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android a través de las aplicaciones de Facebook e Instagram.

Este sistema permitía a la compañía registrar las páginas visitadas, incluso cuando los usuarios empleaban modo incógnito o VPN, y vincular esa información a sus perfiles personales en las plataformas de Meta, "un espionaje silencioso sin ningún tipo de consentimiento explícito", subraya el grupo socialista.

En un comunicado, señala que, de confirmarse, esta práctica supondría una violación de múltiples normativas europeas: el RGPD, la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), y recuerda que Meta ya se enfrenta a demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá por hechos similares.

Durante años, Meta jugó en el mercado publicitario español (y europeo) con una baraja marcada. Esa es, en esencia, la conclusión de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid que ha obligado a la compañía del multimillonario estadounidense Mark Zuckerberg —propietaria de Facebook e Instagram— a pagar casi 500 millones de euros en compensaciones a los grandes medios agrupados en la Asociación de Medios de Información (AMI), la antigua patronal de prensa AEDE, dominada por las grandes cabeceras de papel.

No se trata de una simple disputa comercial: el fallo describe un sistema construido sobre la explotación masiva e ilegal de los datos de los usuarios sin su conocimiento ni autorización expresa, un modelo que permitió a Meta ofrecer publicidad más eficaz que la de todo su ecosistema competidor… precisamente porque violaba la ley.

La resolución desmonta el corazón del negocio publicitario de Meta en España. Primero, declara que la compañía actuó con deslealtad competitiva: su posición dominante no era fruto únicamente de la escala o de la innovación, sino de una ventaja indebida obtenida al incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En otras palabras: Meta ganaba porque hacía lo que nadie más podía ni debía hacer.

El relato judicial es un catálogo de ilegalidades sostenidas durante años. Entre 2018 y 2023, la compañía trató datos personales para elaborar publicidad personalizada (anuncios adaptados al comportamiento del usuario) sin una base legal válida. Ni la supuesta “necesidad contractual” —un argumento que el Comité Europeo de Protección de Datos terminó tumbando— ni el posterior giro al “interés legítimo” superaron el escrutinio jurídico. El tribunal insiste en algo fundamental: la publicidad personalizada no es un elemento esencial del servicio de una red social, es simplemente el núcleo del negocio de Meta. Y ese negocio debe ajustarse a la ley, no al revés.

Pero la sentencia va más allá. Señala infracciones estructurales en transparencia, lealtad y minimización de datos. Meta recopiló información de forma masiva y sin distinción, tanto dentro de sus plataformas (mensajes, interacciones, fotos, vídeos) como en la navegación externa mediante píxeles de seguimiento (una diminuta imagen invisible que se incrusta en una web o correo electrónico para recoger información del usuario cada vez que la página o el email se cargan). Ese barrido indiscriminado incluía datos especialmente sensibles —opiniones políticas, salud, orientación sexual o creencias religiosas— para cuyo tratamiento habría sido imprescindible un consentimiento explícito que nunca llegó.

Con ese arsenal de información, Facebook e Instagram lograban segmentaciones publicitarias imposibles para los medios digitales españoles que, obligados a cumplir la normativa, competían con las manos atadas. La sentencia lo explica sin rodeos: la amplitud y profundidad de los datos obtenidos ilegalmente permitía a Meta construir publicidad más precisa, más agresiva y más rentable.

Meta puede presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid y ya ha anunciado que lo hará. Pero, de momento, los medios que forman parte de AMI se frotan las manos pensando en repartirse los 479 millones de euros más intereses que el fallo fija como indemnización por lucro cesante. Es decir, el dinero que supuestamente dejaron de ganar en el mercado publicitario porque Meta hizo trampas, y al que no tendrán acceso el resto de soportes publicitarios que no presentaron cargos contra el gigante tecnológico estadounidense, incluidos todos los medios que no forman parte de AMI.

La clave de la sentencia, que puede indicar el camino a otras semejantes presentadas en Europa —Francia es un ejemplo—, se basa en el incumplimiento acreditado de la legislación europea en protección de datos. Pero el fallo va un paso más allá: sostiene que esa infracción masiva no fue un mero incumplimiento administrativo, sino una ventaja competitiva ilegal que alteró el mercado y dejó en inferioridad a los medios que sí estaban obligados a respetar la normativa.

El razonamiento del juzgado es directo: si una empresa levanta su modelo de negocio sobre datos obtenidos sin base legal, la posición que alcanza en el mercado no es legítima. Y Meta, a juicio del tribunal, lo hizo durante cinco años. Primero, intentando justificar la publicidad personalizada como si fuera necesaria para ejecutar el contrato con el usuario; después, refugiándose en un supuesto interés legítimo que la justicia europea ya ha descartado.

En ambos tramos, el tratamiento de datos —el mismo que alimentaba la maquinaria publicitaria de Facebook e Instagram— era ilegal. Y esa ilicitud, argumenta el juez, se tradujo en poder de mercado.

La clave está en el volumen y la precisión. Mientras los medios españoles —incluidos los agrupados en AMI— solo pueden trabajar con datos limitados y normalmente anonimizados, Meta manejaba millones de perfiles detallados, incluidos rastros recopilados fuera de la propia plataforma mediante píxeles de seguimiento y otras tecnologías. Ese diferencial de información permitía a Facebook e Instagram ofrecer publicidad dirigida más eficaz, más barata para el anunciante y más atractiva en términos de resultados.

La prensa, concluye el fallo, nunca podría competir en igualdad de condiciones: no porque no invierta, sino porque no puede —por ley— acceder al nivel de detalle que Meta obtenía infringiendo los reglamentos europeos.

El juzgado se apoya en esta idea para establecer el nexo causal: si Meta no hubiera vulnerado la normativa, no habría obtenido esos ingresos publicitarios. En consecuencia, todo lo ingresado de forma neta entre 2018 y 2023 —5.281,69 millones de euros, según la pericial aceptada por el tribunal y propuesta por AMI— se considera potencialmente desviado del mercado. La ausencia de las cuentas de Meta en España, que la compañía no aportó pese a tener “facilidad probatoria”, llevó al juzgado a aceptar íntegramente las cifras de la antigua patronal de la prensa de papel española.

Acotado —en ausencia de datos de Meta— lo que la empresa supuestamente ganó en España en esos años, ¿cómo decide el tribunal cuánto de ese volumen astronómico habría terminado en las cuentas de resultados de la prensa si Facebook e Instagram hubieran competido bajo las mismas reglas?

El juzgado optó por una metodología relativamente extendida en competencia: aplicar la cuota de mercado legítima de cada afectado sobre la cifra total considerada ilícita. Como AMI no mantuvo su propuesta de acotar el mercado solo a la publicidad digital, el tribunal acabó tomando como referencia la definición más amplia presentada por Meta: el mercado publicitario español en su conjunto, desde la televisión a los diarios impresos, pasando por internet y la radio.

A partir de ahí, la mecánica es aritmética: se cruzan los ingresos netos del mercado total —calculados a partir de informes de InfoAdex (la empresa que elabora cada año las estimaciones oficiales de inversión publicitaria en España) ajustados con un coeficiente elaborado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC)— con los ingresos netos de cada uno de los demandantes. El resultado: AMI y las empresas asociadas representan, según el tribunal, la parte más significativa del mercado y, por tanto, del daño. Su lucro cesante fue fijado en 479,12 millones de euros, una cifra inédita en una sentencia civil española contra una gran tecnológica (a menor escala, Europa Press recibe 2,57 millones y Radio Blanca algo más de 13.500 euros).

¿Quién se llevará la parte más importante de la indemnización si la sentencia alcanza algún día la condición de firme? AMI no lo ha revelado, pero todo indica que los casi 500 millones acabarán, sobre todo, en manos de las empresas editoras de El País, El Mundo y La Vanguardia, así como del grupo Editorial Prensa Ibérica.

Un juzgado de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias por haber obtenido ventaja competitiva publicitaria para Facebook e Instagram de forma desleal infringiendo las normas europeas de protección de datos, según informa EFE.

En una sentencia, el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid estima de forma parcial las pretensiones de los medios -que reclamaban 551 millones de euros- al entender que Meta utiliza indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram para insertar publicidad en esas redes sociales.

Esa es la condena principal de la sentencia dictada por el juez Teodoro Ladrón Roda, contra la que cabe recurso y por la que Meta, en principio, tendría que pagar esta cuantía a las editoras de prensa y sociedades cesionarias de derechos de explotación de publicidad demandantes.

Pero, además, la compañía matriz de Facebook e Instagram tendrá que abonar más de 60 millones en concepto de intereses, 2,5 millones para resarcir a la agencia Europa Press más otros 328.000 euros de intereses, y cerca de 14.000 euros deberá pagar a Radio Blanca.

Así lo ha establecido el juez tras la demanda de AMI contra el gigante tecnológico estadounidense al considerar que entre el 25 mayo de 2018 y el 31 julio de 2023 utilizó datos personales sin un consentimiento válido para así reforzar su negocio publicitario y restar ingresos a los medios de información.

En concreto, las cabeceras de prensa le acusaban de incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, aprobado en 2018, que supuso un antes y un después en el uso de la información personal ya que se obligó a las empresas a obtener consentimiento expreso y claro de los usuarios para poder utilizar sus datos personales y venderles publicidad personalizada.

Ahora, el juez ha entendido también que esta infracción de las normas le ha dado una ventaja competitiva y "desleal" respecto al resto de los medios digitales y las agencias de noticias, como consecuencia del abuso de dominio" y dado "el enorme volumen de la base de datos de usuarios de Meta en España" y "como consecuencia del abuso de dominio".

"Esta ventaja es significativa -argumenta- porque Meta ha podido tratar una cantidad de datos de cada usuario mucho mayor que si hubiera utilizado la base del consentimiento" que establece el reglamento europeo, que hubiera exigido el consentimiento explicito del usuario".

El magistrado fundamenta la sentencia en la Ley de Competencia Desleal, que considera como tal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes.

Meta, según el juez, "no ha fallado en utilizar la tecnología adecuada para conseguir muchos y buenos perfiles para realizar la publicidad comportamental". "Ha fallado -prosigue- en la forma de obtener y utilizar los datos personales porque ha incumplido el RGPD en el periodo relevante".

Según la sentencia, Meta "usó los datos de millones de usuarios de forma ilícita, obteniendo así una ventaja competitiva que jamás podrán igualar las demandantes que también realizan 'publicidad on line en display'", fundamentalmente, en prensa digital. La 'publicidad on line en display' es la que aparece cuando se lee gratuitamente una noticia de prensa en un periódico digital.

El dinero ganado por Meta infringiendo el reglamento deberá repartirse al resto de los competidores del mercado publicitario español, en función de la cuota de mercado que tenía la prensa digital durante esos cinco años.

La resolución, que todavía no es firme y que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, podría marcar un precedente relevante en el sector publicitario español y podría tener repercusiones en el ámbito europeo.

La publicación de The Lonely Crowd en 1950 despertó inquietud en la sociedad americana. El estudio, dirigido por el sociólogo David Reisman, mostraba cómo la clase media americana tendía a definir su consumo, su ideología, su religión y su forma de vida no desde ideas y deseos propios, sino buscando la aprobación de los demás. El sueño americano parecía así más amenazado por el conformismo y aburrimiento que por los misiles de Moscú. Las agencias de publicidad, que entonces vivían una auténtica revolución, tomaron nota y buscaron un modelo alternativo que fuera revulsivo social y, sobre todo, renovado motor del consumo. Nació así la juventud.

Frente al americano gris, la juventud sería paradigma de inconformismo, vitalidad, frescura, deseo constante de novedad. El cine proyectará aquel ideal. László Benedek fue pionero al presentarnos en Salvaje (1953) a un Marlon Brando motero e inadaptado. Le seguiría Semilla de maldad (1955), de Richard Brooks, una historia de adolescentes inadaptados que, además, al incluir en su banda sonora el Rock around the clock, de Bill Haley & His Comets, llevó por primera vez el rock a la pantalla. Pero la película que fijó aquel imaginario será Rebelde sin causa (1955), de Nicholas Ray. La muerte de su protagonista, James Dean, reforzará el mito juvenil.

Aquel título condensaba la esencia del modelo. Lo joven deberá ser individualista e inadaptado; pero, sobre todo, deberá carecer de causas. Sus metas las señalarán unas agencias publicitarias empapadas de contracultura, espíritu hippie e incluso ansias revolucionarias. Una revolución nihilista y sin causa. Si no acatabas esas premisas, desaparecías. Por eso, Gilles Tautin, el adolescente de 17 años que murió ahogado en el Sena acosado por la policía cuando apoyaba a los huelguistas de la fábrica Renault, o los obreros de la Peugeot, Henri Blanchet y Pierre Beylot, asesinados por la gendarmería, serán borrados de los publirreportajes del 68. Y la misma suerte correría quien osara salirse de un guion que exigía buscar playas bajo los adoquines del Barrio Latino para, como pedían los airados jóvenes burgueses, llevar la imaginación al poder. 

Aquella era, de hecho, la única reivindicación que el poder iba a asumir: volverse multicolor y hedonista. Para los publicistas del 68, el objetivo “revolucionario” no era la justicia social sino consolar con imaginación el desasosiego existencial de James Dean. Eso y transformar la rebeldía en reclamo consumista, claro. En España el modelo tardó en llegar, pero llegó, como reflejó en 1980 una famosa canción: el futuro ya está aquí / y yo caí / enamorado de la moda juvenil / de los precios y rebajas que yo vi. Aunque Radio Futura renegó pronto del tema (que nunca volvió a interpretar), el éxito fue abrumador. La moda juvenil había fagotizado las esperanzas de la lucha antifranquista.

En realidad, Pier Paolo Pasolini ya nos había advertido mucho antes. Tras los disturbios en Valle Giulia, el 1 de marzo de 1968, escribió un duro poema contra los estudiantes: Tenéis cara de hijos de papá / que la buena casta no engaña / la misma mirada maligna. Como contraste provocador, Pasolini veía en los policías el rostro de los campesinos y de los obreros. Su conclusión fue demoledora: En Valle Giulia, ayer, / se desarrolló, pues, un episodio / de lucha de clases: y vosotros, amiguitos (bien que en el bando / de la razón) erais los ricos, / mientras que los polizontes (que estaban en el bando / equivocado) eran los pobres. 

Desde entonces los hijos rebeldes de aquellos ricos no han dejado de enriquecerse vendiéndonos el sueño de una eterna juventud. La realidad entera adaptó su engranaje cultural, social y económico al modelo. Todo se hizo joven y creativo. Los trabajos se flexibilizaron contra el aburrimiento. La formación se hizo continua, hasta transformarnos en perennes aprendices. La precariedad se reconvirtió en freelance, como si el falso autónomo fuera un intrépido corresponsal de guerra que cambió su macuto por la mochila de Glovo. Y el mundo se llenó de experiencias: desde ser trotamundos de Ryanair hasta sentirse alegres universitarios en piso compartido por no poder pagar una vivienda.

Vidas jóvenes en cuerpos jóvenes. Los grandes almacenes se llenarán de ropa desenfadada; los gimnasios moldearán nuestros músculos; las industrias farmacéuticas y alimentarias nos atiborrarán de proteínas y el negocio de la estética nos facilitará desde un corrector de arrugas al bisturí más diestro. España ronda el millón de tratamientos estéticos al año, un negocio que factura ya 4.000 millones de euros. Estar joven no tiene precio. Ni edad. La Sociedad Española de Medicina Estética estima que el 20% de los pacientes tiene entre 16 y 24 años. Nunca se es suficientemente joven para el canon de TikTok o Instagram. El neoliberalismo se legitimaba así con indumentaria juvenil y los multimillonarios, como Elon Musk o Mark Zuckerberg, se presentaban como desenfadados universitarios en una fiesta de fin de curso. Pero llegó 2008 y descubrimos que no estábamos invitados a esa fiesta. 

Pese a ello, el capitalismo hollywoodiense no tenía recambio para la película juvenil que nos había vendido. Se hizo preciso, pues, actualizar el argumento para no perder el favor de un público que ya se cuestionaba algunos personajes. Especialmente, el más delicado de todos: el malvado. Cada vez más espectadores pensaban que ese papel les correspondía a los ricos, por eso los guionistas oficiales trabajaron a fondo para ofrecer una larga lista de malvados alternativos a los que debería enfrentarse el héroe juvenil: el migrante, la feminista, el sindicalista, el izquierdista. Y el viejo. El viejo, y no el rico, era el responsable de que los excluidos de la fiesta vieran amenazado su consuelo al botellón; el viejo con sus privilegiadas pensiones, con su dependencia de una sanidad pública que la vitalidad juvenil no necesita. 

Esta vez, además, era preciso no dejar cabos sueltos. Era imprescindible introducir en el guion una definitiva vuelta de tuerca que ni Henry James hubiera podido imaginar. Y para ello, encontraron inspiración en un fenómeno juvenil chino. Una de las cosas que sorprende del metro de Beijing es cruzarse con muchachas ataviadas con vestidos de la dinastía Han. Es el pujante movimiento Hanfu, reflejo de un orgullo nacional que vincula el desarrollo actual del país con el esplendor milenario del imperio chino. Pero en Occidente no hay orgullo sino, especialmente entre los jóvenes varones, un profundo sentimiento de decadencia. Había pues que adaptar el modelo. Y para ello, los publicistas sustituyeron a James Dean por el patético Ignatius J. Reilly, aquel protagonista de La conjura de los necios, la novela de John Kennedy Toole, que no veía otra salida a su frustración vital que regresar al orden teológico feudal.

Incapaz de ofrecer futuro, el capitalismo nos vende pasado como lo último en moda joven. Era la jugada maestra: lograr que las generaciones Z y Alfa renunciaran al mañana para reivindicar el ayer más vintage y casposo. La operación fue un éxito arrollador. Bastaba con ver cómo, por ejemplo, los españoles más jóvenes, espoleados por las redes sociales, se aprestaban a considerar cool la defensa del franquismo, de la cruz borgoña y de Don Pelayo. 

Nada parecía detener aquel movimiento tan jovialmente reaccionario. Hasta que, de repente, un día sucedió lo imprevisto. Las ciudades se llenaron de hombres, mujeres y trans, de niños, jóvenes y viejos, de migrantes, nativos y apátridas, gritando por las calles Palestina libre. Y el nerviosismo volvió a apoderarse de los guionistas. Porque una multitud que grita Palestina libre es un sujeto peligroso capaz de recordar o soñar causas perdidas. O lo que es lo mismo, dispuesto todavía a imaginarse el futuro.

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José Manuel Rambla es periodista.

En un interesante opúsculo, la historiadora americanista Sylvie Laurent analiza el auge de la ultraderecha global en sintonía con el poder cada vez más visible de los magnates de las grandes tecnológicas de EEUU. Una burbuja de poder que se gestó en California, en Silicon Valley. La fascistización de Elon Musk, la masculinización de Zuckerberg, los proyectos antidemocráticos del magnate de Oracle Larry Ellison o de Peter Thiel, un multimillonario libertario que financió la campaña de Vance al Senado de 2022, o los compromisos de Jeff Bezos son el resultado de una ideología californiana que, desde la calculada ambigüedad, oscila entre la postura antisistema y la dependencia del Estado en pos de la hegemonía. 

La idea extendida sobre los Tech californianos, criados en Silicon Valley, jóvenes estudiantes geniales, inconformistas, inmersos en la contracultura, hippies y pacifistas, con ideales comunitarios y disidentes del sistema, no refleja en absoluto la realidad de esta “élite del sistema antisistema”. La California que produjo la tecnópolis y generó la inmensa burbuja de poder es radicalmente otra. Su centro, la universidad de Stanford, está ligado tradicionalmente al racismo y al militarismo gracias a uno de los think-tank más influyentes de EEUU, ubicado en el campus de esta universidad. La institución Hoover acoge a grandes mandatarios como George Shultz, Condoleezza Rice, Michael Boskin, Edward Lazear, John B. Taylor y Amy Zegart, todos becarios de esta institución. El exsecretario de Defensa, general James Mattis, fue investigador en Hoover antes de pertenecer a la administración Trump. En San Francisco se encuentra uno de los complejos militares-industriales más grandes del mundo, el complejo carcelario más extenso de EEUU, la policía municipal con mayores recursos paramilitares y los centros de investigación más avanzados en perfiles algorítmicos racistas y brutales.

Ayn Rand, la romántica fundamentalista del mercado, fundó un libertarismo a la americana y dejó como legado una ideología ferozmente individualista y un instituto, que es centro de proliferación del libertarismo en California, en EEUU, Israel y Europa. Su “objetivismo” (libre comercio, globalismo individualista, inmigración abierta) influyó de manera sustancial en el ecosistema libertario-reaccionario creado en Silicon Valley por las grandes tecnológicas.

La retórica neoliberal de la guerra fría, espoleada por Ronald Reagan, ofreció la oportunidad a Silicon Valley de promocionar a sus héroes civiles; varones blancos, totalmente libres y aislados en sus laboratorios de ingeniería informática, cuya investigación e innovación tecnológica debían salvar al mundo del peligro del totalitarismo comunista. Reagan concedió la medalla de las ciencias y la tecnología a Steve Jobs y a Steve Wozniak, eran modelo de emprendedores. Los high tech, a la par que se aislaban envueltos en un halo heroico, se subían a las barbas del Estado, para escapar a su control e influir sobre los poderes legislativo y ejecutivo. Leyes a su medida y creación de mitos de la ciencia ficción otorgaron legitimidad a esta epopeya: Rambo, Terminator, Blade Runner ofrecieron los aires de la emancipación reaganiana. Los high tech eran ya garantía de permanencia del dominio americano en el mundo.

En 1980, la reforma de la propiedad intelectual abrió la vía a la comercialización de los descubrimientos científicos, y dos años después aparecieron los grandes de la Tech (Intel, Apple, Microsoft), tras desmantelar Reagan la compañía de telecomunicaciones AT&T. 

La desregulación de las finanzas de Alan Greenspan, seguidor de Ayn Rand y Presidente de la Reserva Federal, con su  laissez-faire, permitió a las inversiones de “capital riesgo” (dirigidas sobre todo a la innovación que los Tech realizaban en Silicon Valley) acceder a los ahorros de los jubilados del país haciéndoles partícipes de esta ruleta rusa. Las startups tecnológicas proliferaron como setas.

En 1989, la electrónica devino la gran actividad manufacturera de EEUU, dio empleo a 2,5 millones de personas, las calles de Silicon Valley se llenaron de fabricantes, las de Palo Alto y San José (Apple, Applied Material, Atari, Fairchild, Hewlett-Packard, Intel, National Semiconductor, Varian Associates, Xerox, etc.). Pero los nuevos contratos ya no eran los de la antigua industria, ahora estaban marcados por una política antisindical. El fundador de Silicon Valley, Robert Noice, partícipe en la invención del transistor y cofundador de Intel Corporation, dejó como principio evitar la sindicación para la supervivencia de las empresas. La “flexibilidad” en éstas hacía posible el desarrollo. De modo que Silicon Valley quedó como una burbuja cada vez más influyente en el poder legislativo, sobre todo en el campo laboral y de inversiones. El trabajo tóxico de materiales peligrosos se lo chupaban los hispanos y asiáticos. Pero conforme el valor de los ordenadores tendió menos a sus componentes físicos y más a los lógicos (sistemas de explotación y aplicación informática), la producción se fue deslocalizando y desviando a otros países con salarios más bajos.

La élite de las Tech abandonó el término “empleado” para denominarse “emprendedor”. La burbuja se transformaba y abrigaba ideales de libertad. El espacio se liberaba de muros, se llenaba de zonas recreativas, con guarderías, transporte corporativo, etc. Ellos, genios creativos, eran parte de la empresa. Su trabajo se mitificaba, eran innovadores, mejoraban el mundo y su tecnología nos libraba de la tiranía, mientras los sueldos bajaban a cada escalón y el trabajo se precarizaba a marchas forzadas. La libertad comenzó a significar libertad de toda atadura legal, espacio abierto a la desregulación, no intervención ni fiscalización del Estado.

La meritocracia aparente desprecia el trabajo del resto de la sociedad plebeya. Todos tienen oportunidad, si no están dentro… Ellos son los héroes creadores del futuro. Pero en “ellos”, la presencia y la jerarquía se traduce en estricta segregación, Silicon Valley mantiene a las mujeres y minorías en roles subalternos, cuando no reducidos a inexistencia. En el mejor de los casos deben “ameritar” su presencia.

En la década de los 90 aparecieron los "Atari Democrat", los legisladores demócratas que creían que el desarrollo de la alta tecnología estimularía la economía y crearía empleos. Bill Clinton, ganador de las elecciones y Al Gore, su competidor, encarnaban la nueva profecía tecnológica liberal. Perseguían, igual que el neoliberal Reagan, el crecimiento económico mediante la liberalización y la reducción drástica del Estado social. Había que promocionar las industrias digitales para la renovación del modelo social y las nuevas tecnologías asegurarían, mejor que cualquier política pública, la libertad colectiva, el bien común y el progreso social. De ahí en adelante, la “economía del conocimiento” encajó como partenaire del Estado, las Tech y el Estado debían fusionarse.

El control estricto por la informática de las cuentas del gobierno federal, la optimización y la eficacia eran valores de la Tech y debían ser aplicados al Estado. Presupuestos compartidos por los fundamentalistas del mercado, los anarcocapitalistas de Friedrich Hayek, quienes ven en el Estado social un parásito tirano que engrasa a sus masas improductivas, frente a un capitalismo puro que abre un espacio de competencia. En competencia libre, los mejores pueden prosperar. En eso coinciden los grandes ideólogos; el eminente economista de la institución Hoover, Milton Friedman, seguido de sus hijos capitalistas libertarios David Friedman, y de su nieto Patrie Friedman, que se convertirá en ingeniero de Google.

Amazon nació en 1994 en Seattle (Washington), pero Jeff Bezos, experimentado especulador de Wall Street, recibió capital de riesgo de Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB), uno de los fondos más influyentes de Silicon Valley. Poco después, en 1997, Clinton publicó un documento-marco para el comercio electrónico mundial, que postulaba el primado privado en el ámbito digital, la intervención mínima y la desregulación necesaria con el fin de hacer de internet un mercado libre mundial. A esto le siguió, sin solución de continuidad, un flujo de ayudas y subvenciones a las Tech. Y, metidos en el siglo, los servicios técnicos de Obama pidieron a Google instalar una agencia digital US Digital Service en Washington para introducir la experticia de los Big Tech en la gobernanza pública. Un emprendedor venido de África del Sur, que dirigía una empresa de coches eléctricos, recibió subvenciones y financiación con la promesa de democratizar el vehículo eléctrico. No democratizó nada, pero se lanzó a la carrera espacial, resucitando la famosa “guerra de las estrellas" y su imaginaria hegemonía mundial del imperio americano. El presidente demócrata Obama privatizó la exploración espacial y, con ello, dejó el futuro del cielo en manos de Elon Musk. Hoy, la Guerra de Ucrania usa sus satélites y Trump lo recibe de nuevo.

Otro de los fundadores de Silicon Valley, Larry Ellison, fundador de Oracle anda ahora tras el Proyecto Stargate, 500.000 millones de dólares de inversión y una desregulación masiva, para dar paso a una “Edad de Oro " de la IA con el apoyo de Trump. “Open AI, SoftBank, Oracle y MGX, un inversor en IA respaldado por los Emiratos Árabes Unidos. Las empresas estadounidenses Nvidia y Microsoft y la británica ARM también participarán en la parte técnica”.

Silicon Valley aglutina las empresas más importantes del ramo; Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon Technologies y General Dynamics, empresas líderes mundiales en aviación, misiles, sistemas de defensa, satélites y armamento avanzado. Y si bien la mayor concentración de instalaciones militares, de desarrollo y de contratistas privados se encuentra en la región conocida como el "Pentagon Beltway" alrededor de Washington D. C. (Virginia y Maryland), los Tech de California poseen una influencia decisiva en dicha administración.

Los Tech saben de la importancia de la escuela en una sociedad; así, frente a la escuela pública, ofrecen su contramodelo: Qué mejor que los start-up, cuyo escaparate muestra a “los mejores”; una concentración privada sin equivalente público de hombres jóvenes blancos, graduados en las universidades más caras del país. Ron Unz, un millonario de las finanzas y la informática, “emprendedor” diplomado en Harvard y Stanford, instalado también en Silicon Valley, tomó como objetivo el ataque a la escuela pública y a los hijos de inmigrantes. Steve Jobs se hizo eco, y acusó a los sindicatos de enseñantes de destrozar la enseñanza. Bill Gates y Mark Zuckerberg invertirán después millones de dólares en la “reforma” escolar, con el marketing y la venta correspondiente de sus ordenadores. David Welch, un millonario especializado en fibra óptica, consiguió derogar la ley que protegía el empleo de enseñantes públicos en California y su evaluación. Y más recientemente, Reed Hasting, de Netflix, ha hecho campaña por la privatización de las escuelas de California.

La Sociedad John Birch, un grupo ultraderechista azote en su día de los conservadores, ahora encaja perfectamente en la derecha hegemónica estadounidense. “David Giordano, coordinador de campo de la organización que asistió a la CPAC, atribuyó a Trump el mérito de acelerar el cambio, desafiando a la élite global…” De modo que uno de los motores más importantes del activismo republicano, la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), incluye a los “birches”, los saluda cariñosamente, y junto a Trump, enarbolan el anarcocapitalismo. El Rockbridge, un grupo inversor creado por el Vicepresidente JD Vance, colabora estrechamente con los Tech de Silicon Valley y “... destina fondos al periodismo de derecha, a los votantes, a las encuestas y al activismo eclesiástico, influyendo en estados clave”. Dos de los grupos de Rockbridge, Better Tomorrow y Over the Horizon, se centran en la movilización de votantes, especialmente en estados clave, apoyando a Trump y Vance. Otro grupo, Faithful in Action, busca reclutar feligreses para el activismo político, y cuenta con más de 160.000 miembros. 

Elon Musk trató de “reducir gastos y contratos innecesarios” de la administración americana mediante el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), y actuó sin supervisión alguna en el gobierno. De hecho, DOGE, según el Washington Post, solicitó “acceso al sistema IDRS, u otros sistemas del IRS que le permitirían ver datos fiscales muy sensibles: identificación de los contribuyentes, información bancaria, ingresos, donaciones, deducciones, etc.” Por su parte, grupos de sindicalistas, asociaciones de contribuyentes, pequeños negocios, organizaciones de derechos al contribuyente, etc. interpusieron demandas sin resultados visibles.

Como afirma Sylvie Laurent, “La porosidad ideológica entre el libertarismo de la guerra fría (ahora reeditada), los neoliberales y las derechas reaccionarias es flagrante”. La conversión de los Estados en fábricas digitales de extracción masiva de beneficio a costa de la población está en marcha. 

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

Meta utilizado fotos de “vuelta al colegio” de niñas en edad escolares para anunciar una de sus plataformas a un hombre de 37 años, una acción que los padres de la menor describieron como “indignante” y “perturbadora”, informa The Guardian.

El hombre notó que publicaciones que lo animaban a “unirse a Threads”, la red de Mark Zuckerberg rival de X de Elon Musk, aparecían en su feed de Instagram con publicaciones insertadas de niñas uniformadas de hasta 13 años, con sus rostros visibles y, en la mayoría de los casos, sus nombres.

Las imágenes de las menores fueron usadas por Meta después de que sus padres las publicaran en Instagram para marcar el regreso a clases. Los padres desconocían que la configuración de Meta permitía esto. Una madre dijo que tenía su cuenta en modo privado, pero que las publicaciones se compartían automáticamente en Threads, donde quedaban visibles. Otra explicó que había subido la foto en una cuenta pública de Instagram. Las publicaciones de sus hijas fueron destacadas al extraño como “threads sugeridos”.

El destinatario contó a The Guardian que las publicaciones le parecieron “deliberadamente provocativas y, en última instancia, una explotación de los niños y las familias involucradas”.

El padre de una niña de 13 años que apareció en una de las publicaciones dijo que esta práctica era “absolutamente indignante”. Las imágenes eran todas de chicas escolares con faldas cortas, con las piernas descubiertas o usando medias.

“Cuando descubrí que una imagen de ella había sido explotada de lo que me pareció una manera sexualizada por una empresa tan grande para promocionar su producto, me sentí bastante asqueado”, afirmó.

Meta se defendió diciendo que las imágenes no infringían sus políticas. La empresa explicó que recomienda visitar Threads mostrando fotos compartidas públicamente que cumplan sus normas comunitarias y sus directrices de recomendación. Sus sistemas no recomiendan publicaciones de Threads compartidas por adolescentes, pero en este caso se trataba de cuentas de adultos configuradas para ser visibles públicamente.

El hombre que recibió las publicaciones señaló que, como solo le llegaron publicaciones promocionales de chicas escolares —sin ningún chico en uniforme, por ejemplo—, parecía haber “un aspecto de sexualización”.

La madre de una joven de 15 años cuya foto fue usada en una publicación promocional con un gran botón de “Get Threads” comentó: “Para mí era una foto de mi hija yendo al colegio. No tenía idea de que Instagram la había tomado y la estaba usando como promoción. Es absolutamente repugnante. Ella es menor de edad”.

Añadió que jamás habría dado su consentimiento y que “ni por todo el dinero del mundo permitiría que usaran a una niña en uniforme escolar para atraer gente a su plataforma”.

Con 267 seguidores, su cuenta de Instagram normalmente tenía un alcance modesto, pero la publicación de su hija atrajo cerca de 7.000 visualizaciones, de las cuales un 90% de personas que no la seguían, la mitad tenía más de 44 años y el 90% eran hombres.

Otra madre, cuya publicación de su hija de 13 años fue utilizada en un anuncio promocional, declaró: “Meta hizo todo esto a propósito, sin informarnos, porque quieren generar contenido. Es despreciable. ¿Y quién es responsable de crear ese anuncio de Threads usando fotos de niños para promocionar la plataforma entre hombres mayores?”.

Meta explicó que llama a estas publicaciones “herramientas de recomendación” y que las publicaciones públicas pueden usarse con ese fin.

El usuario de Instagram de 37 años, residente en Londres y que pidió permanecer en el anonimato, concluyó: “Durante varios días recibí repetidamente anuncios de Meta para Threads que incluían exclusivamente imágenes de padres de sus hijas en uniforme escolar, algunas con sus nombres visibles. Como padre, me parece profundamente inapropiado que Meta reutilice estas publicaciones en una promoción dirigida a adultos”.

Dijo que no había publicado ni dado “me gusta” a imágenes similares antes de que le enviaran las fotos de las escolares.

“Para mí, mostrar este tipo de contenido como tendencia o popular es deliberadamente provocativo y, en última instancia, una explotación de los niños y las familias involucradas, poniendo en riesgo su seguridad en línea”.

La primera gran batalla entre los grandes oligarcas tecnológicos y la Unión Europea ya está aquí. Este sábado entró en vigor parcialmente la ley europea de Inteligencia Artificial, que protege a los ciudadanos de las zonas oscuras de esta tecnología, pero amenaza, al mismo tiempo, el poder ilimitado de los multimillonarios y grandes corporaciones que controlan los modelos de uso más frecuente.

Los más grandes ya han empezado a tomar posiciones, algunos dando a entender su disposición a cumplir la ley, a veces con algunas condiciones. Es el caso de OpenAI, Anthropic, Google, Mistral y Microsoft. Otras, en cambio, se niegan y desafían la autoridad de Bruselas. Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, rechaza todo el documento. xAI, del empresario ultra Elon Musk, ha anunciado que solo firmará una parte, pero no todo el código.

Los plazos para cumplir las exigencias de la ley europea de Inteligencia Artificial aprobada en 2023 son muy amplios. Las empresas con modelos de IA de “propósito general” (como los asistentes conversacionales tipo ChatGPT, Claude o Gemini) no estarán obligadas a cumplir obligaciones de transparencia hasta agosto de 2027. No será hasta entonces cuando se haga realidad que, al usar uno de esos servicios, el modelo deba dejar claro que estás hablando con una IA, qué tipo de datos de entrenamiento se usaron, los posibles riesgos de sesgo o toxicidad y un resumen técnico del funcionamiento.

El objetivo de la ley es proteger derechos y evitar el engaño a los ciudadanos. De momento, muchas aplicaciones basadas en modelos de IA de uso general no explican cómo han sido entrenadas, qué tipo de datos usan ni informan del posible sesgo. Cuando estas normas de la ley estén en vigor, dentro de dos años, cualquier servicio disponible en la UE que utilice un modelo de propósito general deberá proporcionar un resumen técnico accesible, incluyendo una declaración que aclare si ha sido entrenado con datos protegidos por derechos de autor y permitir detectar sesgos discriminatorios o toxicidad.

Para adelantar plazos y facilitar la adopción de estos requisitos, la UE publicó el 19 de julio un Código de Buenas Prácticas de adopción voluntaria, en torno al cual se están posicionando las grandes empresas. Firmarlo o no va a permitir al regulador europeo saber quiénes están dispuestos a cumplir y quiénes están predispuestos a desafiar la legislación de la UE.

Los que van a firmar, Google, OpenAI y Anthropic, por ejemplo, se comprometen a adoptar, en primer lugar, medidas de transparencia. Eso significa que publicarán resúmenes de los contenidos usados en el entrenamiento de sus modelos de IA (Gemini, ChatGPT y Claude) y que se comprometen a actualizar esta información de forma periódica, así como a mantener registros detallados sobre su despliegue y funcionalidad.

En segundo lugar, las empresas que acatan el Código prometen implementar políticas estrictas para no usar contenidos con copyright no autorizado, responder a cualquier solicitud de creadores de contenido para excluir sus obras del entrenamiento y cumplir con la normativa de propiedad intelectual europea.

Los propietarios de lo que la ley denomina “modelos de IA de alto riesgo” —que son aquellos que combinan gran capacidad computacional, se despliegan de forma generalizada en múltiples sectores y son susceptibles de amplificar riesgos sociales, como desinformación, sesgo, manipulación, automatización del trabajo o discriminación— deberán además tomar medidas especiales. Entre ellas, hacer evaluaciones sistemáticas de riesgos de seguridad o aprobar protocolos para la detección, mitigación y reporte de incidentes relacionados con mal uso.

Firmar el Código proporciona una presunción de cumplimiento de buena fe frente a la Autoridad de IA de la UE, lo que puede facilitar auditorías, inspecciones o negociaciones regulatorias en el futuro. Y anticipa la decisión de cumplir la ley en estos apartados antes de agosto de 2027.

¿Qué riesgos asumen Meta y xAI al no firmar, o hacerlo parcialmente? En primer lugar, se ponen en el foco y se arriesgan a un mayor escrutinio regulatorio. Aunque el Código es voluntario, la Comisión Europea ha avisado que las empresas que no lo firmen se enfrentarán a una supervisión más intensa.

En segundo lugar, se exponen a un riesgo reputacional. La negativa a suscribir un estándar voluntario alineado con valores de seguridad, transparencia y derechos genera una percepción pública y política adversa, especialmente en un continente como Europa, en el que la ley va a servir para elevar la confianza en unos modelos y desacreditar otros.

Los que cumplan el Código tienen, en principio, más facilidades para desplegar sus modelos de negocio en Europa. Así que Meta o xAI lo tendrán más difícil para lanzar nuevos modelos o acceder al mercado de la Unión Europea, frente a OpenAI, Google o Anthropic.

Lo que no habrá, de momento, son sanciones. Si en agosto de 2027 las empresas de Zuckerberg o Musk siguen sin cumplir las obligaciones que, de momento, son voluntarias —en materia de transparencia, seguridad y derechos de autor— se arriesgan a multas que pueden llegar al 7% de su facturación global.

La empresa de Musk, xAI, ha tratado de salir del paso firmando solo el capítulo de seguridad y protección, pero no los relativos a transparencia ni derechos de autor. Esto implica que no obtendrá la presunción de conformidad completa y se expone a supervisión adicional en torno a los capítulos no firmados.

Meta, a través del director de Asuntos Globales de la compañía, Joel Kaplan, alega que Europa “va por el mal camino en materia de IA” y que el Código introduce “diversas incertidumbres legales para los desarrolladores de modelos”, así como “medidas que van mucho más allá del alcance de la Ley de IA”. La empresa de Zuckerberg está tratando de conseguir, junto a otras grandes compañías de diferentes campos, que la UE detenga la implementación de la ley de IA porque, asegura, frenará el desarrollo y la implementación de modelos de IA de vanguardia en Europa.

Los argumentos de xAI son parecidos. Asegura que el Código y la futura ley son profundamente perjudiciales para la innovación y considera que las disposiciones sobre derechos de autor son “claramente un exceso”.

Las voces autorizadas que apoyan un mayor control de los modelos de IA son, en cambio, cada vez más numerosas. Uno de ellos es el sociólogo, ensayista y asesor político de origen italo-suizo Giuliano da Empoli, para quien las empresas que los desarrollan constituyen un imperio difuso y sin contornos físicos que supone una amenaza para Europa, uno de los pocos contrapesos que se interponen en el mundo en su objetivo de consolidar su hegemonía global, descentralizada, basada en datos, algoritmos y redes.

Según Da Empoli, estas compañías buscan generar inestabilidad —con hitos como la presidencia de Donald Trump o, en su día, la salida de la UE del Reino Unido— utilizando redes sociales para manipular electorados y erosionar el consenso democrático. Es un poder esencialmente antidemocrático, porque concentra poder sin consulta ni rendición de cuentas, sustituyendo las decisiones colectivas por dictados algorítmicos y corporativos. Un poder que dispone además de enormes recursos financieros con los que sostener proyectos políticos (Musk ya está financiando a los ultraderechistas) y presionar a no pocas democracias europeas.

“África estará vacía cuando toda la mierda esta esté en Europa”, dice @judit_h7702. “Escopetas en mano y a expulsar a los invasores, más fosas con moros y menos deportaciones”, defiende black_rose2001. “Estos moros, lo de matar lo llevan en la sangre”, sentencia Perrote. Estas frases, que claramente incumplen las normas españolas y europeas en relación con los mensajes de odio, siguen publicadas en redes sociales porque las plataformas online que les sirven de altavoz se han negado a retirarlas a pesar de haber recibido una petición expresa por parte del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe).

Son solo algunos ejemplos de la limitada disposición de los propietarios de las redes sociales más utilizadas a contener la propagación de mensajes de odio. Pero hay muchos más. “Hay que usar la basura musulmana como abono”, publicó impunemente hace ocho semanas sarrcoma202312 sin que la plataforma que lo publicó haya aceptado su retirada. “La cara del mono negro ultra en primer plano. Qué asco”, proclama desde su cuenta La_Emperatriz_Oficial.

El usuario gus.tavo.mo72 sostiene que “Los monos no deben salir de su jaula porque la lían”, una anotación racista que casi parece moderada al lado de la de Gorka_manoshow: “Lo que hay que hacer es bombardear todas las pateras nada más sean divisadas”.

“Os haremos cámaras de gas para vosotros... Allí podréis rezar en multitud si queréis... Mira si somos buenos”, dice otro odiador con presencia en redes sociales contando con el respaldo de las plataformas online a pesar de que el Gobierno ha pedido expresamente que semejante amenaza sea retirada.

La actitud de los responsables de las redes sociales, su manga ancha a la hora de permitir contenidos claramente racistas, xenófobos o incluso que promueven la violencia, da idea de la desigual batalla que libra Oberaxe para tratar de limpiar Facebook, X, TikTok, Instagram y YouTube de contenidos de odio racista y/o xenófobo, antisemita, antigitanos o islamófobos que pueden ser constitutivos de delito, infracción administrativa o que violan las normas de conducta de las plataformas de redes sociales.

El Observatorio, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, monitoriza a diario, desde mayo de 2020, el discurso de odio en España en las cinco principales plataformas, lo que deja fuera del radar aplicaciones tan relevantes en la transmisión de estos discursos como Telegram o WhatsApp. En él trabajan seis monitorizadores y dos personas con funciones de coordinación y análisis que colaboran con la Comisión Europea en los ejercicios de seguimiento que se realizan en cumplimiento del Código de Conducta para la lucha contra la incitación ilegal al odio en Internet que fue firmado con las empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos con mayor presencia en la Unión.

Este código compromete a las grandes plataformas tecnológicas a combatir la difusión de mensajes que inciten al odio en línea. Las empresas firmaron estar dispuestas a luchar contra la incitación al odio online sin violar la libertad de expresión, persiguiendo discursos que promuevan la violencia o el odio basados en raza, color, religión, origen étnico o nacional.

Para cumplirlo, las tecnológicas deben tener procedimientos claros para evaluar y eliminar contenido que incite al odio en un plazo de menos de 24 horas tras una notificación válida, así como trabajar con organizaciones de la sociedad civil para identificar mejor los contenidos inadecuados y fomentar discursos alternativos que promuevan la no discriminación.

La realidad demuestra, sin embargo, que en la práctica se resisten a hacerlo, especialmente YouTube, propiedad de Google, y X, la plataforma del magnate ultraderechista Elon Musk. La primera retiró apenas el 3% de los contenidos de odio reportados por Oberaxe en abril y la segunda el 8%. Más colaboradoras se mostraron Instagram (39%) y Facebook (44%), ambas pertenecientes al millonario norteamericano Mark Zuckerberg. Mejor opinión merece TikTok, la red social china que más atrae a los jóvenes españoles, con un 85% de respuestas positivas cada vez que el Gobierno le pide la retirada de un contenido.

Desde 2022, el observatorio cuenta con una aplicación propia, Alertodio, diseñada por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), para el registro y recogida de contenidos de discurso de odio identificados en las redes. El soporte y desarrollo informático lo realiza la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Desde 2024, el convenio de colaboración firmado entre este ministerio y La Liga permite a Oberaxe profundizar y multiplicar el alcance del trabajo realizado a través del nuevo Sistema Faro de filtrado y análisis de odio en las redes sociales. Un sistema que aplica la inteligencia artificial, entrenada en el Monitor para la Observación del Odio en el Deporte (MOOD) de La Liga, a la metodología, especialización y experiencia acumulada por el observatorio del Gobierno. El sistema Faro permite una monitorización en tiempo real que muestra los datos recogidos en los últimos 30 días.

Según el análisis de datos de Oberaxe, el objetivo de los odiadores sigue siendo, mayoritariamente, las personas procedentes del norte de África (70%) y las que profesan la religión musulmana (23%). Luego están los afrodescendientes (8%), los de origen asiático (7%), la comunidad judía (4%) y los latinoamericanos (4%).

El episodio con el que los odiadores más relacionan a estas personas suele ser un supuesto problema de inseguridad ciudadana (64%), en línea con la principal estrategia xenófoba de la ultraderecha. También se les relaciona con conflictos armados (31%) o en contextos económicos (11%) o deportivos (9%). En un 5% de los casos los odiadores relacionan a las personas de las que hablan con el terrorismo y en otro 5% con la llegada de embarcaciones de migrantes a España.

En lo que va de año, los mensajes de odio detectados fueron 316.288 (una media de casi 2.000 al día). De ellos, Oberaxe ha pedido a las plataformas online la retirada de 1.425, pero solo tuvo éxito en el 32% de los casos.

¿Por qué el Observatorio solo pide la retirada de menos de un 1% de los mensajes detectados? Porque no tiene capacidad para hacer más. Así que pide la retirada de apenas una muestra representativa de los mensajes detectados para ser notificados a las plataformas. Es una tarea que se realiza de forma manual, por lo que solo es posible recopilar una muestra, explica Oberaxe.

Atendiendo al tipo de lenguaje empleado, los datos del observatorio revelan que un 87% de los contenidos notificados contienen un discurso agresivo, caracterizado por insultos y expresiones hostiles, lo que evidencia un alto nivel de violencia verbal hacia las personas de origen extranjero. En el 13% restante, se recurre a la ironía y el sarcasmo como forma de encubrir comentarios racistas y/o xenófobos. En un 21% de los casos, los odiadores utilizan imágenes y emoticonos, elementos que refuerzan el mensaje y facilitan su difusión, especialmente en redes sociales.

En los últimos tiempos, está tomando protagonismo una nueva tendencia basada en la creación de figuras y/o personajes generadas mediante inteligencia artificial que ridiculizan principalmente a las personas del norte de África a través de representaciones estereotipadas y ofensivas.

La estrategia del discurso del odio busca en primer lugar, en más de la mitad de los casos detectados, su deshumanización (se priva al grupo atacado de cualidades humanas, calificándolos de plaga o llamándolos animales) con el objetivo de justificar su exclusión o maltrato eliminando cualquier tentación de sentir empatía con su sufrimiento.

Los odiadores también tratan de presentar a grupos humanos enteros como una amenaza (sucede en una de cada diez anotaciones en redes de este tipo), un peligro para la seguridad, la identidad o los recursos de la mayoría con afirmaciones falsas como que “nos están invadiendo”, “quieren imponernos su cultura” o “colapsan la sanidad” (el objetivo en este caso es legitimar medidas de exclusión “defensivas” y activar emociones como el miedo o la ira).

En un 12% de los casos, el contenido trata de incitar a la expulsión de personas por su origen, religión o raza (“Hay que deportarlos”, “fuera de nuestro país”, “que se vayan a su tierra”) para transformar el rechazo en presión para que se aprueben medidas institucionales de exclusión.

Los contenidos que directamente llaman al uso de la violencia rozan casi el 6% de los mensajes detectados. Sus autores proponen o legitiman el uso de la violencia física como solución, a menudo con tono de broma o justicia popular (“Habría que darles una paliza”, “un tiro y se acaba el problema”, “solo entienden por las malas”) con la finalidad de generar una normalización del castigo violento hacia ese grupo.

En el resto de los mensajes de odio predominan las alabanzas a quien ataca o agrede al grupo (“Bien hecho por defender su país”, “un héroe por enfrentarse a esos parásitos”, “hace lo que el Gobierno no se atreve”) o promueven su descrédito para socavar su legitimidad, credibilidad o pertenencia a la sociedad (“Solo vienen a vivir del cuento”, “no aportan nada”, “nos cuestan millones”) para así justificar su marginación o invisibilización, restándoles valor social.

En estas circunstancias, no es de extrañar que a la par que crece la centralidad informativa de las redes, aumente la exigencia social sobre cómo deben gestionarse los contenidos problemáticos. Según el Informe de Noticias Digitales 2025 del Instituto Reuters, que se ha hecho público este martes, una mayoría de españoles (51%) respalda que las plataformas eliminen publicaciones falsas o dañinas, frente al 20% que defiende la no intervención.

El consenso se vuelve matizado al preguntar quién debe ejercer ese control: el 38% prefiere la autorregulación corporativa, el 28% confía más en organismos públicos independientes y apenas un 13% delegaría la tarea en la propia comunidad de usuarios.

Una buena pista del problema la da el hecho de que, según este informe, el tipo de estrategia a seguir en la moderación de contenidos de redes sociales esté condicionado por la ideología. Quienes se sitúan en el centro político apoyan en un 61% una moderación equilibrada, mientras los extremos —sobre todo en la derecha— desconfían de cualquier filtro, en nombre de la libertad de expresión. Por el contrario, la izquierda hace hincapié en frenar discursos de odio y desinformación, lo que explica su mayor apoyo a la retirada de contenido nocivo.

La edad también introduce matices: los jóvenes de 18 a 24 años muestran mayor tolerancia hacia mensajes polémicos y optan por modelos de autorregulación, mientras los mayores de 55 reclaman marcos institucionales más estrictos para salvaguardar la integridad del espacio público.

En general, la ciudadanía duda de la eficacia real de las reglas actuales: persiste la impresión de que no se hace lo suficiente contra el discurso dañino, percepción que alimenta la demanda de soluciones híbridas donde plataformas, reguladores y sociedad civil compartan responsabilidades, subraya el Instituto Reuters.

Meta comienza desde este martes a entrenar su inteligencia artificial (IA) utilizando contenido público —como publicaciones y comentarios— compartido por adultos en sus diversos productos dentro de la Unión Europea (UE), aunque existe la posibilidad de oponerse, según informa EFE.

La compañía, propietaria WhatsApp, Facebook o Instagram, empezó a enviar notificaciones el pasado abril a los usuarios en la UE, dentro de las aplicaciones y por correo electrónico, para explicar el tipo de datos que usará para entrenar a su IA.

Las notificaciones recibidas por los usuarios incluían un enlace a un formulario para oponerse, en cualquier momento, a que sus datos sean utilizados de esa manera y que está también disponible en su web.

Meta señala en su política de privacidad que usará para ese entrenamiento las interacciones del usuario con las funciones de la IA de Meta e información pública, como publicaciones y comentarios públicos, que se haya compartido en los productos de Meta.

Sin embargo, no usará el contenido de los mensajes privados que el usuario intercambia con amigos y familiares, a menos que él o alguien en el chat decida compartirlos con la IA, agrega.

Meta señaló el pasado abril que esa recopilación de datos ayudaría a que la inteligencia artificial entienda y refleje mejor las culturas, idiomas e historias de las personas en la región, beneficiando así tanto a usuarios como a empresas.

Opacada por el saludo nazi de Elon Musk, la imagen de la élite de Silicon Valley, los niños prodigio made in USA, sentados prácticamente en primera fila en la investidura de Donald Trump ha hecho correr ríos de tinta durante el mes de enero. La "derecha tecnológica" o, como les llamó Pedro Sánchez, "tecnocasta" y "tecnomillonarios",rindió así pleitesía al nuevo presidente de EEUU después de que Mark Zuckerberg abrazase la ideología más ultra y antes de que los líderes de la inteligencia artificial asegurasen que el nuevo presidente será "increíble". 

Pero, sobre todo, hicieron evidente un giro ultra que, en realidad, de puertas para dentro no lo era tanto. El gran error del gran público, sobre todo de fuera de EEUU, fue confundir el aura hippy de esta industria creada por jóvenes genios con progresismo, cuando lo único que hay son multimillonarios que se definen así mismo como libertarios que solo se preocupan por seguir engordando sus cuentas bancarias. 

Ante este nuevo escenario ahora evidente, otros tantos ríos de tinta han corrido durante estas últimas semanas sobre qué hacer con sus creaciones ya que son los dueños de algunos de los imperios que controlan las redes sociales con las que nos comunicamos como Instagram, WhatsApp o X, que dirigen nuestros correos y búsquedas en Internet como Google, o que dominan el comercio electrónico como Amazon. 

Para tomar decisiones conscientes y conocer un poco mejor lo que se esconde detrás de estas plataformas, repasamos trece de los títulos que se han publicado a lo largo del último lustro —porque en este campo los años son casi como siglos— sobre Silicon Valley, sus imperios tecnológicos y sus líderes. Por cierto, en una industria en la que los principales dueños son hombres, siete de estos libros están escritos por mujeres. 

A caballo entre la crónica y la novela, Anna Wiener relata en primera persona su experiencia como trabajadora en Silicon Valley. En 2013, y con veinticinco años, dejó su precario empleo de asistente editorial en Nueva York y se mudó a San Francisco atraída por las promesas tecnológicas. 

Tirando de eufemismos y sin citar directamente ni nombres de directivos ni de empresas —ella trabajó en "la startup de libros digitales"—, desvela la cara oscura de los productos de esta industria pero también las sombras de las personas que la conforman. Pero, sobre todo, detalla al milímetro la toxicidad del ambiente laboral: desde la ansiedad por las altas expectativas pasando por el racismo y el machismo endémico en una industria controlada por "un club de machos" hasta la ausencia de una conciliación laboral real. 

Aunque ya tenga unos años, es la Biblia para entender el capitalismo de la vigilancia, eso es en lo que las redes sociales, en particular, y las tecnológicas, en general, basan sus negocios. Carissa Véliz desgrana en este libro cómo nos vigilan para saber quiénes somos, qué pensamos o qué queremos para predecir nuestro siguiente movimiento. Son los buitres de los datos. 

Además, esta doctora en filosofía por la Universidad de Oxford desgrana cómo poner fin a esta economía de los datos. "No estás a la venta. Eres un ciudadano y se te debe privacidad. Es tu derecho. La privacidad es nuestro modo de vendarle los ojos al sistema para que nos trate con imparcialidad y justicia", explica en este libro. Un imprescindible. 

Esto no es solo un libro sobre Uber, convertido, por cierto, también en serie, Super Pumped, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt pero que no se encuentra disponible ahora mismo en ninguna plataforma en España. Además de conocer la historia detrás de la empresa que quiso acabar con la industria del taxi, el periodista del New York Times, Mike Isaac, nos abre la puerta de la primera tecnológica que hizo saltar las alarmas al poner a la vista de todos lo que esconde Silicon Valley: rastreo sistemático de sus usuarios, prácticas mafiosas y sobornos para lograr legislaciones beneficiosas, espionaje a rivales y trabajadores, y una cultura laboral que parecía "una despedida de soltero racista y sexista".

Además también deja un detalle interesante sobre el actual silencio de los trabajadores de Silicon Valley en comparación con lo que sucedió tras la primera victoria de Trump. El por entonces CEO de Uber, Travis Kalanick, nunca llegó a ocupar un perseguido asiento en el consejo en la Casa Blanca por la presión y las críticas de sus empleados que tachaban al presidente de xenófobo, ignorante y racista. No ha ocurrido lo mismo ahora con Musk, por ejemplo. 

La investigadora Anu Bradford recuerda al inicio de su libro que, en 2021, solo Apple y Meta juntas valían más que las cien empresas con mayor capitalización bursátil que cotizan en la Bolsa de Londres. Partiendo de la premisa de que la tecnología es el "petróleo digital", describe con un meticuloso detalle un escenario en el que existen dos grandes modelos en competencia. China y EEUU (tal y como ha evidenciado la aparición esta misma semana de Deepseek), que buscan dominar y controlar una industria concentrada en un puñado de grandes compañías. 

Y también dibuja un tercer actor en discordia, la UE, en un papel de árbitro que se ha dotado de un valioso modelo regulatorio ante su incapacidad de plantar cara a sus dos competidores en materia de innovación. Un complejo tablero de una guerra invisible que se dibuja en este extenso libro convertido ya en un texto de referencia de la geopolítica digital. 

Walter Isaacson es un experto en escribir biografías. Mítico es su libro sobre Steve Jobs, material incluso de películas. Y lo mismo hace ahora con Elon Musk, que además de ser el dueño de X, Testa y SpaceX es ahora uno de los hombres de confianza de Trump. En la que el propio autor define como una historia "asombrosamente íntima" tras dos años a la sombra del hombre más rico del mundo, se ofrece un relato a caballo entre la adulación y un repaso a su vida desde una infancia en la que sufrió bullying hasta cómo compró la red social. 

Aunque detalla que el multimillonario nunca había sido una persona con demasiado interés por la política, la propia compra de Twitter podría estar enmarcada dentro de esta lucha por acabar con el virus woke que lo obsesiona desde el covid y la transición de su hija Jenna. Según relata Isaacson, para él "era importante contar con una plaza pública que sea inclusiva" y con sus hijos habría llegado a bromear diciéndoles que había comprado la plataforma para que Trump, al que definió en 2022 como "el campeón mundial de decir gilipolleces", saliese elegido en 2024. 

"Elon Musk mató a Twitter, tanto figuradamente al cambiar su dirección, como literalmente al cambiar el nombre de la compañía", explicó a infoLibre el periodista de Bloomberg Kurt Wagner con motivo del aterrizaje en España de este libro que profundiza en los orígenes de la red social hasta la batalla legal por su control en 2022. Eso sí, no toda la culpa es del nuevo amigo de Trump: Jack Dorsey, uno de los cofundadores de la plataforma, también es responsable directo de su estado actual.

El libro aborda los debates y los conflictos que rodearon a una plataforma que hizo historia creando su propio lenguaje y siendo pieza clave durante la Primavera Árabe y en movimientos como el #BlackLivesMatter o el #MeToo. Ahora, en cambio, vive un nuevo nivel de intensidad desde la irrupción de Musk con decisiones absurdas, despidos masivos, una gestión un tanto peculiar y un escoramiento de sus algoritmos hacia la derecha más radical. 

La periodista de Bloomberg, Sarah Frier, analiza cómo Instagram pasó de ser una red social con un toque bohemio y artístico a fenómeno de masas cultural narrando en detalle las luces y sombras de sus primeros diez años de vida: su creación, cómo la compró Facebook, cómo Zuckerberg la boicoteó cuando ya era suya porque le preocupaba que su éxito "pisoteara" a su creación, cómo fue la salida de sus dos fundadores Kevin Systrom y Mike Krieger y cómo Adam Mosseri tomó las riendas de la plataforma. 

Uno de los elementos más interesantes de este libro, más allá de la historia de Instagram, es conocer cómo es Zuckerberg cómo jefe. Sus artimañas y sus ansias por demostrar que el único que manda en Menlo Park es él. "Quería dejar claro que en Facebook sólo hay un CEO que importa: Zuckerberg", explicó Frier a preguntas de infoLibre sobre la salida de los dos fundadores pocos meses después de que los de WhatsApp hicieran lo mismo. 

El periodista del Wall Street Journal, Jeff Horwitz, relata en este libro las malas prácticas de Facebook. En esta obra se desgranan los pormenores de la investigación Los papeles de Facebook basada en los archivos internos que recopiló Frances Haugen, extrabajadora del imperio conocido ahora como Meta. ¿El resultado? Un complejo entramado creado por el imperio de Zuckerberg de manipulación política, desinformación y problemas de salud mental para los menores. 

En una entrevista con infoLibre, Horwitz reconoció que tras la publicación de la investigación "nadie se sorprendió de que Facebook tuviera efectos negativos" pero sí que llamó poderosamente la atención que era "la propia mecánica" de la red social la que provocaba todo estos efectos negativos y que se dejaba claro que "Meta sabía sabía lo que estaba haciendo" y prefirieron no hacer nada.

Otro de los que se sentó muy cerca de Trump el día de su investidura fue Jeff Bezos. Fundador de Amazon y dueño del Washington Post, este libro de Alec MacGillis, más que profundizar en su figura, detalla cómo esta aplicación de comercio electrónico ha cambiado la sociedad en EEUU. Es el conjunto de las historias de personas anónimas que luchan por sobrevivir a la sombra de este gigante tecnológico. ¿El resultado? Un relato íntimo del capitalismo contemporáneo y una mirada también a lo que nos espera a los europeos. 

El periodista de The New Yorker, Andrew Marantz, analiza a la perfección cómo la extrema derecha explota la utopía de la "democratización de la información", ese internet libre que prometían las tecnológicas, para impulsar sus fanatismos en la masa social. Durante más de un año exploró el mundo de Silicon Valley, pero también el de los conspiradores, supremacistas blancos y troles nihilistas que dinamizan en gran medida las bases electorales de Trump. 

Explica también cómo los ultras se aprovechan de unos algoritmos que premian el contenido extremista y polarizador porque odiar es divertido y consigue retener más al usuario, la base del negocio de las redes sociales: nuestros datos y nuestra atención. Y también apunta cómo todo esto encamina a los jóvenes hacia la radicalización en línea y cómo se difunden anónimamente unas ideas marginales al imaginario colectivo. Publicado en 2021, una crónica que adelantó lo que pasó en 2024 y lo que está pasando en 2025. 

Talia Lavin no lo tuvo fácil para escribir este libro ya que se infiltró como una rubia nazi y como un íncel desamparado en algunos de los grupos que proliferan en Internet llenos de extremistas y supremacistas blancos. Así hace un relato exhaustivo de las redes que se generan en Internet y que están llenas de antisemitismo, racismo y poder blanco. Publicado en 2022 y con los Proud Boys como uno de sus protagonistas, está de total actualidad tras la puesta en libertad por parte de Trump de los asaltantes al Capitolio. Y puede servir perfectamente como segunda parte del trabajo de Andrew Marantz. 

Hubo un tiempo no muy lejano en el que las redes sociales, como Facebook o Twitter, eran otra cosa y fueron uno de los pilares del 15M o las Primaveras Árabes. Millones de personas usaron estas plataformas para generar ruido y esta agitación alimentó movimientos sociales de masas. "El caso es que llegamos demasiado lejos", asegura Marta G. Franco en este libro que repasa cómo "las fuerzas del mal se reorganizaron:  aprendieron de nuestras tácticas de inteligencia colectiva y las transformaron en un conjunto de metodologías para hacer trampas y bullying".

Además de detallar la historia de internet, el cómo hemos llegado hasta aquí y cómo las grandes tecnológicas han mercantilizado la web y la han convertido en su negocio, también dibuja un mapa para volver a habitarla: "Toca salirnos de los raíles que han sido instalados para las locomotoras de los señores multimillonarios que vamos a ver descarrillar". 

Una premisa similar a la de Marta G. Franco es la de Simona Levi en un libro que gira alrededor de conceptos como la digitalización democrática y la soberanía digital pero que también explica cómo las instituciones han cedido Internet para que las poderosas tecnológicas lo transformen en su propio latifundio privado. "Las instituciones tienen una responsabilidad en haber dejado que Internet sea como el Salvaje Oeste", afirmó a infoLibre el pasado septiembre la también cofundadora de la plataforma especializada en derechos digitales Xnet. 

Desmonta mitos y propone caminos concretos y, sobre todo, obligaciones institucionales para una digitalización más democrática, distribuida y no monopolística. Porque, tal y como señala, "es difícil que la población sea consciente de sus derechos y de las buenas prácticas cuando las instituciones no lo hacen".

"Sólo hay dos industrias que llaman a sus consumidores 'usuarios': las de las drogas y las de software". Esta es una de las hipótesis de la que el documental del director Jeff Orlowski que analiza la influencia de las redes sociales con extrabajadores de tecnológicas que avisan de los peligros y de la adicción que generan las herramientas que ellos mismos crearon basadas en el "capitalismo de la atención": "Es como si tuvieran un muñeco de vudú de nosotros", admite Aza Raskim, extrabajador de Mozilla. 

"Hemos creado herramientas para desestabilizar la sociedad", indica Tristan Harris, ex diseñador ético de Google, y una de las voces claves de este documental y que apunta a que no es la propia tecnología la amenaza sino su capacidad de "sacar lo peor" del ser humano. 

Este documental de Nick Green de hora y media repasa la historia de Zuckerberg y de Facebook utilizando como hilo conductor sus comparecencias en abril de 2018 ante sendas comisiones del Senado y el Congreso. Con extrabajadores de Meta y expertos, hace un retrato de "la mayor empresa de toda la historia" con su fundador y CEO como "dictador" detallando cómo influenció su algoritmo en la victoria de Trump en 2016, el escándalo de Cambridge Analytica, cómo fue una pieza fundamental en el genocidio de rohinyás en Birmania o en el asalto al Capitolio, o la importancia de las revelaciones de Frances Haugen que confirmaba con documentos lo que muchos ya sabían: que la compañía antepone sus beneficios a las personas. 

Mención aparte merece la importancia que este documental le da a Peter Thiel. El que fuera uno de los principales inversores de Facebook, se ha convertido en un activista proTrump y cómo ha influido en Zuckerberg. "No creo que tenga políticas profundas, su política es Facebook", se comenta en un momento de la película sobre el empresario. 

En enero de 2021, Donald Trump abandonó la Casa Blanca con un veto inaudito de prácticamente todas las redes y plataformas sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube, Spotify, Snapchat, Reddit, Twitch, TikTok o Pinterest dieron un paso adelante y, por primera y quizás última vez, asumieron su papel más allá de simples intermediarias de contenido y censuraron al por entonces presidente saliente tras el asalto al Capitolio. Sin embargo, solo cuatro años después, los dueños de muchos de esos imperios tecnológicos con sede en la progresista California lo han dejado de ver como un peligro para la democracia y se han colocado ideológicamente a su lado. 

Se espera, por ejemplo, que Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, tres de los hombres más ricos del mundo, estén sentados en primera fila en su toma de posesión. Algunos medios también señalan que Tim Cook de Apple y Sam Altman de Open AI, que hicieron donaciones personales, también acudirán. Incluso The New York Times apunta a que el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, tiene previsto acudir tras el apagón de trece horas en EEUU producido este mismo fin de semana por una prohibición levantada gracias a Trump, que anunció una prórroga de 90 días.

La presencia de todos estos magnates de Silicon Valley en Washington se producirá sólo cuatro días después de que Joe Biden, en su discurso de despedida, advirtiera que en EEUU "una oligarquía construida sobre una concentración extrema de riqueza, poder e influencia" y concentrada en manos de "unos pocos individuos ultrarricos" amenaza directamente "nuestra democracia, los derechos y libertades fundamentales". No mencionó por el nombre a ninguno, pero no hizo falta.

A pesar de las críticas y amenazas del pasado, desde que Trump logró la victoria el pasado noviembre, la élite de Silicon Valley se ha quitado la careta con el aval del silencio de sus trabajadores, atenazados por la ola de despidos. Con Musk como "estrella" del nuevo presidente y con un asiento asegurado como asesor en su Administración tras donar su juguete X como arma de propaganda, el resto de líderes han ido moviéndose para posicionarse al lado del nuevo inquilino de la Casa Blanca con Zuckerberg como máximo exponente. 

Primero, acudieron hasta Florida para reuniones privadas en la mansión de Mar-a-Lago. Y después obsequiaron al comité para la toma de posesión ingentes cantidades de dinero: Meta y Amazon junto con Google, Microsoft o Uber de un millón de dólares, al igual que las hechas a titulo personal por parte del consejero delegado de Apple, Tim Cook, o de Open AI, Sam Altman. Cantidades muy superiores, según datos de The Washington Post, si se comparan con la de Biden en 2021 o la del propio Trump en 2017.

¿Por qué se produce ahora este posicionamiento tan evidente de la élite de Silicon Valley al lado de Trump y no hace ocho años, tras su primera victoria? "No se debería haber considerado a estas empresas como progresistas", sostiene Miriam Juan-Torres, experta en relaciones internacionales e investigadora en la Universidad de Berkeley.

"El cambio se ha hecho evidente en las últimas semanas, pero lo hemos estado viendo en los últimos años, sobre todo durante la Administración Biden", explica Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. Esta experta apunta a que "la mayoría de estos empresarios son libertarios que defienden esta libertad absoluta y la supresión de Gobiernos y leyes", aunque hasta ahora se habían posicionado "a favor de los demócratas" y "han hecho filantropía en muchas causas progresistas". 

Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que en este movimiento influyen varios elementos. El primero y más evidente es la figura de Elon Musk. "Ha conseguido mover el tablero y atraer a otros líderes tecnológicos", asegura Juan Francisco Albert, director del centro de análisis sobre radicalismo reaccionario Al Descubierto, que señala además que, no obstante, a muchos miembros de esta élite estas ideas del dueño de X ya les rondaba la cabeza y ahora han encontrado vía libre. "El poder de Musk es clave porque muchas están en competencia con él. Por ejemplo, Bezos tiene una empresa de cohetes que rivaliza con SpaceX, Altman y Musk no se llevan bien… se están acercando para que no les pongan trabas a la hora de competir", indica García Encina. 

Aunque, en la importancia de Musk, no hay que olvidarse de la figura de Peter Thiel. Uno de los se subieron al barco de la radicalización de Silicon Valley hace ya varios años. Amigo de Musk desde que ambos fundaron PayPal, este magnate detesta al progresismo y fue uno de los primeros empresarios tecnológicos que apoyaron a Trump en 2016. Muchos en EEUU lo señalan a él como la persona detrás del giro del dueño de X que colaboró con las campañas presidenciales de Barack Obama e incluso, en una ocasión, estuvo seis horas haciendo cola para estrechar la mano del expresidente en un evento.

Otro que cambió de barco fue Marc Andreessen. Aunque lo hizo en el tiempo de descuento, su giro sirvió de precedente al ser uno de los nombres fuertes en Silicon Valley. Junto a su socio Ben Horowitz, anunciaron en verano que pondrían dinero para la campaña republicana, coincidiendo con la selección de J.D. Vance como compañero de ticket. El que fue senador de Ohio comenzó su carrera en Mithril Capital, el fondo de capital riesgo de Peter Thiel, y su elección fue entendida por muchos dentro de la industria como una señal de que la segunda Administración de Trump sería más favorable para las tecnológicas. 

Ya con la victoria en el bolsillo, Zuckerberg también se ha quitado la careta. El fundador de Facebook ha abrazado públicamente la política de —no— moderación de X suprimiendo los verificadores de datos y eliminando una serie de restricciones sobre la migración o la identidad de género. Además, Zuckerberg también ha colocado a dos republicanos entre sus filas. El que fuera uno de los principales asesores de George W. Bush, Joel Kaplan, ha sido nombrado presidente de Asuntos Globales en sustitución del británico Nick Clegg. Y Dana White, CEO de la UFC, la mayor empresa mundial de artes marciales mixtas, y amigo personal de Trump, se incorporará al consejo directivo de Meta a pesar de que en su historial aparecen acusaciones de violencia machista.

El imperio tecnológico también trasladará sus equipos de confianza, seguridad y moderación a Texas porque California parece demasiado "parcial". Así, tal y como publica The Verge, los empleados que trabajen para Meta en este estado del sur estarán sujetos, por ejemplo, a las leyes contra el aborto más estrictas de EEUU. Sigue además así el mismo camino que Musk, que trasladó SpaceX, Tesla y X en respuesta a la aprobación en junio de un proyecto de ley en California destinado a brindar apoyo a los estudiantes LGBTQ+. Oracle, HP o Dropbox también se mudaron recientemente. 

Y mientras Zuckerberg cocina todos estos cambios también acapara titulares con frases polémicas que podría firmar el mismísimo Trump. "Echo de menos la energía masculina en las empresas" o "la cultura corporativa ha virado hacia algo más castrado" fueron algunas de las perlas que dejó esta misma semana en el podcast de The Joe Rogan Experience. "Todos estos CEO creen más en la dominación y en establecer ciertas jerarquías, que están muy relacionadas con la cultura empresarial, que en la igualdad", reconoce Juan-Torres. 

Por su parte, Jeff Bezos, que además de ser el fundador de Amazon también es el dueño de The Washington Post, defendió durante la campaña electoral que el periódico no respaldase a ninguno de los dos candidatos y a principios de enero vetó una viñeta de Ann Telnaes en la que mostraba al multimillonario junto a Zuckerberg, Altman, el propietario de Los Angeles Times Patrick Soon-Shiong y a Mickey Mouse simbolizando a Disney rindiendo pleitesía a Trump. 

Tim Cook, al contrario que sus colegas, donó el millón de su propio bolsillo para no posicionar políticamente a su empresa. Sin embargo, el director ejecutivo de Apple siempre ha tenido una buena relación con Trump y, según reveló el presidente electo el pasado octubre, lo llamó en octubre para quejarse de la UE y pedirle protección. 

El líder de Google, Sundar Pichai, no tardó en tuitear tras las elecciones que "estamos comprometidos a trabajar con su administración para ayudar a que los beneficios lleguen a todos". Desde entonces, expresó en varias ocasiones su entusiasmo por trabajar con Trump y que confía en su ayuda para avanzar en inteligencia artificial. 

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, firmó una carta antes de las elecciones pidiendo que se regule la inteligencia artificial "sólo si los beneficios superan a los costes". Por su parte, el jefe de Open AI, la empresa detrás de ChatGPT, Sam Altman, también se ha posicionado al lado de Trump: "Liderará a nuestro país hacia la era de la inteligencia artificial, estoy ansioso por apoyar sus esfuerzos para garantizar que EEUU se mantenga a la vanguardia". 

El segundo factor a tener en cuenta en el cambio de los líderes de la big tech es que la nueva victoria de Trump ha dejado claro que el giro reaccionario es una realidad a nivel mundial y no una anécdota made in USA. "Los vientos políticos en EEUU empezaron a cambiar en la década de 2010", apunta García Encina. "Claramente el auge del populismo autoritario se ha extendido y la lógica de maximizar los beneficios corporativos es seguir la línea de Trump", explica Miriam Juan-Torres.

No obstante, este cambio se queda solo en los estratos más altos. "En Silicon Valley, hay un voto progresista, pero viene de los trabajadores y no de los altos cargos", reconoce Juan Francisco Albert. Completa García Encina: "Los trabajadores siguen siendo demócratas, los dueños no porque están guiados por ambiciones empresariales". 

Y, por último, la tercera circunstancia responde a la necesidad de congraciarse con Trump porque, al final, todos estos personajes son empresarios y necesitan conseguir políticas más laxas para seguir amasando montañas de dinero. "Este tipo de alianzas con oligarcas son habituales alrededor del mundo", asegura Juan-Torres. "Estas nuevas élites quieren sustituir a las antiguas y cambiar el orden por un nuevo autoritario que beneficie a sus negocios", detalla Albert que considera que este cambio de rumbo forma parte de "la rebelión de los superricos". 

Esta causa está estrechamente ligada a los dolores de cabeza que han sufrido en Silicon Valley con la Administración Biden. Eso sí, tal y como recuerda Carlota García Encina, "la relación de la Casa Blanca con las grandes tecnológicas nunca ha sido ideal". No obstante, durante los últimos cuatro años, Google, Microsoft, Meta y Apple se han visto señaladas y perseguidas por el Gobierno y la justicia por sus prácticas monopolísticas. "Es evidente que estas empresas han llevado a cabo prácticas ilegales y que los demócratas no hicieran nada, era llamativo", indica Albert que sostiene que su movimiento para controlarlos fue "tibio", a los mandamases "no les ha gustado" y ahora se han tomado su venganza. "La ciudadanía quería que no invirtieran tanto en filantropía y pagarán impuestos", resume García Encina. 

Trump, en cambio, ya ha dejado claro que no quiere trocear a estas compañías y que quiere "tener grandes empresas" para competir contra China. Es decir, en palabras de Juan-Torres, puede ser "un buen canal para combatir todos estos intentos regulatorios". 

Unos intentos regulatorios que, sobre todo, se impulsan desde el otro lado del Atlántico, provocando más de un quebradero legal a toda la industria tecnológica. Durante el último lustro, Bruselas ha dado luz verde a un ambicioso paquete de regulación digital con el objetivo de atar en coto a estos imperios digitales. La Ley de Servicios Digitales junto con la de Mercados Digitales imponen una serie de obligaciones a las diferentes plataformas en materia de transparencia, seguridad y de lucha contra la desinformación y el discurso del odio, al tiempo que intentan frenar su comportamiento anticompetitivo. 

¿Buscan ahora que Trump sea su protector frente a Europa? "Por supuesto", afirma Albert que, aunque matiza que Bruselas es un "lugar complejo", su irrupción de nuevo en la Casa Blanca deja claro que Washington "ya no es un aliado fiable": "La UE va a tener que tomar una decisión: o mantiene su legislación o se pliega ante EEUU". 

Lo cierto es que este giro ultra de Silicon Valley podría haber comenzado a dar sus frutos. Según publicó esta misma semana Financial Times, la UE estaría revisando sus investigaciones sobre Apple, Meta o Google. Aunque hay algunas sanciones que ya se han materializado, hay varios casos en curso en distintas fases de progreso y Bruselas podría aplazar todas las decisiones. "Vamos a ver cómo se relaciona EEUU y UE en este ámbito. La incógnita será cómo se desarrollen las causas contra ellas", apunta García Encina.

No obstante, los expertos consultados señalan que el interés tanto de Trump como de sus nuevos amigos de Silicon Valley es China. Tal y como explica García Encina, Pekín es "más objetivo" para Washington que Bruselas para "buscar inversión y consolidar una industria tecnológica potente para seguir siendo líder mundial". El país asiático está cerrado a cal y canto para las tecnológicas con pasaporte occidental y siempre ha sido su piedra en el zapato.

Con el nuevo presidente negociando con ellos tendrían una posición de fuerza que no han tenido hasta ahora. El propio Musk incluso apuntó el camino en un tuit este mismo domingo: "La situación actual en la que a TikTok se le permite operar en EUU, pero a X no se le permite operar en China es desequilibrada". ¿Quizás la prórroga a la red social anunciada por Trump incluya un veto por veto?

En medio de este mar de hipótesis y rumores, lo que está claro es que el cambio de rumbo de la élite de Silicon Valley no sólo afectará a la política interna y externa de EEUU. Manda un claro mensaje a los demócratas y también a Bruselas, pero también tendrá impacto en el día a día de los usuarios. Aunque puedan parecer problemas de la élite blanca, rica y americana, se tratan de los dueños de algunos de los imperios que controlan las redes sociales con las que nos comunicamos como Instagram o WhatsApp, que dirigen nuestros correos y búsquedas en Internet como Google, que fabrican sistemas operativos como Microsoft, que fabrican móviles como Apple, que dominan el comercio electrónico como Amazon, o que tienen el futuro de la inteligencia artificial en sus manos con ChatGPT como OpenAI. 

"Las grandes tecnológicas formaban hasta un mundo aparte y ahora van a estar más integrados con la Casa Blanca, y esto no se ha visto hasta ahora", recuerda García Encina que pronostica un aumento de la simbiosis entre Silicon Valley junto al Pentágono y Defensa. "Al usuario le va a impactar mucho, demasiado. Vamos a ver como la mayoría de redes sociales permiten el discurso de odio, va aumentar la polarización y el auge de la extrema derecha, y se van a debilitar las instituciones", asegura Albert. 

Opinión similar comparte Miriam Juan-Torres que también se muestra preocupada por las mayores facilidades que tendrá la vigilancia masiva que llevan a cabo estas empresas además del impacto en la regulación climática ya que "la inteligencia artificial es extremadamente contaminante". "También tendrá un impacto en el modelo político al que nos dirigimos: podemos ir hacia un populismo radical que propone un modelo híbrido de estados, como Hungría, y un giro hacia el autoritarismo", explica esta experta que reconoce que tendrá, sobre todo, "un impacto en la erosión de nuestras libertades".

A las 18:00, hora española, Trump volverá a la Casa Blanca como ganador triunfal, convertido, tras Cleveland en 1893, en el único presidente de Estados Unidos que recupera el cargo después de haberlo perdido. Los recuentos, ahora sí, ya oficiales, hablan de 77.300.000 votos, 2.300.000 más que la exfiscal Kamala Harris, que retrocedió 6 millones respecto a Biden, mientras que el ya condenado Trump crecía 3 millones más que hace cuatro años pese a haber bajado tres puntos la participación.

Ni sus propuestas, ni la experiencia de lo vivido en su primer mandato, ni la sentencia por el soborno a la actriz de cine porno Stormy Daniels para que callara en la campaña de 2016 han disuadido a esos más de 77 millones de estadounidenses, ni han conseguido movilizar a todos los que podían darle la victoria a Harris. En EEUU el sistema dejó de ser creíble hace tiempo para una parte creciente de la sociedad y los demócratas no han sabido entenderlo, pese al tiempo extra que les regaló la Covid.

La propuesta política de Trump es conocida y se puede resumir en tres grandes puntos, mucho más simples de lo que pueda parecer, todos ellos anclados en una “MAGA”, la que llama a hacer América grande de nuevo. Con ello, deja claro a los millones de descontentos, desafectos y víctimas de todas las brechas que América ha dejado de ser grande y que él va a devolverle a ese estado de Arcadia feliz. ¿Alguna vez existió?

Por un lado, el nacionalismo tanto en lo político como en lo económico. El primero se sustancia con el cuestionamiento del multilateralismo, incluyendo ahí tanto a toda la galaxia de Naciones Unidas como a la propia OTAN. Ese “globalismo elitista” portador de la “ideología Woke” al que ha convertido en portador de todas las desgracias, encuentra aquí su fórmula mágica. Por otro, nacionalismo también en lo comercial, con el que ya amagó en su primer mandato mirando a China, y que ahora quiere aplicar también a Europa, habida cuenta de esa manía que tenemos los europeos de regular los mercados y convivir bajo unas reglas.

Esa América que quiere recuperar es una América de blancos, pese a que cada vez le votan más hispanos, afroamericanos y personas todo tipo de procedencia cultural. Estamos ante la enésima versión de la pelea del último contra el penúltimo y en la que se asienta la propuesta de deportaciones masivas como continuación del levantamiento del muro de México.

Tercer elemento, una ideología que se ha venido en llamar “ultralibertaria”, que no es más que una vuelta de tuerca más para empequeñecer el Estado, una motosierra al estilo Milei enchufada a la potencia de la desconfianza institucional y el descreimiento en el sistema.

Hasta dónde vaya a estar dispuesto a llegar y hasta dónde le dejen hacerlo los contrapoderes estadounidenses es materia de especulación. Al fin y al cabo, todos sabemos que las MAGAs recurren a trucos. ¿Quién asumirá los peores trabajos si se consuman las deportaciones masivas? ¿De dónde llegarán las manufacturas baratas si no es de Asia? ¿De verdad va a dejar de beneficiar a la industria del automóvil eléctrico –toda una revolución en el imaginario norteamericano de la gasolina barata– con Elon Musk, propietario de Tesla, como amigo íntimo y colaborador destacado?

Para algunos analistas, los jueces serán uno de los contrapoderes claves para plantar cara al magnate. Entre otras cosas, señalan que pese a que el Tribunal Supremo tiene una mayoría conservadora afín al presidente, ha rechazado su petición de suspender la prohibición de TikTok, así como la de evitar que fuera sentenciado por el caso Stormy Daniels. 

Por contra, a Trump le están saliendo algunos amigos imprevistos. Llama la atención el giro que han dado ciertos líderes empresariales. Por el lado tecnológico, el Zuckerberg que en 2016 declaraba que “nos tomamos en serio la desinformación”, ahora va a desmantelar los mecanismos de verificación y a cancelar las políticas de inclusión y diversidad, tras haber suspendido la cuenta de Trump en 2021, una vez Biden en la Casa Blanca y tras el asalto al Capitolio. En la parte financiera, al gigante de fondos de inversión BlackRock le ha faltado tiempo para abandonar el grupo Net Zero Assets Managers, cuyos firmantes se comprometían a tener cero emisiones netas en 2050, y cada vez más empresas se alejan de eso que se ha llamado “criterios ESG”, es decir políticas que incluían criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en sus compañías. Para que luego digan que el dinero no tiene color; claro que lo tiene, el del Poder.

No obstante, la gran partida no se jugará tanto en las instituciones como en las calles. El ejemplo de Milei evidencia cómo, pese a someter a su pueblo a una dura disciplina, mientras crece el número de pobres, aumenta su popularidad. Tras cerrar 13 ministerios, haber despedido a 30.000 empleados públicos, reducido hasta un 74% el dinero destinado a pensiones, educación, salud, ciencia, cultura y desarrollo social, y haber causado cinco millones de nuevos pobres y una enorme recesión económica, su popularidad creció 4 puntos en un año, entre noviembre de 2023 y 2024.

En unas horas veremos la ceremonia de toma de posesión de Trump. Mientras esperamos a conocer su discurso, ya sabemos que ha incorporado algunas novedades, como la presencia de mandatarios extranjeros entre los que se encuentra el líder de Vox Santiago Abascal, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele; aliados de Trump, y grandes donantes, entre ellos magnates tecnológicos como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Tim Cook. Han querido expresar que no asistirán Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, y Michelle Obama.

En el Capital One Arena, en el centro de Washington, el nuevo presidente pronunciará unas palabras en una multitudinaria fiesta. En el cartel, destellando brillantina, los Village People. Sí, esos señores extravagantes que en la década de los 70 se convirtieron en icono del movimiento gay, y que en 2020 se opusieron públicamente a que la campaña de Trump utilizara sus canciones en los mítines. Hoy, con tono grave, dicen en Facebook: “Sabemos que a algunos no les alegrará oír esto, pero creemos que la música debe interpretarse sin tener en cuenta la política. (...) Nuestra canción 'Y.M.C.A.' es un himno global que esperamos ayude a unir al país tras una campaña tumultuosa y dividida en la que perdió nuestro candidato preferido. Por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de unir al país con la música".

Este es, a grandes rasgos, el mundo de hoy. Y algunos, no pocos, optarán por mirar a otro lado y unir al país con la música. Al resto, nos queda mucho trabajo, y está casi todo por hacer.

Mark Zuckerberg ha decidido quitarse la careta, dar un paso al frente y volver al foco mediático tras dos años a la sombra de Elon Musk. Mientras X ha acaparado la atención por todo lo que está mal en la plataforma tras la llegada del hombre más rico del mundo a sus oficinas, Meta había evitado los escándalos y las polémicas tomando decisiones que, hasta esta misma semana, iban en la dirección contraria a la red social de microblogging. Sin embargo, la inminente vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha tirado a la basura todo este camino. Con un vídeo de poco más de cinco minutos, el líder supremo del imperio californiano ha pasado de líder tecnológico liberal a aliado del próximo presidente abrazando la políticas de —no— moderación del antiguo Twitter poniendo en riesgo los pocos avances de su compañía en la lucha digital contra la desinformación y el discurso de odio. 

"Vamos a deshacernos de los verificadores de datos y a sustituirlos por notas comunitarias similares a las de X", explicó Zuckerberg que en ningún momento ocultó la inspiración detrás de este movimiento. Según detalló el líder de la tecnológica propiedad de Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp, este cambio responde a un "panorama político y social cambiante y un deseo de abrazar la libertad de expresión". 

Los expertos consultados por infoLibre coinciden en señalar que esta decisión supone un paso atrás en todo lo avanzado en materia de moderación de desinformación y de discurso de odio durante la última década. En el caso de Meta, lo que empezó con el escándalo de Cambridge Analytica en 2016 concluye ahora en lo que es un claro posicionamiento político a favor de Trump. 

"Supone un cambio bastante significativo en el modelo y darle continuidad a la filosofía que está implementando Musk", reconoce Leticia Rodríguez Fernández, investigadora y profesora de Relaciones Públicas en la Universidad de Cádiz. Para esta experta, esta decisión supone que la tecnológica tenga "muchísimo más control sobre los contenidos que se publican en las plataformas" y perder el "valor añadido" de un verificador externo que "está diariamente en contacto con la desinformación y está viendo qué campañas orquestadas están lanzándose". 

"El sistema de moderación de filtraje tiene que ser robusto, con unas normativas claras y con un sistema de gestión mucho más claro y directamente potente", sostiene Miquel Pellicer, experto en comunicación digital en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que defiende que no se puede dejar en manos de "la experiencia de los usuarios" porque es "totalmente caótico e interesado" y "dispara los discursos de odio": "Estamos yendo por derroteros puramente populistas, demagogos y un campo bastante lleno de minas". Además, apunta que este cambio "pone en entredicho el papel que tienen actualmente las redes sociales en la construcción de los valores democráticos y de la construcción social".

La decisión de Meta coloca a Facebook, Instagram y Threads en el mismo bando que X en el tema de la moderación generando muchas dudas sobre qué pueden hacer el resto de plataformas, que ya son pocas fuera del universo de Zuckerberg. Para Pellicer, se abren dos escenarios futuros: "Por una parte, que haya un efecto contagio y, por tanto, que estas soluciones se adopten de forma masiva en otras redes, pero, por otro, me inclino más a pensar que a corto plazo no van a haber cambios sustanciales en el resto".

TikTok, por ejemplo, detalla que cuenta con una moderación automatizada que tiene como objetivo identificar contenido que incumple sus normas. Si detectan infracciones, estos vídeos pasan a los equipos de seguridad para una revisión adicional o una eliminación inmediata en el caso de desnudez o seguridad de los jóvenes. "Para apoyar una revisión justa y consistente del contenido que potencialmente no cumple las normas, los moderadores trabajan junto con nuestros sistemas de moderación automatizados y tienen en cuenta el contexto y los matices adicionales que la tecnología no siempre es capaz de captar", explican desde la red social china que modera contenido en más de 70 idiomas con equipos especializados para problemas complejos, como la desinformación.

Según los datos facilitados en el informe de transparencia para la Comisión Europea en abril de 2024, en los 27 Estados miembros eliminaron aproximadamente 13 millones de publicaciones, incluidos vídeos, retransmisiones en directo y anuncios. A finales de 2023, TikTok contaba en la UE con más de 6.000 moderadores.

Google, por su parte, también utiliza una combinación de sistemas automatizados y revisiones humanas. Según sus datos, en 2023 bloquearon 5,5 millones de anuncios, retiraron 17 millones de vídeos de YouTube y eliminaron 381.000 urls denunciadas por abuso de menores de edad en búsquedas. Según las cifras facilitadas a la Comisión Europea en su informe de transparencia publicado en agosto de 2024, la multinacional cuenta en España con 23 moderadores para Maps, 49 para Google Play, 51 para Google Shopping y 592 para YouTube. 

En el caso de Bluesky, según explicó en Wired en 2024 la propia CEO, Jay Graber, cuentan con "directrices comunitarias para evitar el acoso y la incitación al odio" y utilizan la moderación para crear "por defecto" un espacio "saludable y acogedor en la aplicación".

En Mastodon, por su parte, son sus servidores los que determinan las políticas de moderación de cada grupo: aunque hay algunos más laxos y otros mucho más estrictos, existen políticas de moderación básicas que se aplican a todos y que prohíben el contenido tóxico, ofensivo o relacionado con el nazismo. Su director ejecutivo, Eugen Rochko, calificó los cambios de Meta como "una preocupación para cualquiera que tenga conciencia": "El discurso de odio está prohibido".

"Al final, no es simplemente moderación humana o no, sino qué sistemas tienen las redes sociales desde un punto de vista plural para filtrar todos los comentarios o discursos de odio que se van produciendo y este sistema puede añadir automatización o estar vinculada a inteligencia artificial", explica Pellicer. 

Pero, más allá de las críticas, ¿qué significa esta decisión en la práctica? Meta copiará las notas de comunidad, es decir, las correcciones de los usuarios que alertan de la falsedad de algunos de las publicaciones de X desde el verano de 2023 con el mensaje: "Los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber". 

Sustituye así el programa de verificación de Meta que hasta esta misma semana estaba formado por agencias de todo el mundo que "identifican, revisan y califican la información errónea que se divulga" en las plataformas. En España, implementado en 2019, cuenta con EFE, Newtral o Maldita.es como verificadores. "Esta decisión es un paso atrás para quienes quieren ver una Internet que priorice la información precisa y confiable", asegura la Red Internacional de Verificación de Datos en una carta abierta a Zuckerberg. Según publica Business Insider, los contratos de verificación de datos de terceros en EEUU finalizarán en marzo y las diez organizaciones de verificación de datos seguirán recibiendo pagos hasta agosto. 

Por su parte, según detalla X, estas notas tienen como objetivo "crear un mundo mejor informado al empoderar a las personas en la red social para que, de manera colaborativa, agreguen contexto a los tuits potencialmente engañosos". Así, los "colaboradores", usuarios que tienen que registrarse en la iniciativa, pueden dejar este contexto que "no representa el punto de vista" de la tecnológica y que sus equipos no pueden ni "editar ni modificar".

Aunque Zuckerberg señaló que los sistemas creados por Meta para moderar sus plataformas cometen "demasiados errores", lo cierto es que el imperio ya ha adelantado que seguirán utilizando sistemas de moderación automatizados para abordar "infracciones más graves" de sus políticas como en casos de terrorismo, explotación sexual infantil, drogas, fraude o estafas. Aunque, cabe recordar que en 2023 el órgano independiente de la tecnológica denunció que la automatización provoca errores que afectan a los derechos humanos, como pasó en los primeros compases de la guerra en Gaza donde eliminó pruebas de crímenes de guerra.

Aunque Zuckerberg enmarca este cambio solo para EEUU, en los minutos finales de su video también dice que Meta trabajará con Trump y "otros" para "contrarrestar las presiones de gobiernos que atacan a empresas estadounidenses y promueven la censura": "EEUU tiene las protecciones constitucionales más fuertes para la libre expresión, pero en otras regiones como Europa, América Latina y China, la situación es cada vez más restrictiva". 

A pesar de este ataque, sobre todo a la UE, desde el imperio de Zuckerberg aclaran que el cambio se ciñe exclusivamente a EEUU y que antes de expandirlas a más países, primero tienen que mejorar estas notas comunitarias y construir una comunidad les llevará tiempo. Fuentes de Meta detallan a infoLibre que no existe por el momento ningún plan para finalizar el programa de verificación por terceros en España y que antes de realizar cualquier cambio en la UE tendrán que revisar sus obligaciones conforme a las leyes comunitarias. 

En la UE, la Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) tiene entre sus principales objetivos luchar contra la desinformación y establece, entre otras medidas, multas si las plataformas no retiran en un tiempo determinado contenidos ilegales o incitadores del odio a requerimiento de la justicia.  

"Esta norma es bastante clara y es evidente que la política que están llevando las tecnológicas ahora mismo no es compatible con ella", defiende Rodríguez Fernández. "Bruselas ha establecido estándares claros para combatir la desinformación, proteger a los usuarios vulnerables y garantizar la transparencia en los algoritmos de moderación. Lo que está planteando Zuckerberg podría entrar en conflicto con la ley europea y podría forzar a Meta a justificar cómo las notas de comunidad cumplen con estos requisitos", sostiene Miquel Pellicer. 

Para Rodríguez Fernández, la decisión de Meta abre tres escenarios. El primero, sobre qué van a hacer las propias plataformas de Zuckerberg: "¿Van a tener dos modelos? Uno de, como dicen ellos, libertad de expresión, o más bien de desinformación, en aquellos países que lo toleren, mientras que en los otros o se adaptarán a las políticas locales o dejarán de tener actividad. Aunque dudo mucho que se vayan de Europa porque perderían muchísimos usuarios". 

El segundo, sobre el papel que deben jugar los políticos europeos. "No es solo una política de moderación de contenidos es la oportunidad para el ascenso de determinadas ideologías", explica Rodríguez Fernández, que recuerda que en otros momentos históricos determinadas empresas también apoyaron determinadas ideologías extremistas. Por ejemplo, Siemens explotó el trabajo forzado de los deportados en los campos de concentración nazis.

El tercer escenario que se abre, según Rodríguez Fernández, es si la UE debería plantearse tener redes sociales propias. "Quizás deberían empezar a pensar que si por un lado las empresas china tienen sus plataformas, Estados Unidos tiene las suyas, a lo mejor ese momento de que Europa empieza a hacer un tejido social, o sea un tejido en los entornos digitales propios", indica esta experta.

Porque lo que está claro es que la UE tendrá, o debería tener, estas notas de comunidad en el punto de mira porque, por lo menos en el caso de X, diversas investigaciones externas ya han dejado claro en numerosas ocasiones que no funcionan. "No veo muy claro que las notas de comunidad vayan a proteger a los usuarios ni en discursos de odio ni en planteamientos de alguna forma de agresión a la vulneración de libertades sociales o cívicas", sostiene Pellicer. 

Ya en junio de 2023, el Instituto Poynter calificó estas notas de "fracaso" y "mediocres" para moderar la desinformación ya que, durante el periodo de prueba, los usuarios visualizaban sólo el 8,5% de estos mensajes. 

Con el inicio de la guerra en Gaza y ya plenamente operativas, una investigación de Mashable descubrió que estas notas suelen ser vistas entre cinco y diez menos que la falsedad que corrige ya que o bien estas publicaciones se difunden sin ninguna alerta, aparecen demasiado tarde o incluso desaparecen. Un informe de Bloomberg en otoño de 2023 también detectó que X no siempre mostraba estos mensajes en publicaciones virales con información falsa y que su tiempo de aparición era de siete horas o incluso días. 

Otra investigación del Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH) de 2024 llegó a conclusiones similares. Por un lado, que el 74% de las notas de comunidad sobre desinformación electoral en EEUU nunca se muestran a los usuarios. Y, por otro, que aquellas publicaciones sin estas alertas que promueven narrativas falsas sobre la política estadounidense obtuvieron miles de millones de visitas superando en trece el alcance de sus contrapartes verificadas. 

Pero los cambios en Meta no se ciñen solo a la moderación, Facebook, Instagram y Threads también eliminarán una serie de restricciones actuales en torno a temas como la migración o la identidad de género. En concreto, según la nueva política sobre conductas, ya disponible en su web, se permitirá llamar "enfermos mentales" a personas LGTBIQ+, así como suprimir una parte en la que se especificaba que estaba prohibido referirse a las mujeres como "objetos del hogar o propiedad".

Meta también comenzará de nuevo a incorporar gradualmente contenido político a los feeds de los usuarios en Facebook, Instagram y Threads solo un año después de bloquear de forma predeterminada estas recomendaciones. Si en 2023, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, decidía que su objetivo pasaba por crear un "lugar menos iracundo para las conversaciones", esta misma semana afirmó que "se ha demostrado que no es práctico trazar una línea roja sobre lo que es y lo que no es contenido político".

El imperio tecnológico también trasladará sus equipos de confianza, seguridad y moderación a Texas porque California parece demasiado "parcial". Sigue así el mismo camino que Musk que trasladó SpaceX, Tesla y X a este estado en respuesta a la aprobación en junio de un proyecto de ley en California destinado a brindar apoyo a los estudiantes LGBTQ+. Ahora, tal y como señala The Verge, los empleados que trabajen para Meta en Texas estarán sujetos, por ejemplo, a las leyes contra el aborto más estrictas de EEUU y también a la prohibición a tratamientos de afirmación género para menores. 

Está escrito en negro sobre blanco. “Autorizamos las alegaciones de enfermedad o anormalidad mental cuando se basan en el género o la orientación sexual”, reza la nueva página de las condiciones de uso del grupo Meta para Estados Unidos. Este permiso se da, dice la nueva norma, “a la luz del discurso político y religioso sobre la transexualidad [sic] y la homosexualidad y el uso común y poco serio de palabras como raro”.

La empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp autoriza así a sus usuarios estadounidenses  –de momento, la Unión Europea no se ve afectada– a asociar la homosexualidad con una enfermedad mental. En Estados Unidos, el término “homosexualidad” fue eliminado de la clasificación de enfermedades mentales en 1973.

El término “transexualidad” tampoco ha pasado desapercibido: en lugar de referirse a la transidentidad, la empresa americana ha optado por una expresión transfóbica, utilizada por la extrema derecha y los detractores de los derechos de las personas trans. “Parece que el uso de la palabra transgénero dice mucho sobre el origen de las ideas que llevaron a esta nueva política”, comentó la periodista trans Gwen Howerton.

Mark Zuckerberg, el multimillonario jefe de la multinacional cuyas redes son las más utilizadas del mundo, se encargó inmediatamente de dejar claro este punto en un vídeo igualmente alucinante en su cuenta de Instagram, tan impactante que algunos pensaron inicialmente que era falso.

Con las manos cruzadas, el pelo alborotado y sus ojos azules pegados a la cámara, el fundador de Facebook declara: “Ya es hora de que volvamos a nuestros orígenes en lo que respecta a la libertad de expresión en Facebook e Instagram [...]. Las recientes elecciones representan un punto de inflexión para volver a dar prioridad a la libertad de expresión. Así que vamos a simplificar nuestras normas y deshacernos de las restricciones sobre inmigración y género, que no están en sintonía con la opinión pública. Lo que empezó como un movimiento por una mayor inclusividad se ha convertido en una herramienta para acallar opiniones y silenciar a la gente que tiene ideas diferentes, y ha ido demasiado lejos.”

El género y la inmigración son dos obsesiones de las políticas del próximo Gobierno de Donald Trump, que el próximo 20 de enero se convertirá en el 47º presidente de los Estados Unidos. Y no ha tardado en mostrarse satisfecho con este giro: “Creo que Meta ha recorrido un camino increíble. He visto la rueda de prensa, este tío estuvo impresionante”, comentó Donald Trump el mismo día, juzgando que Meta había reaccionado “probablemente” a sus amenazas.

En un libro titulado Save America, publicado en septiembre de 2024, Trump, en plena campaña presidencial, amenazó con "meter en la cárcel" a Mark Zuckerberg, al que acusaba de haber financiado al Partido Demócrata en 2020. “Le estamos vigilando de cerca”, escribió, y “si hace algo ilegal esta vez, pasará el resto de su vida en la cárcel, como cualquiera que haga trampas en las elecciones de 2024”. A partir de ahí, el jefe del Meta puso en marcha una "operación seducción” para acercarse al hombre que iba camino de regreso a la Casa Blanca.

Hace cuatro años, sin embargo, Meta vetó a Trump en sus redes después de que animara a sus seguidores a invadir el Capitolio, una invasión que se saldó con la muerte de cinco personas y demostró los peligros del auge del supremacismo blanco y sus seguidores armados. Las cuentas de Facebook e Instagram del entonces presidente saliente fueron prohibidas entre enero de 2021 y enero de 2023, y luego sometidas a una mayor vigilancia hasta 2024.

Pero las tornas han cambiado y Meta, como muchos otros gigantes tecnológicos, ha preferido prometer lealtad al próximo presidente de Estados Unidos y poner sus megáfonos en manos de sus seguidores. Zuckerberg, que se reunió con Trump a petición suya a finales de noviembre, dice estar preocupado por las “personas inocentes cuyas publicaciones o cuentas se suspenden”, a las que ahora hay que proteger de la “censura” de los algoritmos de moderación. No importa, asume, si esto significa que “los contenidos problemáticos esten ahora menos controlados”.

Zuckerberg insiste en que Meta debe seguir ahora el modelo de X, la red social comprada por Elon Musk y transformada en la antesala del fascismo moderno, donde se difunden libremente los mensajes de odio, donde los usuarios pagan por aparecer con prioridad y donde ha desaparecido toda moderación.

Homosexualidad y “transgénero” son palabras que podrían aparecer en las casillas del bingo represivo que Donald Trump dice pondrá en marcha desde el “primer día” de su mandato. Al futuro presidente, que planea “eliminar a las personas trans del ejército y de las escuelas”, le quedan muy pocos adversarios. El mundo político y financiero parece decidido a poner a las personas trans en primera línea de fuego.

“Meta acaba de crear literalmente una ‘excepción LGTB’ para que las enfermedades mentales puedan utilizarse como insulto. No para ningún otro colectivo, pero sí para las personas LGTB”, ha declarado la abogada activista trans Alejandra Caraballo. En sus nuevas políticas, Meta también ha autorizado el uso de “lenguaje no inclusivo” para referirse al “acceso a los aseos”, siguiendo la obsesión de quienes se oponen al derecho de las personas trans a elegir sus WC.

Escuchando a Mark Zuckerberg, da casi la impresión de que sus redes sociales han sido ejemplares en lo que a moderación se refiere. Pero las plataformas de Meta nunca han protegido realmente a las personas LGTBIQA+. Numerosas organizaciones, activistas y webs de noticias han puesto regularmente de relieve sus deficiencias.

Facebook, por ejemplo, sigue albergando muchos grupos privados homófobos, como señaló Numerama en 2022 y de nuevo en 2023. En esos grupos privados, además, los internautas pueden verter toda la extensión de su pensamiento racista y xenófobo con total tranquilidad, como demostró recientemente el digital Les Jours.

Hace unos días, la revista User Mag también reveló cómo Facebook e Instagram ocultan a los usuarios jóvenes todos los términos relacionados con la identidad queer, al incluirlos por defecto en la categoría de “contenido sensible”. En contacto con Meta, alegaron haber cometido un error y dieron marcha atrás, como hicieron en 2021 con la palabra “lesbiana”, cuando Numerama le preguntó por la desaparición de contenidos lésbicos en Instagram...

No es un error, es una funcionalidad, solemos decir para burlarnos de los diseñadores que no pueden admitir que sus productos tecnológicos no funcionen correctamente. El último ejemplo es un informe publicado el miércoles 8 de enero por la organización sin ánimo de lucro AI Forensics, que revela los fallos de la moderación de Meta para combatir la difusión de contenidos pornográficos.

Sin embargo, los cambios radicales impuestos por Mark Zuckerberg, ya sea por ideología o por cobardía política y financiera, envían una señal clara: hay vía libre para atacar a los grupos minoritarios, y Meta incluso allanará esa vía.

Traducción de Miguel López