Las mujeres, los jóvenes y los extranjeros serán los más afectados por el incremento del SMI hasta los 1.221 brutos a jornada completa por 14 pagas que firmarán este lunes 16 de febrero el Ministerio de Trabajo con los sindicatos UGT y CCOO. Este nuevo sueldo equivale a un salario anual de 17.094 euros brutos. La subida, del 3,1%, permite mantener la referencia del salario mínimo en el 60% del salario medio neto.

Por sectores notarán la subida del salario mínimo los trabajadores y trabajadoras en agricultura (el 27% del total lo reciben), seguido de otros servicios (25%) y de comercio y hostelería (23%).

El 18% de los trabajadores canarios verán aumentado su sueldo gracias a esta subida. También hay gran incidencia del SMI en otras comunidades autónomas del sur peninsular como Extremadura (16,1%), la Región de Murcia (13,5%) o Andalucía (13,2%).

"Esta subida va a afectar a 1,66 millones de personas asalariadas", asegura un comunicado emitido por Comisiones Obreras, que recalca que este número de trabajadores corresponde al "9% de la población asalariada española". El texto acusa a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidida por Antonio Garamendi, de no aceptar el acuerdo y de asegurar que la subida será un freno para el empleo.

"Subir los salarios más bajos es una inyección de dinero en el consumo de las familias cada mes, y como se ha venido evidenciando año a año no es una medida que haya impactado ni en el empleo ni en la economía, al contrario", expresa el comunicado de CCOO que pone el foco en los salarios entre el SMI y el salario medio. El sindicato asegura que "hasta 11 millones de personas están en esa horquilla, con salarios que no pueden quedarse estancados".

Los sindicatos CCOO y UGT han advertido este miércoles de que seguirán persiguiendo la reducción de la jornada laboral a pesar de que su tramitación caiga este miércoles en el Congreso, en una concentración en Barcelona que ha contado con sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

La protesta ha reunido a medio millar de personas delante de la sede de la patronal Foment del Treball para presionar ante la votación este miércoles de la propuesta de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que se espera que caiga por el veto anunciado por Junts, PP y Vox.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que los sindicatos "no van a cejar en el empeño de aprobar la norma" y exigirán al Gobierno "un nuevo proyecto de ley y un reglamento sobre el control del tiempo de trabajo de forma efectiva".

El dirigente de CCOO ha denunciado que PP, Junts y Vox demuestran, con su "alianza" para tumbar la reducción de la jornada laboral, que "cuando el dinero se pone sobre la mesa, las banderas, las pulseras y los himnos pasan a un segundo plano". Ha avisado a JuntsxCat de que "la reducción de jornada les va a perseguir hasta el final de la legislatura".

"Vamos a asistir a una votación en que la derecha nacionalista catalana se va a aliar con la extrema derecha nacionalista española para poner fin a un proyecto de ley que pretende mejorar la vida de los trabajadores catalanes y del conjunto del país", ha alertado el líder sindical en declaraciones a los periodistas.

Por su parte, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha declarado que los grupos que se opondrán este miércoles a la tramitación de la reducción de la jornada laboral "están secuestrando la libertad del pueblo", y les ha avisado: "No se puede dar una bofetada a los trabajadores pensando que se la dan a Pedro Sánchez".

Álvarez ha denunciado que los grupos que se oponen a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales "no han dado ningún argumento y no lo quieren dar, quieren que pase desapercibido".

La concentración en Barcelona, en la que se podían ver carteles criticando el "bloqueo" con las caras de diputados de Vox, PP y JuntsxCat, precede a una serie de movilizaciones convocadas por los sindicatos en rechazo a la caída del proyecto de ley, con una en Madrid esta tarde ante el Congreso.

Tras los parlamentos de Sordo y Álvarez, que han aprovechado para mostrar su apoyo a Palestina, la secretaria general de CCOO en Cataluña, Belén López, ha insistido en que los partidos que se oponen a la iniciativa "han comprado los argumentos de la patronal" y ha criticado a JuntsxCat por ser el "'lobby' de las grandes empresas".

El secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, ha defendido el consenso social que tiene la reducción de la jornada, también entre los votantes de JuntsxCat; y ha resaltado que el partido catalán tiene que decidir si hace caso a "Duran i Lleida, Sánchez Llibre, Feijóo o Abascal o al sentir mayoritario de la gente".

Pepe Álvarez ha sido reelegido secretario general de UGT para un tercer mandato con el 79,44% de los votos de los delegados del 44 Congreso Confederal del sindicato, que este miércoles se clausura en Barcelona, un apoyo algo inferior al 85,83% conseguido en el anterior congreso, según informa EFE. Tras esta votación, Álvarez, que ha sigo el único candidato que se ha presentado, seguirá en el cargo los próximos cuatro años en el que será su último mandato.

La nueva Comisión Ejecutiva Confederal ha sido proclamada con el 79,44% de los votos emitidos, de los que 627 han sido a favor, diez nulos y 152 en blanco, según ha explicado el secretario general de la UGT de Cataluña, Camil Ros, que ejerce como presidente de la mesa del congreso. En este mandato, además, habrá tres nuevos rostros: los de Lola Navarro Giménez, en la vicesecretaría general; Andrés Jesús Orta, secretario de organización; y Alejandra de la Fuente Donoso, en la secretaría ejecutiva.

El resto de la Comisión Ejecutiva Confederal está compuesto por Rafael Espartero, vicesecretario general responsable del Área Interna; Fernando Luján de Frías, en la vicesecretaría general de Política Sindical; y Luis Pérez, en la secretaría de Recursos y Estudios. También Cristina Estévez, secretaria ejecutiva; Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral; Jesús Gallego García, secretario de Política Internacional; Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Europeas; y Diego Martínez y Amparo Burgueño, en la secretaría ejecutiva.

Los delegados también han proclamado la comisión de seguimiento y evaluación del código ético con el 93,75% de los votos; la comisión de control económico, con el 93,14% y la comisión de garantías, con el 93,71%.

El 44 Congreso Confederal del sindicato UGT, que se celebra en Barcelona desde este lunes, reelegirá previsiblemente a Pepe Álvarez para un tercer mandato como secretario general del sindicato, según informa EFE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, estarán presentes en el congreso, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) hasta el miércoles. 

La participación Feijóo, en la primera jornada, adquirirá más relevancia que la de otros líderes de la oposición en congresos pasados de la UGT, ya que no se limitará a un saludo de cortesía, sino que tomará la palabra ante los afiliados.

El lunes también intervendrán la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, así como el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, entre otros.

La participación de Sánchez estaba prevista inicialmente para el miércoles, el día de la clausura, pero se ha trasladado al martes porque tiene que comparecer ante el Congreso para abordar la gestión de las consecuencias de la dana en Valencia, según explicó el sindicato esta semana.

El presidente de la Generalitat intervendrá el último día, cuando tendrá lugar la proclamación del nuevo secretario general de UGT, tras las votaciones que tendrán lugar el martes.

Este será el tercer congreso confederal de la UGT que se celebra en Barcelona, después del de su fundación, en 1888, y el de 1978, que tuvo lugar una vez que la organización fue legalizada tras el período franquista.

Con el lema "Más y mejor sindicato", el congreso espera la asistencia de 800 delegados con derecho a voto y 200 delegados de sindicatos internacionales, aunque el día de la clausura se espera la presencia de unas 1.500 personas, entre invitados institucionales y sindicales y otros afiliados.

En una entrevista con EFE a las puertas del congreso, Álvarez ha subrayado que prevé plantear una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5 o 6 % para 2025, lo que lo situaría en torno a los 1.200 euros anuales brutos en catorce pagas.

También seguirá con la lucha para reducir la jornada laboral, aunque el camino de la negociación tripartita parece haberse agotado ante el rechazo de la patronal.

"No cerramos el debate (...) ni el diálogo, ni la posibilidad de acuerdo con la CEOE. En la tramitación parlamentaria creo que se abre también la oportunidad de poder hacerlo", ha señalado.

El secretario general de la UGT de Cataluña, Camil Ros, ha afirmado por su parte esta semana que el congreso confederal aspira a "lanzar el mensaje de que el camino para ampliar el estado de bienestar es el diálogo político y social". 

"En los últimos cuatro o cinco años este diálogo ha conseguido conquistas como el incremento del SMI o el pacto de las pensiones", ha destacado.

El vicesecretario general de organización del sindicato, Rafael Espartero, ha subrayado que el evento servirá también para marcar las líneas en las que trabajará la organización para "avanzar en libertades y derechos", con el foco puesto en problemas como el acceso a la vivienda y la reducción de jornada.

Hay una realidad: las bajas laborales no han dejado de aumentar desde la pandemia. Sólo el año pasado se concedieron en el conjunto del país más de 8,1 millones por enfermedades y accidentes no laborales, lo que supuso un 11,3% más que el ejercicio anterior. Representaron un impacto económico para las empresas de 25.326 millones, según lo recogido en el último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Del global, 13.081 millones respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 fueron el coste directo para las entidades empresariales. Los datos de la Seguridad Social también reflejan que las ausencias temporales al trabajo por contingencias comunes se han elevado.

En ese contexto, ha originado revuelo la propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de abordar una reforma de la incapacidad temporal (IT), para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. La ha vinculado a "la voluntariedad” y a “la garantía de la salud y la seguridad" y ha puesto como ejemplo los tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones, pero no en la otra. Con todo, sus palabras han provocado la reacción inmediata de los sindicatos e incluso de otra ministra, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha avisado de que “ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega".

Este viernes 4 de octubre, Saiz ha defendido en Onda Cero que la iniciativa no tiene detrás una motivación económica y que lo que se busca es “ampliar derechos". "La salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable", ha subrayado Saiz, para incidir luego en que cualquier cambio será con la voluntariedad del trabajador, analizando cada caso, y con supervisión médica. Sobre el rechazo de Díaz, la titular de Seguridad Social ha replicado que se trata de competencias de su ministerio, pero ha avanzado que procurará el consenso con todas las partes.

Fuentes del Ministerio sostienen además que el debate está aún en “fase muy inicial”, pero que había que ponerlo encima de la mesa, al ser un tema “recurrente” en las reuniones de su titular “con colectivos, trabajadores, empresarios y organizaciones de muchas clases”. Y quieren dejar claro que serán “las mesas de diálogo social” el lugar donde se dé.

¿Existen algunos supuestos en los que esa flexibilidad en la vuelta al trabajo pueda tener sentido? Fuentes del ámbito laboral apuntan que “una incorporación progresiva al puesto, acordada entre el paciente y su médico de familia, puede ser beneficiosa en el caso de algunas patologías de tipo mental, por ejemplo, que no tienen un tiempo de recuperación tasado, como sí puede suceder si alguien que se rompe una pierna”. “Puede ayudar incluso a la recuperación del paciente”, añaden, siempre que “el facultativo médico lo vea conveniente”, insisten.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha mantenido, asimismo, que las bajas flexibles, esto es, que permitan incorporarse al puesto de manera paulatina en determinadas circunstancias, es una medida que "bien implementada, y con el trabajador en el centro, puede ser beneficiosa". Aunque la ministra de ese área, Mónica García, ha proclamado que garantizarán que "la salud" sea "lo primero en cualquiera de las visiones que se pueda tener sobre este tema".

Y desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se han mostrado a favor de crear bajas médicas "flexibles" que permitan trabajar, aunque puntualizan que "habría que valorar" cada historia personal, ya que no a todas las personas les afectan por igual los tratamientos contra la enfermedad.

Fuentes de la órbita económica aseveran que los sindicatos han puesto ya la lupa en alguna ocasión en la conveniencia de que, a través de los convenios colectivos, se desarrollen “protocolos y guías" para "la mejora de la gestión de la reincorporación de las personas trabajadoras después de bajas de larga duración”, con el fin de evitar que sea un hecho traumático.

Pero las organizaciones sindicales ven riesgos en la propuesta lanzada por la ministra. A Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, de entrada, lo planteado le produce “verdadera incompatibilidad conceptual, si se concibe la incapacidad temporal como que una persona no está capacitada para ir a trabajar y por eso le dan una baja. No es cuestión de voluntad, es cuestión de salud y con la salud de las personas trabajadoras no se puede ser flexible. Y no deja de ser llamativo que alguien pueda tener incapacidad y capacidad laboral al mismo tiempo”, ironiza. A su juicio, el discurso de la “voluntariedad” es “peligroso” y supone quitar el foco “a lo importante: por qué hay tantas bajas y cuál es el tratamiento y el proceso de curación que proporcionan los servicios públicos de Salud". Considera que, "una vez se identifiquen las causas" de esa circunstancia, “se podrán eliminar parte de ellas con la prevención o mejorar el proceso de curación para que se acorten”. Pero "la situación de IT, que impide trabajar, es un derecho de la persona trabajadora para recuperar su salud", recalca.

Entiende que, "si de lo que se está hablando es de casos concretos como puede ser el de la baja de enfermos de cáncer o de bajas de larguísima duración", se puede "encontrar algún tránsito en las negociaciones entre empleadores, sindicatos y el propio Gobierno". "Pero -une- abrir algo sin delimitar, encierra un mensaje peligroso y el símil de la jubilación o del pluriempleo es muy desafortunado. ¿Quién en la vida real trabaja de albañil por la mañana y de teleoperador por la tarde, donde sí podría acudir, si tiene un problema de movilidad?", se pregunta. Para Luján, la ministra, "antes de lanzar una idea novedosa y curiosa, debería haberla llevado al diálogo social, para tener algo más de elaboración y de proposición. Igual, lo que está pensando para ahorrarse dinero, le sale mal”. El líder de su sindicato, Pepe Álvarez, ha sido más rotundo: "Cuando se salta el diálogo social vienen las ocurrencias", ha afirmado directamente en su perfil de X.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha afeado igualmente la forma de anunciar un cambio así, ha tildado el debate de "improvisado", y ha enmarcado el alza de las bajas y el gasto en IT en un mercado laboral más envejecido, a lo que hay que sumar el déficit de inversión sanitaria, que a menudo retrasa diagnósticos y tratamientos.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en cambio, ve "positivo" que Saiz quiera flexibilizar la reincorporación de un trabajador tras una baja laboral, ya que, en su opinión, a veces los médicos recomiendan la vuelta voluntaria de los empleados. Piensa que el planteamiento de Saiz es "bueno" y va en línea con el Acuerdo Nacional de Convenios y el pacto de pensiones firmado con el Gobierno, donde se incidía en la necesidad de trabajar en "las bajas y todo el efecto del absentismo". "Es algo que en ciertos espacios tiene sentido, partiendo de la base, primero de la voluntariedad, que la ministra ha dicho, y dos, de los casos donde se pueda hacer", ha expuesto durante su participación en unas jornadas en Intereconomía.

De su lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido que se dé "una oportunidad" al diálogo sobre para armar la reforma. La mejora de la "capacidad de atención de los profesionales sanitarios" y las "nuevas técnicas" hacen que "la situación de la persona trabajadora que pueda estar en situación de baja o de alta no sea tan dicotómica, de blanco o negro, sino que pueda haber estados intermedios en los que voluntariamente el trabajador quiera incorporarse progresivamente", ha manifestado.

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado este jueves que optará a un tercer mandato al frente del sindicato, por lo que liderará esta fuerza sindical hasta 2028.

Los estatutos de la UGT establecen un límite de tres mandatos, por lo que será el último de Pepe Álvarez, que comanda el sindicato desde marzo de 2016, ya que se presentará a la reelección en el Congreso Confederal que celebrará en Barcelona del 25 al 27 de noviembre.

En una intervención ante el Comité Nacional de la UGT catalana, que lidera Camil Ros, Álvarez, de 68 años, ha justificado su decisión para seguir haciendo frente a los retos que tiene por delante la organización. "Merece la pena", ha asegurado.

Álvarez ha dicho que tras un período de consultas con el seno de la organización ha decidido optar por un nuevo mandato, porque "no conviene dejar al sindicato" ahora en una situación en la que tardaría "algún tiempo" en continuar a un rendimiento "del 100%", ha argumentado.

“Podemos ha golpeado a los trabajadores y trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de PP y Vox” o “han dañado" a España. Son palabras que el túnel del tiempo devuelve a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las pronunció el pasado enero contra Podemos por el voto en contra de esta formación contra la reforma del subsidio de desempleo que entonces se llevó al Congreso. Los de Ione Belarra tumbaron la iniciativa e hicieron que el Gobierno tuviera que asumir su primera derrota parlamentaria del año, al entender que conllevaba un “recorte” de esa prestación para los trabajadores mayores de 52 años y de sus pensiones futuras, pues se rebajaba progresivamente la base de cotización para la jubilación de ese colectivo. Desde el equipo de Díaz se arguyó que esta se les subió al 125% del salario mínimo interprofesional (SMI) para compensar ese sueldo básico que existía antes de 2018, pero que, al agrandarse el SMI en los últimos años, se daba la circunstancia de que había personas que cotizaban más cobrando el subsidio que otras que trabajaban. Sin embargo, el tiempo parece haberles dado la razón a los morados, con los que se alinearon los sindicatos en la defensa de que, en cualquier caso, era una poda para esos mayores, a menudo en una situación de paro de larga duración.

Díaz ha rubricado este 8 de mayo, cuatro meses después, la reforma del subsidio por desempleo con los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, en la que se mantiene en el 125% del salario mínimo interprofesional la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera fórmula de modificación. Es más, en relación con ese sector de la población, se convocará próximamente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para analizar “la efectividad de las cantidades invertidas en políticas activas de empleo –transferidas a las comunidades autónomas– en favor de personas mayores de 52 años y las nuevas formas de compatibilidad entre el empleo y la percepción de prestaciones y subsidios”, según consta en el documento firmado, consultado por infoLibre. Y Díaz ha adelantado que agendará un encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por ser ésta la región que más personas desempleadas tiene en esa franja de edad en la actualidad.

Desde Podemos celebran que se haya eliminado un “recorte injusto sobre los desempleados mayores de 52 años”, como lo ha calificado su portavoz en el Congreso, Javier Sánchez, y subrayan que no son ellos “los que han cambiado de posición” en ningún momento del proceso. Creen que “se ha reconocido lo evidente, que había un recorte”, aunque consideran también que “se podía haber hecho antes”. En todo caso, “es una buena noticia” la "rectificación", aseveran fuentes de la formación, que avanzan que, aunque aún tienen que revisar el texto final fruto de la negociación con los agentes sociales, no como la primera propuesta, “si definitivamente eso se retira y se conservan mejoras, no habrá problemas” para que esta vez su postura sea un “sí”, “como ya se dijo el mismo día de la votación anterior”, apostillan. Esto es, votarán a favor. “Tengamos más o menos escaños, los utilizamos siempre para lo mismo, cuando se puede avanzar, avanzar, y, si no, al menos no validar ningún recorte”, resumen las fuentes sondeadas.

Más allá del polémico punto, Gobierno y sindicatos han pactado en el marco del Acuerdo para la simplificación y mejora del nivel asistencial de protección por desempleo otros elementos como la elevación del subsidio a los 570 euros los primeros seis meses y a 540 los seis siguientes. El resto del periodo se percibirán los 480 euros vigentes. A ello hay que sumar que se eliminará el mes de espera y se ampliarán los grupos que podrán acceder a esta cobertura como las personas menores de 45 años sin cargas familiares, las personas trabajadoras eventuales agrarias o las transfronterizas de Ceuta y Melilla. Del mismo modo, las mujeres mayores de 16 años víctimas de violencia de género y sexual podrán acceder a un subsidio específico, con las mismas cuantías que el ordinario. Se contempla, asimismo, en la reforma perfilada este mayo que la ayuda sea compatible con la incorporación a un empleo durante un periodo de 180 días tras agotar un año de subsidio.

Se baraja desde el ministerio que, con carácter general, la norma entre en vigor el próximo noviembre y este movimiento, oficializado hoy, era uno de los hitos pendientes para que Bruselas pudiera materializar el cuarto desembolso de fondos europeos por importe de 10.000 millones, aunque llega con más de un año de retraso por el adelanto electoral de 2023 y el freno en el Congreso. Según datos del pasado octubre, eran 787.109 las personas que percibían el subsidio por desempleo en el conjunto del país.

Tanto Álvarez como Sordo han mostrado su satisfacción por que se hayan “corregido insuficiencias” y se haya podido llegar a un consenso tras una negociación “larga y difícil”, aunque han avisado al Ejecutivo de que aún “quedan cosas importantes” por abordar. La que no ha estado en el acto es la patronal, que se ha descabalgado del acuerdo. De hecho, desde que se uniera a alguna subida del salario mínimo interprofesional (SMI) como la pactada en 2020 para que pasara de los 900 a los 950 euros mensuales, se ha ido borrando de las fotografías oficiales de estas firmas. Con todo, en esta ocasión, Díaz ha agradecido de forma expresa tanto a la CEOE como a Cepyme sus aportaciones a la reforma.

Desde esas organizaciones justifican su ausencia en que no se ha producido una verdadera negociación en el marco del diálogo social, a su juicio, “sino simplemente un proceso de consulta”. Aseguran, vía comunicado, que “tras el fracaso en la convalidación del decreto ley en la cámara baja”, no han recibido una nueva propuesta por parte del ministerio hasta el mediodía de este lunes, 6 de mayo, y que ésta no incluía una memoria económica. Algo que ven “de especial gravedad”, dado que “los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados" y "el impacto económico de las medidas recogidas en el documento”. “En todo caso, pudiese parecer que la premura del proceso para la firma de este miércoles -día y medio- responde más a una estrategia política ante las elecciones del próximo domingo -en Cataluña- que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real”, deslizan en su nota.

De su lado, Díaz ha proclamado que el subsidio “no es ninguna paguita”, sino “un derecho de las personas trabajadoras” y ha subrayado que el Gobierno se dedica a resolver problemas, mientras “enfrente está la nada”. La titular de Trabajo ha puesto el foco luego en que la nueva normativa demuestra que “el diálogo social sigue a pleno rendimiento”, que “funciona” y que “es una herramienta para ganar derechos”. Ha acentuado que se cumplirá con Europa “en tiempo y forma” para poder recibir la inyección pendiente de fondos y ha sacado pecho por que “las normas que salen del Ministerio de Trabajo están permitiendo” que la economía funcione. Y ha dado un dato: “El 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo” que pueden disfrutarlo, según ha manifestado.

El combate contra la bautizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la "máquina del fango" que se empleado para intentar "deslegitimar" al Ejecutivo de coalición, ha avivado la manifestación central del 1 de Mayo que se ha celebrado en Madrid y que ha superado las expectativas que barajaban semanas antes los dos grandes sindicatos convocantes, UGT y CCOO. Si en 2023, asistieron unas 60.000 personas, según los cálculos de aquéllos, este año se han aproximado a los 120.000, de acuerdo a lo indicado por las mismas fuentes, el doble. Aunque la Delegación del Gobierno en el territorio ha disminuido la cifra hasta las "algo más de 10.000", como hizo el año anterior.

“Vivir no puede ser trabajar todo el día”, lanzaba María, una de las asistentes a la marcha promovida bajo el lema Por el pleno empleo: menor jornada, mejores salarios y que ha tenido su réplica en más de 70 ciudades españolas. Ya en Gran Vía un cartel sintetizaba el espíritu de la jornada: “Nuestra unión, nuestra fuerza”.

A estas movilizaciones se ha llegado tras la confirmación de que la economía española continúa su buena evolución: se ha expandido un 0,7% en el primer trimestre del año, según Eurostat, superando el doble del crecimiento de la media del conjunto de la Unión Europea (UE), a lo que hay que sumar más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, más de 10 de ellos mujeres. De hecho, el Ejecutivo prevé un incremento del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) para este año y del 1,9% para 2025, al tiempo que mantiene en el 3% sus estimaciones para el déficit público este año y lo rebaja hasta el 2,5% para el siguiente ejercicio.

Se ha alcanzado este Primero de Mayo tras encadenar un alza del 54% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), impulsada por los gobiernos de Sánchez, como ha subrayado el propio presidente en su perfil de la red social X. Pero también con una tasa de paro juvenil que dobla a la europea, y con una CEOE que anima a “mantener la cautela” por la “elevada incertidumbre” derivada de las tensiones geopolíticas, “la debilidad económica de Europa y medidas de política económica que merman la competitividad empresarial por el aumento de costes”. La patronal avisa de que, en contraste con el dinamismo de la actividad, en términos interanuales el empleo desacelera su ritmo de progresión al comienzo de 2024, hasta una tasa del 1,3% en el caso de las horas trabajadas y el 3,4% para los puestos laborales.

En ese contexto, miles de personas han optado por tomar las calles, tal vez para reconocer en el aire el alivio de reivindicaciones conjuntas. La protagonista este 1M: la reducción de la jornada laboral que los sindicatos negocian junto a la CEOE y al Gobierno, para llevarla de las 40 horas semanales actuales a 37,5 horas para 2025, sin merma salarial. Una poda que se realizaría en dos tramos, hasta las 38,5 horas este 2024, que se convertirían en 37,5 en 2025; y que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha urgido a incluirla “en el BOE -Boletín Oficial del Estado-” en el "menor tiempo posible", para lo que será necesario que el Ejecutivo contribuya a que la patronal se siente a negociar, ha deslizado.

Pero quedan en el tintero sindical otros asuntos por abordar a los que tanto el propio Álvarez como el secretario general de CCOO, Unai Sordo, han puesto voz en medio del hervidero de gente. “Celebramos un Primero de Mayo con una reivindicación a la ofensiva. España está en disposición de situarse en el pleno empleo en un número de años razonable”, ha aseverado Sordo, para lo que es necesario, a su juicio, “desplegar políticas industriales y de desarrollo sectorial, movilizar inversión pública, que, a su vez, movilice inversión privada y genere los empleos dignos que necesitamos”. El cambio de modelo energético mundial es, asimismo, para los sindicatos “una oportunidad para que España atraiga inversión productiva y de largo plazo”. “No nos conformamos, no nos resignamos a tener tasas de desempleo por encima del 10%, hay que aspirar al pleno empleo”, ha reiterado el líder nacional de CCOO.

Y hay más peticiones pendientes de ser atendidas como “recuperar el valor y el vigor de los servicios públicos, que se han deteriorado durante una década” para lo que han instado a “invertir en sanidad, educación, pensiones y en una estrategia de cuidados”, recortar la brecha salarial de género, recuperar poder adquisitivo, en general, o facilitar el acceso a la vivienda. Imprescindible para lograrlo: “Una fiscalidad suficiente y justa”, han proclamado desde las centrales sindicales.

En definitiva: “Es el momento -ha afirmado Sordo- de revitalizar una agenda social que dé sentido a la legislatura y que haga que la conversación pública pivote en torno a los problemas de la gente”. O dicho de otra manera, en boca de Álvarez: “Merece la pena que este Primero de Mayo planteemos una agenda reformista clara”.

Ha marcado el día, sin duda, el periodo de reflexión que se ha tomado el presidente tras conocerse que un juzgado había admitido a trámite una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, y que finalizó con su decisión de continuar al frente del Ejecutivo “con más fuerza si cabe”. El líder del Ejecutivo no se ha quebrado en un rincón y dice estar dispuesto a liderar ahora una ofensiva por la “regeneración democrática”.

Así, los sindicatos han defendido que la agenda social que reclaman “es compatible” con otra de “profundización democrática”. “Lo voy a decir por derecho, la justicia es, ante todo, un servicio público de la ciudadanía y el poder judicial es un poder del Estado y, por tanto, se tiene que resolver su renovación en términos democráticos”, ha mantenido Sordo. Y ha añadido contundente: “El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es una asociación de petanca y su renovación no puede corresponder en exclusiva a los jueces”. En la misma línea, Álvarez ha abogado por actualizar el CGPJ, ya que, “al igual que los ingenieros no eligen a los ingenieros, los jueces no pueden elegir a los jueces para tomar decisiones que afectan a la ciudadanía”.

Los líderes sindicales han verbalizado otra aspiración en un día de equilibrios entre lo laboral y lo político: “Hay que limitar la utilización nauseabunda de la mentira, la calumnia y la insidia que ha tomado cuerpo en nuestro país” desde hace tiempo, en palabras de Sordo, y que “no se pueden usar para tratar de cuestionar la legitimidad democrática de las elecciones políticas en España”. A su entender, lo esbozado por el presidente “no va de cuestionar la libertad de expresión o de prensa, sino de discernir el trigo de la paja, a los verdaderos profesionales de la información de los intoxicadores”, ha resumido.

En la cabecera de la manifestación, los dirigentes sindicales han estado acompañados por las tres vicepresidentas del Gobierno, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Teresa Ribera; así como por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, entre otras autoridades. Tanto Montero como Díaz han empujado a “defender la democracia” y a "extenderla". La titular de Trabajo, en concreto, ha prometido actuar para "democratizar la economía" incidiendo en que la clave está en "repartir la productividad, los beneficios y el tiempo de trabajo".

Las alusiones a "la derecha y la ultraderecha" que "rabian" han estado presentes en los discursos de los representantes sindicales, como las llamadas a la lucha para "seguir exigiendo derechos", y el reconocimiento de "un Estado libre palestino". Antes de la lectura del manifiesto, han denunciado que "el Ayuntamiento de Madrid" ha intentado dificultar la movilización. En ese punto del ritual del 1M, ya en la Plaza de España de la capital, Álvarez ha hecho notar que "no se puede maltratar, perseguir, a las organizaciones sindicales decentes de este país, como se ha estado haciendo los últimos años" ni se puede "crear una Policía fascista para controlar a los partidos políticos", aunque éstos sean independentistas.

"La guerra sucia no sirve nunca en democracia", ha elevado el tono, antes de solicitar que toda la ciudadanía haga suyo el parón de Sánchez y que esto se traduzca en una exigencia "de cambios en profundidad". "Queremos una democracia decente que nos proteja a todos", ha voceado.

"Hemos cometido un pecado, las organizaciones sindicales", ha ironizado luego Unai: "Tener razón". Y se ha preguntado "dónde están la hecatombe, las siete plagas de Egipto" que pronosticaron economistas y "friquis de internet", cuando lo que hay son "21 millones de cotizantes" y la "tasa de temporalidad más baja desde los años 80", ha rematado. Pero, no se conforman, por lo que ha recalcado que no cejarán en unas demandas que creen imprescindibles, incluso frente a situaciones de "acoso".

Los sindicatos ya no tienen un poder metalúrgico, pero han demostrado ser útiles para lograr, por ejemplo, convenios en sectores como la banca. Es más, la posible fusión entre BBVA y Sabadell es otro de los elementos que ha sobrevolado este Día del Trabajo y las organizaciones sindicales han puesto el foco en que, de producirse, no debe perjudicar a los trabajadores de esas entidades financieras y en que no admitirán ninguna medida no negociada con la representación legal de las plantillas.

Temen que el movimiento financiero suponga un coste para empleados y usuarios. Y así lo han contado en una jornada en la que manifestarse ha sido un acto “político, económico y de justicia social”, dice un asistente al acto, mientras se escucha de fondo El Vals Del Obrero.

Casi todo el mundo conoce que el 1 de mayo se conmemora la huelga por la jornada de ocho horas que estalló, en el siglo XIX, en los Estados Unidos. Más de cinco mil fábricas fueron paralizadas y 340.000 personas salieron a calles y plazas a manifestar su exigencia. Lo que mucha menos gente conoce es que 4 de los líderes sindicales de aquella protesta fueron conducidos al cadalso, en virtud de un juicio con falsas acusaciones de ser responsables de actos violentos, plagado de irregularidades y amañado, que sirvió de excusa para que los poderosos eliminaran la vida de cuatro jóvenes emigrantes que habían huido de la pobreza en el viejo continente, que se habían alzado contra la explotación laboral que sufría la clase trabajadora en el país que los había acogido. Esa es la razón por la que se les conoce como los mártires de Chicago.  

Por eso, para las organizaciones sindicales el 1 de mayo no es solo una fecha histórica, sino que sirve para reivindicar, para encarar el futuro haciendo un balance de lo alcanzado por el conjunto del movimiento sindical. Este año lo hacemos después de unas jornadas en las que el anuncio del presidente del Gobierno nos hizo tomar conciencia, a todos, del encanallamiento de la política, hasta tal punto que se ha convertido en una ciénaga en la que la mentira, el bulo el acoso civil y mediático se utilizan, como nuevos cadalsos, para eliminar al rival político. Ya no se trata de deteriorar la calidad de la democracia sino de socavar la democracia en sí misma. Salvar nuestra convivencia democrática hace que, desde el sindicato, requiramos una política social con rostro humano. Sólo desde una condición humanitaria de hacer política se puede avanzar en políticas sociales que protejan a las personas trabajadoras. Es hora de regenerar nuestro Estado Social y democrático de Derecho, protegiendo los cimientos básicos de la democracia, apuntalando la voluntad popular de la que, como dice el primero de los artículos de nuestro texto constitucional, emanan todos los poderes del Estado, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial. 

La sociedad española debe estar orgullosa del camino recorrido en los últimos años en la lucha contra la desigualdad, de conquistas sociales y de mejoras laborales. Los interlocutores sociales, especialmente las organizaciones sindicales, hemos contribuido a apostar por las subidas del salario mínimo interprofesional, el escudo social articulado durante la pandemia, la reforma laboral y el logro de un nuevo modelo de relaciones laborales articulado sobre la estabilidad y no sobre la precariedad. Todo ello demuestra que la justicia social es una enorme palanca de cambio, de transformación social y de lucha por la igualdad de oportunidades y de mejora de la sociedad.

Este 1 de mayo, más que nunca, lo que nos jugamos es construir una sociedad más justa. Si queremos luchar contra la desinformación, contra la deslegitimación de la democracia, debemos apostar por ampliar los derechos sociales. La pandemia nos demostró que el escudo social es el mayor de los antídotos frente al negacionismo y la desinformación. Los derechos laborales conseguidos en los últimos años nos obligan a defender su conservación y mejora porque ni son inamovibles ni nuestra lucha se encuentra, ni mucho menos, completada. 

Es la hora de recuperar reivindicaciones básicas, como trabajar menos horas sin perder poder adquisitivo. No se entiende que la implantación de herramientas de automatización en casi todos los sectores, inimaginable hace unos años, no haya ido aparejada de un mejor uso del tiempo de trabajo con una reducción del mismo. El avance social debe significar que podamos dedicar más horas a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a una mejor calidad de la vida personal y familiar. El reparto del tiempo de trabajo, además, nos permitiría acercarnos al pleno empleo, otro de los grandes retos por los que nuestra sociedad debe pelear en los próximos años. La plena ocupación de la ciudadanía contribuiría a un fortalecimiento del pilar social de nuestro Estado. La ley de dependencia fue un éxito rotundo de nuestro modelo de protección social, pero ha llegado la hora de robustecer y ensanchar este derecho. Corresponde al poder público ofrecer una cobertura y garantías de accesibilidad y universalidad en derechos y en servicios.

Es el momento, en definitiva, de impulsar con energía renovada la agenda social del Gobierno de progreso como fórmula para consolidar la democracia y el avance de nuestro país. 

¡Viva el primero de mayo!

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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

Unas 4.000 personas -según la Delegación del Gobierno- han salido este sábado a la calle en Valladolid bajo el lema 'Respeto por Castilla y León' para criticar la "censura, los recortes y ataques a los derechos y libertades" de la Junta, en una concentración que coincide con la celebración de la gala de la 38 edición de los Premios Goya, informa Europa Press.

La protesta ha contado con la presencia del secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo; el de UGT, Pepe Álvarez; el del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca; el coordinador general de Podemos en Castilla y León; el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago y el músico Jesús Cifuentes.

"Obviamente es apoyar esta movilización, esta manifestación que pretende denunciar las políticas que está haciendo el gobierno de la Junta de Castilla y León, que son políticas profundamente antisociales y que son políticas profundamente erróneas", ha afirmado Sordo.

En su manifiesto, los sindicatos también han reseñado que la Consejería de Cultura quiere declarar bienes de interés cultural las construcciones con simbología franquista y fascista, para así evitar su retirada, regulada en la Ley de Memoria Democrática.

"Dos años del Gobierno de Castilla y León, dos años en los que no tenemos nada que celebrar, todo lo contrario", ha declarado Álvarez, que también ha añadido que está llevando a una situación de enfrentamiento "como no habíamos visto nunca".

Asimismo, han criticado la actuación del gobierno de la comunidad con respecto a las personas migrantes ante los "discursos de odio" del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo.

Por su parte, el manifiesto hace mención a la política educativa "clasista" y que beneficia el "detrimento de la escuela pública con actividades culturales fuera de la lógica democrática y contrarias a las normativas reguladoras".

Tal y como han trasladado, han salido a las calles de Valladolid con el objetivo de luchar contra los "despropósitos antidemocráticos" como el rechazo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el intento de ilegalizar partidos o eliminar Comunidades Autónomas.

"Y hemos conocido también el dato que el 77% de los actores y de las actrices de nuestro país cobra menos, tiene ingresos por debajo de los 12.000 euros al año. Por tanto, hoy que se celebran los Goya en Valladolid no podemos olvidar que debajo de esa realidad existe un mundo de precariedad laboral, de bajos ingresos y de discontinuidad", ha destacado Sordo.

El Congreso tumbó la reforma del subsidio por desempleo impulsada por el ministerio de Trabajo, pero Yolanda Díaz no desiste. La vicepresidenta segunda del Gobierno anunció este jueves que iniciará "con carácter inmediato" una ronda de reuniones con los agentes sociales para negociar esta reforma y volver a presentarla, aunque desde su equipo evitan concretar si elaborará un nuevo real decreto ley o si, por el contrario, se tramitará como proyecto de ley, que permite la presentación de enmiendas —tal y como reclamaron algunos de los socios parlamentarios de la coalición como el BNG— en el Congreso.

"Esta reforma va a estar consensuada", aseguró Díaz en declaraciones desde Namur (Bélgica), donde se desplazó para asistir a una reunión informal con sus homólogos europeos. "Es la única que no pudimos someter al diálogo social, solo pudimos consultarles por una razón de responsabilidad porque teníamos que cumplir el hito europeo, el último que nos faltaba en el Ministerio de Trabajo para recibir el desembolso de 10.000 millones de euros y tenía que ser aprobada antes del 31 de diciembre", prosiguió.

Pese a que la reforma estaba comprometida con la Comisión Europea, fuentes del equipo de Díaz explican a infoLibre que la única penalización a la que se enfrentan es que los últimos 10.000 millones del Plan de Recuperación "tardarán más en llegar". De hecho, consideran que si hay una parte positiva de lo ocurrido es que ahora cuentan con más tiempo para sacarla adelante y podrán debatir con las organizaciones sindicales "con tranquilidad". No prevén llevar esta reforma ya al Consejo de Ministros, sino que convocarán al diálogo social a partir de este viernes, después de Trabajo anuncie la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Este anuncio ha sido celebrado en las sedes de UGT y Comisiones Obreras, los dos sindicatos mayoritarios, que en su día lamentaron la ausencia de diálogo y reclamaron la introducción de mejoras en el decreto ley. Con todo, ambas organizaciones consideraban que la reforma incluía aspectos positivos y que Podemos debería haberla convalidado —sus 5 votos fueron decisivos para tumbarla— para introducir cambios a posteriori. Los morados lo rechazaron al entender que suponía un recorte en las pensiones de los mayores de 52 años al rebajar del 125% al 100% la base mínima de cotización fijada legalmente cada año.

Desde el equipo de la vicepresidenta segunda siempre han negado ese recorte y encuadran la negativa de Podemos en su estrategia para desestabilizar a Díaz y marcar perfil propio. Es más, explican que los morados les "dejaron plantados" el miércoles, antes de que venciera el plazo para las votaciones, cuando les enviaron una oferta con el compromiso de aceptar la enmienda que solicitaban y trabajarla conjuntamente después en la tramitación del decreto como proposición. Podemos confirma la oferta pero considera que Trabajo no les garantizaba que su reclamación se fuera a tener en cuenta. El decreto incluía una rebaja progresiva de la cotización para la jubilación del subsidio para mayores de 52 años, que pasaba del 125% de la base mínima, establecida por el SMI, al 100% en 2028, "inasumible" para los morados.

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, asegura a este periódico que plantearán la necesidad de reformular la disminución de la base de cotización del subsidio de mayores de 52 años para que "no se penalicen" las prestaciones de jubilación futuras de los casi 450.000 personas que, según expone, se ven obligadas anualmente a completar sus carreras de cotización. "La forma de pactarlo entre Economía y Trabajo penaliza a los futuros pensionistas", afirma Bravo, que añade que "incluso tiene algún efecto perverso para los actuales".

Bravo, que asegura que el Gobierno lo puede justificar por la subida del SMI, considera que el sistema está "mal diseñado y pensado". "Si se quiere tener ese debate, hay distintas formas de plantearlo sin penalizar a nadie, ni actual ni futuro, y sin que eso suponga un desincentivo a la aceptación del empleo", subraya. Asimismo, cree que Trabajo no puede excluir a los mayores de 52 años de la mejora de la prestación los doce primeros meses. "Es una especie de señalamiento a ese grupo de edad, se asume que si cobran 480 euros y le cotizan por el 125 en la base mínima, ya no van a trabajar nunca", lamenta. "Hay que darle una vuelta entera a ese asunto y ver una manera de resolverlo sin perjudicar derechos de nadie".

Coincide con él Fernando Luján, vicesecretario general política sindical de UGT y uno de los negociadores clave del sindicato en materias como el SMI. "En su momento ya dijimos que nos incomodaba la eliminación del 125% del salario de la base mínima de cotización para los mayores de 52 años", explica. "Tenemos que ver de qué manera se puede garantizar una pensión digna para estas personas. Una de ellas, obviamente, es a través del reingreso en el mercado de trabajo con buenas condiciones y el mantenimiento también de unas bases de cotización que les permita acceder a una pensión de jubilación también suficiente", señala.

Luján considera que lo prioritario es "primar" el reingreso de estas personas que están en el paro a la actividad laboral, pero considera que también hay que abordar esta rebaja de las bases de cotización. "Entendemos que la manera de solventarlo no es a través de una eliminación paulatina de esta sobrecotización, sino habrá que plantear políticas más imaginativas", afirma.

El decreto del Gobierno, entre otras cuestiones, elevaba la cuantía de la prestación para algunos de los beneficiarios —de 480 euros a 570— o simultaneaba su cobro con el desarrollo de una actividad laboral remunerada durante un plazo de 180 días. Los sindicatos ponen en valor estas medidas, al igual que la inclusión del acceso a los desempleados jóvenes y menores de 45 años sin cargas familiares que agotaban la prestación contributiva o el acceso a los trabajadores eventuales agrarios. "La caída de este decreto ley deja de beneficiar o, mejor dicho, perjudica a más de un millón de personas", sostiene Bravo. Sin embargo, el sindicalista de CCOO también reseña que "dejaba fuera" a medio millón.

Por ese motivo, el sindicato dirigido por Unai Sordo plantea que se debe establecer una garantía de suficiencia en los subsidios de desempleo generados por personas con contrato a tiempo parcial. "Tenemos un problema de género, que se lo hemos dicho por activa y por pasiva al ministerio, y es el problema de los subsidios que se cobran parciales", señala Bravo. Concretamente el 12,5% de las personas que perciben subsidios por desempleo, en su inmensa mayoría mujeres, están a tiempo parcial. "Todos los demás subsidios, si tú procedes de un trabajo a tiempo parcial, te los pagan en proporción a la jornada que tuvieras. En este caso no". Una reivindicación que también trasladan desde UGT.

Además, ambos ponen el foco en que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) ya no funciona como indicador. Abogan por sustituirlo por otro de pobreza como el dato a partir del cual se establecen subsidios como el de desempleo, el ingreso mínimo vital o las pensiones no contributivas. "Nos parece que no tiene ningún sentido y que 20 años después de su alumbramiento ya no tiene ninguna de las hipotéticas ventajas que pudo tener entonces. Ahora es totalmente arbitrario", señala Luján. El IPREM se sitúa en 8.400 euros anuales, mientras que el umbral de riesgo de pobreza está en 10.088 euros, un 20% más.

Los dos sindicatos mayoritarios creen, por tanto, que se deberían mejorar las cuantías del subsidio por desempleo, aunque reconocen que será complicado, no tanto por la posición de la patronal sino por el propio Gobierno, que también deberá hacer sus "equilibrios". "Hay equilibrios presupuestario, también en cuanto al déficit público y con respecto a la Unión Europea", señalan desde el sindicato de Pepe Álvarez y añaden que no creen que la CEOE muestre tantas reticencias como en el SMI. "No hemos tenido grandes diferencias en las cuestiones asistenciales", afirman, "hay cierta sensibilidad social con esto".

Ambos sindicatos se comprometen a exprimir al máximo la negociación y creen que su sello será decisivo de cara a la negociación parlamentaria. "Todas las reformas que hemos pactado desde el 1995 hasta ahora, y han sido siete acuerdos, se mantienen en el tiempo. Ahora queremos hacer lo mismo", plantea Bravo, aunque también señala que no irán con posiciones "maximalistas". "Si yo pido un 10 y tengo un 7, pues yo creo que la postura más inteligente es el 7 y luego continuar hasta el 10 antes de darle una patada a la mesa", zanja Luján.

La patronal española y los sindicatos han pedido que se respeten los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social durante los últimos años en caso de que después de la próxima cita con las urnas el 23 de julio se produzca un cambio de Gobierno en España, según informa Europa Press.

Tanto para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como para el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, los pactos a dos y tres bandas que se han logrado en esta legislatura son garantía de paz social, por lo que deben ser preservados a largo plazo al ser parte del mandato constitucional de los agentes sociales y responder al interés de la sociedad.

"Los pactos son para ser estables en el tiempo y tienen que ir hasta el final. Nosotros pediremos un respeto y los defenderemos. Lo firmado, firmado está", ha sostenido Garamendi durante su intervención en la mesa redonda conjunta organizada por Cinco Días dentro de unas jornadas con motivo de su 45º Aniversario.

La consolidación de este proceso de diálogo social de los últimos años permitirá situar a España como un país en el que se puede tener "gran confianza", en palabras del líder de UGT, al contar con estabilidad tanto jurídica como social.

Así, a su juicio, quien quiera actuar fuera de este contexto, deberá explicarlo, ya que a la ciudadanía "no se le puede tomar el pelo". En este sentido se ha expresado también Unai Sordo al considerar como "totalmente absurdo" que no se cuente con los sindicatos en un hipotético Gobierno del que forme parte la ultraderecha, como ha comentado que sucede en Castilla y León.

"Si entra la ultraderecha en el Gobierno habrá una ofensiva sindical sin ningún tipo de duda. Temo por el Título Preliminar de la Constitución. La irrupción o la excesiva importancia de la ultraderecha y del populismo de extrema derecha es un riesgo para nuestro país", ha manifestado.

Así, tanto los sindicatos como la patronal han animado a no salirse de este marco del diálogo social. Según Garamendi, aunque queden "muchos pelos en la gatera", un pacto "llega mucho más lejos" que algo sin pactar y en los últimos años se ha llegado a importantes acuerdos que dan tranquilidad y estabilidad a la ciudadanía y las empresas. "El diálogo social se articula y funciona en España", ha afirmado.

"El diálogo social es una fórmula de compromiso que nos permite avanzar menos de lo que todos queremos o podemos, pero con mucha más firmeza", ha evidenciado por su parte Pepe Álvarez.

Las elecciones se han colado en el último Primero de Mayo de la legislatura. Y no sólo porque cuatro ministros asistieran a la manifestación convocada por CCOO y UGT en Madrid. Los discursos de los dirigentes de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, destacaron la importancia para el mundo del trabajo que, a su juicio, tienen las convocatorias a las urnas que comienzan el próximo día 28. Tanto los líderes sindicales como la vicepresidenta Yolanda Díaz y las ministras María Jesús Montero e Irene Montero, así como el ministro Alberto Garzón, sacaron pecho de los acuerdos y medidas en materia laboral adoptados por el Gobierno y firmados en el Diálogo Social. Desde las reformas laboral y de pensiones hasta la subida del salario mínimo en un 47%, los millones de empresas y empleos salvado gracias a los ERTE, la ley de los riders, el teletrabajo… “Pero, ¿se van a mantener en una coyuntura política diferente?”, se preguntó Pepe Álvarez en la rueda de prensa previa a la manifestación. Después, en el escenario montado en la Plaza de España madrileña, respondió pidiendo ayuda para consolidar esos logros: “Porque, si pueden, no los van a quitar”. “No queremos que nos toquen la reforma laboral y la reforma de las pensiones, hay que consolidarlas en la calle, en las urnas, con mayoría”, reclamó. Estas elecciones son importantes porque en ellas los trabajadores “se juegan qué va a ocurrir en el empleo en España”, toda vez que las comunidades autónomas, explicó, son las responsables de los servicios públicos de empleo que deben atender a los más de tres millones de parados.

En la misma línea argumentó Unai Sordo. “Pocas veces un ciclo electoral se desarrolla en circunstancias tan determinantes como este año, con los cambios económicos, en el empleo y en los servicios públicos que se avecinan”, apuntó. A su juicio, todo eso “se juega en las empresas, en los sectores, pero también en el terreno de la política”. “Nosotros no hacemos política” ha precisado enseguida, “pero tampoco somos neutrales ni equidistantes cuando se juega tanto”. De nada sirve, añadió, que suban un 4% los salarios, si los trabajadores se lo tienen que gastar en una pensión, sanidad o escuela privadas o en atención a la dependencia. “Si no hay servicios públicos y comunidad, no hay derechos laborales, civiles ni hay sociedad”, remachó.

La de Madrid ha sido una de las 73 manifestaciones convocadas por los dos sindicatos mayoritarios en toda España. Según la organización, contó con la asistencia de unas 60.000 personas, que la Delegación del Gobierno dejó en 10.000. Con el lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, CCOO y UGT han emplazado a la patronal a sentarse a negociar ya, “no a hacer tertulias”, el acuerdo “paraguas” de salarios para el próximo trienio, que lleva en suspenso desde que las conversaciones se bloquearan hace ahora un año. Si no lo hacen, advirtieron, la “batalla” se trasladará a los convenios colectivos, “trinchera a trinchera”. “O hay acuerdo salarial en breve u organizaremos una movilización general en otoño que puede terminar en huelgas en los sectores con convenios injustamente bloqueados por culpa de la avaricia empresarial”. Se repite así el escenario de hace justo un año, cuando los dos sindicatos avisaron de que la falta de negociación se iba a traducir en mayor conflictividad en las empresas a la vuelta del verano. La diferencia es que ahora, la ausencia de diálogo puede traducirse en la defunción del acuerdo marco de salarios que lleva funcionando 13 años en España.

También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apremió a la CEOE a llegar a un acuerdo “inmediato, en mayo”, que incluya una subida de salarios. “El Gobierno ha hecho lo que le tocaba, subiendo el SMI un 47%; ahora le toca a la patronal cumplir también con su obligación”, exigió antes de destacar que el salario mediano en España, 21.000 euros anuales, 1.500 euros al mes en 14 pagas, “no permite vivir dignamente en Madrid, Sevilla o Vigo”.

Los sindicatos reclaman una subida del 5% para 2022, el 4,5% para 2023 y el 3,75% para 2024, así como una cláusula de revisión salarial que tenga en cuenta no sólo la inflación sino también los beneficios empresariales. CCOO planteó que para este segundo indicador se utilizara un índice construido a partir de las declaraciones trimestrales del IVA de las empresas. La CEOE rechaza que los salarios suban tanto como la inflación.

Yolanda Díaz aprovechó el Primero de Mayo para reclamar en el sector público la misma bajada de la temporalidad de la que ya se beneficia el sector público tras la entrada en vigor de la reforma laboral –“hasta el 17%, ya está en la media de la UE”, presumió–. “Es indecente que siga tan elevada en las administraciones públicas”, criticó, para exigir un cambio en el Estatuto Básico del Empleado Público que haga posible ese recorte. Además, defendió la reducción de la jornada laboral sin rebaja del salario, para lo cual anunció la próxima publicación de un informe sobre la ley de usos del tiempo que el ministerio ha encargado a un comité de expertos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, además de valorar el “escudo social” construido por el Gobierno, señaló los dos temas pendientes de la legislatura: el tope a las hipotecas y a los precios de los alimentos.  

“Teníamos razón, y no sólo moral”, subrayó Unai Sordo tras destacar los 20,45 millones de ocupados de la última EPA, para a continuación declarar la muerte de los “mantras neoliberales” que marcaron las políticas laborales tras la crisis financiera, “precarizando la contratación, debilitando la negociación colectiva y bajando los salarios”. Ese mensaje, dijo, ha “fracasado” y es una “ideología zombi”.

Pocas eran las pancartas de trabajadores de empresas en crisis que salieron este Primero de Mayo a la Gran Vía de Madrid. Una era de los trabajadores de Schneider Electric en Griñón, un pueblo del sur de Madrid, sobre los que se cierne el despido de la mitad de la plantilla : “No ante la deslocalización de nuestro trabajo”. La multinacional francesa de equipos eléctricos planea llevarse la fabricación de su producto estrella a Italia. Los trabajadores de empresas como Telepizza, Domino’s Pizza, Papa Johns o Pizza Hut, entre otras, agrupadas en la patronal Prodelivery, la asociación de comidas preparadas para su venta a domicilio, pedían un convenio justo. También los empleados de fincas urbanas de Madrid, los porteros, mientras que los conductores profesionales reclamaban un sistema de jubilación anticipada. Para los funcionarios de la sanidad y la educación públicas de Madrid, la reivindicación son las 35 horas semanales. Con chalecos naranjas –que vistió Pepe Álvarez en el escenario de Plaza de España–protestaban los vecinos de San Fernando de Henares afectados por el hundimiento de la Línea 7B del Metro: “Ayuso, soluciones ya; el Metro hace aguas y nuestras casas se hunden”. Y cerrando la manifestación, tras las banderas de CCOO y UGT, desfilaban probablemente los más jóvenes de la convocatoria, pertenecientes al Colectivo de Jóvenes Comunistas, que pedían “un país para la clase obrera”.

Como ocurre desde que la manifestación del Primero de Mayo discurre por la Gran Vía en lugar de por el Paseo de Recoletos, los trabajadores y sindicalistas se mezclaban con los muchos turistas, troley en mano, y curiosos sacando fotos desde las aceras. Este año electoral, además, tras las pancartas se dejaron fotografiar por la prensa no sólo las ministras, sino también los candidatos socialistas a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, y a la Comunidad, Juan Lobato, así como de Más Madrid, Rita Maestre y Mónica García, y Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.

A la altura del edificio de Telefónica, apenas una docena de jóvenes sujetaban en la acera una pancarta donde se leía Sindicato patronal, estafa nacional. Con pulseras con la bandera española en las muñecas y poco aspecto de estar bregados en la lucha sindical, gritaban consignas contra UGT y CCOO –tampoco mucho–, mientras algunos de los aludidos les afeaban que sólo habían trabajado “en la empresa de papá”. Fue la única nota discordante en el ambiente festivo del evento, junto con el paso entre sirenas de un camión de bomberos que interrumpió, entre aplausos, la marcha a la altura de la calle de San Bernardo. Poco antes, las enormes pantallas de la fachada del cine Capitol se habían llenado con las siglas de los sindicatos y el lema de la manifestación, sólo durante unos segundos, entre anuncios de perfume y tráilers de las películas en cartel.

Unos 2.000 manifestantes, según la Guardia Urbana, han desfilado en Barcelona este Primero de Mayo. Los participantes han llevado banderas y globos con mensajes como Tendremos pensiones dignas o Subid salarios, y han pedido “huelga, huelga, huelga general“, informa Europa Press. En la manifestación han participado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el conseller de Empresa de la Generalitat, Roger Torrent; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el líder del PSC, Salvador Illa.

En Galicia CCOO, UGT y CIG convocaron su manifestación principal en Vigo, con el foco puesto en la necesidad de subir salarios y de llegar a un acuerdo de negociación colectiva. Así que han pedido a la patronal que lo facilite para lograr un reparto justo de la riqueza, habida cuenta de que el propio Banco de España ha puesto de manifiesto los beneficios de las grandes corporaciones.

En Bilbao, la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García ha subrayado que lo sindicatos no van a permitir que “en momentos de beneficios históricos para las empresas, aquellas que están congelando los salarios, que no han desbloqueado sus convenios se están llenando los bolsillos a costa de los trabajadores“.

CCOO y UGT saldrán a la calle este Primero de Mayo en más de 70 ciudades de España bajo el lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, en un contexto de tensión con la patronal por el estancamiento de la negociación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, recoge Europa Press.

Los secretarios generales de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, acudirán a la manifestación de Madrid, que arrancará a las 12:00 horas desde Gran Vía y terminará en la Plaza de España. También asistirán a esa cita las secretarias generales de CCOO y UGT en Madrid, Paloma López y Marina Prieto, que intervendrán al cierre del acto en Plaza de España, junto con Sordo y Álvarez.

Además de la de Madrid, los sindicatos han convocado un total de 73 manifestaciones en toda España para que puedan movilizarse los trabajadores de todo el país.

El secretario de UGT puntualizó la semana pasada, en la rueda de prensa de presentación del acto, que la convocatoria de tantas manifestaciones en el país es "un dato significativo de la importancia" que los sindicatos dan a esta fecha "reivindicativa".

Para Sordo, el lema de este año, Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, que, a juicio de Sordo, no puede ser "más concreto" ni "sintetizar más la reivindicación de las organizaciones sindicales". El secretario general de CCOO indicó que este Primero de Mayo está "muy cerca" del inicio de un ciclo político "trascendente para España", con las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Por este motivo, pidió que este 1 de Mayo sea un día "de balance", de los avances en material laboral y de pensiones que se han logrado en esta legislatura, con la protección de 18 millones de rentas, entre pensionistas, beneficiarios del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y beneficiarios de incrementos salariales por convenio, entre otros.

La llegada de este Primero de Mayo también anuncia el fin del plazo que los sindicatos dieron a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para llegar a un acuerdo sobre el V AENC. CCOO y UGT alertan de un aumento de las movilizaciones en la segunda parte del año si no hay avances en el AENC, y aprovecharán este Primero de Mayo para que la patronal sienta "el aliento de las calles del país exigiendo que acaben con la avaricia, con la usura que representan, en algunos casos, los beneficios empresariales", como dijo Álvarez la semana pasada.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este jueves que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) "son positivos" en relación con otros años, aunque España todavía cuenta con "un nivel de desempleo que hay que bajar", según ha informado Europa Press.

El paro subió en 103.800 personas entre enero y marzo, lo que supone un 3,4% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 11.100 puestos de trabajo (-0,05%), su menor descenso en un primer trimestre desde 2007, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 3.127.800 personas y el de ocupados, en 20.452.800 personas.

"Estamos ante un trimestre siempre difícil y complejo y este es un poco menos que los trimestres de años anteriores. Estamos en un buen camino", ha dicho Álvarez a los medios en la Estación de Atocha, donde ha repartido octavillas con motivo de la celebración del 1 de Mayo.

El sindicato ha destacado en un comunicado que los datos de este primer trimestre "muestran una aceleración de la creación de empleo y una nueva confirmación de la mejora de la calidad del empleo creado", y ha resaltado también la reducción de la tasa de temporalidad.

No obstante, el líder de UGT ha admitido que hay un problema con los más de 3 millones de parados registrados en esta EPA, por lo que ha pedido soluciones al Gobierno y una mejor atención en las oficinas de empleo para que "se conviertan realmente en instrumentos que atiendan a las personas desempleadas".

Entre los aspectos negativos de esta EPA, el sindicato alude al "elevado paro de larga duración", con cuatro de cada diez parados en búsqueda de empleo desde hace más de un año. Por otro lado, UGT lamenta "la elevada parcialidad, y particularmente la parcialidad involuntaria".

Álvarez ha comentado que estos datos constatan que "España es un país en el que mucha gente vive mal y no llega a fin de mes", a pesar de que el país "afortunadamente tiene medios y recursos".

El secretario general ha aprovechado la publicación de los datos de la EPA para pedir a los ciudadanos que se unan a la manifestación del 1 de Mayo, que "tiene como eje fundamental el reparto de la riqueza".

"El 1 de Mayo tiene que llenar las calles de nuestro país para que la CEOE sea plenamente consciente de que hay aumento de salario o vamos a ir a un año con un alto nivel de conflictividad", ha subrayado Álvarez.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, firmó este miércoles con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo para la segunda parte de la reforma de las pensiones y con la ausencia de la CEOE. Un acuerdo que tanto el ministro como los líderes sindicales loaron con superlativos como “histórico” y “revolucionario”. “Es la apuesta estratégica más definida e importante desde la crisis financiera”, aseguró Unai Sordo. José Luis Escrivá felicitó a CCOO y UGT porque, tras dos años de negociación, ha sido posible una reforma que, a su juicio, supone un “cambio radical y estructural del sistema de pensiones”. Y los sindicatos alabaron al ministro por haber sido capaz de “reconducir” las negociaciones con la Comisión Europea en Bruselas.

Todos ellos contestaron también a las críticas de la patronal a la reforma, que se asienta en el aumento de las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social para financiar el aumento de gasto que implicará la mejora de las pensiones. Frente a la “voracidad recaudatoria” de la que acusa la CEOE al Gobierno, el ministro cifró en sólo 37 céntimos el impacto que la subida de cotizaciones –el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad y el destope de las bases máximas– tendrá hasta 2050 en el coste laboral por hora. Si ahora se sitúa en 23,4 euros, al final del periodo de aplicación de la reforma se elevará hasta 23,8 euros, aún por debajo de los actuales 29,9 euros de Italia o los 33,8 euros de media de la zona euro. Según los dirigentes sindicales, la subida de cuotas a la Seguridad Social es “manejable” para las empresas. Pepe Álvarez mencionó además que las cuotas a la Seguridad Social se han reducido cuatro puntos desde 1982 en España.

Por el contrario, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, repitió este miércoles que la subida de cotizaciones sociales “lastrará la competitividad de las empresas” y frenará la creación de empleo. Sólo unas horas después, Escrivá compareció en la Comisión del Pacto de Toledo para explicar a los grupos parlamentarios el acuerdo recién alcanzado. Allí, tras recibir los reproches en la misma dirección de los diputados del PP, Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria, el ministro subrayó que la subida de salarios que acarreará el aumento de las cotizaciones para pagar las pensiones se limitará a un 1,6% repartido a lo largo de 30 años. Lo que le llevó a tachar de “hipérboles” y “demagogia sin números” las críticas que han tildado de “impuesto al trabajo” e “impuesto al talento” el alza de las cuotas sociales, “en un momento en que los salarios [de convenio] han subido menos de un 3%, la inflación media llegó al 8,5% y los márgenes empresariales han aumentado en un porcentaje similar”.

Además, aseguró Escrivá, si el foco se fija en los costes laborales unitarios, corregidos con la productividad para poder compararlos con los de otros países, los números de España “son incluso más favorables”. Así, la ganancia de competitividad española entre 2010 y 2022 ha sido del 13%, el doble que la zona euro –7,7%– y por encima del 8,5% de Francia o el 3,5% de Italia. Alemania perdió en ese intervalo un 5,8% de competitividad medida con el coste laboral unitario.

El ministro también defendió el destope de bases máximas de cotización y la cuota de solidaridad. Junto con el recargo del MEI, permitirán aumentar los ingresos del sistema en una cantidad equivalente a un 1% del PIB, de acuerdo con las previsiones del Gobierno. De esa mejora, la mayor parte corresponde a las dos primeras medidas, a partes iguales, mientras que la cuota de solidaridad aportará un 10%. Unai Sordo apuntó que sólo 1,2 millones de trabajadores cotizan algunos meses por encima de la base máxima actual –53.946 euros anuales, 4.495,50 euros mensuales– y un millón todo el año. Serán esos salarios más elevados los que pagarán la cuota de solidaridad, del 1% en 2025 y del 6% en 2045. “Decir que el aumento de cotizaciones, que afectará sólo a empresas grandes con grandes excedentes, alejará el talento es una frivolidad”, zanjó.

Frente a las dudas que la oposición política lanzó en la Comisión del Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema por el aumento de gasto previsto con las nuevas medidas –mejora de las pensiones mínimas, cobertura de lagunas de cotización, libre elección del periodo de cálculo–, Escrivá argumentó que el alza de cotizaciones tendrá efectos “equivalentes” a los calculados para el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, las medidas de la reforma de 2013 que quedan derogadas. El IRP limitaba la subida anual de las pensiones a un 0,25% mientras la Seguridad Social tuviera déficit, y ahora se actualizarán de acuerdo con el IPC medio del ejercicio. El Factor de Sostenibilidad recortaba la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación. Escrivá llegó a calificarlo de “aberración”, porque reducía hasta un 50% la pensión inicial de quien se jubilara en 2050. El IRP ocasionaba una rebaja del 30% en la prestación, recordó.

Con la reforma, el gasto en pensiones eludirá los años de máxima tensión financiera por culpa de la jubilación de los baby-boomers, entre 2030 y 2040, e incluso atravesará esa barrera para quedar a partir de 2050 por debajo del gasto actual –el 12,2% del PIB– y del gasto medio en pensiones de la Unión Europea, adelantó.

Según los cálculos del ministerio, la pensión de una mujer que haya cotizado 44 años, pero haya interrumpido su carrera profesional durante ocho por culpa de la crisis financiera y se jubile ya con las mejoras de la reforma, aumentará un 13% mensual respecto al esquema actual, gracias al nuevo periodo de cómputo y al relleno de las lagunas de cotización.

Mientras Unidas Podemos, ERC y EH Bildu agradecieron a Escrivá el “cambio de enfoque” en la reforma de las pensiones, PP y Coalición Canaria le reprocharon que la norma se tramite como un real decreto-ley, hurtando el debate a los grupos parlamentarios y evitando evaluaciones externas. “No le salen las cuentas”, atacó Ana Muñoz Vidal, de Ciudadanos. También le afearon que haya acudido a la Comisión del Pacto de Toledo en el último momento, sólo después de haber pactado con los sindicatos. “Lleva ocho meses sin comparecer aquí”, le espetó el diputado Tomás Cabezón.

El ministro ofreció la posibilidad de tramitar la reforma como proyecto de ley y atribuyó el retraso de tres meses en la presentación del texto –debería haberse aprobado en diciembre de 2022– a la dilatación de las negociaciones con la Comisión Europea. Como España es el país más avanzado en la recepción de los fondos de recuperación y “la referencia para los que vienen detrás”, explicó, los altos funcionarios de Bruselas han sido “particularmente rigurosos”. “Nos dijeron ‘vamos a aprender juntos”, contó a los diputados, para después asegurar que la reforma se convertirá en una "referencia internacional" por su cambio de enfoque. En respuesta a la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, que había rebajado el aval de Bruselas a un “acuerdo de mínimos” con la Comisión Europea, José Luis Escrivá presumió de que, por el contrario, ha sido “pactado con las métricas europeas más exigentes”.

Tanto en el acto de la firma con los sindicatos por la mañana como ante el Pacto de Toledo por la tarde, el ministro no cesó de replicar a los analistas que estos días han atacado la reforma. “No hay ningún experto que la avale”, le recriminó Tomás Cabezón, “la única unanimidad en esta reforma es que decepciona”.

Para Escrivá, los análisis publicados estos últimos días por BBVA Research o por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) son “cálculos apresurados y oportunistas, sacados de un PC en una casa”, discusiones “viejunas instaladas en debates y métricas ya superadas internacionalmente”. Ambos centros de estudios ponen en duda que el aumento de ingresos previsto con la subida de cotizaciones cubra el crecimiento del gasto en pensiones para las próximas décadas. Y temen el efecto de las mayores cuotas sociales en el empleo, los salarios y la inversión de las empresas. Los sindicatos, por su parte, ven motivos “ideológicos” y del sector financiero detrás de esos informes: “No hay análisis desinteresado de pensiones en España”.

La segunda fase de la reforma de pensiones acordada por el Gobierno, CCOO y UGT se centra en la obtención de ingresos para que el sistema afronte con garantías las tensiones financieras que implicará la jubilación de los baby boomers en las decádas de 2030 y 2040, informa Europa Press.

También contempla mejoras en la cobertura de lagunas de cotización, en el complemento de la brecha de género y en las pensiones mínimas, así como el establecimiento de un sistema dual para el cálculo de la pensión para que las personas con carreras laborales irregulares no vean mermada su prestación.

Éstas son las principales medidas de la reforma:

- Modelo dual para determinar la cuantía de la pensión: ésta podrá calcularse o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años. Esta nueva opción se irá introduciendo de manera progresiva, desde 2027 a 2038, año en el que ya quedarán completamente desplegados los 29 años (menos dos).

Hasta 2040 podrá elegirse entre esta opción y los últimos 25 años, mientras que entre 2041 y 2043 la opción de 25 años irá subiendo a razón de seis meses por año, desde 25,5 años en 2040 a 26,5 años en 2043, pudiendo elegirse entre este periodo o los 29 años (menos los dos peores). A partir de 2044 ya no se podrá elegir y la pensión se calculará con 27 años efectivos de cotización (29 años menos los dos peores). De oficio, mientras existan las dos alternativas, la Seguridad Social siempre aplicará la más ventajosa para el trabajador.

- Cuota de solidaridad: se establece una cotización para la parte del salario que no cotiza por superar la base máxima de cotización. Ésta será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador).

- Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La actual sobrecotización del MEI, del 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año y con la siguiente distribución: 1% a cargo de la empresa y 0,2% a cargo del trabajador. Esta sobrecuota se mantendrá en el 1,2% de 2030 a 2050 y podrá aumentar de manera automática si el gasto en pensiones sobrepasa el 15% del PIB.

- Bases máximas: las bases máximas de cotización subirán anualmente con el IPC más un cuantía fija de 1,2 puntos entre 2024 y 2050. Esto implicará un aumento acumulado del 38% hasta 2050. El Gobierno evaluará cada cinco años en el marco del diálogo social la subida de las bases máximas de cotización y remitirá un informe a la Comisión del Pacto de Toledo.

- Pensión máxima: las pensiones máximas se revalorizarán año a año con el IPC anual más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050, lo que supondrá un alza aproximada del 3%. A partir de 2051 y hasta 2065 se producirán incrementos adicionales para que al final del periodo, en 2065, la pensión máxima haya subido de manera acumulada un 20%. A partir de ese año se valorará la conveniencia de alcanzar un incremento total del 30%.

- Subida de las pensiones mínimas contributivas: se establece una senda de convergencia de las pensiones mínimas contributivas para asegurar que, desde 2027, no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. Así, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, irán subiendo entre 2024 y 2027 de manera progresiva.

- Mejora de las pensiones no contributivas: éstas crecerán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.

- Cobertura de lagunas: se mantiene el modelo actual de cobertura de lagunas (meses en lo que no existe obligación de cotizar y que son tenidos en cuenta para calcular las pensiones), pero con mejoras para mujeres.

Así, los vacíos de cotización se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (4 años), y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49, añadiendo para las mujeres asalariadas el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (hasta el quinto año) y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (del quinto al séptimo año). Esta medida estará vigente mientras la brecha de género sea superior al 5% y podrá aplicarse a hombres en situaciones comparables.

Además, se reconocerán como cotizados los tres primeros años de excedencia por cuidado de hijos y familiares, y a los autónomos también se les cubrirán, por primera vez, lagunas de cotización.

- Brecha de género: el complemento de brecha de género de las pensiones subirá un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024-2025.

- Límites a la disposición de activos de la hucha de las pensiones: Desde 2033, la Ley de Presupuestos establecerá el desembolso anual a efectuar por el Fondo de Reserva en términos de porcentaje del PIB, con un límite máximo para cada ejercicio del periodo 2033-2053, que irá desde el 0,10% del PIB al 0,91%, dependiendo de cada ejercicio.

- Fiscalización por parte de la AIReF: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicará y enviará al Gobierno, desde marzo de 2025 y cada tres años, un informe de evaluación sobre el impacto de las medidas destinadas a fortalecer los ingresos del sistema entre 2022 y 2050.

Si, tras la evaluación de la AIReF, el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, el gasto medio bruto en pensiones en el periodo 2022-2050 no podrá superar el 15% del PIB. Si supera ese 1,7% del PIB, el gasto en pensiones no podrá superar el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%. Y si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es inferior al 1,7% del PIB, el gasto no podrá superar el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%.

En caso de que se produzca algún exceso en alguna de estas tres situaciones, el Gobierno propondrá posibles medidas para eliminarlo. Además, negociará con los agentes sociales el envío de una propuesta al Pacto de Toledo para corregir este exceso de gasto vía aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa que eleve los ingresos o reduzca el gasto en pensiones o una combinación de ambas.

Como resultado de estas negociaciones, el Gobierno enviará un proyecto de ley al Parlamento que contenga las medidas apropiadas antes del 30 de septiembre, que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente.

En caso de que la ley con las medidas correctoras del exceso de gasto no entrara en vigor el 1 de enero del año siguiente, la cotización del MEI aumentará para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la AIReF a partir del 1 de enero del año siguiente y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas del mismo impacto o el exceso de gasto sea corregido.

- Jubilación parcial: El Gobierno se compromete a negociar antes del 30 de junio una reforma de la figura de la jubilación parcial a fin de garantizar un régimen de compatibilidad efectiva entre trabajo y pensión, preservar la calidad del empleo de los relevistas, y equilibrar el coste de esta modalidad de pensión.

- Observatorio para el paro de los autónomos: se creará, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la reforma, un observatorio para mejorar la eficacia y cobertura de la prestación por cese de actividad por causas económicas de los trabajadores autónomos, así como de la integración de periodos sin obligación de cotizar. - Cotización por prácticas formativas o académicas externas: se integrarán en la Seguridad Social los alumnos que realicen prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación o que realicen prácticas académicas externas.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá este año un 8%, por lo que se eleva hasta los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. Así lo ha anunciado esta misma tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado, justo cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, terminaba su reunión con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, para pactar la cuantía del aumento.

El alza se sitúa, por tanto, por debajo del 8,5% en que se han mejorado las pensiones y por debajo también del aumento medio de la inflación en 2022, que fue del 8,4%. También queda ligeramente por debajo de los 1.082 que CCOO reclamaba como mínimo y de los 1.100 que pedía UGT. Pero supera los 1.040 euros que, como máximo y con condiciones, estaba dispuesta a conceder la patronal. La subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, aunque no se aprobará aún en el Consejo de Ministros del próximo martes.

Ya es, por tanto, la tercera vez en que la patronal rehúye el acuerdo sobre el salario mínimo. Lo hizo en 2021, cuando se consiguió un pacto bipartito para aumentar el SMI hasta 965 euros, y en 2022, cuando aumentó 35 euros, hasta los 1.000, y ha repetido este año. No acudió a la anterior reunión con el Ministerio de Trabajo, el pasado 21 de diciembre, pero mandó una propuesta por escrito que planteaba una subida del 4%, pero condicionada a la aplicación de deducciones de cuotas en el sector agrario y a que se cambie la ley para permitir a las empresas repercutir el aumento del SMI en los contratos que les pagan las administraciones públicas. La víspera de la reunión de este martes, a las nueve de la noche, la CEOE anunciaba que volvía a ausentarse de la negociación con Trabajo y los sindicatos, porque a su juicio no se daban las “condiciones” para asistir. Según explicó, ni el Gobierno ha consultado a los empresarios durante todo el mes de enero ni les ha hecho una propuesta formal ni ha respondido a la que le hicieron en diciembre. Mientras sindicatos y Trabajo debatían sobre la subida en el ministerio, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha responsabilizado de su ausencia en la reunión sobre el SMI al Gobierno, al que acusó de “buscar únicamente la foto”.

Unai Sordo y Pepe Álvarez comparecieron ante los medios de comunicación al acabar la reunión en el Ministerio de Trabajo. Había comenzado a las 11 de la mañana, con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y los secretarios de Acción Sindical de ambos sindicatos, Mari Cruz Vicente y Fernando Luján. Pasadas las dos y media de la tarde, acudieron al ministerio los secretarios generales, que se sentaron con la ministra, Yolanda Díaz, durante casi dos horas. Tanto Álvarez como Sordo fueron muy duros con la CEOE, a la que recriminaron su “falta de responsabilidad” por haber “huido” de la mesa de negociación”, en palabras del primero. “[La ausencia de la patronal] no es una anécdota ni una pataleta, es una actitud que hay que reprochar”, abundó Unai Sordo, para invitar después a la CEOE a aclarar si “sólo se sienta a negociar cuando en la mesa se suelta dinero público a espuertas, como en el caso de los ERTE”.

En cualquier caso, ambos dirigentes sindicales dejaron claro que en ningún caso van a romper con la patronal. Todo lo contrario, llamaron a la CEOE a “intensificar los contactos” para negociar el acuerdo nacional de salarios para los próximos años, que quedó en suspenso el pasado mes de mayo. “Ahora es más importante que nunca”, subrayó Pepe Álvarez. Una vez conseguida la subida del SMI, quedan “millones de trabajadores” que deben también mejorar sus sueldos cuando la inflación está aún en niveles estratosféricos y la economía se ralentiza, dijo, “por el agotamiento del ahorro y la subida de los tipos de interés”. “Devaluar los salarios mientras las empresas imputan el aumento de sus costes a los precios de consumo es una estrategia suicida a la que instamos a la CEOE a alejarse”, apremió Unai Sordo.

Los líderes de CCOO y UGT expresaron su satisfacción por la subida del SMI, que Sordo incluso calificó de “histórica”: el salario mínimo ha mejorado un 52% desde 2017, destacó. Y beneficiará a casi 2,3 millones de trabajadores, el 13,7% de los asalariados. Según los cálculos del sindicato, con el alza del 8,5% en las pensiones, la subida del 8% en el salario mínimo, el aumento retributivo del 2,5% de los empleados públicos y los convenios colectivos que han mejorado los sueldos por encima del 5%, se han protegido las rentas de más de 16 millones de trabajadores.

El beneficiado tipo, continuó, será una mujer de entre 16 y 34 años con un contrato temporal, que trabaja en la agricultura o los servicios y que vive en Andalucía. Así, el 57,5% de los trabajadores favorecidos por la subida del SMI son mujeres. También mejorarán sus retribuciones el 31,7% de los jóvenes de entre 16 y 24 años y el 19,2% de los que tienen entre 25 y 34 años. Y el 21,6% de quienes trabajan con contratos temporales. El 22,4% de los asalariados de Extremadura, el 22,2% de Murcia, el 20,6% de Canarias y el 18,8% de Andalucía, donde los salarios son más bajos, se beneficiarán del alza del SMI, de acuerdo con las cifras de CCOO.

“La subida del SMI es una medida de justicia, pero también una medida que mueve la demanda interna y genera empleo de forma indirecta”, elogió Unai Sordo. “La mejora del salario mínimo va directamente a la vena de los trabajadores que menos cobran”, recalcó Pepe Álvarez. Por su parte, la ministra Yolanda Díaz se ha congratulado de haber cumplido, “gracias al acuerdo con los sindicatos”, uno de sus compromisos: alcanzar al menos el 60% del salario mínimo.

No obstante, Pepe Álvarez ha precisado que aún no se ha conseguido esa meta porque el informe de los expertos planteó su horquilla de subida del SMI –entre 1.040 y 1.082 euros– con una proyección de los salarios de 2022, “y este es el SMI de 2023”. De hecho, no descartó que se pudiera revisar el alza dentro de unos meses –tal y como permite el Estatuto de los Trabajadores–, según evolucionen los precios.

La comisión de expertos nombrada por el Ministerio de Trabajo que calculó cuál es el salario medio en España y en qué cuantías debía subirse el SMI para que alcanzara el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, propuso una horquilla entre 1.040 y 1.082 euros. Yolanda Díaz se ha pronunciado siempre a favor de una subida en la parte alta de ese intervalo. Al igual que los sindicatos. UGT incluso propuso superarla, teniendo en cuenta la escalada de la inflación. Pero la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, insistía en incorporar a la patronal al acuerdo y en que, más allá de la subida del SMI, “lo ideal” sería firmar un pacto de rentas que infundiera confianza “en los trabajadores, los ciudadanos, los autónomos, los empresarios y los inversores”.

Una vez acordada la cuantía de la subida del SMI en el seno del Gobierno y conseguido el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios, Pedro Sánchez ha sacado pecho en el Senado de que España sea el segundo país de la OCDE donde más ha aumentado el salario mínimo. Y ha pedido a las empresas que también mejoren los sueldos de sus trabajadores. “Si los salarios de las clases medias y también de las clases trabajadoras no han subido todo lo que deberían a lo largo de esta década es también resultado de un modelo económico que se impuso entonces basado en competir en costes y en atraer empresas porque aquí pagábamos salarios más bajos respecto al resto de Europa”, ha criticado. Según dijo, los salarios reales –una vez aplicada la inflación– llevan cayendo más de una década. En los últimos 10 años, añadió, los precios han aumentado un 17% en España, mientras que los sueldos sólo han subido un 10,6%.

Los salarios pactados en convenio subieron en 2022 sólo un 2,78%, por lo que teniendo en cuenta que el IPC cerró el año en el 5,8%, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores fue de tres puntos. Pero, si se compara con la inflación media del año, el 8,4%, la pérdida es aún mayor, casi seis puntos. Los precios no habían alcanzado esas cotas desde 1986.

2023 terminará sin la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sin la segunda parte de la reforma de las pensiones aprobadas. El último Consejo de Ministros del año, previsto para el próximo martes, día 27, no incluirá en su agenda ninguno de estos dos asuntos capitales. El Diálogo Social ha fallado esta vez, al menos en los tiempos, y ha sido incapaz de poner de acuerdo a empresarios, sindicatos y Gobierno. En el caso del SMI, el último Consejo de Ministros del año aprobará la prórroga del actual hasta que se decida la cuantía en que aumente, quizá a mediados de enero. La subida, no obstante, se aplicará a los trabajadores con carácter retroactivo desde el día 1. El Gobierno, de hecho, sólo debe consultar a los agentes sociales, no negociar con ellos, lo que significa que una vez puestas sobre la mesa las diferentes cuantías propuestas por cada parte –1.040 euros la CEOE, entre 1.082 y 1.100 euros CCOO, 1.100 euros UGT– y la horquilla recomendada por la comisión de expertos –de 1.046 a 1.082 euros–, las discusiones se han trasladado a los ministerios concernidos: Trabajo, Economía y Hacienda.

La segunda fase de la reforma de las pensiones tiene un desarrollo más incierto. La última reunión entre el Ministerio de Seguridad Social, sindicatos y patronal se celebró el pasado día 12, pero no supuso avance alguno, según lamentaron CCOO y UGT a su término. Ambos pidieron, además, al ministerio que no vuelva a convocarles si no lleva a la mesa una propuesta que realmente suponga una novedad sobre lo ya discutido. “En ningún caso [la negociación] acabará antes de que finalice este año”, advirtió hace unos días el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “le quedan aún bastantes capítulos”.

El Gobierno se había comprometido con Bruselas a tener aprobada esta segunda parte de la reforma antes de que acabara este año, para empezar a aplicarla “de forma progresiva” a lo largo de 2023. En concreto, el componente 30 del Plan de Recuperación incluía ese plazo tanto para la ampliación del periodo de cálculo de la pensión como para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que de momento se han quedado en el tintero de José Luis Escrivá.

Desde esa última cita, Seguridad Social mantiene contactos con los agentes sociales, pero no ha habido reuniones y, según las fuentes sindicales consultadas por infoLibre, no se esperan citas formales hasta después del Día de Reyes. En cualquier caso, tanto los sindicatos como la patronal consideran mínimas las posibilidades de un acuerdo tripartito. El rechazo de la CEOE a cualquier cambio que implique un aumento de las cotizaciones sociales –es el caso del MEI– impide el sí empresarial. CCOO y UGT, por su parte, reprochan al ministerio que se haya embarcado en un aumento del periodo de cálculo de la pensión que no cuenta con respaldo político suficiente para su aprobación en el Congreso. Es más, también ha expresado su rechazo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por culpa de ese doble frente, laboral y político, el camino de la segunda fase de la reforma de las pensiones se antoja tortuoso, a diferencia de la primera, que fue acordada con sindicatos y patronal en julio de 2021, y aprobada por el Congreso en diciembre con los votos en contra de PP, Cs, Vox, la CUP, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y BNG, y la abstención de EH Bildu.

En cualquier caso, aunque se supere el plazo prometido a la Comisión Europea, el Gobierno no prevé que el retraso suponga un problema: tampoco lo hubo con el nuevo sistema de cotización de los autónomos, que se prometió para el primer semestre de este año, pero no pudo pactarse hasta el 20 de julio. Prueba de ello es que en la adenda del Plan de Recuperación que va a enviar a Bruselas, con modificaciones en algunos hitos y objetivos por culpa del retraso en las inversiones, no se incluirá ninguna relacionada con las pensiones, informa Europa Press. En esa adenda irán 15 reformas nuevas y otras tantas serán ampliación de las ya existentes, entre ellas la mejora de los sistemas de búsqueda de empleo del SEPE.

La ampliación del periodo de cálculo de la pensión ha pasado de ser una medida que “ni ha existido ni va a existir”, en palabras del ministro de Seguridad Social, a convertirse en el principal punto de disenso en la mesa de diálogo con los agentes sociales y en las negociaciones con los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. A lo largo del último año, Escrivá fue modulando sus declaraciones sobre lo que en el Plan de Recuperación se denomina “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión”. Escrivá siempre ha dicho que el efecto de la medida será “neutro” para las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, que no reducirá el gasto en pensiones. También que el objetivo era atender a las “nuevas realidades del mercado de trabajo”, las carreras profesionales de quienes perdieron su empleo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar– mucho menos, cubriendo mejor las lagunas de cotización o descartando sus peores años. Según sus cálculos, la medida afectará a un 30% de trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

El pasado septiembre, cuando prometió presentar una primera propuesta, el ministerio se limitó a anunciar a sindicatos y patronal una ampliación “suave” del periodo de cálculo que, por tanto, no llegaría a los 35 años como había aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio y que terminó haciéndose público. Finalmente, Escrivá plantea aumentarlo hasta los 30 años, pero permitiendo que el trabajador descarte los dos peores años de cotización. Es decir, una ampliación a 28 años, que además se aplicará “de forma progresiva”. Será el cuarto aumento de este parámetro, después de haber subido de dos a ochos años en 1985, hasta 15 años en 1997 y a 25 años en 2011.

Que la ampliación del periodo de cálculo sea neutra para las cuentas de la Seguridad Social no quiere decir que lo sea para los trabajadores afectados. Y es ahí donde surge la discordia. Los sindicatos recuerdan al ministro que la medida se excluyó de las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo y que aún no se han evaluado los efectos de la más reciente ampliación, a 25 años, que se completó el año pasado. “No me interesa nada si son 28 años, 30 años, si se quitan dos o no. El ministro dice que esto es neutro. Si la Seguridad Social ni gana ni pierde, que lo deje como está”, protestó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Unai Sordo criticó que la iniciativa de Escrivá sobre el periodo de cálculo esté “distorsionando” la negociación sobre la reforma. Y Yolanda Díaz la desechó por tratarse de “un recorte de derechos”, ya que “endurece” el acceso a la pensión. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Más País, socios parlamentarios del Gobierno, rechazan que se aumente el periodo de cálculo, puesto que, dicen, se traducirá en una rebaja de la cuantía de la pensión.

Pese a estas discrepancias, Seguridad Social no modificó su propuesta en la última reunión del pasado día 12. Sí que mejoró la cobertura inicial de las lagunas de cotización y las brechas de género en las pensiones. Pero los sindicatos lo consideraron “claramente insuficiente”. En la mesa también se discute el destope de las bases máximas de cotización –el ministerio ofrece que suban tanto como la inflación hasta 2025 y a partir de ese año y hasta 2050 lo haga en un 34,76%–, la mejora de las pensiones mínimas y el MEI, que debe sustituir al derogado Factor de Sostenibilidad. CCOO quiere iniciativas generosas en esos asuntos para empezar a discutir siquiera el periodo de cálculo.

Aunque el Gobierno prefiere llevar a Bruselas tanto la reforma de las pensiones como el SMI con el respaldo de patronal y sindicatos, el rechazo de la CEOE a ambas medidas va a impedir la reedición de los 14 acuerdos anteriores que revitalizaron el Diálogo Social. La patronal ha endurecido su discurso según se iban sucediendo las críticas desde el PP y desde el interior de la propia patronal. Que diera el sí a la reforma laboral de diciembre de 2021 no fue del agrado de muchos. Ya antes de las elecciones que el pasado noviembre han dado cuatro años más a Antonio Garamendi al frente de los empresarios, la CEOE se había opuesto a la subida del SMI de 2022 y renunciado al acuerdo de salarios para el próximo trienio con los sindicatos. Quedó en suspenso en mayo por la negativa de la patronal a subir los sueldos tanto como la inflación y por la línea roja que CCOO y UGT dibujaron en las cláusulas de revisión salarial.

Una vez reelegido, Garamendi perseveró en la línea dura al rechazar “la interlocución” del Ministerio de Trabajo por considerarla “tramposa y contraria a la buena fe”. La CEOE reaccionaba así a la enmienda que EH Bildu había negociado con los grupos del Gobierno para permitir a la Inspección de Trabajo que revise si las empresas cumplen las causas legales cuando presentan un ERE. La patronal considera que esa nueva atribución a los inspectores devuelve a la Administración el control sobre los despidos colectivos e incluso habla de “traición” a los acuerdos de la reforma laboral.

Por el contrario, tanto CCOO como UGT creen que la CEOE está “sobreactuando”. “No vi que reaccionara con tanta intensidad cuando algunos grupos parlamentarios impugnaron la reforma laboral [que la patronal había firmado] en el Tribunal Constitucional”, lamentaba el número dos de UGT, Fernando Luján, en referencia a los recursos presentados por PP y Vox.

Exceso de drama o no, lo cierto es que CEOE escenificó su divorcio con Trabajo no acudiendo a la última reunión sobre el SMI este mismo miércoles. Envió una propuesta por escrito al ministerio. Para saber si el resto de las mesas de negociación abiertas peligran, habrá que esperar también a enero. La Ley de Empleo –que incluye las nuevas competencias de la Inspección de Trabajo y la transformación del SEPE en Agencia Estatal de Empleo– quedó aprobada el pasado jueves en el Congreso, con las abstenciones de PP, Cs y Junts y los votos en contra de Vox y BNG. Pero el Estatuto de Becario sigue pendiente de acuerdo. La última reunión fue el pasado día 5. El Gobierno aún no les ha presentado una propuesta sobre prácticas extracurriculares –el nudo donde se ha atascado la negociación– que les prometió y que ya no verán hasta el próximo año.

Mención aparte merece el acuerdo de salarios y negociación colectiva, que ya sólo implica a los sindicatos y la CEOE. Unai Sordo ve “bastante complicado” que se recupere el Diálogo Social si la patronal persiste en su discurso de los últimos meses. “La lectura que están haciendo ahora las organizaciones empresariales es que la crisis de precios debe descansar sobre los recursos públicos y los trabajadores, no sobre las empresas”, explicó en una entrevista en TVE, “por eso no están por la labor de acordar ni en el Diálogo Social ni en la negociación colectiva”.

También está pendiente el pacto de rentas que impulsó el Gobierno pero que no ha dado siquiera un primer paso. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, invitó hace unos días a incluir el acuerdo sobre el SMI en un futuro pacto de rentas, del que casi nadie, a estas alturas de la crisis, habla ya.

CCOO y UGT reprochan al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que rechace subidas salariales para no dañar sus posibilidades de ser reelegido al frente de la CEOE. El 23 de noviembre se reunirá la asamblea electoral que decidirá quién dirige a los empresarios los próximos cuatro años. De momento, sólo se ha presentado un candidato, el propio Garamendi, pero el plazo para que se presenten rivales se extiende hasta el 8 de noviembre. Y durante todo el año las conjeturas sobre posibles movimientos internos para armar una candidatura alternativa han sido múltiples. La patronal de los empresarios jóvenes Ceaje, la de concesionarios Ganvam, los autónomos de ATA, Confemetal y Cepyme no han tardado en hacer público su apoyo a Garamendi. Entre las territoriales, la patronal de Castilla y León también respalda al vasco, que antes fue presidente de los jóvenes empresarios, tesorero de Confemetal y presidente de Cepyme, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas empresas.

Pero aún está por ver si los recelos de la patronal agrícola Asaja, del automóvil Anfac, la madrileña CEIM y la catalana Foment del Treball Nacional, que se tradujeron en cuatro abstenciones durante la junta directiva que aprobó la reforma laboral el pasado diciembre, se convierten en oposición con nombres y apellidos. En definitiva, si las organizaciones que han criticado a Garamendi por haber sido demasiado blando y pacífico en las sucesivas negociaciones con el Gobierno y los sindicatos en materia laboral durante los dos últimos años consiguen armar una candidatura alternativa.

Sólo esa eventualidad sería todo un acontecimiento en la CEOE, acostumbrada al sosiego de que sus presidentes resulten elegidos por aclamación. Únicamente en dos ocasiones anteriores hubo competición: en 2010, entre Juan Rosell y el presidente de la patronal andaluza CEA, Santiago Herrero, y en 2014 entre Juan Rosell y el propio Garamendi, que perdió pero fue nombrado vicepresidente por el vencedor.

Pero no sólo la CEOE terminará 2022 en campaña electoral, sino que también los sindicatos se encuentran ya velando armas antes de pasar el próximo año pendiente de las urnas. Porque en 2023, además de comicios generales y autonómicos –en todas las comunidades menos en las históricas–, se celebrarán elecciones sindicales sin descanso. Las plantillas de empresas con más de cinco trabajadores, unos 14,3 millones de asalariados, están llamadas a elegir 158.248 delegados, el 57% de los 280.000 representantes sindicales existentes.

Desde 1994, CCOO es el primer sindicato de España con 101.500 delegados y miembros de comité de empresa. Ese año dio el sorpasso a UGT, que ahora cuenta con 87.152 representantes en las empresas y las administraciones. El tercero es USO, a considerable distancia, con 11.000 delegados. Le sigue CSIF, la central de los empleados públicos, con 10.000 representantes. Los dos primeros ostentan la condición de sindicatos más representativos, al poseer más del 10% de los delegados en todo el país. También lo son, pero en sus comunidades autónomas, la CIG en Galicia y ELA-STV en el País Vasco.

Según esa representatividad, reciben subvenciones del Estado. En el caso de UGT, fueron 4,7 millones de euros en 2021 y 5,28 millones en el de CCOO –56,34 euros por cada representante sindical, aclara el sindicato en su página de transparencia–. También reciben subvenciones públicas por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo –como la Fundación Tripartita para la Formación den el Empleo–, 677.727 euros UGT y 649.237 CCOO. A CEOE se le asignaron 1,29 millones de euros. Por sentarse en el Consejo Económico y Social (CES), la patronal percibe 232.400 euros al año, mientras que CCOO y GTT cobran 104.580 euros cada uno.

Además, en 2021 el Ministerio de Educación concedió a UGT 10,2 millones para impartir cursos de digitalización a trabajadores y desempleados. A CEOE les otorgó 15,3 millones y a Cepyme 5,1 millones. CCOO renunció a 7,5 millones que en principio se le habían asignado. Y USO presentó un recurso contencioso-administrativo porque se hizo una concesión directa sin concurso. Además, sindicatos y patronal se reparten otros 10,5 millones de euros para formar a sus cuadros en materia de negociación colectiva. De ellos, 1,66 millones fueron para la CEOE en 2021.

El año pasado CCOO también percibió 34.200 euros del Instituto de la Juventud y 100.140 euros del Plan Nacional sobre Drogas por la realización de programas sobre adicciones, así como 12.058 euros por su participación en organismos del Ministerio de Transición Ecológica. UGT, por su parte, consiguió 255.000 euros del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Generalitat valencianas por la celebración del 43º congreso del sindicato en la ciudad de Valencia. Finalmente, la CEOE ha firmado un convenio con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) que se traduce en 100.000 euros anuales para apoyar la internacionalización de las empresas españolas.

Aparte, destacan todos ellos, se sitúan las cantidades que les son concedidas para programas finalistas, que se gastan en cursos, atención a migrantes u orientación al empleo, por ejemplo. Según precisa CCOO, la cuantía que el sindicato recibe sumando subvenciones por su representación asciende a 10 millones de euros y a 23 millones las ayudas para programas finalistas: el 19% de los 173 millones de euros que ingresa cada año. De ellos, 134,5 millones proceden de las cuotas de su casi millón de afiliados, tal y como explicó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, a los periodistas al anunciar el eslogan de su campaña para el próximo año, El poder de cambiar las cosas.

UGT aún no la tiene preparada, según explican fuentes del sindicato a infoLibre. Pero, de acuerdo con las cuentas que publica en su página web, para 2021 contaba con un presupuesto de casi 30 millones de euros. De las cuotas de sus afiliados esperaba ingresar 20,72 millones de euros. Y consignaba recibir 2,37 millones de euros para programas finalistas –4,63 millones el año anterior–. En 2020 se apuntó unos beneficios de 61.835 euros. Según las cuentas, pagó 3.992 euros en impuestos sobre beneficios en 2020. Menos de lo que consigna la CEOE en las suyas, 19.000 euros en 2021 y 21.000 euros en 2020.

El ejercicio pasado la patronal se apuntó unos ingresos de 12,85 millones de euros, de los cuales 6,77 millones proceden de las cuotas de sus asociados –233 organizaciones– y 6,08 millones de aportaciones que hace las empresas y patrocinios. También consignó 2,1 millones en subvenciones. Con una plantilla de 103 personas, paga en sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social un total de 8,33 millones de euros al año. De ellos 601.000 los cobraron en sueldos y dietas los miembros de su junta y otros directivos, que además recibieron como aportación a sus planes de pensiones 35.000 euros. La CEOE terminó 2021 con unos beneficios de 822.000 euros, un 42,6% más que el año precedente.

Patronal y sindicatos están empeñados en subrayar su transparencia para intentar recuperarse del batacazo de credibilidad que se dieron en la última década. La CEOE tuvo que sacudirse el escándalo que terminó con la presidencia de Gerardo Díaz-Ferrán: la quiebra de su empresa, el grupo Marsans, y su condena a 10 años de prisión, de donde salió en 2018. También comparte con los sindicatos la sospecha sobre cómo todos ellos gestionaban las subvenciones para cursos de formación en el empleo.

CCOO y UGT, por su parte, deben hacer frente a una crisis de confianza que, en el caso del segundo, se tradujo en una pérdida de 280.805 afiliados entre 2010 y 2015, cuando llegó a su mínimo, 928.846. Desde entonces ha recuperado 54.675, de acuerdo con las cifras que facilita el propio sindicato. La misma evolución sufrió CCOO, que llegó a 2017 con 920.870 afiliados y los ha aumentado hasta superar los 970.000 en la actualidad. “Nuestro objetivo [en las elecciones de 2023] es mejorar la densidad democrática y fortalecer el sindicalismo de clase”, adelantó Sordo en la presentación de la campaña.