Es muy difícil explicar desde posiciones de izquierdas que un vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial –Carlos Hugo Preciado– rompa todos los consensos establecidos en el seno de ese sector y entre ese sector y el de los conservadores; que, además, se excluya del resto de vocales nombrados por los partidos que forman el Gobierno para crear una nueva mayoría con los vocales a propuesta del PP y con la presidenta, Isabel Perelló; y que termine entregando a estos últimos el control de nueve de las 11 comisiones y con ello el control de facto del órgano de gobierno de los jueces. La jugada se produce en uno de los contextos judiciales más graves de los últimos años, con el omnipresente asociacionismo conservador conspirando contra el Ejecutivo por la ley de amnistía, múltiples pronunciamientos políticos de jueces y magistrados en activo que quedan sistemáticamente sin castigo y tras una huelga ilegal contra las reformas judiciales en tramitación, entre ellas la que aprobará este martes el Consejo de Ministros para entregar la investigación de los delitos a los fiscales.

En medio de ese contexto –en el que gran parte del estamento judicial más conservador dibuja España como una suerte de dictadura cuyo Gobierno solo quiere acabar con la separación de poderes y la independencia judicial– varias voces han surgido desde Sumar o las diversas fuerzas que convergen en esa formación, no para lamentar la enésima ruptura de la izquierda representada en el Consejo o criticar la maniobra que permitirá a Preciado (que sale sobrerrepresentado con presencia en nada menos que cuatro comisiones), sino con el sorprendente argumento de que la "traición" que, según los nueve progresistas restantes, ha terminado por consumar el "tránsfuga" Preciado es, en realidad, una buena noticia para la izquierda. Fuentes judiciales y los progresistas del CGPJ –entre ellos la fiscal Inés Herreros, la otra vocal propuesta por la formación de Yolanda Díaz– lo rechazan drásticamente. También la magistrada de Las Palmas, exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género y exdiputada de Podemos Victoria Rosell.

El primero en salir a defender a Preciado ha sido el que se considera su máximo valedor, el diputado de Sumar y ex secretario de Estado para la Agenda 2030 Enrique Santiago. El mismo día del vuelco a la derecha en el CGPJ, el pasado jueves, el parlamentario publicó un post en X en el que sostuvo que, en realidad, lo ocurrido era "una buena noticia", porque "de 15 comisiones y grupos de trabajo elegidos, ocho presidencias son progresistas". En realidad, las presidencias de comisiones que quedan en manos de vocales de la izquierda son cinco. Además, poco importa la presidencia, porque solo da el voto de calidad en caso de empate, y en todas ellas, los conservadores son mayoría.

En su post –y en otro posterior que publicó el sábado– Enrique Santiago critica indirectamente al sector progresista al afirmar que, desde que se constituyó en julio de 2024, "el nuevo CGPJ nombró un 65% de conservadores en altos tribunales", a lo que añadía: "Hoy esto cambió". Se trata de un argumento similar al esgrimido en repetidas ocasiones por el propio Carlos Hugo Preciado. En una entrevista publicada ayer en Diario Red y retuiteada por Pablo Iglesias, subía ese porcentaje al 68% y dejaba en 32% los puestos discrecionales que habrían ido a magistrados progresistas. Ese mismo porcentaje fue repetido en un comunicado distribuido por Izquierda Unida, la formación de la que Santiago, siempre desde el grupo de Sumar, actúa como portavoz en el Congreso.

Es cierto que los más de 150 nombramientos que ha tenido que poner en marcha el Consejo desde su renovación han beneficiado de manera neta a los candidatos conservadores, sobre todo a los procedentes de la mayoritaria y tradicionalmente alineada con el PP Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los vocales a propuesta del PP solo han apoyado a candidatos de ese colectivo hasta tal punto de que muchos jueces aseguran con sorna que la "APM es una agencia de colocación". O que, en España hay que hacer dos cosas para ser un juez exitoso: "Sacarse la oposición y afiliarse a la APM". El menor porcentaje de nombramientos de miembros de la única asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la tercera en número de afiliados, se ha debido a la ausencia de candidatos, que ha obligado a la izquierda del Consejo a buscar a sus aspirantes entre jueces no asociados o miembros de otros colectivos más conservadores, como en la Francisco de Vitoria e, incluso, en el Foro Judicial Independiente. Otro de los factores determinantes es que, a muchas de las vacantes, solo se presentaba un único candidato o candidata y era del sector conservador.

Un destacado magistrado de JJpD lo explicaba a infoLibre el pasado marzo: "Tenemos que animar a nuestros asociados a que se presenten a las convocatorias porque en la inmensa mayoría de ellas siempre hay un candidato de la APM". Un magistrado progresista de la Audiencia Nacional también relató que la creciente derechización de la carrera desincentiva a los jueces de izquierdas que, a final de 2024, vieron cómo los colectivos de derechas se hicieron con la práctica totalidad de los puestos electivos de las Salas de Gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia en unas elecciones a las que estaban llamados todos los miembros de la carrera. "Para muchos, optar a un cargo discrecional es como un estigma entre sus compañeros, mayoritariamente conservadores", añadió. Los vocales conservadores juegan con esa ventaja que ahora, con el apoyo evidenciado por Preciado y Perelló, se multiplica, aunque sin llegar a los 13 votos necesarios para las designaciones más importantes. La inmensa mayoría de los nombramientos que se han aprobado hasta ahora salieron por unanimidad o por muy amplias mayorías.

Frente a lo planteado por el diputado y responsable de Justicia de Sumar, la nota de Izquierda Unida defendiendo al díscolo Preciado y las apreciaciones del propio vocal al que sus compañeros del sector progresista consideran un "tránsfuga", Victoria Rosell, en una respuesta a Enrique de Santiago, explicó por qué, en realidad, la formación de una nueva mayoría conservadora con el apoyo de ese consejero y de la presidenta no era una buena noticia. A la mayoría conservadora en nueve de las 11 comisiones (las presidencias, en realidad, no importan), Rosell añadió la ruptura de la paridad. Solo en tres de ellas hay mayoría de mujeres (Igualdad, Escuela Judicial y Relaciones Internacionales), frente a ocho dominadas por hombres. Entre las presidencias, solo cuatro fueron a consejeras y las otras siete fueron para hombres. Otro de los elementos que hicieron de la maniobra de Preciado una "mala noticia" para Rosell y los vocales de izquierda fue la salida de uno de sus referentes, el juez de lo Mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo, que presentó su dimisión tras el Pleno.

Pero es que, además, Preciado y la otra vocal propuesta por Sumar, la fiscal Inés Herreros, ni se hablan, como recordaba Rosell y confirman fuentes progresistas. La ruptura entre ambos se produjo después de que el vocal "tránsfuga" tratara de presionarla, sin éxito, para atraerla a su terreno, lo que hubiera dado a la nueva mayoría –los 10 conservadores, Perelló y Preciado– los 13 votos que conforman la mayoría de tres quintos, la necesaria para los principales nombramientos: presidentes de tribunales, presidentes de sala del Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia, y magistrados del Tribunal Supremo. Con Herreros, el poder de Preciado, la presidenta y sobre todo el de los vocales del PP habría sido total, pero la vocal se ha mantenido fiel al resto de compañeros de su grupo. La propuesta de reparto de comisiones que finalmente se aprobó –la presentada conjuntamente por los conservadores y Preciado– la dejó fuera de todos los órganos en juego. Solo después de que los progresistas advirtieran de que era ilegal y se reservaran "el derecho de acciones", accedieron a incluirla en la comisión de Escuela Judicial. ¿Cómo habría justificado o defendido Sumar que sus vocales sumaran 13 votos con la derecha? Los vocales conservadores siempre votan como un solo hombre. Disciplina total.

Desde su llegada al órgano, Preciado se ha encargado, además, de escenificar el conflicto con sus compañeros de grupo denigrándolos públicamente al referirse a ellos como "negociadores promovidos por el PSOE" –sin contar con que Herreros, que sigue con el resto de progresistas, fue propuesta también por Sumar– y burlarse de sus "magros resultados" pese a haberse fijado, según sostuvo, "unos objetivos que pasaban por [lograr] la presidencia del Tribunal Supremo y las dos Salas", en referencia a las presidencias de las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, dos plazas clave, una de las cuales debió ser ocupada por una mujer propuesta por los progresistas. Perelló, con el apoyo inquebrantable de Preciado, forzó que las dos candidatas promovidas por la izquierda retiraran sus candidaturas para dejar el puesto a dos hombres aupados por los conservadores. Para el vocal díscolo, lo más importante es haber logrado "la presidencia del Tribunal Supremo" con su "decisiva intervención". Una presidencia que, como él, ha terminado rompiendo consensos para aliarse sin complejos con la derecha.

El exjuez Salvador Alba, condenado por prevaricación judicial y falsedad en documento público, ha sido expulsado de la abogacía por el Consejo Canario de Colegios de Abogados tras un recurso interpuesto por la magistrada de la Audiencia de Las Palmas, exdiputada de Podemos y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell. En el escrito, adelantado por eldiario.es, la asociación profesional considera que Alba incumple “de manera flagrante” los requisitos para poder ejercer: el artículo 9 del Estatuto General de la Abogacía Española y el artículo 13 de los estatutos del Colegio de Abogados de Las Palmas, que requieren “carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejadas la imposición de penas graves”. El exjuez se encuentra actualmente cumpliendo penas de prisión e inhabilitación por sus delitos, aunque en este momento en régimen semilibertad.

Alba trató de inculpar a Rosell y a su marido mediante la manipulación de la declaración del empresario Miguel Ángel Ramírez en uno de los casos de lawfare más sonados de los últimos años y fue condenado por el Supremo a seis años y medio de cárcel –más dieciocho meses de inhabilitación– por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público.

Hasta ahora, el exmagistrado ha trabajado como abogado para el bufete canario Consortium Abogadis, pero en mayo, Rosell presentó un escrito ante el Colegio de Abogados de Las Palmas y ante el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en el que reclamó la anulación de la inscripción como colegiado. Como publica eldiario.es, el Consejo Canario de Colegios de Abogados ha anulado el acuerdo que permitía a Alba trabajar como letrado en la provincia de Las Palmas desde el pasado 17 de marzo. 

La prohibición de ejercer la abogacía para los condenados por penas graves no estaba vigente cuando el exjuez Salvador Alba cometió los hechos por los que fue condenado por prevaricación. Ese es, en resumen, el argumento que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que agrupa a todos los colegios de España, ha hecho llegar a varias personas que, como la jueza y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, habían solicitado que se revisara su colegiación al incumplir el requisito de no estar condenado por delitos que llevan acarreada penas graves, necesario para ejercer la profesión. La condena al exjuez prevaricador, sin embargo, no devino firme hasta ser confirmada por el Tribunal Supremo el 17 de noviembre de 2021, cinco meses y medio después de que el nuevo Estatuto General de la Abogacía, que contiene la prohibición de ejercer la abogacía con condenas graves, hubiera desplegado sus efectos. Alba consta como inscrito en el Colegio de Las Palmas desde el 18 de marzo de este año.

La secretaria general del CGAE, Encarnación Orduna, ha hecho llegar un escrito a varias personas que solicitaron la cancelación de la colegiación de Alba por su condena por prevaricación judicial y falsedad en documento público. En él asegura que el Estatuto General de la Abogacía de 2021 contemplaba "un período transitorio durante el cual los aspectos más estrictos de la nueva regulación no se podrían aplicar a los hechos que fueran anteriores a su entrada en vigor", debido al "principio elemental del derecho de la irretroactividad de las normas que endurecen la legislación". "Los hechos por los que fue condenado Salvador Alba", sostiene el CGAE, "se remontan a un período comprendido entre los años 2005 y 2016. Y fue condenado en 2019". "Desde 2013 el Consejo tenía tomada su decisión de que los profesionales condenados por delitos graves no pudieran colegiarse, pero la demora en la aprobación del Estatuto (...) ha impedido su aplicación hasta mediados de 2021", prosigue Orduna.

La primera sentencia contra Alba, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se publicó el 10 de septiembre 2019. Pero la condena no se convirtió en firme hasta el 17 de noviembre de 2021, cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó en su integridad la anterior resolución, tal y como recogía Rosell en su escrito enviado al CGAE y al Colegio de Las Palmas. Así pues, la condena definitiva por prevaricación y falsedad de Alba es cinco meses y medio posterior a la entrada en vigor del actual Estatuto General de la Abogacía —el que establece la prohibición de ejercer la profesión con antecedentes penales por delitos graves— establecida por la propia norma para el 1 de julo de 2021.

Ninguna de las cuatro disposiciones transitorias del Estatuto vigente hace referencia a los requisitos y restricciones para inscribirse como colegiado. Sí se refieren a las infracciones que hayan podido cometer los letrados con anterioridad a su vigencia así como a los procedimientos disciplinarios en curso en ese momento. La disposición transitoria tercera establece que "las situaciones creadas y los derechos adquiridos con arreglo al régimen anteriormente en vigor serán respetados". Sin embargo, ese régimen anterior ya estaba íntegramente derogado cuando la condena de Alba se convirtió en firme. Mucho más el pasado 18 de marzo, fecha desde la que consta como abogado ejerciente en el Colegio de Abogados de Las Palmas.

El requisito que establece el Estatuto para poder inscribirse en un colegio no se refiere, en ningún caso, a un delito o una infracción administrativa sino al simple hecho de tener "antecedentes penales". "Para colegiarse como profesional de la Abogacía deberán cumplirse los siguientes requisitos: (...) e) Carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía", establece el artículo 9.1.e de la norma, el que invocaba Rosell. Lo que la jueza sostenía es que, al tener "antecedentes penales por delitos que llevan aparejada la imposición de penas graves", la colegiación de Alba no debía haberse permitido y de haberlo hecho, habría que revisarla de oficio y anularla. Rosell no reclamaba la imposición de ninguna sanción.

Sin embargo, fuentes del CGAE insisten en que según las disposiciones transitorias primera y tercera (que se refieren a infracciones y a derechos adquiridos, no al cumplimiento de los requisitos para inscribirse en un colegio), "la fecha a tener en cuenta para determinar cuál es el Estatuto aplicable para poder colegiarse en el caso del señor Alba es la de la comisión de los hechos, no la fecha de la sanción, ni cuando devino firme".

Alba consta en la web del bufete Consortium Abogadis como abogado, asesor legal y exmagistrado. Entre los méritos que enumera el despacho se recogen varios de sus destinos como juez y magistrado tanto en la Audiencia de Las Palmas, como en el TSJ de Canarias, así como su experiencia como "formador en la escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)". El exjuez prevaricador consta además en la página web como asesor del CGPJ en materia penitenciaria y como condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.

En el escrito, que Rosell remitió al Consejo y al Colegio de Las Palmas, se recordaba que Alba se encuentra actualmente cumpliendo penas de prisión e inhabilitación por sus delitos, pese a lo cual, consta como colegiado en Las Palmas y en el censo de letrados del CGAE desde el pasado 18 de marzo. El texto refleja que Alba es un delincuente condenado en septiembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias, una condena que fue ratificada en su integridad por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en noviembre de 2021. La inhabilitación especial que se le impuso es superior a 15 años, lo que le da el carácter de "pena grave", según el artículo 33 del Código Penal, como se recoge en la comunicación al Colegio de Abogados. Esa pena, según el escrito, se extinguirá en 2039 y los antecedentes penales derivados de ella, no se cancelarán hasta diez años después, en 2049.

El texto remitido al colegio profesional y al organismo que agrupa a todos los colegios de abogados de España invoca el artículo 9.1 del Estatuto General de la Abogacía, que establece entre los requisitos para colegiarse como profesional de la abogacía "carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la abogacía". Ese requisito se extiende también a los colegiados no ejercientes, y es la junta de gobierno de cada organismo la que debe decidir si se cumple. La exigencia se incluyó en la última reforma del estatuto, aprobada en 2021. Hasta entonces, la inscripción solo estaba vetada a los condenados a inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. Esa misma disposición se recoge en el estatuto del colegio de Las Palmas que, sin embargo, ha aceptado la colegiación de Alba.

El 16 de marzo de 2016, el entonces todavía juez Alba y el empresario investigado Miguel Ángel Ramírez se reunieron en el despacho del primero. Y allí, en secreto, prepararon lo que debía decir el empresario en la siguiente comparecencia en sede judicial para sostener las acusaciones contra Victoria Rosell. La declaración del administrador de Seguridad Integral Canaria sirvió para que el exministro de Industria José Manuel Soria ampliara una querella contra la jueza, que, casualmente, había pasado de ser solo por injurias y calumnias a incluir los delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho por la causa en la que estaba investigado Ramírez.

Aquella reunión, grabada a escondidas por el empresario, fue el comienzo de todo: el Supremo admitió a trámite la querella y Rosell se vio obligada a dejar la primera línea política. Pero también el final. En cuanto el audio se filtró, comenzó la caída a los infiernos del juez sustituto. El Consejo General del Poder Judicial decidió suspender a Alba de forma cautelar hasta que la justicia resolviese el caso. Y así lo hizo el TSJ de Canarias, que le condenó a seis años y medio de cárcel por la "arbitraria instrumentalización" que hizo de la causa para llevar a cabo una investigación paralela. Durante el juicio, el empresario de Seguridad Integral Canaria afirmó que acudió a la reunión porque se sentía "amedrentado" por el exjuez, a quien acusó de actuar como "la mafia en Estados Unidos en los años treinta".

La magistrada de la Audiencia de Las Palmas, exdiputada de Podemos y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha presentado un escrito ante el Colegio de Abogados de esa capital y ante el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en el que reclama la anulación de la inscripción como colegiado del exjuez Salvador Alba, condenado por prevaricación judicial y falsedad en documento público. El exmagistrado, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una sentencia confirmada después por el Supremo, trató de inculpar a Rosell y a su marido mediante la manipulación de la declaración del empresario Miguel Ángel Ramírez en uno de los casos de lawfare más sonados de los últimos años. Ahora, trabaja como abogado para el bufete canario Consortium Abogadis.

En el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, se recuerda que Alba se encuentra actualmente cumpliendo penas de prisión e inhabilitación por sus delitos, pese a lo cual, consta como colegiado en Las Palmas y en el censo de letrados del CGAE desde el pasado 18 de marzo. El texto recuerda que Alba es un delincuente condenado en septiembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias, una condena que fue ratificada en su integridad por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en noviembre de 2021. La inhabilitación especial que se le impuso es superior a 15 años, lo que le da el carácter de "pena grave", según el artículo 33 del Código Penal, como se recoge en la comunicación al Colegio de Abogados. Esa pena, según el escrito, se extinguirá en 2039 y los antecedentes penales derivados de ella, no se cancelarán hasta diez años después, en 2049.

El texto remitido al colegio profesional y al organismo que agrupa a todos los colegios de abogados de España invoca el artículo 9.1 del Estatuto General de la Abogacía, que establece entre los requisitos para colegiarse como profesional de la abogacía "carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la abogacía". Ese requisito se extiende también a los colegiados no ejercientes, y es la junta de gobierno de cada organismo la que debe decidir si se cumple. La exigencia se incluyó en la última reforma del estatuto, aprobada en 2021. Hasta entonces, la inscripción solo estaba vetada a los condenados a inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. Esa misma disposición se recoge en el estatuto del colegio de Las Palmas que, sin embargo, ha aceptado la colegiación de Alba.

Alba consta en la web del bufete Consortium Abogadis como abogado, asesor legal y exmagistrado. Entre los méritos que enumera el despacho se recogen varios de sus destinos como juez y magistrado tanto en la Audiencia de Las Palmas, como en el TSJ de Canarias, así como su experiencia como "formador en la escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)". El exjuez prevaricador consta además en la página web como asesor del CGPJ en materia penitenciaria y como condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.

El 16 de marzo de 2016, el entonces todavía juez Alba y el empresario investigado Miguel Ángel Ramírez se reunieron en el despacho del primero. Y allí, en secreto, prepararon lo que debía decir el empresario en la siguiente comparecencia en sede judicial para sostener las acusaciones contra Rosell. La declaración del administrador de Seguridad Integral Canaria sirvió para que el exministro de Industria José Manuel Soria ampliara una querella contra la jueza, que, casualmente, había pasado de ser solo por injurias y calumnias a incluir los delitos de retraso malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho por la causa en la que estaba investigado Ramírez.

Aquella reunión, grabada a escondidas por el empresario, fue el comienzo de todo: el Supremo admitió a trámite la querella y Rosell se vio obligada a dejar la primera línea política. Pero también el final. En cuanto el audio se filtró, comenzó la caída a los infiernos del juez sustituto. El Consejo General del Poder Judicial decidió suspender a Alba de forma cautelar hasta que la justicia resolviese el caso. Y así lo hizo el TSJ de Canarias, que le condenó a seis años y medio de cárcel por la "arbitraria instrumentalización" que hizo de la causa para llevar a cabo una investigación paralela. Durante el juicio, el empresario de Seguridad Integral Canaria afirmó que acudió a la reunión porque se sentía "amedrentado" por el exjuez, a quien acusó de actuar como "la mafia en Estados Unidos en los años treinta".

El Supremo confirmó el fallo en 2021. Sin embargo, Alba, uno de los poquísimos jueces que el CGPJ ha expulsado de la carrera en sus cuatro décadas de vida, logró dilatar casi un año su entrada en prisión. Tenía que haberse presentado voluntariamente en febrero de 2022, pero consiguió parar el reloj alegando que el archipiélago no tenía módulo de seguridad para autoridades encargadas de perseguir delitos y que él no podía volar a la península por una patología. Problemas de salud a los que se agarró con fuerza para intentar evitar la cárcel pero que terminaron chocando con las valoraciones de los expertos independientes. A comienzos de aquel verano, tres informes realizados por profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tanto de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas, concluyeron que sus enfermedades se podían tratar perfectamente en un centro penitenciario. Finalmente, ingresó en prisión en octubre de 2022 y desde febrero de este año, 2025, disfruta del tercer grado.

El exjuez Salvador Alba, actualmente en prisión tras ser condenado a seis años de cárcel por conspirar contra la exdelegada del Gobierno contra la violencia de género y también jueza Victoria Rosell, presentó el pasado año una querella contra el director del medio de comunicación Canarias Ahora y pareja de Rosell, Carlos Sosa, a quien acusa de tres delitos continuados de revelación de secretos, además de uno de odio. Un juzgado de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra el periodista y le exige una fianza de 422.500 euros, la misma cantidad que reclamaba el exjuez en su escrito de acusación, además de 23 años de cárcel.

Según Alba y su esposa, Teresa Lorenzo, las informaciones que publicó Canarias Ahora sobre la conspiración que él dirigió tenían como objetivo hundir su reputación. En la querella afirma que se publicaron datos médicos personales y tanto él como Lorenzo sufrieron insultos que acabaron afectando también a su hija pequeña. Sin embargo, la Fiscalía avala que todas las informaciones fueron veraces y que primó el interés informativo, además de que no se reveló ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia.

Rosell recuerda que ya desde el principio Alba, en complicidad con el entonces ministro de Industria y presidente del Partido Popular canario, José Manuel Soria, utilizó a su pareja para ir a por ella. "Fue una persecución contra los dos", señala en conversación con infoLibre. A su juicio, el objetivo de Alba ahora no es únicamente "vengarse" de ella y de Sosa, sino también "amordazarle" a él por su condición de periodista: "Me parece que la gente calificaría de inimaginable que cualquier otro delincuente desde prisión acusara a las víctimas de sus delitos por contar lo que hizo".

La jueza recalca el apoyo de su familia, incluidas sus dos hijas, "que cuando empezó la persecución de Alba, en 2015, tenían 13 y 15 años": "Esto es muy propio del crimen organizado. Si no pueden acabar contigo porque eres una persona íntegra, van a por tu familia. Y entonces te lo piensas. Te lo reconozco, entonces sí que flaqueas", señala. Ahora es Alba el que asegura, en su querella, que Sosa hizo daño a su hija. "Lo que le hizo daño fue que su padre fuera un delincuente", reflexiona Rosell. "Él nunca pensó en mis hijas. Yo sí. Yo sí siento empatía por esa niña, pero es que su padre es un delincuente", reitera.

La historia de Salvador Alba se remonta a hace casi una década. Alba fue quien relevó a Rosell cuando ésta dio el salto a la política nacional de la mano de Podemos. A finales de 2015, el juez, que llevaba años intentando acceder a cargos de gran relevancia –quiso ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y sonó en dos ocasiones para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, tomó posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Allí se hizo cargo, entre otras, de la causa que la jueza había estado instruyendo contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC), por delitos contra la Hacienda Pública.

El 16 de marzo de 2016, el juez Alba y el investigado Ramírez se reunieron en el despacho del primero. Y allí, en secreto, prepararon lo que debía decir el empresario en la siguiente comparecencia en sede judicial para sostener las acusaciones contra Rosell. Alba, según declaró probado el Supremo, intentó inculpar a Rosell y Sosa a través de la manipulación de la declaración de Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública.

Una investigación que terminó convirtiéndose en la punta de lanza de la operación que se construyó contra la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Un caso Rosell, difundido a bombo y platillo por determinados medios de comunicación, por el que la jueza se vio obligada a dejar la primera línea política, y que finalmente pasó a ser el caso Alba. El Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2021 la pena de seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación contra Salvador Alba por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial. Durante años, logró retrasar su entrada en prisión, hecho que finalmente se produjo en octubre del pasado año.

Rosell está de vuelta a la carrera judicial y confiesa que todavía le "impresiona" un poco porque "era un espacio profesional que compartía lamentablemente con el juez Alba y donde todavía están quienes han sido sus compañeros durante años, entre ellos su mujer, y ahora son los míos". Sin embargo, Rosell asegura que "hasta quienes fueron sus más acérrimos defensores, tienen claro quién es el delincuente y quién la víctima".

La exdelegada del Gobierno contra la violencia machista afirma que la de Alba es "una venganza" de "alguien que siempre ha utilizado las demandas y las querellas para amedrentar a los demás abusando de su condición de juez": "Es un hombre que se ha valido de la toga como arma para retorcer la ley y amedrentar a quien decía la verdad y lo llamaba corrupto". A su juicio, lo que busca Alba ahora es hacerles daño porque tanto ella como Sosa han "sido las piezas fundamentales para que él esté en prisión" pese a que, durante el procedimiento, "hubo muchos intentos de que lo dejáramos pasar y llegáramos a un acuerdo, de que tomáramos algún atajo".

Rosell considera su caso es el "capítulo más claro de lawfare que ha habido en nuestra historia actual" porque, entre otras cuestiones, "el culpable es un juez en prisión" que aprovechó su condición de "autoridad" para hacer una "utilización retorcida de la ley"."Yo llevo 26 años de carrera judicial y si a alguien a quien he metido en prisión me insulta o me ataca, nadie le haría caso ni le admitiría una querella", considera.

Tras lo vivido, la exdirigente de Podemos considera que hay una "corriente reaccionaria" para que "dedicarse a la política no valga la pena", especialmente si se hace desde determinados partidos. Ahora, con todo lo que está ocurriendo, Rosell revela que le "trae el recuerdo de mucho dolor". "Nunca he tenido un cargo tan duro y tan hermoso a la vez como el de delegada contra la violencia machista. Aunque muchos viernes por la tarde pensaba que no merecía la pena, los lunes por la mañana veía todo lo que teníamos que hacer y se me pasaba", confiesa.

Sobre el proceso abierto contra Sosa, Rosell recuerda que comenzó hace un año pero que no se había publicado nada porque la titular del Juzgado de instrucción 27 de Madrid, María Ángeles Velázquez, "amenazaba o advertía" a Sosa "de que si publicaba algo cometería un delito". Ahora, salvo que la Audiencia Provincial de Madrid diga lo contrario, "nadie evita ya esa fianza de 422.500 euros, que acaban con cualquier plantilla de un periódico pequeño o incluso grande", lamenta Rosell. A su juicio, lo que está ocurriendo "es una persecución muy severa con unas consecuencias que no deberían hacerse a la ligera".

Aunque en la conspiración contra Rosell participó también el exministro Soria, él no sufrió ninguna consecuencia más allá de dimitir por los Papeles de Panamá. "Son son los mismos corruptos que siempre se han creído impunes y ahora Alba es el único que ha penado por ello. Aunque intentó que cayeran más con él, le da rabia que se haya roto su propia convicción de impunidad". Sobre la salida de Soria de la política, tira de ironía: "Al final Al Capone cayó por un delito fiscal aparte de los asesinatos que había ordenado".

Victoria Rosell (Murcia, 1968) se toma su tiempo para responder a las preguntas de infoLibre. Con la ley del solo sí es sí en el centro, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género se esfuerza por aterrizar el debate a lo concreto, por hacer de la reflexión técnica un asunto que cualquiera pueda comprender. La delegada nos recibe en su despacho, situado en el corazón de la madrileña Gran Vía, sin saber todavía el resultado del debate parlamentario sobre la reforma de la ley. Se reconoce optimista, a pesar de todo, pero admite que los pasos andados por los socialistas se desvían de la ruta prevista. Este miércoles, el hemiciclo ha votado a favor de tramitar la propuesta registrada unilateralmente por el Grupo Socialista.

Durante cerca de una hora, la magistrada conversa acerca del consentimiento, las rebajas de las penas y las complejidades jurídicas de una norma que nació del clamor del movimiento feminista. Pero también sobre los recursos, la asistencia y la reparación para las víctimas que blinda la nueva ley y que construye un escenario, defiende, más amable para las víctimas.

¿Por qué se redujeron en la ley las penas mínimas, que es donde más problemas de rebajas se están produciendo?

Las penas mínimas se han bajado por la cantidad de actos que se pueden considerar menores: ¿a cuántas nos han tocado en el metro, en fiestas, en conciertos y a cuántos conocemos que estén penando por ello? No prisión, pero sí penando algo por ello. ¿Cuántas hemos denunciado? ¿Cuántos han sido enjuiciados? Por eso se bajan las mínimas. La sorpresa ha sido que se abusaba de las penas mínimas para hechos graves, no para hechos leves.

¿Ha examinado los autos que han establecido rebajas?

Algunos sí. Y algunos tienen tres líneas.

¿Y qué lectura hace?

Me quiero detener en los primeros autos que conocimos de la Audiencia Provincial de Madrid. Uno de ellos era un padrastro con una penetración bucal a la hija de su pareja de trece años y no le aplicaban las agravantes de prevalimiento ni abuso de superioridad. No se lo habían aplicado y la revisión dice: como le pusimos la mínima, ahora cabe otra mínima. Estamos viendo sobre todo una aplicación automática, aritmética, de mínima a mínima. La otra fue de un profesor. Hay un chico de 17 años que se queda en su casa antes de ir a una actividad de verano y el profesor le despierta con una felación. Una frase me quedó grabada: no consta acreditado que el chico no consintiera. Dice claramente que estaba dormido. El problema no es la ley actual, son las sentencias anteriores.

El CGPJ señala que todas las absoluciones que se han producido estos meses son consecuencia de la despenalización del abuso con engaño a menores de entre 16 y 18 años, ¿se ha destipificado este delito?

Nosotras no podemos avalar esos datos. Vemos distintas fechas de comienzo y de fin, solo incluye las penas revisadas y olvida las no revisadas, no distingue entre cuáles son firmes y cuáles no… Ahí destaca que las absoluciones son todas por un artículo, el del abuso con engaño a mayor de 16 y menor de 18. Pero con esta ley no hace falta un engaño específico: si no hay consentimiento el Tribunal Supremo ya ha dicho, en una ponencia de Ana Ferrer, que el viejo abuso a mayores de 16 años y menores de 18 ahora es agresión sexual. Se están computando como absoluciones porque no encuentran en su esquema ese mismo artículo. Realmente creo que esas serán revocadas por el Tribunal Supremo. 

¿El Ministerio está haciendo seguimiento de las sentencias dictadas en base al 'sí es sí'?

No tenemos los datos. Dependemos mucho del Ministerio de Justicia, con el Registro Central de Penados, donde están inscritas todas las condenas firmes y todas las revisiones firmes de condena. Ahí sabríamos cuál es el número real. Y con los datos del propio Poder Judicial que manda su estadística y se conoce en el primer semestre del año siguiente. Es verdad que ahora han pedido unos datos parciales y examinados sin el rigor necesario, porque no son sentencias firmes. Es muy preocupante porque están contribuyendo a crear inseguridad. Nada que no pasara en la ley del 2004 [contra la violencia de género], pero la gente ahora tiene menos paciencia, más alarma y más en contra del feminismo transformador.

Ha dicho que se están dando datos de sentencias no firmes “por interés político” y que “jurídicamente es una barbaridad”. ¿En qué consiste exactamente ese interés político?

El mismo Consejo General del Poder Judicial que se manifestó en desacuerdo con la ley, pero no por las penas; el mismo que se manifestó en desacuerdo con la Ley Orgánica 2004 de violencia de género; o en desacuerdo con el matrimonio igualitario, cuyo portavoz llegó a comparar con el sexo entre animales y en desacuerdo con cualquier ley que supusiera un avance feminista; el mismo Consejo se suma ahora al carro de una creación de inseguridad cuando sabe perfectamente que el sistema anterior era disfuncional para las mujeres, que nuestras abuelas, nuestras madres y nosotras mismas nunca pudimos contar con un buen sistema de protección contra la violencia sexual. Sabiendo que este era el sistema, defender la vuelta atrás es tremendo. Ni siquiera han dejado pasar el tiempo suficiente. El Consejo debe defender que no se cambian las leyes a golpe de titular, que en cuatro meses es contraproducente tener tres Códigos Penales distintos y que tendría que hablar el Tribunal Supremo. Pues ni el Tribunal Supremo ha hecho un pleno jurisdiccional, ni ha dictado una sentencia de casación, ni ha habido el tiempo suficiente para ver los efectos de aplicación de esta ley.

¿Hay un problema de formación en perspectiva de género en la Justicia?

Sí, pero esto no debería ofender a la Judicatura. Lo ha dicho una fiscal especialista en violencia en una entrevista, lo dice la fiscal de sala, lo dice la propia judicatura, la Asociación de Mujeres Juezas, nos lo está diciendo el Grevio y la Cedaw: perviven unos prejuicios y estereotipos difíciles de superar. Primero hay que detectarlos y después superarlos. Yo no recuerdo bien en qué momento me inculcaron algunos prejuicios que he aplicado en mi carrera judicial, pero es mucho más fácil estudiar desde cero, escribir sobre un folio en blanco, que escribir sobre un folio mal escrito. Cuando los profesionales hacen una formación y escuchan a una víctima, entonces enmudecen. Nosotras ofrecimos hace más de dos años una formación en la Ley Integral de libertad sexual al Poder Judicial y nos han dicho que sí, pero todavía estamos esperando a poder llevarla a cabo. Habría sido importante que la recibieran antes de tener que revisar algunas sentencias. Tristemente, yo he ido a encuentros y sesiones formativas, he preguntado si se habían leído la ley entera, por supuesto en privado, y la respuesta unánime ha sido que no.

La propuesta del PSOE deja intacto el artículo 178 de la ley, donde se introduce la definición del consentimiento en positivo, pero aún así el Ministerio de Igualdad sostiene que va en contra del sistema del consentimiento, ¿por qué?

El bien jurídico de tu libertad sexual, si de verdad le das importancia, no necesita que lo complementen con heridas físicas, ni con lesiones psíquicas, ni con amenazas. Tu libertad sexual vale lo suficiente como para que un ataque sea ya delito. Después, si además te hieren, sumemos las penas. Esa era nuestra propuesta. Y si no se ve claro, pongamos una agravante más de violencia o intimidación. Pero si lo metes en el esquema, es el viejo sistema: lo primero que te van a preguntar es si te resististe, qué violencia sufriste y si no, por qué no puedes demostrarlo. Al final estás diciéndole a la mujer: cuánta más herida, más víctima.

¿Cuáles son las propuestas de Igualdad que fueron rechazadas durante las negociaciones?

Hemos hecho seis o siete propuestas. Lo que decimos es que una agresión sexual no depende de las heridas, ni del trauma, ni de la ansiedad, ni de todas tus lesiones físicas o psíquicas. Pero si además concurre esto, se suma la pena. Cuando a la víctima de la violación grupal de Pamplona la agreden y le roban el móvil, se sumaron las penas. Ahí lo vimos claro.

Los hombres que legislan nunca han visto como violencia sexual un tocamiento sorpresivo, casi nunca se han visto paralizados. La mirada masculina nos dice que si te agreden, o huyes o te resistes. Pero ¿soportarlo? Su libertad sexual no la han desarrollado legislativamente porque nunca se ha visto tan amenazada como la nuestra. Mezclarlo con la violencia e intimidación es una mirada muy masculina que acabábamos de superar el 7 de octubre y sería una malísima noticia que volviéramos atrás.

Si un juez reconoce la existencia de una agresión sexual, pero después tiene que determinar si además hubo violencia para sumar penas y a la víctima se le vuelve a preguntar, ¿no está pasando también por ese calvario probatorio?

No, porque te voy a penar la agresión sexual que desde el primer día existe y te he creído, te he puesto un protocolo y el Estado pone los medios para que tú estés bien. Y si tú estás bien, además, tu testimonio va a prosperar, porque si vienes destrozada empiezas a contradecirte, a preguntarte por qué no dijiste esto el primer día, etc. Un Estado que te cuida, te permite recuperarte y por lo tanto afrontar, en su caso, una denuncia. Si además vienes con lesiones, te las voy a penar aparte, pero no voy a dudar, no voy a hacer una mirada retroactiva. Esa víctima, sin ese parte de lesiones, ya era una agredida sexualmente.

¿Y estas propuestas han sido rechazadas en el marco de la negociación?

Nosotras hemos sido tremendamente respetuosas y leales con la dinámica del Gobierno. Hemos hecho muchas propuestas al propio Ministerio de Justicia, antes y después de que decidieran presentar unilateralmente la proposición el Grupo Socialista, porque creemos que es la mejor manera de que pueda haber una propuesta de consenso. 

Usted misma anunció que las víctimas que habían sido afectadas por las rebajas podrían acceder al sistema de pulseras de protección. ¿Alguna lo ha solicitado?

Sí. Hemos instalado algún dispositivo, no puedo decir cuántos porque no estamos haciendo ese cómputo y porque no queremos que ellas piensen que pueden ser identificadas. En violencia de género, las mujeres cuando son capaces de salir de la violencia, saben que se identifica a su pareja o a su expareja y se las identifica a ellas como maltratadas, supervivientes afortunadamente, y tienen bastante apoyo social porque hay intolerancia contra el maltratador. Esto todavía no sucede con la violencia sexual.

¿Teme que la sensación de caos tenga un efecto disuasorio a la hora de denunciar?

En este equipo hay gente que lleva acompañando media vida a víctimas de violencia sexual y de ese acompañamiento salen estas leyes, excepto la parte penal que sale de Justicia. Estamos escuchando al movimiento feminista, a las expertas y a quienes acompañan, y a todas les parecía una buena noticia esta ley. Esto que era una buena noticia, es muy doloroso y muy paradójico que acabe siendo una causa de alarma social, incluso de terror sexual. Porque el terror sexual en momentos de avance feminista es algo que nos disciplina y nos subordina. Nos vuelve a demostrar cuál es nuestro sitio, y es en casa, sin salir por la noche, sin ocupar los espacios públicos. Por eso espero que quienes están manejando los datos tengan la decencia de darnos también una comparativa con las medidas que se están ofreciendo ahora a estas mujeres con la nueva ley.

A principios de marzo una joven de 17 años fue asesinada como consecuencia de la violencia machista, ¿hay una regresión en lo que respecta a los más jóvenes?

Los datos nos dicen que no: que ellas son más feministas y que rechazan la violencia machista. Pero es verdad también que están más expuestos a mensajes negacionistas. Y esto está suponiendo una tensión adicional, tanto para las mujeres feministas como para los hombres, porque muchos jóvenes dicen que les causa estrés obedecer a los mandatos del patriarcado y que les gustaría vivir en un en un país con más igualdad. La ultraderecha y el negacionismo saben a quién se dirigen y calan sobre todo en las mentes menos formadas, particularmente en los jóvenes. 

¿Las mujeres son sometidas en política a una presión adicional por el hecho de ser mujeres?

Creo que no todas las mujeres. Es verdad que en general a las mujeres les es más difícil que a los hombres y eso no solo habla de techos de cristal, sino también de suelos pegajosos, de cargas, de dobles tareas no remuneradas, etc. Pero es evidente que es a las feministas a quienes más se hace pagar. No tanto a una mujer que acepte las consignas del neoliberalismo o del capitalismo más exacerbado o de las leyes del mercado. Esas mujeres van a sufrir muy poco más, tendrán más dificultades que sus compañeros, pero ellas mismas pensarán que lo que han conseguido es por sus propios méritos. No tiene tanto que ver con ser mujer como con ser feminista y pensar en colectivo. Las que tenemos mentalidad de bus, no de monopatín, sabemos que cuando nos golpean no nos están golpeando solo nosotras, sino a muchas más. Es evidente que se trata de violencia política y que no es un mensaje para nosotras, sino para las que vienen detrás.

Mirándolo con perspectiva y ya en este tramo de la legislatura, ¿siente que ha merecido la pena su decisión de dar el salto a la política?

Todas las noches te diría que no y todas las mañanas te diría que sí.  A mí por la calle nadie me ha cuestionado nunca lo que estamos haciendo, ni siquiera con el solo si es sí, donde es evidente que el mensaje de inseguridad ha calado. A mí la gente me transmite que sabe por quién peleamos. Son 25 años de carrera judicial sin poder dar una respuesta, por mucho que yo me currara las causas por delitos contra la libertad sexual, por mucho que intentara llevar adelante a las víctimas, sabes que no les estás dando una respuesta y de esa experiencia también dices: si merece la pena será para escribir esto en una ley. Cuando vienes de esa falta de respuesta, sabes que sí merece la pena. Pero merece la pena un tiempo. Este nivel de actividad, de compromiso y de falta de vida personal también tiene un fin.

De las 49 mujeres asesinadas por violencia de género en 2022 casi la mitad, 21 de ellas, habían denunciado previamente a su presunto agresor y en cinco de los casos permanecían en vigor las medidas impuestas contra el mismo, según ha explicado este miércoles la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de las cifras que esta lacra registró el año pasado, Rosell ha indicado que una de cada tres víctimas mortales tenía entre 41 y 50 años, el mismo porcentaje y edad que se registra en las estadísticas sobre los presuntos agresores. También coinciden los perfiles de víctima y agresor en que la mayoría pertenecen al rango de edad entre 31 y 50 años, según informa Europa Press.

En cuanto a la situación de la víctima y el agresor en el momento del crimen, Igualdad apunta que en 32 de los 49 casos, aún eran pareja, mientras que los 17 restantes se encontraban en fase de ruptura o eran expareja. Además, 10 de los presuntos asesinos se suicidaron tras el asesinato y otros 9 lo intentaron.

Del mismo modo, han destacado que la mayoría de los sucesos se registran en lunes y en fin de semana y que, en 2022, el mes más negro se registró en diciembre, con 11 asesinadas. De hecho, se trata del segundo mes más trágico de la serie histórica, desde 2003.

Rosell también se ha referido a los casos de asesinato a menores por violencia machista, que el año pasado registró dos, el segundo año con menos sucesos de este tipo, solo por detrás de 2016, cuando se contabilizó la muerte de un menor. En total, entre 2013, desde que se registra este dato, y el 31 de diciembre de 2022, se han contabilizado 48 asesinatos de menores por esta lacra.

Sobre los dos crímenes de 2022, la delegada del Gobierno ha explicado que en ambos el presunto asesino fue el padre biológico, aunque en uno de los casos la relación entre los padres del niño era de expareja. También en uno de los casos, existía denuncia previa de la mujer al presunto agresor.

Además, Igualdad ha señalado que 2022 terminó con 38 huérfanos menores de edad por violencia machista, que se elevan a 377 si se tiene en cuenta el histórico recogido desde 2013.

El departamento que dirige Irene Montero también ha destacado que el servicio de asesoramiento telefónico a víctimas de violencia de género 016 registró en 2022 un total de 102.391 llamadas pertinentes lo que supone que por primera vez desde la puesta en marcha de este teléfono, en septiembre de 2007, se han registrado más de 100.000 llamadas en un solo año.

La delegada del Gobierno ha explicado que el servicio del 016 ha contabilizado más de 1.136.000 llamadas pertinentes desde su puesta en marcha, además, se han registrado 1.499 consultas por correo electrónico a este mismo servicio, 6.063 por whatsapp y 2.167 a través del chat que el Ministerio puso en marcha en septiembre de 2022.

Rosell ha destacado la relación existente entre el aumento de consultas al 016 con la puesta en marcha de campañas institucionales o sociales sobre violencia de género. Sin embargo, según ha señalado, no se ha detectado un crecimiento en las consultas en épocas de repunte de asesinatos machistas, como por ejemplo, en el mes de diciembre del año pasado.

El Ministerio ha hecho balance también de los dispositivos de control telemáticos activos que, a fecha de 31 de diciembre de 2022 eran 3.056, un 16,6% más que los 2.620 que estaban activos al término de 2021. Mientras, las usuarias activas en el servicio de protección a víctimas Atenpro, eran, el último día del año pasado, 17.062.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado este martes, tras conocerse la reducción de penas a violadores usando la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley solo sí es sí, que "el problema no es la norma", sino la "interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo" que se está haciendo de ella, según informa Europa Press.

En su intervención en rueda de prensa Rosell ha aclarado que, aunque es "factible rebajar las penas" con la nueva ley, el texto en sí mismo "no las rebaja" y tampoco lo hace en el caso que se ha hecho público este martes de un padrastro que violó a su hijastra de 14 años.

Frente a quienes han explicado que la reducción de pena a este acusado se debe a la desaparición del abuso sexual con engaño en la Ley solo sí es sí, Rosell ha respondido que lo que hay ahora es "agresión sexual sin consentimiento" y que "si hay engaño no hay consentimiento", por lo que sigue existiendo dicho delito.

A su juicio, se trata de "un análisis y una lectura muy superficial" y de "brocha gorda" y espera, según ha declarado, que este argumento "no sea real" y que no esté incluido en una resolución judicial.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha indicado que en España hay un total de 852 casos activos de menores de 14 a 17 años que tienen protección policial por sufrir violencia de género, informa Europa Press. De las 852, no hay ninguna en riesgo extremo, 11 están en riesgo alto, 671 en riesgo medio y más de 600 en riesgo bajo, tal y como ha precisado Rosell, este jueves, en rueda de prensa para presentar los últimos datos de violencia de género.

Según estas cifras, han aumentado un 35,47% las llamadas al 016, el teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Del 1 al 31 de enero de 2022 recibió 6.542 llamadas, 1.713 más que en el mismo mes del año anterior, cuando se registraron 4.829, lo que supone, según Rosell, "un incremento muy significativo".

Si bien, se observa un descenso del 8% con respecto a diciembre de 2021 cuando el 016 recibió 7.111 llamadas. Más del 91% de las llamadas pertinentes recibidas son por violencia de género. Desde la puesta en marcha del servicio en septiembre de 2007 y hasta el 31 de enero de 2022, se han efectuado más de un millón de llamadas pertinentes.

Pese a estos datos, la delegada del Gobierno ha precisado que, desde 2013 hasta 2020, se observa "un claro descenso" de la violencia entre jóvenes dentro de la pareja, así como del control, y una menor identificación de los adolescentes con una "mentalidad de dominio y sumisión", aunque ha reconocido que "aún hay bastante más rechazo en chicas que en chicos".

En este cambio repercutirán, a su juicio, leyes como la del solo sí es sí, que está en tramitación parlamentaria, y que alude "al consentimiento libre" y al "veto" de las mujeres frente a quienes presumen el derecho de los hombres a acceder al cuerpo de ellas.

Si bien, ha avisado de que estos "avances" se ven "lastrados" cuando se dan "alas y voz al machismo y al negacionismo de la violencia de género. "El negacionismo es tremendamente peligroso para la juventud para un futuro sin violencia de género", ha alertado.

En este sentido, aunque asevera que "la mayoría de adolescentes rechazan el sexismo y la violencia de género", advierte de que existe un "factor de riesgo" que es el "estrés" al que se pueden ver sometidos los chicos por los "mandatos del patriarcado las 24 horas del día".

En total, en lo que va de año, tres mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género. Desde el año 2003 cuando se empezaron a contabilizar, 1.129 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas.

Además, en el año 2022, no ha sido asesinado ningún menor de edad por violencia de género, aunque la cifra total de menores víctimas desde 2013 asciende a 46, 25 de ellos eran niños y 21, niñas. Asimismo, en lo que va de año no ha quedado huérfano ningún menor como consecuencia de la violencia machista. Si bien, desde 2013 son 336.

Preguntada por la nueva investigación publicada en The Lancet que estima que más de una de cada cuatro mujeres en el mundo ha sufrido violencia de género a lo largo de su vida, Rosell ha indicado que, en comparación con otros países del entorno, España tiene "los niveles más bajos de violencia en pareja o expareja" y considera que esto es reflejo del "impacto de la dedicación de recursos".

Por otro lado, sobre la ley de trata, Rosell ha precisado que "todavía no hay un texto" y desconoce que se hayan dado "plazos" para tener terminado un borrador, si bien espera que esté lista antes de que termine esta legislatura. "El plazo es esta legislatura, que vaya con tiempo suficiente al Congreso y al Senado para la reflexión que merece", ha puntualizado.

Rosell ha precisado que hay una "grandísima infradenuncia" de casos de trata con fines de explotación sexual y lo ha comparado con la "gran infradenuncia" que existía también de los casos de violencia de género antes de que hubiera una ley. Ahora, según ha dicho, se cifra en un 30%.

Además, ha explicado que, hasta que las víctimas de trata puedan acogerse a una ley, van a estar amparadas por la ley de libertad sexual y se ha previsto "un fondo con los bienes decomisados a los tratantes que se destine a las ayudas y a mejorar la inserción sociolaboral" de las personas en situación de trata con fines de explotación sexual.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves el inicio de expediente de pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba Mesa, informa Europa Press. El juez fue condenado después de manipular una instrucción para perjudicar a Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, cuando era diputada de Podemos.

Concretamente, el juez fue condenado como autor de un delito de prevaricación judicial en concurso medial con un delito de cohecho y como autor de un delito de falsedad en documento público a la pena de seis años y seis meses de prisión, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

En un comunicado, el CGPJ ha recordado que la condena fue dictada el 10 de septiembre de 2019 por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y confirmada el 25 de noviembre de 2021 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), que el pasado 30 de diciembre remitió copia testimoniada de su resolución al Consejo. Por su parte, el artículo 379.1 LOPJ establece que la condición de jueces o magistrados se perderá, entre otras causas, "por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso".

El juez Alba dio instrucciones al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para perjudicar a la por entonces también diputada de Podemos Victoria Rosell, a la que había sustituido en sus funciones, e iniciar en 2015 un procedimiento en su contra. Esas conversaciones fueron grabadas por Ramírez y se hicieron públicas, dando inicio posterior a esta actuación.

La Comisión Permanente ha considerado procedente iniciar expediente de pérdida de la condición de magistrado de Alba, que se encuentra en la situación administrativa de suspensión provisional de funciones desde el 19 de julio de 2018 por acuerdo de la misma Comisión, como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado contra él.

Finalmente, tal y como dispone la LOPJ, del acuerdo se dará traslado al Ministerio Fiscal y a la Sala de Gobierno del TSJC a fin de que emitan informe, y al interesado para que alegue lo que a su derecho convenga.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación del juez Salvador Alba por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público por confabular contra la juez y exdiputada de Unidas Podemos Victorial Rosell.

En una sentencia de 34 folios, recogida por Europa Press, los magistrados han desestimado los recursos de casación interpuestos por el condenado y la acusación particular, ejercida por la propia Victoria Rosell —al que se adhirió Podemos—, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias.

Así, el Supremo ha ratificado la decisión del tribunal canario, que en 2019 condenó a Alba por delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho—por lo que se le condenó a tres años de prisión— y falsedad en documento público —por lo que fue condenado a tres años y medio de cárcel—.

También le ha mantenido la pena de 18 años de inhabilitación especial para el cargo público de juez o magistrado, así como el pago de 60.000 euros a Rosell en concepto de daños morales. En la sentencia del TSJ de Canarias ya se le eximió de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de revelación de secretos.

El Alto Tribunal ha concluido que Alba utilizó "un procedimiento penal para alcanzar finalidades ajenas" al mismo y "perjudicar el prestigio" de la jueza Rosell. En este sentido, ha considerado probado que el condenado se reunió en su despacho con un investigado a quien le prometió que le libraría de una investigación a cambio de que aportara información y documentación a la causa para afectar a Rosell.

La Sala de lo Penal ha estimado que la intención de Alba "no era recibir declaración al imputado, lo que también tendría lugar, sino crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa aquellos datos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio de la anterior juez de instrucción".

Entre las alegaciones expuestas en su recurso, Alba denunció una supuesta vulneración de su derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, al haberse valorado como prueba de cargo un archivo de audio procedente de una grabación que a su juicio incumple los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para su validez.

El Supremo ha desestimado sus argumentos. "No se aprecia vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ni del derecho a la presunción de inocencia", ha señalado.

Por su parte, Rosell y Podemos habían pedido al Alto Tribunal que aumentara la pena de prisión de Alba a 10 años. Estimaron que los hechos relativos a los dos informes remitidos por el acusado al Consejo General del Poder Judicial deben considerarse constitutivos de un delito de falsedad.

La Sala ha concluido que la conducta de Alba en dicho caso no puede ser considerada delito. "Los juicios, pareceres o impresiones —recogidos en dichos informes— pueden ser acertados o erróneos, compartibles o rechazables, pero no admiten la calificación de ciertos o falsos", ha añadido.

Los magistrados han recordado que —"sin dar al acusado una oportunidad de ser oído" y sin que las pruebas personales se practiquen en una audiencia ante el Supremo— "no es posible en vía de recurso rectificar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia en perjuicio del reo, para modificar una sentencia absolutoria y sustituirla por una de condena, o para agravar la posición del acusado acordada en la instancia".

Así las cosas, la Sala ha explicado no se pueden completar los hechos probados con otros hechos diferentes para "construir un relato distinto" del contenido en los hechos probados de la sentencia de instancia para obtener la condena del acusado.

En la vista de alegaciones, la letrada de Podemos y el letrado de Rosell defendieron también que había "pruebas suficientes" para entender que Alba facilitó al redactor de una querella del exministro José Manuel Soria contra Rosell la información que había conseguido del investigado. Por ello pidieron que se añadiera a su condena el delito de revelación de secretos.

El Supremo ha desestimado esta petición bajo el mismo argumento de que no es posible rectificar los hechos probados para "empeorar" la situación jurídica de Alba.

La cúpula de Podemos ha celebrado la confirmación de la condena, aunque ha lamentado que el daño causado por este "montaje mafioso" para dañarla a ella y a la formación probablemente sea "irreparable".

En un comentario en Twitter, la propia Rosell ha exclamado "por fin" una vez que la condena contra el juez Alba es "firme", que comporta "cárcel y expulsión" de la carrera judicial. "Dedicado a todas las personas a la que dañó, que me mantuvieron viva y con fuerzas. Gracias", ha ahondado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Tras admitir que todo lo padecido "ha sido muy duro", Rosell desea que esta causa "sirva para reflexionar sobre el abuso del poder, no sólo judicial, también político y mediático". "Y reivindicar la limpieza y la decencia", ha enfatizado.

"Se hace justicia"

La ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada, Ione Belarra, ha subrayado en redes sociales que el daño causado a Rosell y la democracia "probablemente es irreparable" pero hoy comienza a "hacerse justicia". También ha destacado la "valentía" y "perseverancia" de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y ha añadido que es un "honor caminar a su lado".

La titular de Igualdad, Irene Montero, también ha celebrado que la "valentía" y "determinación" de Rosell se ven hoy "reconocidas", una vez que un juez "corrupto" recibe su condena "aunque nada repare el daño causado. "Siento enorme orgullo y admiración por ti", ha apostillado.

Otros cargos de la formación morada han mandado mensajes de respaldo a Rosell, como es el caso del presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, al congratularse de que ella sea quien finalmente "gana" en este proceso pese a la "guerra sucia" que montó la "derecha judicial", que utilizó "tribunales y prensa" para tratar de "destruirla".

La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha destacado que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género fue "objeto de un montaje mafioso" con el fin de "apartarla de la política tras su imputación y dañar su carrera".

Finalmente, la formación morada en su cuenta oficial en Twitter ha destacado que Rosell fue "perseguida" por Alba por "estar en Podemos" y con la única finalidad de "dañar al partido".

La delegada de Gobierno contra la Violencia de Genero, Victoria Rosell, ha admitido que no todas las comunidades autónomas tienen el mismo compromiso en la lucha contra la violencia de género y asegura que la Comunidad de Madrid deja un 30% del presupuesto destinado a estas políticas sin gastar, informa Europa Press.

"Hay comunidades con más voluntad política y buenas prácticas en violencia de género y otras con menor compromiso y, a nivel de ejecución presupuestaria, la Comunidad de Madrid anda entorno al 70% y dejan un 30% de dinero sin gastar cuando son recursos que son muy necesarios", ha explicado Rosell en una entrevista en la Cadena Ser al ser preguntada por las declaraciones realizadas por la exdirectora de Igualdad de la Comunidad de Madrid, Carmen Rodríguez, que denunció maltrato del gobierno autonómico al área contra la violencia machista.

Rosell ha alertado de las consecuencia de "echar a la basura" la voluntad política que "presidió el pacto de Estado contra la violencia machista" y ha responsabilizado al gobierno madrileño de "pactar con la ultraderecha y tener un discurso negacionista dentro del PP que está haciendo mucho daño a las mujeres".

Para la Delegada del Gobierno no se puede incluso "descartar que todos los repuntes (de la violencia machista) tengan que ver con hombres envalentonados con el feminismo, sobre el que hay muchísima manipulación, que es están presentando como víctimas del sistema y que fomenta el no creer a las mujeres".

Por ello, Victoria Rosell considera positivo que se informe de quien no tiene voluntad política de luchar contra la violencia machista, porque "no todas las comunidades están realizando este tipo de no ejecución presupuestaria". "Hay mucho compromiso social contra la violencia machista, pero hay que denunciar a quien no está a la altura con este dinero", ha añadido en una entrevista recogida por Europa Press la responsable del Gobierno central en materia de violencia de género.

Repecto al repunte en la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, Rosell ha insistido en relacionarlos con el final del estado de alarma. "Sabíamos que después del final de las restricciones esto iba a conllevar un aumento de la violencia más extrema y por eso estamos intentando añadir medidas adicionales como puntos violetas y otras medidas que no borran todo lo anterior, pero que creemos que hay que reforzar", ha indicado.

Ha recordado, no obstante, que de las 30 mujeres confirmadas como victimas mortales de la violencia machista en lo que va de año, solo 23 había denunciado y ha recordado que solo un 27 por ciento de las víctimas de violencia de género en la pareja acuden a la policía.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de que la sociedad proteja a las víctimas. "Un Estado tiene que decir a la mujer que no está sola, que hay un Estado que está ahí para protegerlas y eso es lo que da seguridad a las víctimas y protección de mucha mayor calidad a las mujeres y a los hijos que son muchas veces la causa por la que ellas no denuncian", ha señalado.

En opinión de Rosell, "tiene que haber otros mecanismos que deben proteger a la víctimas independientemente de la denuncia, no condicionando que su protección recaiga sobre sus propios hombros".

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha admitido la posibilidad de que puedan mejorarse los protocolos de protección a las víctimas de violencia machista tras la última semana en la que fueron asesinadas seis mujeres y un menor, según informa Europa Press.

"Hay que hacer una reflexión, si el sistema sólo protege llamando y controlando a las víctimas, quizás sea el momento de controlar más y llamar más a los agresores, seguro que podemos mejorar y actualizar los protocolos", ha explicado Rosell en una entrevista en la Cadena Ser. La delegada contra la Violencia de Género ha admitido que se pone demasiado el énfasis en la denuncia y ha apelado a la responsabilidad de todas las instituciones de proteger a las víctimas.

"La denuncia es una puerta para la salida de la violencia y es la única que puede penar al agresor, pero no debe ser la única para proteger a las víctimas, todo el Estado tiene la implicación en la protección y credibilidad de estas mujeres porque la denuncia policial no puede proteger como todo un Estado", ha añadido.

Ha admitido, además, que algunas comunidades autónomas tienen protocolos "muy desactualizados" y ha reconocido haber detectado a mujeres reconocidas como víctimas de violencia de género en varios ayuntamientos que no estaban relacionados entre sí.

Ante el repunte de casos en la última semana, Rosell ha recordado que los 14 contabilizados en 2021 se encuentra entre las cifras más bajas desde que se iniciaron las estadísticas en 2003, aunque ha evitado "minimizar estas muertes".

La Fundación Mujeres se muestra a favor de revisar las medidas de protección

La presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha señalado que "siempre" hay semanas del año en las que se produce "una especial concentración" de asesinatos por violencia de género y ha mostrado su apoyo a la decisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de evaluar las medidas de protección que se están tomando en esta materia.

"Nos escandaliza que en una semana haya seis asesinatos, algunos con menores implicados, y algunos con medidas de protección activadas", reconoce la presidenta de la Fundación que, aún así, recuerda que "se producen alrededor de medio centenar de asesinatos al año desde que hay registros" y que es normal que estos se "distribuyan de forma desigual durante el año". "Las concentraciones de estos casos, a veces, son azarosas", ha declarado.

Lo que sí ha destacado son unas declaraciones del exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, sobre las posibles consecuencias del fin del estado de alarma y, por tanto, el fin de las restricciones de la movilidad, puedan tener en estos sucesos. Soleto ha señalado que esta es una posibilidad, pero ha reconocido que "no sabe" el motivo por el que la semana pasada se produjeron hasta seis asesinatos por violencia de género.

La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha calificado de "positivos" los testimonios públicos en los medios de comunicación de alto alcance, como el de Rocío Carrasco, siempre que su tratamiento se realice con "rigor" y con "perspectiva de género". Durante su comparecencia ante la Comisión Especial de seguimiento del Pacto de Estado contra esta lacra en el Senado, Rosell ha señalado el "pico de llamadas" y consultas a los diferentes servicios del 016 a víctimas de violencias machistas y ha indicado que es habitual esta consecuencia después de actos, campañas o testimonios en los medios de comunicación, según recoge Europa Press.

Según ha indicado, de esta forma las mujeres "visibilizan" y "autoidentifican" su situación y, finalmente, "la verbalizan" en los servicios de atención. Este reclamo de ayuda, ha indicado Rosell, es además el principio para poner fin a la situación de violencia en la que vive. La delegada de Gobierno ha puesto en valor, además, que en el caso de Carrasco se esté hablando de violencia psicológica, más invisibilizada, y a quienes critican el formato del programa o a la cadena, Rosell ha insistido en que se trata de una situación "positiva" si se hace "con rigor y perspectiva de genero". Rosell ha respondido así a las cuestiones sobre esta materia realizadas por los senadores de Joseba Martínez, de Geroa Bai, y María Adelaida Pedrosa, del grupo popular.

Un estudio sobre los piropos

Esta última también ha cuestionado a la compareciente por un estudio de 45.000 euros realizado por el Ministerio de Ciencia sobre "el impacto sexista de los piropos". "¿No cree que gastar dinero público para investigar si a la mujer le gusta el piropo o se siente acosada es un despilfarro en estos momentos?", ha preguntado la senadora.

Rosell ha desmentido la existencia de este estudio y ha señalado la importancia de "no llamar piropo" al acoso sexual callejero o acoso ocasional. "Si una mujer se siente humillada, avergonzada, acosada o perseguida, sea por expresiones gestuales o verbales sexistas, por uno o varios varones, me parece importante que no lo llamemos piropo", ha declarado, para recordar que esta cuestión "requiere denuncia", por lo que si la víctima "no lo siente como un piropo, el problema no es de ella, es de él".

La senadora conservadora también se ha dirigido a la delegada de Gobierno para criticar el nuevo reparto de partidas el presupuesto para la violencia de género a los ayuntamientos y que, según ha asegurado, deja a algunos consistorios con el 50% de cuantía que el año anterior.

En este sentido, Rosell ha explicado que se han cambiado "los criterios" de reparto centrándose en el servicio ATEMPRO. Se ha bonificado a aquellos consistorios que cuentan con este sistema y a quienes tengan censadas a víctimas de violencia de género en su padrón. En este sentido, la delegada de Gobierno ha reconocido que hay ayuntamientos, especialmente algunos de mayor tamaño, que han visto su cuantía reducida, pero es en detrimento, ha explicado, de que otros municipios más pequeños cuenten con mayor financiación.

Aún así, ha explicado que se ha repartido sólo la primera parte del presupuesto que se dirige a este tema y que, gracias a una enmienda de PSOE y Podemos, se dobló la partida (de 20 a 40 millones) en los presupuestos para los ayuntamientos. La cuantía restante, ha indicado, se repartirá próximamente.

Sobre las personas trans 

Durante la sesión, Rosell también ha sido cuestionada, en este caso por la portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en esta comisión, Elisenda Pérez, por la situación de las personas trans. En concreto, ha denunciado la violencia que también sufre este colectivo. La delegada del Gobierno ha aclarado el compromiso del Ministerio con este colectivo, poniendo como ejemplo que, entre las mujeres asesinadas por violencia de género en 2020, se ha incluido en las estadísticas a una mujer trans. "Porque es una mujer", ha aclarado Rosell, quien ha asegurado que las instituciones deben tener las "rutas compatibles" en el marco de "los derechos que hay que defender".

Finalmente, la compareciente ha destacado la importancia de un servicio estatal como el 016, tras las dudas de la senadora del PNV, María Dolores Etxano, por la compatibilidad del mismo con los servicios del Ejecutivo vasco y la cercanía que este tipo de iniciativas territoriales suponen para las víctimas. Para Rosell, el servicio estatal permite atender, precisamente, a esas víctimas que viven en zonas con menos recursos. "Igual que Cataluña o País Vasco dicen que pueden cumplir con el servicio, otros territorios se benefician más de tener un servicio estatal", ha indicado.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha señalado este jueves la importancia de "denunciar o poner el foco" en "determinadas actitudes institucionales", como la del fiscal del juicio de la manada de Sabadell, para que estas "no sean disuasorias". "Hay un Estado que debe decirle a las víctimas: yo sí te creo", ha indicado, para apuntar que esta declaración "no vulnera ningún tipo de presunción de inocencia". "Ni el fiscal diciéndolo antes de que haya sentencia, ni la sociedad diciendo yo sí te creo, porque socialmente e, incluso, judicialmente, siempre se ha dado menos credibilidad a las mujeres que a los hombres", ha declarado en el marco de su comparecencia mensual, según informa Europa Press.

En este sentido, considera que era "tan innecesario preguntar, ante el testimonio de una víctima de violencia sexual, cuatro o cinco veces ¿estás segura?", como "necesario que en el alegato" final, el fiscal diga que el relato "le ha resultado creíble y convincente". También ha insistido en la "importancia" del "apoyo social, mediático y jurídico" para evitar "la victimización secundaria", que es "ser víctima de un delito" y "después del proceso".

Centros de atención 24 horas

Ante un caso como el de la manada de Sabadell, Rosell ha puesto en valor la última iniciativa impulsada por Igualdad, y aprobada esta semana en Consejo de Ministros, de poner en marcha los centros de atención 24 horas para las víctimas de violencia sexualcentros de atención 24 horas. Tal y como ya anunció el Ejecutivo, se destinarán 19,8 millones de euros de los fondos europeos para que las autonomías pongan en marcha este servicio, al menos uno por provincia. El objetivo, ha indicado Rosell, es que en 2022 se complete esta financiación con más de 46 millones, para que en 2023, estos centros estén presentes en todo el territorio.

La delegada del Gobierno ha indicado que esta iniciativa llega para cumplir con el Convenio de Estambul. Es por eso que, esta medida ya estaba incluida en la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley del solo sí es sí. "Estamos seguras de que, pese a las múltiples diferencias ideológicas de los gobiernos de las comunidades autónomas todas querrán participar en esta protección contra la violencia sexual y en favor de las víctimas", ha apuntado. Serán estos ejecutivos quienes deban ratificar esta financiación. Lo harán el próximo 16 de abril en la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Las llamadas al 016 durante el mes de marzo han alcanzado la cifra de 7.213, lo que supone un crecimiento del 61%, con respecto al mes de febrero, que la Delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha achacado al testimonio televisivo de Rocío Carrasco, según recoge Europa Press.

En rueda de prensa, Rosell ha explicado que el servicio de atención y asistencia a las víctimas de violencias machistas suele registrar incrementos "siempre que existe una campaña", "un programa" o un "caso con proyección mediática", porque es cuando "muchas mujeres se autoidentifican" con la violencia que en estos escenarios se denuncia o se muestra. Es por eso que, ha indicado, la subida en estas consultas se ha registrado, especialmente, a partir de la semana del 22 de marzo, un día después de que se emitiera el documental en el que Rocío Carrasco denunció el maltrato que había sufrido.

Estas mujeres que ahora llaman al 016, ha indicado la delegada del Gobierno, son parte de la "cifra oculta" que sí se ve en las encuestas. Tal y como ha recordado, según la Macroencuesta realizada por Igualdad sobre este tema, casi el 80% de la violencia de género no se denuncia, como tampoco se denuncia casi el 90% de la violencia sexual.

Evolución en la sociedad

El impacto de las declaraciones de Carrasco se han reflejado también en la consulta online en el 016-online@igualdad.gob.es, en donde se ha pasado de las 53 de febrero a las 202 del último mes (un 281% más). En relación a marzo de 2020, este servicio aumentó un 74%, ya que entonces se realizaron 116 consultas.

En cuanto al Whatsapp (600 000 016), se registraron 1.547 consultas, de las cuales 680 fueron pertinentes, según ha explicado Rosell. De estas, 566 estaban relacionadas con la violencia de género, mientras que 114 se referían a otros tipos de violencia sobre la mujer. Este servicio se puso en marcha el pasado 10 de marzo.

Rosell ha indicado la "importancia" de "arrojar luz y visibilizar" casos de violencia machista en medios de gran impacto, pero también ha destacado la "evolución" de la sociedad y de los medios al tratar este tema. Así, ha comparado el tratamiento del caso de Carrasco, con el de Ana Orantes en 1997 o el de Nevenka en 2000. Sobre esta última ha recordado la "victimización secundaria" que sufrió.

Dos asesinadas en marzo

La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género ha completado los datos que recoge su departamento sobre esta lacra señalando que durante el mes de marzo se han contabilizado dos asesinatos por violencia de género, la mitad que en el mismo mes del año pasado y las mismas que el pasado mes de febrero. En total, son 1.083 las mujeres asesinadas desde 2003.

En este mismo mes, una niña fue asesinada, presuntamente por su padre, junto a su madre, convirtiéndose en la primera menor víctima de violencia de género en 2021. La cifra total de menores asesinados por esta lacra, desde que se tienen datos (2013), es de 38. También en marzo se ha sumado a las estadísticas un nuevo huérfano por esta lacra, en total hay registrados 305.

Casi dos semanas después de que creciesen las expectativas ante una posible renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la situación ha vuelto a la normalidad en la que se había instalado el órgano de gobierno de los jueces en los últimos dos años y medio. Una normalidad que pasa por seguir con mandato caducado al haberse frustrado el acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular debido a el veto impuesto por éste último al magistrado José Ricardo de Prada, un nombre que, curiosamente, sí estaba en el pacto que se había alcanzado en el otoño de 2018 y en verano de 2020. 

Dado que las posiblidades de acuerdo se han esfumado, una vez más, los vocales mantendrán su agenda prevista para las próximas semanas y que pasa por llevar a término esta semana ocho nombramientos discrecionales, los últimos que podrán hacer antes de que entre en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que limita sus poderes en periodo de interinidad, y ponerse a trabajar en los informes de los anteproyectos de ley de Memoria Democrática y de Enjuiciamiento Criminal, según han informado a infoLibre fuentes de la institución que preside Carlos Lesmes.

Vocales consultados por este periódico lamentan que el resultado de la negociación tampoco haya llegado a buen puerto –han sido tres los intentos desde que se frustró la renovación de 2018 que colocaba al magistrado Manuel Marchena como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo–, pero no se plantean una dimisión o en bloque o de la mitad del órgano como medida de presión para que los partidos políticos cumplan con el mandato constitucional de aprobar una nueva composición de la institución. Aseguran que continuarán cumpliendo con su "responsabilidad" como han venido haciendo hasta ahora.

Sólo la vocal designada a propuesta de IU, Concepción Sáez, mantiene que la dimisión en bloque o de al menos once miembros del CGPJ sería la "única solución" para que los partidos se movieran. El pasado diciembre, fueron hasta cinco los vocales progresistas, incluida Sáez, que firmaron un voto particular en el que planteaban como solución la renuncia, por un lado para forzar que el Congreso y el Senado cumplan con su "obligación constitucional" y también para evitar y frustrar las "expectativas de interferencia en la independencia judicial de quien obstaculiza la renovación", en clara alusión al PP. Sin embargo, fuentes del CGPJ reconocen que la posibilidad no se ha vuelto a plantear en las sucesivas reuniones que el órgano ha mantenido en los últimos dos meses y la mayoría sigue pensando que la dimisión no es ninguna salida.

Nombramientos con menos consenso

Esta es la situación que se presenta ahora tras casi dos semanas de expectación, también de los propios vocales, que veían más cerca que nunca la tan esperada renovación del CGPJ. Por lo pronto, los miembros del órgano consultados por este periódico dan por seguros los ocho nombramientos que tienen en cartera para el próximo jueves, en el Pleno extraordinario que se convocó la semana pasada para darse más tiempo para lograr un consenso mayoritario para nombrar a magistrados en esas plazas. Se trata de dos puestos de magistrado de Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo –vacantes por la jubilación de sus dos titulares–, una en la Sala Cuarta (de lo Social) también del alto tribunal, otras dos en las presidencias de los tribunales superiores de justicia (TSJ) de Canarias y País Vasco –ambas llevan meses en interinidad–, dos en las presidencias de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, y una en la Sala de lo Social del TSJ vasco.

Las primeras cinco plazas requieren una mayoría cualificada de tres quintos del Pleno del CGPJ (trece vocales), mientras que para las tras últimas es necesaria la mayoría absoluta (once vocales). Las de mayoría absoluta no presentan mayores inconvenientes y, según fuentes del organismo, el jueves saldrán adelante con una amplia mayoría, aunque no tan holgada como la alcanzada en los plenos del pasado otoño, cuando los nombramientos fueron aprobados por 19 votos a favor y dos en blanco. Puede haber más dudas para las plazas de mayoría cualificada, sobre todo en la de la Sala Cuarta del Supremo, si bien vocales consultados creen que finalmente saldrán adelante por los trece votos necesarios.

El del jueves será, previsiblemente, el último Pleno del CGPJ con plenas funciones, ya que, según fuentes parlamentarias, la reforma de la LOPJ ya estará lista este mes para publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), gracias a la tramitación por la vía de urgencia. Cuando esto ocurra, los nombramientos discrecionales quedarán en suspenso hasta que se produjese la tan esperada renovación de los veinte vocales. Así, el órgano de gobierno de los jueces celebrará su Pleno ordinario el 25 de marzo, como es habitual –estas reuniones se suelen convocar el último jueves de cada mes–, pero en su orden del día ya no figuraría la asignación de plazas. Así lo tienen ya asumido los vocales.

Informes de leyes en el próximo mes

Lo que sí seguirá su curso dure lo que dure la interinidad del CGPJ es el trámite de informe a los anteproyectos de ley que llegan del Gobierno. Esta semana, el órgano de gobierno de los jueces ya tiene dos encima de la mesa: el borrador de la Ley de Memoria Democrática que sustituirá a la de Memoria Histórica y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según las fuentes consultadas por infoLibre, para la primera ya se han designado ponentes del informe a los vocales Álvaro Cuesta y José Antonio Ballestero y el plazo para presentarlo finaliza el 29 de marzo; para la segunda, aún no se han designado ponentes y el plazo expira el 9 de abril. No obstante, estos tiempos se pueden prorrogar.

Es lo que ha ocurrido recientemente con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del "sólo sí es sí", cuyo informe se apobó en el Pleno del CGPJ de la semana pasada después de al menos dos prórrogas solicitadas por los ponentes. Por unanimidad, los vocales estuvieron de acuerdo en las reticencias jurídicas de los proponentes a ciertos aspectos determinantes del borrador de la norma, como la definición del consentimiento o la absorción del delito de abuso sexual en el de agresión sexual.

Los informes del CGPJ, como el del resto de órganos consultivos del Gobierno, no son vinculantes, pero se suelen tener en cuenta para hacer retoques a los anteproyectos de ley. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ya anunció que el Ministerio deIgualdad seguirá "adelante" con la ley del "solo sí es sí" por el carácter "regresivo" del informe del órgano de gobierno de los jueces, aunque fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que estudiarán el dictamen para que la norma que salga del Consejo de Ministros sea "la mejor posible".

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha defendido este lunes incluir en la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual castigar la violación por sumisión química en relación a las agresiones sufridas por mujeres que se encuentren bajo los efectos del alcohol y drogas, como recoge Europa Press.

Rosell, en una entrevista en Radiocable recogida por Europa Press, ha puesto como ejemplo el caso de la 'manada' de Pamplona donde los agresores fueron condenados por violación y el de la 'manada' de Manresa en el que un grupo de jóvenes fueron condenados por abusos sexuales a una menor que se encontraba en estado de inconsciencia que le impidió poner resistencia a sus agresores.

"Que el segundo caso sea menos grave que el primero porque la víctima no se pueda resistir, no lo entiende nadie", ha indicado Rosell, quien ha asegurado que "el abuso debe desaparecer y todo debe ser considerado agresión".

En opinión de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, "el abuso implica un uso lícito e ilícito y a las mujeres no se las usa lícitamente, no son objeto de derecho, son sujetos de derechos y si estás inconsciente por sumisión química no puedes ni consentir ni decir nada", ha explicado Rosell. Asimismo, ha recordado "la carga disuasoria para denunciar que se ha trasladado a las mujeres a las que se les ha juzgado dentro y fuera del proceso penal más que al agresor".

Por ello, Rosell se ha mostrado dispuesta a defender la violación por sumisión química ante "cualquiera que quiera hacer un titular para atacar al ministerio de Igualdad", porque, según ha afirmado, "se está hablando de personas que no son capaces de reaccionar y de tener sexo con ellas". Para la Delegada de Gobierno no acaba además duda de que "es una agresión y no un abuso".

Por otra parte, Victoria Rosell se ha referido a las actuaciones llevadas a cabo desde el Ministerio de Igualdad durante el Estado de Alarma para proteger a las víctimas de violencia machista y ha destacado la colaboración con las comunidades autónomas para implementarlas.

También ha resaltado la importancia de que los colegios estén abiertos para la protección de niños que viven en hogares donde se produce violencia machista y que ha cifrado en 1,6 millones. "El esfuerzo por mantener la escuela abierta, es un esfuerzo contra la violencia de género, porque los niños sometidos en hogares donde se sufre violencia necesitan esos espacios y esa salida para verbalizar lo que les está pasando", ha indicado. Igualmente, ha destacado la importancia del entorno educativo para "detectar muchas violencia".

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha contestado a través de su cuenta de Twitter a las informaciones que han publicado en las últimas horas medios como El Mundo y Ok Diario en las que se asegura que un empleada del hogar ha denunciado a la exjueza y su pareja, Carlos Sosa, por negarse a hacerle un contrato, pagarle con dinero en B y acabnar despidiéndola durante una baja médica.

Rosell afirma que conocía el “bulo” desde hacía un mes: “Me avisaron de que Vox contactó con ella para que dijera esto por dinero y ya denunciamos la extorsión”, ha confesado en un tuit. Para complementar su defensa pública, ha adjuntado capturas de pantalla de los recibos de la Seguridad Social de los meses de mayo, junio y julio de este 2020 aunque, asegura, la trabajadora no ha acudido a su hogar desde marzo “por razones de salud pública”.

Por otra parte, ha declarado que la mujer, de nacionalidad boliviana, consiguió el DNI español como consecuencia de “este trabajo legal” y niega que ella fuera la empleadora, sino “la denunciante”. Rosell ha insistido en varios tuits posteriores que "buscaron todo lo que pudieron en el juzgado, en cada paso... y no encontraron nada". "Nos hacen perder el tiempo pero no los principios", declara, avisando que "los del “B” son otros".

La información publicada por Ok Diario asevera que la trabajadora llevaba atendiendo el hogar de Rosell y Sosa desde hacía siete años, durante los cuales habría pasado varios periodos sin contrato. Además, han publicado la denuncia que ha registrado contra ambos por despedirla mientras se encontraba de baja por una operación de cataratas, por lo que reclama una indemnización.

Victoria Rosell (Murcia, 1968), delegada del Gobierno contra la Violencia de Género desde enero de 2020, no ha podido escoger una única recomendación para este verano. Las series Hierro de Movistar+ y Creedme de Netflix son algunas de sus elegidas para la sección La cultura te hará libre. Sin embargo, se queda con el "efecto terapéutico" del libro Mujer de frontera de Helena Maleno para esta serie en la que políticos, periodistas y politólogos sugieren obras culturales en estos meses.

El texto de Maleno es el último libro que Rosell ha podido disfrutar. "Me emocionó leer el final de su persecución legal casi tanto como el día que sucedió realmente", explica sobre el título, que se publicó a mediados de mayo, en el que la autora cuenta su historia denunciando en los tribunales las violaciones de derechos contra quienes se embarcan en una patera para cruzar el Mediterráneo.

"Releer, volver a saborear esas victorias tan justas tiene un cierto efecto terapéutico". La política y magistrada española destaca el proceso judicial al que se tuvo que enfrentar Helena Maleno en Marruecos al ser acusada de tráfico de personas, y cómo tanto la Audiencia Nacional como los tribunales marroquíes acabaron archivando la causa contra la defensora de derechos humanos en el Estrecho. "Aunque la violencia de la frontera sigue ahí, incluso agravada en la actualidad por los cierres derivados de la pandemia", matiza Rosell.

A Rosell le ha encantado Hierro, la serie de Movistar+ centrada en la investigación de un asesinato desde dos perspectivas completamente distintas: la de la jueza del caso y la del principal sospechoso. "Con magníficas interpretaciones, tan creíbles de los actores y actrices canarios como el papel de jueza peninsular de Candela Peña, y la isla como un personaje más", recalca. La historia se desarrolla en la isla del Hierro, en Canarias, donde trabajó desde 1996 como jueza. "Había momentos que me recordaban al inicio de mi carrera judicial. Y eso que en la judicatura solemos ser muy críticos con nuestra imagen en las series", alaba.

Otra de las ficciones que la delegada ha visionado esta cuarentena ha sido Creedme, la cual le resultó dura de ver. "Dirigida por Susannah Grant, narra la historia de una adolescente víctima de una violación que sufre tal maltrato institucional que se retracta de la denuncia para protegerse, y resulta aún peor", detalla Rosell. La producción de Netflix es una adaptación de la investigación con el mismo nombre de los periodistas T. Christian Miller y Ken Armstrong, ganadora del premio Pulitzer en 2016, y en ella plasman la poca credibilidad que se da a las mujeres cuando denuncian una violación.

"Me suenan muy conocidos los empeños de las dos detectives en reconstruir el caso, sin llegar a rebelarse contra el machismo institucional ni contra sus propios compañeros, pero sí empeñándose en hacer justicia", cuenta la magistrada, que destaca el papel que jugaron en los acontecimientos estas dos mujeres, que en vez de competir por resolver cada una el caso para su comisaría unieron sus fuerzas contra el agresor.

De temática cercana a Creedme, la delegada del Gobierno también ha visto la coproducción de Showtime y BlumhouseTelevisión The loudest voice. "Nos muestra con el personaje que interpreta Russell Crow —Roger Ailes, fundador de Fox News— que un líder mundial puede personificar la esencia de los valores del partido republicano norteamericano, y a la vez ser un hombre carente de principios, repulsivo y destructivo en su vida personal y profesional. Un depredador sexual, un violador", relata la política. Ailes fue denunciado por acoso sexual en 2016 por la presentadora de Fox News Gretchen Carlson, lo que ocasionó la dimisión del ejecutivo.

"Después de tanto teletrabajo, y tanta reunión y seminario por videoconferencia, hay que aprovechar unos días para tomar el aire, mirar el paisaje y estar con quienes podemos estar", remarca de estos meses Rosell que, además, tiene muchas ganas de poder volver al cine: "A emocionarme con historias ajenas y de paso desconectar un poco de la realidad diaria".