El precio de la vivienda acentuó su subida en 2025 con un incremento interanual del 13,1% hasta alcanzar los 2.230 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística de valor tasado de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que arranca en 1995, según informa EFE.

Con este aumento de dos dígitos, el valor tasado de la vivienda rebasó todos los trimestres del pasado año los 2.000 euros/m2 y superó los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria.

Si se analiza la evolución de los datos del cuarto trimestre del año frente a los del trimestre anterior, el valor tasado de la vivienda arroja una subida del 3,6% en tasa intertrimestral.

Para elaborar esta estadística el Ministerio utiliza como fuente de información los datos de los informes de tasación procedentes de las empresas tasadoras que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).

La vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad fue la más cara, 2.600,7 euros/m2, tras subir un 12,8%. Este importe es el más elevado que puede consultarse para esta modalidad, cuyos datos están accesibles desde 2010. Con este incremento el valor tasado de la vivienda de hasta cinco años encadena 15 trimestres consecutivos por encima de los 2.000 euros/m2, concretamente, desde el segundo trimestre de 2022.

Por su parte, la vivienda de más de cinco años se encareció un 13,1% hasta 2.219 euros/m2. Es el cuarto trimestre consecutivo que supera los 2.000 euros/m2, anotándose también el dato más elevado desde 2010.

En el caso de la protegida, su precio aumentó un 2,7% hasta los 1.201,1 euros/m2. Es el valor más alto desde que puede consultarse la serie, que en este caso está disponible desde 2005.

Por otro lado, el precio de la vivienda libre se revalorizó un 3,6% en el cuarto trimestre del año 2025 frente al trimestre anterior. Por tipo de vivienda, el valor tasado de aquella de hasta cinco años de antigüedad registró una subida del 3,4% intertrimestral.

Por su parte, aquella de más de cinco años vio incrementar su importe un 3,6%. Atendiendo a la vivienda protegida, el aumento fue del 0,5%.

En el cuarto trimestre del año las subidas fueron generalizadas en todas las comunidades.

La Comunidad de Madrid registró el importe más elevado (3.902,3 euros/m2), máximos históricos, tras encarecerse un 15,8%. Tras ella se situó Baleares (3.809,9), que junto con Madrid fueron las únicas comunidades que superaron los 3.000 euros/m2. A continuación figuraron País Vasco (2.967 euros) y Cataluña (2.641 euros).

Los mayores incrementos en el cuarto trimestre se dieron en Cantabria (16,7%); Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana (15,8%); Baleares (14,9%) o Aragón (13,6%). En Cataluña, uno de los grandes mercados, la subida fue del 10,6%. Extremadura fue la única comunidad en la que el valor tasado de la vivienda fue inferior a los 1.000 euros/m2 (933 euros).

Sumar ha respondido a la nueva iniciativa del PSOE para paliar la crisis de vivienda: endurecer las deducciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler. La coalición de izquierdas entiende que esto solo supone reducir su "privilegio fiscal" e insiste en que la prórroga automática de los alquileres es la única propuesta sobre la mesa "con un impacto real y no cosmético" en el mercado del alquiler, según informa EFE.  

Los socios del PSOE en el Gobierno subrayan que la medida de los socialistas para modular a la baja la actual deducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF no es nueva y que ya fue planteada en la mesa de negociación. Entonces, Sumar expuso que, como única medida, no tiene capacidad para frenar la espiral alcista de los precios, que en el último lustro se han disparado más de un 40%.

Con estas subidas de precios, Sumar considera que el efecto en el mercado del alquiler seguirá siendo "cosmético" y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos. En este sentido, insiste en que la vía de los incentivos fiscales es "injusta" y lamenta que esta vía ponga el foco de nuevo únicamente en los intereses del arrendador cuando es urgente dar certidumbre, estabilidad y facilidades al inquilino, especialmente a aquellas personas angustiadas porque vence su contrato en los próximos meses y no saben qué va a ser de ellas. 

Sumar considera que la solución a esta crisis de vivienda no puede partir de la voluntariedad de una parte. En este caso, de la buena voluntad del casero. 

Lo que defienden, por tanto, es una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler como vía más eficaz para intervenir de inmediato este mercado. Según los datos ofrecidos por Sumar, en 2021 se firmaron 632.369 contratos que son susceptibles de tener que ser renovados en 2026 con un mercado un 40% más caro que entonces. Los 632.369 contratos con fin en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas. Una cifra que ronda los 2,7 millones si se suman también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027.

Aunque no hay nada cerrado, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez está trabajando una propuesta en el seno del Gobierno que estudia modular a la baja la reducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler, pero en ningún caso llegando al 0%, según han indicado a EFE fuentes del mismo.

De esta forma, lo que se contempla es una propuesta que combine los incentivos de hasta el 100% para quienes bajen el precio del alquiler (una medida que Sumar ya avanzó que no iba a apoyar en el Congreso de los Diputados, al igual que Podemos y EH Bildu) con desincentivos para quien lo encarezca.

El Gobierno valora modular a la baja la reducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler, pero en ningún caso llegando al 0%, según han confirmado fuentes del Ejecutivo y recoge EFE.

Aunque no hay nada cerrado, esta propuesta se está trabajando en el seno del Gobierno, que busca incentivar los comportamientos que redunden en un interés general y desincentivar los que vayan en la dirección contraria. De esta forma, lo que se contempla es una propuesta que combine los incentivos de hasta el 100% para quienes bajen el precio del alquiler que se han anunciado recientemente con desincentivos para quien lo encarezca.

Aunque se modere la reducción del 50% de las rentas en el IRPF para personas físicas, la medida que analiza el Gobierno no llegaría en ningún caso al 0% ya que, según señalan las citadas fuentes, se quiere mantener un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo -contratos de cinco años- frente al alquiler de temporada o turístico.

Según señala el diario El País, esta penalización solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, no en el incremento anual (normalmente del IPC) permitido por la ley. Actualmente, los propietarios de una vivienda en alquiler pueden tributar solo por la mitad del rendimiento neto que obtienen (ingresos menos gastos). Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en enero de 2024 el régimen general pasó del 60% al 50% para los nuevos contratos. 

Se trata del porcentaje base para nuevos contratos de alquiler de vivienda habitual, ya que con la citada ley puede aumentar al 60%, 70% o 90% si se cumplen requisitos adicionales como obras de rehabilitación, reducción de renta en zonas tensionadas o alquiler a jóvenes de 18 a 35 años. Esto no se aplica, sin embargo, a los alquileres turísticos o temporales. 

El pasado 12 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un real decreto-ley en materia de vivienda con una bonificación fiscal del 100 % en el IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler, una medida que Sumar ya avanzó que no iba a apoyar en el Congreso de los Diputados, al igual que Podemos y EH Bildu.

Este decreto, que indicó que se aprobaría en las próximas semanas, incluye también una limitación de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones para poner fin al uso fraudulento.

A pesar de las críticas que ha recibido la medida de incentivar a los caseros que no suban las rentas, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, insistió ayer en que el Gobierno "no tira la toalla" ni se ha rendido de cara a buscar a un acuerdo para sacar adelante las recientes medidas y agregó que hasta el último minuto hay capacidad para el entendimiento.

La crisis de vivienda es uno de los mayores problemas que atraviesa el país. Lo demuestra la subida imparable de los precios del alquiler, la cada vez más frecuente presencia de los apartamentos turísticos en las ciudades y los desahucios que no cesan –y que parece que van a ir a más–. La ciudadanía reclamó al Gobierno una respuesta y, con una presión que cada vez se volvía más asfixiante, el Ministerio de Vivienda tomó cartas en el asunto y presentó una de las medidas estrellas de la legislatura: el Plan Estatal de Vivienda. 

En esta hoja de ruta diseñada por el ministerio que dirige Isabel Rodríguez hay varias medidas destinadas a aliviar la presión que sufren las ciudades, protagonistas indiscutibles de la crisis. Aún así, el documento también recoge varios puntos enfocados en ayudar a poblaciones que, aunque pasan más desapercibidas, también se ven afectadas por la presión del problema de la vivienda.

Entre esas otras directrices destaca una orientada hacia los pueblos, casi siempre olvidados por la Administración. El Ministerio de Vivienda pondrá en marcha ayudas de hasta 15.000 euros para aquellos jóvenes que quieran comprar o rehabilitar una casa en zonas rurales. Esta medida no es nueva y ya en el anterior plan de vivienda estaban presentes, aunque su cuantía era menor, con una cifra de tan solo 10.800 euros. 

En esta nueva edición, el plan también aumenta la cantidad de poblaciones que pueden beneficiarse, elevando la cifra de habitantes máxima hasta 20.000. Matan dos pájaros de un tiro: consiguen viviendas para los jóvenes y evitan que se expanda aún más la despoblación en la España Vaciada. La idea está clara pero, realmente ¿puede funcionar?

Los 15.000 euros que promete el Plan de Vivienda del Ministerio de Vivienda se quedan en nada comparado con las necesidades que requiere una vivienda rural. Por ejemplo, según un informe de la OCDE sobre la vivienda en Castilla y León, un tercio de los edificios u hogares en la comunidad estaban construidos antes de 1961 y más de la mitad antes de 1981. Es decir, la gran mayoría de las casas son antiguas y necesitan una rehabilitación profunda, algo que el propio documento descarta. ¿El motivo? No merece la pena por la falta de servicios e infraestructuras. 

Los precios de compra en la Comunidad de Madrid y Cataluña suben hasta niveles desorbitados. En el resto de regiones el panorama es menos extremo, aunque los precios también crecen. Según datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista, el precio de venta medio de comunidades autónomas como Aragón o Castilla y León, es de 1.609 €/m2  y 1.296 €/m2, respectivamente. En Castilla-La Mancha, una de las más baratas, el precio se sitúa en 1.041 €/m2. 

En Madrid y Cataluña la cosa cambia, con un precio medio de venta por metro cuadrado de 4.562 €/m2 y 2.773 €/m2, respectivamente. Siguiendo estos datos, la tentación por huir de ambas tendría que estar clara y, sin embargo, los datos de despoblación muestran una realidad diferente. En los municipios de menos de 30.000 habitantes hay una densidad media de tan solo 17,8 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra muy cercana (aunque superior) a la que la Unión Europea identifica como riesgo de despoblación, según datos recogidos por El País.

Hay muchos motivos que explican esta paradoja. La falta de un transporte público eficiente es uno de los ejes principales que atraviesan este problema, con un servicio escaso o directamente nulo. “Vivir en un pueblo significa tener mucha dependencia del coche, se da por supuesto. Lo que es importante ver es quienes no tienen acceso al coche”, afirma Óscar Prieto-Flores, profesor de Sociología de la Universitat de Girona. 

Aquí entran en juego las posibilidades de movilidad, ya que las personas que eligen la vida rural (o no les queda otra) se ven obligados a recorrer largas distancias por la concentración del trabajo o los estudios en las grandes urbes. Algo que se complica si se depende del transporte público. Contar con un vehículo privado tampoco soluciona el asunto porque la alternativa es conducir con el coche kilómetros y kilómetros, y (casi todas las veces) con atasco incluido. Esto, más allá del inconveniente que supone, puede tener consecuencias directas en la huida de la población de estas zonas. 

“Los jóvenes acaban yéndose de los pueblos a raíz sobre todo de tener que cursar ciertos estudios, como la universidad o la FP, que están a mayor distancia. Hay dos perfiles: uno más conectado con el hecho de irse fuera porque ve que no hay otra opción y otro que nunca ha salido del pueblo y que, cuando se va a estudiar, comienza un proceso de desconexión por el que toma distancia con sus raíces al estar a tanta distancia”, añade Prieto-Flores. 

Además del transporte, el resto de servicios también deja mucho que desear. En la mayoría de ocasiones, los municipios no tienen infraestructuras o servicios tan básicos como un centro de salud, una escuela, tiendas de alimentación o un simple bar. Por ello, los vecinos tienen que depender para todo, una vez más, del coche.

Los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el último Censo Agrario muestran cómo el trabajo del campo, mayoritario en los pueblos, ha disminuido. En 2020 ya se evidenciaba una caída en la cantidad de explotaciones en todo el territorio nacional, con 70.000 menos que en el anterior censo, elaborado en 2009. 

Ante este descenso, el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha un proyecto para asegurar que el campo cuente con relevo generacional. La iniciativa, bajo el nombre Tierra Joven, tendrá como tarea la innovación y movilización de tierras agrarias. Además, se pondrán 17.000 fincas rústicas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales.

Aunque la medida busca resolver la crisis de despoblación que sufren los pueblos, ignora una evidencia: el cambio climático ha dejado la tierra agonizante. Según un estudio del Observatorio Social de La Caixa, un total de 2.858 municipios españoles son particularmente vulnerables ante el cambio climático. Por lo tanto, el trabajo de la tierra se complica, con una inestabilidad en el clima que no muchos pueden permitirse.

Aún así, más allá del campo, ahora mismo tampoco hay mucha más oferta. “La mejora de los servicios esenciales, tanto públicos como privados, debe ser una prioridad política para incentivar la creación de trabajo y con ello la atracción de nuevos pobladores rurales en determinados sectores de servicios públicos que han ido desapareciendo, como la educación y la salud”, argumenta Carlos López Escolano, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Zaragoza. 

Los problemas son muchos y las políticas para tratar de reducirlos al mínimo escasean. Margarita Barañano Cid, directora de los grupos de investigación GRESCO (Grupo de Estudios Socioculturales Contemporáneos) e IP VIARVU (Vivienda, Arraigos y Vulnerabilidad en las ciudades españolas) de la Universidad Complutense de Madrid, argumenta que la solución debe de ser transversal: “La batería de medidas no puede limitarse a una intervención parcial en las zonas rurales; tiene que ser multidimensional, incluyendo transporte y empleo. Deben ser políticas integradas que también afecten a las ciudades, evitando asimetrías en la concentración del trabajo. Tiene que haber un proceso integral que pase por la descentralización”.

Para la investigadora de la Complutense actuar desde las instituciones de forma más profunda es vital para que las ayudas del Plan Estatal de Vivienda cobren sentido. El comienzo, más que por dar un dinero que considera escaso, tiene que llevar a una transformación que deje atrás la concentración en la Comunidad de Madrid o Cataluña. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha la universidad no se encuentra tan solo en la capital, sino que tiene un campus en todas las provincias, algo que permite que los jóvenes puedan quedarse a vivir en el pueblo si así lo quieren. 

“El objetivo sería, primero, favorecer el acceso a la vivienda y, segundo, que la gente pueda quedarse donde desea vivir, en su localización previa. Que si se va, sea por elección y no por expulsión. Vivir en tu barrio o municipio implica redes sociales de ayuda y colaboración que se pierden cuando te vas lejos. No es solo una cuestión identitaria, sino de organización de la vida cotidiana: cuidar a familiares, apoyo mutuo, crianza… Todo eso se pierde con grandes distancias. Por eso deberían ser políticas que fomenten el derecho a la vivienda y también un cierto derecho al arraigo, al territorio, sin obligar a nadie a quedarse, pero sin empujar a la gente a irse ‘al quinto pino’”, zanja Barañano Cid. 

En una sociedad de libre mercado, los Gobiernos tienen la obligación de equilibrar intereses, partiendo siempre de una base irrenunciable: la protección efectiva del derecho a la vivienda, reconocido en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la ley de vivienda, aunque todavía no como derecho subjetivo, una asignatura pendiente salvo excepciones como el País Vasco.

La ausencia de ese equilibrio está generando un escenario insostenible: familias vulnerables sin protección real y pequeños arrendadores convertidos, de facto, en sustitutos del Estado. Este modelo no es justo ni viable.

Lo razonable sería aplicar mecanismos transitorios de garantía, como el cheque vivienda u otros sistemas equivalentes que aseguren mediante aval público y pago efectivo el acceso a la vivienda de las familias vulnerables, sin trasladar la carga a los arrendadores. Ello permitiría, además, reformar la normativa para impedir situaciones de ocupación irregular y devolver seguridad al mercado.

A esta medida debería sumarse una reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), prorrogando automáticamente durante al menos dos años los más de 600.000 contratos que vencen este año, con actualización según el índice IRAV, ganando tiempo para construir garantías estables.

La vivienda exige un pacto racional, donde la protección de la ciudadanía y sus derechos esté por delante del interés político inmediato.

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José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recalcado su disposición al acuerdo tras las críticas de sus socios de Sumar a los incentivos fiscales a los caseros y ha agregado que siempre han basado su trabajo en torno al consenso y que con estas medidas anunciadas buscan "pisar el acelerador".

En una entrevista este jueves en Espejo Público recogida por EFE, ha reiterado que está trabajando, colaborando y acordando con quienes coinciden en defender el derecho a la vivienda, como es el caso de Sumar; con quienes quieren construir un parque público de viviendas asequible: o con quienes combaten el uso fraude fraudulento de contratos de temporada o de pisos turísticos ilegales.

"Ahí es donde me van a encontrar en el combate, defendiendo el derecho a la vivienda y combatiendo la especulación", ha insistido la ministra, que ha defendido intervenir el mercado y ha subrayado que el Ministerio de Vivienda ha basado su trabajo a lo largo de estos dos años en torno al acuerdo y al consenso.

Además, ha recalcado que su ánimo es el de la construcción de acuerdos y de viviendas y que con este real decreto ley anunciado el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la idea es "pisar el acelerador" para que se convierta en ley y después pueda seguir el trámite parlamentario, si así lo desean los grupos, de mejora en su tramitación.

Respecto a los 600.000 contratos de alquiler que vencen próximamente, la ministra ha afirmado que con las medidas que ha puesto el Gobierno encima de la mesa se acaba con ese problema y que se está solucionando en aquellas zonas donde se está aplicando la Ley de Vivienda, como es el caso de Cataluña.

La ministra de Vivienda ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no busque "conflictos ficticios" en torno a la Operación Campamento después de asegurar ayer que, tras el acto del pasado lunes, las máquinas estaban paradas.

Ha señalado que su prioridad es tener un parque público de vivienda, que las obras para el desarrollo de Campamento ya han comenzado y que de lo que se trata es de colaborar todas las administraciones públicas para acelerar todos los procesos administrativos y la construcción de estas viviendas.

En Sumar están dispuestos a dar la batalla hasta el final. No van a apoyar la rebaja fiscal a los caseros lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque ahora las dos partes del Ejecutivo estén en un callejón sin salida, en el espacio de Yolanda Díaz sostienen que los socialistas tendrán que modificar su plan inicial por la presión interna en el Ejecutivo, de la mayoría de socios en el Parlamento y de los sindicatos de inquilinos.

Desde el pasado lunes se mantiene un pulso entre las dos partes del Gobierno. Sánchez anunció, sin haberlo negociado con Sumar, un paquete de medidas sobre vivienda que incluye una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, de forma que se les compensaría lo que ganarían si lo incrementaran.

El desacuerdo es total en este punto entre las dos partes del Gobierno. Y en Sumar reiteran que si el decreto que lleve el ala socialista al Consejo de Ministros mantiene esta propuesta, ellos votarán posteriormente que ‘no’ en el Congreso. Esto supondría dejar la aprobación de estas medidas en manos del Partido Popular, que no da ni un centímetro de respiro a Sánchez, y además abrir una brecha muy importante dentro del Ejecutivo y con los socios progresistas en una materia de enorme sensibilidad para los votantes de la coalición.

A pesar de la incomodidad de Sumar, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sigue defendiendo su iniciativa y considerando que la prórroga automática de los contratos en vigor, como reclama Sumar, genera dudas jurídicas, tiene incidencias en la disponibilidad de viviendas que se pueden movilizar y supone una iniciativa de carácter coyuntural al afectar a los contratos que vencen en 2026. Fuentes de su departamento señalan que están negociando de forma discreta con los grupos sobre esas exenciones fiscales, pero no contemplan la prórroga planteada por Sumar.

Fuentes consultadas del ala de Sumar rechazan los argumentos de Rodríguez e ironizan: “También decían hace tiempo que una amnistía era inconstitucional…”. En la parte del Ejecutivo que lidera Díaz sostienen que la prórroga de contratos no se trata de una figura jurídica nueva, dado que el Gobierno ya ha utilizado hasta en ocho ocasiones recientes las prórrogas extraordinarias de contratos de alquiler como mecanismo de estabilidad residencial sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en contra.

El socio minoritario defiende que la arquitectura de la ley de arrendamientos urbanos incluye prórrogas extraordinarias en determinados supuestos y ámbitos, configuradas como instrumentos excepcionales, temporales y con salvaguardas, lo que refuerza la coherencia del enfoque y su encaje en el sistema. Para Sumar, no se trata de una medida expropiatoria y se conecta con el artículo 47 de la Constitución.

Asimismo, Sumar pone sobre la mesa argumentos jurídicos que hacen posible su propuesta, como la competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil, invocada en el artículo 149 de la Constitución, que incluye la determinación de elementos esenciales del arrendamiento urbano, como la duración y las prórrogas legales.

Rechazan argumentos políticos esgrimidos por el ala socialista como que lo defendido por Sumar no tendría el apoyo de los socios, pensando en partidos como el PNV y Junts: “¿Y la suya? No les dan los números para sacarla en el Congreso”. Por eso, también creen que el PSOE tendrá que acabar modificando la propuesta base al constatar que se van a encontrar con una derrota parlamentaria, después del rechazo que han mostrado formaciones como Podemos, ERC y EH Bildu. Todo ello, sostienen fuentes de Sumar, con la presión añadida de los sindicatos de inquilinos, que ya han rechazado esas bonificaciones fiscales.

El decreto de vivienda no tiene fecha todavía para pasar por el Consejo de Ministros. Y las alas de Sumar y socialista dentro del Gobierno van a negociar durante estos días a nivel de gabinetes, según señalan fuentes conocedoras. En el espacio de Sumar molestó mucho el anuncio el lunes, cuando ese mismo día tenían previsto contactar las dos partes para seguir negociando medidas sobre vivienda.

Además, fuentes de Sumar advierten de que no van a tragar si el PSOE pretende que Sumar facilite en el Congreso el decreto para salvaguardar algunas iniciativas en las que sí están de acuerdo, como la regulación estricta contra el fraude de los alquileres de temporada y las destinadas a frenar los abusos en el alquiler por habitaciones. La decisión es firme: si continúa la bonificación del 100% del IRPF a los caseros, el voto será de rechazo.

En Sumar también insisten en el argumento político de que el Gobierno de coalición progresista debe tomar medidas valientes y de intervención de la vivienda que los ciudadanos noten en su día a día. Especialmente en un momento en el que la ultraderecha no deja de subir en las encuestas y que, además, está utilizando esta cuestión para ir contra el Ejecutivo.

A pesar de mantener su propuesta, la ministra Rodríguez ha dicho que no quiere entrar en provocaciones y ha lanzado este mensaje a los ministros del socio minoritario: “Siempre vamos a sumar y a buscar acuerdos con quienes defienden el derecho a una vivienda digna por encima de todo. Y siempre confrontaremos con quienes alientan la especulación”.

Díaz, en cambio, evidenció su malestar durante una entrevista el miércoles en TVE, donde indicó: "En verano presentamos un real decreto sobre esta materia y desde ese día estábamos negociando. Nos avisaron cinco minutos antes de salir de manera unilateral Sánchez a anunciar esto". No obstante, se mostró confiada en que los socios pueden llegar a un acuerdo “por el bien del país y para no abrir la puerta de Moncloa a Vox”.

Los cinco miembros de Sumar en el Gobierno firmaron de forma conjunta un texto publicado en El País contra los “regalos fiscales” y lamentando que el PSOE se equivoca “profundamente” en la solución planteada: "Es por la vivienda por donde se rompe mucho de lo que cosemos con otros avances, el Estado tiene que avanzar y hacerlo con decisión".

Y todo ello con la presión de los socios progresistas sobre el PSOE y con el aviso de que están en contra de ese tipo de bonificaciones fiscales. El análisis de Gabriel Rufián (ERC) pasa por este punto: "¿Qué puede llegar a pensar un trabajador sin casa de que alguien pague un total de cero impuestos por tener casas? Pues que este Gobierno le ha fallado y que, a la próxima, en lugar de votar esperanza, votará odio. O se legisla para que con la vivienda no se especule o la izquierda se va al carajo para lustros”.

“Es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados”, lamentó Oskar Matute (EH Bildu) tras conocerse el anuncio de Sánchez, mientras que la eurodiputada de Podemos Irene Montero y la líder morada, Ione Belarra, dijeron que esa medida es para que “ardan las calles”.

El Ministerio de Vivienda ha empezado a negociar con los grupos parlamentarios los incentivos fiscales para propietarios que no suban los alquileres en los contratos que vencen este año, mientras Sumar no renuncia a su propuesta de prorrogar esos contratos y la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que tendrá que haber un acuerdo, informa EFE.

Dos días después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que congelen las rentas de alquiler, Sumar mantiene su rechazo a ese tipo de "regalos fiscales" y los cinco ministros de Sumar que forman parte del Gobierno lo han dejado patente en una tribuna conjunta en El País.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido al PSOE que "rectifique" y ha defendido la legalidad de la prórroga automática de los contratos de alquiler que propone Sumar y que ya se aplicó con motivo de la pandemia de la covid y la guerra de Ucrania.

Desde Sumar contabilizan hasta ocho reales decretos en los que se ha incorporado la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en los últimos años: tres en el marco del estado de alarma y del escudo social frente a la covid, cuatro fuera del estado de alarma pero dentro del escudo social frente a la covid y uno en el marco de la respuesta a la guerra de Ucrania.

"La prórroga es una medida necesaria que ya se ha aprobado en ocho ocasiones en el Consejo de Ministros y convalidado en el Congreso y no solo bajo el paraguas de la crisis sanitaria", señalan, mientras los socialistas insisten en que es "inconstitucional".

En una entrevista en RNE, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido en que hay un informe de la Abogacía del Estado que indica que no existe la "seguridad jurídica necesaria" para prorrogar de forma generalizada todos los contratos de alquiler, como piden Sumar y el resto de partidos de la izquierda parlamentaria.

También la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho en Onda Cero que esa medida genera dudas jurídicas, tiene incidencia en la disponibilidad de viviendas que se podrían movilizar y sería muy coyuntural, ya que solo afectaría a los contratos que vencen en 2026.

Rodríguez ha defendido el sistema de incentivos fiscales para los caseros y ha recalcado que esta medida está dentro en la ley de vivienda que votaron los socios, a lo que Urtasun ha replicado que eso no es así.

Entretanto, la vicepresidenta Díaz ha denunciado en TVE que la parte socialista del Gobierno "no actuó bien" cuando les informó del anuncio de Sánchez cinco minutos antes, a pesar que llevaban meses negociando sobre la base de la propuesta de Sumar. No obstante, se ha mostrado convencida de que al final habrá un acuerdo entre los socios de gobierno: "Llegaremos o tendremos que llegar a un acuerdo, como siempre, por el bien del país y para no abrir la puerta de La Moncloa a Vox".

Y mientras en Cataluña los comunes han lanzado una campaña de recogida de firmas para que el PSOE "rectifique y prorrogue los contratos de alquiler", el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha opinado que las bonificaciones fiscales van "en la buena dirección de dar garantías, estímulos o incentivos a los pequeños propietarios para que no suban los precios en estas renovaciones que en ciudades como Barcelona no corren peligro, porque los precios están topados".

Collboni (PSC) y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP) han expuesto este miércoles en el Senado los diferentes modelos de vivienda que aplican en sus ciudades para combatir la espiral de incrementos de precios. Ante esto, ambos han afirmado que el problema es la falta de oferta y en que la solución es construir más vivienda, tanto pública como privada.

El alcalde de Barcelona, sin embargo, ha defendido que, mientra se construyen todas las viviendas que hacen falta para equilibrar el mercado, la regulación de precios que permite la ley de vivienda y que él aplica (a diferencia de los alcaldes del PP), sirve para "parar el golpe", ya que, según sus datos, los alquileres han bajado un 4,9% en su ciudad, lo que supone que los inquilinos pagan 220 euros menos de media que si no hubiera utilizado esta regulación.

Mientras que el Ministerio de Vivienda apela a la discreción para que su negociación con los grupos parlamentarios "pueda salir bien", un informe de la consultora Atlas refleja que, con el actual ritmo de promoción de 178.000 viviendas anuales durante los próximos doce años, España llegaría a 2038 manteniendo un déficit estructural de 640.000 viviendas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un real decreto ley con tres medidas urgentes que recogen incentivos para los propietarios que no suban el precio a sus inquilinos, así como iniciativas para frenar el abuso en los contratos de temporada y de habitaciones, según informa EFE.

Para aquellos propietarios que renueven sus contratos sin subir el precio a sus inquilinos se les va a dar una bonificación fiscal del 100% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran ese alquiler, según ha avanzado Sánchez en el acto de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid. Esta remodelación del parque de vivienda en la zona llega después de que el Gobierno haya desbloqueado la Operación Campamento, paralizada desde 1989. Con ello, el lunes dan comienzo las obras para proveer al barrio de 10.700 viviendas asequibles.

Además, se limitarán los contratos de alquiler de temporada para poner fin al uso fraudulento y se fijarán condiciones estrictas y un régimen sancionador a aquellos que incumplan la regulación estatal.

El Ejecutivo también quiere poner freno al abuso del alquiler de habitaciones de forma que la renta total de las habitaciones no podrá superar el precio del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se aplicarán los mecanismos de control que recoge la Ley de Vivienda.

En lo respectivo a la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, el presidente ha anunciado que seguirán construyendo vivienda publica a través del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que cuenta con una dotación de más de 7.000 millones de euros.

El Gobierno, a través de la nueva empresa estatal rebautizada como Casa 47, va a lanzar próximamente una oferta pública de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España y ha anunciado que los contratos que firme esta entidad podrán ser de hasta 75 años.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado este jueves la nueva compañía, cuyo nombre hace alusión al artículo 47 de la Constitución, que recoge el derecho a una vivienda digna, y que culminará el próximo martes en el Consejo de Ministros tras un año de trabajo.

"Es un día importante para el Gobierno y para la sociedad española. Estamos creando algo nuevo y bueno para España", ha afirmado la ministra, que ha insistido en blindar la vivienda pública para siempre y frenar la especulación.

La nueva compañía, que nace de la transformación de la sociedad existente Sepes, podrá firmar contratos de alquiler de una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas cada 14 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso.

Ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio ya que el precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y no por el coste de construcción, y habrá un tope por comunidades autónomas. A modo de ejemplo, podrán bajar las rentas en Madrid un 38% sobre el precio de mercado, o a la mitad en el caso de Málaga.

Con esta nueva compañía busca dirigirse al 60% de la población que cobra rentas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (a las inferiores se les apoya a través de la vivienda social) y en 2026 se habilitará un portal 'online' en el que se podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos de acceso y formalizar las solicitudes.

A Casa 47 se incorporarán 40.000 viviendas y 2.400 suelos de Sareb con capacidad para albergar 55.000 casas, además de los activos del patrimonio del Estado que ya ha asumido. En lo que va de año, la empresa ha licitado la redacción de proyectos para más de 1.600 viviendas. Esta empresa gestionará todo el ciclo de la vivienda, desde el urbanismo, edificación, entrega de llaves y gestión del alquiler.

La ministra ha insistido en que se necesita un pacto de país que, en su opinión, está más forjado de lo que se puede escuchar en el Congreso de los Diputados ya que aunque la política de vivienda siempre ha sido de enfrentamiento, en este momento son más los que están trabajando que los que están acentuando la diferencia.

"La ciudadanía nos reclama una acción inmediata y garantizar el derecho a una vivienda digna", ha subrayado la ministra, que cree que no hay marcha atrás en este avance.

Rodríguez ha indicado que Casa 47 va a trabajar con rigor, seriedad, planificando, construyendo, haciendo barrio y atendiendo a las personas sin repetir los errores del pasado y contando con todos para elevar el parque público de vivienda. "Aquí no sobra nadie". Ha reiterado que están en la senda correcta y que no están solos ya que los países de nuestro entorno reman en la misma dirección.

Por su parte, la directora general de la Entidad Estatal de Vivienda, Leire Iglesias, ha añadido que éste no es un proyecto de un día ni de dos, sino de continuidad que tiene que tener estabilidad y recorrido.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha retado este martes a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a "dejar paso" a otra persona si no toma medidas "valientes", ya que asegura que se les está "acabando la paciencia" con ella, según informa EFE.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Sumar ha tildado de "decepcionante" la comparecencia de la ministra de Vivienda el pasado miércoles en el pleno y le ha reprochado que anunciara como "medida estrella" un teléfono de atención que ha calificado de "teléfono de la esperanza".

"Nos vemos en la obligación de volver a decir que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes, medidas innovadoras y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo. Por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo", ha dicho.

Barbero no ha mencionado expresamente la palabra dimisión, pero ha insistido en que la ministra se aparte si no hay un cambio en sus políticas, y le ha pedido que se pronuncie públicamente sobre las medidas planteadas por sus socios de Gobierno de Sumar hace una semana para "intervenir" el mercado de la vivienda con un decreto ley.

"No podemos seguir ni un minuto más después de dos años de legislatura con un ministerio que se llama de vivienda esperando a que se adopten medidas que tengan algún efecto en los precios de la vivienda. Se nos está acabando la paciencia", ha avisado.

En su opinión, las medidas planteadas por Sumar podrían solucionar "a corto plazo la crisis de vivienda" en España y exige que los socios de Gobierno del PSOE expliquen cuál es la razón para que desde el Ministerio de Vivienda "no se quieran asumir".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que llegar a un acuerdo sobre el nuevo Plan Estatal 2026-2030 no es una "asignatura optativa" y ha avanzado que reunirá de nuevo a las comunidades autónomas para saber si quieren o no continuar adelante.

Durante una comparecencia este miércoles ante el pleno del Congreso, ha dicho esperar que el plan sea acordado por las comunidades, a las que pide que no se vendan al interés de su partido. En cualquier caso, si alguna no se quiere adherir, el Ministerio trabaja en otras fórmulas para impulsarlo.

Así, ha explicado que se pueden buscar maneras de que este plan pueda implementarse en esos territorios a través de ayuntamientos, proveedores sociales o entidades del tercer sector, "todo aquel que venga a ayudar y no a poner palos en el camino".

Según ha explicado, por "colaboración institucional" se expondrá de nuevo el texto en una conferencia sectorial para sondear de nuevo a las comunidades autónomas si quieren o no continuar adelante. "Si no quieren, afortunadamente la sociedad española está preparada para asumir el liderazgo de la gestión de estos 7.000 millones" de inversión que prevé el plan, ha indicado.

Ha insistido en que no entiende cómo otros miran hacia otro lado con este problema y ha acusado a los gobernantes de Madrid de vender su parque de viviendas a extranjeros ricos y animar a los 'fondos buitre' para que compren edificios enteros.

Durante la interpelación parlamentaria, el diputado del PP Sergio Sayas ha opinado que el plan es una "imposición de políticas huecas" y que está "cargado de frivolidad" y ha pronosticado que el anuncio de construir viviendas protegidas en suelo de instalaciones penitenciarias "se quedará en otro anuncio de cartón piedra".

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha afirmado que entre el discurso de la ministra y la realidad hay "un trecho insalvable" y ha calificado de "pírrica" la apuesta del Gobierno por la vivienda social y que las ayudas para acceder a viviendas públicas sean para los "españoles" y no para los "recién llegados".

En nombre de Sumar, Gerardo Pisarello ha explicado que le "suena bien" la parte del plan que va en contra de los "pelotazos" y la venta de vivienda pública, pero ha opinado que no basta con incentivar a quien colabore, sino que "hay que censurar a quienes pretendan sabotear" el plan.

La representante de ERC Etna Estrems ha reconocido el "esfuerzo" que supone este plan, pero ha apuntado que no le "termina de gustar" que pretenda crear una duplicidad de órganos, con la empresa estatal de vivienda y suelo que, en su opinión, invade competencias autonómicas.

Marta Madrenas (Junts) considera que la ley de vivienda ha agravado el problema y que "todavía falta respeto a las competencias de la Generalitat", pero ha elogiado los aspectos "positivos", como que haya más recursos para vivienda asequible, programas de rehabilitación e industrialización y programas de apoyo a colectivos vulnerables.

Desde el PNV se ha reiterado su demanda de modificar o adaptar la ley de vivienda para que sea efectiva, tras subrayar que el País Vasco la está aplicando y ha quedado demostrado que se necesitan ajustes. Para el portavoz de Podemos, Javier Sánchez, es un "plan vacío que simula que hace algo pero no toca a los grandes tenedores ni regula los alquileres" y que "reincide en medidas que no han servido para nada".

La diputada de CC Cristina Valido ha recordado que Canarias solo apoyará este plan si recoge las singularidades insulares, mientras que el de UPN Alberto Catalán ha pedido la dimisión de Rodríguez.

Por su parte, el socialista Ignasi Conesa ha cargado contra las políticas del PP, a los que ha acusado de vender el parque a millonarios ricos y a los fondos.

Sepes, germen de la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo, incorporará a su patrimonio ocho instalaciones y terrenos penitenciarios, entre ellos los de la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid), para hacer 1.332 nuevas viviendas protegidas y asequibles. 

Según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, estos activos, incluidos en el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP), están valorados en más de 78 millones y se localizan en centros urbanos de 8 provincias de 5 comunidades autónomas: Carabanchel (Madrid), Sevilla, Córdoba, Dénia (Alicante), Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos).

La mayor cantidad de nuevas viviendas (508) se localizarán en terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, que funcionó hasta 1998. 

Según ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estos activos tuvieron un uso carcelario, e incluso sirvieron para la represión de presos políticos bajo la dictadura franquista, y ahora hay que 'resignificarlos' y ponerlos a disposición de la ciudadanía en forma de viviendas protegidas y asequibles.

Todos tienen aprobado su planeamiento y, en el caso de Huesca, Segovia y Burgos, se van a licitar próximamente las obras; mientras que el resto está en trámites de urbanización y en Carabanchel queda pendiente su aprobación.

El traspaso -sin coste- de estos terrenos desde SIEPSE, dependiente del Ministerio del Interior, a la nueva Entidad Pública de Vivienda responde a la "necesidad urgente" de incrementar la oferta residencial.

Dada la crisis de vivienda que atraviesa España, ante un déficit de producto y grandes dificultades de acceso, el Ejecutivo busca movilizar de forma "urgente y estratégica" todos los suelos e inmuebles de titularidad pública para ponerlos al servicio de la ciudadanía con más vivienda asequible.

A Sepes -que ultima su reestructuración como nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo- ya se incorporaron 17 inmuebles de Defensa con capacidad para 1.000 viviendas y en julio se anunció el traspaso de 40.000 casas y 2.400 suelos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

La actuación de mayor envergadura -508 nuevas viviendas- se desarrollará en terrenos de la cárcel de Carabanchel, que tiene una superficie de 27.000 m2 y está pendiente su proyecto de urbanización. 

Vivienda, que va a trabajar con el Ministerio de Memoria Democrática, recuerda que, construida durante el régimen franquista, albergó a numerosos presos políticos y sociales y estuvo en funcionamiento hasta 1998. 

Ahora, la Entidad Estatal de Vivienda se encargará de la completa urbanización de la actuación, aunque le corresponden tres parcelas y parte de una cuarta compartida.

Por su parte, la Cárcel de la Ranilla (Sevilla) -construida en los años 30- acogerá 240 viviendas. En la Guerra Civil se hacinaron en ella miles de presos políticos republicanos, teniendo también un barracón de mujeres, algunas de ellas fusiladas durante la dictadura, según apunta el Ministerio de Vivienda. A finales de siglo, fue abandonada y finalmente derribada en 2007. 

Además, la antigua cárcel de Córdoba dará lugar a 174 viviendas. En 2024, Interior adjudicó la obra de urbanización del solar, pero se anuló posteriormente por precios desactualizados que hacían inviable el proyecto. Tras su adscripción a Sepes, el primer paso será actualizar ese proyecto de urbanización.

En la cárcel de Dénia se levantarán 145 viviendas (está pendiente de demolición) y en la provincial de Huesca otras 140. Inaugurada esta última en 1955 se cree que albergó a cientos de europeos que huían de otros regímenes.

La cárcel de Torrero (Zaragoza), que también fue escenario de la represión franquista y cuya demolición comenzó en 2005, permitirá 64 nuevas viviendas; la de Segovia 53 viviendas; y la de Briviesca (Burgos) 8 más.

Más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos de Sareb con capacidad para albergar otras 55.000 viviendas, activos que en su conjunto tienen un valor de mercado de 5.900 millones de euros, pasarán a formar parte de Sepes, germen de la nueva gran empresa estatal de vivienda que ha puesto en marcha el Gobierno, según informa EFE.

Una vez analizada la cartera de activos del llamado 'banco malo' y, según ha acordado este martes el Consejo de Ministros, estas viviendas y suelos pasarán a ser parte del parque público de vivienda asequible para siempre sin un coste adicional, ya que se hará mediante una donación, primero a patrimonio del Estado y luego a la empresa publica de vivienda. Además, este perímetro podrá ampliarse por razones justificadas.

Asimismo, se ha habilitado a la empresa pública para poder usar otros 593 millones para adecuar estas viviendas, desarrollar los suelos, completar otras adquisiciones o adecuar el resto de inmuebles que se van a ir incorporando.

Según ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se trata de "recuperar esas casas que nunca debimos perder" y pasar de "salvar a los bancos a salvar a las familias" con un parque público de alquiler asequible, cuyo pago no requiera más del 30 % de los ingresos de las familias.

Ya en enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se iban a transferir 30.000 viviendas de Sareb a la nueva empresa pública -13.000 de ellas de forma inmediata- y que en 2026 se añadirían otras 10.000.

Mientras se hacen nuevas viviendas se busca así movilizar de forma urgente suelos e inmuebles y ponerlos en alquiler asequible en un contexto marcado por la escasez de producto para atender a una demanda creciente, que está tensionando los precios y agravando los problemas de acceso, especialmente de los jóvenes y aquellos con menos recursos.

El Gobierno busca gestionar directamente este parque, que ahora gestionan las empresas privadas que trabajan con Sareb, y llegar a acuerdos con compañías autonómicas y municipales, priorizando también a empresas del tercer sector, compañías sin ánimo de lucro o de lucro limitado.

Para determinar el perímetro de activos de Sareb -creada en 2012 tras la crisis financiera y el 'pinchazo' de la burbuja inmobiliaria- que pasará a Sepes se han tenido en cuenta distintos criterios geográficos, económicos, técnicos y urbanísticos.

En el caso de las viviendas, aquellas que están situadas en municipios de áreas metropolitanas e islas, en municipios con más de 5.000 habitantes o en los que la población está creciendo más del 5 % en los últimos diez años. Se incluyen viviendas de hasta 85 m2 útiles, independientemente del valor de tasación, y aquellas de hasta 150 m2 cuyo valor de tasación no supere en un 40 % el que resulta de multiplicar la extensión del inmueble por el precio medio que arroja la estadística de Ministerio.

Los edificios y viviendas no podrán presentar patologías estructurales, estarán acordes con la legislación urbanística y tendrán condiciones de habitabilidad adecuadas. Para aquellas con un contrato de alquiler social en vigor, serán adscritas todas las viviendas.

En el caso de los suelos, el criterio geográfico se extiende a aquellos ubicados en municipios de más de 5.000 habitantes. Se incluyen los suelos viables, estableciéndose un alquiler para una vivienda tipo de 70 m2; con una superficie superior a 150 m²; un uso residencial -plurifamiliar o colectiva-; que puedan albergar promociones de 30 o más viviendas y que estén inscritos en el Registro de la Propiedad y en la Dirección General del Catastro.

Sareb tiene ya perfilado su nuevo plan estratégico para los próximos dos años, su horizonte vital, tras aprobarse el perímetro de activos que pasan a Sepes y confía en llegar a un acuerdo en breve con sus 'sérvicers' o sus proveedores inmobiliarios de gestión en este nuevo escenario para su negocio.

El registro único de alquileres de corta duración (turístico, de temporada o de habitaciones) será de efectiva aplicación este próximo 1 de julio, una vez finalizado el período de transición, y hasta la fecha se han recibido 199.686 solicitudes, mayoritariamente de alquiler turístico, según recoge EFE.

De ellas, 90.046 han sido aprobadas, 17.596 denegadas y 92.044 están pendientes de verificación por parte del Colegio de Registradores. Las solicitudes son mayoritariamente de alquiler turístico (156.938) y se concentran principalmente en las provincias de Málaga, Gran Canaria, Alicante, Baleares y Barcelona.

Solo en el último mes se han realizado más de 125.000 solicitudes, según indica el Ministerio de Vivienda.

Con este registro, que entró en vigor el 2 de enero, se busca atajar el fraude en estas modalidades y los pisos turísticos ilegales. Todo ello en un contexto marcado por la crisis de vivienda que vive España ante la falta de oferta para atender a una demanda creciente, la consecuente escalada de los precios y las dificultades de acceso, especialmente para los jóvenes y los más vulnerables.

Con su puesta en marcha, España se convierte así en el primer país de la Unión Europea que pone en marcha este reglamento europeo. 

La nueva norma opera sobre alquileres turísticos, de temporada, los alquileres de habitaciones o de otras propiedades, como barcos, que permitan el alojamiento de corta duración y que conlleven una remuneración económica, siempre que se oferten a través de plataformas en línea.

En respuesta a la normativa europea, este próximo mes empezará a funcionar en España la nueva regulación, que establece que todas las viviendas destinadas a uso turístico o de temporada deben contar obligatoriamente con un código de registro para poder operar legalmente. 

El procedimiento de registro único se articula a través del Registro de la Propiedad y de Bienes Muebles, que se encarga de facilitar a los propietarios -cuando se cumplen los requisitos- un código sin el cual no pueden comercializar la vivienda en las plataformas 'online' de alquiler.

La solicitud debe ir acompañada de la referencia catastral y la dirección exacta del alojamiento, el modelo de alquiler, el número de personas que pueden hacer uso de la vivienda y el cumplimiento de los requisitos que establece cada comunidad autónoma para este tipo de servicios.

Una vez validada, los propietarios de estos alojamientos recibirán un número de identificación que deberán hacer público en las plataformas 'online' donde promocionen sus servicios de alquiler. 

Una vez iniciado julio, los alojamientos que no tengan este código de registro no podrán mantenerse en activo en las plataformas.

Las plataformas están obligadas a que en sus aplicaciones los arrendadores identifiquen con este número sus viviendas, a garantizar que las personas arrendadoras puedan incluirlo en los anuncios y que éste sea visible; realizar comprobaciones aleatorias y periódicas e informar cuando sean negativas o a recoger y transmitir mensualmente los datos de actividad por unidad.

La transmisión de los datos por parte de las plataformas en línea de alquiler de corta duración a la ventanilla única digital de arrendamientos -que centraliza los trámites relacionados con el registro y la consulta de datos- es de carácter mensual. En el caso de las plataformas pequeñas y microplataformas, los datos se transmitirán al final de cada trimestre.

Por su parte, los arrendadores están obligados a obtener un número de registro, a comunicarlo a las plataformas, a aportar la información requerida, a atender los requerimientos de información y actualizar si hay cambios.

Cada vivienda solo podrá tener un número de registro por categoría y tipo de arrendamiento.

El Gobierno trabaja ya en el nuevo Plan Estatal de Vivienda con las seis autonomías que aceptaron la propuesta del Ejecutivo durante la pasada Conferencia de Presidentes y por ello el Ministerio de Vivienda solicita a las que todavía no se han unido a "aceptar un acuerdo de mínimos" para celebrar una conferencia sectorial en materia de vivienda, según informa EFE.

Fuentes del Ministerio de Vivienda han reclamado este sábado que las autonomías acepten triplicar la inversión en políticas de vivienda, aprueben "proteger de forma permanente las viviendas que se financien con estos fondos para que formen parte del parque público de vivienda para siempre" y firmen ofrecer datos oficiales de forma transparente.

Este sábado, los consejeros de Vivienda de las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP han exigido por carta a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la urgente convocatoria de una conferencia sectorial de Vivienda para elaborar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2029.

En esa misiva, los consejeros han criticado que ni conocen ni han tenido participación activa en la elaboración del documento, "pues hasta la fecha la comunicación se ha limitado al envío de nuestras propuestas, sin respuesta alguna".

Por ello, fuentes del ministerio urgen a las comunidades a firmar este acuerdo propuesto por Sánchez, que es "de mínimos y de sentido común, y que no busca otra cosa que garantizar el derecho a una vivienda digna para siempre".

Estas fuentes subrayan que se han mantenido contactos ya con el País Vasco, Catalunya, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia, la última en sumarse al acuerdo.

Estas comunidades, según Vivienda, han aceptado esta serie de propuestas por parte del Gobierno, que ha pedido aumentar la corresponsabilidad en vivienda para que las comunidades aporten el 40 % de los recursos y el Estado, el 60 %.

En caso de que las autonomías asuman esos compromisos, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, convocará una conferencia sectorial para abordar de forma conjunta el nuevo plan, mientras que, de lo contrario, las negociaciones se llevarán a cabo de forma bilateral, han incidido estas fuentes.

Así, han recalcado que el Estado tiene potestad para dirigir y condicionar las políticas de vivienda que se llevan a cabo con sus fondos, mientras que las comunidades "disponen de competencias, así como de autonomía fiscal y financiera, para desarrollar sus propias políticas de vivienda".

El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para favorecer el alquiler de viviendas a precios asequibles, que incluye medidas para limitar los pisos turísticos, frenar la compra de casas por los no residentes e incentivar la bajada de precios en los arrendamientos, informa EFE.

Los socialistas han registrado esta iniciativa tras una reunión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, acompañados de miembros de sus equipos.

Según el PSOE, las principales medidas son:

1.- Para limitar los pisos turísticos y la compra de vivienda por parte de no residentes:

- Subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, para que tributen como la actividad económica que son.

- Nuevo impuesto estatal para gravar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes, para evitar la compra especulativa.

2.- Para asegurar la permanencia del parque público de vivienda:

- Regulación de la transmisión a SEPES de suelos y Patrimonio del Estado para destinarlos a políticas de vivienda asequible.

- Modificación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para limitar permanentemente el precio de venta de las viviendas bajo la titularidad de SEPES, para proteger así la asequibilidad de las mismas.

3.- Para fomentar la bajada de precios en los alquileres y frenar la especulación:

- Modificación de la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (SOCIMI), que pasarán de tributar el 15% al 25%, salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible.

- Aumento de la tributación por vivienda vacía, para incentivar su salida al mercado del alquiler.

- Extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas que no hayan sido declaradas tensionadas.

4.- Otras medidas fiscales:

- Modificación de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas para ampliar a 2025 las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética.

- Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la colaboración público-privada en la construcción de vivienda y hacer frente al déficit habitacional.

- Actualización de las tablas del Incremento de Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

En declaraciones a las puertas del Ministerio tras la reunión con los representantes del PSOE, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha subrayado que con esta iniciativa ya está en marcha todo el paquete de medidas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado enero, y ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que la apoyen.

Tras apuntar que los socialistas "trabajarán esos apoyos", Rodríguez ha señalado que, aunque su departamento ya ha puesto en marcha medidas en favor de la vivienda asequible, "la acción del Gobierno requiere también de marco legal".

Tras incidir en que la situación de la vivienda en España "es de SOS" y requiere de "actuaciones contundentes" como son, a su juicio, las medidas fiscales que proponen contra la "especulación", la ministra ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Madrid que prohíba los 15.000 pisos turísticos ilegales que hay en la capital.

Desde el grupo parlamentario de Sumar, socio de gobierno del PSOE, su portavoz de Vivienda, Alberto Ibáñez, ha dicho a EFE que la iniciativa tiene algunas cosas que "les gustan", como el IVA a los apartamentos turísticos al 21 %, medida que, según recuerdan, ya propusieron ellos y los socialistas votaron en contra.

El diputado de Compromís ha señalado también que "no está mal que las socimis tributen un poco más", aunque ha recordado que su propuesta es eliminarlas. Sin embargo, ha criticado que los socialistas quieran "dar beneficios fiscales a los caseros por alquilar bien".

"Nada de subvencionar IRPF. Creemos que la mera concepción de la vivienda como un bien de mercado se aleja del derecho constitucional a una vivienda", ha recalcado Alberto Ibáñez.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que España no está en un escenario de burbuja inmobiliaria sino en una situación completamente opuesta y ha avanzado que su departamento ya está negociando con el Ministerio de Hacienda el nuevo paquete fiscal de "incentivos y desincentivos".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, la ministra ha indicado que en los años del "boom", a los que siguió el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, había créditos desorbitados y más oferta que demanda, mientras que ahora hay mucha prudencia en el crédito, se ayuda a los jóvenes con avales del 20 % a la compra y se necesita vivienda para atender la demanda priorizando la asequible.

A este respecto, ha agregado que de aquella "monumental" crisis perduran aún hoy las cicatrices y que mientras que 600.000 familias fueron desahuciadas entonces cuando había viviendas hoy faltan precisamente esas 600.000 casas. "La situación es muy distinta", ha subrayado.

Por otro lado, ha indicado que su departamento está negociado con el Ministerio de Hacienda la nueva bonificación fiscal en el IRPF cuando los propietarios bajen los alquileres, independientemente de que estén en zonas tensionadas, y que se está redactando y se llevará al Parlamento lo antes posible. Ha apuntado que no quieren que esta medida perjudique a las zonas ya declaradas tensionadas.

Además, respecto a los desincentivos fiscales para la compra de vivienda por parte de extranjeros no comunitarios no residentes, otra medida que como la anterior forma parte de la docena que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que se está estudiando cómo se va a hacer. En cualquier caso, y preguntada sobre si será un IVA del 100 % o vía impuesto de Transmisiones, ha insistido en que en todo caso se quiere desincentivar la inversión que no sea para vivir, con especial atención a lo que ocurre en Canarias o Baleares.

Todo ello, ha insistido, forma parte de un paquete de bonificaciones con "incentivos y desincentivos fiscales", en el que también figura el IVA para las viviendas turísticas para que sean consideradas como un negocio más.

Sobre si está demonizando a los fondos de inversión, la ministra ha subrayado que hay un clamor social para resolver el problema de la vivienda y que apoya las inversiones de los fondos en proyectos industriales, o en vivienda social y asequible pero no en bloques enteros, en referencia a la Casa Orsola de Barcelona, que buscan especular al considerar la vivienda como un activo financiero.

En este sentido, ha señalado que hay un stock de 500.000 viviendas y que se han descapitalizado en España 2,7 millones de viviendas protegidas, que a partir de ahora serán siempre de protección. "Desde el Gobierno no se podrá ni un euro, ni un suelo ni una vivienda que no sea para siempre pública", ha resaltado durante su intervención.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha visitado este jueves un proyecto de construcción industrializada en Madrid, ha defendido este modelo dado que reduce los tiempos entre un 20 % y un 30 %, conlleva menores costes, mejora la eficiencia energética y representa una calidad elevada.

Ha destacado que hay un desplazamiento desde la obra a la industria, lo que redunda en más seguridad, mayor inclusión laboral, mejor cualificación de los trabajadores y mayores salarios. El Gobierno, que ha anunciado un PERTE para la industrialización de la vivienda en Valencia, cree que hay recorrido al alza para que el sector represente hasta el 9 % del PIB.

El curso político ha arrancado de lleno con la vivienda como principal foco de los partidos políticos. El Gobierno y el PP han puesto encima de la mesa con pocas horas de diferencia los modelos con los que quieren hacer frente a una crisis que ya se ha situado como la segunda principal preocupación de los ciudadanos en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Modelos económicos, pero también ideológicos.

La vivienda es la protagonista de una crisis que tiene especialmente incidencia entre los jóvenes, pero con una afectación que se nota ya en muchas capas de la sociedad que ven cómo se marcan precios históricos en la compra y en el alquiler a la vez que las grandes ciudades están expulsando a sus vecinos de las zonas del centro, que se han convertido en un mercado dominado por inversores millonarios y fondos extranjeros.

La Moncloa y el Ministerio de Vivienda han diseñado un plan con medidas sin precedentes para hacer frente a la situación, que afecta de lleno al corazón del electorado progresista (mucho más preocupado que el de derechas por esta cuestión, según las encuestas). El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentó las doce medidas este lunes junto a la plana mayor del Gobierno en un acto al que se le ha dado una enorme importancia en el Ejecutivo.

El Gobierno ha marcado una hoja de ruta con el principal objetivo de aumentar el parque público de vivienda, muy inferior al de otras naciones del entorno como Francia y Países Bajos. El modelo se va a pivotar especialmente desde la nueva empresa pública de Vivienda (que pone sus cimientos en SEPES), a la que se van a transferir próximamente 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados. Además, tendrá prioridad a la hora de adquirir inmuebles. Una de las grandes obsesiones del Ejecutivo es que a partir de ahora se blinde la titularidad estatal de las futuras construcciones protegidas.

El plan, que se ha diseñado de manera discreta y concienzuda por expertos y el Gobierno, conlleva también un PERTE de vivienda, un sistema de garantías públicas para propietarios e inquilinos para el alquiler asequible, un nuevo plan estatal de vivienda y desbloquear la ley del suelo que quedó varada en el Congreso tras el rechazo del PP y de Sumar.

El Ejecutivo también quiere implantar medidas sin precedentes en España como la limitación de compra de vivienda para los extranjeros no comunitarios y no residentes (un modelo que funciona en países como Canadá y Dinamarca) y la exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen su vivienda en base al índice de referencia sin necesidad de estar en una zona tensionada. Asimismo, el plan responde a la filosofía, como dijo el propio Sánchez, de “sobran Airbnbs y faltan viviendas”. Por ello, se propondrá al Congreso que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística. 

El Gobierno se compromete además a condicionar las ventajas fiscales de las socimis a la promoción de vivienda en alquiler asequible y a endurecer la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada, además de crear un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda. 

La coalición apuesta por este modelo en vivienda frente al de la burbuja y el pelotazo que se instaló durante años en España en la época del boom inmobiliario. En el Ejecutivo indican que no se puede volver a caer en los errores del pasado y contraponen su hoja de ruta a la marcada por Alberto Núñez Feijóo y sus barones durante el fin de semana en el encuentro que tuvieron en Asturias.

El PP quiere derogar la ley de vivienda (que permite limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas) y promover una reforma de la ley del suelo para facilitar la gestión del mismo y que haya una mayor agilidad administrativa. Además, los populares en la Declaración de Asturias se comprometen a exigir el desbloqueo de la ley antiokupas para que puedan desalojarse en 24 horas y poner a disposición del sector todo el suelo público posible para viviendas de alquiler un 30% más barato que la media del mercado. 

El plan de Alberto Núñez Feijóo tiene también como principal sustento las rebajas fiscales con la gran bandera de la reducción al 4% del impuesto de transmisiones patrimoniales a los jóvenes (una competencia autonómica). Asimismo, apuestan en el PP por establecer deducciones por compra y arrendamiento de primera vivienda habitual y para particulares que alquilen sus casas para vivienda habitual del inquilino o que movilicen sus pisos vacíos desde hace dos años para arrendamiento. La declaración contempla un tipo reducido en la transmisión de viviendas con protección pública (impuestos de Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones) y la revisión en profundidad de los impuestos que gravan el desarrollo de suelo y la construcción de vivienda nueva asequible, para relanzar la actividad promotora y reducir el coste de producción de la vivienda.

El Gobierno y el PP han puesto en el ring político esos dos modelos. Los populares acusaron a través de su portavoz, Borja Sémper, al Ejecutivo de hacer “más política intervencionista”. “Lo que queda acreditado por la experiencia es que manosear el mercado lo que genera es precios más caros y menos oferta", señaló el dirigente conservador.

El análisis que hace el Gobierno, al contrario, es que el modelo del PP supone volver a la época de la burbuja alimentada por la administración de José María Aznar. El propio Sánchez, durante el acto, criticó la “política nefasta del pelotazo” promovida por los gobiernos populares que llevó a un sistema “injusto y fallido”. El jefe del Ejecutivo rechazó la vía de “desregular” que imperó en la época del PP, también con Mariano Rajoy al frente de La Moncloa, y lamentó que los gobiernos conservadores entregaran a fondos buitres las casas de protección oficial que se habían construido, abrieran las puertas de las ciudades de “par en par” a empresas de alquiler turístico y aprobaran las llamadas golden visa que "animaban a millonarios extranjeros a especular". Este modelo también fue definido por el titular de Transportes, Óscar Puente, que indicó al conocer la propuesta de Génova 13 que es volver al “todo urbanizable de Aznar” y a la "especulación que nos costó la ruina de 2008 a 2015 y la quiebra de cajas de ahorros y el rescate bancario que pagamos todos de nuestro bolsillo".

La Moncloa se mueve en políticas de vivienda presionada tanto por sus votantes como por los socios de coalición, que llevan meses poniendo en su punto de mira a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. El titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, celebró el “cambio de discurso” del PSOE pero cree que se debe ir más lejos con medidas como  la prohibición de las compras especulativas a todos los ciudadanos.

En Podemos han criticado duramente los anuncios del presidente con su líder, Ione Belarra, haciendo esta valoración: “Hemos pasado de pedir solidaridad a los caseros a regalarles dinero público de todos y todas para que bajen los precios. Este Gobierno va de mal en peor y está jugando con fuego”. Desde ERC, Gabriel Rufián, sostuvo: “El Gobierno debería grabarse a fuego que por encima del derecho a enriquecerse de alguien con diez viviendas está el derecho de alguien a tener una vivienda digna. Llegan tarde y se quedan cortos. Habrá que ir más allá”. También reaccionó Oskar Matute, de EH Bildu, que indicó que algunas medidas van en la “buena dirección” pero “otras como aplicar exenciones fiscales a propietarios que han estado cobrando alquileres abusivos y desproporcionados van en la dirección contraria”.

La entidad estatal de suelo Sepes se transformará en la gran empresa estatal de vivienda que anunció el presidente Pedro Sánchez el pasado domingo y su objetivo será promover, construir y gestionar 1,5 millones de viviendas asequibles "en el menor tiempo posible".

Así lo ha indicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista en TVE que ha recogido EFE, en la que ha explicado que esta empresa abordará de manera integral todas las capacidades que tiene la Administración General del Estado, desde la urbanización del suelo público, a la construcción, movilización y gestión de viviendas, tanto en compra como en alquiler.

La nueva empresa, en la que el Gobierno lleva trabajando un año, "reunirá bajo un mismo paraguas todas las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años por las distintas administraciones para darles un impulso, utilizando como germen la entidad del suelo Sepes, para abarcar también la promoción de vivienda de alquiler asequible", ha afirmado la ministra.

El nuevo instrumento incorporará también la Sareb y entregará las primeras viviendas en el plazo de un año, en concreto las 25.000 que se están levantado por convenios con los ayuntamientos en el marco del plan de recuperación, de un total de 80.000 que están en fase de construcción y movilización.

La ministra ha puesto como ejemplo las 10.000 viviendas que se construirán en Madrid, en el nuevo barrio de Campamento, que prevé tener listas en 2027. Esta sería una obra completa, desde la organización del suelo hasta la puesta a disposición del público, ha explicado.

Rodríguez ha renovado además su compromiso de que el nuevo reglamento para perseguir el fraude en los alquileres turísticos y de temporada, que está pendiente del informe del Consejo de Estado, se apruebe en el Consejo de Ministros antes de fin de año, para que entre en vigor en 2025.