“La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que, todavía hoy, sigo escuchando. No fue un ruido especialmente fuerte, pero fue definitivo. Quince días antes estaba sentado en una mesa donde se tomaban decisiones que afectaban a todo un país. Quince días después, estaba solo, en nueve metros cuadrados, intentando entender cómo había llegado hasta allí. Ese contraste no es progresivo, es violento”.

Así describe el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán su ingreso en prisión. Y lo hace en el libro La caída: poder, relato y destrucción en la era del juicio político, escrito en buena parte en Soto del Real. Un texto autoeditado y distribuido a través de Amazon en el que se presenta principalmente como víctima de un “juicio político” y en el que plasma su particular visión del poder, la justicia y los medios de comunicación, además de reivindicar el principio de la presunción de inocencia.

Cerdán plantea como principal idea que su caída en desgracia política y judicial se debe a su papel para construir mayorías que parecían imposibles, como la de la investidura de Pedro Sánchez después de las elecciones del 23J. Y pone también el foco en una supuesta operación contra él por ser el encargado de negociar durante estos años con el PNV y con Junts, dos formaciones clave para sustentar al socialismo en el Palacio de la Moncloa.

Pero los silencios y omisiones son también muy elocuentes. No hay ninguna mención a la exmilitante Leire Díez, con la que supuestamente orquestó una operación para boicotear investigaciones judiciales relacionadas con el Gobierno y con el PSOE. Tampoco hace mención al exasesor Koldo García, con el que supuestamente formó parte del entramado para cobrar mordidas por adjudicaciones de contratos de obra pública. Un libro que respira aire de defensa ante los tribunales.

A José Luis Ábalos, su gran compañero durante años en el partido y ahora condenado a 24 años de prisión por el caso Mascarillas, solo lo cita una vez con su apellido en todo el libro. En concreto, lo hace al recordar el momento de la reunión en Ferraz capitaneada por Pedro Sánchez para decidir si se presentaba la moción de censura, que posteriormente marcaría el giro inesperado que ha determinado la política española desde junio de 2018.

Lo que sí quiere dejar por escrito el navarro es su versión de que fue él quien decidió dimitir de su cargo como secretario de Organización el mismo día que se publicó el informe de la UCO sobre sus actividades. Relata que lo leyó en su escaño en el Congreso, durante la sesión plenaria: “El hemiciclo sigue ahí, yo ya no”. “Lo que leo no tiene sentido, interpretaciones sin sustento, afirmaciones que no reconozco y, sobre todo, unos audios que no son conversaciones mías”, afirma.

Según Cerdán, se fue posteriormente a su despacho en la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz y allí tomó la decisión, junto a su equipo, de dejar su puesto orgánico y su escaño en el Congreso. Deja esta idea: “Nadie me pidió la dimisión. Fue una decisión propia, convencido de que era mi obligación, de que era la única forma de poder defenderme”.

En ese momento, prosigue Cerdán, recibió otra llamada de Sánchez para pedirle que fuera a Moncloa. Relata entonces: “Le explico lo que estoy leyendo, que las acusaciones son muy graves, que no las reconozco, que no tiene sentido. Pero también le digo que tengo la decisión de dimitir tomada”.

Pero lo peor, añade Cerdán, no fue la caída “institucional”, sino la “personal, emocional y vital”. Ahí sí expresa su pesar por la decisión del PSOE de que el abogado del partido dejara de representarlo y le comunicara que debía buscar una defensa por su propia cuenta. “Me encontré solo”, escribe, para luego hablar del “golpe definitivo” cuando el Tribunal Supremo ordenó su ingreso en prisión.

“Nadie ha explicado qué pruebas podría destruir ni por qué ese riesgo era real para justificar una medida tan extrema como la entrada en prisión”, se queja Cerdán, quien dice que no quiso ni comprar una televisión en la cárcel para no ver el tratamiento mediático que estaba recibiendo.

Cerdán carga contra el ecosistema de justicia y medios: “La combinación de filtraciones selectivas, investigaciones prolongadas y cobertura mediática masiva genera un entorno en el que la sospecha se transforma en una verdad socialmente aceptada. A partir de ahí, la justicia deja de percibirse como proceso y pasa a convertirse en escenario”.

Su reflexión pasa por esta línea: “Se utiliza la justicia como instrumento de gestión y de comunicación. El objetivo es influir en la opinión pública y generar un determinado clima social, para lo cual se instrumentaliza el derecho dentro de una guerra política mucho más amplia que mi caso”. Con esta apreciación: “Y cuando esto sucede, nadie, y digo nadie, está completamente a salvo”. Para lamentar también que el informe “demoledor” de la UCO sobre él ya se venía anticipando en la prensa desde un año antes de su publicación.

Asimismo, también habla de los momentos elegidos para ir contra él y pone, como ejemplo, la publicación de una noticia sobre el supuesto pago de Víctor de Aldama de una comisión de 15.000 euros en un bar cercano a la sede del PSOE. Esa noticia apareció justo cuando iba a arrancar el congreso federal en Sevilla, en el que Cerdán fue reelegido secretario de Organización. 

Cerdán alimenta en el libro la idea de que su caso forma parte de un juicio político contra él principalmente por haber armado esas mayorías “imposibles”, especialmente a través de su conexión con el PNV, EH Bildu y Junts. Sobre los nacionalistas vascos, cuenta cómo cerró el apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy la noche anterior, aunque se pactó que fuera Aitor Esteban el que anunciara su voto durante la propia sesión plenaria.

Pero, añade el exdirigente socialista, “un antes y un después” de su vida fue la relación con Junts. Fue un encargo directo de Sánchez, pero mucho antes de la investidura. El jefe del Ejecutivo le pidió abrir una vía de diálogo ya pensando que los posconvergentes serían necesarios después de las elecciones generales de 2023. Ese acercamiento se inició con la ayuda del PNV, que sirvió de contacto para que el entonces secretario de Organización se viera con Jordi Turull en Bilbao por primera vez. 

Hubo conversaciones muy discretas durante meses. El otro gran punto de inflexión fue la reunión con Carles Puigdemont en Bruselas, con foto incluida. Para Cerdán, aquel acuerdo “simbolizó un cambio de etapa” porque abrió la puerta a la investidura de Sánchez y a la Ley de Amnistía, “con todo lo que ello acarreaba”. “Todo se puso en marcha aquel día”, dice.

Según Cerdán, “los ciudadanos no votan para el conflicto, sino para que se resuelvan sus problemas”. “Pero esa forma de entender la política tiene un precio. Porque moverte entre posiciones distintas, construir acuerdos y hacer posible lo que otros consideran imposible también genera incomodidad”, remarca.

Por eso, el ex secretario de Organización del PSOE abona esta tesis del juicio político con frases crípticas como que el “contexto” hace que la “caída parezca un hecho aislado, cuando en realidad no lo es”. Y remata: “Es el resultado de una trayectoria, de un rol y de un conjunto de dinámicas que en algún momento convergen y lo hacen sin avisar”.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se habría reunido al menos tres veces con Leire Díez, la supuesta fontanera que actuaba a las órdenes de Santos Cerdán para tratar de desactivar causas abiertas al PSOE y al Gobierno. Lo dicen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano del cuerpo policial que investiga los principales casos de corrupción y cuyos agentes, en última instancia, dependen de ella. Al mismo tiempo, varios mandos principales de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, se encuentran entre las víctimas de las maniobras de Díez que se investigan en ese mismo caso. Otro de los perjudicados por las artimañas de la supuesta fontanera y su grupo, según el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, sería el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, del que buscaron información comprometedora para, supuestamente, tratar de torcer sus investigaciones. La UCO es la unidad en funciones de policía judicial en la investigación de la trama y Anticorrupción ejerce la acusación pública en el caso.

El auto por el que Pedraz mandó el pasado 26 de mayo a la Guardia Civil a la sede del PSOE y a la propia dirección general del cuerpo policial para requerir documentación relataba, entre las gestiones supuestamente ilegales de Díez, la promesa de favores al exmiembro de la UCO implicado en el caso Koldo Rubén Villalba. La enviada de Cerdán le ofreció, según las actas que redactó el agente tras sus encuentros con ella, desde un puesto como asesor en la dirección general de la Guardia Civil hasta sufragar su defensa o devolverle la trayectoria profesional truncada por el caso de corrupción en el que estaba incurso. A cambio, Villalba debía proporcionarle información comprometida de mandos de la UCO, como el teniente coronel Antonio Balas o el capitán Juan Vicente Bonilla.

De Villalba, según consta en el sumario, no consiguió nada. Pero sí de otro guardia civil imputado en el caso Hidrocarburos, el capitán Juan Sánchez Yepes. "Mira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley", le dijo Yepes a Díez, según el auto del juez de la Audiencia Nacional. "Porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet", añadió. Pese a ello, según el instructor, accedió a informarle sobre la estructura interna de la unidad así como aportando datos de algunos de sus miembros, centrándose sobre todo en el teniente coronel jefe del departamento de Investigación Económica y Anticorrupción del grupo policial, Antonio Balas. "A raíz de esa reunión, el teniente coronel pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", aseguraba el instructor en su resolución del 26 de mayo.

Varios magistrados del orden penal de diferentes tribunales, alguno con varios años de experiencia en la Audiencia Nacional, aseguran que el hecho de que la Guardia Civil y, en concreto, varios responsables de la UCO, fueran las presuntas víctimas del grupo de fontaneros liderados por Díez, podría generar un conflicto de intereses que afectaría a la actuación de esa unidad en funciones de policía judicial en el caso. Esa posible afectación a la apariencia de imparcialidad de los agentes también podría derivarse de que parte de la investigación se focaliza en la máxima responsable del cuerpo, la directora general Mercedes González, a la que por el momento el juez no imputa ningún delito, en relación con el intento de la trama de Leire Díez para que se abrieran expedientes disciplinarios por filtraciones periodísticas a miembros de la UCO.

Los jueces consultados, alguno de ellos con experiencia de varios años en la Audiencia Nacional, recuerdan que en los casos en los que se ven afectados miembros de los diferentes cuerpos judiciales, la investigación se suele encargar a otra fuerza policial. Así se hizo, por ejemplo, en el caso de la fuga de otro antiguo director general de la Guardia Civil (en varios Gobiernos de Felipe González), Luis Roldán, fugado a Laos, donde finalmente fue arrestado, tras su implicación en un caso de corrupción. La investigación de su caso y su detención fue encomendada por la instructora –la actual magistrada del Supremo Ana Ferrer– al Cuerpo Nacional de Policía.

Un caso más cercano en el que también se produjo un conflicto similar fue el caso Faisán, que investigó el chivatazo a un miembro de la red de extorsión de ETA para que no fuera al lugar al que iba a ser detenido en medio del proceso de paz que terminó con la actividad de la banda terrorista. En esa causa, pese a que los principales investigados eran policías, fue ese mismo cuerpo el que investigó, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia puso en duda la imparcialidad del equipo policial investigador. El resultado fue que el instructor del caso, por entonces Pablo Ruz, tuvo que entregar a la UCO todos los informes redactados por la Policía. La unidad de élite de la Guardia Civil, finalmente, validó la investigación de sus compañeros del otro cuerpo de seguridad.

Entre los perjudicados por Leire Díez también aparece en los autos el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La fontanera, según se desprende del sumario del caso y del auto de Pedraz, trató de sobornar con supuestos favores, ascensos o promociones profesionales a otros fiscales que son o han sido subordinados de Luzón, como José Grinda o Ignacio Stampa. Ambos miembros del Ministerio Público, que se negaron a acceder a lo que la fontanera les solicitaba y denunciaron los encuentros en Fiscalía. El caso terminó en manos del juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego, el que lo instruía anteriormente y al que Pedraz ha solicitado la inhibición porque entre los delitos que se imputan, hay uno –delito contra las instituciones del Estado– cuya competencia corresponde en exclusiva a la Audiencia Nacional.

Que Luzón haya sido uno de los supuestos perjudicados por las gestiones de Díez no significa que la fiscalía que dirige, Anticorrupción, no pueda seguir actuando en el caso Leire Díez. Las fuentes fiscales y judiciales consultadas explican que, en caso de aparecer un conflicto de interés, las causas de abstención y recusación solo actuarían sobre la persona afectada. Es decir, si se demostrara que, efectivamente, Luzón ha sido víctima, el deber de abstención recaería únicamente sobre él, y no sobre la fiscalía especial que dirige. En el caso concreto que investiga Pedraz, es Anticorrupción quién actúa como Ministerio Público, pero no es el máximo responsable de ese departamento quien lleva el caso, sino otras dos fiscales de ese mismo organismo.

El levantamiento del secreto de sumario del caso Leire Díez ha puesto en el ojo del huracán a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Y supone un torpedo político, con la derecha apretando para que deje su cargo al frente de la Benemérita por la trama liderada por Santos Cerdán para tratar de torpedear investigaciones judiciales en torno al Gobierno y al PSOE.

González era un nombre desconocido para la mayoría de la sociedad, pero es una figura muy vinculada con el presidente, Pedro Sánchez. Ella ha sido uno de sus grandes apoyos desde el inicio de su carrera política y han caminado juntos en el siempre tumultuoso PSOE de Madrid. No es una persona que se acercara al presidente por su liderazgo en el partido o su salto a la Moncloa, sino que la confianza se labró mucho años atrás en el Ayuntamiento de Madrid.

Ella es una de las personas que mueve con más fuerza los hilos dentro del PSOE de Madrid, enmarcada dentro del grupo de los simanquistas. El propio presidente la eligió para dos de sus anteriores puestos. Cuando era concejala del Ayuntamiento de Madrid, Moncloa la requirió para ser la delegada del Gobierno en Madrid, con una misión muy clara: hacer frente con su estilo directo y punzante a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Y, más tarde, fue reclamada para ocupar la Dirección General de la Guardia Civil, después de la marcha abrupta de María Gámez.

González aparece ahora en el sumario del caso Leire Díez por haber mantenido tres conversaciones al menos con la exmilitante socialista, a la que la UCO sitúa como la número dos de Cerdán en esta supuesta trama contra jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

La directora general de la Guardia Civil guarda silencio públicamente desde que se hiciera público el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, aunque desde su entorno se niega que haya participado en cualquier tipo de operación para obstaculizar precisamente las labores del cuerpo.

La UCO sospecha que la directora de la Guardia Civil activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp con Díez. Para la Unidad, la exmilitante “estaría haciendo llegar” a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

González mantiene el respaldo del Gobierno en estos momentos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la defendió de manera cerrada este jueves y negó tener constancia de algún tipo de presión sobre la Unidad Central Operativa: "Vuelvo a decir que no he conocido, y si la hubiera conocido, no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil".

La dirección del PSOE señaló, tras el requerimiento de información de la UCO, que analizaría el sumario, una vez se conociese, y que tomaría entonces las decisiones pertinentes respecto a algunos de los citados en el auto. Por el momento no se ha movido ninguna ficha y Ferraz mantiene en sus puestos tanto a la gerente, Ana María Fuentes, como al responsable de Política Municipal, Juan Francisco Serrano.

El levantamiento del sumario ha puesto también el nombre de González en la primera línea. Ella también fue la líder del PSOE de Madrid ciudad y estuvo a punto de ser nombrada candidata para la alcaldía de la capital, aunque finalmente el PSOE optó a última hora por Reyes Maroto, que era entonces ministra de Industria, Turismo y Comercio. La directora de la Guardia Civil sigue teniendo poder de influencia y consiguió colocar a algunas de sus personas de confianza en la Comisión Ejecutiva autonómica que lidera Óscar López.

En el sumario se recoge una conversación de Díez en la que se vanagloria ante varios interlocutores, entre ellos un excapitán de la UCO, de que González es una persona de su “confianza”. E incluso llega a decir que su siguiente llamada será a la directora general de la Guardia Civil. Además, en uno de los informes de la policía se incluye que la exmilitante fue multada por mal aparcamiento en una de las visitas que presuntamente le hizo a González.

La multa la recibió el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que se la reenvió a Díez en un correo electrónico junto al siguiente mensaje: "He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la directora general de la GC. ¿Te la pago con descuento?".

El jueves por la noche fuentes de la Guardia Civil explicaron la versión de González: “Conoció a Leire Díez en su etapa de delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos”. Esta relación fue “tan solo mediante intercambios de whatsapps, relativos a las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa, que provocaron manifestaciones y concentraciones en sus diferentes sedes”.

Según las fuentes, hasta ese momento nunca había tenido contacto con ella ni la conocía.. Añaden: “Tras su nombramiento como directora general de la Guardia Civil, Díez se pone en contacto para mantener un primer encuentro en el que le traslada su nueva situación laboral y en el que se limita a contarle que está ejerciendo de freelance, recuperando así su labor en el mundo del periodismo, sin especificar ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid”.

Las fuentes recalcan que este encuentro se realizó en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil: “Se ven personalmente por primera vez, y no se habla de nada relacionado con el trabajo que desempeña este Cuerpo. Tras un encuentro rápido, de apenas unos 15 minutos, la directora entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento”.

“Respecto de un posible segundo encuentro de haberse producido, habría sido de las mismas características y contenido que el primero”, señalan desde la Guardia Civil. Y detallan que, pasados varios meses, Díez contacta con la directora “proponiéndole verse, aprovechando que se encuentra en Madrid”. La cita se anula por la enfermedad de un familiar, lo que le obliga a permanecer en Cantabria. 

El relato del entorno de González continúa así: “Esa cita se retoma tiempo más tarde, desarrollándose en las mismas circunstancias que las anteriores, sin alusiones al trabajo de la Guardia Civil, ciñéndose a una conversación sobre su situación familiar, anteriormente mencionada”. Y añaden: “En un momento, Díez le plantea a la directora que tiene que hacerle una petición relativa a su trabajo, preguntándole si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo. Una petición que la directora rechaza de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

Las fuentes precisan que, tras este encuentro, Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil no vuelven a mantener encuentro alguno: “Cuando en los medios de comunicación se hizo pública la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil, la directora general se reunió personalmente con los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado, mostrándoles su máximo apoyo y respaldo, así como su confianza en el trabajo y la labor que estaban desempeñando”.

Por todo ello, el entorno de González afirma que “jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”. Con el mensaje de que la directora general “respeta y admira” a la institución. Además, ella asegura que “jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo, como muestra de su respeto absoluto y confianza a la labor de Policía Judicial”.

El Partido Popular se ha lanzado de lleno contra González tras conocerse el sumario. La vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP, Alma Ezcurra, opinó que la directora de la Guardia Civil "está tardando en marcharse" por "intentar laminar" a sus propios compañeros, a la vez que reiteró que debe dimitir Grande-Marlaska porque "ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca". 

La vicesecretaria del Partido Popular tachó de “delincuencia de Estado” lo que se está conociendo en el caso Leire Díez porque, en su opinión, se ha utilizado el Gobierno para atacar a los contrapoderes democráticos y se ha perseguido “al que estorba”.

Vox ha ido incluso más lejos y ya ha pronosticado una posible investigación sobre Pedro Sánchez. Su secretario general, Ignacio Garriga, afirmó que hay "sobrados indicios" para que el presidente del Gobierno "se siente ante un tribunal" por los casos que afectan al PSOE: "Esperamos que en los próximos días u horas sea Sánchez el siguiente imputado". Su relato pasa por esta línea: "No estamos ante el caso Leire, ni el caso Ábalos, ni el caso Begoña, ni el caso David Sánchez, estamos ante el caso PSOE, el caso Pedro Sánchez. Es evidente que todas las vías de corrupción acaban en el 'uno' de la Presidencia del Gobierno y en el 'uno' en la Secretaría General del PSOE". 

"Soy una bocazas. Me he llamado a mí misma bocazas un millón de veces". Esta confesión –o quizá mejor, justificación; quién sabe si una suerte de coartada– se la soltó Leire Díez al diario El País días después de la operación comandada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mandó el 27 de mayo a la UCO a la sede central del PSOE. A Ferraz. Y a recabar pruebas contra ella. Si su objetivo, siempre a las órdenes del ex secretario de Organización y también imputado en el caso Koldo, Santos Cerdán, era acabar con los procesos e investigaciones que, desde la cuestionada imputación de Begoña Gómez, ha encadenado su antiguo partido y el Gobierno, el resultado no ha podido ser peor.

Los brazos del aparato del Estado a los que Díez echaba la culpa de actuar en campaña contra su antiguo partido y cuya voluntad trataba de doblegar con supuestas artimañas ilegales –la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y hasta los propios jueces, según la investigación– han terminado volviéndose contra ella y sus compañeros en la supuesta trama que se investiga. Será la Justicia la que decida si ha cometido los delitos que le imputan, pero el sumario retrata a alguien con un carácter desmesurado, que se vanagloria ante sus víctimas de un poder y una influencia exagerada y a los que se dirige con una temeraria verborrea.

El Gobierno y el PSOE han tratado de cortar la hemorragia situando la culpa de todo en Cerdán, una rama ya podada tras su implicación en la trama de corrupción que, junto a José Luis Ábalos y su asesor Koldo orquestaron en el Ministerio de Transportes. Díez, argumentan en el partido, colgaba de él. Pero si se demostrara que el origen de todo estaba más arriba y que actuaba a órdenes de la cúpula, la reputación de los máximos responsables socialistas quedaría muy maltrecha más allá de su hipotética responsabilidad penal.

Porque Díez se enfrentaba con esa peligrosa suficiencia y superioridad a personajes que se las sabían todas y a los que, según los investigadores, ofrecía tratos ilegales. A fiscales, como José Grinda, que se enfrentó a la mafia rusa; o a Ignacio Stampa, que destapó las cloacas del Estado. A guardias civiles especialmente entrenados para detectar cualquier indicio de corrupción. Incluso a personajes especialmente peligrosos para los intereses del PSOE, como el propio comisario jubilado José Manuel Villarejo, que utilizó recursos del Estado para extorsionar a jueces, fiscales, políticos y empresarios a través de sus famosas grabaciones y otros medios ilegales.

Uno de los pasajes en los que se aprecia esa temeridad se refleja en las actas que el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, redactó tras sus dos encuentros con Díez en los que, supuestamente, le pidió que declarara contra el confidente del caso, Víctor de Aldama. Según el agente, la enviada socialista –que obviamente no midió bien con quién trataba– le aseguró que fue ella la que eligió a los abogados de Ábalos y Koldo y que ella misma diseñaba su estrategia de defensa.

Entre los ofrecimientos que supuestamente hizo a Villalba para lograr su colaboración estaba el de convertirlo en asesor de la directora general de la Guardia Civil. El poder en el seno del cuerpo policial que quiso mostrar en esa reunión, le llevó a decir que el próximo director adjunto operativo (máximo cargo funcionarial) de la Benemérita lo iba a nombrar ella. Ante el agente, Leire Díez se habría atrevido a difamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que señala como responsable del "desgaste" del Gobierno. De varios mandos de la UCO dijo que estaban a sueldo de Repsol y a otros les acusó de fabricar pruebas falsas en la operación Cataluña.

Díez, además, alardea en todo momento de tener en su poder informaciones impactantes. Como pruebas de la supuesta presencia de mandos de la UCO en locales con mujeres prostituidas. O de que, durante algunas de las investigaciones, el cuerpo había recurrido a sistemas de intercepción telefónica supuestamente ilegales. Del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dice que es "afín al PP" y que se convertirá en fiscal general del Estado "cuando Feijóo llegue al Gobierno".

También hace vaticinios que se han demostrado falsos. Como que el caso Mascarillas –cuyo juicio acabó hace unas semanas y en el que Ábalos, Koldo y Aldama se sentaron en el banquillo– no llegaría a ninguna parte. "Sobre Santos Cerdán", escribe Villalba, "tienen plena confianza en él y según ellos no va a caer por más contaminación o informaciones que salgan y le afecten". "Tiene la confianza plena de la estructura", añade. Cerdán pasó casi cinco meses en prisión tras resultar imputado en el caso Koldo.

A Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad del PP y acusado en el caso Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas, le aseguró que la información que le facilitara la enviaría "a los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto". A lo que luego añadió que los que le habían hecho ese encargo "se encuentran en la calle Ferraz [sede central del PSOE] comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz".

“La UCO registra la sede del PSOE por financiación irregular”. Las alertas saltaron en las pantallas de los móviles el miércoles por la mañana. Miles de dispositivos. Los socialistas, atónitos a lo largo y ancho de España. Y más allá: Pedro Sánchez estaba a esa hora entrando a ver al papa en audiencia en el Vaticano. El pánico se adueñó de los diputados que en Madrid se sentaban a primera hora en sus escaños para la sesión de control al Gobierno. Mientras, en el pasillo, Alberto Núñez Feijóo (PP) daba por muerto al Ejecutivo y exigía ya elecciones.

El PSOE ha vivido muchas convulsiones en el último año. Pero este escalofrío era paralizante. Apenas horas antes se había hecho público el sumario que investiga el juez José Luis Calama, que ha derivado, por el momento, en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha provocado un desgarro moral para muchos en el partido.

Pero el contenido de esa alerta lanzada por varios medios no era cierto. El registro era, en realidad, un requerimiento de información. Y la trama de financiación irregular –la línea roja puesta por sus socios en el Congreso– derivaba en un caso de supuestas actividades para obstaculizar investigaciones judiciales por parte del ex secretario de Organización Santos Cerdán a través de Leire Díez principalmente. Una figura berlanguiana que provoca vergüenza entre muchos dirigentes y militantes.

El PSOE vive en estos momentos en una “montaña rusa”, como señala una fuente de la dirección socialista. Las sensaciones se acumulan, se superponen, se entrelazan, se disocian. Por un lado, nadie resta gravedad a lo que se está investigando, pero, a la misma vez, se extiende la sensación generalizada de persecución y de ser objeto de una operación de acoso y derribo para hacer caer al Gobierno. 

En los despachos del Palacio de la Moncloa y de la calle Ferraz se respira este espíritu: son días muy duros, pero hay que afrontarlos con mucha cautela, analizando todos los detalles judiciales, dimensionando y contextualizando cada auto y evitando dar pasos en falso. Con la convicción de que la derecha mediática y política, en connivencia con algunos sectores judiciales y económicos, quiere hacer caer al Gobierno antes de que llegue el verano. 

El mensaje que sale de los centros del poder socialista es rotundo: se mantiene firme la idea de que hay que agotar la legislatura. El presidente sigue teniendo en la cabeza que las elecciones se celebren en verano del año que viene. Sánchez protagonizará este domingo su primer acto de partido tras conocerse el auto del juez Santiago Pedraz con la clausura del congreso de Juventudes Socialistas, una organización que tendrá a partir de ahora por primera vez al frente a una mujer, Aránzazu Figueroa. Y ya ha pedido el jefe del Ejecutivo comparecer en el Congreso, como exigían sus socios. Pero no lo hará hasta después del 19 de junio, una vez se haya celebrado el Consejo Europeo en Bruselas y haya comparecido ante el juez Rodríguez Zapatero.

En la dirección del PSOE reconocen que el golpe es “monumental”, tanto por la imputación de Zapatero como por la supuesta trama pilotada por Santos Cerdán, y recalcan que están a la espera de que se levante el secreto de sumario respecto al caso Leire Díez. Entonces, una vez analizados todos los documentos, darán explicaciones. Siguen remarcando en el núcleo duro de Ferraz que el partido no ha amparado ni ha colaborado en esas supuestas actividades para poner trabas a la justicia. 

En el círculo íntimo del presidente, no obstante, remarcan que no tiene intención de adelantar las elecciones. “Está fuerte y decidido a acabar la legislatura. Va a seguir trabajando, lo tiene claro”, dice una de sus personas de máxima confianza con la que he compartido estas reflexiones en las últimas horas.

Ahora los socialistas viven pendientes de acceder al sumario sobre el caso Leire Díez, cuya integridad se conocerá previsiblemente a principios de la semana que viene, y de la declaración de Rodríguez Zapatero, que ha sido aplazada, a petición del expresidente, a los próximos días 17 y 18. En el partido contienen la respiración y cruzan los dedos para que el que fuera su líder esclarezca todos los frentes en la Audiencia Nacional. La sensación en el partido la reflejaba así en un tuit el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo: “A pesar de lo dicho sobre Zapatero, no me conformo con aceptarlo sin más. Sigo creyendo que el amigo al que conocí hace ya mucho tiempo no es el que ahora me cuentan. Equivocarme sería uno de los peores golpes de mi vida”.

Todos pendientes de los tribunales y también del palpitar interno del partido. La tormenta judicial, por el momento, solo ha provocado reacciones contra Sánchez de manera pública por habituales como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de León, José Antonio Díez, que ha insistido en que se debe celebrar un nuevo congreso para reorganizar el partido. 

Pero, a la vez, también se está despertando un fuerte sentimiento de resistencia entre muchas capas de cargos y, sobre todo, de militantes del partido. En la dirección socialista rememoran la imagen del miércoles, mientras la UCO estaba dentro de la sede, del exmagistrado José Folguera Crespo acudiendo a la puerta para mostrar su apoyo y tratar de sacarse el carné del partido: “Ya estoy jubilado y me puedo afiliar, esto es una operación contra el PSOE”.

Las redes se han llenado de mensajes de militantes y simpatizantes pidiendo a la dirección que aguante y denunciando la ofensiva de la derecha para hacer caer el Gobierno bajo lemas como “El que pueda votar, que vote” o “Afíliate”. Y, de hecho, dentro del partido y con mucha cautela, no son pocos quienes opinan que puede haber un efecto rebote y que muchos votantes de izquierda se movilicen al ver lo que está pasando con el socialismo. Miembros de la dirección confiesan que reciben mensajes de conocidos que no están afiliados mostrando su apoyo. Los simpatizantes se revuelven ante las declaraciones de José María Aznar, repitiendo “El que pueda hacer, que haga”, y de Alberto Núñez Feijóo, que ha llegado a manifestar: “Haré todo lo posible para cambiar el Gobierno. Y cuando digo todo, es todo”.

En estos días, hay dos columnas salomónicas para el proyecto de Pedro Sánchez, para la resistencia y para la conexión con la militancia: Óscar Puente (ministro de Transportes) y Salvador Illa (presidente de la Generalitat de Cataluña). El primero de ellos fue muy claro en los pasillos del Congreso denunciando una operación para hacer caer al Gobierno a través de movimientos poco democráticos. 

El presidente de Cataluña, la comunidad más poblada en manos de los socialistas, también está tratando de ser un bálsamo en mitad de la tormenta. Durante estas difíciles horas, ha lanzado que “respeta" a la justicia, aunque no es "ingenuo": "Sé distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es". Y quiere reivindicar la “fuerza” del socialismo: "Creo en la dignidad, aunque sea difícil; en la justicia, aunque cueste; en la gente, aunque en determinados momentos muchos todavía miren hacia otro lado".

El PSOE, en vilo. Esperando el sumario del caso Leire Díez. Y la respuesta en estos momentos es de resistencia.

Dos jueces distintos –el número 9 de instrucción del Tribunal de Madrid, Arturo Zamarriego, y el número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz– han investigado a la vez durante varios meses la trama presuntamente urdida por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y cuya principal actora era la exmilitante Leire Díez auxiliada por el empresario Javier Pérez Dolset, para tratar de hundir las investigaciones policiales y judiciales que pudieran afectar al PSOE y al Gobierno. Una vez que se levante el secreto de sumario, lo más probable es que la causa acabe en manos de Pedraz. Será así porque el juez de la Audiencia Nacional, que mandó este miércoles a la Guardia Civil a la sede del partido en Ferraz, aprecia un delito cuya investigación y enjuiciamiento corresponde en exclusiva a ese tribunal.

Se trata del delito contra las instituciones del Estado recogido en el artículo 504.2 del Código Penal. Ese precepto castiga con pena de multa a "los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad". Se trata de una de las infracciones contenida en el catálogo que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) atribuye a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y cuya instrucción correspondería al Tribunal Central de Instancia –los antiguos juzgados centrales de Instrucción–, en el que Pedraz ocupa la plaza número cinco.

El instructor, según el auto por el que este miércoles ordenó a la UCO practicar un requerimiento de información en la sede federal del PSOE, justificaría la existencia de ese delito por los intentos de la organización formada por Cerdán y Díez de desacreditar a miembros de la Fiscalía Anticorrupción –entre ellos a su fiscal jefe, Alejandro Luzón– así como a integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil. La trama que hasta el momento investigan Pedraz y Zamarriego trató de lograr de dos fiscales y de varios agentes informaciones y declaraciones que pudieran ser comprometedoras para responsables de ambos cuerpos.

Además de ese delito, Pedraz aprecia también el de organización criminal, "plurales delitos de cohecho" –al haber tratado supuestamente de comprar mediante promociones o pagos a fiscales y guardias civiles–, revelación de secretos, inducción al falso testimonio –intentaron conseguir que varios agentes testificaran contra mandos de la UCO–, acusación falsa, falsedad en documento mercantil –al crear facturas para ocultar los pagos a Díez del ex secretario de Organización del PSOE–, prevaricación y tráfico de influencias. Zamarriego, por su parte, limitaba los delitos apreciados al cohecho y el tráfico de influencias. El juez número 9 de Instrucción del Tribunal de Madrid mantiene abiertas sus diligencias sobre estos mismos hechos.

Debido a que la instrucción de Pedraz justifica la competencia de la Audiencia Nacional, lo más probable es que, en los próximos días, cuando se alce el secreto de las actuaciones, el instructor de ese tribunal reclame a Zamarriego su causa. El hecho de que el instructor madrileño haya mantenido abiertas sus diligencias, mientras el juez de la Audiencia Nacional también investigaba, se debe a que aquel desconocía las pesquisas de este, al haberse declarado secretas. En caso de que decida que sigue siendo él el juez competente, deberá ser la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –el tribunal superior a ambos– quien resuelva quién se queda finalmente con el caso.

La organización para tumbar casos judiciales que investiga Pedraz, tal y como se explica en su auto, se deriva de las pesquisas sobre la trama de amaño de contratos públicos también organizada supuestamente por Cerdán y de la que formarían parte Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, así como el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, copropietario de Servinabar junto al ex secretario de Organización y también implicado en el caso Koldo. El caso fue inicialmente asumido por el juez número 6 Antonio Piña, que se encontraba de guardia en ese momento (el pasado diciembre). Después de ordenar las detenciones y registros urgentes mandó el caso a reparto, desde donde se adjudicó a Santiago Pedraz.

Trataron supuestamente de encontrar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a través de dos subordinados. Y recabaron información secreta de la estructura de la Unidad Central Operativa (UCO), la que actúa en todas las causas judiciales de corrupción que corresponden a la Guardia Civil y, últimamente, en las abiertas contra el PSOE y el Gobierno. El exsecretario de Organización Santos Cerdán y la militante y exconcejal socialista Leire Díez crearon esa organización "con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno", según el juez número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El instructor aprecia en la trama los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, y delito contra las instituciones del Estado.

Además de Cerdán, que la lideraba, y Leire Díez, de esa organización formarían parte, según el juez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Ana María Fuentes, que aparece como cómplice. El proceso aprecia también indicios contra dos abogados –Jacobo Teijelo e Ismael Oliver–, así como contra un guardia civil imputado por revelación de secretos. Del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y del diputado socialista y miembro de la ejecutiva del partido Juan Francisco Serrano, no descarta su implicación, a la espera del avance de las pesquisas. El magistrado ha ordenado este miércoles a la UCO desplazarse a la sede federal de la formación en la madrileña calle Ferraz para hacer un requerimiento de documentación.

La dirección del grupo, según el juez, correspondía a Cerdán, expulsado del partido tras estallar su implicación en el caso Koldo y que fue excarcelado el pasado diciembre tras pasar casi cinco meses en prisión provisional. Pero la ejecución de los trabajos encargados por el entonces número tres de la formación correspondía a Leire Díez, que actuaba acompañada de Pérez Dolset, empresario tecnológico investigado por varios delitos en la Audiencia Nacional desde hace años. El instructor señala al menos cinco actuaciones de ambos que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción) a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes.

Uno de sus objetivos fue el fiscal anticorrupción José Grinda (caso 3%, mafia rusa...) al que abordaron con un doble objetivo. Por un lado, para tratar de cambiar su posición en varios casos cuya investigación le correspondía (entre ellos los relativos a Pérez Dolset) y, por otro, para recabar información comprometedora que afectara al responsable de su fiscalía, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Para lograrlo, según Pedraz, le ofrecieron un puesto en el extranjero e incluso el pago de dinero. El instructor asegura que existen anotaciones que apuntan que estaban dispuestos a abonarle 300.000 euros. Para ejecutar el soborno se sirvieron de un periodista ajeno a la trama. Grinda, sin embargo, denunció el intento de soborno ante el Ministerio Público, que llevó el caso ante el juez de instrucción 9 del Tribunal de Madrid.

Otra de las víctimas de la trama fue uno de los fiscales anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa, ahora destinado en la Fiscalía de Madrid. A Stampa, según relató en la denuncia que, como Grinda, presentó posteriormente, le reclamaron información sobre Luzón, Grinda y el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor entre otros del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas. Según el auto de Pedraz, le ofrecieron volver a Anticorrupción, fiscalía en la que no obtuvo la plaza que buscaba por la oposición de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También se prestaron a ayudarlo con la intercesión en un pleito que tenía abierto.

Las gestiones de Leire y Dolset, para las que contaron en ocasiones con el apoyo de los letrados Teijelo y Oliver, también se dirigieron al excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo como amigo del exasesor de José Luis Ábalos, al que facilitaba supuestamente teléfonos opacos para sus acciones ahora investigadas e investigado por organización criminal, cohecho y blanqueo. La trama de Cerdán y Leire se reunió con él en dos ocasiones, tras las cuales el exagente redactó sendas actas. Se ofrecieron a ayudarle a recuperar su carrera profesional y acceder a puestos de "máxima responsabilidad". A cambio tendría, según recogió en sus documentos, que "desmontar la Guardia Civil" y pasarles "cuanta información tuviera del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO y de la JI", la Jefatura de Información. También le propusieron supuestamente declarar contra la UCO ante la Policía Nacional.

Con el que las gestiones de la organización sí dieron sus frutos fue con el también guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado por revelación de secretos. En la reunión con él, que fue grabada y emitida después por varios medios, también participó el abogado Jacobo Teijelo. El agente les proporcionó información sobre "la estructura de la UCO y sus miembros", según el juez, pese a saber que se trataba de información secreta. "Mira, la composición, funcionamiento y los nombres de la UCO son secretos por ley", les dijo. Y después añadió: "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos". A partir de ese momento, el teniente coronel jefe de la unidad, Antonio Balas, "pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", relata el instructor. La organización también intentó denigrar las actuaciones del cuerpo denunciando sus actuaciones en la Fiscalía General del Estado e impulsando investigaciones disciplinarias internas sobre supuestas filtraciones de agentes de la UCO sobre conversaciones de Ábalos que, en realidad, habían sido filtradas por el exministro.

Por último, según Pedraz, también intentaron modificar la declaración de la empresaria Carmen Pano, implicada en el caso hidrocarburos que también se investiga en la Audiencia. Pano aseguró ante el juez que habría llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en metálico. El instructor sostiene en su resolución que la trama ideada por Cerdán le habría ofrecido 50.000 euros para que cambiara su declaración. En este caso, las gestiones con la empresaria las habría realizado el abogado Ismael Oliver y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, según los indicios que aprecia el instructor.

El juez sitúa el origen de la trama durante el período de reflexión sobre su continuidad como presidente del Gobierno que Pedro Sánchez inició el 24 de abril de 2024 mediante su "carta a la ciudadanía", tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado. Cerdán, según el relato de Pedraz, convocó dos días después en Ferraz una reunión a la que fueron convocados Leire Díez, Pérez Dolset y el exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. También asistió supuestamente el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Pedraz recuerda que el fiscal Stampa, en su denuncia contra la trama, aseguró que Díez le había dicho que Sánchez habría ordenado, literalmente: "Límpiese", en relación a la imputación de su esposa, a lo que Pérez Dolset habría añadido: "Límpiese, sin límite". En el caso del hermano del presidente, investigado en Badajoz, el objetivo, según la militante socialista, sería "destruir el procedimiento".

A cambio de su labor, Leire Díez habría recibido pagos del PSOE de 4.000 euros al mes, presuntamente. Para ocultarlos, según el juez, se canalizaron a través de la consultora Zaño, de Gaspar Zarrías, que se habría encargado de los dos primeros pagos. Después, fue el abogado ahora imputado Ismael Oliver el que prestó dos sociedades para facilitarle los fondos, según la investigación. Esas transferencias de dinero se justificaron, según el juez, con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. También se habría canalizado dinero a través del medio digital Crónica Libre, cuya periodista fundadora falleció el año pasado, y al que habrían abonado 20.000 euros en concepto de publicidad.

La trama, según el juez, también habría intentado obtener la información sensible de la UCO y de Anticorrupción que rastreaba a través de otros investigados por esa Fiscalía Especial. Entre ellos, el auto cita al comisario Villarejo; al exviceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (acusado en el caso Kitchen); y al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que pasó un año y nueve meses en prisión preventiva por una causa por apropiación indebida de la que finalmente fue absuelto en abril de 2019.

El caso Leire, que el juez Santiago Pedraz comenzó a investigar en secreto en diciembre, ha destapado una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que pudieran perjudicar a miembros del partido.

A primera hora de la mañana saltaba la noticia de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habían personado en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Tras cierta confusión sobre el motivo de la irrupción de los agentes, se aclaraba que su misión era, entre otras, la de requerir diversa documentación y archivos electrónicos relativa a esos presuntos pagos irregulares a la exmilitante del partido Leire Díez por sus servicios al frente de esa supuesta trama.

De forma simultánea, la UCO también practicaba este miércoles registros en la vivienda del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra), en la del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en Madrid, y en la del empresario Javier Pérez Dolset en la Comunidad de Madrid.

Después se conocía que los tres han sido imputados por el juez Pedraz en el llamado caso Leire como integrantes de esa trama por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

En el auto en el que acuerda estas imputaciones, el juez desvelaba que Cerdán habría acordado con Díez "remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido" (llegó a percibir cuatro pagos), mientras que Zarrías "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

Otros nuevos imputados son el abogado Ismael Oliver, quien ejerció un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García, y que según el juez "sería el vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades". De hecho, fue el procedimiento de pago ideado para sustituir al de Zarrías y por el que Leire Díez llegó a percibir 27.225 euros.

También configuran la trama el letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el caso Koldo, y el capitán de la Guardia Civil que formó parte de la UCO Juan Sánchez Yepes, al que representa Teijelo en el caso Gaslow sobre un fraude de hidrocarburos, que también investiga Pedraz. Sánchez Yepes, según el auto, "también factura sus servicios al PSOE".

Los investigadores sospechan que para "articular dichos pagos" se contó "con el presumible concierto" de la gerente del PSOE Ana María Fuentes, que también ha sido imputada, al menos como autora de un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

El juez también ha hallado indicios de que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, actual diputado del PSOE por Jaén y parte de la Ejecutiva socialista, habrían colaborado con los investigados, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El juez sitúa el "punto de inflexión" de este encargo en la reunión que Leire Díez y Pérez Dolset mantuvieron con Cerdán en Ferraz en abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, tras mandar una carta a la ciudadanía.

Señala Pedraz que Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de esta actividad que ahora se investiga.

El plan de actuación habría incluido ofrecimiento de remuneraciones o favores a miembros de la Guardia Civil, fiscales e investigados, "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de su cargo".

En ejecución de dicho plan se dirigieron sucesivas denuncias "infundadas" contra la jueza Beatriz Biedma, así como contra la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón o la UCO.

Según Pedraz, la organización también llegó a ofrecer 50.000 euros a Carmen Pano —la empresaria que declaró ante el juez que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE— para modificar o condicionar su declaración testifical.

El abogado Ismael Oliver habría sido el encargado de negociarlo y el juez ve indicios de que el ofrecimiento se materializó a través de Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo García.

 El auto recoge al menos 22 reuniones en la sede del PSOE en Ferraz, la mayoría entre Leire Díez y Cerdán. En la primera reunión, del 26 de abril de 2024, según el auto, participaron también Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, que fue entre 2014 y 2018 jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz; e Ion Antolín, entonces responsable de comunicación del PSOE.

"Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe", escribe Díez en unas anotaciones manuscritas, dice Pedraz, que añade que Cerdán sabía que esa militante, "por intereses de ámbito personal", había desarrollado con anterioridad actividades de "injerencia" en procedimientos judiciales.

El PSOE ha sufrido otro revés este miércoles con el "espectáculo" de ver a agentes de la UCO entrando de nuevo en la sede del partido en Ferraz para recopilar información sobre el caso de la exmilitante Leire Díez, un golpe más a la ya mermada moral del partido tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La noticia ha pillado a los diputados socialistas entrando al pleno del Congreso minutos antes de las 09:00 horas, cuando el desconcierto ha tomado los pasillos por las primeras informaciones que apuntaban a que la operación de la UCO tenía como foco una presunta financiación ilegal del PSOE.

Entre la sorpresa y la negación, con caras serias, han ido entrando al hemiciclo los parlamentarios socialistas, donde el PP ha cargado duramente contra el Gobierno, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado que en estos momentos "no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata".

También los socios han navegado en la confusión de las primeras informaciones y a su llegada al pleno han pedido cautela a la vez que dejaban claro que una financiación ilegal del PSOE sería la línea roja que no estarían dispuestos a cruzar por seguir apoyando al Gobierno.

En la Ejecutiva socialista reconocen que la noticia del registro sobre una supuesta financiación ilegal les ha puesto "el corazón en la boca", pero subrayan que de eso a lo que finalmente ha sido —el requerimiento de información, según ha precisado el PSOE— hay "mucha diferencia".

El requerimiento en la sede nacional del partido ha ido acompañado de varios registros e imputaciones en una causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presuntos pagos irregulares a Díez por su supuesta labor para desbaratar procedimientos judiciales.

El juez ha imputado a la propia Diez; al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; y a la gerente del partido, Ana María Fuentes. Y halla indicios de que el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, —miembro de la Ejecutiva socialista— habrían colaborado con los investigados.

Según avanzaba la mañana y se iba conociendo el fondo de la investigación, las miradas de la bancada socialista se centraban en conocer el mensaje del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien tenía prevista una comparecencia ante los medios desde Roma.

Sánchez ha admitido la "gravedad" de las investigaciones de la Audiencia Nacional y ha garantizado la "total colaboración" con la justicia por parte de la dirección socialista.

A partir de ahí fuentes de la Ejecutiva han asegurado que las imputaciones no preocupan a la dirección del partido, han defendido la presunción de inocencia y piden tiempo para que los investigados den explicaciones.

Y aunque creen que la imagen de la UCO no les perjudica políticamente porque, sostienen, los militantes ven la campaña que a su juicio existe contra el PSOE, admiten el dolor que puede causarles personalmente a sus compañeros de partido y sus familias.

Con todo, las filas socialistas en el Congreso se preparan para aguantar lo que consideran un ataque "por tierra, mar y aire" y asumen que tras la sucesión de investigaciones de los últimos días y las vistas judiciales que afrontan en las próximas semanas tanto el hermano de Sánchez, como su mujer y Zapatero, solo les queda tener "paciencia".

Hay enfado, subrayan los socialistas en la Cámara Baja, pero también "callo" porque en los últimos tiempos han tenido que afrontar situaciones similares y porque siguen viendo a Sánchez fuerte y dispuesto a seguir hasta 2027.

"No nos van a doblegar, vale la pena gobernar", remachan.

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella contra el exdirigente del PSOE Santos Cerdán por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024.

La jueza que investiga la querella de Hazte Oír había aplazado la declaración de Cerdán al 24 de marzo para dar tiempo a que la Audiencia resolviera el recurso de la Fiscalía contra la apertura de la causa, al que se había adherido el exsecretario de Organización socialista y que se iba a deliberar este mismo lunes.

Dice la Sala que "no puede sustentarse que el querellado haya faltado sustancialmente a la verdad" en su comparecencia ante la comisión parlamentaria, por el hecho de que se mencione la existencia de una reunión entre el exasesor Koldo García y Cerdán en un informe de la UCO a partir de una grabación y en un artículo periodístico, "cuyas conclusiones no pueden servir de base para fundamentar la existencia del delito que se denuncia".

Y ello, continúa en su auto, porque "no constituyen, tal información y el informe policial, una realidad material incontestable, para contrastarla con lo manifestado por el querellado en la comisión y derivar, de ello, que el citado haya faltado sustancialmente a la verdad".

Los magistrados entienden que "la mentira se interpreta como una estrategia de defensa legítima frente a una futura imputación y exigir la veracidad del testigo en una situación que le compromete penalmente, como así ha sucedido con el querellado con posterioridad a su comparecencia ante la Comisión de investigación del Senado, sería forzarle a renunciar a su derecho a defenderse y a la presunción de inocencia, que deben tener primacía". Por tanto, añade el auto, "los hechos sobre los que se ha fundamentado la querella carecen de relevancia penal".

La titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 24 (antiguo Juzgado de Instrucción 24) admitió a trámite la querella ante los indicios de una "desviación clara" entre lo que declaró en el Senado y "la realidad material" de los hechos.

En su opinión, había indicios de que mintió cuando dijo que no habría contactado con Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.

La Fiscalía, sin embargo, se mostró contraria a abrir causa al rechazar que Santos Cerdán pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad", que inciden sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes". EFE

El empresario Luis del Rivero, que participó en una reunión entre el fiscal Ignacio Stampa y la exmilitante socialista Leire Díez, ha explicado ante el juez que él buscaba un encuentro para que el PSOE rehabilitase a este fiscal apartado del caso Villarejo, aunque esperaba una interlocución con alguien de más peso, según recoge EFE. 

Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso que fue espiado por el excomisario José Manuel Villarejo, fue el anfitrión de la reunión mantenida en su oficina entre Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el fiscal Ignacio Stampa el 7 mayo de 2025, cuya grabación figura en la causa.

En dicho encuentro -cuya grabación consta en la causa- Leire Díez afirma ser la "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y preguntó a Stampa si conocía irregularidades de los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y del juez Manuel García-Castellón, ofreciéndole a cambio una solución para sus litigios contra el Ministerio de Justicia.

En su declaración como testigo ante Arturo Zanarriego, el juez que investiga a la exmilitante, Luis del Rivero ha explicado este lunes que era admirador del fiscal Stampa, del libro que escribió y del podcast que protagonizaba, y por esa razón también organizó reuniones con el PP o con Vox con el objetivo de ayudar a este funcionario, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Antes de la reunión mantenida en mayo con Stampa, Del Rivero se vio primero con Pérez Dolset, también considerado víctima de Villarejo, y con Leire Díez, de quien le dijeron que era alguien "importante". 

Sin embargo, en la reunión con el fiscal esperaba a alguien con más peso -Dolset le dijo que acudiría Santos Cerdán- pero volvió a acudir la exmilitante, aunque este empresario prefería otra interlocución. 

Del Rivero escribió además un mensaje al fiscal Stampa en el que le decía que el PSOE tenía interés por "rehabilitarle", lo que suponía supuestamente devolverle al caso Villarejo, y que la propia Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset se lo propondrían "al 1, que es quien decide".

Sin embargo, en su declaración ante el juez no ha aclarado quién es "el 1" y ha apuntado únicamente que de las conversaciones que mantenía con Pérez Dolset deducía que había alguien superior, según han apuntado fuentes jurídicas, que coinciden en señalar las vaguedades de la declaración. Además, antes de la reunión mantenida con Stampa, este empresario habría conminado al fiscal a "ver, oír y callar" a la espera de conocer qué buscaban sus interlocutores. 

El juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez, a Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delito de cohecho y tráfico de influencias al entender que sus maniobras contra fiscales y mandos de la UCO buscaban desbaratar investigaciones judiciales que afectan a políticos y empresarios. 

Leire Díez está investigada en otra causa que se sigue en la Audiencia Nacional por presunto cobro de mordidas en contratos públicos, junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar Antxon Alonso, a quien investigadores policiales consideran socio de Santos Cerdán.

El exdirigente socialista Paco Salazar ha asegurado este jueves en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que nunca vio el "Peugeot" con el que Pedro Sánchez recorrió el país buscando apoyos en las primarias del PSOE de 2017 ni participó en Bancal de Rosas, la agrupación que aprobó su precandidatura, según recoge EFE.

Salazar ha afirmado que lleva cerca de ocho meses sin hablar con Sánchez, desde que fue apartado del partido y del Gobierno por las denuncias de acoso sexual en su contra.

En el arranque de su comparecencia en el Senado, Salazar ha contestado a las preguntas de la senadora de UPN María Caballero y ha subrayado que nunca llevó temas de financiación de aquella precandidatura a las primarias, aunque le consta, ha dicho, que Bancal de Rosas tiene documentación de todos los ingresos que recibió y se pueden fiscalizar.

En aquella época él tenía responsabilidades en Dos Hermanas (Sevilla) y se desplazaba en su tiempo libre a Madrid, donde, cuando coincidían, se alojaba con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que viajaba a la capital desde Navarra.

Ha señalado además que "nunca" ha "tratado" con el empresario Antxón Alonso, dueño de Servinabar y presunto socio de Cerdán.

El exdirigente socialista también ha asegurado que actualmente no trabaja para el PSOE ni en la campaña electoral de Aragón, ni en ninguna otra, desde que dejó sus responsabilidades orgánicas en el partido hace siete meses.

Salazar lo ha afirmado así en sus respuestas a los representantes del grupo Mixto, María Caballero (UPN) y Ángel Pelayo Gordillo (Vox), los primeros en interrogarle en su comparecencia en la comisión del caso Koldo.

Sobre su reunión en diciembre con la candidata socialista aragonesa, Pilar Alegría, entonces ministra, desvelada por una fotografía que publicó Artículo 14, Salazar ha explicado que no tuvo relación con trabajos para el partido. "Se interesó por cómo estaba mi familia, mis hijos, mi madre y mi mujer", ha dicho Salazar sobre lo que habló con Alegría.

Para el PSOE no ha trabajado "ni de manera directa ni indirecta" desde que dejó sus responsabilidades en Ferraz en julio, ha asegurado.

Sobre sus relaciones con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del partido, ha indicado que no era a quien tenía que reportar, sino a otros responsables. No obstante, ha reconocido que ha "trabajado años con el presidente, obviamente se crea un vínculo".

La senadora del PSOE Lirio Martín ha echado en cara este jueves las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente socialista, denuncias que el considera falsas ya que "siempre ha respetado" a las compañeras con las que ha trabajado.  

Martín ha asegurado que el exdirigente socialista "erró en su comportamiento" con sus compañeras de partido y de la Moncloa, que ha tildado de "inadecuado", al tiempo que ha recordado que el PSOE sancionó a Salazar después de conocer estas denuncias anónimas en elDiario.es y por tanto no podrá darse de alta de manera automática como militante de la formación.  

Las denunciantes, ha dicho la senadora, "de acuerdo con su relato", fueron objeto de un machismo "intolerable", y sufrieron unas conductas "incompatibles con la militancia" en el PSOE, ha defendido.  En esa línea, ha aseverado que hacía su intervención "con el dolor y la indignación" que puede sentir como socialista, como mujer y como militante y feminista y "dando la cara" por las mujeres denunciantes.  

"Señor Salazar, usted erró en su comportamiento. No tuvo un comportamiento adecuado hacia mis compañeras de partido, se lo tengo que reprochar, lo lamento mucho y espero que usted también lo lamente", ha proseguido.  

En ese momento, el presidente de la comisión, el senador del PP Eloy Suárez, le ha pedido ceñirse al objeto de la investigación, el caso Koldo, y dejar de "machacar" a Salazar con este asunto, pero la socialista ha querido proseguir su alegato y el popular le ha quitado el turno de palabra, lo que ha levantado la protesta del grupo socialista.  

A renglón seguido, Salazar ha pedido poder responder a las palabras de la socialista y ha incidido en que "en todo el tiempo" en el que ha tenido "responsabilidades" en el partido y en la Moncloa ha "respetado como profesionales y como mujeres" a todas las compañeras con las que ha trabajado.  

Posteriormente, a preguntas de la senadora del PP Rocío Dívar ha negado que ningún cargo del PSOE le exigió la dimisión cuando se conocieron las denuncias en su contra y que trasladó su dimisión al secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien, ha dicho, tenía una relación "de afecto" pero no era un amigo personal.

El exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y presidente del PSN, Bernardo Ciriza, ha señalado este martes que invitaba a Santos Cerdán a las reuniones con el Ministerio sobre obras públicas por su "posición de referencia en el PSOE", donde ostentaba "la Secretaría de Organización y era diputado por Navarra".

Ciriza comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha explicado que "no preparaba" las reuniones con Cerdán y que le contaba lo mismo que a los grupos parlamentarios forales.

Además, ha negado que quisiera "controlar" la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate cuando propuso que el director general de Obras Públicas formara parte de la mesa. La obra fue adjudicada a la UTE formada por Osés Contrucción, Acciona y Servinabar, que según un informe de la UCO sobre el caso Koldo, era de Santos Cerdán al 45%.

Ciriza ha explicado que cuando se reunían con el Ministerio hablaban de todas las infraestructuras y que cada vez que iban, avisaban a Cerdán, que era diputado navarro. "Es parte del trabajo de un diputado en Cortes". También ha aclarado que no participó en todas las reuniones.

Sobre la dinámica de los encuentros, el exconsejero ha indicado que era él quien llevaba "la voz cantante desde Navarra" y que la actuación de Cerdán "era normal, discreta".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, en un turno que ha estado marcado por la bronca con el exconsejero, ha preguntado si es consciente de que "permitió que la trama estuviera perfectamente informada", ante lo que Ciriza le ha acusado de "tergiversar" y ha aseverado: "Entonces no sabíamos" lo que se conoce ahora.

"Si lo hubiera sabido, seguro que no (hubiera invitado a Cerdán). No es cuestión de arrepentirse, sabiendo lo que sé ahora, no lo hubiera llevado", ha respondido.

Ciriza ha negado que quisiera controlar la mesa, cuando Esparza le ha preguntado por un correo electrónico del director de Obras Públicas en el que se menciona que el consejero quería introducirlo en la mesa.

También ha mostrado su confianza en el director general Pedro López, recientemente cesado tras el reparo suspensivo de Intervención al modificado de 8,5 millones en la obra, y todos los miembros de la mesa de contratación. "Confío plenamente en las 8 personas que estaban en la mesa de contratación. No hubiera cesado a López Vera", ha dicho.

Sobre el presidente de dicha mesa, a quien se le prorrogó su vida laboral más allá de los 70 años, Ciriza ha dicho que no era su hombre "en ningún sitio". "Y por lo que yo sé, no era el hombre de nadie. Los ocho eran independientes. Yo de la mesa no he hablado nunca con el director general. He sabido lo de las puntuaciones cuando lo ha sabido todo el mundo", ha dicho sobre la polémica sobre el orden de votación.

Ciriza ha negado que fuera el responsable de la adjudicación, ya que el proceso se cerró cuando él ya "no estaba". "Yo soy responsable del trabajo y esfuerzo que ha hecho la consejería para que Europa no sancione. No soy responsable de lo que hablara en la mesa, de las discrepancias, de lo que cada uno votó con libertad, ni de lo que varios gobiernos no hicieron", ha apuntado.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha reconocido que se reunió en dos ocasiones con la exmilitante Leire Díez en la sede del partido, en abril de 2024, si bien nunca volvió a verla, aunque ha recordado que ella le llamó cuando él salió de prisión, el pasado mes de noviembre, informa EFE.

Cerdán, investigado por presunta corrupción en adjudicaciones de obra pública en otro proceso, ha acudido este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para declarar como testigo en el marco de la causa abierta a Leire Díez por presunto cohecho y tráfico de influencias al maniobrar, supuestamente, contra fiscales y mandos de la UCO para desbaratar investigaciones.

Quien fuese número 3 del PSOE ha entrado en la sala después del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que ha declarado antes que él también asistió a una de esas reuniones, en la que ha dicho que Leire Díez y Javier Pérez Dolset, investigado en la causa, le ofrecieron información sobre supuestos seguimientos de la denominada policía patriótica a Pedro Sánchez y su familia para tratar de acabar con su carrera política.

El exsecretario de Organización del PSOE, quien, al igual que Hernando, ha negado que reportase a sus superiores lo que se habló en esa reunión, no ha recordado con exactitud quién le convocó, aunque ha dicho que quizá fuese una periodista.

Santos Cerdán, según él mismo ha declarado ante el juez, estuvo en las dos reuniones, celebradas en días consecutivos de abril de 2024, en la planta quinta de la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, cerca de su despacho, explican a EFE fuentes jurídicas.

Fue la primera vez que vio a Leire Díez, ha explicado Cerdán, que ha negado que la exmilitante socialista fuese su "mano derecha", posición que ostentaba en el partido Juan Francisco Serrano, y ha dicho que solo estuvo con ella esas dos veces.

Sí ha admitido, no obstante, que al salir de prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre, recibió una llamada de la también exconcejal socialista.

En relación con las reuniones, según las fuentes, Cerdán ha señalado que Leire Díez y Pérez Dolset le informaron de que existían audios relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo sobre el negocio de saunas del suegro de Pedro Sánchez, ya fallecido.

Cerdán, de acuerdo a las fuentes, ha dicho que se trataba de información que ya estaba publicada y que no les interesaba, y ha ubicado también en la reunión a un abogado del partido y al entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.

Antes, Hernando también ha situado en el encuentro a Juan Francisco Serrano, a quien la acusación que ejerce Hazte Oír quiere llamar a declarar como testigo junto a Antolín.

Cerdán Ha señalado que no recuerda muy bien todo lo que se habló en el encuentro, del que entraba y salía al recibir llamadas telefónicas, y ha recordado que se encuentra en una situación personal muy complicada.

El exdirigente socialista en un principio ha anunciado su decisión de no declarar al estar investigado en otros procedimientos, si bien el magistrado Arturo Zamarriego ha señalado que estos no tenían relación con su investigación y que debía declarar, y le ha permitido hacerlo en presencia de su abogado.

Ha precisado que en las reuniones Leire Díez no le pidió nada a cambio ni le entregó ningún tipo de documentación, según las fuentes.

Tanto Hernando como Cerdán, que han esperado en los juzgados sentados en sendos bancos, uno frente a otro, sin hablar, han salido de Plaza de Castilla sin hacer declaraciones a los numerosos medios que les esperaban.

Dos años después del inicio de su caída a los infiernos, José Luis Ábalos, antaño hombre fuerte en el PSOE –como secretario de Organización– y en el Gobierno –como ministro de Transportes–, deja su escaño en el Congreso de los Diputados. La renuncia al acta se produce tras la decisión del Tribunal Supremo de dar carpetazo a sus recursos. Y devuelve a los socialistas un voto que habían perdido con la entrada en prisión de Ábalos. Eso sí, la maniobra también amenaza con alargar el calvario del llamado caso Cerdán. El paso dado por Ábalos devolverá la investigación sobre la supuesta trama de amaño de contratos de obra pública a cambio de mordidas a la Audiencia Nacional, lo que puede eternizar la causa.

En su renuncia, publicada en la red social X –antes Twitter–, el exministro explica las razones por las que ha mantenido hasta ahora su escaño: "He tratado de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación, el concepto y los límites de la inmunidad parlamentaria (...) en virtud de un interés general y del propio Parlamento. (...) Que la precipitación en la suspensión de mis deberes y derechos como diputado (...) no vulnerase principios democráticos y del Estado de Derecho como es el respeto a los procedimientos, a la separación de poderes, la igualdad de trato y que una alteración apresurada de las mayorías con la decisión de la Mesa no afectara al buen funcionamiento de la soberanía popular".

Pero ahora, tras la decisión del Tribunal Supremo de mantenerle en prisión, Ábalos ha decidido dar un paso al lado. Entiende que su "actual situación procesal", en la que está "proyectando" toda su "actividad" en "ejercitar" su "derecho de defensa", le impide seguir manteniendo su acta en el Parlamento. Un asiento que a partir de ahora ocupará Ana María González Herdado. Ejerce desde 2015 como alcaldesa de Llaurí, pequeño municipio valenciano de un millar de habitantes. Un cargo que revalidó con mayoría absoluta en los últimos comicios municipales pese a arrastrar una sonada polémica: su retirada del carné de conducir tras dar positivo en un control de alcoholemia.

Con el estallido del caso Koldo, Ábalos se retiró al Grupo Mixto. Aunque aún no figuraba formalmente como imputado, lo cierto es que la investigación colocaba una enorme sombra de sospecha sobre el Ministerio de Transportes que lideró. Él, en lugar de entregar su escaño, como le exigía su partido, decidió irse solo al gallinero. Pese a ello, su voto siempre solía ir en línea con el de sus antiguos compañeros. Hasta que a finales de noviembre el Tribunal Supremo decidió mandarlo junto con su exasesor Koldo García a prisión. Desde entonces, el Gobierno ha tenido que jugar con un voto menos en el hemiciclo. Un sufragio que ahora, con la renuncia al acta, recupera por completo. Y que dibuja, por tanto, un cambio importante a favor del Ejecutivo en la compleja aritmética parlamentaria actual.

Pero el movimiento de Ábalos, sin embargo, amenaza al mismo tiempo con eternizar el llamado caso Cerdán, en el que se investiga una supuesta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de mordidas y que se ha convertido en el gran quebradero de cabeza del PSOE y, por extensión, del Gobierno. Con la renuncia al acta, ya no quedan aforados en la causa que hasta ahora se había seguido en el Alto Tribunal. Y lo más lógico, según apuntan las fuentes jurídicas consultadas por este diario, sería que el asunto se derivase a la Audiencia Nacional, donde ya hay abierta una pieza separada dentro del caso Koldo sobre esta trama en la que están imputados Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras.

Esas mismas fuentes dan por hecho que este cambio de competencia alargará la resolución definitiva del caso. Para empezar, los tiempos de respuesta no son los mismos. Mientras que en el Supremo se están fijando juicios a meses vista, en la Audiencia Nacional se está haciendo a dos, tres y hasta cuatro años. Y luego está todo lo relativo al procedimiento y el sistema de recursos. De ser enjuiciado en el Alto Tribunal, la sentencia sería directamente firme y de ejecución inmediata. Sin embargo, en la Audiencia Nacional cabría posibilidad de recurso, primero ante la Sala de Apelación y, luego, ante el Supremo, lo que alargaría años el cierre definitivo del asunto.

Desde el entorno de Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como número tres de los socialistas y uno de los principales investigados en esta causa –que también salpica a García y al empresario Víctor de Aldama–, siempre se quejaron de que el hecho de que el caso estuviera repartido en dos tribunales distintos les generaba indefensión. Al fin y al cabo, argumentaban, no podían tener acceso a toda la información porque la parte que se guardaba en la Audiencia Nacional les estaba vedada. Algo que ahora cambiaría si, como parece, todo se acumula en un mismo procedimiento.

Futuro distinto le espera a la rama principal del caso Koldo/Ábalos, de la que luego surgiría la investigación también contra Cerdán: el caso del cobro de comisiones por contratos millonarios de venta de mascarillas en pandemia otorgados por Puertos del Estado o Adif a Soluciones de Gestión, una de las mercantiles vinculadas a Aldama. Según las fuentes jurídicas pulsadas, este asunto continuará en manos del Supremo. Al fin y al cabo, en este caso ya se dictó auto de apertura de juicio oral. Y la jurisprudencia del Alto Tribunal establece que ese paso es el que fija la imposibilidad de una renuncia al aforamiento con efectos procesales.

Así lo acordó en 2014 el Pleno de la Sala de lo Penal en el marco del caso Fitur. La Fiscalía Anticorrupción recurrió entonces la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ya había señalado el inicio de la vista oral, de remitir a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento del asunto tras renunciar a su acta de diputadas autonómicas dos de las acusadas. "En las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado", estableció.

Una jueza de Madrid ha citado el próximo 5 de febrero al exdirigente socialista Santos Cerdán para declarar por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid acuerda su citación en calidad de querellado y remite a la Audiencia Provincial el recurso de la Fiscalía contra la admisión a trámite de la querella de la organización Hazte Oír.

La magistrada Lidia María Paloma Montaño admitió a trámite la querella ante los indicios de que hay una "desviación clara" entre lo que declaró y "la realidad material" de los hechos. 

Sospecha que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad" en aquella comparecencia del 30 de abril de 2024, un año antes de que renunciase a su escaño en el Congreso tras verse salpicado en una trama de presunto reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública que investiga el magistrado Tribunal Supremo.

Según explicó en su auto, esa supuesta "desviación" entre lo que contó en la comisión y la "realidad material" de lo que se le preguntó "resultaría patente y manifiesta a la vista del contenido del informe" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que derivó en su imputación judicial.

Para la magistrada, hay indicios de que mintió cuando dijo que no había contactado con el exasesor ministerial Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.

El auto indica que "no estamos ante una representación valorativa o subjetiva", sino que las preguntas de la Comisión parlamentaria "eran claras" y "objetivas" y las respuestas de Cerdán también lo fueron: "no, a todas las preguntas".

No obstante, la Fiscalía rechazó que Santos Cerdán pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad" que incidan sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes".

En su informe contra la admisión de la querella, la fiscal afirmó que decir que solo vio a Koldo García en dos ocasiones o que nunca vio al presunto comisionista Víctor de Aldama "carece de toda relevancia típica pues es la respuesta a una pregunta que no pretende obtener información sobre un hecho sino sobre, lo que es muy diferente, una construcción valorativa de los hechos". Ello, en sí mismo, "no es faltar a la verdad", apostilló.

Los ingresos y gastos en efectivo en la cuenta de caja del PSOE en el período 2017-2024 –los correspondientes al paso por la secretaría de Organización del partido de José Luis Ábalos y Santos Cerdán– tienen un origen "plenamente trazable y documentado", lo que, según fuentes del partido, permitiría descartar una supuesta financiación ilegal de la formación. Así lo establece un informe encargado por los socialistas a dos profesores de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El documento, que analiza también una muestra de las justificaciones de gastos presentados por Ábalos y resto de miembros del "equipo de Organización", constata que el partido conserva constancia de todos los reembolsos pagados a esas personas, así como las hojas de gastos y los justificantes de pago aportados.

Para analizar todos esos ingresos y gastos en metálico –una muestra de los entregados por el PSOE en la Audiencia Nacional para su investigación– la formación contrató al catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borrego (que fue candidato al Consejo del Poder Judicial de Unidas-Podemos en 2018) y el profesor titular de la misma área y exasesor económico de Presidencia del Gobierno César Martínez Sánchez. El documento, que se titula Informe sobre la adecuación de las contingencias del sistema de gestión de pagos en metálico en el PSOE (2017-2024), tiene por objeto descartar irregularidades, pero según sostienen en el PSOE, no se aportará a la parte del caso Koldo que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en la que el partido es parte acusadora. Fuentes socialistas aseguran que la documentación presentada en ese juzgado es "mucho más amplia".

Sobre los ingresos en efectivo de la cuenta de caja en el período de ocho años analizado, el informe constata tres fuentes. La primera es el remanente del arqueo de la cuenta del ejercicio anterior (que se registra como primer asiento) al que se suman las reposiciones en efectivo procedentes de la cuenta del PSOE en el BBVA. En los ejercicios estudiados, las cantidades ingresadas en esa cuenta de caja ascendieron a 947.671,79 euros. De ellos, los expertos universitarios refieren únicamente 7.283,79 euros correspondientes a lo que denominan "ingresos atípicos". Se trata, según los autores del informe, de lo correspondiente a pequeñas ventas de merchandising (por ejemplo en las fiestas del Orgullo), venta de mobiliario inservible de las sedes como chatarra y la participación en un premio de lotería en 2023. "Ninguno de estos ingresos plantea incidencia contable significativa", sostiene el informe encargado por el partido.

El documento también analiza las salidas de efectivo y constata que todos los apuntes relativos a estas "identifican al perceptor y al área orgánica" correspondiente de la formación, lo que, según sus autores, "permite relacionar cada disposición de efectivo con su destinatario y con el centro interno al que se imputa el gasto". Todos esos pagos, entre los que se encuentran los percibidos por Ábalos, Koldo, Cerdán o la Secretaría de Organización en su conjunto, figuran contabilizados y se corresponden con sus respectivas disposiciones de caja. "La revisión del período 2017-2024 muestra un sistema de caja coherente, cerrado y verificable, en el que todas las entradas de efectivo tienen un ajuste bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas", sostienen los profesores en su informe. "No se detecta movimiento alguno que pueda considerarse ajeno al circuito ordinario de tesorería ni indicios de fondos no declarados o no trazados", añaden.

La segunda parte del informe corresponde a un análisis de los gastos reembolsados al equipo de organización en cuatro de los cinco ejercicios en que Ábalos ejerció como número tres del PSOE. Se trata del período 2017-2020 porque, según el informe, a partir del 2021 (último ejercicio de Ábalos, que fue sustituido por Cerdán el 13 de julio de ese año) y hasta 2024 solo constan cuatro pagos de bajo importe. Los profesores advierten de que su análisis se basa en una hoja de Excel facilitada por el partido por un importe total de 126.858,89 euros, de la cuál se ha extraído una muestra que corresponde a las liquidaciones superiores a los 2.000 euros, que suponen el 51% del total de los gastos correspondientes a comidas y otros gastos de representación, así como a taxis, aparcamientos, gasolina... Entre los comprobantes, todos ellos facilitados por el partido, los autores advierten de que algunos están total o parcialmente ilegibles "lo que podría afectar a la representatividad de los resultados obtenidos", explican.

Los expertos sostienen que, de su investigación, se extrae que, en pocas ocasiones, los gastos fueron "notoriamente improcedentes" y ponen como ejemplo algunos menús infantiles pasados a cobro al partido. Los gastos de restauración de la muestra van de los tres a los 703,95 euros con facturas que van desde un comensal hasta 15. Los autores contemplan como "excesivos" los gastos superiores a 60 euros por persona, que en los tres primeros ejercicios (2017, 2018 y 2019) no superaron el 5% del total, pero que, en 2020 se dispararon hasta convertirse en uno de cada cuatro de los presentados. El informe recoge algunas facturas de comidas del mismo día. "Se han señalado explícitamente los gastos que parecen manifiestamente impropios en relación con el momento temporal de su realización", sostiene el documento encargado por el PSOE.

Respecto a los tiques y comprobantes, "se trata en su mayoría de restaurantes situados en el eje Madrid-Valencia" (esta última es la provincia de la que procede Ábalos y en la que obtuvo su escaño). Pero también constan recibos de restaurantes de otras localidades españolas y en pocas ocasiones del extranjero. Pese a los problemas de legibilidad de algunos de los documentos analizados, los profesores concluyen que "el PSOE ha custodiado, a pesar de su antigüedad, tanto las hojas de liquidación como los comprobantes de gasto". "En las hojas de de liquidación constan los datos básicos que identifican al solicitante del reembolso", prosigue, y se distingue entre "gastos de viaje, gastos de representación y gastos de funcionamiento". "Al final de la hoja de liquidación consta, junto con el recibí, la firma de las personas que ordenan el reembolso, a saber: el visto bueno del secretario responsable [en los casos analizados el del propio Ábalos] y el visto bueno de la administración".

La información analizada en el documento es solo una parte de la enviada por el PSOE a la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno reclamó el pasado 3 de diciembre todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, y no solo los vinculados a Ábalos y su exasesor Koldo García. Lo que reclamó el instructor del caso Koldo en ese tribunal fue los desembolsos realizados a "cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos". Lo que el juez quiere conocer es si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro y su exasesor para blanquear dinero de procedencia irregular o delictiva. Anticorrupción, por su parte, sostiene que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

Con el informe encargado a ambos académicos, los socialistas tratan de demostrar, mientras se analiza toda la documentación contable facilitada a la Justicia, que sus ingresos en cash procedieron casi íntegramente de su cuenta bancaria y que los gastos que se acometieron con ellos están correctamente registrados. Si Ábalos, Koldo o Cerdán se sirvieron de su cargo para blanquear dinero o para estafar a la formación con sus justificantes, es algo que corresponde investigar al juez. Porque en caso de que sea cierto, sostienen, el PSOE sería víctima.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una pieza separada secreta con la documentación que aportó el PSOE sobre todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, y ha dado traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción, informa EFE.

El magistrado que investiga la rama del caso Koldo que se sigue en la Audiencia Nacional ha incluido la información que el partido remitió el martes en un pendrive en una pieza separada y ha acordado declararla secreta durante, al menos, un mes, un plazo que podrá ir prorrogando.

Para acordar el secreto de la pieza, según explica el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 en un auto, ha tenido en cuenta "la especial naturaleza del delito que se investiga", el carácter de las diligencias de investigación o "el contenido de la documentación con carácter reservado" que ha aportado el partido.

Recuerda el magistrado que los datos sobre los pagos afectan a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios), lo que determina que se estime "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto de la presente pieza separada por el plazo de un mes mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

El PSOE solicitó al magistrado que declarase estas pesquisas secretas ante la "honda preocupación" de que trascienda información sensible sobre el funcionamiento interno del partido y de que partidos como PP o Vox, también personados, puedan emplearla de forma partidista.

Ahora la Fiscalía Anticorrupción deberá pronunciarse sobre la documentación remitida por el partido después de que el juez Moreno le haya dado traslado "para su conocimiento" y para que "informe lo que a su derecho convenga".

El material que el PSOE debía presentar, a petición de este magistrado tras solicitarlo la Fiscalía, era la relación de pagos en metálico entre 2017 y 2024 "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

El juez ya abrió una pieza separada para esclarecer si los pagos en efectivo del PSOE pudieron ser utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

Lo hizo tras las sospechas que puso de manifiesto el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, responsable de la investigación a Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros.

Ni estos magistrados ni la Fiscalía creen que haya quedado suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

Tras la declaración ante el juez del Supremo, en calidad de testigos, del exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente apuntó a "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y al origen de las cantidades en metálico, mientras que la Fiscalía ha señalado a una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

El exdiputado socialista Santos Cerdán ha dicho a la prensa este miércoles al llegar al Senado para su comparecencia en la comisión del caso Koldo que se dispone a "hablar" con total "normalidad y tranquilidad".

Cerdán ha llegado a la plaza de la Marina Española en taxi, acompañado de su abogado, y tan solo ha hecho ese comentario a los periodistas, que le han preguntado repetidamente si se dispone a contestar a los senadores o se acogerá a su derecho a guardar silencio, al estar imputado en una causa judicial.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha acogido a su derecho a no declarar ante los senadores de la comisión, pero ha aprovechado la primera pregunta para realizar una intervención.

Cerdán ha denunciado que “ha quedado acreditado que se persigue a diputados de forma directa, con restricción de derechos fundamentales sin justificación concreta. Esta forma de perseguir es propia de la Inquisición, no se investiga ningún delito concreto, se investiga a personas aforadas y el procedimiento no respeta ninguna garantía”.

Durante la comparecencia apenas ha respondido a las preguntas que le han hecho los senadores pero sí ha contestado más de lo que prometió.

El exsecretario de Organización ha contestado a Ángel Pelayo, de Vox, para negar que tuviera relación con Antxon Alonso, ni con la exmilitante socialista Leire Díez, ni con Víctor de Aldama.

"Si hubiera tenido algo, hubiera aparecido, seguro", ha dicho el exdiputado socialista que también ha negado ser socio de Servinabar.

Cerdán ha pedido información al senador sobre una supuesta reunión entre dirigentes de Vox con miembros de la Guardia Civil en Toledo en 2021 tras la que, según ha sostenido, "empezó todo", en referencia a las investigaciones policiales que le señalan.

Según el ya exdiputado socialista, esta reunión tuvo lugar en un cigarral de Toledo, propiedad del dirigente de Vox Javier Ortega Smith, el 2 de abril de 2021 con miembros de la Guardia Civil.

En ella se dieron cita "al parecer, lo más granado de la Guardia Civil y de Vox" y "a raíz de ella, empezó todo".

La reunión "marca mucho del inicio de todo lo que ha sucedido después", ha dicho Cerdán.

Al senador de ERC Joan Queralt le ha respondido que "nunca" ha estado con De Aldama tras recordar que salió de prisión provisional por colaborar con la justicia mediante "una declaración falsa".

Cerdán ha señalado que De Aldama le acusó de entregar dinero enfrente de la sede de Ferraz, algo que "no puede demostrar" porque no ocurrió, e incluso se ha mofado de que igual pretende hacer creer que lo hizo delante de los furgones de policía que suelen estar aparcados en la calle Ferraz.

El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno la documentación sobre todos los pagos en efectivo efectuados por este partido entre 2017 y 2024, tal y como solicitó el magistrado que investiga el caso Koldo en este tribunal.

El PSOE ha entregado esta información en un pendrive este martes, según han confirmado a EFE tanto fuentes jurídicas como fuentes de este partido, que subrayan su colaboración con la Justicia y que no tienen nada que ocultar.

Personado como acusación popular en la parte del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional, el PSOE está a la espera de que el juez decida si acepta su petición de declarar secreta esta parte de la investigación, como reclamaron los socialistas señalando su "honda preocupación" de que trascienda información sensible sobre el funcionamiento interno del partido y de que partidos como PP o Vox, también personados, puedan emplearla de forma partidista.

Los socialistas pidieron también expurgar los datos de personas ajenas a la investigación y a las personas investigadas, en un escrito en el que solicitaron aclaraciones al magistrado y en el que advirtieron de las "graves derivaciones" de requerir todos los pagos en efectivo de un plazo de siete años, como finalmente hizo el juez.

El material que el PSOE debía presentar, a petición de este magistrado tras solicitarlo la Fiscalía, era la relación de pagos en metálico realizados durante dicho periodo (2017-2024) "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

Estos pagos se analizan dentro de la pieza separada que abrió el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para esclarecer si los pagos en efectivo del PSOE pudieron ser utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

Para el juez, la información solicitada se refiere a cuestiones trascendentes, dado que no ha quedado suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico que tenía el PSOE en su sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios.

El magistrado abrió esta pieza separada tras las sospechas que puso de manifiesto el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, responsable de la investigación a Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros.

Ni estos magistrados ni la Fiscalía creen que haya quedado suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

Tras la declaración ante el juez del Supremo, en calidad de testigos, del exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente apuntó a "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y al origen de las cantidades en metálico, mientras que la Fiscalía ha señalado a una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".