El Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional ha incoado unas diligencias previas en las que ha acordado citar como investigado (imputado) a D. José Luis Rodríguez Zapatero y a otras personas. El sustento de la decisión judicial tiene su origen en una actuación de una Agencia estadounidense (HSI) dedicada a la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. El 9 de mayo de 2021 detiene en el Aeropuerto de Miami a Rodolfo Reyes Rojas, ciudadano venezolano, que era el mayor accionista de la aerolínea española Plus Ultra. Su teléfono móvil fue incautado y clonado. El contenido fue entregado por la agencia estadounidense a la UDEF cinco años después. La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción solicita del juzgado, con fecha 14 de mayo de 2026, una serie de diligencias de entrada y registro, una de ellas, en el despacho de Zapatero donde se encuentran, en una caja fuerte, (no podían guardarse en otro lugar) joyas cuyo origen y valor real se desconoce en este momento.   

Este artículo se dedica al análisis de todo lo relacionado con las ayudas prestadas a la Aerolínea Plus Ultra y las circunstancias que las han motivado. La Comisión Europea autorizó ayudas, con dinero público, a sectores estratégicos afectados por la crisis sanitaria del Covid-19. El Gobierno español articuló la respuesta mediante la aprobación del Real Decreto-ley 7.2020, de 12 de marzo, que introdujo las primeras medidas urgentes para mitigar su impacto económico, y del Real Decreto-ley 8.2020, de 17 de marzo, que amplió y reforzó dichas medidas con un conjunto de actuaciones extraordinarias de carácter económico y social.

La concesión de las ayudas se canalizó a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). El Gobierno aprobó rescates millonarios que permitieron evitar la caída de varias compañías aéreas consideradas estratégicas para la economía nacional. Entre ellas figuraban Air Europa, Volotea y Air Nostrum a las que se adjudicaron cantidades que duplicaban las de Plus Ultra. Curiosamente, en el caso de Air Europa, que recibió casi 500 millones de euros, que ya ha devuelto, el juez Peinado quiso involucrar a Begoña Gómez.

La operativa seguida para la concesión de ayudas desmonta cualquier atisbo de un delito de tráfico de influencias o de cualquier otra naturaleza. El 23 de marzo de 2020, Rodolfo Reyes pone en marcha los contactos que consideraba necesarios para acceder a las ayudas. Como las miles de empresas que se encontraban en situaciones parecidas acudieron a las personas que pudieran facilitarles, a nivel político, una posible influencia para agilizar el procedimiento. La mayor parte de los directivos de la compañía aérea eran venezolanos por lo que no tiene nada de extraño que pensasen en Zapatero como la persona ideal para facilitarles las relaciones. Todas estas conversaciones preceden y quedan al margen de la concesión del préstamo de los 53 millones de euros, careciendo de relevancia penal.  

El Consejo de Ministros por una Orden de 23 de Julio de 2020, regula el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (FASEE). El Fondo será gestionado, a través de la SEPI, por el Consejo Gestor. Corresponde a la SEPI el análisis y valoración de las operaciones, previos a la resolución de las solicitudes por el Consejo Gestor. Ante el volumen de peticiones formuladas se autoriza la contratación de gabinetes jurídicos y consultores externos entre los que figuraba Deloitte España, dedicada a la prestación de servicios de auditoría, consultoría, riesgos, asesoramiento fiscal y legal. 

El 1 de septiembre de 2020, Plus Ultra Líneas Aéreas, solicita a la SEPI una de las ayudas del FASEE. El 22 de diciembre de 2020 PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. responde al requerimiento realizado por la SEPI en fecha 14 de diciembre de 2020 y remite información adicional y aclaraciones en relación con: 1. El Plan de Viabilidad. 2. La situación del ERTE. 3. Los estados financieros de PLUS ULTRA. 4. El préstamo participativo de PANACORP CASA DE VALORES.

El Consejo de Ministros autorizó la ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021. El 12 de marzo de 2021, se firman y elevan a escritura pública los contratos de financiación, permitiendo la disposición inicial de fondos. El Consejo Gestor de la SEPI está obligado a hacer un seguimiento del empleo de los fondos y del estado de las empresas beneficiarias. En este sentido, consta en las actuaciones que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) emitió un informe denominado “Análisis de la actividad de la compañía aérea PLUS ULTRA” (18 febrero 2021) en el que se indica que la flota está compuesta por CUATRO aviones AIRBUS, dos modelos A340-300 y dos modelos A340-600”.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) emitió un “Informe solicitado por SEPI sobre situación económica-financiera de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A.”. En fecha 26/02/2021, fue emitido el informe realizado por el asesor jurídico contratado por la SEPI, Deloitte Legal. En el día de hoy se puede comprobar en Internet que la Compañía aérea está en funcionamiento y oferta vuelos a diversas capitales de sudamérica. Cualquier incidencia sobre la devolución de la ayuda o el pago de intereses queda al margen del derecho penal.

El informe de la SEPI no es vinculante ni para FASEE ni para el Consejo de Ministros, aunque cuesta trabajo aceptar que un informe negativo sea ignorado por el Gobierno. Parece verosímil que alguien se fue de la lengua cuando se estaba preparando el orden del día del Consejo. La foto de las ostras parece acreditarlo, pero no encuentro ningún artículo que castigue ese anticipo de la buena nueva.

Unas diligencias de investigación deben concluir con un sobreseimiento total o parcial o con la apertura del juicio oral. El juez tiene la obligación de sanear su contenido despojándolo de adherencias que carecen de contenido delictivo y perturban la necesaria concreción del objeto del proceso. El juez Calama debe eliminar cualquier referencia al “rescate” de la compañía aérea Plus Ultra evitando que se introduzcan elementos ajenos a la ingente tarea que le espera para desentrañar y concretar, en términos que no afecten al derecho de defensa, las rotundas afirmaciones sobre la existencia de una trama a nivel mundial. 

Según el texto del auto: “Las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha [...] permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros. Esta red se articula mediante un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos”. Además de sus intuiciones, debe desentrañar y precisar, con nombres, datos y organigrama, como se estructuraba esta actividad delictiva. En todo caso quedo a la espera de sus futuras actuaciones. 

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Su último libro es ‘Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española’ (Siglo XXI Editores).

El juez José Luis Calama ha pedido a la UDEF, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que elabore un "exhaustivo" informe sobre los cambios accionariales en Plus Ultra, fundamentalmente a partir de 2017, año en el que ingresó capital de origen venezolano, para analizar el "eventual impacto" de esa circunstancia "en la propia consideración de la aerolínea al solicitar ayuda pública" en 2021.

Así lo ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional en una providencia notificada este martes, a la que ha tenido acceso EFE, y en la que reclama a la UDEF dicho informe "en los términos solicitados" por la fiscal del caso, Elena Lorente.

En el escrito en el que la representante del Ministerio Público pedía al juez que solicitara este informe, recordaba que la aerolínea se constituyó el 25 de agosto de 2011 con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores.

Posteriormente, observa, hubo "diversos cambios accionariales, particularmente significativos a partir del año 2017", en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano, según reflejó ya la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía en un informe en 2025, cuando esta causa estaba aún secreta.

"El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra —añade— se produjo a través de diversas escrituras públicas, como se menciona en el referido informe de la UDEF, cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis, resultando por ello de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción, conocer la evolución accionarial".

Con ese nuevo informe, prosigue la fiscal, se podrá "valorar la incidencia" que tuvo "el citado capital venezolano" que, supuestamente, se invirtió en la compañía española.

Por ello reclama que la UDEF elabore "un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa" de Plus Ultra, "desde su constitución hasta la fecha actual, a fin de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés".

Con ese objetivo cree necesario tener en cuenta "las inscripciones registrales" y "cuantos documentos permitan determinar los mencionados extremos".

El informe que aportó la UDEF en noviembre de 2025, en el que se basa la fiscal en su escrito, mencionaba "la existencia de diversos protocolos notariales" que ponen en evidencia cómo, a partir del año 2017, la sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizan aparentemente aportaciones de capital.

Ese es el caso de los socios Camilo Ibrahim Issa (nacionalizado español), Rodolfo Reyes Rojas (cuyo teléfono fue intervenido en Estados Unidos y ha sido clave para la imputación de José Luis Rodríguez Zapataero), María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Borquez Tarff.

También de algún otro que, "sin detentar participación accionarial ocupó cargos de responsabilidad", como ocurre con Raif El Arigie Harbie, "o que mantuvo significativas relaciones financieras con la compañía", como es el caso del venezolano Alcíades José Carión Carrión.

En su informe de 2025, la UDEF ya elaboró una tabla de la composición accionarial de Plus Ultra en el año 2021 "de acuerdo con la información obtenida por inteligencia financiera" y que recoge la fiscal en su escrito.

En esa fecha constan 23 socios, de los que 15 son distintas sociedades, y cuyo capital tras aportaciones —valor total que resulta de sumar el dinero o bienes iniciales de una inversión o sociedad más las aportaciones periódicas o extraordinarias— sumó en total 18,8 millones de euros.

Snip Aviation era la que acumulaba la mayor cantidad de capital tras aportaciones, con 8,5 millones de euros y el 45,33%, a abril de 2021, seguida de Fly Spain (2,1 millones) y Alva Skies and Wings (1,7 millones).

Tras estas empresas, figuran dos socios, Flavio Borquez y Héctor Tobia, con idéntica cantidad de capital tras aportaciones, 1.417.166,11 y 1.417.166,10, respectivamente, mientras que la menor cantidad resulta ser la del entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, con 6,49 euros.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la UDEF a reclamar a las entidades bancarias información sobre varias cuentas a nombre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, María Gertrudis Alcázar.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez da orden de recabar los movimientos realizados en decenas de cuentas de más de diez entidades bancarias desde el 1 de enero de 2020 por Zapatero, sus hijas, su amigo el empresario Julio Martínez y varias empresas del entorno societario de este.

La UDEF pretende cruzar esos datos con los movimientos que ha detectado y que apuntan a transferencias de cientos de miles de euros a Zapatero y sus hijas en lo que los investigadores sospechan que constituye una trama de tráfico de influencias.

Lo hace tras recibir un informe de la UDEF fechado el 9 de junio con información financiera procedente en su mayor parte de datos tributarios declarados por los investigados y que ahora quiere ratificar con los movimientos bancarios.

Entre las novedades que pretende investigar el juez está el patrimonio de Gertrudis Alcázar tras averiguar que compró una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin hipoteca mediante pagos periódicos por transferencia entre 2021 y 2023.

La UDEF admite que no tiene constancia de que la secretaria de Zapatero "haya recibido fondos procedentes" del entramado societario investigado, pero sigue poniendo el foco en el "rol relevante" que le atribuye dentro de la supuesta trama.

En este caso, en relación con la compra de la vivienda, los investigadores subrayan que no han observado operaciones "que de alguna manera compensen" la transacción inmobiliaria "o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada" en dichos pagos.

El juez Calama aprecia indicios de la existencia de "una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes", entre los que cita Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Esas empresas retribuirían tales servicios mediante "contratos de asesoría simulados", permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas, Alba y Laura.

Una operativa que se articularía a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, "quien no se limita a canalizar fondos, sino que actúa como persona de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red".

La información obtenida por la UDEF indica que Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante, empresa de Martínez, entre 2020 y 2025, "además de un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades".

Así, detalla que percibió 851.180 euros de Kreab Iberia, 649.552 euros de Thinking Heads Group, 31.766 euros de Thinking Heads Américas, 352.980 euros de Gate Center, 200.000 euros de Focus Social Research, 159.034 euros de Chinalink, 104.410 euros de Mimo Advisors, 105.000 euros de Kreab Worldwide, 53.000 euros de Bright Digital Solutions, 49.758 euros de Yuewee International Trade y 47.120 euros del Zayed Award.

El juez menciona que uno de esos pagos, el de Focus Social Research, está vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana.

Una de las cuentas de Zapatero en el Banco Santander funcionaba como receptora de fondos, que eran redistribuidos inmediatamente a otras cuentas del mismo titular. Desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros.

El juez destaca también el papel de Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, como "principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez" tras el propio expresidente.

Menciona que recibió 242.423 euros de Análisis Relevante; 20.993 euros de Agropecuaria Lucena; 18.150 euros de Pickashop; 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, considerada una "sociedad instrumental"; 171.727 euros de la sociedad Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads.

Y subraya cómo desde la propia Whathefav se transfirieron 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, en concreto a cuentas donde Zapatero figuraba como autorizado.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigados a Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, consejero delegado y presidente de Plus Ultra, respectivamente. Los interrogatorios tendrán lugar los próximos 7 y 8 de septiembre en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea.

La decisión del magistrado llega después de que ambos directivos presentaran escritos ante el juzgado en los que vincularon al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con las gestiones realizadas para conseguir la ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Martínez Sola y Roselli explicaron que la compañía contrató al empresario Julio Martínez Martínez por su relación con Zapatero y admitieron el pago de importantes cantidades por su mediación.

No obstante, los responsables de Plus Ultra aseguraron que no llegaron a tener constancia de las actuaciones concretas que el expresidente habría realizado para influir en la concesión del rescate.

En paralelo, Calama ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa de Zapatero. La decisión se debe a que el escrito fue registrado fuera del plazo de 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso material a las actuaciones.

La defensa del expresidente había presentado el pasado 25 de junio un incidente de nulidad de actuaciones en el que solicitaba que se declarara la vulneración de varios derechos fundamentales y reclamaba la exclusión del procedimiento de doce resoluciones, entre ellas las que autorizaron la entrada y el registro en la oficina del expresidente del Gobierno y la que abrió una pieza separada para investigar el origen de las joyas incautadas en su despacho.

El auto explica que, de acuerdo con el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el plazo previsto para plantear un incidente de nulidad es de 20 días y comienza a correr desde el momento en que el afectado tiene conocimiento efectivo del acto que vulnera el derecho fundamental.

Calama recuerda que, en este caso, la defensa de Rodríguez Zapatero indicaba que “la nulidad se plantea a raíz del acceso a la plataforma Cloud y el conocimiento de lo sucedido en las Diligencias de Investigación preprocesales, y tras conocer la singladura procesal que ha llevado la causa al momento presente”.

Ese acceso, tal y como consta en las actuaciones, se produjo el 25 de mayo, cuando se remitió una comunicación a todas las partes personadas que lo habían solicitado para informarles de que, a partir de ese momento, podían consultar los autos en la plataforma de gestión documental habilitada. "En las comunicaciones efectuadas el 25 de mayo aparece documentada la notificación realizada a la representación procesal del expresidente del Gobierno en la cuenta de correo electrónico facilitada por su defensa", aclara el instructor.

En este sentido, el magistrado señala que los escritos sujetos a plazo pueden presentarse válidamente hasta las 15.00 horas del día hábil siguiente, lo que extendía la posibilidad de presentación únicamente hasta las 15.00 horas del 23 de junio. “La presentación efectuada el 25 de junio resulta, por tanto, extemporánea, y la consecuencia no puede ser otra que su inadmisión a trámite”, sostiene.

Por todo ello, el auto concluye que la consecuencia de formular el incidente fuera de plazo es su inadmisión. “La extemporaneidad priva al órgano judicial de competencia para examinar el fondo de la lesión alegada, pues el incidente no puede operar como mecanismo para cuestionar decisiones instructoras que debieron impugnarse en tiempo articulando frente a ellas los oportunos recursos”, concluye.

José Luis Rodríguez Zapatero pone punto final a nueve semanas de silencio absoluto. El expresidente del Gobierno se ha sentado este jueves en la televisión pública para hablar sobre el caso Plus Ultra. Una entrevista que le ha servido, sobre todo, para defenderse públicamente de la acusación contenida en los escritos de colaboración que esta semana han remitido al juez instructor tanto el empresario Julio Martínez Martínez como dos de los directivos de Plus Ultra. El exdirigente socialista ha negado categóricamente haber influido en la concesión del préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea en plena pandemia. O haber tenido información privilegiada sobre el mismo. Ahora bien, no ha aclarado el origen de las joyas halladas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su despacho, algo que ha achacado a su estrategia procesal.

La última vez que el expresidente del Gobierno se pronunció públicamente fue el día en el que se conoció su imputación y en el que los investigadores registraron su oficina. A través de un vídeo, Zapatero aseguró que toda su actividad "pública y privada" se había desarrollado siempre "con absoluto respeto a la legalidad" y que todos los ingresos percibidos se habían "declarado" a Hacienda. Y negó haber realizado "jamás" una "gestión" ante ninguna "Administración pública" en relación con el rescate de Plus Ultra. Dos ideas en las que insistió, ya a puerta cerrada, en su declaración como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama: "Lo reafirmo rotundamente: no tuve ninguna intervención".

Zapatero no se ha movido ni un milímetro de ese relato durante su intervención en el programa Mañaneros 360. Una entrevista concedida en un momento muy concreto. Hace solo tres días, tres de los principales investigados de la trama decidieron mover ficha en busca de los beneficios que el Código Penal reserva para aquellos que colaboren con la justicia –y de los que el empresario Víctor de Aldama puede dar buena cuenta–. Tanto Julio Martínez Martínez como el presidente y el ex consejero delegado de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente, remitieron al instructor sendos escritos en los que situaban al expresidente del Gobierno como pieza clave en la consecución del rescate de la aerolínea. Es más, el primero de ellos llega a asegurar que Zapatero le avanzó que la ayuda pública se concedería once días antes de que la aprobara el Consejo de Ministros.

El expresidente del Gobierno no ha querido entrar en si se siente "traicionado" por quien fue amigo íntimo durante casi tres lustros. Allá cada cual, ha venido a decir, con su estrategia de defensa. Eso sí, ha rechazado de plano el relato ofrecido por quienes pretenden convertirse en colaboradores, cuyo testimonio, al menos por ahora, no ha permitido atar el delito de tráfico de influencias en relación a la aerolínea. "No hablé con nadie ni de la SEPI ni del Gobierno, ni con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra", ha señalado el exdirigente socialista. Y ha asegurado que jamás aparecerá una sola conversación de él con algún miembro de la compañía hablando del préstamo concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En su escrito de colaboración, el presidente de Plus Ultra relata que antes de buscar ese rescate trataron de conseguir un crédito ICO. Y que, en ese contexto, Martínez Martínez le dijo que escribieran una carta al vicepresidente del Banco Santander Juan Manuel Cendoya, con quien el exlíder del Ejecutivo iba a realizar unos "contactos". Una misiva dirigida a dicho directivo que Martínez Sola fechó el 25 de mayo de 2020 y que arrancó con la siguiente fórmula: "Siguiendo instrucciones del presidente Zapatero". "El encabezamiento es un exceso", ha señalado el exdirigente socialista, quien ha explicado que lo único que hizo fue "llamar" a Cendoya "para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas". "Eso no tiene que ver ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada", ha querido zanjar, rechazando que con esa gestión estuviese ejerciendo "influencia".

En su auto de imputación, el instructor también pone el foco sobre una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 7 de septiembre de 2020. Seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda. Y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que Plus Ultra tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto último es importante, porque un requisito para acceder al rescate era estar al corriente de estas deudas, lo cual es posible cuando las mismas se encuentran aplazadas, suspendidas o fraccionadas. El expresidente, sin embargo, ha desvinculado dicho encuentro de la ayuda a la aerolínea: "Esa es otra de las locuras. Me llama para conocerme. No hablamos de Plus Ultra".

También ha negado haber avanzado a su amigo el 26 de febrero de 2021 que la SEPI iba a conceder el rescate. Es decir, once días antes de su aprobación en Consejo de Ministros. Los mensajes remitidos por Julio Martínez Martínez aquel día confirman la filtración de dicha información. "Solo felicitarte por la próxima obtención del préstamo de la Sepi, muy previsiblemente será en el Consejo de Ministros del día 9 de Marzo. Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo", escribió a uno de los empresarios venezolanos vinculados a la aerolínea. El expresidente del Gobierno, sin embargo, ha querido dejar claro que él no supo "en ningún momento" si la aerolínea se iba o no a rescatar.

Martínez Martínez sostuvo en el escrito remitido a comienzos de semana a la Audiencia Nacional que Zapatero, aunque no formara parte del accionariado, era quien lideraba la consultora Análisis Relevante y quien "decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes". En la entrevista, el exdirigente socialista ha defendido su papel como consultor, asegurando que toda su actividad está declarada en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). "Todo mi trabajo en Análisis Relevante fue de consultoría, de asesoramiento, que se sustanciará en su momento. Nunca tuve intención ni participé en ninguna sociedad ni firmé ningún contrato con ningún cliente", ha señalado Zapatero.

La UDEF en sus informes ata la supuesta "posición directiva" del expresidente del Gobierno en Análisis Relevante en base a dos archivos Excel que envió Zapatero a Martínez Martínez el 6 de julio de 2021 con "un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos", algunos de ellos clientes de la consultora. "Eran personas a las que, como consultor, considero que [les] interesa conocer los informes de los análisis políticos y económicos que hacía Análisis Relevante. Es tan simple como eso", ha respondido el exdirigente socialista sobre esta cuestión. Y, del mismo modo, ha negado que se falsearan conceptos a la hora de facturar a la firma por sus trabajos de consultoría.

El exlíder del Ejecutivo también ha negado haber dado instrucciones para la puesta en marcha de una offshore en Dubái. "Es una invención absoluta", ha apuntado. La tesis del instructor y de los investigadores era que la trama podía haber constituido una sociedad en Emiratos Árabes Unidos para cobrar de forma opaca una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra. Una hipótesis que, sin embargo, tiran por tierra los escritos de colaboración remitidos por Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra. Los tres reconocen que, efectivamente, se pagaron 530.000 euros por las gestiones. Ahora bien, aseguran que dichos abonos se canalizaron, mayoritariamente, a través de tres sociedades en España.

Zapatero también ha defendido el trabajo realizado por sus hijas, que a través de su empresa, WhaTheFav, ingresaron 239.755 euros entre 2020 y 2025 de Análisis Relevante. Ha negado que sean sus testaferros. Y ha dicho que presentarán en el procedimiento judicial "todos sus trabajos, tarea y contratos". Pero no ha querido dar más detalles: "WhaTheFav tiene que hablar por sí misma". Entre las dudas que aún quedan sobre la mesa están, por ejemplo, los 561.440 euros que esta firma recibió de Inteligencia Prospectiva, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. La empresa llama la atención de los investigadores por tener "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores".

El expresidente tampoco ha querido dar demasiados detalles sobre las joyas que los agentes de la UDEF encontraron durante el registro de su despacho, unas piezas que un peritaje encargado por el juez valoró en 1,3 millones de euros y que han provocado la imputación de Zapatero también por posibles delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública. Hace un mes, durante su declaración ante el instructor, aseguró que daría las explicaciones pertinentes en diez días. Pero este jueves, durante su entrevista televisiva, se ha limitado a decir que eran un "regalo de cortesía personal" que recibió hace muchos años, aunque ha señalado que la valoración económica que arrojó la tasación judicial será sometida "a contradicción". No ha desvelado, por respeto al procedimiento, ni cuándo ni qué país se las regaló. "Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podríamos imaginar ese valor; estaban ahí y nada más", se ha limitado a resaltar, al tiempo que ha negado el contrabando y el afán defraudatorio.

La ofensiva contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte del Partido Popular no cesa. Este jueves, apenas unos minutos después de la primera entrevista concedida por el expresidente del Gobierno en TVE desde que comenzó a ser investigado en el caso Plus Ultra, los conservadores salieron en tromba a criticar que el socialista no diera explicaciones suficientes sobre su actuación en el rescate de la aerolínea ni sobre el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte de su despacho.

Zapatero defendió en el programa Mañaneros 360, de TVE, su “inocencia absoluta”y negó haber hablado con miembros del Gobierno o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —la SEPI— sobre el rescate de Plus Ultra. Sobre las joyas, afirmó que se trató de un “regalo de cortesía personal” recibido hace años de un país cuya identidad no quiso revelar. También cuestionó la tasación incorporada a la causa y aseguró que dará las explicaciones correspondientes ante el juez.

Asimismo, el expresidente ha rechazado las acusaciones de tráfico de influencias, fraude fiscal y contrabando que se investigan en la Audiencia Nacional. La instrucción continúa abierta, por lo que no existe hasta el momento ninguna condena contra el expresidente. Sin embargo, el miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio por hecho que Zapatero había “delinquido” gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La primera reacción del PP la protagonizó su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, desde los pasillos de la Cámara Baja, al acusar al expresidente de utilizar la televisión pública para defenderse y respaldar al actual jefe del Ejecutivo. “No solo ha ido a defenderse a Televisión Española, sino que ha ido a defender a Sánchez”, ha afirmado Muñoz. La dirigente popular ha sostenido que, si Zapatero “acaba siendo culpable de un delito de tráfico de influencias”, tendría que existir “otro culpable al otro lado de la cuerda, que es el Gobierno de España” pese a que el expresidente ha negado en todo momento haber hablado con nadie.

Muñoz ha asegurado además que el expresidente “ha tomado el pelo a los españoles” y que “no ha respondido a ninguna de las dudas” planteadas en torno a sus actividades y a la procedencia de las joyas. Además, también ha señalado que el exministro José Luis Ábalos también aseguró que todo era mentira, en relación al caso Koldo, y finalmente ha acabado condenado por el Tribunal Supremo. 

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por Zapatero. “No sabemos dónde están las joyas, cómo se argumenta y sustenta su defensa. Se tendrá que ver con el tiempo”, ha señalado ante la prensa. Ayuso ha reclamado que la presunción de inocencia se aplique de la misma manera a todos y ha acusado al Ejecutivo de utilizar su poder para proteger a sus dirigentes y referentes políticos. “Estamos viendo que el Gobierno opera a modo de régimen, utilizando todo el poder que tiene para que todos tengamos que creer que tiene presunción de inocencia por ser socialista y por ser del Gobierno, mientras que para todos los demás es todo lo contrario”, ha afirmado.

Otros dirigentes del PP han difundido sus críticas a través de la red social X. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha acusado al expresidente de continuar con su “huida hacia adelante”. “Lo niega todo, pero no es capaz de dar explicaciones de nada”, ha escrito Tellado, quien ha ironizado sobre la definición de las joyas como un obsequio de cortesía: “Explica el alijo de joyas como un regalo de cortesía, como si fueran unos turrones. Alucinante”.

Tellado ha señalado asimismo que Zapatero llevaba “muy bien preparado” un “relato victimista” y ha acusado a TVE, a la que denomina “Tele Pedro” de haber organizado una “pseudoentrevista” protagonizada por Javier Ruiz destinada a “salvar la cara” al expresidente y al Gobierno. Previamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también había cuestionado la imparcialidad del periodista.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha centrado su reacción en el valor de las piezas. “Para Zapatero, 1,3 millones de euros en joyas son simple ‘cortesía’ No queremos imaginar lo que será un buen regalo para él”, señaló en X. “Ser socialista es recibir mucho, pensar que es poco y no dar explicaciones por nada”, añadió.

En términos similares se ha pronunciado el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. “Zapatero pasa por su entrevista televisiva sin concretar el origen de su millón de euros en joyas”, ha escrito. Bendodo ha recordado que las piezas fueron localizadas el pasado 19 de mayo y que el expresidente solicitó un plazo de diez días para aportar explicaciones al juez. “Hoy solo ha aclarado que está en un callejón sin salida”, ha concluido.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este jueves su inocencia y ha negado cualquier intervención en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. En su primera entrevista televisiva desde que comenzó a ser investigado por la Audiencia Nacional, Zapatero ha calificado de "enorme invención" las acusaciones formuladas por el empresario Julio Martínez Martínez, quien esta semana lo señaló ante el juez como la persona que "marcaba los pasos" para conseguir la financiación.

"Estoy convencido de mi inocencia. No me he corrompido, en absoluto. Siempre he respetado la legalidad", ha afirmado el expresidente durante una entrevista en el programa Mañaneros 360, de La 1. Zapatero ha reconocido que necesita ofrecer explicaciones ante la gravedad de la investigación, pero ha advertido de que no pretende pedir a los ciudadanos "un acto de fe".

El expresidente ha rechazado de plano la nueva versión ofrecida por Julio Martínez, amigo suyo durante años y propietario de la consultora Análisis Relevante. "Las acusaciones que hizo Julio Martínez sobre mí son una enorme invención", ha sostenido. Preguntado por si se siente traicionado, Zapatero ha evitado cuestionar personalmente al empresario y ha atribuido sus palabras a su estrategia procesal: "No entro en su estrategia de defensa".

Martínez ratificó el martes ante el juez José Luis Calama que Zapatero estaba informado de los pasos dados para obtener el préstamo y que fue quien le anticipó que la ayuda sería concedida. El empresario también declaró que los honorarios acordados por la mediación ascendían aproximadamente al 1% de los 53 millones del rescate, unos 530.000 euros, aunque admitió que desconoce con qué persona del Gobierno o de la SEPI habría hablado el expresidente.

Zapatero ha insistido, sin embargo, en que no tuvo ningún papel en la operación. "No hablé con nadie del rescate de Plus Ultra", ha asegurado. Según ha defendido, nunca realizó gestiones ante funcionarios, responsables gubernamentales o representantes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para facilitar la concesión del préstamo.

El expresidente también ha negado la creación de una sociedad offshore en Dubái destinada presuntamente a canalizar la comisión. "Decir que creé una offshore es una invención", ha señalado, antes de añadir que atribuirle esa actuación "es como decir que he dado instrucciones para ir a la luna"

Sobre los pagos recibidos a través de Análisis Relevante, Zapatero ha reafirmado que desarrolló "un trabajo de consultoría" y asesoramiento dentro de la legalidad. También ha negado que la consultora funcionara como una sociedad pantalla para canalizar sus ingresos y ha recalcado que sus servicios fueron declarados con su nombre y apellidos.

En cuanto a las joyas, Zapatero ha defendido que fueron un regalo "personal, fruto de una amistad", aunque ha evitado revelar quién se las entregó. El expresidente ha asegurado que, "por respeto al procedimiento judicial", aclarará ante la justicia todas las circunstancias relacionadas con este asunto y ha sostenido que nunca tuvo "afán patrimonial".

Fuentes del PSOE y del Gobierno inciden en que el partido mantiene exactamente la misma posición tras la entrevista: respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia. "El presidente Zapatero ha querido dirigirse a la ciudadanía para ofrecer explicaciones públicas y reafirmar su inocencia", añaden desde el partido.

Además, han señalado que la filtración de sus agendas personales "vulneran derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y nada tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de derecho".

El Gobierno sigue defendiendo la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero así como la plena legalidad del préstamo público concedido a Plus Ultra.

Ha sido la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien ha reiterado la confianza en Zapatero en la rueda de prensa posterior en la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por el hecho de que el empresario Julio Martínez Martínez y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, han implicado al expresidente en el préstamo público concedido a la aerolínea.

Tras asegurar de forma inicial que continúan defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero, ante la insistencia de los periodistas por saber si lo consideran inocente, lo ha afirmado: "Seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo la presunción de inocencia".

Más allá de esa afirmación, ante las declaraciones del empresario Julio Martínez, ha dicho que no iba a comentar las versiones, declaraciones o "estrategias de defensa" en sede judicial en este caso.

Saiz ha hecho hincapié en que se está en una fase inicial de la investigación y en garantizar la plena colaboración con la justicia, y ha repetido en varias ocasiones que todo lo relativo al préstamo a Plus Ultra se ajustó a la legalidad.

"No hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue correcta", ha sido su respuesta al plantearle si el Gobierno actuó a petición de Zapatero o le informó del proceso, y cómo pudo saber el expresidente que se iba a conceder el préstamo antes de que se hiciera pública la decisión.

Para apuntalar sus argumentos, la ministra ha recordado que el expediente fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y contó con asesoramiento financiero y jurídico externos. También que fue revisado por el Juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el régimen de ayudas.

En la rueda de prensa ha estado presente también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien al ser preguntada por este asunto y si desde Sumar iban a pedir algún tipo de responsabilidad a su socio en el Gobierno, ha dicho que ella nunca comenta las causas judiciales, porque cree que no sería responsable hacerlo.

Sí ha recordado que Sumar ha venido defendiendo que Zapatero debe dar explicaciones ante la inquietud, tristeza y preocupación que hay en la ciudadanía. Se ha remitido además a las palabras de Saiz en relación con la concesión del préstamo a Plus Ultra tras señalar que todos los expedientes son públicos y ha instado a dejar trabajar a los tribunales con sosiego, respeto y silencio.

El caso tiene un cóctel de ingredientes perfecto para PP y Vox. Una compañía aérea presuntamente ligada al Gobierno de Nicolás Maduro en cuyo rescate habría sido crucial José Luis Rodríguez Zapatero, ese expresidente socialista que, desde la óptica de la derecha y la ultraderecha se habría vendido al chavismo. La imputación de Zapatero en el caso que investiga el rescate de Plus Ultra no ha hecho más que confirmar ese mantra difundido durante años. Pero el sumario que instruye el juez José Luis Calama refleja una realidad muy diferente. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, no solo buscó influencia en el Gobierno de Sánchez para sacar adelante los intereses más turbios de la aerolínea. En su círculo más íntimo, eminentemente conservador, se encontraban dos importantes figuras de ese sesgo. De un lado, uno de los jueces más señalados por su cercanía a la derecha, Manuel García-Castellón. De otro, el principal empresario de la comunicación del entorno de Vox, Julio Ariza, expropietario de Intereconomía y uno de los pesos pesados de El Toro TV. De los chats intervenidos en la causa, a los que ha podido acceder infoLibre, se deduce que ambos habrían recurrido a su poder para ayudar a la compañía.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama mantiene imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por, supuestamente, interceder a favor de Plus Ultra con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para engrasar el rescate de 53 millones de euros que finalmente le fue concedido a la aerolínea en marzo de 2021. El instructor se basa en las conversaciones de Sola y algunos de los directivos y el empresario amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, la firma para la que el expresidente asegura que solo hacía trabajos de consultoría. También en un contrato de Martínez Martínez con la aerolínea en el que éste se aseguraría un 1% del importe del rescate en caso de que se consiguiera. El tercer indicio que maneja el juez es el flujo de fondos detectado por Hacienda desde Plus Ultra (entre otras empresas) a Análisis Relevante y de ahí a Zapatero y a la empresa de sus hijas, WhaTheFav. El exlíder del PSOE, según el relato judicial, actuaría como una suerte de conseguidor al más alto nivel en España y Venezuela para Plus Ultra. Algo de lo que, hasta el momento, el instructor no ha conseguido una prueba directa de ello.

Las chats de mensajería de Rodolfo Reyes intervenidos en 2021 por el Homeland Security Investigations (HSI) –el cuerpo policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos– y facilitados a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía cuatro años después, en marzo de 2026, y el resto de conversaciones volcadas por orden de los dos jueces españoles que han intervenido –Calama y la jueza 15 de Madrid, Esperanza Collazos– reflejan que las gestiones para lograr acceso directo a las máximas instancias del poder económico y político también se hicieron a través de personajes más vinculados con la derecha y la ultraderecha, que les sirvieron, presuntamente, para facilitar gestiones en los bancos, para frenar la ofensiva judicial de la derecha y la ultraderecha contra la compañía en los tribunales y para poner en marcha una campaña de lavado de imagen tras meses de asedio político y mediático por el rescate y el proceso judicial que cuestiona, todavía hoy, su legalidad.

Es en esas conversaciones en las que aparece, por ejemplo, Manuel García-Castellón, exjuez del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional muy cuestionado por los partidos de izquierda, no solo por abrir una causa a Podemos por supuesta financiación ilegal basada en informes prefabricados y que quedó en nada. También por su gestión en la investigación abierta contra el comisario jubilado de Policía José Manuel Villarejo de cuyas grabaciones, todas ellas incautadas por la Policía, todavía se desconoce la totalidad de su contenido. O por excluir del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas a la ex secretaria general y exministra del PP María Dolores de Cospedal, que en uno de esos audios aparece pidiendo a Villarejo que acabe con la documentación del extesorero que probaría los sobresueldos de cargos del PP y la implicación directa del partido. Gracias a García-Castellón, entre otros, la acusación solo se ha dirigido al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado, Francisco Martínez y el polémico comisario jubilado. Cospedal solo compareció como testigo en el juicio.

Mientras estuvo en activo en la Audiencia Nacional (dejó de estarlo en septiembre de 2024 al jubilarse), Plus Ultra habría recurrido a este juez para que les prestara su ayuda en algunas gestiones financieras y procesales. Como explicó el propio García-Castellón a infoLibre el pasado 4 de junio, el exmagistrado es "íntimo amigo" del presidente de la compañía, Martínez Sola, "desde hace 30 años". Esa es la razón por la que, al dejar la Audiencia Nacional, el exjuez fijó en la sede social de Plus Ultra en Alcobendas (Madrid) su dirección al darse de alta como abogado porque, según afirmó, "no quería poner su domicilio". Desde allí dio una entrevista al programa Buenos días Madrid de Telemadrid el 13 de noviembre de 2025 para hablar del juicio que se seguía en el Supremo contra el fiscal general del Estado y criticar las supuestas presiones del Gobierno de Sánchez a los jueces por utilizar términos como "prevaricación" o "lawfare". La relación entre ambos es tan estrecha que, cuando Martínez Sola fue detenido el 11 de diciembre de 2025 pidió que le comunicaran el arresto y el lugar donde lo condujeran a su amigo magistrado. En los chats del caso se refiere siempre a él como "Manolo".

Según se deduce de las conversaciones entre los directivos de Plus Ultra, García-Castellón habría realizado dos gestiones en favor de la aerolínea presidida por su amigo mientras todavía estaba en activo en su juzgado de la Audiencia Nacional. La primera fue, presuntamente, poner en contacto a la cúpula de la compañía con la entonces consejera delegada de Bankinter. "Hablé con Manolo por si conocía a alguien importante de Bankinter por nuestro problema. Conoce a Dolores Dancausa, consejera delegada [ahora presidenta no ejecutiva]. Llamó. Me acaba de confirmar que me va a llamar Rocío P., de legal de Bankinter, para reunirse con nosotros. Asistiremos Santiago, Roberto y yo", escribió el 26 de mayo de 2022 en aquel grupo el presidente de Plus Ultra. A la entidad financiera no le constan esos contactos.

Seis meses después, Martínez Sola escribió a Rodolfo Reyes, el entonces máximo accionista de Plus Ultra, ahora huido de la justicia. "Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle 'Gracias por tus gestiones en Bankinter', solo eso. Nos han liberado 3,7 millones". "Coño Julio que bueno" (sic), responde el empresario venezolano una hora más tarde. "Tienes su móvil?", insiste Martínez Sola unos segundos después. "Manolo privé", zanja Reyes Rojas. Solo unos meses antes, el 7 de abril, el presidente de la aerolínea había remitido al máximo accionista de la misma un contacto con ese nombre: "Manolo Privé". Era el nombre con el que García-Castellón aparecía en la agenda del presidente de Plus Ultra. Bankinter asegura que sus operativas responden exclusivamente a criterios técnicos dentro de estrictos protocolos de control.

La segunda supuesta gestión de García-Castellón que se deduce de las conversaciones fue ante Vox. "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", dijo Martínez Sola en uno de los chats de directivos de Plus Ultra. Vox asegura que ese encuentro con su presidente nacional no se produjo, pero según se deduce de las conversaciones entre la cúpula corporativa de Plus Ultra, la reunión con García-Castellón dio resultados. A primera hora de la mañana del día siguiente a la cena (que se celebró supuestamente el 24 de marzo de 2022, Martínez Sola volvió a escribir en el chat: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox". Lo que la compañía quería de la formación ultra era que, una vez que se produjera el archivo de la causa, Vox no lo recurriera. Ese objetivo se logró. García-Castellón no ha querido hacer ningún comentario sobre ambas supuestas gestiones, prohibidas para un magistrado en activo.

Martínez Sola tenía otro as en la manga para frenar la ofensiva de la formación de Abascal en los juzgados. Otra de sus amistades "íntimas" como la califica en sus mensajes, era el empresario de la comunicación Julio Ariza, expropietario de Intereconomía y hoy una de las caras más visibles de El Toro TV. Uno de sus hijos, Gabriel Ariza, es, además, uno de los asesores de cabecera de Santiago Abascal y, por lo tanto, con pleno acceso a él. Seis meses antes de que se produjera el archivo de la causa, decretado por la juez Esperanza Collazos el 5 de enero de 2023, Martínez Sola dijo al secretario del consejo de Plus Ultra, Santiago Fernández Lena: "Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir. Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información". Siete días después del archivo, el 12 de enero de 2023, el presidente insiste: "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre".

Tal como Martínez Sola sostiene en los chats que le había dicho Ariza, Vox no recurrió el archivo del caso. Su actuación procesal terminó semanas antes del archivo, cuando pidió la nulidad del error formal de la instructora –se le había pasado el plazo de 12 meses para llamar como imputada a Plus Ultra– que condujo inexorablemente el caso al sobreseimiento provisional. El Gobierno, la Fiscalía y la aerolínea sí recurrieron el carpetazo de la jueza, pero para pedir que fuera definitivo, algo que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó. En su auto, el tribunal madrileño afirmaba que ni la formación ultra, ni el PP, que acusaban en el caso, habían impugnado el recurso de las defensas.

De todas las conversaciones volcadas por la Policía se deduce una relación muy estrecha entre Martínez Sola, el entonces juez de la Audiencia Nacional García-Castellón y el empresario Julio Ariza, los cuales viajaron juntos a Cartagena de Indias en noviembre de 2022, según informó Público. "Voy a hablar con Julio Ariza. Íntimo amigo", escribía el presidente de Plus Ultra en 2024 a Federico Lledó, quien fuera administrador de otra aerolínea con relacionada con Plus Ultra. Martínez Sola, García-Castellón –"Manolo"– y Julio Ariza aparecen en varios mensajes cenando juntos o de visita en casa del presidente de la compañía. Según se deduce de lo que el presidente y el resto de directivos dicen en los mensajes intervenidos, eran amigos de los buenos. De los que lo dan todo por echarte una mano.

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató Plus Ultra en 2021 —junto a otras compañías—, Vox convirtió esa decisión en una ofensiva total contra la supuesta corrupción del Ejecutivo, llegando incluso a personarse como acusación popular en la causa. Pero la formación ultra la dejó morir años después y no recurrió el archivo. Un contraste entre su estrategia política —que también ha ido variando— y su actuación procesal que resulta aún más llamativo a la luz de las nuevas revelaciones de infoLibre sobre las gestiones realizadas por el empresario de medios Julio Ariza y el exjuez Manuel García-Castellón para evitar que el partido siguiera perjudicando a la compañía.

Así, el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, acudió a Ariza en la recta final de la instrucción para que el partido de Santiago Abascal no recurriera el archivo de la causa. La gestión, según se deduce de las conversaciones entre los directivos de la compañía a las que ha tenido acceso infoLibre, dio sus frutos. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció en ese grupo de WhatsApp Julio Martínez Sola el 12 de enero de 2023, seis días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. De ahí se desprende que el empresario contactó con algún miembro de la cúpula de Vox que le indicó que no iban a dar más pasos judiciales.

Tal y como publicó este periódico, el juez Manuel García-Castellón también se postuló para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir en ese encuentro del entonces juez en activo de la Audiencia Nacional con el dirigente de Vox era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no intentara reabrirla. Y, según esos chats internos, la presión de ambos surtió efecto.

Así, después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara el archivo de la investigación sobre la legalidad del rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vox hizo el amago de presentar recurso aunque al final desistió —el PP tampoco recurrió— y la causa quedó definitivamente archivada. Las nuevas informaciones reveladas por infoLibre aportan ahora un contexto nuevo en el que se enmarcaría aquella decisión, aunque la formación de Abascal niega de manera rotunda que se produjera tanto esa reunión con García-Castellón en marzo de 2022 como que Ariza intercediera para tratar de convencerle de que Vox no recurriera el archivo.

Más allá de las gestiones que se desprenden de esos chats en los que figuran referenciados tanto García-Castellón como Ariza, lo cierto es que sí se produjo un cambio en el discurso y la estrategia de la formación ultra a partir de 2023. El rescate a Plus Ultra fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. La operación, que se saldó con un coste de 53 millones de euros, tenía origen en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), con el objetivo de auxiliar a sociedades con dificultades por la crisis económica desatada por la pandemia. El fondo, a su vez, dependía de la SEPI y tenía como misión inyectar liquidez a empresas que fueran viables pero que, por el impacto de la crisis, se vieran en una situación comprometida.

Rápidamente tanto Vox como el PP situaron el foco sobre la propia operación de rescate, cuestionando la solvencia de Plus Ultra y reclamando solicitudes de información al Gobierno sobre el expediente del rescate, además de registrar preguntas parlamentarias sobre por qué Plus Ultra había sido considerada empresa estratégica y alimentar la duda de una intencionalidad política en la operación a través de entrevistas y comparecencias públicas. 

Es más, la formación de Abascal presentó una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la SEPI, criticaron sus informes y denunciaron la vinculación de los accionistas de la compañía con Venezuela. “Han concedido soporte financiero a sociedades que difícilmente cabe calificar de estratégicas conforme a sus criterios”, denunciaba ante el Congreso el diputado de Vox Víctor González. “¿Por qué se ayuda a empresas amigas que no reúnen los requisitos y al tendero de la esquina del barrio no?”, planteaba.

Sin embargo, con el archivo de la causa en 2023, las prioridades políticas de la formación cambiaron. Y, tras la apertura de nuevas líneas de investigación en la Audiencia Nacional en diciembre del pasado año, el eje del discurso ya no se situó en la compañía. Plus Ultra dejó de ser el objeto principal de la crítica para convertirse en el escenario sobre el que Vox construyó un relato centrado casi exclusivamente en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Venezuela y una supuesta trama de influencias políticas encabezada por Pedro Sánchez. 

Las iniciativas parlamentarias impulsadas por la formación durante los últimos meses reflejan ese desplazamiento. La mayoría de las comparecencias solicitadas y de las preguntas registradas se dirigen a esclarecer el papel del expresidente del Gobierno, de responsables de la SEPI o del Ejecutivo actual, mucho más que la actuación de la propia compañía o de sus administradores. Es más, el propio Abascal trató de restarle peso a la trama en una reciente entrevista con NTN24, un canal de televisión colombiano dirigido a la comunidad de América Latina.

“Hemos pedido la prisión preventiva y la retirada del pasaporte para que Zapatero no pueda huir de España ni destruir pruebas. Creemos que la gravedad de las acusaciones es extraordinaria, que la contundencia del auto del juez Calama es evidente y que todo apunta a la comisión de gravísimos delitos. Y, además, pensamos algo que todavía es más importante: que el caso Plus Ultra es solo la punta del iceberg. Es, probablemente, el caso pequeño dentro de los casos de corrupción que podrían afectar a Zapatero y al Gobierno”, señala el líder de Vox, que insiste antes de finalizar la pregunta en que “el caso de Hidrocarburos de Venezuela” es más grave. “Algunos han estado enriqueciéndose y aprovechándose del sufrimiento de los venezolanos”.

Ese cambio de foco coincide con otro hecho llamativo. Mientras que, en un primer momento, el partido había mantenido una intensa ofensiva política sobre qué había detrás de ese rescate, ahora su líder lo reduce a un “caso pequeño” dentro de la corrupción del Ejecutivo. Los ultraderechistas no entran tampoco a valorar la estrecha relación entre Manuel García-Castellón y Julio Martínez Sola, la utilización de la sede de Plus Ultra como dirección profesional del exmagistrado tras su jubilación ni la entrevista concedida desde esas oficinas a Telemadrid, tal y como ha ido publicando este periódico. Tampoco han emitido ninguna explicación pública sobre la decisión de no recurrir el archivo de la causa, como reclamaban los directivos, y las fuentes del partido consultadas simplemente señalan que “están personados” en la misma.

La información revelada por infoLibre también apunta a la posición de Julio Ariza dentro del ecosistema político y mediático de Vox. Aunque nunca ha ocupado responsabilidades orgánicas en el partido, distintos exdirigentes de la formación han descrito reiteradamente a la familia Ariza como uno de los principales centros de influencia alrededor de Santiago Abascal. En los últimos meses, antiguos cargos de Vox han denunciado públicamente el peso que, a su juicio, ejercen tanto Ariza como su entorno familiar sobre las decisiones estratégicas del partido y su aparato mediático.

Julio Ariza fue diputado del PP en Cataluña entre 1993 y 1997, jefe supremo de Intereconomía, candidato de cierre por Vox en Barcelona en las generales de 2019, “hombre del Opus” según la exdirigente de Vox Macarena Olona, ligado a la secta integrista El Yunque según el exdirector de La Gaceta Carlos Dávila y muy críticos con las vacunas durante la pandemia del covid. Lo que se conoce de él y su familia apunta a que su expansión en el aparato de Santiago Abascal no se ha detenido. Abascal –opina Olona en su libro– es el “director de orquesta de las almas de Vox, juguete en manos de las tinieblas que empiezan en Ariza y acaban no sé si en El Yunque, en Miami o en Irán”.

La relación entre Vox y el grupo Intereconomía ha sido, además, especialmente estrecha desde los primeros años de la formación. Ariza impulsó posteriormente el relanzamiento de La Gaceta, convertida hoy en uno de los principales altavoces del partido. Además, una de las empresas de su hijo Gabriel Ariza, Tizona Comunicación SL, fue la que registró la marca del Instituto Issep, el laboratorio de ideas y cursos que es una sucursal del de Marion Maréchal Le Pen y cuyo domicilio se localiza en la antigua sede de Vox; un local alquilado por la misma Tizona Comunicación a una empresa vinculada a un dirigente del partido. Es también Gabriel Ariza el que ubicó la sede en la misma dirección donde hoy aparece alojado el denominado Sindicato Solidaridad impulsado por Vox, cuya web también consta aún a su nombre como persona física.

La posición de Vox respecto a Manuel García-Castellón constituye otro elemento relevante del contexto. Durante años, la formación defendió públicamente al magistrado frente a las críticas recibidas por algunas de sus resoluciones e hizo suyo el relato según el cual era objeto de ataques por investigar asuntos incómodos para la izquierda, especialmente para Podemos. El juez no dudó en abrir una investigación secreta sobre la supuesta financiación irregular del partido en base a las declaraciones del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal. Y cuando los varapalos de sus superiores le obligaron a decretar el archivo de la misma, puso en marcha otra causa para investigar por blanqueo y falsedad a Juan Carlos Monedero, también archivada.

Por el juzgado de García-Castellón también pasaron algunos de los procedimientos judiciales que han marcado con mayor intensidad la agenda política nacional de los últimos años: desde Púnica y Lezo hasta Tándem, la macrocausa de corrupción construida alrededor del comisario jubilado de Policía José Manuel Villarejo. Y, por supuesto, Tsunami, que García-Castellón convirtió en uno de los principales obstáculos para la amnistía defendiendo la existencia de un delito de terrorismo en las protestas derivadas de la sentencia del procés. 

Hasta su jubilación en septiembre de 2024, Vox presentó públicamente a García-Castellón como un magistrado atacado por el Gobierno de Sánchez y sus socios por investigar causas incómodas para el independentismo y manifestó que todas las críticas formaban parte de una “campaña orquestada” por el Ejecutivo para “blanquear” a los separatistas catalanes y defender la amnistía”. Es más, los de Abascal pidieron la reprobación de la entonces ministra Teresa Ribera y llevaron el caso a Bruselas en defensa de la independencia judicial.

La cúpula de Plus Ultra recurrió al empresario de la comunicación Julio Ariza, expropietario del Grupo Intereconomía y peso pesado en El Toro TV, la cadena con la línea editorial más próxima a Vox, en plena investigación judicial contra la aerolínea, en la que la formación ultra era acusación popular. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, se apoyó en su "íntimo amigo" –con el que, según se desprende del sumario, estaba en permanente contacto– en la recta final de la instrucción, cuando la compañía buscaba que el partido de Santiago Abascal no impugnara el archivo de la causa. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció Martínez Sola en el chat de directivos, al que ha accedido infoLibre, el 12 de enero de 2023, siete días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. "Para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza", apuntó unos días más tarde Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración.

Ariza, padre de uno de los principales asesores del líder de Vox, Santiago Abascal, no fue el único personaje conocido al que recurrió la cúpula de la compañía aérea rescatada para que la ayudaran en sus gestiones con el partido político. Tal y como ha publicado este diario, el juez Manuel García-Castellón también se habría postulado para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir de ese encuentro entre el entonces juez en activo de la Audiencia Nacional y el líder ultra era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no recurriera a la Audiencia Provincial para intentar reabrirla.

Las denuncias y querellas de Vox, el PP y Manos Limpias contra la compañía aérea, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y tres altos cargos del Gobierno por el rescate quedaron tocadas de muerte el 17 de noviembre de 2022, cuando la Audiencia de Madrid concluyó que la jueza del caso, Esperanza Collazos, había llamado a declarar como imputada a Plus Ultra cuando ya se habían cumplido los plazos de instrucción. A partir de ese momento, la causa quedó abocada al archivo. El 5 de enero de 2023, la instructora acordó el sobreseimiento provisional de la misma.

Antes de que Collazos archivara, y antes incluso de que la Audiencia de Madrid concluyera que el plazo para practicar nuevas diligencias por la jueza se había acabado, Martínez Sola –que entonces era vicepresidente en la compañía– envió en junio de 2022 un mensaje al secretario del consejo de administración, Santiago Fernández Lena, que decía lo siguiente: "Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir. Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información". Martínez Sola vuelve a enviar un mensaje similar el 12 de enero de 2023, cuando Collazos ya había decretado el archivo y la causa solo dependía de que las acusaciones populares o las defensas recurrieran. "Me acaba de llamar Ariza", escribió el máximo directivo de la compañía aérea. "Vox no recurre...", añadió.

La formación de ultraderecha no recurrió, según consta en el sumario, el archivo de Collazos. Pero antes de que se produjera el sobreseimiento de la instructora inicial del caso, el partido de Abascal sí intentó la nulidad del auto de la Audiencia de Madrid que lo provocó (el que dictaminó que la juez había actuado fuera de plazo). Fernández Lena contó el 13 de diciembre de 2022, nada más recibir el escrito de la formación ultra: "Escrito de Vox pidiendo la nulidad del auto de la Audiencia Provincial. Nos lo han notificado esta tarde... no se van a quedar quietos...". "De un primer vistazo no tiene mucho recorrido... pero nos mantiene enfangados", añadió. Acto seguido entró en la conversación el CEO, Roberto Roselli, para añadir: "Pues a ver si Arriza (sic) habla con estos hdp".

Un portavoz de Vox insiste, sin embargo, en que la formación sí recurrió el archivo decretado por Esperanza Collazos, informa Marta Monforte. Este periódico ha pedido a la formación que lo demuestre con el escrito y se ha ofrecido a publicarlo en caso de que se lo facilitaran, pero no lo han hecho. El archivo sí fue recurrido por la Abogacía del Estado (en defensa de la ministra y la SEPI), recurso al que se adhirieron la Fiscalía y Plus Ultra. Esas tres partes reclamaron que el sobreseimiento no fuera provisional, sino definitivo, algo que no impugnaron ni Vox ni el PP. La Audiencia de Madrid rechazó la petición de la defensa de los miembros del Gobierno denunciados.

El 10 de enero de 2023, tras el carpetazo de la instructora, la abogada de Vox, Marta Castro, remitió un escrito al Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid avisando de que aún estaba por resolver dicho incidente de nulidad. Una semana después, lo retiró. Ese día, el 17 de enero, a media tarde, Fernández Lena escribe de nuevo en el chat de directivos: "Hola. Nos acaban de notificar este escrito. Comunican al juzgado que se tenga por no presentado el escrito que te mandé ayer. Pero para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza". Lo cierto es que para cuando el abogado escribió ese mensaje, la Audiencia de Madrid ya había rechazado, unos días antes –el 11 de enero–, el incidente de nulidad de la ultraderecha.

En Vox niegan que Ariza intercediera o condicionara a Abascal para que el partido no recurriera el archivo. Preguntados por infoLibre sobre si el empresario “comentó esta cuestión con Abascal u otro miembro de la dirección” del partido, fuentes de su equipo lo niegan de manera tajante. "Absolutamente no. Insisto. Estamos personados", sostienen. Según el sumario, tras darse por concluido el caso, Vox solicitó el 7 de junio de 2023 que le devolvieran la fianza que había prestado como acusación. Diecisiete meses después, en diciembre de 2025, tras tener conocimiento de las detenciones de la cúpula de Plus Ultra y de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la formación ultra pidió de nuevo su personación.

De todas las conversaciones volcadas por la Policía se deduce una relación muy estrecha entre Martínez Sola, el entonces juez de la Audiencia Nacional García-Castellón y el empresario Julio Ariza, los cuales, según informó Público, viajaron juntos a Cartagena de Indias en noviembre de 2022. "Voy a hablar con Julio Ariza. Íntimo amigo", escribía el presidente de Plus Ultra en 2024 a Federico Lledó, quien fuera administrador de otra aerolínea.

Unos meses después del archivo de la investigación judicial, el 16 de octubre de 2023, Martínez Sola y Roberto Roselli concertaron una entrevista con Ariza en su programa Dando caña de El Toro TV. Después de la gran beligerancia planteada por Vox en los tribunales, Ariza no paró de lanzar elogios a los directivos durante la emisión, avalando en todo momento la legalidad del rescate de 53 millones que el Gobierno había concedido a la compañía.

Ariza dijo en antena antes de plantear ninguna pregunta que la "tormenta política" sobre la aerolínea les había cogido "sin paraguas a ustedes y a nosotros". "Resulta que lo de Plus Ultra era un crédito, están ustedes devolviéndolo tan ricamente, tal como estaba previsto, están controlados por la SEPI al minuto y, además, tenían ustedes 300 trabajadores en ese momento y ahora tienen más de 500", afirmó el directivo de la cadena. Las preguntas, todas fáciles y laudatorias, se acompañaron de imágenes corporativas de la aerolínea. "Me resulta curioso que a ustedes les dan un crédito, pero ese crédito multiplicado por cinco o seis veces se lo dan a algunos competidores suyos y no planteó ningún problema", llegó a decir Ariza, en referencia al rescate de Air Europa. De este tenor fueron las cuestiones planteadas en la televisión de referencia de Vox.

En plena investigación judicial, la cúpula de Plus Ultra consideró la posibilidad de invertir en publicidad en el imperio mediático de los Ariza. "Hoy estaré con Julio Ariza y Manolo [el nombre con el que suelen hacer referencia a García-Castellón]. Estoy pensando si hacer publicidad en Inter economía tv (sic). Al ser un medio ultraderecha no sé si es conveniente", escribió Martínez Sola a Fernández Lena en 2022. "Te la aceptaría?", preguntó el abogado. "Sin ninguna duda", contestó el entonces vicepresidente de la compañía.

El pasado 21 de mayo, después de conocerse la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, Julio Ariza volvió a intervenir en su programa Dando caña para asegurar que se había limitado a "recibir publicidad" de la compañía. "Nosotros no sabíamos nada de esto, ¿o es que los profetas del reino lo sabían todo? ¿O es que Plus Ultra era el único rescate que se podía poner en cuestión?", se preguntó, como si no hubiera pasado los últimos años muy cerca de sus más altos dirigentes. "Nosotros dimos publicidad de Plus Ultra. Y El Mundo, y la Cope, y El País... Puedo hacer la lista entera y les puedo dar las cantidades", dijo en tono amenazante.

"Dejen de tocarnos las bolas porque en esta casa somos muy prudentes y muy discretos", añadió. "Lo que entonces se sabía de todo esto era casi cero; lo que nos contaban. Cuando vinieron aquí los gestores de Plus Ultra nos contaron unas cosas y nosotros las creímos", prosiguió. "El problema es que, como hay una campaña contra Vox y a nosotros nos pilla en medio porque suponen que somos un instrumento de Vox para la publicidad de Vox y para hablar bien de Vox, pues dicen, vamos a utilizar ahora Plus Ultra para atizarles a estos de nuevo. Pues vais a ir mal por ahí, os va a salir el tiro por la culata porque vamos a dar todos los datos".

Para la edición de esta información este diario envió una serie de preguntas a Julio Ariza con el objetivo de que explicara si efectivamente intercedió ante Vox en favor de Plus Ultra, si se reunió con alguien del partido para ello, si desde la formación le garantizaron que no recurrirían el archivo como quería la cúpula de la aerolínea, si facilitó un contacto entre directivos de la compañía y otro de una entidad financiera y si recibió alguna contraprestación por todo ello. A última hora de la tarde de este miércoles, el empresario rechazó en conversación telefónica hacer ningún tipo de comentario. InfoLibre también se ha puesto en contacto con Plus Ultra, que igualmente ha declinado dar su versión sobre estos hechos.

Manuel García-Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, concedió hace solo siete meses una entrevista a Telemadrid desde la sede que Plus Ultra tiene a las afueras de la capital. La conexión, según ha podido comprobar infoLibre, se produjo para el programa Buenos Días Madrid. Durante la misma, el exmagistrado, fuera de la carrera desde su jubilación forzosa por edad en septiembre de 2024, se pronunció sobre el juicio contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ese mismo día quedaba visto para sentencia. Fuentes de Plus Ultra circunscriben el hecho a "una cortesía de ámbito privado".

El 13 de noviembre de 2025, Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, avisó a primera hora a la cúpula de la compañía de que la televisión pública madrileña acudiría a la sede para entrevistar a García-Castellón, a quien siempre se refiere como "Manolo" y a quien le une una amistad de tres décadas. "A las 10 15 [sic] vienen de Telemadrid con cámaras, a filmar a Manolo en una entrevista. Le tenemos que dejar una sala", escribe a las 8:31 horas Martínez Sola en Cuarteto, un chat incorporado al sumario del caso Plus Ultra y a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico. Además de Martínez Sola, en el grupo participaban el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; el secretario del Consejo, Santiago Fernández Lena; y quien fuera director general de Negocios, Alejandro Delgado.

García-Castellón entró en directo en el magacín matinal Buenos Días Madrid cuando el reloj del programa marcaba las 10:33 horas. La entrevista duró algo más de diez minutos. En ella, el exmagistrado se pronunció sobre el juicio al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, que unas horas antes había comparecido como acusado en el Tribunal Supremo. "No es la mejor imagen que se puede dar de la Fiscalía y no me gusta absolutamente nada, porque es inédito", resaltó. También se le preguntó por las supuestas "presiones" del Gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales. "Echo de menos mucho un sistema anglosajón, donde el respeto a los que interpretan la ley es máximo. Nadie se permite una descalificación con palabras como prevaricación o lawfare", lanzó García-Castellón.

Este diario ha podido comprobar que el lugar en el que se realizó aquel dúplex –así se denomina en el mundillo televisivo a la conexión en directo desde fuera de plató– con el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional es la sede de Plus Ultra, que en estos momentos se encuentra en el ojo del huracán por la ayuda de 53 millones de euros que le concedió el Ejecutivo de coalición en 2021, tras los meses más duros de la pandemia de coronavirus. Unas oficinas ubicadas en la tercera planta de un complejo ubicado al norte de la capital que alberga en estos momentos otras tres empresas: la consultora KPMG, Sergesi –del Grupo Mutua Madrileña– y la firma de ropa infantil Gocco.

No es la primera vez que el nombre del exmagistrado aparece vinculado a ese mismo edificio. Cuando García-Castellón se dio de alta como abogado tras jubilarse como magistrado, hizo constar en su ficha oficial del Colegio de Madrid ese mismo complejo de oficinas como "dirección profesional". (El exjuez ya no aparece en el censo de letrados, aunque infoLibre pudo comprobar que a fecha de 4 de junio aún figuraba en él). A preguntas de este diario, dijo que lo hizo así porque no quería poner su dirección personal y porque se lo ofreció su amigo Martínez Sola. La conexión entre ambos es tan importante que, el pasado diciembre, cuando fue detenido en su casa en el marco del caso Plus Ultra, Martínez Sola pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia.

Los mensajes extraídos del móvil del presidente de la aerolínea en el marco del caso Plus Ultra, en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dan buena cuenta de la estrecha relación. A finales de 2022, tal y como reveló la pasada semana este diario, Martínez Sola pidió al máximo accionista de la compañía, Rodolfo Reyes Rojas, que agradeciera a García-Castellón unas gestiones realizadas con Bankinter. "Nos han liberado 3,7 millones", escribió el primero al segundo, según figura en el volcado que la Policía hizo del teléfono intervenido al presidente de la aerolínea durante los registros de la causa.

infoLibre se ha puesto en contacto con el exmagistrado y la compañía para conocer por qué motivo el primero atendió a la televisión pública madrileña desde la sede de Plus Ultra y para saber si, más allá de la amistad con Martínez Sola, existe algún tipo de relación laboral o mercantil entre García-Castellón y la empresa. A cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta del exmagistrado. La aerolínea, por su parte, se ha limitado a decir lo siguiente: "La compañía no valora circunstancias de carácter estrictamente personal que no guardan relación con su actividad. Se trata de un asunto ajeno a Plus Ultra que se circunscribe a una cortesía de ámbito privado".

El exjuez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se ofreció, cuando todavía se encontraba en activo, a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros en marzo de 2021, con Vox. Así lo afirmó el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en un chat de directivos de la compañía, al que ha tenido acceso infoLibre, el 19 de marzo de 2022. La intercesión del magistrado con el partido ultra se iba a producir durante una cena privada entre García-Castellón y el líder del partido, Santiago Abascal que, según Sola, estaba fijada para el 24 de ese mismo mes. A la mañana siguiente del día en que estaba previsto el encuentro, Martínez Sola volvió a entrar en la conversación para decir: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox".

La noticia al resto de directivos de la compañía presentes en la conversación –el consejero delegado, Roberto Roselli; el responsable financiero, Alejandro Delgado, y el secretario de consejo, Santiago Fernández Lena– sobre la posibilidad de acceder a la cúpula de Vox (que entonces actuaba como acusación popular en la denuncia presentada contra Plus Ultra en un juzgado madrileño) la dio el presidente Martínez Sola el 19 de marzo. A diferencia de en otros pasajes, el máximo responsable de la aerolínea no se refiere a su amigo magistrado como "Manolo", sino con su nombre completo: "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", añade el presidente.

Martínez Sola avisa a sus compañeros en ese mismo mensaje de que lo va a poner en conocimiento de la parte venezolana de la compañía. "Se lo comento también a Rodolfo", se sobreentiende que a Rodolfo Reyes Rojas, entonces máximo accionista de la compañía y ahora en busca y captura internacional, "y a Raif por la parte de allí", en referencia a Raif El Arigie, otro de los accionistas venezolanos de referencia. Después, da instrucciones al resto. "Que cada uno de nosotros aporte ideas y Santiago [Fernández Lena, el secretario del consejo] escriba", dice en el mismo mensaje. "Que no salga el tema de nosotros", prosigue, reclamando discreción. "Creo un chat para este tema", concluye.

En ese momento, la jueza de instrucción 15 del Tribunal de Plaza de Castilla, Esperanza Collazos, tenía abiertas unas diligencias por el polémico rescate de la compañía aérea en las que Vox, el PP y Manos Limpias eran acusación popular. En ellas se encontraban como denunciados, además de Plus Ultra, Bartolomé Lora Toro, exvicepresidente de la SEPI, el organismo de Hacienda que aprobó la ayuda financiera a la aerolínea; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ex secretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva y el ex secretario general de Industria Raúl Blanco.

Tras el brainstorming puesto en marcha por Martínez Sola en el chat de la cúpula de Plus Ultra, el primero en aportar ideas es Alejandro Delgado, el responsable financiero, que subraya la importancia de los contactos políticos. "En mi opinión, una de las cosas más importantes es poder sentarnos con él y con ahora Feijo (sic)", señala Delgado. Después, Fernández Lena, que como secretario del consejo se encarga sobre todo de temas legales, apunta: "Son políticos. No se mojan ni debajo del agua. Que Manuel [García-Castellón] le haga ver [a Santiago Abascal] que hay una fábula montada alrededor que es importante", sostiene. Luego añade: "Hay dos planos, el político y el judicial. Creo que en este caso nos importa ahora mismo el judicial. Y concluye: "La idea es que, si conseguimos archivar el procedimiento, que no lo recurran".

En esas semanas, en su actividad al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, García-Castellón había recibido un fuerte revés de la Sala de lo Penal de este tribunal. Tras haber reabierto el juez la causa por la supuesta financiación irregular de Podemos a raíz del testimonio del exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, El Pollo, los magistrados le dijeron que sus diligencias constituían una "investigación prospectiva". Para investigar la declaración de El Pollo Carvajal, el instructor había reabierto una antigua causa archivada de plano sobre el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), elaborado por la brigada política de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un año largo después, la formación de Iglesias se querelló contra García-Castellón por ello.

Del resto de las conversaciones se deduce que la cena del juez de la Audiencia Nacional con el líder del partido ultra efectivamente se habría producido. Al día siguiente del encuentro, Martínez Sola volvió a escribir por el chat grupal de directivos a primera hora de la mañana (a las 7.46): "Después os cuento. Muy bien el tema de Vox", redactó el presidente de Plus Ultra. El único que respondió en la conversación fue el financiero Alejandro Delgado, con dos emoticonos de confirmación de dos pulgares en alto.

Preguntados por infoLibre sobre si esa cena tuvo lugar y si en ella el juez le pidió que no recurriera un eventual archivo de la causa, como finalmente ocurrió, fuentes cercanas al líder de Vox niegan que ese encuentro se produjera, informa Marta Monforte. "Ni cena, ni reunión. Ese día estaba en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que se alargó hasta la noche", trasladan desde su equipo, que también remarca que García-Castellón "no se ha reunido con nadie de Vox" y añade que, si se hubiera producido, "no tendrían problema" en decirlo. Sin embargo, no hay constancia pública de que ese CEN tuviera lugar el jueves 24 de marzo de 2022. También niegan categóricamente que la implicación del juez provocara que Vox acabara por no recurrir el archivo.

La jueza Esperanza Collazos archivó provisionalmente el caso Plus Ultra el 5 de enero de 2023 después de que la Audiencia de Madrid le hubiera impedido tomar declaración a la aerolínea, a través de su representante, como persona jurídica imputada, al haber transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia cuando la instructora lo acordó. Ese archivo solo fue recurrido por la Abogacía del Estado (en representación de la ministra y los altos cargos denunciados), la Fiscalía y Plus Ultra para reclamar que el sobreseimiento no fuera provisional, sino libre, lo que hubiera impedido posteriormente reabrir el caso. La Audiencia Provincial lo rechazó.

Inmediatamente después de conocer el archivo del caso, la abogada de Vox, Marta Castro, hizo ademán de recurrirlo al anunciar que su formación había pedido la nulidad de actuaciones respecto del auto de la Audiencia que impidió a la instructora imputar a Plus Ultra. Ese escrito, enviado al juzgado el 10 de enero de 2023, fue retirado una semana después: "Por medio del presente escrito procedemos a retirar el escrito presentado el día 10 de enero", dijo en sus alegaciones en otro documento remitido a Collazos el 17 de enero. El PP, que también era acusación popular en el proceso, tampoco recurrió.

El sumario del caso Plus Ultra refleja igualmente alusiones de los directivos de la aerolínea a otra supuesta gestión de García-Castellón a favor de la compañía mientras seguía estando en activo. El entonces juez de la Audiencia Nacional, según el presidente Martínez Sola, habría puesto en contacto a la empresa con la exconsejera delegada de Bankinter Dolores Dancausa y el departamento legal de la entidad financiera con el objetivo de desbloquear 3,7 millones a favor de la aerolínea rescatada.

infoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón que, sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas a su teléfono, cuya aplicación de mensajería ha confirmado la recepción de las mismas.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, pidió a finales de 2022 al máximo accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes Rojas (ahora en busca y captura internacional), que agradeciera al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, unas gestiones realizadas con Bankinter. "Nos han liberado 3,7 millones", escribió el primero al segundo, según figura en el volcado que la Policía hizo del teléfono intervenido a Martínez Sola durante los registros del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso infoLibre. El ya exmagistrado y el máximo directivo de la aerolínea son amigos desde hace tres décadas. Tanto, que cuando el presidente de la aerolínea fue detenido el pasado mes de diciembre pidió a los agentes que llamaran a García-Castellón.

Los hechos se remontan al viernes 18 de noviembre de 2022. Ese día, a las 11:08:13 horas, Martínez Sola escribió a Reyes Rojas: "Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle 'Gracias por tus gestiones en Bankinter', solo eso. Nos han liberado 3,7 millones". "Coño Julio que bueno" (sic), responde el empresario venezolano una hora más tarde. "Tienes su móvil?", insiste Martínez Sola unos segundos más tarde. "Manolo privé", zanja Reyes Rojas. Solo unos meses antes, el 7 de abril, el presidente de la aerolínea había remitido al máximo accionista de la misma un contacto con ese nombre: "Manolo Privé". Era el nombre con el que García-Castellón aparecía en la agenda del presidente de Plus Ultra.

Desde Bankinter señalan a este diario que la entidad no comenta la operativa de sus clientes y subrayan que cualquier actuación –incluidos procesos como la liberación o desbloqueo de posibles fondos retenidos– responde exclusivamente a criterios técnicos y al cumplimiento de condiciones previamente establecidas, dentro de estrictos protocolos internos de control.

El nombre de la entidad financiera ya había aparecido meses antes en un chat grupal en el que participaban Martínez Sola, Reyes Rojas, Roberto Roselli –el consejero delegado– y otras personas vinculadas a la aerolínea. "Hablé con Manolo por si conocía a alguien importante de Bankinter por nuestro problema. Conoce a Dolores Dancausa, consejera delegada [ahora presidenta no ejecutiva]. Llamó. Me acaba de confirmar que me va a llamar Rocío P., de legal de Bankinter, para reunirse con nosotros. Asistiremos Santiago, Roberto y yo", escribió el 26 de mayo de 2022 en aquel grupo el presidente de Plus Ultra, aerolínea que por aquel entonces se encontraba inmersa en una investigación judicial relacionada con el rescate de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En los chats también aparecen supuestas conversaciones con el ex director general del banco Fernando Moreno, ya retirado. El 31 de agosto de 2022 se refleja otra comunicación de Martínez Sola con Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración de Plus Ultra, en la que asegura que García-Castellón, al que se refiere siempre como "Manolo", habría confirmado una cena con Dancausa. Al banco no le consta que este encuentro se produjera.

En el año 2022, García-Castellón aún estaba en activo en la judicatura. Entonces era titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, encargado de algunas de las investigaciones más mediáticas. Por sus manos pasaron, en los últimos tiempos, desde el caso Villarejo a la corrupción de Púnica o Lezo, así como Tsunami –que fue un verdadero quebradero de cabeza en la elaboración de la ley de amnistía– o las insistentes investigaciones contra Podemos –ninguna de las cuales, por cierto, acabó llegando a juicio–. Tras más de cuatro décadas en la carrera judicial, el Boletín Oficial del Estado publicó el 2 de septiembre de 2024 la jubilación forzosa del magistrado, que por entonces estaba a punto de cumplir los 72 años.

Tres semanas después de que se hiciera oficial el retiro, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional se dio de alta como abogado. En su ficha oficial del Colegio de Madrid hizo constar como "dirección profesional" un complejo de oficinas ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas, a escasos metros de la sede de Telefónica. El mismo en cuya tercera planta tiene su domicilio social la aerolínea Plus Ultra. A preguntas de este diario, dijo que lo hizo así porque no quería poner su dirección personal y porque se lo ofreció Julio Martínez Sola, a quien le une una amistad desde hace décadas. La conexión entre ambos es tan importante que, el pasado diciembre, cuando fue detenido en su casa en el marco del caso Plus Ultra, Martínez Sola pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia.

El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el cargo de juez o magistrado es incompatible "con todo tipo de asesoramiento jurídico sea o no retribuido". También con "el ejercicio de toda actividad mercantil por sí o por otro" y "con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella". Esa incompatibilidad tiene su traducción en el régimen disciplinario, que establece como falta muy grave (castigada hasta con la expulsión de la carrera) "el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, establecidas en el artículo 389 de esta ley". El exjuez de la Audiencia Nacional está jubilado desde el 16 de octubre de 2024, cuando alcanzó la edad de 72 años.

InfoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón por múltiples vías para tratar de obtener su versión de estos hechos. Sin embargo, los contactos a través de WhatsApp, por teléfono e incluso dejando un mensaje en su buzón de voz no han sido respondidos.

El instructor del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha terminado este jueves por estallar contra las continuas filtraciones de sus diligencias que, cada día, ve publicadas en diversos medios de comunicación. La gota que ha colmado el vaso para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha sido la publicación íntegra de los anexos del informe de la UDEF conocido este miércoles, que relataba las gestiones del exjefe de Gobierno con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, a favor de un grupo empresarial peruano. Esos apéndices contenían la agenda íntegra de Zapatero de los años 2024 y 2025. También varios chats de su WhatApp con implicados en esa mediación, pero además, el que mantiene con su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, con la que, además de gestionar su actividad profesional, organiza gran parte de su vida familiar y privada. Gracias a la publicación de ambos documentos, cualquiera puede reconstruirla.

La filtración de múltiples datos personales protegidos por la ley en un proceso judicial ya se produjo a lo largo del pasado año con la investigación abierta en el Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los informes de la UCO sobre el caso se facilitaron con los anexos que contenían miles de llamadas e intercambios de datos del teléfono del exjefe del Ministerio Público. Entre los afectados aparecieron, por supuesto, múltiples fiscales subordinados, pero también familiares y amigos, que no tenían nada que ver con la causa. Una de esas personas fue su antecesora en el cargo y exministra, Dolores Delgado que, tras la publicación, denunció llamadas anónimas en su terminal. Hasta una vocal del Poder Judicial, y no solo con su número, también con el nombre de un familiar y la dirección de su domicilio particular.

La fuga masiva de información ha sido, si cabe, aún más grande en el caso de Zapatero. "El contenido de los anexos del informe policial [el de la UDEF] fue difundido íntegramente por diversos medios poco después de su puesta a disposición de las partes a través de la plataforma electrónica Cloud", afirmó Calama en su auto de este jueves, que se refería a la "reserva externa de las actuaciones", pero en ningún caso advirtió que se pudiera haber vulnerado el derecho fundamental a la intimidad del investigado. Los anexos publicados, según el juez, contienen "datos incompatibles con su publicación indiscriminada", por lo que su difusión puede constituir un delito de revelación de secretos o de quebrantamiento del secreto de sumario.

Gracias a los mensajes intercambiados con su secretaria, que ocupan nada menos que 1.084 páginas, es posible hacer un traje a medida del expresidente. Porque Zapatero, por ejemplo, le indica las personas con las que quiere quedar, las llamadas que tiene que hacer o los viajes que tiene que emprender para que ella le auxilie gestionando todas sus actividades. Pero también le cuenta datos de su estado de salud o le pide que le compre determinados medicamentos que necesita. En el intercambio de mensajes también aparecen números de teléfono y direcciones de periodistas con los que se reúne –lo que podría afectar al derecho fundamental al secreto profesional de estos últimos– o de amigos con los que comparte su vida social. El chat con Gertrudis Alcázar contiene datos que sí son relevantes para la investigación, pero también otros muchos de caracter íntimo que nadie querría que fueran revelados.

Como las complicaciones en el estado de salud de familares, revelaciones sobre la vida sentimental de personas cercanas, el clásico intercambio de fotos propias y de parientes que se suele hacer con estas aplicaciones de mensajería... También hay algunos datos sobre los movimientos de su esposa, Sonsoles Espinosa, que nada tiene que ver con el caso. Aparecen informaciones sobre las declaraciones de impuestos de la pareja o sobre sus propiedades para nada relacionadas con la causa; su rutinas deportivas y hasta los memes están en el anexo que contiene esa conversación de WhatsApp. Todo ello junto a citas con cargos públicos españoles y dirigentes extranjeros cuyas actividades junto al expresidente, sin comerlo ni beberlo, también han sido reveladas.

Calama ha puesto medidas para intentar que no se repita. En primer lugar ha deducido testimonio (es decir, lo ha denunciado) ante el Tribunal de Instancia de Plaza de Castilla para que que se indaguen las filtraciones y se identifique a los responsables. Se trata de investigaciones que –salvo en el caso del anterior fiscal general, que fue condenado sin ninguna prueba directa– se suelen archivar por falta de autor conocido. El instructor también ha obligado a las partes a poder consultar los vídeos de las declaraciones únicamente en la oficina judicial, para evitar que se emitan por televisión o en medios digitales. A partir de ahora, solo el PP podrá acceder a las diligencias, el resto de acusaciones populares quedan excluidas. Sin embargo, las restricciones llegan tarde, cuando el mal ya está hecho y cada uno de los pasos y actos de un expresidente en los últimos dos años circulan por todas las redacciones.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas del caso Plus Ultra si no se acredita qué resolución judicial autorizó a analizar una serie de conversaciones que motivaron la "imputación" al exlíder socialista "de actos penalmente reprochables".

La defensa de Zapatero ha remitido un escrito al juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso EFE, en el que advierte de que, si no existe tal autorización, dichas conversaciones "tienen que ser excluidas del procedimiento", "con las consecuencias procesales que ello conlleva" y ello comprendería, "en su caso, promover un incidente de nulidad".

El abogado Víctor Moreno Catena se refiere a un disco duro denominado "crucial" que contiene conversaciones de un abogado imputado en el caso, Miguel Palomero, y "otras conversaciones privadas de terceros afectados por las entradas y registros" que se practicaron en 24 de octubre de 2024 en atención a unas solicitudes de cooperación jurídica internacional de Francia y Suiza.

Dichas conversaciones, explica el abogado, han sido analizadas en informes policiales de la UDEF, figuran en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en noviembre de 2025 y dio lugar a la apertura de una pieza separada en el juzgado de Madrid que comenzó investigando el caso Plus Ultra y que después lo derivó a la Audiencia Nacional.

De hecho, el abogado subraya que la resolución que remitía el caso a la Audiencia Nacional tenía "base" en un chat denominado "Danilo-España" y en ella la jueza consideró "que podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países".

La defensa apunta también que las conversaciones fueron analizadas en unas diligencias de investigación preprocesales que abrió Anticorrupción en diciembre de 2025, cuando el asunto estaba en el juzgado de Madrid.

El abogado subraya en definitiva que el material digital fue intervenido "con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero" (Francia y Suiza), si bien ha sido "utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto".

Y eso requiere "una habilitación judicial" que ahora solicita en su escrito, en el que pide "que se depure si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron regularmente obtenidas".

"La eventual irregularidad en el origen se proyecta, por la vía de la prueba refleja, sobre todo el material derivado que se emplee frente a él (Zapatero)", indica.

Por ello, reclama que la Fiscalía indique qué resolución judicial autorizó "a las fuerzas policiales el análisis de las comunicaciones privadas aludidas, así como el lugar de esta compleja instrucción, de ida y vuelta, donde esa autorización se encuentra" para que "se pueda asumir como una diligencia que fue regularmente obtenida".

Y advierte de que, si no se hubiese obtenido dicha autorización, "las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución, y habrían quedado irremediablemente vulnerados el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales".

Zapatero está investigado como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra y a cambio de supuestas comisiones, en la que también están imputadas sus hijas.

No anularía el caso, porque antes de su llegada a la investigación, ya había indicios que señalaban directamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si el clonado del teléfono de Rodolfo Reyes, exmáximo accionista de Plus Ultra, realizado por el Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 y entregado por esa agencia de EEUU a la UDEF cinco años después (el pasado 18 de marzo) fuera considerado una prueba ilícita, sí podría sacudir el procedimiento obligando al instructor del caso, José Luis Calama, a eliminar del procedimiento todas las averiguaciones posteriores relacionadas con ella. El abogado del expresidente, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, lo sabe y ha reclamado al juez que pida a Washington datos sobre las circunstancias de ese clonado, si se hizo en el marco de un procedimiento abierto en EEUU contra Reyes y si se respetó la cadena de custodia. Pero este jueves, Calama ha aparcado esa ampliación de información hasta que reciba respuesta del Gobierno estadounidense sobre su posibilidad de utilizarlo en el proceso.

El instructor se refirió a ese informe concreto del HSI sobre el teléfono de Reyes en el extenso auto con el que imputó a Zapatero el pasado 18 de mayo. Antes de tomarle declaración este miércoles, el 5 de junio reclamó a Washington mediante otra resolución "la autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español de la extracción telefónica del dispositivo móvil". Lo que quiere el instructor es "autorización expresa para la utilización en el proceso penal español como medio de prueba" –es decir, también en un hipotético juicio oral– y no solo de investigación, como había hecho hasta ese momento tanto la Policía, como la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez de instrucción 4 de la Audiencia Nacional. "La información facilitada por autoridades policiales extranjeras puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones", afirmaba el instructor. Y apuntaba a los tratados bilaterales, las solicitudes de asistencia judicial o los canales policiales institucionalizados como vías para conseguir esa eficacia.

El auto de Calama, además, daba algunos datos sobre cómo se obtuvo el clonado del móvil de Reyes, información que, sin embargo, Zapatero consideró insuficiente. El instructor explicó que se obtuvo en el marco de "una investigación trasnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones". Esa investigación se desarrollaba "en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa [Florida], Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos".

Una de las líneas de esas pesquisas, según explica Calama en su auto, apuntaba a Rodolfo Reyes, antiguo máximo accionista de Plus Ultra, "por blanqueo y evasión de sanciones" que realizaba a través de la aerolínea rescatada en marzo de 2021 con 53 millones de euros, y otras compañías como Capital Bank, la sociedad de valores Panacorp y Dinosaur Bank. El juez también aporta la información de que la copia del teléfono de Reyes se obtuvo "inicialmente orientada al contrabando", aunque luego "reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales", según la resolución que solicita la cooperación judicial de Washington. Por último, el instructor confirma que el informe sobre ese dispositivo se facilitó a la UDEF el pasado 18 de marzo. El número de referencia del documento aparece señalado en tres ocasiones en el auto. Sin embargo, tal y como asegura la defensa de Zapatero, el informe estadounidense, pese a la importancia que le da el juez, no se encuentra entre los documentos del sumario facilitados a las partes.

Para clonar un teléfono en España y en general en todos los países de la UE, es necesario que se haga con autorización judicial. En caso contrario, el material obtenido sería una prueba ilícita obtenida mediante la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. También es necesario conocer de manera precisa cómo ha llegado ese material al proceso, para excluir cualquier riesgo de manipulación que pudiera afectar al derecho de defensa de los investigados. Por eso, Zapatero pidió al juez, cinco días después de que este reclamara autorización para usar esos mensajes de Reyes en el proceso, que ampliara su auto pidiendo más información. En concreto, quiere conocer la resolución judicial o administrativa que permitió copiar el teléfono, el proceso concreto abierto contra Reyes en EEUU, los informes del HSI sobre el clonado, cómo se hizo, con qué software y si fue total o parcial, que se verifique que esa información no ha sido manipulada, cómo se ha preservado desde que se obtuvo en 2021 y la cadena de custodia.

El Gobierno de EEUU ha autorizado algunas prácticas de investigación sobre comunicaciones que en España serían radicalmente ilegales. La Patriot Act, aprobada durante el mandato del republicano George W. Bush, por ejemplo, permitió a la Agencia de Seguridad Nacional de ese país almacenar los datos de las llamadas de millones de ciudadanos. La ley, además, daba en la práctica un cheque en blanco a agencias como el FBI para hacer intervenciones telefónicas y restringía los derechos de los ciudadanos extranjeros en territorio de EEUU. Los agentes de aduanas de ese país, además, están autorizados a clonar cualquier dispositivo electrónico en las zonas fronterizas sin necesidad de obtener previamente autorización judicial. En España ha habido procesos basados en intervenciones de comunicaciones ejecutadas por Washington en los que esas pruebas han sido anuladas. Algunas relacionadas con el terrorismo islamista, como la Operación Tigris.

El escrito del defensor de Zapatero reclamando más información sobre la obtención de la prueba por el HSI parece indicar ese camino, el de buscar la nulidad de la prueba. Calama no ha rechazado su petición directamente sino que simplemente ha respondido que ahora no es el momento adecuado. Antes, quiere conocer la información que Washington le pueda facilitar con la solicitud de cooperación que le envió el 5 de junio. "Mientras no se reciba la contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado, no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta pendiente", afirma el juez en su resolución de este jueves.

En cualquier caso, la hipotética anulación de esa prueba, casi con total probabilidad, no sacaría a Zapatero de la causa ni provocaría la caída de toda la investigación. Antes de su entrega por el HSI estadounidense a la UDEF el 18 de marzo, la anterior instructora del caso, Esperanza Collazos, ya apuntaba al exjefe del Ejecutivo. En su auto de inhibición a favor de la Audiencia Nacional del 23 de febrero relataba que las conversaciones intervenidas en España al abogado y presunto facilitador de la trama en Madrid, Miguel Palomero, y los pagos de Análisis Relevante, la consultora de su amigo, al expresidente y a la empresa de sus hijas analizados por la Agencia Tributaria, ya indicaban su implicación. Un informe de la UDEF redactado más de un mes antes de acceder al material de EEUU aseguraba que había "indicios suficientes para concluir [...] que no sería Julio Martínez Martínez [su amigo] el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería a José Luis Rodríguez Zapatero".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero empezó su declaración en la Audiencia Nacional negando haber mediado para el rescate de Plus Ultra: "No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. No habrá nadie que pueda decir lo contrario", apuntó.

Así se desprende de los audios de la declaración del expresidente que tuvo lugar el pasado miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a los que ha tenido acceso EFE este jueves.

"Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni la más mínima influencia, ni nadie me lo pidió", sostuvo Zapatero en su declaración.

Zapatero declaró ante el magistrado por el caso Plus Ultra, donde se le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de esta aerolínea a cambio de comisiones.

En las más de dos horas de interrogatorio, Zapatero explicó que es amigo de Julio Martínez desde el año 2011 y que comparten la afición de salir a correr, pero que no tuvo ninguna relación profesional con él hasta 2020, cuando creó la consultora Análisis Relevante.

Es entonces cuando Martínez le preguntó si estaba dispuesto a ejercer de consultor, como hizo anteriormente con otras consultoras: "Yo le digo que sí, y a partir de ahí es cuando empieza la relación, la parte de relación profesional", aclara.

Calama expone ante Zapatero que la tesis que maneja la investigación es que Análisis Relevante se utilizó para derivar "comisiones de tráfico de influencias en las que usted puede haber intervenido".

Tras lo que Zapatero replicó que desarrolló "un trabajo intenso" para Análisis Relevante, antes de volver a negar que hablase "con ninguna autoridad pública, con ningún funcionario ni con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra".

"Creo que una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo", argumentó ante el juez.

Asimismo, admitió que pidió al Santander que atendieran a responsables de la compañía aérea, pero no que intercediera para buscar financiación.

Su abogado le preguntó concretamente si "de algún modo orientó" la petición o solicitud al Santander o a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del banco, "para que le diese financiación a Plus Ultra", a lo que Zapatero contestó tajantemente: "No, en absoluto".

"Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender", explicó el expresidente, que al ser preguntado de nuevo por su abogado si fue "¿Solo para atender?", subrayó: "Sí, exactamente".

Rodríguez Zapatero también negó que le contactara directivo o personal alguno de Plus Ultra para solicitar su ayuda respecto del Fondo de Ayuda a Empresas aprobado en julio de 2020 y haber hablado con ningún responsable de Indra para que Plus Ultra presentara la solicitud a la SEPI.

"Ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del Gobierno, ni ante absolutamente nadie, no hablé con nadie, con nadie del rescate de Plus Ultra", aseguró Zapatero.

El juez también preguntó acerca del interés de dos empresarios, los hermanos Amaro Chacón, en que el expresidente interviniera con la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para que una empresa china accediera a petróleo venezolano, algo que el exlíder socialista dijo no recordar, a pesar de que la compañía china mandó una carta a su oficina a la que, sostuvo, no dieron respuesta.

"No me acordaba de nada, yo obviamente con esa carta no hice absolutamente nada, me mandan cartas de todo tipo, y yo no he tenido absolutamente nada que ver con ningún tema de petróleo, ni de gestión, ni de nada, nunca, en mi vida", recalcó Zapatero.

También dijo no recordar si había asistido a una comida organizada por su secretaria, Gertrudis Álcazar, que la investigación relaciona con instrucciones para crear una sociedad 'offshore' en Dubái, una acusación que negó tajante: "Se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades 'offshore', se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad 'offshore' y es que ni sé lo que es".

Zapatero sostuvo además que él no usa correos electrónicos porque todo lo hace su secretaria, de quien dijo, además, que siempre ha actuado conforme a sus "indicaciones".

La declaración del miércoles versó únicamente sobre Plus Ultra, ya que el expresidente se negó a dar explicaciones sobre las "dichosas joyas", como se refirió a ellas el juez, por el recurso que había interpuesto.

Aun así, al término del interrogatorio, el abogado del expresidente trasladó al juez que estaba en disposición de poder declarar sobre este asunto en un plazo de una semana o diez días "como máximo".

En otro momento del interrogatorio, Calama preguntó a Zapatero si había comido con el entonces ministro José Luis Escrivá o con algún alto cargo del Ministerio de Hacienda para hablar del rescate de Plus Ultra.

Con Escrivá, Zapatero admite que tomó "un café" para conocerse, en el que hablaron "de la economía" y que "en ningún momento, absolutamente, salió el tema de Plus Ultra".

En su declaración, Zapatero dijo no recordar las reuniones que tuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esas fechas.

En un momento del interrogatorio, el juez dice al expresidente "acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio", por lo que, al acabar su declaración, Zapatero se disculpó: "Espero no haber estado en ningún momento en un tono no conveniente".

La angustia política, acelerada y bajo toda presión, es ya una seña de identidad de los cierres prevacacionales. La sensación de un posible colapso ya se vivió antes de Navidad y tras conocerse el informe sobre Santos Cerdán el pasado julio. Ahora, el Gobierno está en ese revival, en una cuenta atrás marcada por una pregunta recurrente: ¿aguantará el verano? La diferencia respecto al julio pasado está en la cascada de casos que se han ido materializando y en la creciente dificultad de los socios para justificar determinados comportamientos. Todo sumado al propio fin de ciclo, con unas elecciones que, aun respetando la fecha natural de la legislatura, serían en un año. Y la que se mantiene idéntica es la negativa de los socios a pulsar el botón nuclear que facilite un dominio absoluto de PP-Vox y arrase en lo político con todos los demás.  

El viacrucis del Gobierno pasa por que hayan confluido todos los frentes en una misma semana. Los tres golpes que sacuden al presidente —ya sin cortafuegos políticos eficaces— son la primera sentencia a José Luis Ábalos, agravada por lo obsceno de los audios sobre el uso de mujeres; el caso Plus Ultra por la neutralización de la capacidad del expresidente para ejercer como activo político y referente moral; y el escándalo de Leire Díez, con la amenaza de que no pueda encapsularse en el entorno de Santos Cerdán. 

La izquierda sigue digiriendo el réquiem del Zapatero político mientras emerge el Zapatero imputado, dedicado íntegramente a su defensa penal. Como reconoce en su último comunicado tras declarar por primera vez ante el juez, su mayor preocupación es “devolver la confianza a quien ahora duda”. Y es lógico, por lo que tiene de líder moral de un espacio político, ajeno además a las contingencias de estar en el Gobierno. Pero el regreso del político tendrá que esperar. Su promesa de demostrar que es inocente evoca inevitablemente aquel “No os fallaré” de 2004. Por delante queda un largo y complejo recorrido judicial para el expresidente. El regalo de las joyas tiene un daño reputacional de difícil reparación que sigue sin explicar de forma convincente. Tiene derecho a dar explicaciones cuando lo considere, pero, en términos públicos y políticos, el silencio es difícil de sostener. La incapacidad para ofrecer una versión clara de los hechos alimenta la sospecha de que la explicación sea más comprometedora que el propio regalo.

Más allá de la ética y la estética, la empresa de sus hijas recibió transferencias por unos 700.000 euros. El alcance del resto de acusaciones dependerá en gran medida de cómo evolucionen las declaraciones de los testigos y las nuevas diligencias. Por ahora, ni en el caso Plus Ultra ni en la consultora venezolana Inteligencia Prospectiva hay implicaciones directas de interceder ante funcionarios públicos o de una actuación encaminada a influir en sus decisiones. El juez no se ha creído las versiones de Zapatero y mantiene los indicios. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Que el expresidente tiene por delante el difícil reto de demostrar la inocencia que defiende. 

En lo político, para Pedro Sánchez el efecto acumulación alimenta la sensación de desgaste y refuerza la percepción de que la crisis se ha convertido en un desafío estructural para el Ejecutivo. Tanto, que los socios nacionalistas quieren jugar. Eso sí, presión sin ruptura. La premisa es amagar sin dar. Ni Sánchez convocará una cuestión de confianza, el único con esta prerrogativa, ni habrá moción de censura. Junts y el PNV le están dando una vía política para manejar un calendario de convocatoria alejado de lo judicial y acotado al Ejecutivo. Los presupuestos, por el propio recorrido que tienen, son un margen para llegar al otoño. Los de Puigdemont escenifican alejarse de un “PSOE tóxico”, como dicen en off, pero lejos de querer acordar nada con el PP. Y esto nos devuelve a Gabriel Rufián y su brillante capacidad de síntesis. “Las elecciones se van a celebrar”, ha dicho Pedro Sánchez. Y el de ERC apostilla: "Las legislaturas duran lo que diga el PNV".

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), concebida como el sustento ideológico de la derecha, ha convertido los escándalos que afectan al entorno del PSOE en uno de los ejes centrales de su producción editorial. El think thank presidido por el expresidente José María Aznar publica de manera asidua análisis en los que se muestra muy duro con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con publicaciones como Sin chófer ni secretaria, que data de febrero de 2024, Emergencia democrática, emergencia nacional, de junio del pasado año, o Queda lo peor, un texto de hace solo cinco días, mantiene una ofensiva total con graves acusaciones que vierte sobre el Gobierno. “La indecencia se ha instalado en el núcleo del Gobierno y del partido que lo sustenta”, resume uno de ellos.

Sin embargo, la fundación no ha abordado el caso que afecta a Zapatero pese a que estalló hace ya un mes tras la imputación del expresidente por un presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. Tampoco ha escrito ningún análisis previo a la declaración del socialista este miércoles. E, incluso, el propio Aznar esquivó la cuestión cuando fue interrogado el mismo día en que se conoció la imputación. “No tengo nada más que decir sobre este asunto”, llegó a afirmar. "La justicia en España es independiente y los jueces son independientes”, se limitó a añadir.

La tesis que ha mantenido FAES en los últimos años es que la corrupción forma parte del ecosistema político que sostiene al actual Ejecutivo. Y su dureza no se ha limitado a la denuncia de presuntas irregularidades. La organización presidida por Aznar habla de "mordidas, pucherazos, extorsiones y chantajes" y llega a describir al “núcleo sanchista" como "la banda del Peugeot". También hay referencias a "capos", "consiglieris", "fontaneros", "omertá", "famiglia" y "mordidas". También sostiene que Sánchez "entiende el poder como botín" y que Ábalos, Koldo, Jessica Rodríguez —expareja del entonces ministro de Transportes— y Leire Díez son consecuencia de una "concepción puramente patrimonial del poder", pese a que todavía no hay sentencia que lo respalde.

FAES también acusa al Gobierno de haber actuado como encubridor político "cuando menos" de la corrupción, y en "el delito como entorno", donde afirma que la coalición de Sánchez "se gestó y se sostiene" gracias a su "familiaridad" con la delincuencia. Y ya con Leire Díez como referencia tras la investigación liderada por el juez Pedraz, se habla de un "carrusel estercolario", un "rastro de porquería" y se lanza la pregunta de si queda alguna institución "por pringar".

FAES no es un observador neutral, aunque nunca ha pretendido serlo. Nació como laboratorio de ideas de la derecha española y sigue funcionando como uno de los principales centros de producción ideológica vinculados al universo político del PP. Precisamente por eso resulta relevante analizar no sólo aquello sobre lo que habla, sino también aquello que decide no comentar, como es el caso de Zapatero, Plus Ultra y las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que han provocado que el juez Calama abra una pieza separada.

Y no se trata de una cuestión de afinidad o de respeto por el expresidente español. La fundación ha construido durante años buena parte de su identidad política en oposición a José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la etapa posterior a 2004, Aznar y FAES convirtieron al expresidente socialista en uno de sus principales adversarios políticos e intelectuales, al que culpan de que el PP perdiera las elecciones tras los atentados terroristas. La crítica a Zapatero fue constante en cuestiones como el modelo territorial, la negociación con ETA, la política económica o la memoria histórica. Es más, en una publicación de 2023, bajo el título de El sembrador y su cosecha, FAES responsabiliza a Zapatero de propiciar un “pasteleo con ETA” de la mano del socialista Jesús Eguiguren.

Y, aunque FAES exige máximos estándares de transparencia y ejemplaridad cuando analiza los casos que afectan al Gobierno de Sánchez, su presidente apenas cuenta con controles efectivos. Desde su salida de la política institucional, ha ejercido como actor privado, lobbysta, conferenciante y consejero internacional. Una clave que podría explicar el silencio de su fundación y al que en el PP nacional no le dan mayor importancia. “No es nuestro trabajo comentar lo que dice o deja de decir FAES”, responden fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo a infoLibre. La acusación del PP no ha pedido prisión provisional para el expresidente tras su declaración de este martes.

Con todo, la posición del think thank resulta especialmente llamativa porque Aznar ha construido en los últimos años una posición singular en la política española. Ya no es un dirigente sometido al control parlamentario ni un responsable institucional y en el PP acuden a él de manera asidua tanto en mítines como en grandes celebraciones. Es un expresidente que ejerce influencia desde una fundación privada, interviene periódicamente en el debate público y mantiene una red de relaciones nacionales e internacionales forjada durante décadas. Y los conservadores no niegan que sea su “referente moral”, como definen la importancia de Zapatero con el PSOE y la izquierda.

El expresidente del Gobierno, además de presidir FAES, ha pasado por Georgetown University y ha ocupado puestos en grandes corporaciones y firmas internacionales. News Corp, el grupo de Rupert Murdoch, lo presenta como consejero independiente desde 2013 y recoge en su documentación oficial una remuneración de 341.565 dólares en el ejercicio fiscal de 2025. Antes, ya había entrado en la órbita del grupo Murdoch en 2006. También fue contratado por Endesa como asesor externo para Iberoamérica, con una retribución publicada en torno a 200.000 euros anuales, y fichó en 2013 por DLA Piper como asesor senior para Latinoamérica.

La nómina de actividades privadas es más amplia: asesorías, fundaciones, foros internacionales, libros y conferencias. Pero la transparencia sobre esa actividad es limitada. No existe un registro público, completo y homogéneo que permita conocer con detalle cuánto ha ingresado Aznar desde 2004, quién le ha pagado, por qué servicios y con qué posibles conflictos de interés. Lo que aparece son datos de remuneraciones parciales en documentos societarios, noticias sobre contratos concretos o episodios como el de Famaztella, la sociedad familiar a través de la cual canalizó ingresos por libros y conferencias y por la que Hacienda le exigió una declaración complementaria y una sanción por los ejercicios 2011 y 2012.