El caso tiene un cóctel de ingredientes perfecto para PP y Vox. Una compañía aérea presuntamente ligada al Gobierno de Nicolás Maduro en cuyo rescate habría sido crucial José Luis Rodríguez Zapatero, ese expresidente socialista que, desde la óptica de la derecha y la ultraderecha se habría vendido al chavismo. La imputación de Zapatero en el caso que investiga el rescate de Plus Ultra no ha hecho más que confirmar ese mantra difundido durante años. Pero el sumario que instruye el juez José Luis Calama refleja una realidad muy diferente. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, no solo buscó influencia en el Gobierno de Sánchez para sacar adelante los intereses más turbios de la aerolínea. En su círculo más íntimo, eminentemente conservador, se encontraban dos importantes figuras de ese sesgo. De un lado, uno de los jueces más señalados por su cercanía a la derecha, Manuel García-Castellón. De otro, el principal empresario de la comunicación del entorno de Vox, Julio Ariza, expropietario de Intereconomía y uno de los pesos pesados de El Toro TV. De los chats intervenidos en la causa, a los que ha podido acceder infoLibre, se deduce que ambos habrían recurrido a su poder para ayudar a la compañía.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama mantiene imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por, supuestamente, interceder a favor de Plus Ultra con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para engrasar el rescate de 53 millones de euros que finalmente le fue concedido a la aerolínea en marzo de 2021. El instructor se basa en las conversaciones de Sola y algunos de los directivos y el empresario amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, la firma para la que el expresidente asegura que solo hacía trabajos de consultoría. También en un contrato de Martínez Martínez con la aerolínea en el que éste se aseguraría un 1% del importe del rescate en caso de que se consiguiera. El tercer indicio que maneja el juez es el flujo de fondos detectado por Hacienda desde Plus Ultra (entre otras empresas) a Análisis Relevante y de ahí a Zapatero y a la empresa de sus hijas, WhaTheFav. El exlíder del PSOE, según el relato judicial, actuaría como una suerte de conseguidor al más alto nivel en España y Venezuela para Plus Ultra. Algo de lo que, hasta el momento, el instructor no ha conseguido una prueba directa de ello.

Las chats de mensajería de Rodolfo Reyes intervenidos en 2021 por el Homeland Security Investigations (HSI) –el cuerpo policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos– y facilitados a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía cuatro años después, en marzo de 2026, y el resto de conversaciones volcadas por orden de los dos jueces españoles que han intervenido –Calama y la jueza 15 de Madrid, Esperanza Collazos– reflejan que las gestiones para lograr acceso directo a las máximas instancias del poder económico y político también se hicieron a través de personajes más vinculados con la derecha y la ultraderecha, que les sirvieron, presuntamente, para facilitar gestiones en los bancos, para frenar la ofensiva judicial de la derecha y la ultraderecha contra la compañía en los tribunales y para poner en marcha una campaña de lavado de imagen tras meses de asedio político y mediático por el rescate y el proceso judicial que cuestiona, todavía hoy, su legalidad.

Es en esas conversaciones en las que aparece, por ejemplo, Manuel García-Castellón, exjuez del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional muy cuestionado por los partidos de izquierda, no solo por abrir una causa a Podemos por supuesta financiación ilegal basada en informes prefabricados y que quedó en nada. También por su gestión en la investigación abierta contra el comisario jubilado de Policía José Manuel Villarejo de cuyas grabaciones, todas ellas incautadas por la Policía, todavía se desconoce la totalidad de su contenido. O por excluir del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas a la ex secretaria general y exministra del PP María Dolores de Cospedal, que en uno de esos audios aparece pidiendo a Villarejo que acabe con la documentación del extesorero que probaría los sobresueldos de cargos del PP y la implicación directa del partido. Gracias a García-Castellón, entre otros, la acusación solo se ha dirigido al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado, Francisco Martínez y el polémico comisario jubilado. Cospedal solo compareció como testigo en el juicio.

Mientras estuvo en activo en la Audiencia Nacional (dejó de estarlo en septiembre de 2024 al jubilarse), Plus Ultra habría recurrido a este juez para que les prestara su ayuda en algunas gestiones financieras y procesales. Como explicó el propio García-Castellón a infoLibre el pasado 4 de junio, el exmagistrado es "íntimo amigo" del presidente de la compañía, Martínez Sola, "desde hace 30 años". Esa es la razón por la que, al dejar la Audiencia Nacional, el exjuez fijó en la sede social de Plus Ultra en Alcobendas (Madrid) su dirección al darse de alta como abogado porque, según afirmó, "no quería poner su domicilio". Desde allí dio una entrevista al programa Buenos días Madrid de Telemadrid el 13 de noviembre de 2025 para hablar del juicio que se seguía en el Supremo contra el fiscal general del Estado y criticar las supuestas presiones del Gobierno de Sánchez a los jueces por utilizar términos como "prevaricación" o "lawfare". La relación entre ambos es tan estrecha que, cuando Martínez Sola fue detenido el 11 de diciembre de 2025 pidió que le comunicaran el arresto y el lugar donde lo condujeran a su amigo magistrado. En los chats del caso se refiere siempre a él como "Manolo".

Según se deduce de las conversaciones entre los directivos de Plus Ultra, García-Castellón habría realizado dos gestiones en favor de la aerolínea presidida por su amigo mientras todavía estaba en activo en su juzgado de la Audiencia Nacional. La primera fue, presuntamente, poner en contacto a la cúpula de la compañía con la entonces consejera delegada de Bankinter. "Hablé con Manolo por si conocía a alguien importante de Bankinter por nuestro problema. Conoce a Dolores Dancausa, consejera delegada [ahora presidenta no ejecutiva]. Llamó. Me acaba de confirmar que me va a llamar Rocío P., de legal de Bankinter, para reunirse con nosotros. Asistiremos Santiago, Roberto y yo", escribió el 26 de mayo de 2022 en aquel grupo el presidente de Plus Ultra. A la entidad financiera no le constan esos contactos.

Seis meses después, Martínez Sola escribió a Rodolfo Reyes, el entonces máximo accionista de Plus Ultra, ahora huido de la justicia. "Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle 'Gracias por tus gestiones en Bankinter', solo eso. Nos han liberado 3,7 millones". "Coño Julio que bueno" (sic), responde el empresario venezolano una hora más tarde. "Tienes su móvil?", insiste Martínez Sola unos segundos después. "Manolo privé", zanja Reyes Rojas. Solo unos meses antes, el 7 de abril, el presidente de la aerolínea había remitido al máximo accionista de la misma un contacto con ese nombre: "Manolo Privé". Era el nombre con el que García-Castellón aparecía en la agenda del presidente de Plus Ultra. Bankinter asegura que sus operativas responden exclusivamente a criterios técnicos dentro de estrictos protocolos de control.

La segunda supuesta gestión de García-Castellón que se deduce de las conversaciones fue ante Vox. "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", dijo Martínez Sola en uno de los chats de directivos de Plus Ultra. Vox asegura que ese encuentro con su presidente nacional no se produjo, pero según se deduce de las conversaciones entre la cúpula corporativa de Plus Ultra, la reunión con García-Castellón dio resultados. A primera hora de la mañana del día siguiente a la cena (que se celebró supuestamente el 24 de marzo de 2022, Martínez Sola volvió a escribir en el chat: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox". Lo que la compañía quería de la formación ultra era que, una vez que se produjera el archivo de la causa, Vox no lo recurriera. Ese objetivo se logró. García-Castellón no ha querido hacer ningún comentario sobre ambas supuestas gestiones, prohibidas para un magistrado en activo.

Martínez Sola tenía otro as en la manga para frenar la ofensiva de la formación de Abascal en los juzgados. Otra de sus amistades "íntimas" como la califica en sus mensajes, era el empresario de la comunicación Julio Ariza, expropietario de Intereconomía y hoy una de las caras más visibles de El Toro TV. Uno de sus hijos, Gabriel Ariza, es, además, uno de los asesores de cabecera de Santiago Abascal y, por lo tanto, con pleno acceso a él. Seis meses antes de que se produjera el archivo de la causa, decretado por la juez Esperanza Collazos el 5 de enero de 2023, Martínez Sola dijo al secretario del consejo de Plus Ultra, Santiago Fernández Lena: "Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir. Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información". Siete días después del archivo, el 12 de enero de 2023, el presidente insiste: "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre".

Tal como Martínez Sola sostiene en los chats que le había dicho Ariza, Vox no recurrió el archivo del caso. Su actuación procesal terminó semanas antes del archivo, cuando pidió la nulidad del error formal de la instructora –se le había pasado el plazo de 12 meses para llamar como imputada a Plus Ultra– que condujo inexorablemente el caso al sobreseimiento provisional. El Gobierno, la Fiscalía y la aerolínea sí recurrieron el carpetazo de la jueza, pero para pedir que fuera definitivo, algo que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó. En su auto, el tribunal madrileño afirmaba que ni la formación ultra, ni el PP, que acusaban en el caso, habían impugnado el recurso de las defensas.

De todas las conversaciones volcadas por la Policía se deduce una relación muy estrecha entre Martínez Sola, el entonces juez de la Audiencia Nacional García-Castellón y el empresario Julio Ariza, los cuales viajaron juntos a Cartagena de Indias en noviembre de 2022, según informó Público. "Voy a hablar con Julio Ariza. Íntimo amigo", escribía el presidente de Plus Ultra en 2024 a Federico Lledó, quien fuera administrador de otra aerolínea con relacionada con Plus Ultra. Martínez Sola, García-Castellón –"Manolo"– y Julio Ariza aparecen en varios mensajes cenando juntos o de visita en casa del presidente de la compañía. Según se deduce de lo que el presidente y el resto de directivos dicen en los mensajes intervenidos, eran amigos de los buenos. De los que lo dan todo por echarte una mano.

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató Plus Ultra en 2021 —junto a otras compañías—, Vox convirtió esa decisión en una ofensiva total contra la supuesta corrupción del Ejecutivo, llegando incluso a personarse como acusación popular en la causa. Pero la formación ultra la dejó morir años después y no recurrió el archivo. Un contraste entre su estrategia política —que también ha ido variando— y su actuación procesal que resulta aún más llamativo a la luz de las nuevas revelaciones de infoLibre sobre las gestiones realizadas por el empresario de medios Julio Ariza y el exjuez Manuel García-Castellón para evitar que el partido siguiera perjudicando a la compañía.

Así, el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, acudió a Ariza en la recta final de la instrucción para que el partido de Santiago Abascal no recurriera el archivo de la causa. La gestión, según se deduce de las conversaciones entre los directivos de la compañía a las que ha tenido acceso infoLibre, dio sus frutos. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció en ese grupo de WhatsApp Julio Martínez Sola el 12 de enero de 2023, seis días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. De ahí se desprende que el empresario contactó con algún miembro de la cúpula de Vox que le indicó que no iban a dar más pasos judiciales.

Tal y como publicó este periódico, el juez Manuel García-Castellón también se postuló para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir en ese encuentro del entonces juez en activo de la Audiencia Nacional con el dirigente de Vox era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no intentara reabrirla. Y, según esos chats internos, la presión de ambos surtió efecto.

Así, después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara el archivo de la investigación sobre la legalidad del rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vox hizo el amago de presentar recurso aunque al final desistió —el PP tampoco recurrió— y la causa quedó definitivamente archivada. Las nuevas informaciones reveladas por infoLibre aportan ahora un contexto nuevo en el que se enmarcaría aquella decisión, aunque la formación de Abascal niega de manera rotunda que se produjera tanto esa reunión con García-Castellón en marzo de 2022 como que Ariza intercediera para tratar de convencerle de que Vox no recurriera el archivo.

Más allá de las gestiones que se desprenden de esos chats en los que figuran referenciados tanto García-Castellón como Ariza, lo cierto es que sí se produjo un cambio en el discurso y la estrategia de la formación ultra a partir de 2023. El rescate a Plus Ultra fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. La operación, que se saldó con un coste de 53 millones de euros, tenía origen en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), con el objetivo de auxiliar a sociedades con dificultades por la crisis económica desatada por la pandemia. El fondo, a su vez, dependía de la SEPI y tenía como misión inyectar liquidez a empresas que fueran viables pero que, por el impacto de la crisis, se vieran en una situación comprometida.

Rápidamente tanto Vox como el PP situaron el foco sobre la propia operación de rescate, cuestionando la solvencia de Plus Ultra y reclamando solicitudes de información al Gobierno sobre el expediente del rescate, además de registrar preguntas parlamentarias sobre por qué Plus Ultra había sido considerada empresa estratégica y alimentar la duda de una intencionalidad política en la operación a través de entrevistas y comparecencias públicas. 

Es más, la formación de Abascal presentó una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la SEPI, criticaron sus informes y denunciaron la vinculación de los accionistas de la compañía con Venezuela. “Han concedido soporte financiero a sociedades que difícilmente cabe calificar de estratégicas conforme a sus criterios”, denunciaba ante el Congreso el diputado de Vox Víctor González. “¿Por qué se ayuda a empresas amigas que no reúnen los requisitos y al tendero de la esquina del barrio no?”, planteaba.

Sin embargo, con el archivo de la causa en 2023, las prioridades políticas de la formación cambiaron. Y, tras la apertura de nuevas líneas de investigación en la Audiencia Nacional en diciembre del pasado año, el eje del discurso ya no se situó en la compañía. Plus Ultra dejó de ser el objeto principal de la crítica para convertirse en el escenario sobre el que Vox construyó un relato centrado casi exclusivamente en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Venezuela y una supuesta trama de influencias políticas encabezada por Pedro Sánchez. 

Las iniciativas parlamentarias impulsadas por la formación durante los últimos meses reflejan ese desplazamiento. La mayoría de las comparecencias solicitadas y de las preguntas registradas se dirigen a esclarecer el papel del expresidente del Gobierno, de responsables de la SEPI o del Ejecutivo actual, mucho más que la actuación de la propia compañía o de sus administradores. Es más, el propio Abascal trató de restarle peso a la trama en una reciente entrevista con NTN24, un canal de televisión colombiano dirigido a la comunidad de América Latina.

“Hemos pedido la prisión preventiva y la retirada del pasaporte para que Zapatero no pueda huir de España ni destruir pruebas. Creemos que la gravedad de las acusaciones es extraordinaria, que la contundencia del auto del juez Calama es evidente y que todo apunta a la comisión de gravísimos delitos. Y, además, pensamos algo que todavía es más importante: que el caso Plus Ultra es solo la punta del iceberg. Es, probablemente, el caso pequeño dentro de los casos de corrupción que podrían afectar a Zapatero y al Gobierno”, señala el líder de Vox, que insiste antes de finalizar la pregunta en que “el caso de Hidrocarburos de Venezuela” es más grave. “Algunos han estado enriqueciéndose y aprovechándose del sufrimiento de los venezolanos”.

Ese cambio de foco coincide con otro hecho llamativo. Mientras que, en un primer momento, el partido había mantenido una intensa ofensiva política sobre qué había detrás de ese rescate, ahora su líder lo reduce a un “caso pequeño” dentro de la corrupción del Ejecutivo. Los ultraderechistas no entran tampoco a valorar la estrecha relación entre Manuel García-Castellón y Julio Martínez Sola, la utilización de la sede de Plus Ultra como dirección profesional del exmagistrado tras su jubilación ni la entrevista concedida desde esas oficinas a Telemadrid, tal y como ha ido publicando este periódico. Tampoco han emitido ninguna explicación pública sobre la decisión de no recurrir el archivo de la causa, como reclamaban los directivos, y las fuentes del partido consultadas simplemente señalan que “están personados” en la misma.

La información revelada por infoLibre también apunta a la posición de Julio Ariza dentro del ecosistema político y mediático de Vox. Aunque nunca ha ocupado responsabilidades orgánicas en el partido, distintos exdirigentes de la formación han descrito reiteradamente a la familia Ariza como uno de los principales centros de influencia alrededor de Santiago Abascal. En los últimos meses, antiguos cargos de Vox han denunciado públicamente el peso que, a su juicio, ejercen tanto Ariza como su entorno familiar sobre las decisiones estratégicas del partido y su aparato mediático.

Julio Ariza fue diputado del PP en Cataluña entre 1993 y 1997, jefe supremo de Intereconomía, candidato de cierre por Vox en Barcelona en las generales de 2019, “hombre del Opus” según la exdirigente de Vox Macarena Olona, ligado a la secta integrista El Yunque según el exdirector de La Gaceta Carlos Dávila y muy críticos con las vacunas durante la pandemia del covid. Lo que se conoce de él y su familia apunta a que su expansión en el aparato de Santiago Abascal no se ha detenido. Abascal –opina Olona en su libro– es el “director de orquesta de las almas de Vox, juguete en manos de las tinieblas que empiezan en Ariza y acaban no sé si en El Yunque, en Miami o en Irán”.

La relación entre Vox y el grupo Intereconomía ha sido, además, especialmente estrecha desde los primeros años de la formación. Ariza impulsó posteriormente el relanzamiento de La Gaceta, convertida hoy en uno de los principales altavoces del partido. Además, una de las empresas de su hijo Gabriel Ariza, Tizona Comunicación SL, fue la que registró la marca del Instituto Issep, el laboratorio de ideas y cursos que es una sucursal del de Marion Maréchal Le Pen y cuyo domicilio se localiza en la antigua sede de Vox; un local alquilado por la misma Tizona Comunicación a una empresa vinculada a un dirigente del partido. Es también Gabriel Ariza el que ubicó la sede en la misma dirección donde hoy aparece alojado el denominado Sindicato Solidaridad impulsado por Vox, cuya web también consta aún a su nombre como persona física.

La posición de Vox respecto a Manuel García-Castellón constituye otro elemento relevante del contexto. Durante años, la formación defendió públicamente al magistrado frente a las críticas recibidas por algunas de sus resoluciones e hizo suyo el relato según el cual era objeto de ataques por investigar asuntos incómodos para la izquierda, especialmente para Podemos. El juez no dudó en abrir una investigación secreta sobre la supuesta financiación irregular del partido en base a las declaraciones del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal. Y cuando los varapalos de sus superiores le obligaron a decretar el archivo de la misma, puso en marcha otra causa para investigar por blanqueo y falsedad a Juan Carlos Monedero, también archivada.

Por el juzgado de García-Castellón también pasaron algunos de los procedimientos judiciales que han marcado con mayor intensidad la agenda política nacional de los últimos años: desde Púnica y Lezo hasta Tándem, la macrocausa de corrupción construida alrededor del comisario jubilado de Policía José Manuel Villarejo. Y, por supuesto, Tsunami, que García-Castellón convirtió en uno de los principales obstáculos para la amnistía defendiendo la existencia de un delito de terrorismo en las protestas derivadas de la sentencia del procés. 

Hasta su jubilación en septiembre de 2024, Vox presentó públicamente a García-Castellón como un magistrado atacado por el Gobierno de Sánchez y sus socios por investigar causas incómodas para el independentismo y manifestó que todas las críticas formaban parte de una “campaña orquestada” por el Ejecutivo para “blanquear” a los separatistas catalanes y defender la amnistía”. Es más, los de Abascal pidieron la reprobación de la entonces ministra Teresa Ribera y llevaron el caso a Bruselas en defensa de la independencia judicial.

La cúpula de Plus Ultra recurrió al empresario de la comunicación Julio Ariza, expropietario del Grupo Intereconomía y peso pesado en El Toro TV, la cadena con la línea editorial más próxima a Vox, en plena investigación judicial contra la aerolínea, en la que la formación ultra era acusación popular. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, se apoyó en su "íntimo amigo" –con el que, según se desprende del sumario, estaba en permanente contacto– en la recta final de la instrucción, cuando la compañía buscaba que el partido de Santiago Abascal no impugnara el archivo de la causa. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció Martínez Sola en el chat de directivos, al que ha accedido infoLibre, el 12 de enero de 2023, siete días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. "Para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza", apuntó unos días más tarde Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración.

Ariza, padre de uno de los principales asesores del líder de Vox, Santiago Abascal, no fue el único personaje conocido al que recurrió la cúpula de la compañía aérea rescatada para que la ayudaran en sus gestiones con el partido político. Tal y como ha publicado este diario, el juez Manuel García-Castellón también se habría postulado para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir de ese encuentro entre el entonces juez en activo de la Audiencia Nacional y el líder ultra era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no recurriera a la Audiencia Provincial para intentar reabrirla.

Las denuncias y querellas de Vox, el PP y Manos Limpias contra la compañía aérea, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y tres altos cargos del Gobierno por el rescate quedaron tocadas de muerte el 17 de noviembre de 2022, cuando la Audiencia de Madrid concluyó que la jueza del caso, Esperanza Collazos, había llamado a declarar como imputada a Plus Ultra cuando ya se habían cumplido los plazos de instrucción. A partir de ese momento, la causa quedó abocada al archivo. El 5 de enero de 2023, la instructora acordó el sobreseimiento provisional de la misma.

Antes de que Collazos archivara, y antes incluso de que la Audiencia de Madrid concluyera que el plazo para practicar nuevas diligencias por la jueza se había acabado, Martínez Sola –que entonces era vicepresidente en la compañía– envió en junio de 2022 un mensaje al secretario del consejo de administración, Santiago Fernández Lena, que decía lo siguiente: "Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir. Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información". Martínez Sola vuelve a enviar un mensaje similar el 12 de enero de 2023, cuando Collazos ya había decretado el archivo y la causa solo dependía de que las acusaciones populares o las defensas recurrieran. "Me acaba de llamar Ariza", escribió el máximo directivo de la compañía aérea. "Vox no recurre...", añadió.

La formación de ultraderecha no recurrió, según consta en el sumario, el archivo de Collazos. Pero antes de que se produjera el sobreseimiento de la instructora inicial del caso, el partido de Abascal sí intentó la nulidad del auto de la Audiencia de Madrid que lo provocó (el que dictaminó que la juez había actuado fuera de plazo). Fernández Lena contó el 13 de diciembre de 2022, nada más recibir el escrito de la formación ultra: "Escrito de Vox pidiendo la nulidad del auto de la Audiencia Provincial. Nos lo han notificado esta tarde... no se van a quedar quietos...". "De un primer vistazo no tiene mucho recorrido... pero nos mantiene enfangados", añadió. Acto seguido entró en la conversación el CEO, Roberto Roselli, para añadir: "Pues a ver si Arriza (sic) habla con estos hdp".

Un portavoz de Vox insiste, sin embargo, en que la formación sí recurrió el archivo decretado por Esperanza Collazos, informa Marta Monforte. Este periódico ha pedido a la formación que lo demuestre con el escrito y se ha ofrecido a publicarlo en caso de que se lo facilitaran, pero no lo han hecho. El archivo sí fue recurrido por la Abogacía del Estado (en defensa de la ministra y la SEPI), recurso al que se adhirieron la Fiscalía y Plus Ultra. Esas tres partes reclamaron que el sobreseimiento no fuera provisional, sino definitivo, algo que no impugnaron ni Vox ni el PP. La Audiencia de Madrid rechazó la petición de la defensa de los miembros del Gobierno denunciados.

El 10 de enero de 2023, tras el carpetazo de la instructora, la abogada de Vox, Marta Castro, remitió un escrito al Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid avisando de que aún estaba por resolver dicho incidente de nulidad. Una semana después, lo retiró. Ese día, el 17 de enero, a media tarde, Fernández Lena escribe de nuevo en el chat de directivos: "Hola. Nos acaban de notificar este escrito. Comunican al juzgado que se tenga por no presentado el escrito que te mandé ayer. Pero para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza". Lo cierto es que para cuando el abogado escribió ese mensaje, la Audiencia de Madrid ya había rechazado, unos días antes –el 11 de enero–, el incidente de nulidad de la ultraderecha.

En Vox niegan que Ariza intercediera o condicionara a Abascal para que el partido no recurriera el archivo. Preguntados por infoLibre sobre si el empresario “comentó esta cuestión con Abascal u otro miembro de la dirección” del partido, fuentes de su equipo lo niegan de manera tajante. "Absolutamente no. Insisto. Estamos personados", sostienen. Según el sumario, tras darse por concluido el caso, Vox solicitó el 7 de junio de 2023 que le devolvieran la fianza que había prestado como acusación. Diecisiete meses después, en diciembre de 2025, tras tener conocimiento de las detenciones de la cúpula de Plus Ultra y de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la formación ultra pidió de nuevo su personación.

De todas las conversaciones volcadas por la Policía se deduce una relación muy estrecha entre Martínez Sola, el entonces juez de la Audiencia Nacional García-Castellón y el empresario Julio Ariza, los cuales, según informó Público, viajaron juntos a Cartagena de Indias en noviembre de 2022. "Voy a hablar con Julio Ariza. Íntimo amigo", escribía el presidente de Plus Ultra en 2024 a Federico Lledó, quien fuera administrador de otra aerolínea.

Unos meses después del archivo de la investigación judicial, el 16 de octubre de 2023, Martínez Sola y Roberto Roselli concertaron una entrevista con Ariza en su programa Dando caña de El Toro TV. Después de la gran beligerancia planteada por Vox en los tribunales, Ariza no paró de lanzar elogios a los directivos durante la emisión, avalando en todo momento la legalidad del rescate de 53 millones que el Gobierno había concedido a la compañía.

Ariza dijo en antena antes de plantear ninguna pregunta que la "tormenta política" sobre la aerolínea les había cogido "sin paraguas a ustedes y a nosotros". "Resulta que lo de Plus Ultra era un crédito, están ustedes devolviéndolo tan ricamente, tal como estaba previsto, están controlados por la SEPI al minuto y, además, tenían ustedes 300 trabajadores en ese momento y ahora tienen más de 500", afirmó el directivo de la cadena. Las preguntas, todas fáciles y laudatorias, se acompañaron de imágenes corporativas de la aerolínea. "Me resulta curioso que a ustedes les dan un crédito, pero ese crédito multiplicado por cinco o seis veces se lo dan a algunos competidores suyos y no planteó ningún problema", llegó a decir Ariza, en referencia al rescate de Air Europa. De este tenor fueron las cuestiones planteadas en la televisión de referencia de Vox.

En plena investigación judicial, la cúpula de Plus Ultra consideró la posibilidad de invertir en publicidad en el imperio mediático de los Ariza. "Hoy estaré con Julio Ariza y Manolo [el nombre con el que suelen hacer referencia a García-Castellón]. Estoy pensando si hacer publicidad en Inter economía tv (sic). Al ser un medio ultraderecha no sé si es conveniente", escribió Martínez Sola a Fernández Lena en 2022. "Te la aceptaría?", preguntó el abogado. "Sin ninguna duda", contestó el entonces vicepresidente de la compañía.

El pasado 21 de mayo, después de conocerse la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, Julio Ariza volvió a intervenir en su programa Dando caña para asegurar que se había limitado a "recibir publicidad" de la compañía. "Nosotros no sabíamos nada de esto, ¿o es que los profetas del reino lo sabían todo? ¿O es que Plus Ultra era el único rescate que se podía poner en cuestión?", se preguntó, como si no hubiera pasado los últimos años muy cerca de sus más altos dirigentes. "Nosotros dimos publicidad de Plus Ultra. Y El Mundo, y la Cope, y El País... Puedo hacer la lista entera y les puedo dar las cantidades", dijo en tono amenazante.

"Dejen de tocarnos las bolas porque en esta casa somos muy prudentes y muy discretos", añadió. "Lo que entonces se sabía de todo esto era casi cero; lo que nos contaban. Cuando vinieron aquí los gestores de Plus Ultra nos contaron unas cosas y nosotros las creímos", prosiguió. "El problema es que, como hay una campaña contra Vox y a nosotros nos pilla en medio porque suponen que somos un instrumento de Vox para la publicidad de Vox y para hablar bien de Vox, pues dicen, vamos a utilizar ahora Plus Ultra para atizarles a estos de nuevo. Pues vais a ir mal por ahí, os va a salir el tiro por la culata porque vamos a dar todos los datos".

Para la edición de esta información este diario envió una serie de preguntas a Julio Ariza con el objetivo de que explicara si efectivamente intercedió ante Vox en favor de Plus Ultra, si se reunió con alguien del partido para ello, si desde la formación le garantizaron que no recurrirían el archivo como quería la cúpula de la aerolínea, si facilitó un contacto entre directivos de la compañía y otro de una entidad financiera y si recibió alguna contraprestación por todo ello. A última hora de la tarde de este miércoles, el empresario rechazó en conversación telefónica hacer ningún tipo de comentario. InfoLibre también se ha puesto en contacto con Plus Ultra, que igualmente ha declinado dar su versión sobre estos hechos.

Manuel García-Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, concedió hace solo siete meses una entrevista a Telemadrid desde la sede que Plus Ultra tiene a las afueras de la capital. La conexión, según ha podido comprobar infoLibre, se produjo para el programa Buenos Días Madrid. Durante la misma, el exmagistrado, fuera de la carrera desde su jubilación forzosa por edad en septiembre de 2024, se pronunció sobre el juicio contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ese mismo día quedaba visto para sentencia. Fuentes de Plus Ultra circunscriben el hecho a "una cortesía de ámbito privado".

El 13 de noviembre de 2025, Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, avisó a primera hora a la cúpula de la compañía de que la televisión pública madrileña acudiría a la sede para entrevistar a García-Castellón, a quien siempre se refiere como "Manolo" y a quien le une una amistad de tres décadas. "A las 10 15 [sic] vienen de Telemadrid con cámaras, a filmar a Manolo en una entrevista. Le tenemos que dejar una sala", escribe a las 8:31 horas Martínez Sola en Cuarteto, un chat incorporado al sumario del caso Plus Ultra y a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico. Además de Martínez Sola, en el grupo participaban el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; el secretario del Consejo, Santiago Fernández Lena; y quien fuera director general de Negocios, Alejandro Delgado.

García-Castellón entró en directo en el magacín matinal Buenos Días Madrid cuando el reloj del programa marcaba las 10:33 horas. La entrevista duró algo más de diez minutos. En ella, el exmagistrado se pronunció sobre el juicio al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, que unas horas antes había comparecido como acusado en el Tribunal Supremo. "No es la mejor imagen que se puede dar de la Fiscalía y no me gusta absolutamente nada, porque es inédito", resaltó. También se le preguntó por las supuestas "presiones" del Gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales. "Echo de menos mucho un sistema anglosajón, donde el respeto a los que interpretan la ley es máximo. Nadie se permite una descalificación con palabras como prevaricación o lawfare", lanzó García-Castellón.

Este diario ha podido comprobar que el lugar en el que se realizó aquel dúplex –así se denomina en el mundillo televisivo a la conexión en directo desde fuera de plató– con el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional es la sede de Plus Ultra, que en estos momentos se encuentra en el ojo del huracán por la ayuda de 53 millones de euros que le concedió el Ejecutivo de coalición en 2021, tras los meses más duros de la pandemia de coronavirus. Unas oficinas ubicadas en la tercera planta de un complejo ubicado al norte de la capital que alberga en estos momentos otras tres empresas: la consultora KPMG, Sergesi –del Grupo Mutua Madrileña– y la firma de ropa infantil Gocco.

No es la primera vez que el nombre del exmagistrado aparece vinculado a ese mismo edificio. Cuando García-Castellón se dio de alta como abogado tras jubilarse como magistrado, hizo constar en su ficha oficial del Colegio de Madrid ese mismo complejo de oficinas como "dirección profesional". (El exjuez ya no aparece en el censo de letrados, aunque infoLibre pudo comprobar que a fecha de 4 de junio aún figuraba en él). A preguntas de este diario, dijo que lo hizo así porque no quería poner su dirección personal y porque se lo ofreció su amigo Martínez Sola. La conexión entre ambos es tan importante que, el pasado diciembre, cuando fue detenido en su casa en el marco del caso Plus Ultra, Martínez Sola pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia.

Los mensajes extraídos del móvil del presidente de la aerolínea en el marco del caso Plus Ultra, en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dan buena cuenta de la estrecha relación. A finales de 2022, tal y como reveló la pasada semana este diario, Martínez Sola pidió al máximo accionista de la compañía, Rodolfo Reyes Rojas, que agradeciera a García-Castellón unas gestiones realizadas con Bankinter. "Nos han liberado 3,7 millones", escribió el primero al segundo, según figura en el volcado que la Policía hizo del teléfono intervenido al presidente de la aerolínea durante los registros de la causa.

infoLibre se ha puesto en contacto con el exmagistrado y la compañía para conocer por qué motivo el primero atendió a la televisión pública madrileña desde la sede de Plus Ultra y para saber si, más allá de la amistad con Martínez Sola, existe algún tipo de relación laboral o mercantil entre García-Castellón y la empresa. A cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta del exmagistrado. La aerolínea, por su parte, se ha limitado a decir lo siguiente: "La compañía no valora circunstancias de carácter estrictamente personal que no guardan relación con su actividad. Se trata de un asunto ajeno a Plus Ultra que se circunscribe a una cortesía de ámbito privado".

El exjuez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se ofreció, cuando todavía se encontraba en activo, a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros en marzo de 2021, con Vox. Así lo afirmó el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en un chat de directivos de la compañía, al que ha tenido acceso infoLibre, el 19 de marzo de 2022. La intercesión del magistrado con el partido ultra se iba a producir durante una cena privada entre García-Castellón y el líder del partido, Santiago Abascal que, según Sola, estaba fijada para el 24 de ese mismo mes. A la mañana siguiente del día en que estaba previsto el encuentro, Martínez Sola volvió a entrar en la conversación para decir: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox".

La noticia al resto de directivos de la compañía presentes en la conversación –el consejero delegado, Roberto Roselli; el responsable financiero, Alejandro Delgado, y el secretario de consejo, Santiago Fernández Lena– sobre la posibilidad de acceder a la cúpula de Vox (que entonces actuaba como acusación popular en la denuncia presentada contra Plus Ultra en un juzgado madrileño) la dio el presidente Martínez Sola el 19 de marzo. A diferencia de en otros pasajes, el máximo responsable de la aerolínea no se refiere a su amigo magistrado como "Manolo", sino con su nombre completo: "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", añade el presidente.

Martínez Sola avisa a sus compañeros en ese mismo mensaje de que lo va a poner en conocimiento de la parte venezolana de la compañía. "Se lo comento también a Rodolfo", se sobreentiende que a Rodolfo Reyes Rojas, entonces máximo accionista de la compañía y ahora en busca y captura internacional, "y a Raif por la parte de allí", en referencia a Raif El Arigie, otro de los accionistas venezolanos de referencia. Después, da instrucciones al resto. "Que cada uno de nosotros aporte ideas y Santiago [Fernández Lena, el secretario del consejo] escriba", dice en el mismo mensaje. "Que no salga el tema de nosotros", prosigue, reclamando discreción. "Creo un chat para este tema", concluye.

En ese momento, la jueza de instrucción 15 del Tribunal de Plaza de Castilla, Esperanza Collazos, tenía abiertas unas diligencias por el polémico rescate de la compañía aérea en las que Vox, el PP y Manos Limpias eran acusación popular. En ellas se encontraban como denunciados, además de Plus Ultra, Bartolomé Lora Toro, exvicepresidente de la SEPI, el organismo de Hacienda que aprobó la ayuda financiera a la aerolínea; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ex secretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva y el ex secretario general de Industria Raúl Blanco.

Tras el brainstorming puesto en marcha por Martínez Sola en el chat de la cúpula de Plus Ultra, el primero en aportar ideas es Alejandro Delgado, el responsable financiero, que subraya la importancia de los contactos políticos. "En mi opinión, una de las cosas más importantes es poder sentarnos con él y con ahora Feijo (sic)", señala Delgado. Después, Fernández Lena, que como secretario del consejo se encarga sobre todo de temas legales, apunta: "Son políticos. No se mojan ni debajo del agua. Que Manuel [García-Castellón] le haga ver [a Santiago Abascal] que hay una fábula montada alrededor que es importante", sostiene. Luego añade: "Hay dos planos, el político y el judicial. Creo que en este caso nos importa ahora mismo el judicial. Y concluye: "La idea es que, si conseguimos archivar el procedimiento, que no lo recurran".

En esas semanas, en su actividad al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, García-Castellón había recibido un fuerte revés de la Sala de lo Penal de este tribunal. Tras haber reabierto el juez la causa por la supuesta financiación irregular de Podemos a raíz del testimonio del exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, El Pollo, los magistrados le dijeron que sus diligencias constituían una "investigación prospectiva". Para investigar la declaración de El Pollo Carvajal, el instructor había reabierto una antigua causa archivada de plano sobre el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), elaborado por la brigada política de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un año largo después, la formación de Iglesias se querelló contra García-Castellón por ello.

Del resto de las conversaciones se deduce que la cena del juez de la Audiencia Nacional con el líder del partido ultra efectivamente se habría producido. Al día siguiente del encuentro, Martínez Sola volvió a escribir por el chat grupal de directivos a primera hora de la mañana (a las 7.46): "Después os cuento. Muy bien el tema de Vox", redactó el presidente de Plus Ultra. El único que respondió en la conversación fue el financiero Alejandro Delgado, con dos emoticonos de confirmación de dos pulgares en alto.

Preguntados por infoLibre sobre si esa cena tuvo lugar y si en ella el juez le pidió que no recurriera un eventual archivo de la causa, como finalmente ocurrió, fuentes cercanas al líder de Vox niegan que ese encuentro se produjera, informa Marta Monforte. "Ni cena, ni reunión. Ese día estaba en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que se alargó hasta la noche", trasladan desde su equipo, que también remarca que García-Castellón "no se ha reunido con nadie de Vox" y añade que, si se hubiera producido, "no tendrían problema" en decirlo. Sin embargo, no hay constancia pública de que ese CEN tuviera lugar el jueves 24 de marzo de 2022. También niegan categóricamente que la implicación del juez provocara que Vox acabara por no recurrir el archivo.

La jueza Esperanza Collazos archivó provisionalmente el caso Plus Ultra el 5 de enero de 2023 después de que la Audiencia de Madrid le hubiera impedido tomar declaración a la aerolínea, a través de su representante, como persona jurídica imputada, al haber transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia cuando la instructora lo acordó. Ese archivo solo fue recurrido por la Abogacía del Estado (en representación de la ministra y los altos cargos denunciados), la Fiscalía y Plus Ultra para reclamar que el sobreseimiento no fuera provisional, sino libre, lo que hubiera impedido posteriormente reabrir el caso. La Audiencia Provincial lo rechazó.

Inmediatamente después de conocer el archivo del caso, la abogada de Vox, Marta Castro, hizo ademán de recurrirlo al anunciar que su formación había pedido la nulidad de actuaciones respecto del auto de la Audiencia que impidió a la instructora imputar a Plus Ultra. Ese escrito, enviado al juzgado el 10 de enero de 2023, fue retirado una semana después: "Por medio del presente escrito procedemos a retirar el escrito presentado el día 10 de enero", dijo en sus alegaciones en otro documento remitido a Collazos el 17 de enero. El PP, que también era acusación popular en el proceso, tampoco recurrió.

El sumario del caso Plus Ultra refleja igualmente alusiones de los directivos de la aerolínea a otra supuesta gestión de García-Castellón a favor de la compañía mientras seguía estando en activo. El entonces juez de la Audiencia Nacional, según el presidente Martínez Sola, habría puesto en contacto a la empresa con la exconsejera delegada de Bankinter Dolores Dancausa y el departamento legal de la entidad financiera con el objetivo de desbloquear 3,7 millones a favor de la aerolínea rescatada.

infoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón que, sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas a su teléfono, cuya aplicación de mensajería ha confirmado la recepción de las mismas.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, pidió a finales de 2022 al máximo accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes Rojas (ahora en busca y captura internacional), que agradeciera al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, unas gestiones realizadas con Bankinter. "Nos han liberado 3,7 millones", escribió el primero al segundo, según figura en el volcado que la Policía hizo del teléfono intervenido a Martínez Sola durante los registros del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso infoLibre. El ya exmagistrado y el máximo directivo de la aerolínea son amigos desde hace tres décadas. Tanto, que cuando el presidente de la aerolínea fue detenido el pasado mes de diciembre pidió a los agentes que llamaran a García-Castellón.

Los hechos se remontan al viernes 18 de noviembre de 2022. Ese día, a las 11:08:13 horas, Martínez Sola escribió a Reyes Rojas: "Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle 'Gracias por tus gestiones en Bankinter', solo eso. Nos han liberado 3,7 millones". "Coño Julio que bueno" (sic), responde el empresario venezolano una hora más tarde. "Tienes su móvil?", insiste Martínez Sola unos segundos más tarde. "Manolo privé", zanja Reyes Rojas. Solo unos meses antes, el 7 de abril, el presidente de la aerolínea había remitido al máximo accionista de la misma un contacto con ese nombre: "Manolo Privé". Era el nombre con el que García-Castellón aparecía en la agenda del presidente de Plus Ultra.

Desde Bankinter señalan a este diario que la entidad no comenta la operativa de sus clientes y subrayan que cualquier actuación –incluidos procesos como la liberación o desbloqueo de posibles fondos retenidos– responde exclusivamente a criterios técnicos y al cumplimiento de condiciones previamente establecidas, dentro de estrictos protocolos internos de control.

El nombre de la entidad financiera ya había aparecido meses antes en un chat grupal en el que participaban Martínez Sola, Reyes Rojas, Roberto Roselli –el consejero delegado– y otras personas vinculadas a la aerolínea. "Hablé con Manolo por si conocía a alguien importante de Bankinter por nuestro problema. Conoce a Dolores Dancausa, consejera delegada [ahora presidenta no ejecutiva]. Llamó. Me acaba de confirmar que me va a llamar Rocío P., de legal de Bankinter, para reunirse con nosotros. Asistiremos Santiago, Roberto y yo", escribió el 26 de mayo de 2022 en aquel grupo el presidente de Plus Ultra, aerolínea que por aquel entonces se encontraba inmersa en una investigación judicial relacionada con el rescate de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En los chats también aparecen supuestas conversaciones con el ex director general del banco Fernando Moreno, ya retirado. El 31 de agosto de 2022 se refleja otra comunicación de Martínez Sola con Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración de Plus Ultra, en la que asegura que García-Castellón, al que se refiere siempre como "Manolo", habría confirmado una cena con Dancausa. Al banco no le consta que este encuentro se produjera.

En el año 2022, García-Castellón aún estaba en activo en la judicatura. Entonces era titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, encargado de algunas de las investigaciones más mediáticas. Por sus manos pasaron, en los últimos tiempos, desde el caso Villarejo a la corrupción de Púnica o Lezo, así como Tsunami –que fue un verdadero quebradero de cabeza en la elaboración de la ley de amnistía– o las insistentes investigaciones contra Podemos –ninguna de las cuales, por cierto, acabó llegando a juicio–. Tras más de cuatro décadas en la carrera judicial, el Boletín Oficial del Estado publicó el 2 de septiembre de 2024 la jubilación forzosa del magistrado, que por entonces estaba a punto de cumplir los 72 años.

Tres semanas después de que se hiciera oficial el retiro, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional se dio de alta como abogado. En su ficha oficial del Colegio de Madrid hizo constar como "dirección profesional" un complejo de oficinas ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas, a escasos metros de la sede de Telefónica. El mismo en cuya tercera planta tiene su domicilio social la aerolínea Plus Ultra. A preguntas de este diario, dijo que lo hizo así porque no quería poner su dirección personal y porque se lo ofreció Julio Martínez Sola, a quien le une una amistad desde hace décadas. La conexión entre ambos es tan importante que, el pasado diciembre, cuando fue detenido en su casa en el marco del caso Plus Ultra, Martínez Sola pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia.

El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el cargo de juez o magistrado es incompatible "con todo tipo de asesoramiento jurídico sea o no retribuido". También con "el ejercicio de toda actividad mercantil por sí o por otro" y "con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella". Esa incompatibilidad tiene su traducción en el régimen disciplinario, que establece como falta muy grave (castigada hasta con la expulsión de la carrera) "el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, establecidas en el artículo 389 de esta ley". El exjuez de la Audiencia Nacional está jubilado desde el 16 de octubre de 2024, cuando alcanzó la edad de 72 años.

InfoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón por múltiples vías para tratar de obtener su versión de estos hechos. Sin embargo, los contactos a través de WhatsApp, por teléfono e incluso dejando un mensaje en su buzón de voz no han sido respondidos.

El instructor del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha terminado este jueves por estallar contra las continuas filtraciones de sus diligencias que, cada día, ve publicadas en diversos medios de comunicación. La gota que ha colmado el vaso para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha sido la publicación íntegra de los anexos del informe de la UDEF conocido este miércoles, que relataba las gestiones del exjefe de Gobierno con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, a favor de un grupo empresarial peruano. Esos apéndices contenían la agenda íntegra de Zapatero de los años 2024 y 2025. También varios chats de su WhatApp con implicados en esa mediación, pero además, el que mantiene con su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, con la que, además de gestionar su actividad profesional, organiza gran parte de su vida familiar y privada. Gracias a la publicación de ambos documentos, cualquiera puede reconstruirla.

La filtración de múltiples datos personales protegidos por la ley en un proceso judicial ya se produjo a lo largo del pasado año con la investigación abierta en el Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los informes de la UCO sobre el caso se facilitaron con los anexos que contenían miles de llamadas e intercambios de datos del teléfono del exjefe del Ministerio Público. Entre los afectados aparecieron, por supuesto, múltiples fiscales subordinados, pero también familiares y amigos, que no tenían nada que ver con la causa. Una de esas personas fue su antecesora en el cargo y exministra, Dolores Delgado que, tras la publicación, denunció llamadas anónimas en su terminal. Hasta una vocal del Poder Judicial, y no solo con su número, también con el nombre de un familiar y la dirección de su domicilio particular.

La fuga masiva de información ha sido, si cabe, aún más grande en el caso de Zapatero. "El contenido de los anexos del informe policial [el de la UDEF] fue difundido íntegramente por diversos medios poco después de su puesta a disposición de las partes a través de la plataforma electrónica Cloud", afirmó Calama en su auto de este jueves, que se refería a la "reserva externa de las actuaciones", pero en ningún caso advirtió que se pudiera haber vulnerado el derecho fundamental a la intimidad del investigado. Los anexos publicados, según el juez, contienen "datos incompatibles con su publicación indiscriminada", por lo que su difusión puede constituir un delito de revelación de secretos o de quebrantamiento del secreto de sumario.

Gracias a los mensajes intercambiados con su secretaria, que ocupan nada menos que 1.084 páginas, es posible hacer un traje a medida del expresidente. Porque Zapatero, por ejemplo, le indica las personas con las que quiere quedar, las llamadas que tiene que hacer o los viajes que tiene que emprender para que ella le auxilie gestionando todas sus actividades. Pero también le cuenta datos de su estado de salud o le pide que le compre determinados medicamentos que necesita. En el intercambio de mensajes también aparecen números de teléfono y direcciones de periodistas con los que se reúne –lo que podría afectar al derecho fundamental al secreto profesional de estos últimos– o de amigos con los que comparte su vida social. El chat con Gertrudis Alcázar contiene datos que sí son relevantes para la investigación, pero también otros muchos de caracter íntimo que nadie querría que fueran revelados.

Como las complicaciones en el estado de salud de familares, revelaciones sobre la vida sentimental de personas cercanas, el clásico intercambio de fotos propias y de parientes que se suele hacer con estas aplicaciones de mensajería... También hay algunos datos sobre los movimientos de su esposa, Sonsoles Espinosa, que nada tiene que ver con el caso. Aparecen informaciones sobre las declaraciones de impuestos de la pareja o sobre sus propiedades para nada relacionadas con la causa; su rutinas deportivas y hasta los memes están en el anexo que contiene esa conversación de WhatsApp. Todo ello junto a citas con cargos públicos españoles y dirigentes extranjeros cuyas actividades junto al expresidente, sin comerlo ni beberlo, también han sido reveladas.

Calama ha puesto medidas para intentar que no se repita. En primer lugar ha deducido testimonio (es decir, lo ha denunciado) ante el Tribunal de Instancia de Plaza de Castilla para que que se indaguen las filtraciones y se identifique a los responsables. Se trata de investigaciones que –salvo en el caso del anterior fiscal general, que fue condenado sin ninguna prueba directa– se suelen archivar por falta de autor conocido. El instructor también ha obligado a las partes a poder consultar los vídeos de las declaraciones únicamente en la oficina judicial, para evitar que se emitan por televisión o en medios digitales. A partir de ahora, solo el PP podrá acceder a las diligencias, el resto de acusaciones populares quedan excluidas. Sin embargo, las restricciones llegan tarde, cuando el mal ya está hecho y cada uno de los pasos y actos de un expresidente en los últimos dos años circulan por todas las redacciones.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas del caso Plus Ultra si no se acredita qué resolución judicial autorizó a analizar una serie de conversaciones que motivaron la "imputación" al exlíder socialista "de actos penalmente reprochables".

La defensa de Zapatero ha remitido un escrito al juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso EFE, en el que advierte de que, si no existe tal autorización, dichas conversaciones "tienen que ser excluidas del procedimiento", "con las consecuencias procesales que ello conlleva" y ello comprendería, "en su caso, promover un incidente de nulidad".

El abogado Víctor Moreno Catena se refiere a un disco duro denominado "crucial" que contiene conversaciones de un abogado imputado en el caso, Miguel Palomero, y "otras conversaciones privadas de terceros afectados por las entradas y registros" que se practicaron en 24 de octubre de 2024 en atención a unas solicitudes de cooperación jurídica internacional de Francia y Suiza.

Dichas conversaciones, explica el abogado, han sido analizadas en informes policiales de la UDEF, figuran en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en noviembre de 2025 y dio lugar a la apertura de una pieza separada en el juzgado de Madrid que comenzó investigando el caso Plus Ultra y que después lo derivó a la Audiencia Nacional.

De hecho, el abogado subraya que la resolución que remitía el caso a la Audiencia Nacional tenía "base" en un chat denominado "Danilo-España" y en ella la jueza consideró "que podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países".

La defensa apunta también que las conversaciones fueron analizadas en unas diligencias de investigación preprocesales que abrió Anticorrupción en diciembre de 2025, cuando el asunto estaba en el juzgado de Madrid.

El abogado subraya en definitiva que el material digital fue intervenido "con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero" (Francia y Suiza), si bien ha sido "utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto".

Y eso requiere "una habilitación judicial" que ahora solicita en su escrito, en el que pide "que se depure si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron regularmente obtenidas".

"La eventual irregularidad en el origen se proyecta, por la vía de la prueba refleja, sobre todo el material derivado que se emplee frente a él (Zapatero)", indica.

Por ello, reclama que la Fiscalía indique qué resolución judicial autorizó "a las fuerzas policiales el análisis de las comunicaciones privadas aludidas, así como el lugar de esta compleja instrucción, de ida y vuelta, donde esa autorización se encuentra" para que "se pueda asumir como una diligencia que fue regularmente obtenida".

Y advierte de que, si no se hubiese obtenido dicha autorización, "las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución, y habrían quedado irremediablemente vulnerados el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales".

Zapatero está investigado como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra y a cambio de supuestas comisiones, en la que también están imputadas sus hijas.

No anularía el caso, porque antes de su llegada a la investigación, ya había indicios que señalaban directamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si el clonado del teléfono de Rodolfo Reyes, exmáximo accionista de Plus Ultra, realizado por el Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 y entregado por esa agencia de EEUU a la UDEF cinco años después (el pasado 18 de marzo) fuera considerado una prueba ilícita, sí podría sacudir el procedimiento obligando al instructor del caso, José Luis Calama, a eliminar del procedimiento todas las averiguaciones posteriores relacionadas con ella. El abogado del expresidente, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, lo sabe y ha reclamado al juez que pida a Washington datos sobre las circunstancias de ese clonado, si se hizo en el marco de un procedimiento abierto en EEUU contra Reyes y si se respetó la cadena de custodia. Pero este jueves, Calama ha aparcado esa ampliación de información hasta que reciba respuesta del Gobierno estadounidense sobre su posibilidad de utilizarlo en el proceso.

El instructor se refirió a ese informe concreto del HSI sobre el teléfono de Reyes en el extenso auto con el que imputó a Zapatero el pasado 18 de mayo. Antes de tomarle declaración este miércoles, el 5 de junio reclamó a Washington mediante otra resolución "la autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español de la extracción telefónica del dispositivo móvil". Lo que quiere el instructor es "autorización expresa para la utilización en el proceso penal español como medio de prueba" –es decir, también en un hipotético juicio oral– y no solo de investigación, como había hecho hasta ese momento tanto la Policía, como la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez de instrucción 4 de la Audiencia Nacional. "La información facilitada por autoridades policiales extranjeras puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones", afirmaba el instructor. Y apuntaba a los tratados bilaterales, las solicitudes de asistencia judicial o los canales policiales institucionalizados como vías para conseguir esa eficacia.

El auto de Calama, además, daba algunos datos sobre cómo se obtuvo el clonado del móvil de Reyes, información que, sin embargo, Zapatero consideró insuficiente. El instructor explicó que se obtuvo en el marco de "una investigación trasnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones". Esa investigación se desarrollaba "en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa [Florida], Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos".

Una de las líneas de esas pesquisas, según explica Calama en su auto, apuntaba a Rodolfo Reyes, antiguo máximo accionista de Plus Ultra, "por blanqueo y evasión de sanciones" que realizaba a través de la aerolínea rescatada en marzo de 2021 con 53 millones de euros, y otras compañías como Capital Bank, la sociedad de valores Panacorp y Dinosaur Bank. El juez también aporta la información de que la copia del teléfono de Reyes se obtuvo "inicialmente orientada al contrabando", aunque luego "reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales", según la resolución que solicita la cooperación judicial de Washington. Por último, el instructor confirma que el informe sobre ese dispositivo se facilitó a la UDEF el pasado 18 de marzo. El número de referencia del documento aparece señalado en tres ocasiones en el auto. Sin embargo, tal y como asegura la defensa de Zapatero, el informe estadounidense, pese a la importancia que le da el juez, no se encuentra entre los documentos del sumario facilitados a las partes.

Para clonar un teléfono en España y en general en todos los países de la UE, es necesario que se haga con autorización judicial. En caso contrario, el material obtenido sería una prueba ilícita obtenida mediante la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. También es necesario conocer de manera precisa cómo ha llegado ese material al proceso, para excluir cualquier riesgo de manipulación que pudiera afectar al derecho de defensa de los investigados. Por eso, Zapatero pidió al juez, cinco días después de que este reclamara autorización para usar esos mensajes de Reyes en el proceso, que ampliara su auto pidiendo más información. En concreto, quiere conocer la resolución judicial o administrativa que permitió copiar el teléfono, el proceso concreto abierto contra Reyes en EEUU, los informes del HSI sobre el clonado, cómo se hizo, con qué software y si fue total o parcial, que se verifique que esa información no ha sido manipulada, cómo se ha preservado desde que se obtuvo en 2021 y la cadena de custodia.

El Gobierno de EEUU ha autorizado algunas prácticas de investigación sobre comunicaciones que en España serían radicalmente ilegales. La Patriot Act, aprobada durante el mandato del republicano George W. Bush, por ejemplo, permitió a la Agencia de Seguridad Nacional de ese país almacenar los datos de las llamadas de millones de ciudadanos. La ley, además, daba en la práctica un cheque en blanco a agencias como el FBI para hacer intervenciones telefónicas y restringía los derechos de los ciudadanos extranjeros en territorio de EEUU. Los agentes de aduanas de ese país, además, están autorizados a clonar cualquier dispositivo electrónico en las zonas fronterizas sin necesidad de obtener previamente autorización judicial. En España ha habido procesos basados en intervenciones de comunicaciones ejecutadas por Washington en los que esas pruebas han sido anuladas. Algunas relacionadas con el terrorismo islamista, como la Operación Tigris.

El escrito del defensor de Zapatero reclamando más información sobre la obtención de la prueba por el HSI parece indicar ese camino, el de buscar la nulidad de la prueba. Calama no ha rechazado su petición directamente sino que simplemente ha respondido que ahora no es el momento adecuado. Antes, quiere conocer la información que Washington le pueda facilitar con la solicitud de cooperación que le envió el 5 de junio. "Mientras no se reciba la contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado, no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta pendiente", afirma el juez en su resolución de este jueves.

En cualquier caso, la hipotética anulación de esa prueba, casi con total probabilidad, no sacaría a Zapatero de la causa ni provocaría la caída de toda la investigación. Antes de su entrega por el HSI estadounidense a la UDEF el 18 de marzo, la anterior instructora del caso, Esperanza Collazos, ya apuntaba al exjefe del Ejecutivo. En su auto de inhibición a favor de la Audiencia Nacional del 23 de febrero relataba que las conversaciones intervenidas en España al abogado y presunto facilitador de la trama en Madrid, Miguel Palomero, y los pagos de Análisis Relevante, la consultora de su amigo, al expresidente y a la empresa de sus hijas analizados por la Agencia Tributaria, ya indicaban su implicación. Un informe de la UDEF redactado más de un mes antes de acceder al material de EEUU aseguraba que había "indicios suficientes para concluir [...] que no sería Julio Martínez Martínez [su amigo] el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería a José Luis Rodríguez Zapatero".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero empezó su declaración en la Audiencia Nacional negando haber mediado para el rescate de Plus Ultra: "No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. No habrá nadie que pueda decir lo contrario", apuntó.

Así se desprende de los audios de la declaración del expresidente que tuvo lugar el pasado miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a los que ha tenido acceso EFE este jueves.

"Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni la más mínima influencia, ni nadie me lo pidió", sostuvo Zapatero en su declaración.

Zapatero declaró ante el magistrado por el caso Plus Ultra, donde se le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de esta aerolínea a cambio de comisiones.

En las más de dos horas de interrogatorio, Zapatero explicó que es amigo de Julio Martínez desde el año 2011 y que comparten la afición de salir a correr, pero que no tuvo ninguna relación profesional con él hasta 2020, cuando creó la consultora Análisis Relevante.

Es entonces cuando Martínez le preguntó si estaba dispuesto a ejercer de consultor, como hizo anteriormente con otras consultoras: "Yo le digo que sí, y a partir de ahí es cuando empieza la relación, la parte de relación profesional", aclara.

Calama expone ante Zapatero que la tesis que maneja la investigación es que Análisis Relevante se utilizó para derivar "comisiones de tráfico de influencias en las que usted puede haber intervenido".

Tras lo que Zapatero replicó que desarrolló "un trabajo intenso" para Análisis Relevante, antes de volver a negar que hablase "con ninguna autoridad pública, con ningún funcionario ni con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra".

"Creo que una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo", argumentó ante el juez.

Asimismo, admitió que pidió al Santander que atendieran a responsables de la compañía aérea, pero no que intercediera para buscar financiación.

Su abogado le preguntó concretamente si "de algún modo orientó" la petición o solicitud al Santander o a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del banco, "para que le diese financiación a Plus Ultra", a lo que Zapatero contestó tajantemente: "No, en absoluto".

"Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender", explicó el expresidente, que al ser preguntado de nuevo por su abogado si fue "¿Solo para atender?", subrayó: "Sí, exactamente".

Rodríguez Zapatero también negó que le contactara directivo o personal alguno de Plus Ultra para solicitar su ayuda respecto del Fondo de Ayuda a Empresas aprobado en julio de 2020 y haber hablado con ningún responsable de Indra para que Plus Ultra presentara la solicitud a la SEPI.

"Ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del Gobierno, ni ante absolutamente nadie, no hablé con nadie, con nadie del rescate de Plus Ultra", aseguró Zapatero.

El juez también preguntó acerca del interés de dos empresarios, los hermanos Amaro Chacón, en que el expresidente interviniera con la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para que una empresa china accediera a petróleo venezolano, algo que el exlíder socialista dijo no recordar, a pesar de que la compañía china mandó una carta a su oficina a la que, sostuvo, no dieron respuesta.

"No me acordaba de nada, yo obviamente con esa carta no hice absolutamente nada, me mandan cartas de todo tipo, y yo no he tenido absolutamente nada que ver con ningún tema de petróleo, ni de gestión, ni de nada, nunca, en mi vida", recalcó Zapatero.

También dijo no recordar si había asistido a una comida organizada por su secretaria, Gertrudis Álcazar, que la investigación relaciona con instrucciones para crear una sociedad 'offshore' en Dubái, una acusación que negó tajante: "Se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades 'offshore', se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad 'offshore' y es que ni sé lo que es".

Zapatero sostuvo además que él no usa correos electrónicos porque todo lo hace su secretaria, de quien dijo, además, que siempre ha actuado conforme a sus "indicaciones".

La declaración del miércoles versó únicamente sobre Plus Ultra, ya que el expresidente se negó a dar explicaciones sobre las "dichosas joyas", como se refirió a ellas el juez, por el recurso que había interpuesto.

Aun así, al término del interrogatorio, el abogado del expresidente trasladó al juez que estaba en disposición de poder declarar sobre este asunto en un plazo de una semana o diez días "como máximo".

En otro momento del interrogatorio, Calama preguntó a Zapatero si había comido con el entonces ministro José Luis Escrivá o con algún alto cargo del Ministerio de Hacienda para hablar del rescate de Plus Ultra.

Con Escrivá, Zapatero admite que tomó "un café" para conocerse, en el que hablaron "de la economía" y que "en ningún momento, absolutamente, salió el tema de Plus Ultra".

En su declaración, Zapatero dijo no recordar las reuniones que tuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esas fechas.

En un momento del interrogatorio, el juez dice al expresidente "acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio", por lo que, al acabar su declaración, Zapatero se disculpó: "Espero no haber estado en ningún momento en un tono no conveniente".

La angustia política, acelerada y bajo toda presión, es ya una seña de identidad de los cierres prevacacionales. La sensación de un posible colapso ya se vivió antes de Navidad y tras conocerse el informe sobre Santos Cerdán el pasado julio. Ahora, el Gobierno está en ese revival, en una cuenta atrás marcada por una pregunta recurrente: ¿aguantará el verano? La diferencia respecto al julio pasado está en la cascada de casos que se han ido materializando y en la creciente dificultad de los socios para justificar determinados comportamientos. Todo sumado al propio fin de ciclo, con unas elecciones que, aun respetando la fecha natural de la legislatura, serían en un año. Y la que se mantiene idéntica es la negativa de los socios a pulsar el botón nuclear que facilite un dominio absoluto de PP-Vox y arrase en lo político con todos los demás.  

El viacrucis del Gobierno pasa por que hayan confluido todos los frentes en una misma semana. Los tres golpes que sacuden al presidente —ya sin cortafuegos políticos eficaces— son la primera sentencia a José Luis Ábalos, agravada por lo obsceno de los audios sobre el uso de mujeres; el caso Plus Ultra por la neutralización de la capacidad del expresidente para ejercer como activo político y referente moral; y el escándalo de Leire Díez, con la amenaza de que no pueda encapsularse en el entorno de Santos Cerdán. 

La izquierda sigue digiriendo el réquiem del Zapatero político mientras emerge el Zapatero imputado, dedicado íntegramente a su defensa penal. Como reconoce en su último comunicado tras declarar por primera vez ante el juez, su mayor preocupación es “devolver la confianza a quien ahora duda”. Y es lógico, por lo que tiene de líder moral de un espacio político, ajeno además a las contingencias de estar en el Gobierno. Pero el regreso del político tendrá que esperar. Su promesa de demostrar que es inocente evoca inevitablemente aquel “No os fallaré” de 2004. Por delante queda un largo y complejo recorrido judicial para el expresidente. El regalo de las joyas tiene un daño reputacional de difícil reparación que sigue sin explicar de forma convincente. Tiene derecho a dar explicaciones cuando lo considere, pero, en términos públicos y políticos, el silencio es difícil de sostener. La incapacidad para ofrecer una versión clara de los hechos alimenta la sospecha de que la explicación sea más comprometedora que el propio regalo.

Más allá de la ética y la estética, la empresa de sus hijas recibió transferencias por unos 700.000 euros. El alcance del resto de acusaciones dependerá en gran medida de cómo evolucionen las declaraciones de los testigos y las nuevas diligencias. Por ahora, ni en el caso Plus Ultra ni en la consultora venezolana Inteligencia Prospectiva hay implicaciones directas de interceder ante funcionarios públicos o de una actuación encaminada a influir en sus decisiones. El juez no se ha creído las versiones de Zapatero y mantiene los indicios. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Que el expresidente tiene por delante el difícil reto de demostrar la inocencia que defiende. 

En lo político, para Pedro Sánchez el efecto acumulación alimenta la sensación de desgaste y refuerza la percepción de que la crisis se ha convertido en un desafío estructural para el Ejecutivo. Tanto, que los socios nacionalistas quieren jugar. Eso sí, presión sin ruptura. La premisa es amagar sin dar. Ni Sánchez convocará una cuestión de confianza, el único con esta prerrogativa, ni habrá moción de censura. Junts y el PNV le están dando una vía política para manejar un calendario de convocatoria alejado de lo judicial y acotado al Ejecutivo. Los presupuestos, por el propio recorrido que tienen, son un margen para llegar al otoño. Los de Puigdemont escenifican alejarse de un “PSOE tóxico”, como dicen en off, pero lejos de querer acordar nada con el PP. Y esto nos devuelve a Gabriel Rufián y su brillante capacidad de síntesis. “Las elecciones se van a celebrar”, ha dicho Pedro Sánchez. Y el de ERC apostilla: "Las legislaturas duran lo que diga el PNV".

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), concebida como el sustento ideológico de la derecha, ha convertido los escándalos que afectan al entorno del PSOE en uno de los ejes centrales de su producción editorial. El think thank presidido por el expresidente José María Aznar publica de manera asidua análisis en los que se muestra muy duro con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con publicaciones como Sin chófer ni secretaria, que data de febrero de 2024, Emergencia democrática, emergencia nacional, de junio del pasado año, o Queda lo peor, un texto de hace solo cinco días, mantiene una ofensiva total con graves acusaciones que vierte sobre el Gobierno. “La indecencia se ha instalado en el núcleo del Gobierno y del partido que lo sustenta”, resume uno de ellos.

Sin embargo, la fundación no ha abordado el caso que afecta a Zapatero pese a que estalló hace ya un mes tras la imputación del expresidente por un presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. Tampoco ha escrito ningún análisis previo a la declaración del socialista este miércoles. E, incluso, el propio Aznar esquivó la cuestión cuando fue interrogado el mismo día en que se conoció la imputación. “No tengo nada más que decir sobre este asunto”, llegó a afirmar. "La justicia en España es independiente y los jueces son independientes”, se limitó a añadir.

La tesis que ha mantenido FAES en los últimos años es que la corrupción forma parte del ecosistema político que sostiene al actual Ejecutivo. Y su dureza no se ha limitado a la denuncia de presuntas irregularidades. La organización presidida por Aznar habla de "mordidas, pucherazos, extorsiones y chantajes" y llega a describir al “núcleo sanchista" como "la banda del Peugeot". También hay referencias a "capos", "consiglieris", "fontaneros", "omertá", "famiglia" y "mordidas". También sostiene que Sánchez "entiende el poder como botín" y que Ábalos, Koldo, Jessica Rodríguez —expareja del entonces ministro de Transportes— y Leire Díez son consecuencia de una "concepción puramente patrimonial del poder", pese a que todavía no hay sentencia que lo respalde.

FAES también acusa al Gobierno de haber actuado como encubridor político "cuando menos" de la corrupción, y en "el delito como entorno", donde afirma que la coalición de Sánchez "se gestó y se sostiene" gracias a su "familiaridad" con la delincuencia. Y ya con Leire Díez como referencia tras la investigación liderada por el juez Pedraz, se habla de un "carrusel estercolario", un "rastro de porquería" y se lanza la pregunta de si queda alguna institución "por pringar".

FAES no es un observador neutral, aunque nunca ha pretendido serlo. Nació como laboratorio de ideas de la derecha española y sigue funcionando como uno de los principales centros de producción ideológica vinculados al universo político del PP. Precisamente por eso resulta relevante analizar no sólo aquello sobre lo que habla, sino también aquello que decide no comentar, como es el caso de Zapatero, Plus Ultra y las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que han provocado que el juez Calama abra una pieza separada.

Y no se trata de una cuestión de afinidad o de respeto por el expresidente español. La fundación ha construido durante años buena parte de su identidad política en oposición a José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la etapa posterior a 2004, Aznar y FAES convirtieron al expresidente socialista en uno de sus principales adversarios políticos e intelectuales, al que culpan de que el PP perdiera las elecciones tras los atentados terroristas. La crítica a Zapatero fue constante en cuestiones como el modelo territorial, la negociación con ETA, la política económica o la memoria histórica. Es más, en una publicación de 2023, bajo el título de El sembrador y su cosecha, FAES responsabiliza a Zapatero de propiciar un “pasteleo con ETA” de la mano del socialista Jesús Eguiguren.

Y, aunque FAES exige máximos estándares de transparencia y ejemplaridad cuando analiza los casos que afectan al Gobierno de Sánchez, su presidente apenas cuenta con controles efectivos. Desde su salida de la política institucional, ha ejercido como actor privado, lobbysta, conferenciante y consejero internacional. Una clave que podría explicar el silencio de su fundación y al que en el PP nacional no le dan mayor importancia. “No es nuestro trabajo comentar lo que dice o deja de decir FAES”, responden fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo a infoLibre. La acusación del PP no ha pedido prisión provisional para el expresidente tras su declaración de este martes.

Con todo, la posición del think thank resulta especialmente llamativa porque Aznar ha construido en los últimos años una posición singular en la política española. Ya no es un dirigente sometido al control parlamentario ni un responsable institucional y en el PP acuden a él de manera asidua tanto en mítines como en grandes celebraciones. Es un expresidente que ejerce influencia desde una fundación privada, interviene periódicamente en el debate público y mantiene una red de relaciones nacionales e internacionales forjada durante décadas. Y los conservadores no niegan que sea su “referente moral”, como definen la importancia de Zapatero con el PSOE y la izquierda.

El expresidente del Gobierno, además de presidir FAES, ha pasado por Georgetown University y ha ocupado puestos en grandes corporaciones y firmas internacionales. News Corp, el grupo de Rupert Murdoch, lo presenta como consejero independiente desde 2013 y recoge en su documentación oficial una remuneración de 341.565 dólares en el ejercicio fiscal de 2025. Antes, ya había entrado en la órbita del grupo Murdoch en 2006. También fue contratado por Endesa como asesor externo para Iberoamérica, con una retribución publicada en torno a 200.000 euros anuales, y fichó en 2013 por DLA Piper como asesor senior para Latinoamérica.

La nómina de actividades privadas es más amplia: asesorías, fundaciones, foros internacionales, libros y conferencias. Pero la transparencia sobre esa actividad es limitada. No existe un registro público, completo y homogéneo que permita conocer con detalle cuánto ha ingresado Aznar desde 2004, quién le ha pagado, por qué servicios y con qué posibles conflictos de interés. Lo que aparece son datos de remuneraciones parciales en documentos societarios, noticias sobre contratos concretos o episodios como el de Famaztella, la sociedad familiar a través de la cual canalizó ingresos por libros y conferencias y por la que Hacienda le exigió una declaración complementaria y una sanción por los ejercicios 2011 y 2012.

La esperanza que varios dirigentes del PSOE habían expresado en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero diera explicaciones convincentes al juez de la Audiencia Nacional no ha servido para convencerlo. Las tres horas que el exjefe del Ejecutivo declaró este miércoles ante el instructor del caso, José Luis Calama, no lograron "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación", según explicó el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto por el que rechazó las medidas cautelares que se solicitaban. La resolución detalla esquemáticamente cuáles son los indicios contra el que fuera líder del PSOE a los que el instructor da mayor credibilidad y que Calama destaca en su resolución.

Fuentes del entorno de Zapatero aseguran que el interrogatorio ha sido "exhaustivo y reiterativo", pero que Calama ha dejado al expresidente explicarse en sus respuestas aunque ha refutado algunas de ellas. Se ha tratado, según esas mismas fuentes, de un un interrogatorio "formalmente correcto". El entorno del expresidente asegura que las preguntas estuvieron más centradas en "la naturaleza de sus trabajos de consultoría" realizados para Análisis Relevante, la empresa de su compañero de carreras Julio Martínez Martínez. Las contestaciones de Zapatero fueron, aseguran, "mucho más contundentes" en lo relativo a su supuesta participación en el rescate de Plus Ultra.

Sin embargo, el juez no consideró convincente su relato. Estos son los hitos de las pesquisas que, después de escuchar al exjefe del Ejecutivo, el instructor considera inalterados.

En esa fecha, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), autorizados por la anterior instructora del caso, la juez 15 del Tribunal de Madrid Esperanza Collazos, detuvieron al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, a su consejero delegado, Roberto Roselli, al abogado Miguel Palomero (presunto conseguidor de la trama de blanqueo investigada en España) y al compañero de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez. También se registró la sede de Plus Ultra y los domicilios de los arrestados. En el auto por el que Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, la jueza citaba conversaciones encontradas en el teléfono de Palomero con el empresario venezolano Danilo Diazgranados en el que aparecían referencias a "Z", "ZZZZ" o "Zorro" que los investigadores habían atribuido a Zapatero.

En las conversaciones intervenidas a Palomero, cuyo domicilio pidió registrar la fiscalía francesa, también aparecen intercambios verbales con Rodolfo Reyes –el antiguo máximo accionista de Plus Ultra ahora en paradero desconocido–, Julio Martínez Martínez y el empresario peruano Felipe Baca, entre otros. En el ordenador intervenido a Roselli se encontró una carta dirigida al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, "siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero". En las conversaciones entre el expresidente de la compañía, Martínez Sola, y Manuel Fajardo, el supuesto hombre de la trama de influencias del expresidente en Venezuela, este aparece supuestamente denominado como "el amigo". Lo que hasta el momento no ha aparecido es una orden directa que permita acreditar que Zapatero era el líder de la organización, como sostienen Calama y la UDEF.

El pasado 21 de noviembre, la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria elaboró un informe sobre los ingresos y gastos de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez. Esa unidad fue la que descubrió que Plus Ultra y otras empresas supuestamente dedicadas a canalizar peticiones a la red de influencia cuyo liderazgo el juez atribuye a Zapatero –Softgestor, Inteligencia Prospectiva o Grupo Aldesa– se encontraban entre los principales clientes de la sociedad de Martínez Martínez. A su vez el documento de Hacienda mostró que los principales pagos de esa consultora iban dirigidos al expresidente y a WhaTheFav, la empresa de sus hijas. Esa operativa se repitió en los ejercicios de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

"Los pagos realizados desde la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA, Inteligencia Prospectiva SL y Grupo Aldesa SA, que tienen como destino la sociedad Análisis Relevante SL en los ejercicios 2023 y 2024 representarían los ingresos relevantes que en su práctica totalidad tienen como destino la mercantil Whathefav SL y a José Luis Rodríguez Zapatero", aseguraban los agentes de la UDEF en otro de sus informes del pasado 3 de febrero. En los registros también se intervino un contrato de asesoramiento firmado por otra de las empresas del amigo de Zapatero –Idella Consulenza Strategica SL– con Plus Ultra.

La duración de ese contrato "consta determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea y en su caso hasta la formalización", dice el documento policial que subraya que el acuerdo estipula como remuneración "el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate". Según la policía, ese documento acreditaría la vinculación de Martínez Martínez, el compañero de deporte del expresidente, "con el rescate público de Plus Ultra".

En el auto por el que comunicó a Zapatero que estaba imputado, Calama recogió los nombres y la operativa de alguna de estas empresas. Una de ellas, Inteligencia Prospectiva, carecía de actividad real y solo servía para introducir en España fondos procedentes del extranjero. Esa sociedad, sin embargo, no solo efectuó pagos a Análisis Relevante, la consultora para la que trabajaba el expresidente, sino también directamente a la empresa de sus hijas. Inteligencia Prospectiva está administrada por los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, a los que supuestamente acudían clientes que buscaban la trama de altas influencias investigada para garantizarse cupos de petróleo venezolano, según la investigación.

Otra de esas empresas sería Softgestor, que también abona servicios supuestamente prestados a la consultora en la que trabajaba Zapatero. Sus principales clientes serían empresas radicadas en Estados Unidos con intereses en Venezuela, una de las áreas de influencia de la trama. El juez también se refiere al grupo Aldesa que supuestamente habría contratado con las empresas de Martínez Martínez en concepto de "búsqueda de oportunidades de negocio" a cambio de una comisión del 3% del importe de los contratos que se consiguieran. Una de esas oportunidades habría sido el polémico proyecto del megacasino y centro comercial Hard Rock proyectado en Tarragona. Sin embargo, la ONIF no ha encontrado ningún pago de Aldesa a Idella, la empresa de Martínez con la que firmó el acuerdo.

Calama resalta de nuevo el informe facilitado a la UDEF por el Homeland Security Investigations (HSI), el cuerpo de investigación del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Se trata de un informe sobre el clonado de un teléfono de Rodolfo Reyes, el antiguo máximo accionista de Plus Ultra que actualmente está en busca y captura, y en el que se encontró una de las frases que más ha trascendido del caso ("nuestro pana Zapatero, detrás"). El magistrado asegura ahora que fue facilitado por las "autoridades judiciales de EE UU". Según la investigación, el HSI entregó esa información a la UDEF y Calama todavía no ha recibido autorización de Washington para utilizarla en un hipotético juicio. Acaba de pedirlo mediante una comisión rogatoria.

Zapatero, por su parte, ha solicitado al instructor que requiera información a las autoridades estadounidenses para verificar si esa prueba se obtuvo en una investigación concreta y con autorización de un juez, como exigen las garantías penales en España cada vez que una diligencia judicial afecta a derechos fundamentales, como en este caso, que invade el secreto de las comunicaciones. La petición del expresidente indica que parte de su estrategia de defensa se basa en la anulación de esa prueba, lo que obligaría a hacer lo propio con todo lo destapado gracias a ella. Sin embargo, antes de que el HSI lo facilitara a la policía española –el pasado 18 de marzo– los agentes ya apuntaban al exjefe del Ejecutivo como presunto líder de la trama de tráfico de influencias.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ya ha señalado cuál será una de las claves de su estrategia de defensa tras su declaración prevista para este miércoles. Combatir la legalidad del clonado del teléfono del exprincipal accionista de Plus Ultra, Ricardo Reyes, obtenido en 2021 por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y facilitado el pasado 18 de marzo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Sin embargo, ya antes de esa fecha, la investigación se dirigía contra el exjefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011. El análisis de los pagos de las empresas de su compañero de running Julio Martínez Martínez por parte de Hacienda y las conversaciones entre el abogado de la trama Miguel Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados permitieron a la anterior instructora del caso, la jueza del tribunal 15 de Instrucción de Madrid, Esperanza Collazos, señalarlo como investigado.

Así se recoge en el auto por el que la jueza Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero, semanas antes de que la prueba procedente de las autoridades de Washington llegara a manos de los agentes, por considerar que los delitos investigados –en ese momento procesal los de cohecho, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y corrupción en los negocios– correspondían a ese tribunal al haberse cometido fuera del territorio nacional siendo de competencia de la justicia española. El auto de inhibición, tras una serie de trámites, hizo que la investigación se traspasara en exclusiva al actual instructor, el juez de Instrucción de la Audiencia, José Luis Calama, que este miércoles tomará declaración a Zapatero.

Uno de los principales indicios que los agentes, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama manejan contra el expresidente del Gobierno se obtuvo durante el registro practicado al abogado Miguel Palomero de Juan, en su domicilio cercano al Retiro, en Madrid. Palomero era el abogado que supuestamente se encargaba de abrir sociedades y gestionar el patrimonio en España de la trama de blanqueo investigada en el caso Plus Ultra, en el que lo relativo a Zapatero es solo una parte. Palomero mantenía conversaciones de WhatsApp con varios de los presuntos integrantes de esa organización, como el peruano Luis Felipe Baca, o el venezolano Danilo Díazgranados. En un chat con este último empresario denominado Danilo-España, ambos recogían algunas referencias a sus relaciones con "Zorro" o "Z" o "ZZZZ", según el informe policial que analizó los dispositivos de Palomero. La jueza Collazos ya recogía en su auto de inhibición que, según la investigación, detrás de esas denominaciones estaría Zapatero.

La anterior instructora también daba por seguro en esa resolución que el expresidente del Gobierno español habría auxiliado a Díazgranados en algunos de sus negocios a camino entre Madrid y Caracas. "Consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela", escribió Collazos el pasado 23 de febrero, antes de que llegara a las autoridades españolas la prueba estadounidense cuya validez Zapatero está ya combatiendo en la Audiencia Nacional. La jueza de Instrucción 15 del Tribunal de Madrid subraya que su auxilio en esas gestiones comerciales, constituiría "un delito de corrupción en los negocios".

Antes de que los datos del teléfono de Ricardo Reyes, clonados por el Homeland Security Investigations (HSI) llegaran a la UDEF, la Policía y la Agencia Tributaria ya habían analizado los flujos de dinero de Plus Ultra y otras empresas sospechosas de pagar al expresidente socialista para valerse de su influencia en España y en la Venezuela de Maduro, como Softgestor –que prestaba servicios a sociedades de EE UU con vínculos en Venezuela– o Inteligencia Prospectiva, sin sede ni actividad y que, supuestamente, sería una tapadera para que determinadas empresas (entre ellas algunas chinas) reclamaran gestiones a Zapatero gracias a su acceso al Gobierno de Caracas para garantizarse cupos de petróleo. Collazos ya apuntaba a que las entregas de esas sociedades opacas a otras de su compañero deportivo, Julio Martínez Martínez, entre ellas la consultora Análisis Relevante, solo tenían por objeto pagar la privilegiada intermediación del expresidente español.

Tras la detención de Martínez Martínez y varios directivos de Plus Ultra el pasado diciembre, el informe con el primer análisis de lo incautado en los registros por la UDEF, ya lo pone como presunto líder de la trama, desplazando de ese puesto a su amigo Martínez Martínez. "Con la información disponible, los investigadores consideran acreditado que José Luis Rodríguez Zapatero habría percibido entre 2020 y 2025, al menos 490.780 euros de Análisis Relevante", relata ese informe policial del pasado 3 de febrero, más de un mes antes de que llegara la prueba de la agencia estadounidense HSI. "En paralelo, la sociedad de la que son administradoras solidarias las hijas de Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la mercantil Whathefav, habría percibido al menos otros 236.125 euros en el mismo periodo de Análisis Relevante, así como al menos otros 20.993,50 euros en el año 2020 de Agropecuaria Lucena, otra sociedad cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez", el compañero de carreras del expresidente.

"Se carece de facturación en relación con los pagos anteriores, que permitirían conocer la justificación dada a dichas operaciones, salvo en lo que respecta a cuatro facturas expedidas por Whathefav a Análisis Relevante en 2020, cuyo concepto solo indica 'servicios agencia", continúan los agentes que, a continuación, exponen su conclusión. "Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores consideran la existencia de indicios suficientes para concluir, al menos de manera preliminar, que no sería Julio Martínez Martínez el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería realmente a José Luis Rodríguez Zapatero". Por último, el documento policial señala: "Julio Martínez Martínez [...] actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Rodríguez Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas".

El exmagistrado Manuel García-Castellón sitúa su dirección oficial como abogado en el mismo lugar en el que tiene su sede en Madrid la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate de 53 millones de euros se encuentra en estos momentos bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional. Así figura en su ficha del Colegio de Abogados, en el que se hace constar como "dirección profesional" el mismo edificio de oficinas ubicado al norte de la capital en el que la aerolínea tiene su domicilio social. Preguntado por infoLibre, el exmagistrado explica que es desde hace décadas "íntimo amigo" de Julio Martínez, presidente de la aerolínea. Y que, tras ofrecérselo él, puso su dirección para no hacer constar su "domicilio". No obstante, en contra de lo que figura en su ficha, asegura que no está ejerciendo como abogado.

Tras más de cuatro décadas en la judicatura, los últimos marcados por causas de gran impacto político y mediático –desde Kitchen hasta el caso Tsunami, que se convirtió en todo un obstáculo para la Ley de Amnistía–, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 2 de septiembre de 2024 la jubilación forzosa de García-Castellón, que por entonces estaba a punto de cumplir los 72 años. Una nueva vida que, sin embargo, no tardaría en reorientar. Tres semanas después de que se hiciera oficial el retiro, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional se dio de alta como abogado.

En su ficha oficial del Colegio de Madrid, el exmagistrado hizo constar varios datos. Entre ellos, su "dirección profesional", en la que los letrados ponen las señas del despacho o del domicilio desde el que ejercen. En el caso de García-Castellón figura como tal un exclusivo complejo de oficinas ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas, a escasos metros de la sede de Telefónica. El mismo en cuya tercera planta tiene su domicilio social la aerolínea Plus Ultra. Unas oficinas que el pasado 11 de diciembre registraron de arriba abajo agentes de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la causa en la que ha sido imputado Zapatero.

Durante aquella entrada, que se prolongó hasta las 21.58 horas, los investigadores se incautaron de buzones de correo electrónico, dispositivos de almacenamiento o documentación de todo tipo, incluyendo agendas, facturas o varios tomos nombrados como "Solicitud SEPI", según consta en la documentación incorporada al sumario. El magistrado instructor, José Luis Calama, investiga, entre otras cosas, un posible delito de tráfico de influencias relacionado con la concesión a la aerolínea de una ayuda de 53 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un asunto que ya estuvo hace algunos años bajo la lupa de un juzgado de Madrid.

Esa misma mañana, a eso de las 7.20 horas y a escasos 2 kilómetros de aquel edificio, varios agentes accedieron a un chalé ubicado en una exclusiva urbanización ubicada al sur de La Moraleja. Era el domicilio de Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y máximo accionista de la aerolínea tras adquirir la participación que tenían en la empresa los antiguos socios venezolanos. Allí, según consta en la diligencia de entrada y registro, se halló, entre otras cosas, una gran cantidad de dinero en efectivo. En concreto, varios fajos que sumaban 107.000 euros y 75.175 dólares. Cuando detuvieron a Sola, según ha adelantado Público, pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia. Según la compañía, lo hizo por la relación de amistad que une a ambos.

Este diario se ha puesto en contacto con el exmagistrado para saber por qué motivo figura su dirección oficial como letrado en el mismo edificio en el que tiene su sede la aerolínea y para preguntarle si está prestando servicios profesionales a Plus Ultra. "Soy íntimo amigo de Julio desde hace 30 años. Y como soy abogado no ejerciente pues puse como dirección la de él que se ofreció porque no quería poner mi domicilio. No hay más misterio", ha señalado García-Castellón. Preguntado por qué motivo figura en el censo como letrado ejerciente, asegura que se debe a un error. Este diario también se ha puesto en contacto con la aerolínea vía correo electrónico, sin que a cierre de esta edición se haya recibido respuesta.

“Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros”. 2 de junio de 2018. Ocho años atrás, Pedro Sánchez asumía con estas palabras ante el rey su nueva condición de jefe del Ejecutivo.

Apenas un día antes había ganado la moción de censura. Era la primera vez que triunfaba este instrumento constitucional en España. Y Sánchez, además, también se convertía en el primer presidente que no era diputado y en el primer líder del Gobierno que no pertenecía al grupo mayoritario en el Congreso. 

Cuando llegó por primera vez al liderazgo del PSOE en 2014, muchos dirigentes lo apodaron “Pedro, el breve”. Había una idea extendida entre sectores del partido de que sería un secretario general de transición. Pero, a estas alturas de 2026, Sánchez se ha convertido en el segundo presidente más longevo de la actual etapa democrática, sólo superado por Felipe González. Pero ya lleva más días en el Palacio de la Moncloa que José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez cumple ocho años al frente del Gobierno en un momento muy complicado para su partido, después de la imputación por parte de la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y de la entrada de la UCO la semana pasada en la sede del partido, en la madrileña calle de Ferraz, para requerir información por el caso Leire Díez, en el que se investiga una posible trama para entorpecer procesos judiciales relacionados con los socialistas.

Pero Sánchez, a pesar de la presión política y mediática, no ve cerca su final. De momento, no se plantea adelantar las elecciones generales, como están pidiendo incluso algunos socios como Junts y el PNV. Su idea es agotar la legislatura en verano del año que viene. En su discurso del domingo en la clausura del congreso de Juventudes Socialistas, el presidente mandó un mensaje muy claro en estos días de zozobra: “Los marrulleros con sus maniobras, y nosotros, a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles”.

Sánchez pone rumbo a esas elecciones a un año vista y con la idea de que puede incluso ser el partido más votado, a pesar de los escándalos que hacen tambalear al partido. Sobre la mesa pone siempre la “cuenta de resultados” del Gobierno con la economía española liderando la UE y con la filosofía de que la vida de los ciudadanos no es la que dibujan las derechas mediáticas.

Tampoco tiene intención de ir a un congreso extraordinario, como solicitan algunas voces del partido, como el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo y el actual alcalde de León, José Antonio Diez. En la reunión de la dirección socialista en Ferraz, presidida este lunes por el propio Sánchez, se hizo una defensa cerrada del actual Gobierno e imperó la sensación de resistencia.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, aseguró, tras la reunión de la cúpula socialista, que no hay intención de cambiar el calendario interno del partido y aseveró que siempre se “escucha a todos”. Pero remarcó que también se escucha “a la gente que dice que hay que aguantar, que hay que resistir porque los datos avalan a este Gobierno”.

Sánchez ya expresó hace un año, en mitad de la tormenta por el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que su intención es ser el candidato en las próximas elecciones generales. A pesar de los titulares, en el partido no hay ahora mismo ningún dirigente que tenga la fuerza para poder ganar al actual presidente en unas primarias. 

En el PSOE siguen a la espera de que se haga público el sumario sobre el caso Leire Díez para analizar la situación y meditar la posibilidad de tomar alguna decisión interna respecto a las personas citadas en el auto por el juez Santiago Pedraz. Y Sánchez ya ha pedido comparecer en el Congreso, aunque no lo hará hasta después del 19 de junio, cuando vuelva del Consejo Europeo.

Desde las filas socialistas se sigue insistiendo en las “casualidades” que se están produciendo a nivel jurídico, político y mediático. La idea que trasladan desde Ferraz, como subrayó Mínguez ante los periodistas, pasa por esta línea: “No tenemos miedo a la justicia. Es la segunda vez que viene la UCO a Ferraz y aquí no encontró lo que sí encontró en Génova”.

Además, en el PSOE están muy atentos estos días a los movimientos que se puedan dar en el Congreso. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, insistió en su presión a Junts y el PNV con la posibilidad de apoyar un cambio de Gobierno en el que no esté Vox, que pueda servir para convocar elecciones anticipadas. Los socialistas lanzaron guiños a estos dos partidos trasladando que España crece y crea más puestos de trabajo que ningún otro país europeo gracias “al impulso” del Ejecutivo y “al apoyo de los socios de investidura”.

Sánchez vive este octavo aniversario presidiendo precisamente el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. En esta mesa solo quedan tres ministros de su primer Ejecutivo: Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación).

El primero de ellos es ya el ministro del Interior más longevo en la actual etapa democrática. Y Robles y Planas están a punto de convertirse en los que más tiempo han pilotado sus respectivos departamentos, aunque todavía les ganan en duración Narcís Serra y Carlos Romero (que estuvieron ocho años y tres meses en el Gobierno de Felipe González). Además, Sánchez trabaja en estos momentos para lograr que el ministro de Agricultura se haga con la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Sánchez cumple ocho años dirigiendo el país desde La Moncloa. Y aspira a seguir tras las elecciones de 2027. En permanente escritura de su Manual de resistencia. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre las últimas actuaciones judiciales, además de dar cuenta de la reunión del Consejo Europeo, que se celebrará los días 18 y 19 de junio.

Según fuentes del Palacio de la Moncloa, Sánchez ya ha solicitado ante la Cámara Baja acudir al Pleno "al objeto de informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo".

Esa fecha de la comparecencia no está fijada y será analizada en una próxima reunión de la Junta de Portavoces, según fuentes parlamentarias. Desde el Gobierno señalan que no se producirá hasta que haya acabado ese Consejo Europeo del 19 de junio.

Además, justo antes de la comparecencia de Sánchez, se producirá los días 17 y 18 la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama, que está investigando el supuesto cobro de comisiones por el rescate de Plus Ultra.

Por lo tanto, Sánchez hablará ante la Cámara Baja después de conocerse la declaración como imputado de Rodríguez Zapatero, que ha sido todo un shock para el partido. Y, además, tendrá que dar cuenta sobre la situación que vive el PSOE tras el auto del juez Santiago Pedraz que apunta a la existencia de una trama en Ferraz, liderada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán, para obstruir investigaciones judiciales.

El análisis de los teléfonos, dispositivos de almacenamiento y documentación incautada en los registros que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el martes de la pasada semana puede que lo haya aclarado ya. Pero hasta que el instructor del caso Plus Ultra acordó esas actuaciones, la UDEF desconocía si el contacto denominado "Z" que encontraron en el teléfono de Julio Martínez Martínez, el amigo y compañero de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, correspondía exactamente a la identidad del expresidente. Demostrarlo constituiría una prueba de cargo y directa contra el exjefe de Gobierno que, hasta ese momento, no habían obtenido, como se expone en el último informe policial del sumario enviado a Calama antes de que el instructor lanzara la operación. Con esos registros, la Policía trata de conocer también los canales de comunicación del expresidente con la trama de altas influencias que le acusa de liderar. Porque ese liderazgo se le atribuía hasta la pasada semana únicamente por conversaciones de terceras personas en las que él no intervino.

La necesidad de acreditar que "Z" es Zapatero se recoge en el último informe de la UDEF, que la unidad policial mandó a Calama el jueves 14 de mayo, solo cinco días antes de que el instructor levantara el secreto, imputara al expresidente y diera luz verde a los registros. En ese documento, que expone al magistrado las diligencias a ordenar con la imputación del expresidente. Los agentes explican en él que la "localización y aseguramiento de soportes documentales y dispositivos" que se incauten en los registros son necesarios para confirmar, en primer lugar, "el contenido de las gestiones y la validación de las actuaciones realizadas por la red organizada, como se constata en las conversaciones mantenidas entre Julio Martínez Martínez y el mayor general [militar Venezolano] Juan Manuel Teixeira", presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, "respecto de los vuelos de Plus Ultra".

Los agentes se refieren a una de las dos ramas de supuesto tráfico de influencias que la investigación atribuye a la estructura presuntamente liderada por Zapatero. Por un lado se encuentran las presuntas gestiones con las autoridades españolas, en concreto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, o el Gobierno, para lograr el rescate de Plus Ultra, concedido el 9 de marzo de 2021 mediante dos préstamos por valor de 53 millones de euros. Por otro lado, el instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la unidad policial especializada en delincuencia económica y fiscal, investigan las supuestas gestiones que la trama, a través de Martínez Martínez, habría realizado con las autoridades aeronáuticas venezolanas para sortear las prohibiciones de vuelo y engrasar autorizaciones en favor de la compañía aérea.

Esta segunda rama es fundamental en la investigación contra el exlíder del PSOE, porque en las pesquisas aparece lo que los agentes, la Fiscalía y el juez sospechan que puede ser la única intervención directa de Zapatero que hasta la semana pasada constaba en los autos. El auto con el que Calama imputa al expresidente se refiere a una conversación entre Martínez Martínez y el mayor general Teixeira, jefe del INAC, mantenida a partir del 5 de marzo de 2021. Después de que el mayor general venezolano le enviara un convenio de pago entre Plus Ultra y ese organismo dependiente del Ministerio del Poder Popular para el Transporte de Venezuela en el que le recordaba que la compañía tenía una deuda con ellos de 258.618 euros. El amigo de Zapatero ejerce desde entonces, según el juez, un papel de intermediario con Julio Martínez Sola, el presidente de la aerolínea.

Las gestiones con Teixeira se repiten desde marzo hasta julio, cuando el director del INAC reprocha al empresario amigo de Zapatero que Plus Ultra esté culpando a las autoridades venezolanas de la falta de autorización de dos vuelos de la compañía. El 30 de julio de 2021 Martínez Martínez le comunica al militar venezolano que la aerolínea le pide que interceda "en la autorización del INAC por el vuelo CCS [Caracas]-Madrid del sábado". Teixeira le responde con dos imágenes que contienen la reseña de los vuelos y se entiende que finalmente los autoriza: "Esos son los vuelos. No hay más", le dice.

El auto refleja cómo al día siguiente, Martínez Martínez recibe una felicitación. "El 31 de julio de 2021 una persona registrada como 'Z' en la agenda del teléfono de Julio Martínez Martínez, le envía el siguiente mensaje: 'En tiempo y forma. Exitosa gestión...'". Acto seguido, el compañero de running del expresidente socialista se dirige de nuevo al mayor general Teixeira y le agradece el favor, "señalando expresamente que Plus Ultra le ha indicado que los vuelos están aprobados". "Muchas gracias por su ayuda", le dice Martínez Martínez al militar venezolano. La UDEF deduce que ese "Z" sería José Luis Rodríguez Zapatero y en algún otro informe lo da por sentado. Sin embargo, a la espera de los resultados que dé el análisis de la documentación incautada en los registros, hasta la operación policial de la semana pasada ni el juez ni los agentes lo consideraban aún probado.

Otra de las evidencias que, hasta el pasado 19 de mayo los agentes no habían podido acreditar son "los canales de comunicación a través de los cuales, José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes (correos electrónicos, telefonía y otros medios de los que dispusiera)", según recoge el último informe de la UDEF. El auto de Calama y los distintos informes de la Policía deducen su implicación de conversaciones entre terceras personas y con su amigo Julio Martínez, de su supuesta participación en la creación de la principal empresa de este último para la que Zapatero trabajaba como consultor, Análisis Relevante, y del rastro del dinero desde Plus Ultra y otras compañías pantalla que habrían sido creadas ad hoc para canalizar dinero hacia el entramado societario de Martínez Martínez y de ahí al expresidente y a la empresa de sus hijas, Whathefav SL. Sin embargo, hasta la semana pasada no había aparecido un solo mensaje que partiera directamente de Zapatero de manera indubitada.

La ausencia de comunicaciones registradas en la causa que permitan acreditar las órdenes e instrucciones del exjefe del Ejecutivo como presunto líder de la organización se extiende también a Whathefav SL. Siguiendo el rastro de los fondos de Análisis Relevante y de otras sociedades tapadera como Inteligencia Prospectiva –cuyos administradores, los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, actuarían como captadores de clientes para el entramado de influencias– los investigadores definen a la empresa de las hijas de Zapatero, en cuyas cuentas bancarias aparece como autorizado el expresidente, como "elemento finalista del entramado investigado", ya que, según la UDEF, "percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red".

Sin embargo, según se deduce de su último informe antes del levantamiento del secreto del sumario, se desconocen las comunicaciones mantenidas a través de los correos electrónicos de sus empleados y administradoras bajo el dominio @whathefav.com. Los agentes esperan, además, conocer si existe una correspondencia entre "la actividad declarada y la actividad real de Whathefav SL, lo que además permitiría determinar "el grado de participación y su integración en la red organizada".

Los requerimientos de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) emitidos por la primera instructora de caso, la jueza madrileña Esperanza Collazos, y después por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el que imputó al expresidente Zapatero el pasado martes, fueron taxativos. Solicitaban "la entrega de toda la información relacionada con la ayuda pública temporal otorgada por el Consejo de Ministros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA por importe de 53 millones de euros". Sin embargo, ambas peticiones no fueron atendidas con la debida diligencia por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. "Algunas de las carpetas se encuentran vacías y no tienen documentación", sostuvieron en un informe los agentes de la UDEF que investigan el caso. "Otros no pueden ser abiertos [...]. En relación con las comunicaciones [...] se limitan a intercambios entre el FASEE y la compañía Plus Ultra relativos únicamente al año 2025, por lo que no se aprecia en ellos información relevante", advertía la Policía.

La información incompleta enviada a ambos jueces por la SEPI casa con la política de comunicación y transparencia sobre el rescate defendida por el organismo heredero del Instituto Nacional de Industria, que agrupaba el sector público empresarial español. El consejo rector del FASEE, integrado en ese organismo, batalla desde 2022 con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para no facilitar a los medios de comunicación el expediente de la concesión del rescate. Inicialmente, el litigio se falló en enero de 2025 a favor de Transparencia y los periodistas que solicitaron la información, pero la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Presidencia y Justicia, ha llevado la sentencia a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Los magistrados del alto tribunal ya han admitido a trámite dos recursos de casación de los servicios jurídicos del Gobierno que están pendientes de resolución definitiva.

Tanto el consejo rector del FASEE (el fondo que aprobó el rescate) como la Abogacía del Estado se apoyan para negar la información solicitada en el Decreto-ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de julio de ese año, en pleno estado de alarma por la pandemia de la covid. Se trata de la norma que crea el mecanismo de reflote para empresas estratégicas al que se acogió Plus Ultra, en cuyo artículo 2.17 se establece que "los datos, documentos e informaciones que obren en poder del consejo gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos".

Ese mismo apartado establece que "quedarán también obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas". A lo que añade: "Este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dio la razón en 2025 a una periodista que solicitó el expediente completo del rescate de la compañía aérea "con la anonimización de aquellos datos especialmente protegidos si fuera necesario, del expediente administrativo [...], del acuerdo de concesión con los informes presentados para ello". El consejo rector del fondo denegó la petición en vía administrativa asegurando que al divulgar esa información, podría generar un "daño real y efectivo" a la empresa "respecto de la que se solicita la información". Además, el organismo dependiente de la SEPI y por extensión del Ministerio de Hacienda, afirmaba que el medio que solicitó el expediente no había justificado "la existencia de un interés público" para acceder a él.

Sin embargo la sección tercera de lo Contencioso de la Audiencia, en una sentencia muy disputada –con dos votos particulares discrepantes–, terminó dando la razón a la redactora. "Existe un interés público en conocer dicho expediente ante la importante cuantía de dinero público concedido a una entidad privada", decía la resolución dictada el 22 de enero de 2025. "Dicho conocimiento entronca directamente con los fines de la transparencia y del derecho de acceso a la información", añadía. La actuación del FASEE, continuaba, vulneraba ese derecho reconocido por la Ley de Transparencia. El último razonamiento era, tal vez, el más dañino para el organismo estatal: "No resulta probado que se trate de una empresa estratégica (operaba un porcentaje mínimo del tráfico aéreo en España), como es notorio. Y su solvencia ha suscitado dudas desde su creación".

En la causa penal que instruye el juez Calama, que investiga si el importe del rescate sirvió a cargos venezolanos para blanquear dinero y en la que el pasado martes citó como imputado al expresidente Zapatero, la UDEF no ha conseguido tampoco que la SEPI le facilite todos los mensajes que intercambió con Plus Ultra. "Queda patente que tuvo lugar un flujo de comunicación entre los directivos de Plus Ultra y José Ángel Partearroyo Martín (Director de Participadas IV de la SEPI) al menos en esa fase de concesión de la ayuda pública, no habiendo sido dichas comunicaciones incorporadas al expediente, salvo alguna excepción en formato PDF", dicen los policías en uno de sus informes. Los agentes aseguran que la SEPI tampoco les ha facilitado el acceso a la documentación aportada por Plus Ultra a la auditora Deloitte o la contratación de asesores externos. "Existen documentos que, aun constando en fuentes abiertas, no figuran entre la documentación aportada", añaden. "En concreto se trataría de al menos, las actas de la SEPI del período de concesión de la ayuda", que sí fueron publicadas por El Mundo o Vozpópuli.

Los informes de la UDEF sobre el rescate de 53 millones a Plus Ultra mencionan a decenas de personas con papeles muy distintos en una supuesta red de tráfico de influencias cuyo liderazgo es atribuido a José Luis Rodríguez Zapatero: accionistas, directivos, abogados, cargos públicos, banqueros, empresarios, familiares del expresidente... Este glosario ordena esos nombres, separa las relaciones directas de las meramente contextuales y explica qué atribuye exactamente la Policía a cada uno.

Alba Rodríguez Espinosa

Hija de José Luis Rodríguez Zapatero y socia/administradora de WHATHEFAV S.L. junto a su hermana Laura Rodríguez Espinosa. La UDEF vincula WHATHEFAV con la recepción de pagos procedentes de sociedades relacionadas con la estructura de Julio Martínez Martínez.

Alejandro Casado Vega

Participante en chats internos relacionados con contratos de Plus Ultra. La UDEF no le atribuye una relación directa con Zapatero; aparece en el contexto documental de la aerolínea y de la discusión sobre el contrato con el “tocayo”, Julio Martínez Martínez.

Alejandro Delgado Crego

Directivo de Plus Ultra. Participa en comunicaciones sobre la ayuda pública a la aerolínea y, según la UDEF, estaba integrado en la estrategia de canalización de fondos y en la protección del liderazgo "no visible" de Zapatero en la estructura formal.

Álvaro Gutiérrez Molano

La UDEF le sitúa como un colaborador operativo de Santiago Fernández Lena, asumiendo facultades de representación (apoderamientos) en sociedades de la red utilizadas, según los investigadores, para la canalización de fondos.

Antonio Caldeiro Téllez

Administrador único de ALVA SKIES AND WINGS S.L., accionista minoritaria de Plus Ultra. La UDEF lo cita por sus reticencias internas a aprobar el plan de viabilidad necesario para que la aerolínea obtuviera el rescate. Roberto Roselli (CFO de Plus Ultra) relató en un audio que Zapatero hablaría directamente con Caldeiro para que "se calle la boca y diga a todo que sí". La UDEF concluye que la oposición de Caldeiro fue doblegada gracias a la "capacidad de influencia de la red liderada por José Luis Rodríguez Zapatero", pero en los informes no hay constancia alguna de que finalmente Caldeiro hablara con Zapatero o su entorno.

Antonio Fernández

Presidente de ALDESA S.A., sociedad identificada por la UDEF como una de las mercantiles que nutría económicamente a empresas de la red. Se registran abonos a favor de Análisis Relevante por un importe de 127.050 euros en concepto de elaboración de informes mensuales, que eran maquetados por la sociedad de las hijas de Zapatero (Whathefav) antes de ser enviados a los clientes finales. Aparece en listados remitidos por Zapatero a Julio Martínez Martínez para la distribución de informes.

Antonio Fernández Poyato

Su nombre figura en la agenda de Koldo García (asesor del ministro Ábalos) en relación con una reunión agendada para el 15 de marzo de 2021. En dicha reunión estaba prevista la asistencia del propio José Luis Rodríguez Zapatero y de quien fue su jefe de gabinete, José Andrés Torres Mora. La convocatoria fue gestionada a través de la secretaría de Fomento y trasladada al grupo de mensajería "AGENDA FOMENTO", donde participaban el exministro Ábalos y Koldo García. No obstante, no consta acta de dicha reunión ni confirmación de que se celebrara.

Basiliso Gil Carrasquero

Es el administrador único de CALETÓN CONSULTORES S.L., nombrado el 20/01/2021. La UDEF sitúa a Caletón como una mercantil que habría actuado de forma interpuesta para canalizar fondos desde Plus Ultra hacia sociedades del entorno de Julio Martínez Martínez. La UDEF le atribuye a Gil un papel meramente formal o de testaferro: en un documento hallado en un disco duro de Santiago Fernández Lena se indica que el administrador de esas sociedades cobraba 600 euros mensuales, pagados en efectivo cuando viajaba desde Venezuela a España. El informe añade que Gil y su esposa viajaban desde Caracas a Madrid y que Santiago Fernández Lena proponía “tener algún detalle” con ellos porque estaban “echando una mano con Caletón”.

Camilo Ibrahim Issa

Accionista de Plus Ultra a través de SNIP AVIATION. En una conversación del 06/02/2021, Rodolfo Reyes dice a Julio Martínez Sola que Camilo “estuvo hoy con ZP” y que Zapatero le habría dicho que “todo va viento en popa”. En esa misma secuencia, Julio Martínez Sola responde que Julio Martínez Martínez –el “tocayo”– estaba con Zapatero y preguntó qué participación tenía Camilo en Plus Ultra. Días después, Julio Martínez Martínez le felicita anticipadamente por la obtención del préstamo SEPI y Camilo agradece su “asesoría y guía”. La UDEF usa esos mensajes como indicio de la capacidad de la red vinculada a Zapatero para conocer o influir en el expediente. 

Carlos Alberto Parra Delgado

Administrador único y socio mayoritario de SOFTGESTOR S.L. La UDEF vincula SOFTGESTOR con pagos a ANÁLISIS RELEVANTE por cuenta de Francisco Flores, dentro de la canalización de fondos hacia la estructura societaria. La ONIF señala pagos de SOFTGESTOR a ANÁLISIS RELEVANTE por 72.600 euros en 2020 y 72.600 euros en 2021, un total de 145.200 euros. La UDEF añade que esos pagos podrían haberse hecho por cuenta de Francisco Flores, sin que quede clara la relación de este con SOFTGESTOR. Parra también figura como administrador único de APAMATE CORPORATE AND TRUST, sociedad que aparece en un contrato de prestación de servicios con ANÁLISIS RELEVANTE. Ese contrato, fechado el 30/07/2020, preveía honorarios de 120.000 euros, aunque la UDEF indica que no detecta transferencias desde APAMATE a ANÁLISIS RELEVANTE.

Cristóbal Cano Quiles

Director de administración o gestor operativo del entorno societario de Julio Martínez Martínez. La UDEF lo sitúa en el tercer nivel de la red, con papel equivalente al de Gertrudis Alcázar en la oficina de Zapatero, y como contacto para facturación y coordinación documental.

Daniel Lapera

Persona del entorno asesor/jurídico o documental de Plus Ultra que aparece en el chat “CONTRATOS”, pero los informes no le atribuyen una relación directa con Zapatero ni un papel propio dentro de la red. Su conexión es indirecta, por estar presente en conversaciones donde se tratan contratos, honorarios y documentación vinculada a la ayuda pública y al contrato con Julio Martínez Martínez.

Daniel Romero-Abreu Kaup

Administrador de THINKING HEADS y fundador y presidente de GATE CENTER. La UDEF lo vincula indirectamente con Zapatero por la canalización de pagos hacia el expresidente, su entorno familiar o entidades conectadas, bajo conceptos como conferencias, asesoría o actividad de GATE CENTER. Según inteligencia financiera recogida por la UDEF, el grupo THINKING HEADS habría abonado a José Luis Rodríguez Zapatero 681.318,04 euros, mientras que GATE CENTER le habría abonado 352.980 euros. Además, GATE CENTER habría remitido 171.727 euros a WHATHEFAV, sociedad de las hijas de Zapatero, y THINKING HEADS GROUP otros 12.297 euros.

Danilo Diazgranados / Danilo Diazgranados Manglano

Es un contacto o cliente de alto nivel del circuito de ANÁLISIS RELEVANTE, relacionado con la red que describe la UDEF por dos vías: su inclusión en listados que los investigadores atribuyen a la dirección de Zapatero y una transferencia directa a WHATHEFAV. Su frase sobre Julio Martínez como “el banco del jefe” es la pieza que la UDEF usa para reforzar la tesis de que Martínez Martínez actuaría como pantalla o canal económico de Zapatero.

Delcy Rodríguez

Aparece en conversaciones como posible vía política para llegar a Ábalos. La UDEF no la sitúa como miembro de la red de Zapatero; su mención sirve para mostrar que Plus Ultra exploró varias vías de influencia política.

Domingo Amaro Chacón / Domingo Arnaldo Amaro Chacón

Administrador solidario de INTELIGENCIA PROSPECTIVA S.L./ALASKA ILIMITADA junto a su hermano Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Cliente de ANÁLISIS RELEVANTE; la UDEF lo vincula a pagos a ANÁLISIS RELEVANTE, WHATHEFAV y GATE CENTER, y a mensajes dirigidos al “Presidente”.

Eudoro González / Eudoro González Dellán

Abogado y político venezolano. La UDEF lo menciona en conversaciones con fórmulas dirigidas al “Presidente” y lo sitúa como posible puente comunicativo en Venezuela para asuntos de interés de Zapatero.

Federico Lledó Soria

Aparece vinculado a SUMMER WIND S.L., sociedad que la UDEF considera una de las mercantiles usadas para la canalización indirecta de fondos desde Plus Ultra hacia la estructura societaria de Julio Martínez Martínez. La UDEF lo identifica como “Fede” en varias conversaciones. En 2023, Julio Martínez Sola dice que “Fede” estaba “contentísimo con lo del tocayo”, en referencia a Julio Martínez Martínez. En 2024, Lledó interviene en conversaciones sobre una factura de AFITTA S.L. –sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez– por 213.202 euros, emitida a SUMMER WIND, y pregunta si ya había sido presentada a efectos de IVA para poder cambiar el concepto. La UDEF interpreta esto como indicio de que se estaban adaptando facturas y conceptos con posterioridad a su emisión.  

Felipe Baca / Luis Felipe Baca Arbulu

Interlocutor de Miguel Palomero en conversaciones sobre entregas de dinero en efectivo, incluidas cantidades a Rodolfo Reyes, Jesica y Alejandra. La UDEF lo conecta con la vía Palomero/Ábalos, no directamente con Zapatero.

Fernando García Manso

Presidente de Plus Ultra, informado por Rodolfo Reyes de las gestiones de influencia que, según la UDEF, combinaban la vía Ábalos/Palomero y la vía Zapatero/Julio Martínez Martínez. Aparece en una captura relativa a reuniones conseguidas para Plus Ultra, incluida la reunión con Pedro Saura. La UDEF lo menciona en el contexto de contactos y reuniones.

Francisco Ferrer

Jefe de gabinete de Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Aparece en el contexto de una reunión celebrada el 22/07/2020 en el Ministerio de Transportes con Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, directivos de Plus Ultra. En el mensaje reenviado tras la reunión se dice: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer”, y se añade que la reunión fue “agradable, distendida” y que “se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. La UDEF encuadra esa reunión dentro de la vía Ábalos/Palomero, porque previamente Miguel Palomero habría agilizado el acceso al Ministerio, y la secretaria de Pedro Saura habría llamado “de parte del ministro” para fijar la reunión.

Francisco Flores / Francisco Enrique Flores Suárez

Empresario venezolano relacionado por la UDEF con SOFTGESTOR S.L. y pagos a ANÁLISIS RELEVANTE. Aparece en el informe 1907 como un contacto de Julio Martínez Martínez, guardado en su agenda como “FCO FLORES”; la UDEF indica que podría tratarse de Francisco Enrique Flores Suárez, empresario venezolano, aunque formula esa identificación con cautela. Su relevancia está en los pagos vinculados a SOFTGESTOR S.L. La UDEF localiza una conversación en la que Julio Martínez Martínez le envía un contrato de ANÁLISIS RELEVANTE inicialmente sin datos del receptor. Después, Francisco Flores devuelve el contrato ya cumplimentado con los datos de APAMATE CORPORATE AND TRUST, sociedad administrada por Carlos Alberto Parra Delgado. Días más tarde, remite otro contrato idéntico, pero esta vez con SOFTGESTOR como receptora del servicio. La UDEF señala que SOFTGESTOR pagó a ANÁLISIS RELEVANTE 145.200 euros: dos transferencias de 72.600 euros, una en 2020 y otra en 2021. El informe añade que hay indicios de que esos pagos serían por cuenta de Francisco Flores, aunque su relación con SOFTGESTOR no queda aclarada.

Francisco Javier García Varela

Representante de banca de empresas de La Caixa en gestiones de financiación ICO de Plus Ultra. Su papel es puramente bancario e instrumental: aparece como uno de los interlocutores financieros tanteados por Plus Ultra en la fase inicial de búsqueda de financiación ICO.

Francisco Manuel Fajardo Palarea

Senador del PSOE por Lanzarote en la XIV Legislatura. La UDEF lo identifica como padre de Manuel Aarón Fajardo García, el contacto que Julio Martínez Sola utiliza para acceder al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF lo menciona para contextualizar los vínculos de Manuel Fajardo con el entorno de Zapatero y referencias a su amistad personal con el expresidente.

(María) Gertrudis Alcázar Jiménez / “Gertru”

Secretaria de la oficina de Zapatero. La UDEF la sitúa en el tercer nivel operativo de la red, en contacto con Cristóbal Cano, ejecutando gestiones, soporte documental y coordinación vinculada a pagos y sociedades.

Guillermo Alfredo Amaro Chacón

Hermano de Domingo Arnaldo Amaro Chacón y administrador solidario/socio de INTELIGENCIA PROSPECTIVA S.L. La UDEF lo conecta indirectamente con la red por las aportaciones, pagos y relaciones de esa sociedad con ANÁLISIS RELEVANTE, WHATHEFAV y GATE CENTER.

Jaime Ribes

Ejecutivo/director de agencia del Banco Santander en gestiones de financiación de Plus Ultra. Su papel es bancario e instrumental: aparece como interlocutor de Santander en la fase en la que la vía Zapatero/Julio Martínez Martínez intentaba mover, según la UDEF, la financiación ICO para la aerolínea.

Jesica Rodríguez García

Titular del teléfono asociado a “Jess/Jessica”, conocida por su vinculación con José Luis Ábalos. Aparece en conversaciones sobre entrega de 2.000 euros. Su relación atribuida es con la vía Ábalos, no con la vía Zapatero.

José Andrés Torres Mora

Exjefe de gabinete de Zapatero. Citado en una comida o reunión con Zapatero, Ábalos y Antonio Fernández Poyato. La UDEF lo menciona en contexto de agenda política, no como operador de la supuesta red.

José Ángel Partearroyo Martín

Director de Participadas IV de la SEPI e interlocutor de Plus Ultra durante la tramitación de la ayuda pública de 53 millones de euros. La UDEF destaca que existió un flujo de comunicaciones entre directivos de Plus Ultra y Partearroyo durante la fase de concesión. El 02/12/2020 Roberto Roselli le comunica que Plus Ultra ha presentado información en la SEPI y Partearroyo responde: “En breve os decimos porque ya estamos contratando asesores y en breve arrancan”. El informe añade que Partearroyo formaliza la memoria justificativa de la contratación por procedimiento de emergencia del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). El 13/01/2021, Roselli informa a Julio Martínez Martínez de que Plus Ultra ha tenido su primera reunión formal con la SEPI y asesores financieros y legales, y añade que Partearroyo había pedido a los asesores que acelerasen el proceso. El 02/03/2021, el Consejo Gestor del FASEE eleva la propuesta favorable y Partearroyo comunica a Julio Martínez Sola que estaba “todo ok ya aprobado”, condicionado al visto bueno a los contratos y al Consejo de Ministros, y pide que no haya prensa hasta el Consejo del 09/03/2021. Esa conversación se reenvía a Rodolfo Reyes y se comparte solo con un círculo reducido, incluido Julio Martínez Martínez. 

José Javier Castellanos

Responsable de área del Banco Santander mencionado en reuniones o gestiones sobre financiación. Aparece como interlocutor bancario en la vía ICO.

José Luis Ábalos Meco

Ministro de Transportes. La UDEF identifica una vía paralela a la de Zapatero: Rodolfo Reyes intenta acceder a Ábalos mediante Miguel Palomero y Koldo García. Ambas vías, según la UDEF, coexistieron para favorecer a Plus Ultra.

José Luis Escrivá Belmonte

Entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La UDEF menciona una reunión con Zapatero el 07/09/2020. Su aparición se vincula al contexto de Seguridad Social y Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero

Expresidente del Gobierno. La UDEF le atribuye liderazgo "no visible" de una red de influencia, con Julio Martínez Martínez como figura formal, validación de clientes, instrucciones operativas y canalización de fondos hacia estructuras vinculadas a su entorno familiar.

Juan Manuel Cendoya

Vicepresidente del Banco Santander. Destinatario de una carta de Plus Ultra en la que se afirmaba actuar "por instrucciones" de Zapatero para solicitar ayuda en la obtención de un crédito ICO. Su papel en la investigación se limita a la fase inicial en la que Plus Ultra intentaba obtener financiación.

Juan Manuel Teixeira Díaz

Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC). Era el interlocutor institucional de Julio Martínez Martínez para autorizaciones de vuelos y deudas de Plus Ultra en Venezuela. En julio de 2021, Teixeira aparece en la investigación de la UDEF por un problema de vuelos de Plus Ultra no autorizados. Advierte a Julio Martínez Martínez de que la aerolínea estaba comercializando vuelos sin autorización venezolana y pide corregir la información dada a los pasajeros. Al día siguiente, Julio Martínez Martínez le dice que Plus Ultra le pide interceder ante el INAC por el vuelo Caracas-Madrid. El 31/07/2021, tras esas gestiones, una persona registrada como “Z”, identificada por la UDEF como José Luis Rodríguez Zapatero, escribe a Julio Martínez Martínez: “En tiempo y forma. Exitosa gestión…”. Acto seguido, Julio agradece a Teixeira porque Plus Ultra le indica que los vuelos están oficialmente aprobados. 

Judith Laure Wells Sutton

Es citada por la UDEF como empleada administrativa del entorno de Zapatero, integrada en el mismo nivel funcional que “Gertru” para tareas de soporte documental y dinámicas operativas, aunque el informe aporta menos detalle específico sobre ella que sobre Gertrudis Alcázar.

Julio Martínez Martínez

La UDEF lo presenta como lugarteniente o persona de confianza de Zapatero: contacto de Plus Ultra, intermediario en gestiones ante bancos y SEPI, titular formal de sociedades de la “boutique” y canalizador de cobros que, según el informe, terminarían beneficiando al entorno de Zapatero. Aparte, el expresidente y él eran compañeros de running.

Julio Martínez Sola / Julio Miguel Martínez Sola

Vicepresidente de Plus Ultra. Canalizó buena parte de la interlocución con la vía Zapatero, primero a través de Fajardo y después mediante Julio Martínez Martínez. Para la UDEF, su relación con Zapatero es directa en al menos una llamada e indirecta y continuada a través del “tocayo” Julio Martínez Martínez.

Julián Mateos

Directivo de la SEPI. En concreto, los informes lo mencionan a partir de una noticia de prensa reenviada el 17/08/2021 por Julio Martínez Martínez a Rodolfo Reyes, cuyo titular era: “La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra”. El informe 1908 precisa que la noticia aludía a su nombramiento como director del FASEE de la SEPI. La UDEF considera relevante esa mención porque, tras el reenvío de la noticia, Rodolfo Reyes pregunta a Julio Martínez Martínez si lo conoce y, minutos después, Reyes escribe “10k done”. El informe interpreta esto último como la confirmación de un pago de 10.000, aunque el informe 1907 de la UDEF matiza que no se especifica la divisa. 

Koldo García Izaguirre

Persona de confianza de José Luis Ábalos. La UDEF lo identifica como “el amigo” de Miguel Palomero en la vía Ábalos. Su conexión con Zapatero es indirecta: forma parte de una vía paralela que coexiste con la vía Zapatero.

Laura Rodríguez Espinosa

Hija de Zapatero y socia/administradora de WHATHEFAV S.L. junto a su hermana, Alba Rodríguez Espinosa. La UDEF la vincula al entorno familiar beneficiario por pagos recibidos por WHATHEFAV desde sociedades relacionadas con la estructura de Julio Martínez Martínez.

M

Manuel Aarón Fajardo García

Identificado por la UDEF como miembro del “equipo del amigo”, es decir, del entorno de Zapatero. Facilita a Plus Ultra el contacto con Julio Martínez Martínez y se le atribuye el papel de lugarteniente o pieza de Zapatero en Venezuela.

María Aurora López López

Esposa de Rodolfo Reyes y accionista de Plus Ultra a través de la cual Reyes sería principal accionista, según la UDEF. No se le atribuye relación directa con Zapatero; su relevancia es societaria respecto de Plus Ultra.

(María) Gertrudis Alcázar Jiménez / “Gertru” (ver Gertrudis)

María Jesús García Hernández

Madre de Manuel Aarón Fajardo García y titular registral del teléfono asociado a este, según consulta citada por la UDEF. Su relación con Zapatero es indirecta y solo identificativa, por su vínculo familiar con Manuel Fajardo.

María Sonsoles Espinosa Díaz

Cónyuge de Zapatero y cotitular de cuentas bancarias que según la UDEF son receptoras o redistribuidoras de fondos de la trama.

María Ysabel Pestana Rojas

Su papel es societario y contextual: aparece como administradora sustituta en una sociedad vinculada al entorno de Plus Ultra en un momento en que, según la UDEF, los directivos buscaban ajustar su posición “con vista a la SEPI”.

Miguel Ángel Franco

Mencionado como coordinador de área en Banco Santander en conversaciones sobre financiación ICO. Su papel es bancario e instrumental.

Miguel Palomero de Juan

Abogado que articula la vía Ábalos mediante Koldo García para Plus Ultra. La UDEF lo sitúa como intermediario de Rodolfo Reyes para acceder al ministro de Transportes. Su conexión con Zapatero es indirecta, se le presenta como una vía paralela que llega a confluir con la de Julio Martínez Martínez.

Néstor Esteban

Representante de banca de empresas de La Caixa en reuniones sobre financiación de Plus Ultra. No se le atribuye relación con Zapatero; aparece como interlocutor financiero.

Óscar Mendoza Guerra

Representante de banca de empresas de La Caixa en conversaciones sobre financiación. No se le atribuye vínculo con Zapatero.

Pablo 'Legal'

Parece ser un contacto jurídico o asesor integrado en los chats de trabajo de Plus Ultra, pero los informes no lo identifican plenamente ni le atribuyen relación directa con Zapatero. Su conexión es indirecta y contextual, por estar presente en conversaciones sobre contratos y honorarios relacionados con la estructura de Julio Martínez Martínez.

Pedro Saura García

En aquel momento, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. La UDEF lo cita por la reunión del 22/07/2020 con Julio Martínez Sola y Roberto Roselli. Aparece en la vía institucional/Ábalos.

Philippe Apikian

Presidente de Swissoil Trading S.A., citado en conversaciones de Domingo Amaro con Julio Martínez Martínez sobre operaciones internacionales. Uno de los actores empresariales interesados en una operación petrolera en Venezuela, junto a compradores chinos. 

Raif El Arigie / Raif El Arigie Harbie

Consejero de Plus Ultra. La UDEF lo cita como participante en chats internos de la aerolínea junto a Rodolfo Reyes, Roberto Roselli y Alejandro Delgado. Aparece, por ejemplo, el 22/07/2020, cuando reenvía a Rodolfo Reyes el mensaje sobre la reunión de Julio Martínez Sola y Roberto Roselli con Pedro Saura y Francisco Ferrer. En ese mensaje se dice que se notaba que les habían recibido por “altas recomendaciones” y que el papel de Transportes sería “hablar bien” de Plus Ultra; Reyes contesta: “Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. También figura en el chat “SALA SITUACIONAL PULA”. El 01/09/2020, tras presentarse la solicitud de ayuda ante la SEPI, participa en la conversación en la que Roberto Roselli dice que ahora toca “meterle chola al Zapa” y hablar con “el tocayo”, es decir, Julio Martínez Martínez, para acelerar el expediente. La UDEF lo menciona además por un pago de 40.000 euros que aparecía en el listado de deuda que se iba a presentar a la SEPI. Santiago Fernández Lena advierte a Roberto Roselli de que Raif era una “persona vinculada por Consejero” y pregunta si ese cobro podía canalizarse a través de una sociedad para evitar contingencias ante la SEPI. Roselli propone hacerlo vía AEROVIP.

Ramón Antonio Gordils Montes

Contacto venezolano que facilita el acceso inicial al entorno de Zapatero. Rodolfo Reyes le pide ayuda para llegar a “ZP” y Gordils busca la ruta que desemboca en Manuel Fajardo. Es el arranque de la vía Zapatero, según la UDEF.

Raúl Medina Caballero

Director General de Aviación Civil (DGAC) citado como posible asistente o referencia en la reunión del Ministerio de Transportes. Su papel es institucional y técnico, como responsable de la DGAC cuyo informe forma parte del expediente de la ayuda pública.

Roberto Roselli Miele

Director financiero (CFO) de Plus Ultra. Uno de los interlocutores principales de la aerolínea en las gestiones para obtener financiación pública. La UDEF lo sitúa junto a Julio Martínez Sola como uno de los directivos de Plus Ultra que mantenían contactos frecuentes con Julio Martínez Martínez. Ambos, Sola y Roselli, informaban después a Rodolfo Reyes de los avances de esas gestiones. Es en su ordenador donde se encuentra la carta dirigida a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Santander, en la que Plus Ultra decía contactar por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero para solicitar ayuda en la obtención de un crédito ICO. Roselli es además quien explicita en una conversación con Rodolfo Reyes que no habla directamente con Zapatero, sino con un “lacallo”, identificado por la UDEF como Julio Martínez Martínez, y añade que por esa estructura “vendrá la mordida”. 

Rodolfo José Reyes Rojas / Rodolfo Reyes Rojas

Principal accionista de Plus Ultra a través de su esposa, según la UDEF. Activa las vías de influencia Ábalos y Zapatero, acepta la posibilidad de pagos o comisiones y sigue los avances del rescate público de la aerolínea.

Rubén Eladio López Martínez

Director de la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes. La UDEF lo cita en una cadena informativa sobre una reunión de Zapatero con Escrivá que llega a Koldo y Ábalos.

Santiago Fernández Lena

Abogado/asesor vinculado a Plus Ultra y a Rodolfo Reyes. Su papel más relevante, según la UDEF, es el de dar cobertura formal o jurídica a pagos relacionados con Julio Martínez Martínez –el “tocayo”–. El 11/03/2021, justo después de aprobarse la ayuda de 53 millones, Rodolfo Reyes le plantea que le acompañe a comer con Julio Martínez Martínez “por si vamos a hablar de los honorarios” y porque era bueno tener clara “la vía” y “cómo lo van a documentar”. Santiago responde: “Creo que lo tenemos claro”. También aparece en abril de 2021 en relación con un contrato entre ANÁLISIS RELEVANTE y CORPOESTRUCTURA, rubricado por Rodolfo Reyes, por 40 meses y honorarios de 10.000 euros mensuales más IVA –un total de 484.000 euros–. La UDEF recoge que Julio Martínez Martínez insistía en tener el contrato firmado y que Fernández Lena advertía que todavía no se había resuelto el segundo tramo de la SEPI y que quizá necesitarían “un empujón”. En el informe 1907, su papel se amplía con CALETÓN CONSULTORES. La UDEF recoge conversaciones en las que Fernández Lena advierte que CALETÓN “no tiene programas” y propone buscar “otro concepto” para una factura, lo que el informe interpreta como creación de facturación ad hoc para justificar pagos. Además, en un archivo hallado en un disco duro de su propiedad, Fernández Lena explica que CALETÓN se estaba utilizando para darle “contenido” y que no pareciera solo receptora de facturas de Plus Ultra y pagadora de esas facturas. La UDEF interpreta ese documento como refuerzo de la hipótesis de que CALETÓN era una sociedad instrumental para canalizar pagos desde Plus Ultra.

Sergio Sánchez Benítez

Elaboraba informes para ANÁLISIS RELEVANTE. La UDEF lo integra en la operativa de informes: él los redactaría, WHATHEFAV los maquetaría y se distribuirían a clientes validados, según los investigadores, por Zapatero y supervisados por Julio Martínez Martínez.

Tomás Guerrero Blanco

Según uno de los informes de la UDEF, pudiera tratarse de Tomás Víctor Guerrero Blanco, identificado como fundador de HALAL INTERNATIONAL TOURISM S.L., HALAL GLOBAL SERVICES S.L. y STATECRAFT GLOBAL ADVISOR S.L.U., constando como administrador único de esta última. La UDEF indica que, un día después de una reunión concertada por José Luis Rodríguez Zapatero a la que debían acudir Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, este envió un correo a Julio “según lo conversado ayer” detallando la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái y poniéndole en contacto con los responsables de la zona franca. Después, Tomás Guerrero vuelve a remitir otro correo con datos más concretos sobre el posible nombre de la sociedad dubaití, dirección de contacto y otros detalles. Finalmente, Cristóbal Cano escribe a Tomás Guerrero indicando que la sociedad en Dubái se denominaría LANDSIDE DUBAI FZCO y estaría participada al 100% por IDELLA CONSULENZA STRATÉGICA S.L. La sociedad quedaría registrada ocho días después de la firma del rescate de Plus Ultra, según adelantó infoLibre. La UDEF conecta esta operación con el contrato entre Plus Ultra e IDELLA de 19/01/2021, por el que IDELLA cobraría el 1% del rescate público. El informe apunta la posibilidad de que la estructura de Dubái se hubiera creado para que ese pago no se realizara en España. 

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Este glosario se ha elaborado con apoyo de dos modelos de inteligencia artificial, pero ha sido supervisado, cotejado y completado nombre a nombre por un periodista de infoLibre