contrato temporal

El Gobierno quiere que solo se puedan hacer contratos temporales "por razones de carácter productivo y organizativo".

La vicepresidenta y ministra de Trabajo plantea esta idea en su primer borrador respaldada por una reciente sentencia del Supremo y en contra de algunos sectores patronales, como la construcción.

La ministra de Trabajo ha recordado que antes de 2007 la tasa de temporalidad en España era del 35%, porcentaje que con la crisis financiera bajó al 26% y que ahora se mantiene en torno a esa cifra.

España destruye 137.500 empleos de enero a marzo y reduce el paro en 65.800 personas tras aumentar en 81.400 quienes desisten de buscar trabajo. La población activa sufre una caída inaudita en un primer trimestre desde la anterior crisis. 

Madrid es la segunda comunidad autónoma con el salario medio bruto más elevado, tras el País Vasco. Pero, al mismo tiempo, sólo Baleares la superó en 2020 en crecimiento del desempleo. Tiene la tasa de temporalidad más baja de España, un 19,8%.

Los ERTE no logran salvar ni a la hostelería ni al comercio: ambos sectores suman el 85,5% de los puestos de trabajo desaparecidos.

El número de contratos cae un 22% en diciembre, la primera vez desde 2011 en que crece el número de parados ese mes. El 54% de los trabajadores en ERTE pertenecen a la hostelería y el turismo. La pérdida de empleo en Canarias y Baleares duplica porcentualmente a la que sufren Madrid, Cataluña y Andalucía.

El ministro de Seguridad deja la puerta abierta a sancionar a las universidades u hospitales que abusen de la "rotación laboral excesiva" vía contratos temporales.

El verano y el desconfinamiento aumentan el empleo en 569.000 personas, pero aún faltan casi 700.000 para recuperar los puestos de trabajo de hace un año. La mayor parte del empleo destruido es temporal, femenino y a tiempo completo: se han quedado sin trabajo este verano el triple de mujeres que de hombres. 

España es el único país de la UE cuya productividad empeora en las épocas de bonanza y mejora en las crisis. El gran número de trabajadores temporales, la dependencia de los servicios y el pequeño tamaño de las empresas explican el bajo rendimiento de la economía nacional. 

El rebote de la actividad elude a las trabajadoras, cuya pérdida de empleo desde marzo duplica a la masculina. Casi el 68% de los nuevos desempleados de agosto pertenecen al sector servicios. La caída de la actividad por los rebrotes no impide que el 31 de agosto las bajas en la Seguridad Social superen las 330.000.

La hostelería, el sector más perjudicado por la pandemia, creó 256.710 puestos de trabajo entre marzo y junio de 2019; este año, sólo 48.904. Está aún un 20% por debajo de su nivel de empleo del año pasado.

Las reformas laborales de 2010 y 2012 rebajaron la protección de los trabajadores indefinidos, lo que facilita su despido, pero a cambio no han conseguido reducir el empleo temporal. Un estudio de la Universidad Complutense concluye que no han cambiado al estructura del mercado laboral: sigue siendo tan dual como antes, pero más precario tanto para fijos como para temporales.

El acortamiento de los contratos en abril se debe al desplome en un 83% de los temporales más largos, de entre tres meses y un año. La industria es el sector que más los abrevia: pasa de una media de 48 días en 2019 a sólo 36 este año.

El SEPE registró en abril 3,8 millones de parados, medio millón más que la EPA. El 76% de quienes perdieron el trabajo el pasado mes tenían un contrato temporal. Los 3,4 millones de trabajadores incluidos en ERTE disparan en un 136% respecto a 2019 el número de quienes cobran prestaciones.

No podrá percibirse en más de una ocasión y será incompatible con cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayuda análoga concedida por cualquier Administración Pública.

La temporalidad ha seguido siendo la vía de acceso al mercado de trabajo y la probabilidad de conversión de temporales a indefinidos también se ha reducido a mínimos.

La cifra de empleados de 40 o más años ha crecido en tres millones en los últimos diez años y ya representan el 64,2% del empleo. 

El fomento durante años del contrato eventual sin causa por parte de los gobiernos y la baja percepción que tiene el empresario de que pueden pillarle en fraude han creado una cultura consolidada de la temporalidad. No sólo son los costes, también hay causas legales y hasta psicológicas.