Las dinámicas internas en la Unión Europea, influidas por los intereses nacionales de cada país, las alianzas tradicionales entre Estados y los intereses coyunturales de cada gobierno, propician la aparición de amistades ideológicas contra natura para influir en Bruselas. El último ejemplo lo protagonizan la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen y la neofascista italiana Giorgia Meloni, que unen fuerzas para liderar la exigencia de más mano dura en la política migratoria europea de un grupo de nueve países.
Las dos Primeras Ministras concuerdan en que “la seguridad y la estabilidad de nuestras sociedades deba tener la mayor prioridad” dentro de la UE y para ello exigen “lanzar un nuevo y abierto debate sobre la interpretación de la Convención Europea de los Derechos Humanos” y “restaurar el equilibrio adecuado entre la integración de los migrantes y la seguridad de nuestras sociedades”.
A Dinamarca e Italia se unen los líderes de Austria, Bélgica, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, firmando un carta conjunta que sitúa las normas internacionales y europeas de protección a los migrantes como un factor que, según estos nueve líderes, impide una persecución efectiva de la criminalidad achacada a migrantes. Lo hacen paradójicamente en un momento en el que las fronteras exteriores de la Unión reflejan una caída del 25% en la llegadas irregulares durante los cuatro primeros meses del año.
“Es necesario comenzar una discusión sobre cómo las convenciones internacionales afrontan los desafíos que tenemos hoy. Lo que una vez fue correcto puede no ser la respuesta de mañana”, escriben en su misiva, en toda una declaración de intenciones.
Objetivo: expulsar más rápido a los migrantes
La política migratoria está siendo uno de los ejes de la política comunitaria en estos primeros meses de legislatura del Parlamento Europeo y de actividad de la Comisión. Junto a los planes de rearme y las normas para reducir los compromisos contra el cambio climático, con la excusa de simplificar las cargas burocráticas a las empresas, es uno de los principales temas a los que presta atención el Colegio de Comisarios de Ursula von der Leyen.
La Italia ultra y la socialdemócrata Dinamarca dan ahora un paso con el objetivo de expulsar más rápido y fácilmente a los criminales inmigrantes exigiendo reinterpretar la Convención Europea de los Derechos Humanos. Lo justifican con que “a lo largo de las últimas décadas, la migración irregular ha contribuido significativamente” a la UE, pero ha habido personas que “han escogido no integrarse, aislarse en sociedades paralelas y distanciarse de nuestros valores de igualdad, democracia y libertad. No han contribuido positivamente a las sociedades de acogida y han escogido cometer crímenes”.
Con estos argumentos, los nueve Estados miembros creen que la Corte Europea de Derechos Humanos ha ido “demasiado lejos” en las garantías a los migrantes y denuncian que se protege a “personas equivocadas” por las dificultades para expulsar a criminales extranjeros que ya son ciudadanos de sus países. Críticas de las que se desmarcan países como España, Francia o Irlanda.
Las demandas del grupo de los nueve de mayor “margen nacional” para las expulsiones, en favor de “más libertad” a sus autoridades policiales y migratorias para “seguir el rastro” de criminales extranjeros “que no pueden ser deportados de nuestros territorios” y sobre la necesidad “de ser capaces de tomar medidas efectivas” contra lo que denominan “países hostiles” que “instrumentalizan a los migrantes en nuestras fronteras”, llegan en un momento de poder de la derecha y la extrema derecha en el Parlamento Europeo y en las capitales de los 27, capaces de imponer en Bruselas su agenda política. Los Verdes y La Izquierda no tienen el peso parlamentario para bloquear esta deriva, mientras en las filas de los Gobiernos socialdemócratas surgen disidentes.
La derechización migratoria en la UE
A principios de marzo la Comisión Europea lanzó la creación de un Sistema Europeo Común para Retornos, con nuevas normas para la deportación de migrantes y demandantes de asilo dentro del Pacto Migratorio y de Asilo. La medida estrella dentro del conjunto de propuestas fue lo que se llamó “hubs de retorno”, centros en países fuera de la UE por los que supuestamente habría pasado el migrante, adonde sería expulsado gracias “al acuerdo o los arreglos” bilaterales entre un socio comunitario o a nivel europeo con ese tercer país.
En otra puntada más, la Comisión planteó hace sólo unos días eliminar el requisito de que los migrantes tuviesen un vínculo o hubiesen pasado por ese tercer país donde estarían los centros de deportación a los que serían llevados. Los 27 decidirían si ese destino sería seguro. La izquierda del Parlamento Europeo ya se ha revuelto. Estrella Galán, eurodiputada de Sumar, asegura que la última propuesta “es un golpe letal al derecho de asilo. Pretende legalizar las expulsiones forzadas a terceros países donde los refugiados nunca han estado”. Galán denuncia que la “verdadera amenaza para la Unión no está fuera de las fronteras, sino más cerca, en el auge de la extrema derecha”.
Pero la agenda ultra extiende sus tentáculos más allá de sus filas. Los nueve países de la carta conforman una alianza ideológica desde el centro izquierda hasta la extrema derecha. Junto a la socialdemócrata Frederiksen y la ultra Meloni, hay conservadores clásicos como el polaco o el austríaco, dirigentes tecnócratas de centro y liberales. Otro de los firmantes es el primer ministro belga, Bart de Wever, un nacionalista flamenco de extrema derecha que antaño apostaba por la independencia de Flandes pero que ahora, desde el Gobierno federal, impulsa amplios recortes sociales. La mano dura migratoria es otro de los pilares de su Gobierno de coalición, que acaba de anunciar una reducción de 1.600 millones de euros, el 85%, en los fondos de que dispondrá Fedasil, la Agencia gubernamental de Asilo.
La UE endurece su retórica contra los migrantes pero es incapaz de diseñar una política común
“La estrategia subyacente es clara: reducir la llegada de migrantes y aumentar las salidas para aliviar la presión de la infraestructura tensionada del país”, reconoce la ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, del partido principal del Ejecutivo. En una simplificación pueril de la política que dirige, Van Bossuyt explicó que “si menos gente está cualificada para el asilo y la protección en Bélgica, entonces nosotros simplemente no vamos a necesitar tanta capacidad de recepción”.
La derecha y extrema derecha europeas evalúan España
Mientras, el Parlamento Europeo enviará dos polémicas misiones de legisladores a España. A la isla de El Hierro se desplazará esta semana una comitiva de ocho eurodiputados liderada por los populares Javier Zarzalejos y Dolors Montserrat, entre los que también estarán Jorge Buxadé, de Vox, y el ultraderechista francés Nicolas Bay, para “analizar la situación relativa a las llegadas irregulares de migrantes y demandantes de asilo a través de la ruta del África Occidental”. Será los mismos días en los que un ultracatólico polaco evaluará “la situación de las fuerzas de seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la lucha costera” en Algeciras y Barbate al frente de otra misión con amplia mayoría de eurodiputados de derecha y extrema derecha.
Estas misiones de eurodiputados salen de los comités de Libertades Civiles, Justicia e Interior y del de Peticiones, donde el PP europeo, el grupo parlamentario de Meloni y el de Le Pen, Orbán y Vox tienen mayoría e impulsan un rodillo en las votaciones que, por ahora, no permite a las víctimas de la dana exponer oficialmente en la Eurocámara las negligencias que propiciaron la tragedia mortal de las inundaciones.
Las dinámicas internas en la Unión Europea, influidas por los intereses nacionales de cada país, las alianzas tradicionales entre Estados y los intereses coyunturales de cada gobierno, propician la aparición de amistades ideológicas contra natura para influir en Bruselas. El último ejemplo lo protagonizan la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen y la neofascista italiana Giorgia Meloni, que unen fuerzas para liderar la exigencia de más mano dura en la política migratoria europea de un grupo de nueve países.