Los cultivos modificados genéticamente se abren paso en la UE tras décadas de desconfianza
La Unión Europea se encamina a un nuevo paradigma para los organismos modificados genéticamente. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo ha votado favorablemente a la propuesta de la Comisión sobre la desregulación de las llamadas Nuevas Técnicas Genómicas (NTG) o, lo que es lo mismo, a la modificación genética de plantas para mejorar sus características. Un paso decisivo para la equiparación de este tipo de cultivos a los obtenidos por vías naturales, algo que supone un volantazo respecto a la línea seguida por la UE en las últimas décadas, mucho más conservadora ante estas técnicas, que pueden usarse en alimentos como el maíz o la soja, entre otros.
Pero ¿qué son estas NTG y por qué son tan importantes? En pocas palabras, son “todas las diferentes estrategias de edición genética que permiten modificar con precisión los genomas de cualquier organismo”, explica Lluis Montoliu, doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, investigador del CSIC y vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología (CNB). Estas técnicas, añade, se pueden usar tanto en animales como en plantas, pero es en estas últimas donde realmente quiere incidir la propuesta de la Comisión. Gracias a esta edición genética que pretende desregular la Unión Europea, se podrían desarrollar cultivos más eficientes, resistentes a las plagas y adaptables a distintos climas.
Estos avances fueron premiados con el Premio Nóbel de Química en el año 2020, pero no ha sido hasta el pasado año cuando la UE se ha planteado una legislación más laxa hacia las NTG. Sin embargo, no todo el mundo es favorable a este cambio de paradigma. La propia votación en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento europeo (47 votos a favor, 31 en contra y 4 abstenciones) y la imposibilidad de los diferentes Estados miembros de llegar a un acuerdo sobre las NTG refleja una división que también enfrenta, fuera de Bruselas, a científicos y a ecologistas.
La nueva propuesta cambia el marco regulatorio de la UE, ya que divide a las plantas modificadas mediante NTG en dos categorías. En el primer grupo se encuentran aquellas que se consideran equivalentes a las plantas convencionales y que, por tanto, no tendrían que seguir la legislación vigente para organismos modificados genéticamente. En esta categoría, entrarían plantas con un número más bajo de modificaciones y que pasarían a formar parte de una lista pública para darse a conocer, aunque no será obligatorio su etiquetado de cara al consumidor. Por otra parte, las incluidas en la segunda categoría se seguirán rigiendo por la legislación vigente y no tendrán cambios.
Una Europa blindada contra las modificaciones genéticas
Suceda lo que suceda, el anuncio el año pasado de la propuesta de la Comisión Europea ya fue una auténtica revolución. Hasta ese momento, los organismos mutados por NGT se regulaban mediante una directiva del año 2001 que trataba de igual manera a todos los organismos modificados genéticamente, sin importar las técnicas llevadas a cabo para realizar esos cambios ni sus riesgos potenciales. “Estas tecnologías aparecieron entre 2012 y 2013, ¿en qué cabeza cabe que estemos aplicando una directiva promulgada en 2001 para algo que apareció 10 y 11 años después? Hay que modificarla desde todos los puntos de vista”, reclama el investigador del CSIC.
Sin embargo, el deseo desregulador de Montoliu y otros científicos recibió un revés durísimo en julio de 2018, cuando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea equiparaba a las plantas transformadas mediante estas Nuevas Técnicas Genómicas con las modificadas genéticamente, a las cuales se les incluyen nuevos genes o fragmentos de ADN, algo que no sucede en las NGT, donde se suelen activar o desactivar genes ya existentes. “Esa sentencia fue un auténtico despropósito porque equiparaba, sin ninguna base científica, a los organismos editados genéticamente con los modificados genéticamente, y además decía que podían presentar el mismo riesgo que presentaban los transgénicos, cuando ya se sabía que estos no presentaban ningún riesgo”, denuncia el científico.
Con esta legislación, concluye el experto, Europa y Nueva Zelanda acabaron completamente aisladas del resto del mundo en cuanto a la desregulación de las NTG. “Vamos a contradirección con el resto del mundo, y es una hipocresía, porque, por una parte, Europa bloquea el cultivo de organismos modificados genéticamente pero, por otro, mira hacia otro lado cuando tiene la necesidad de importar toneladas y toneladas de grano de soja o de maíz de países que están utilizando esos vegetales modificados genéticamente”, señala el científico del CSIC.
Este blindaje que, según Montoliu, podía tener sentido en un primer momento por la incertidumbre aparejada a la aparición de unas nuevas técnicas, se ha transformado en un sinsentido una vez que las NTG se han probado, "tras centenares de informes y millones de euros gastados en evaluación de riesgos sin encontrar nada", seguras para los consumidores.
Además, en muchas ocasiones, han hecho a Europa menos competitiva no solo económicamente, sino también en materia de innovación: “Francisco Barro, del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, ha desarrollado un trigo con un contenido muy limitado de gliadinas (componentes del gluten) y que podría ser consumido mejor por las personas con celiaquía. Este avance no va a poder desarrollarse en Europa por su normativa y, evidentemente, ha ido a ofrecérselo a empresas e investigadores norteamericanos que están encantados de poder desarrollarlo”, explica Montoliu
Poca información para el consumidor y avisos científicos
Sin embargo, no todas las partes piensan de la misma manera. Organizaciones ecologistas y algunas agencias nacionales de seguridad alimentaria se han opuesto a este cambio propuesto por la Comisión. “En las plantas dentro de la categoría 1 no hay ni un análisis de riesgos ni una trazabilidad ni un etiquetado. Entonces, las personas que consumen estos alimentos que están modificados genéticamente no pueden identificar si lo que compran en el supermercado viene de plantas modificadas genéticamente”, comenta en conversación con infoLibre Helena Moreno, ingeniera agrónoma e integrante de Greenpeace.
La posición de la organización es clara: las NTG podrían presentar riesgos para la salud de los consumidores y, por eso, se debería llevar a cabo una evaluación caso por caso. Su opinión viene refrendada por un dictamen emitido por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES), la cual sostiene que estas técnicas “pueden provocar cambios en las funciones biológicas de las plantas, que no se tienen en cuenta en la propuesta de categoría 1 de la Comisión, y que no se pueden descartar riesgos para la salud y el medio ambiente”.
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Por otra parte, el organismo francés es contundente: la Comisión debe ser más clara en las definiciones de las categorías para limitar el margen de discrecionalidad y “destaca ciertas limitaciones científicas y sanitarias en el establecimiento de los criterios”. Una línea también seguida por la Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza (BfN), que advierte igualmente de los peligros de las NTG.
Por otra parte, Greenpeace considera que la no obligatoriedad de etiquetado de estos productos modificados podría violar “un amplio corpus de derecho constitucional de la UE”. “Evidentemente hay una presión ahí de de un lobby, que quiere sacar adelante esta desregulación, pero nosotros tenemos que dar seguridad a los productores y a los consumidores. Lo que defendemos no coarta la innovación y el avance científico, nuestro deseo es que haya la seguridad de que, si se desarrolla una planta con estas nuevas técnicas, sepamos al 100% que no va a haber ninguna mutación o cambio que pueda ser perjudicial para los consumidores o para el medio ambiente”, concluye Moreno.
Tras la aprobación de la propuesta en la Comisión de Medio Ambiente, el Parlamento Europeo adoptará su posición durante la sesión plenaria prevista del 5 al 8 de febrero. En caso de ser aprobado, comenzarán las negociaciones entre los diferentes Estados miembros, las cuales ya descarrilaron en diciembre del año pasado al no lograr la mayoría requerida (55% de Estados que representen al menos al 65% de la población), por la oposición de Polonia, Austria, Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovenia y Eslovaquia, y la abstención de Alemania y Bulgaria por la "sensibilidad del asunto" entre la opinión pública.
