Filesa y Roldán, los nombres propios que se convirtieron en una pesadilla para el felipismo

Filesa y Roldán. Esos eran los dos nombres propios que debían de quitar el sueño a los dirigentes socialistas, y especialmente al presidente Felipe González, en la primera mitad de los años noventa. Filesa, la empresa más famosa del conglomerado de tres sociedades a través de las que el PSOE recaudó ilegalmente los fondos necesarios para sufragar distintas campañas electorales de 1989. Roldán, el apellido de Luis Roldán Ibáñez, director de la Guardia Civil hasta su dimisión en 1993, condenado por corrupción tras convertirse en el fugado más famoso (y buscado) de España. Estas crisis sucesivas minarían la legislatura socialista, que acabaría en 1996 con la victoria del PP de José María Aznar. 

¿Qué pasó?

En mayo de 1991, los periódicos El Mundo y El Periódico de Catalunya abrían con un relevante caso de investigación: "Sociedades del PSOE cobran cientos de millones a grandes empresas y luego pagan gastos electorales", titulaba el primero. Los lectores estaban ante el primer caso de financiación ilegal de un partido en democracia. La denuncia venía del chileno Carlos Van Schouwen, contable en el holding que formaban Filesa, Malesa y Time Export, "un conglomerado de sociedades cuyo fin primordial era", según la sentencia del Tribunal Supremo de 1997, "la creación de fondos económicos necesarios para hacer frente a los gastos originados al Partido Socialista Obrero Español por las campañas electorales". 

El entramado funcionaba de la siguiente forma: empresas como los Hipermercados Pryca, Abengoa o Cepsa, entre otras, contrataban distintos informes a Time Export, Filesa o Malesa (esta última era dueña de las anteriores), informes "inexistentes materialmente unos, realizados ficticiamente otros", según la sentencia, que tenían como verdadera finalidad transmitir fondos al PSOE. De esta forma, siempre según el tribunal, el partido recaudó unos mil millones de pesetas entre los años 1989 y 1991. Con ese dinero se sufragaron las campañas electorales de las generales y las europeas de 1989. En el escándalo se vieron envueltos el ya exdiputado del PSC Carlos Navarro, el senador del PSOE Josep Maria Sala y Aída Álvarez Álvarez, coordinadora de finanzas del partido. Junto a ellos, entre otros, Luis Oliveróy Alberto Flores, administradores de las empresas pantalla. 

Cuando aún estaba lejos de resolverse el caso Filesa, en noviembre de 1993, otra investigación periodística llevada a cabo por Diario 16 acusaba a Luis Roldán, primer civil en dirigir la Guardia Civil además de militante socialista, de enriquecerse ilegalmente gracias a su cargo. Así, desde su llegada al puesto en 1986, el patrimonio de Roldán se había incrementado en 400 millones de pesetas, cuando su sueldo era de 600.000. A principios de diciembre, el propio Roldán solicitaría su cese. Lo hacía poco después de que José Luis Corcuera, ministro del Interior, dimitiera tras conocerse que el Tribunal Constitucional tumbaba su polémica ley Corcuera, que permitía a las fuerzas de seguridad allanar un domicilio sin autorización ni orden judicial, si consideraba que dentro podía estar cometiéndose un delito.

El cuestionamiento de los usos que daba el Gobierno socialista a sus fondos reservados, la opacidad en el funcionamiento de las fuerzas policiales y los posibles abusos de autoridad cometidos por el Ministerio del Interior eran ya un tema candente: en 1991, los policías José Amedo y Michel Domínguez, considerados organizadores de los GAL —organización parapolicial creada para practicar terrorismo de Estado contra ETA — habían sido condenados a más de 100 años de cárcel por seis asesinatos frustrados, de los que fueron designados "autores por inducción". En 1994, Baltasar Garzón reabrió el caso del secuestro de Segundo Marey, retenido ilegalmente por los GAL al confundirle con un dirigente de ETA, lo que permitió sentar en el banquillo a otras doce personas, entre ellos varios altos mandos policiales. 

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Tras la publicación del caso Filesa, la Fiscalía del Estado y el Tribunal de Cuentas se pusieron inmediatamente en marcha, pero, debido a la implicación de un senador, la investigación acabó en el Tribunal Supremo. Se hizo cargo del caso el juez Marino Barbero, cuya instrucción dejo imágenes memorables, como el registro de la sede del PSOE o del Banco de España, lo que fue visto como una rareza con respecto al proceder judicial habitual.

En 1995, la batalla judicial se endurecería, llegando al culmen cuando Barbero pidió el suplicatorio para que compareciese el exviceprediente Alfonso Guerra, por presunto delito electoral. Ese mismo año, el juez presentaría su renuncia a la judicatura, después de que el Consejo General del Poder Judicial le denegara el amparo frente a unas declaraciones del entonce presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que aseguró en un mitin que Barbero quería "intervenir en política sin presentarse a las elecciones dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en la vida política poniendo bombas".

Paralelamente, el PSOE se había visto asfixiado también por el caso Roldán. En febrero de 1994, el Congreso había dado el visto bueno a la creación de una comisión de investigación, que se puso en marcha a la par que la judicial. En abril, el partido le suspendía de militancia días antes de que la Fiscalía solicitara la retirada del pasaporte por riesgo de fuga. Era tarde: el exdirector de la Guardia Civil había huido del país, lo que ocasionó la dimisión del ministro del Interior, Antonio Asunción, responsable último de su vigilancia.

Roldán se aloja en París, con ayuda del espía Francisco Paesa, quien más tarde le convencería de entregarse, bajo la creencia de que solo se le juzgaría por unos delitos menores que le acarrearían cuatro o cinco años de cárcel. La anunciada detención de Roldán, en Bangkok, es en realidad una entrega pactada y pagada: Paesa se embolsó 300 millones de pesetas, a cuenta del erario público, por orden del ministro del Interior, Juan Antonio Belloch. 

¿Cómo se informó de ello?

Las investigaciones de El Mundo y El Periódico de Catalunya sobre el caso Filesa y de Diario 16 sobre el caso Roldán fueron fundamentales tanto para lo que se convertiría en una investigación judicial como para las consecuencias políticas que ambos asuntos tuvieron en el PSOE. Las tres publicaciones siguieron de cerca el desarrollo de esos procesos y siempre han tenido el trabajo en los respectivos casos como uno de sus mayores triunfos.

En su momento, fue muy criticada, tanto por la oposición como por periódicos conservadores como el ABC, la línea editorial de El PaísEl País, que consideraban opuesta al juez Marino Barbero y favorable a la Fiscalía, a la que veían como próxima a las tesis del PSOE. Y, de hecho, el tratamiento de la figura pública de Barbero se ha comparado más tarde con el recibido con otros magistrados por Baltasar Garzón, Mercedes Alaya o Pablo Ruz. 

¿Qué consecuencias tuvo?

La investigación del caso Filesa fue retomada por Enrique Bacigalupo, que heredaría los 22.000 folios de la instrucción. El caso no se cerraría hasta 1997, con 12 acusados de los 39 encausados y 8 condenados, entre ellos Carlos Navarro (seis años años de prisión por falsedad en documento mercantil y asociación ilícita), Josep Maria Sala (tres años de prisión por falsedad en documento mercantil y asociación ilícita), y Aída Álvarez Álvarez (dos años y cuatro meses por falsedad continuada en documento mercantil).

Luis Roldán no sería condenado hasta 1998, más de una década después de haber asumido el mando de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional le encuentra entonces culpable de los delitos de malversación, cohecho, estafa, falsificación y contra la Hacienda Pública —serían también condenados su exesposa y su testaferro—, lo que se traduciría en una pena de 27 años de cárcel, elevada a 31 en 1999 por el Tribunal Supremo. Las investigaciones sobre el caso decretaron que no se habían podido encontrar el equivalente a 10 millones de euros sustraidos por Roldán, pero el aseguró siempre que ese dinero le había sido arrebatado por Paesa. Salió de prisión en 2010 y desde entonces ha estado bastante apartado de la vida pública, aunque de vez en cuando ha aparecido en algún medio de comunicación.

Pero la consecuencia más evidente de estos escándalos fue el progresivo declive electoral del PSOE: si en 1993 se hizo con 159 escaños frente a los 141 del PP, en 1996 los resultados se invertían, con 156 para los conservadores y 141 para los socialistas (con solo un punto de diferencia en el voto). Tras negociar su apoyo con nacionalistas vascos y catalanes, José María Aznar se convertiría en presidente del Gobierno.

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¿Qué aprendimos?

El caso Filesa se ha recordado con cada escándalo relacionado con la financiación ilegal de los partidos, notablemente con el estallido de Gürtel, que afectaba en este caso a la contabilidad del PP. La Ley de Financiación de Partidos se ha ido reformando a lo largo de tres décadas para tratar de imposibilitar este tipo de relaciones entre empresas y partidos: se suprimieron las donaciones anónimas y se limitaron las otorgadas por personas físicas, por ejemplo. Pero los sucesivos casos de corrupción han evidenciado sus fallas, así como las limitaciones del Tribunal de Cuentas para controlar eficazmente a los partidos. 

El caso de Luis Roldán, y el desarrollo paralelo de la investigación sobre los GAL, fue una de las primeras evidencias de las implicaciones que podía tener el uso de fondos reservados por parte del Estado. Estos fondos, sobre los que el Parlamento no tenía ni tiene control, están a disposición de los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, Interior y en el Centro Nacional de Inteligencia, dependiente de la Presidencia, y, aunque formalmente pueden consignarse únicamente "para la defensa y seguridad del Estado", distintas investigaciones periodísticas han apuntado a que se han usado desde entonces en operaciones irregulares de espionaje político o para proteger la imagen pública del rey.