Maltrato institucional a menores
Lamentablemente la miopía de nuestra sociedad facilita la comisión de barbaridades institucionalizadas. En enero de 2019 publiqué un artículo sobre el maltrato institucional a menores que, desgraciadamente, no ha perdido vigencia a la luz de lo acontecido en relación con las presuntas irregularidades en prestaciones a extutelados por parte de fundaciones subcontratadas por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y el caso de violaciones y prostitución de una menor de 12 años bajo guarda de la Generalitat. Hace 6 años me referí a sucesos como los de los niños tutelados por la Generalitat que fueron objeto de abusos sexuales por sus tutores (Castelldans 2013 y Tortosa 2016), los de los declarados en desamparo y que la Generalitat sustrae de la familia sin supervisión judicial, los tutelados por la Generalitat de manera inadecuada (según entonces indicó el Síndic unos 600 del total de 7.000 entonces), o los no acompañados que escapan a la tutela de la Generalitat incurriendo incluso en delincuencia de bajo perfil, para los cuales no existe política específica alguna.
Los recientes sucesos en relación con la DGAIA parece que han motivado que el Govern tome cartas en el asunto para refundarla, por un lado retirándole las competencias en materia de ayudas y contrataciones, y por otro, reforzando la prevención revisando los protocolos. Para ello se crea una nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), que se redimensionará con 300 nuevos profesionales. Parece una buena noticia, pero para nada es suficiente. Sorprenden dos puntos. Primero, la tardanza de la propia Administración en abordar un maltrato institucional (físico, moral y económico) de tamaño calibre que ha acabado por cronificarse. Segundo, la desfachatez de los responsables y representantes políticos en todos estos años para defender una gestión a todas luces pésima.
No es suficiente con transformar la DGAIA ni depurar las responsabilidades pertinentes: para cambiar las cosas hace falta pretenderlo de verdad
En cuanto a lo primero, transformar la DGAIA sin atacar la raíz del problema es una maniobra decorativa que podría encubrir intereses inconfesables (como por ejemplo cambiar algo para que nada cambie). Y es que una de las raíces del problema es el incremento brutal de menores no acompañados a los que atender sin una estructura correctamente dimensionada que, por otra parte, deviene en negocio cuando la fórmula consiste en otorgar millones de euros a gestores privados de centros residenciales para que se hagan cargo de ellos. Según cifras publicadas serían alrededor de 788 millones de euros entre 2016 y 2020 cuya gestión está siendo examinada por la Sindicatura de Comptes y la Oficina Antifrau. Para que se hagan una idea: el presupuesto de Andorra para 2025 es de 634 millones de euros. La solución del problema pasa necesariamente, cuando sea posible, por dar una salida de gestión pública al problema de menores no acompañados haciendo responsables de estos a sus familias y Estados de origen. La solución no es regar de millones a un sinfín de fundaciones dedicadas a vivir del drama, sino seguir el rastro del dinero “atribuido” irregularmente a algunos elementos de esta red clientelar amparada por el concepto de “tercer sector”, y acabar con la precarización de los trabajadores del sector
En cuanto a lo segundo, hemos sido testigos de una vergonzosa maniobra de ocultación del problema por parte de responsables y partidos políticos hasta el punto de que PSC, ERC y Comuns votaron en el Parlament en contra de adoptar medidas correctoras atendiendo el informe 3/2024 de la Sindicatura de Comptes, que evidencia la mala gestión con todo detalle. Un ninguneo parlamentario en toda regla al organismo de control. Hemos sido testigos también de cómo ERC (el partido político que ha gestionado este organismo los 10 últimos años) ha ignorado el problema hasta el punto de escudarse en la pandemia, la responsabilidad del violador, o la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la crisis del procés, sin asumir ninguna responsabilidad, para, además, acusar en sede parlamentaria a la Sindicatura de hacer el juego a la extrema derecha. Parece que los escaños son un medio de vida, y no un servicio público como debieran.
Como en enero de 2019, insisto en que no es suficiente con transformar la DGAIA ni depurar las responsabilidades pertinentes: para cambiar las cosas hace falta pretenderlo de verdad, adoptando medidas urgentes más efectivas, como el despliegue efectivo de la figura del procurador del menor previsto en el artículo 118 de la Ley del Parlament de Catalunya 14/2010, el sometimiento a control judicial efectivo de la actividad administrativa, sobre todo la relativa a sustracción de la tutela familiar, y la aplicación de principios administrativos como el de transparencia y acceso a documentación con objeto de facilitar el acceso de los interesados a los informes de la Administración que les afectan. Todo ello sin perjuicio de que los afectados puedan reclamar a la Administración, tanto las responsabilidades civiles como penales en que los funcionarios o instituciones implicadas hubieran podido incurrir, como el resarcimiento de los presuntos perjuicios causados por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que prevé la indemnización a quienes hayan sufrido un perjuicio injustificado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración.
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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.
