Que el ritmo no pare
En España tenemos un pequeño ministerio que hace cosas enormes. Al ministro Bustinduy deberían seguirle el ritmo el resto de los ministerios, todos con competencias en asuntos que en el imaginario colectivo son mucho más relevantes que el poco lustroso consumo. Le pisa los talones, eso sí, la ministra García desde Sanidad, aun cuando las competencias de la prestación de unos servicios públicos universales y de calidad a la ciudadanía –el meollo de tan vital asunto– están transferidas a las Comunidades Autónomas.
Que los derechos sociales sean la brújula de las políticas públicas que establecen las reglas de juego en materia de consumo creo que es parte importantísima de la clave del éxito. Produce noticias positivas que son un subidón día sí, día también. A esa claridad de rumbo y la velocidad que dota contar con una hoja de ruta incuestionable y consensuada internacionalmente (sí, la Agenda 2030) se une, o así lo percibo yo, la valentía de las decisiones. También trasluce una estrategia que creo que es muy inteligente porque alcanza unas cotas enormes de rentabilidad social con una inversión en esfuerzo relativamente acotada: compaginar el diseño de políticas públicas de profundo calado con la recogida diaria de una ingente cantidad de fruta madura que se encontraba desatendida y echándose a perder desde hace años en unos casos, décadas en otros. Las low-hanging fruit, que llaman los anglosajones.
Son abrumadores los ejemplos de esta fruta madura que pendía esperando a que alguien la recogiera actuando de oficio, como abrumador es constatar que, a pesar de contar con normativa en muchos casos, y gracias a las exigencias que impone nuestra pertenencia a la UE, suficiente para garantizar una adecuada protección de los derechos de los consumidores, permanecía guardada en un cajón, sin nada ni nadie actuando de oficio para garantizar su cumplimiento y dictar las correspondientes sanciones ante los incumplimientos más flagrantes. Actuar de oficio y no esperar a que la gente corriente se pueda organizar y sacar tiempo, energía y conocimientos administrativos que no tiene para embarcarse en causas eternas para reclamar millones de pequeños derechos pisoteados a diario es un signo de valentía que debería extenderse a todas las administraciones públicas.
Que los derechos sociales sean la brújula de las políticas públicas que establecen las reglas de juego en materia de consumo creo que es parte importantísima de la clave del éxito
Fruta madura maloliente es la inacción de las autoridades competentes ante los persistentes incumplimientos de decenas de miles de propietarios de viviendas que las alquilan ilegalmente a turistas que juntos –propietarios, turistas y alcaldes– expulsan a residentes. Fruta madura esperando a ser recolectada son los abusos perpetrados por las plataformas de VTC y sus algoritmos depredadores (precios dinámicos) en situaciones de emergencia. Fruta madura es que aerolíneas de bajo valor incumplan sistemáticamente las condiciones en las que deben operar, cobrando por servicios que deben estar incluidos en la tarifa como el equipaje de mano, para que les salgan los números, y que ninguna autoridad haga nada, a la espera de que lo hagan los cientos de miles de consumidores afectados uno a uno.
Fruta madura pudriéndose es la que de vez en cuando descubrimos que se ofrece en comedores escolares y en residencias de mayores, en los casos en los que se ofrece fruta y no comida ultra procesada low-cost. También es el incordio insufrible de las llamadas SPAM que la Lista Robinson –un caso de estudio de penosa autorregulación, un FAIL total– ha sido absolutamente incapaz de mitigar. Unas llamadas que, además de invasivas, son un no parar de prácticas abusivas de venta y de fraude a las personas más vulnerables, que terminan contratando productos y servicios innecesarios y perpetuos sin ser conscientes de ello, sin haber firmado un contrato. La lista sigue, pero no quiero aburrir.
El punto es que todas y todos somos consumidores todo el rato, nos guste o no. Prácticamente todo lo que hacemos se traduce en una acción de consumo, que es además el motor y termómetro de cualquier economía moderna. Los consumidores tenemos, cuando podemos elegir, un enorme poder. Pero también enormes vulnerabilidades. Ojalá pudiéramos ser más prosumidores (como en el ámbito del autoconsumo energético, cuyo despliegue masivo no depende de nosotros), menos vulnerables ante prácticas de venta abusivas (prohibidas pero descontroladas) y ante la opacidad del tan extendido greenwashing que busca sutilmente confundirnos más que informarnos.
El Ministerio de Consumo ha sido tradicionalmente una cartera de segunda categoría y/o ha actuado con tibieza sonrojante, como si ese cómodo segundo plano fuera más un resultado buscado que una condición de partida. Pero ya no.
La enésima acción a la que espero que sigan muchas otras de este ministerio que “toca todos los palos” es la próxima Ley de Consumo Sostenible, hoy en fase de anteproyecto, que busca reforzar la protección de todas las personas y, por ende, del medio ambiente, garantizando el derecho de ejercer un consumo consciente y responsable, sin engaños, sin falsas promesas y sin obsolescencia programada. Un consumo responsable y sostenible que precisa para su pleno ejercicio de una producción, distribución, publicidad y comercialización igualmente –o más si cabe– responsable y sostenible.
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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.
