Condena de cárcel para Sarkozy: se acaba por fin la delincuencia de Estado
Al condenar a Nicolas Sarkozy y a sus antiguos brazos derechos Claude Guéant y Brice Hortefeux, junto con sus compinches Alexandre Djouhri, Wahib Nacer, Khalid Bugshan y Bachir Saleh, el tribunal de París saca a la luz prácticas inaceptables en un Estado de derecho, que estuvieron a punto de quedar enterradas en los oscuros sótanos del Estado.
Las sanciones están a la altura de los cargos: el exjefe de Estado ha sido condenado a cinco años de prisión, con orden de detención diferida, como instigador de una “asociación ilícita” cuyo objetivo “era organizar la corrupción al más alto nivel posible una vez elegido”; Claude Guéant, a seis años de prisión, en particular por haber “buscado financiación en el extranjero” en el marco de la campaña presidencial de 2007; y Brice Hortefeux, a dos años de prisión, entre otras cosas, por haber “aceptado reunirse con Abdallah Senoussi”, a pesar de que este había sido “condenado por terrorismo”.
¡Por fin! Ha sido necesario un gran esfuerzo para que se hiciera justicia, paralelamente a la acumulación de datos periodísticos. Las primeras revelaciones de Mediapart se remontan al verano de 2011. Unos meses antes, nuestros investigadores Fabrice Arfi y Karl Laske se hicieron con unos documentos tan explosivos como inexplorados. Entonces no sabían que se trataba solo de la primera pieza de un rompecabezas que tardarían catorce años en completar.
Poco a poco se fue perfilando uno de los mayores escándalos de la Quinta República. En la más absoluta adversidad: la presión política y mediática rara vez ha sido tan fuerte como en esta investigación con ramificaciones internacionales, emblemática de lo que puede hacer un periodismo independiente de todos los poderes. Y eso a pesar de que la justicia no tardó en hacerse cargo de nuestra información.
En efecto, tras la publicación de artículos que mencionaban la pista de la financiación de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007 por parte del régimen del dictador Muamar el Gadafi, la fiscalía decidió abrir una investigación preliminar en abril de 2013. Entre 2016 y 2018, el trabajo judicial se aceleró, multiplicándose las audiencias y los registros en Francia y en el extranjero.
Nicolas Sarkozy fue imputado por primera vez en marzo de 2018 por corrupción, financiación ilícita de campaña electoral y encubrimiento de malversación de fondos públicos, y de nuevo en 2020 por asociación ilícita. Tras diez años de investigación judicial, la instrucción se cierra en el verano de 2023 y culmina, en enero de 2025, en un juicio excepcional y en unas peticiones de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) de una severidad excepcional.
"La presión política y mediática rara vez ha sido tan fuerte como en esta investigación con ramificaciones internacionales, emblemática de lo que puede hacer un periodismo independiente de todos los poderes
Violencia contra los ciudadanos
La decisión del tribunal de París, el jueves 25 de septiembre, consagra este largo trabajo. Una decisión muy valiente si se tiene en cuenta que Francia sufre, con razón, una mala reputación en materia de lucha contra la corrupción. Los intereses políticos, económicos y mediáticos son históricamente tan poderosos que consiguen, más que en la mayoría de las demás democracias occidentales, ocultar sus delitos.
Pero la corrupción es “asunto de todos”, por parafrasear el nombre de esta asociación que lucha contra la catástrofe climática. Al desviar la ley en beneficio de su familia política, Nicolas Sarkozy rompió el pacto de confianza entre gobernantes y gobernados. Al debilitar la democracia, perjudicó a todos los ciudadanos. Pero muchos lo ignoran porque se ha hecho todo lo posible por ocultarlo.
Las víctimas suelen ser difíciles de identificar. En el caso libio, las partes civiles están físicamente representadas: tanto por las familias de las víctimas del atentado contra el DC-10 de la UTA, cuyo “cerebro”, Abdallah Senoussi, está en el centro del pacto de corrupción franco-libio mencionado por los jueces, y por las asociaciones de lucha contra la corrupción que representan el “impulso ciudadano de la sociedad civil”, como lo formuló en el estrado Vincent Brengarth, el abogado de la asociación Sherpa.
Poderosos intereses políticos y económicos
Además, y sobre todo, la mayoría de los representantes políticos se unen para defender a sus compañeros. En un régimen en crisis, marcado por un presidencialismo cada vez más tóxico, son pocos los que se han manifestado desde nuestras primeras revelaciones para difundir nuestra información. Si bien no dudan en denunciar (con razón) ciertas formas de corrupción relacionadas, por ejemplo, con el narcotráfico, suelen preferir silenciar los casos cuando afectan a uno de los suyos.
Aunque la pena a la que ha sido condenado supera a todas las demás, Nicolas Sarkozy no es un caso aislado. En las más altas esferas del Estado, Jacques Chirac, Alain Juppé, François Fillon y Jérôme Cahuzac, entre otros, también han sido condenados por delitos contra la probidad o fraude fiscal. “La justicia es el corazón de nuestro proyecto, porque la indecencia y los privilegios han durado demasiado y queremos las mismas reglas para todos. Independientemente de su estatus, queremos dirigentes responsables, ejemplares y que rindan cuentas”, afirmaba Emmanuel Macron en marzo de 2017, durante su primera campaña presidencial, para distanciarse oportunamente del caso Fillon.
Pero de las palabras a los hechos solo hay un paso que nunca se ha dado: según nuestro recuento, más de cuarenta personas cercanas al jefe del Estado están implicadas en al menos un caso, sin que ello les haya perjudicado.
En la mayoría de los casos, las personas implicadas cuentan con el apoyo tácito de sus colegas, incluso de la oposición. Los diputados de la Agrupación Nacional, con Marine Le Pen a la cabeza, pueden proclamar el lema “Manos limpias, cabeza alta”, pero están tan rodeados de escándalos que lo que más se les oye son los abucheos a los magistrados.
En la izquierda, faltan voces para defender las decisiones judiciales. Al igual que Emmanuel Macron, François Hollande no cumplió durante su mandato la promesa que hizo durante su campaña: “Como presidente de la República, me aseguraré de que mi comportamiento sea ejemplar en todo momento”.
En cuanto a Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, demuestra cada poco la poca consideración que tiene por la institución judicial. Desde los registros que tuvieron lugar en la sede de su partido, en octubre de 2018, no ha dejado de denigrar los procedimientos y a los actores, lo que le llevó, en marzo de 2025, a criticar la condena de Marine Le Pen (a cuatro años de prisión, dos de ellos sin libertad condicional, y cinco años de inhabilitación provisional). A pesar de que una democracia viva requiere contrapoderes fuertes, Mélenchon consideró que “la decisión de destituir a un representante electo debería recaer en el pueblo”, marginando la función fundamental del poder judicial de controlar la aplicación de la ley y sancionar su incumplimiento.
Al igual que las acusaciones de “justicia política”, el énfasis exclusivo en la presunción de inocencia se convierte en un tótem de inmunidad. Esa “entente cordial” debilita directamente la democracia al alimentar un sentimiento de impunidad del que se benefician principalmente la abstención y la extrema derecha.
La complicidad de los medios
Y es que lo que vale para las élites políticas vale también para las élites económicas. La corrupción, como encuentro entre el poder y el dinero, es por definición cosa de privilegiados menos preocupados por buscar la igualdad y el bien común que por mantener sus ventajas.
Como resume Pierre Lascoumes en L’Économie morale des élites dirigeantes (edit. Presses de Sciences Po, 2022): “Por un lado, los hombres y mujeres en el poder establecen normas generales que se imponen a los gobernados. Por otro, han establecido en su beneficio normas derogatorias que protegen sus intereses y sus posiciones y sobre las que mantienen el control.”
Ante esta República delincuente, las asociaciones, desde Anticor hasta Sherpa, pasando por Transparency International, tienen dificultades para imponer su discurso al gran público, ya que son muy pocas y cuentan con muy poco apoyo.
Los medios de comunicación son el último freno, y con mucho peso, para que se tome suficiente conciencia del daño infligido a los ciudadanos. El peso que tienen en Francia, en la difusión de la información, unos pocos multimillonarios, más preocupados por su influencia que por la libertad de información y el pluralismo de la prensa, tiene como efecto marginar las investigaciones que perjudican la prosperidad de sus negocios.
Como atestigua nuestro documental Personne n’y comprend rien (Nadie entiende nada), Nicolas Sarkozy, desde nuestras primeras revelaciones, ha tenido barrra libre en las diferentes cadenas de televisión y periódicos amigos, ya sean propiedad de Lagardère/Bolloré, Bouygues o Dassault, por citar solo algunos. “Fábula”, “broma”, “ignominia”: su defensa —y el menosprecio de nuestra información— se ha difundido hasta llegar a los hogares de millones de franceses. Y esto ha sido así, sin contradicción, durante años. Su condena por el tribunal de París no cambia nada, al contrario, solo sirve para cerrar aún más las filas.
El papel de una prensa independiente
El juicio y su resolución recuerdan así, de manera implícita, la importancia democrática de una prensa independiente capaz de hacer frente tanto a los ataques como al silenciamiento. El reto que se ha propuesto Mediapart desde su creación en 2008 es asumir ser un periódico que molesta a los poderes y a sus redes. Por ello, hemos situado en el centro de nuestro proyecto editorial lo que se denomina “investigaciones por iniciativa propia”. Nos importa menos revelar actas o fragmentos de expedientes de instrucción que revelar hechos nuevos, cuidadosamente ocultos, mediante la presentación de testimonios y documentos inéditos.
En la lucha contra la corrupción, eso ha dado resultados. La mayoría de los avances legislativos e institucionales logrados en las últimas dos décadas —pensemos en la creación de la Fiscalía Nacional Financiera y de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública o en la aprobación de leyes contra el fraude fiscal— se han producido a raíz de revelaciones periodísticas, en particular las nuestras.
Nuestra independencia económica, que debemos íntegramente al apoyo de nuestros suscriptores, nos proporciona los medios financieros para nuestra independencia editorial, de la que depende nuestra capacidad para cambiar las cosas. El círculo se cierra y se convierte en virtuoso. Porque, sí, en una democracia digna de ese nombre, la información de calidad es útil. No solo para unos pocos, sino para la mayoría.
Ahora más que nunca, los ciudadanos necesitan estar informados sobre las prácticas de sus representantes y las decisiones que se toman en su nombre. Esa es la condición para que puedan, a continuación, exigir con total libertad las reformas necesarias para impedir que unos pocos privilegiados desvíen las leyes en su beneficio.
Traducción de Miguel López
